La diputada radical Soledad Carrizo presentó una iniciativa para que el Estado garantice la prevención y asistencia a las especies tras los incendios forestales.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) presentó un proyecto de ley que impulsa la modificación de la Ley del Sistema Federal de Manejo del Fuego, con el fin de incorporar la protección de la fauna silvestre.
Entre uno de los cambios, la iniciativa de la legisladora cordobesa modifica el texto del artículo 4, que pasaría a incluir la protección a la fauna silvestre, según la definición de la Ley de Conservación de la Fauna; e impulsa el desarrollo del “Programa de Protección de la Fauna Silvestre”, que deberá garantizar la atención preventiva, asistencia primaria y cuidados post eventos, destinados a la reinserción de la fauna silvestre afectada por los incendios forestales en Argentina.
Asimismo, se regula solventar todas las acciones necesarias para la atención preventiva, asistencia primaria y cuidados de la fauna silvestre afectada por los incendios.
“Los incendios del 2022 han afectado a tantas hectáreas que se han superado ampliamente los números en todo el año 2021 y, lamentablemente, la fauna silvestre es la principal víctima de los incendios en el Parque Nacional Iberá”, explicó la secretaria parlamentaria de la bancada radical.
En esa línea, mencionó que “según los científicos, aunque algunas especies logran sobrevivir al impacto directo del fuego, las consecuencias son muchas y diversas, entre ellas, la falta de acceso a la comida, los altos niveles de estrés y los problemas de convivencia entre especies hacinadas en un mismo hábitat”.
“El impacto más notorio sobre la fauna se presenta en la pérdida de su hábitat y nichos ecológicos, reduciendo la diversidad y su abundancia relativa, con un efecto prolongado en el tiempo luego del fuego”, resaltó.
Y concluyó: “El Estado es el único ausente en materia de protección de la fauna ante estos sucesos, por ello es imprescindible una legislación que tienda a cambiar esta situación”.
El proyecto cuenta con las firmas de sus pares Juan Martín, Martín Arjol, Sebastián Salvador, Gabriela Lena, Víctor Hugo Romero, Ximena García, Roberto Sánchez, Miguel Nanni, Lidia Ascárate, Marcela Coli, Pamela Verasay, Francisco Monti, Miguel Bazze y Lisandro Nieri.
El exdiputado nacional por Mendoza remarcó a través de su cuenta de Twitter que la Ley fue sancionada en 2020 y les pidió a los legisladores de la oposición que “no insistan con argumentos vacíos y lobbistas”.
El exdiputado nacional y actual diputado provincial José Luis Ramón (Mendoza) criticó a través de su cuenta de Twitter a los legisladores de la oposición – Gerardo Milman (Pro) y Mariana Zuvic (Coalición Cívica)- que presentaron proyectos para derogar la Ley de Manejo del Fuego, que fue sancionada en diciembre del 2020 e impulsada por el exjefe del bloque del FdT Máximo Kirchner, ante tragedia por los incendios en Corrientes.
“Semanas de incendios sin control, y hoy nos encontramos con la propuesta de dos diputados nacionales para DEROGAR, si leen bien, derogar la Ley de Control del Fuego que votamos hace poco más de un año”, cuestionó el diputado mendocino y agregó: “A esos colegas representantes del frente Juntos por el Cambio no me queda decirles nada, pero a quienes leen estos tweets si. Primero, hay que dejar en claro que los incendios son un problema ambiental y mucho después, es un problema económico”.
En tanto, detalló: “Las consecuencias ambientales son claras. Argentina representa el 4,5% del desmonte a nivel global. Estamos entre los 10 países con mayor cantidad de bosques perdidos por año según la FAO”.
En ese sentido, señaló que “sabemos perfectamente que no se dan en cualquier lugar los incendios y los intereses económicos, y la especulación inmobiliaria, no pueden venir a empañar o empeñar el bien común”, y les pidió que “no insistan con los argumentos vacíos y lobbistas que sostuvieron en 2021”.
“Nuestro país es una reserva natural enorme a nivel mundial y eso no solo es un orgullo, es una responsabilidad”, precisó el exdiputado nacional y le sugirió a la oposición: “Pongan lo que hay que poner y dejen de pensar en individualidades y negocios, piensen en el futuro del país y la urgencia de proteger el medio ambiente”.
