Los diputados nacionales de Unión por la Patria Leopoldo Moreau y Blanca Osuna presentaron una denuncia en Comodoro Py contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz de la pesquisa realizada a militantes el pasado 18 de junio, día de la movilización a Plaza de Mayo en defensa de la expresidenta Cristina Kirchner.

Además de Bullrich, la denuncia también fue dirigida a los jefes de las fuerzas federales de Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal o Departamento Federal de Investigaciones "y/o todos aquellos responsables en la cadena de mando que hayan participado de los hechos motivo de la presente denuncia".

Los legisladores pidieron investigar los presuntos delitos de "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, agravados por haberse realizado en el marco de persecución política y partidaria, en función de los artículos 248 y 249 del Código Penal de la Nación y artículos 1 y 2 la Ley N° 23.592 contra Actos Discriminatorios".

En el escrito, que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, Moreau y Osuna señalaron que el pasado 18 de junio "diversas fuerzas de seguridad han recopilado, sin autorización judicial, motivo razonable o presunción plausible de delito alguno, datos personales e información identificatoria (incluyendo documentación, fotografías y listas de pasajeros) extremadamente sensible de distintas personas que se dirigían a participar de la manifestación pública que se llevó a cabo en Plaza de Mayo".

Ambos legisladores señalaron, en los fundamentos jurídicos de la presentación, que los hechos denunciados son “una grave transgresión al orden constitucional, convencional y legal vigente en la República Argentina, afectando derechos fundamentales cuya tutela reviste carácter inderogable dentro del sistema democrático de derecho”. A su vez, llamaron al accionar desplegado por las fuerzas de seguridad de ser “una inadmisible desviación del poder estatal hacia fines represivos de carácter político”.

Tras citar a la Constitución Nacional, la denuncia presentada por Leopoldo Moreau y Blanca Osuna acusa al Ministerio de Seguridad de promover “la detención arbitraria de vehículos de transporte de pasajeros, el sometimiento compulsivo de ciudadanos a controles documentológicos sin orden judicial, el registro y almacenamiento de sus datos personales sensibles, el empleo de prácticas vejatorias y humillantes durante las requisas, así como la total ausencia de información brindada a los afectados respecto de la naturaleza, fundamento y destino de tales procedimientos, constituyen una afrenta directa a dichas garantías esenciales”.

Además de plantear que el operativo del pasado miércoles transgrede artículos de la Carta Magna, los diputados de UP añadieron, también, a otros dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

También, señalaron que “la gravedad institucional del cuadro aquí expuesto excede con creces la ilicitud penal individualizada”, y añadieron que esto “revela la existencia de un patrón sistemático de utilización desviada del aparato de seguridad estatal, destinado a desincentivar la participación política legítima, a intimidar a los opositores y a construir registros ideológicos clandestinos, prácticas absolutamente incompatibles con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, y con los valores republicanos que rigen nuestra vida institucional”.

En la previa de la presentación judicial, Moreau señaló que "estas prácticas no son aisladas ni fortuitas" y "constituyen un patrón de vigilancia selectiva y persecución política que nos remite a los momentos más oscuros de nuestra historia".

Además, el legislador resaltó que "el Estado no puede, bajo ningún pretexto, almacenar información sobre las personas por su pertenencia política, sindical o social. Así lo establece claramente el artículo 4° de la Ley 25.520, que prohíbe expresamente este tipo de conductas, incluso para organismos de inteligencia".

"No vamos a permitir que se normalicen prácticas autoritarias. Reafirmamos nuestro compromiso con una democracia plena, donde nadie sea perseguido por pensar distinto o por manifestarse en defensa de sus derechos", agregó Moreau.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibió este miércoles en la Casa Rosada a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, para ultimar los detalles de la convocatoria a la Comisión para la Reforma de la Ley N°25.520 (de Inteligencia Nacional), su modificatoria (Ley N°27.126) y los decretos 1311 y 2415, que constituyen el núcleo normativo del Sistema de Inteligencia Nacional.

Esta comisión deberá convocar a representantes de otras instituciones de la Administración Pública, del Poder Legislativo con incumbencia en materia y a los integrantes de organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo Consultivo de la AFI a distintas mesas de trabajo.

El objetivo, según la resolución firmada por Caamaño luego del encuentro, es “realizar una revisión integral de las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia Nacional, a fin de dar respuesta a la instrucción del artículo 7° del DNU 52/19”, mediante el cual el presidente de la Nación dispuso la Intervención de la Agencia. A su vez, “deberá elevar un proyecto de ley de reforma y actualización integral del Sistema de Inteligencia Nacional en el plazo de 120 días corridos”.

En la resolución, la interventora de la AFI consideró que “a la luz del compromiso con el afianzamiento de la democracia, deberá incorporarse como ejes de debate ciertos aspectos inherentes a la configuración de bases sólidas para una nueva estructura del Sistema de Inteligencia, compatible con el Estado democrático de derecho y los Derechos Humanos, dentro del que se podrá repensar entre otros: la composición del Sistema de Inteligencia; la planificación y el control de sus actividades; las facultades, obligaciones y prohibiciones de los organismos y sus funcionarios; las reglas para le ingreso, formación y capacitación del personal; la planificación, transparencia y fiscalización presupuestaria; la reunión, análisis y gestión de la información, así como también los márgenes vinculados a la publicidad y el derecho a su acceso; y la incorporación de una mirada transversal de género”.