La diputada nacional Alicia Fregonese presentó un proyecto para modificar la Ley de Manejo del Fuego, y evitar que los propietarios devastados por los incendios “no sigan sufriendo las restricciones impuestas sobre sus propiedades”.
La diputada nacional del Pro por Entre Ríos Alicia Fregonese presentó un proyecto para modificar la Ley de Manejo del Fuego con el objetivo de que los propietarios de los terrenos e inmuebles devastados por los incendios no sigan sufriendo las restricciones impuestas sobre sus propiedades y puedan decidir libremente sobre el destino de las mismas.
“La Ley de Manejo del Fuego impone una restricción arbitraria que castiga a los ciudadanos que hoy se encuentran en la más absoluta desolación, frente a un Estado que estuvo ausente para protegerlos del fuego, pero se hace presente ahora para restringir sus derechos a planear su futuro”, sostiene Fregonese en los fundamentos del proyecto, que lleva la firma de más de quince diputados y diputadas.
“En el marco de los incendios que están afectando diversas localidades de Río Negro y Neuquén y otras provincias, debemos garantizar a los afectados que no se aplicarán mayores restricciones a sus inmuebles, salvo aquellas previstas en la legislación para el cuidado y la recuperación de áreas protegidas y bosques nativos. No cabe duda de que ninguno de los propietarios tiene responsabilidad, pero la Ley de Manejo del Fuego restringe arbitrariamente y sin fundamentación el dominio de los titulares sobre sus terrenos, los cuales son probablemente el único capital que les queda”, indica la diputada de Entre Ríos, que integra la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
Por tal motivo, Fregonese propone modificar el artículo 22 bis de la Ley presentada por el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, referido a la recomposición y reparación de los daños. Actualmente, el artículo incorporado a través de la Ley 27.604 prohíbe a los propietarios afectados por los incendios durante 60 años “realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; dividir y subdividir, excepto que resulte de una partición hereditaria; el loteo, fraccionamiento o parcelamiento, sea parcial o total, o cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares y fiscales; y realizar cualquiera actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.
En su lugar, la diputada nacional del Pro propone que “en caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de los mismos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente, elaborado conforme a la Ley 26.331. Los bosques no productivos abarcados por la ley 13.273 serán asimismo alcanzados por la restricción precedente”.
Asimismo, Fregonese plantea la derogación de los artículos 22 ter y 22 quáter de la Ley 26.815. Este último prohíbe por 30 años desde la extinción del fuego “la realización de emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas”.
“En necesario modificar la Ley de Manejo del Fuego, ya que se limita a legislar sobre cenizas y responsabiliza a los propietarios de los inmuebles afectados, en lugar de hacer foco en el fortalecimiento de las herramientas logísticas para la prevención, la alerta temprana y un eficaz manejo de la situación, además de la identificación y penalización de quienes ocasionan los incendios. Estas previsiones vulneran garantías constitucionales como el principio de inocencia, el derecho de propiedad y el principio de racionalidad”, concluye la diputada nacional del PRO por Entre Ríos, Alicia Fregonese.
Desde la sanción de la Ley 27.604 hasta el 20 de febrero de 2021, se han incendiado en el país 111.764 hectáreas según los reportes del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, a una tasa alarmante de 1.927 hectáreas por día, mayoritariamente de ambientes naturales de las provincias de Corrientes (44.230 ha), Río Negro (18.780 ha), La Pampa (13.228 ha) y Mendoza (12.933 ha). A esto debe sumarse una superficie aún no definida de los incendios, que rondarían las 15.000 hectáreas, en la región andina, con focos no extinguidos o activos al 15 de marzo en Cuesta del TerneroEl Bolsón y en El Boquete en la provincia de Río Negro, Thuelches, Cushamen y Futaleufú en la provincia de Chubut y Moquehue en la provincia del Neuquén.
La diputada Alicia Fregonese presentó un proyecto para modificar la Ley de Manejo del Fuego con el fin de que los propietarios puedan decidir sobre el futuro de sus terrenos luego de un incendio.
La diputada nacional Alicia Fregonese (Pro-Entre Ríos) presentó este jueves un proyecto para modificar la Ley de Manejo del Fuego con el objetivo de que los propietarios de los terrenos e inmuebles devastados por los incendios “no sigan sufriendo las restricciones impuestas sobre sus propiedades y puedan decidir libremente sobre el destino de las mismas”.
“La Ley de Manejo del Fuego impone una restricción arbitraria que castiga a los ciudadanos que hoy se encuentran en la más absoluta desolación, frente a un Estado que estuvo ausente para protegerlos del fuego, pero se hace presente ahora para restringir sus derechos a planear su futuro”, incluye Fregonese en los fundamentos del proyecto que lleva la firma de más de quince diputados.
La diputada entrerriana, que integra la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, señaló que “debemos garantizar a los afectados que no se aplicarán mayores restricciones a sus inmuebles, salvo aquellas previstas en la legislación para el cuidado y la recuperación de áreas protegidas y bosques nativos. No cabe duda de que ninguno de los propietarios tiene responsabilidad, pero la Ley de Manejo del Fuego restringe arbitrariamente y sin fundamentación el dominio de los titulares sobre sus terrenos, los cuales son probablemente el único capital que les queda”.
Por tal motivo, la legisladora propuso modificar el artículo 22 bis de la Ley presentada por el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, referido a la recomposición y reparación de los daños.
“Actualmente, el artículo incorporado a través de la Ley 27.604 prohíbe a los propietarios afectados por los incendios durante 60 años ‘realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; dividir y subdividir, excepto que resulte de una partición hereditaria; el loteo, fraccionamiento o parcelamiento, sea parcial o total, o cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares y fiscales; y realizar cualquiera actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio'”, explicó.
En su lugar, la diputada nacional del Pro propone que “en caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de los mismos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente, elaborado conforme a la Ley 26.331. Los bosques no productivos abarcados por la ley 13.273 serán asimismo alcanzados por la restricción precedente”.
Además, Fregonese planteó la derogación de los artículos 22 ter y 22 quáter de la Ley 26.815. Este último prohíbe por 30 años desde la extinción del fuego “la realización de emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas”.
“En necesario modificar la Ley de Manejo del Fuego, ya que se limita a legislar sobre cenizas y responsabiliza a los propietarios de los inmuebles afectados, en lugar de hacer foco en el fortalecimiento de las herramientas logísticas para la prevención, la alerta temprana y un eficaz manejo de la situación, además de la identificación y penalización de quienes ocasionan los incendios. Estas previsiones vulneran garantías constitucionales como el principio de inocencia, el derecho de propiedad y el principio de racionalidad”, concluyó la legisladora opositora.
La diputada Fernanda Vallejos pidió tratar un proyecto suyo que establece sanciones especiales contra el incumplimiento de las leyes que protegen a los bosques.
La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos reclamó que la Justicia avance en las investigaciones para encontrar a los presuntos responsables de los incendios en la Comarca Andina, luego de que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, presentara una denuncia penal.
Un proyecto de la legisladora busca establecer un régimen sancionatorio especial contra el incumplimiento de las leyes que protegen a los bosques, con penas de entre dos y diez años de prisión. El 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre, según un informe del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).
“El año pasado presenté un proyecto para establecer un régimen sancionatorio especial en casos de destrucción de bosque nativo. Ojalá podamos avanzar en su sanción. Los responsables de estos crímenes deben ser castigados con todo el peso de la ley”, aseguró la legisladora.
Su iniciativa busca establecer modificaciones al Código Penal incorporando el artículo 186 bis, para disponer un régimen sancionatorio contra el incumplimiento de las leyes que apuntan a impedir la eliminación de la vegetación mediante el uso irresponsable del fuego.
Estas normativas son la de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26.331), de Sistema Federal de Manejo de Fuego (Ley 26.815) -que se modificó el año pasado por un proyecto de Máximo Kirchner- y de Presupuestos Mínimos para Control de Actividades de Quema (Ley 26.562).
El proyecto, que dialoga con el artículo 41de la Constitución Nacional y con la Ley General del Ambiente (Ley 25.675), fija penas de entre dos y diez años de prisión y multas para quienes violen las leyes anteriormente mencionadas, de forma intencional y ocasionando “el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos”.
Además, si hubiera peligro para la vida, el máximo de pena será de doce años. Si se produjera la muerte de una o más personas, el máximo de pena será de veinticinco años de prisión. Las sanciones son aún más severas en los casos en los que sean funcionarios públicos quienes estén implicados en este delito.
“Afortunadamente el año pasado, por iniciativa de Máximo Kirchner, aprobamos la Ley de Manejo del Fuego para proteger a los ecosistemas frente a los incendios. Esos terrenos incendiados, gracias a esa norma, no podrán ser vendidos”, remarcó Vallejos.
Vallejos destacó la denuncia penal que presentó el miércoles el ministro Cabandié en el Juzgado Federal de Esquel para que identifique y castigue a los responsables de los incendios de la Comarca Andina.
“Como advirtió el ministro Cabandié al explicar el fundamento de la denuncia penal ‘porque el fuego es intencional’, la tasa de deforestación que estamos sufriendo implica que, en 70 años, nos quedaremos sin bosque nativo”, alertó la diputada.
Se trata de la sanción de la norma que modifica la ley de manejo del fuego. Los nuevos artículos desalientan los emprendimientos inmobiliarios y cambios de actividades agrícolas en las zonas quemadas.
El titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, destacó la media sanción de la Cámara de Senadores que convirtió en ley al proyecto de modificación de la ley de manejo del fuego, presentado por el diputado Máximo Kirchner. Al respecto, señaló: “Este es un gran paso para frenar las quemas intencionales producto de la especulación inmobiliaria y agropecuaria. El cuidado de nuestra casa común es el camino para un país sostenible”.
La sustitución de artículos aprobada establece que en el caso de incendios, provocados o accidentales, en bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales las modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al siniestro quedan prohibidas por 60 años; mientras que en zonas agrícolas, praderas, pastizales y áreas de interfase la prohibición es de 30 años.
La estadística del Servicio Nacional de Manejo del Fuego indica que el 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas; “a veces es por imprudencia o especulación productiva o inmobiliaria”, puntualizó el ministro. “Si no modificamos ciertas prácticas, lo que hoy da rentabilidad, mañana no lo hará”, consideró, y agregó que “las normas van a servir para que ese sector productivo genere más conciencia y piense en la producción como algo sostenible”.
A la vez que pidió modificar prácticas productivas, el titular de Ambiente hizo foco en el sistema judicial: “La Justicia tiene que actuar de otra manera. Tiene que poner ahínco, no puede mirar para otro lado”. En este sentido, lamentó: “Si la Justicia hubiese detenido a alguien en el delta del Paraná posiblemente no hubieran seguido quemando y hubiésemos preservado el humedal”.
Respecto de los impactos que causan las quemas, que con la sancionada ley esperan evitarse, Cabandié dijo que “hay una afectación a la salud de las personas, degradación ambiental y también el Estado utiliza recursos para apagar los incendios, recursos que son de los impuestos de todos”.
Por último, llamó a los gobiernos provinciales a “robustecer” sus sistemas provinciales de manejo del fuego.
También intentará sancionar la modificación a la Ley de Manejo del Fuego. Será en una sesión especial convocada para las 14.
El Frente de Todos buscará convertir en ley este viernes, en una sesión especial virtual convocada para las 14 en el Senado, el proyecto que crea un aporte solidario y extraordinario a pagar por única vez para contener la pandemia del Covid-19.
Será el tema principal de la sesión citada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde además el oficialismo intentará sancionar la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, para prohibir el cambio de uso en tierras incendiadas.
La sesión se da en el marco de la prórroga de sesiones ordinarias dispuesta por el Poder Ejecutivo hasta el 3 de enero, tras la corrección del decreto anterior, que ponía como fecha el 11 de diciembre.
El proyecto de impuesto a la riqueza recibió dictamen favorable el pasado 24 de noviembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y establece un aporte por única vez a pagar por las personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.
La alícuota a pagar irá del 2% al 3,5% y habrá un diferencial para los bienes declarados en el exterior, del cual sus propietarios quedarían exentos si aceptan repatriar el 30% de esas tenencias.
Según informó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el aporte alcanzaría a 11.855 personas humanas, es decir, más que las 9.298 que calculaba el ente recaudador cuando el proyecto se trató en la Cámara de Diputados.
Con 40 integrantes, el bloque presidido por José Mayans no tendría inconvenientes en sancionar el proyecto, y contaría además con la ayuda de aliados, mientras que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal rechazan la iniciativa.
La oposición sostiene que existe una doble imposición con el impuesto a los Bienes Personales, y advierte además que el tributo podría ser confiscatorio y quedar instalado para siempre, a pesar de que la redacción aclara que es por única vez.
En la sesión también se tratará el proyecto impulsado por el jefe del bloque de diputados oficialistas, Máximo Kirchner, que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, con el fin de impedir la realización de emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.
La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.
El proyecto recibió dictamen favorable el 24 de noviembre, con el rechazo de la oposición, que advirtió que el texto no distingue entre incendios intencionales y no intencionales; que avanza sobre facultades provinciales; y que implica un retroceso respecto de leyes vigentes.
Por otra parte, la Cámara alta tratará este viernes la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
También figura en el temario un proyecto de Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) sobre creación de un “Programa Nacional de Turismo Seguro”.
Asimismo, se votarán dos acuerdos internacionales: un Acuerdo de Cooperación Mutua para la Vigilancia y Control del Espacio Aéreo con Uruguay; y un Acuerdo de Cooperación en Defensa con Italia.
En un plenario de comisiones del Senado, el oficialismo pasó a la firma el dictamen de la iniciativa que tiene media sanción de Diputados. La oposición pidió más tiempo para analizar el texto, pero no tuvo éxito.
Durante un plenario de las comisiones de Legislación General y Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, el Frente de Todos pasó a la firma el dictamen del proyecto que modifica la Ley de Manejo del Fuego, con el fin de prohibir cambios en el uso y destino de tierras que hayan sido afectadas por incendios.
Pese al pedido de Juntos por el Cambio de dar más tiempo al debate y convocar a distintos sectores para que den su opinión, además de incorporar otra comisión al análisis, el oficialismo se mantuvo firme en su decisión de avanzar de inmediato con la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
La presidenta de la Comisión de Legislación General, Ana Almirón (FdT), explicó al abrir la reunión los puntos del proyecto y dijo que este año “la Argentina ardió en llamas”, y recientemente en su provincia, Corrientes, hubo “varias localidades tuvieron focos de incendios”, destacándose la situación en la localidad de Virasoro. “Es sumamente necesaria (esta ley) porque tenemos que proteger nuestro medioambiente”, afirmó.
Por Juntos por el Cambio, la macrista Gladys González repasó todos los argumentos en contra de la iniciativa. “Lejos de cumplir con el objetivo de proteger, es contrario al principio de no regresividad. La Ley de Bosques no habla de plazos, sino que protege a perpetuidad, y este proyecto lo que hace es ponerle un plazo. Estaríamos retrocediendo en la protección”, señaló.
La titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable remarcó además que la iniciativa “avanza sobre facultades provinciales”, porque “prohíbe usos que en realidad son las provincias las que tienen que determinar, en función de una categorización general, así que es claramente inconstitucional”.
También criticó que “no distingue entre los incendios provocados y los accidentales o naturales”, por lo que apuntó que con su aplicación se podría hacer “pagar al dueño de un terreno por un incendio que provocó otro”.
González enfatizó que la iniciativa tiene características de “inconstitucionalidad, desproporcionalidad, injustificación, no protección”.
“Avancemos en la Ley de Humedales, pongámosle presupuesto a Ley de Bosques y a la Ley de Manejo del Fuego, pensemos proyectos juntos de prevención y mayor concientización sobre el tema, incorporemos delitos ambientales al Código Penal, pero no avancemos en esta norma que además de ser inconstitucional no soluciona el tema de fondo“, completó.
A su turno, el entrerriano Alfredo De Angeli advirtió que “un incendio en un campo muy pocas veces es que sea intencional”. En ese sentido, el macrista ejemplificó que “en un día de mucho calor, como hoy, un vidrio hace prisma y puede prender fuego un campo y sería injusto penalizar al dueño de un campo porque un vidrio prendió fuego”, o “una chispa de un caño de escape con 40 grados” que causa fuego al pasar un camión por un campo.
El legislador reclamó que se le dé giro a la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, porque “las mejores leyes son las más discutidas”. “Yo creo que esta ley no es buena”, agregó.
En tanto, la radical Silvia Giacoppo reclamó que el proyecto pase por asesores y habló de “la preocupación de muchos productores agropecuarios” al respecto. Por eso, la jujeña resaltó que “por la importancia, el impacto y algunos artículos que tiene, merece ser trabajado” y no dictaminarse sin antes “escuchar a las partes” y “discutir el tema como amerita”.
Almirón defendió entonces que el proyecto no haya pasado por asesores, dado “el trabajo fructífero del Senado”, donde “ya no teníamos tiempo” porque “está colapsado el horario, porque todas las comisiones pidieron trabajar”.
En defensa de la iniciativa, la santafesina María de los Ángeles Sacnun destacó que la ley tiene como objetivo “defender los derechos medioambientales y colectivos de toda la sociedad”. “Como en toda ley existen tensiones y distintos intereses a proteger. Es lógico que haya que escuchar a los intereses particulares, pero hay derechos colectivos, protegidos expresamente por la Constitución Nacional”, manifestó la oficialista.
En la misma posición que sus pares, el macrista Esteban Bullrich llamó a dar “una discusión más profunda” y “escuchar más voces”, porque “esta norma tiene problemas”. “La velocidad es importante, pero la calidad también, sobre todo cuando hablamos de leyes. No entiendo que estemos sacando una ley de cualquier manera; la podemos corregir, para eso somos cámara revisora”, subrayó el bonaerense.
Durante el debate, el chubutense Mario Pais aseguró que la iniciativa se da “en función de la manda constitucional del artículo 41” y negó que se esté “avanzando sobre las facultades provinciales”. “Esta ley está estableciendo una suerte de restricciones administrativas sobre superficies en el marco de las potestades que tiene la Nación y las provincias”, indicó el oficialista y argumentó que “apunta a dar una respuesta a una situación que ha sido verdaderamente emergencial”.
Finalmente, Almirón comunicó la decisión del Frente de Todos de avanzar con el dictamen y consideró que hubo “tiempo” de análisis porque “la reunión fue convocada la semana pasada” y “son solamente tres artículos que se modifican”.
“Es una herramienta de control positivo que tiende a desalentar los incendios intencionales”, expresó y abogó por el “trabajo conjunto”, tal como lo planteara su par Nora del Valle Giménez, entre la Nación y las provincias, porque “si no tenemos una aplicación efectiva en cada una de las provincias efectivamente la ley va a caer en saco roto”.
Qué plantea la iniciativa con media sanción
El proyecto modifica el artículo 22 bis de la Ley 26.815, de modo de establecer una serie de prohibiciones por el término de 60 años “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”.
De acuerdo al nuevo texto, no se podrá “realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; y la división, subdivisión, excepto cuando resulten de división o participación hereditaria, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares”.
Tampoco, “la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.
Todo ello “sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales y locales, como de los tratados internacionales aprobados y ratificados por la Nación en la materia, que aplicarán complementariamente en cuanto sus normas resulten más extensas o amplias en sus beneficios para con los mismos”.
Además, se incorpora el artículo 22 ter que reza que esta prohibición “será extendida si así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente”.
En tanto, el nuevo artículo 22 quáter se refiere a los incendios en “zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural”.
En esos casos, la prohibición será por 30 años y no se podrán realizar emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento.
La Cámara baja aprobó a las 7 de la mañana por 132 votos a favor y 96 en contra la iniciativa que introduce modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. Se establecen plazos de 60 y 30 años, dependiendo el tipo de área que se haya quemado.
La Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado el proyecto de ley que busca prohibir modificaciones en el uso y destino de tierras que hayan sido afectadas por incendios. La iniciativa, impulsada por el jefe del Frente de Todos, Máximo Kirchner, recibió 132 votos a favor, 96 en contra y 4 abstenciones.
El texto, de solamente 4 artículos, prevé una serie de incorporaciones a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, con el fin de impedir la realización de emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.
La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.
Defendió en primer lugar el proyecto la ascendente diputada kirchnerista Daniela Vilar, quien valoró el tratamiento de las tres leyes que se debatían en este Día del Militante. “Tanto la desigualdad social, como la concentración de la riqueza, que son parte de este modelo económico, profundizan esta crisis ambiental que estamos hoy transitando”, señaló.
“No es para nada novedad decir que las crisis ambientales, las catástrofes ambientales afectan a toda la humanidad”, apuntó, y luego parafraseó a Evo Morales señalando que “no afectan de manera homogénea” esos conflictos “a toda la humanidad”. Y agregó que “las grandes potencias son las que producen sin duda los mayores conflictos ambientales, a costa de explotar los recursos de otras regiones, como la nuestra”.
Habló de la necesidad de aprobar esta reforma de la ley del fuego, pues hay más de 900 mil hectáreas incendiadas, con focos de incendios en 22 de las 24 provincias, y destacó que “el 95% de esos incendios fueron producto de la acción humana, ya sea intencional o por alguna distracción”. Aludió entonces a la especulación inmobiliaria y alertó sobre “la pérdida de humedales, con lo que eso significa”.
“Para poder prevenir la generación de incendios intencionales con fines especulativos, proponemos modificar la Ley de Manejo del Fuego”, dijo, sugiriendo “ampliar y especificar esas restricciones”. Con todo, aclaró que “no tenemos ni idea de cuánto tiempo va a necesitar recuperarse un bosque que fue intencionalmente incendiado”, en referencia a los tiempos impuestos por el texto de la norma. “A esta altura creo que es evidente que no se puede pensar en una política ambiental que esté desligada del modelo productivo, del modelo económico y del modelo social; con lo cual entiendo que debemos asumir un desafío: construir un nuevo paradigma, porque el que nos trajo hasta acá fue uno de exclusión, que genera pobreza. Tenemos que asumir un nuevo desafío que es construir un nuevo paradigma”, enfatizó, estimando que “con estas tres leyes que vamos a aprobar ahora estaremos asumiendo poder crear nuevos paradigmas, porque lo vamos a hacer con la valentía de poder mirar a los ojos a todos”.
La radical Brenda Austin habló a continuación como miembro informante del dictamen de minoría. “Es indudable que la crisis que atraviesa el mundo, del cambio climático, han logrado que muchos temas permeen en la agenda”, señaló, lamentando no haberse puesto de acuerdo con el resto de los diputados para sacar “una ley que sea efectiva, no efectista”.
“Estamos acostumbrados a ver al Frente de Todos andar por dos carriles: manejar por la izquierda y por la derecha, pero no por la Panamericana; es increíble cómo construyen tantos discursos de acuerdo con el público que los está escuchando”, sostuvo. Y alertó sobre “la disociación entre lo que dicen y las leyes que hacen votar”, destacando que “equivocan la herramienta”, pues “estamos hoy ante una norma que es regresiva en materia ambiental”, pues “perjudica a los bosques nativos en la Argentina. Queremos como ustedes que se terminen los incendios especulativos, que los ecosistemas tengan tiempo para recomponerse; pero también queremos encontrar a los responsables y que respondan con toda la fuerza de la ley”.
Austin señaló que “no hay duda que para enfrentar los incendios necesitamos presupuesto, previsión e institucionalidad; nada de eso aporta esta norma hoy”. Y sobre el final sostuvo que “el problema de legislar solo para la tribuna genera estos problemas, de que decimos una cosa, pero estamos sancionando una norma que perjudica al ambiente”.
“Según el proyecto, ante un incendio accidental, el propietario de un campo no solo debe lidiar con las pérdidas ocasionadas por la naturaleza, sino que no puede disponer del uso del suelo para otra actividad productiva que pudiera cubrir las pérdidas ocasionadas por el fuego; sin duda alguna un avasallamiento al derecho de la actividad privada… Parece que el proyecto desoye que ninguna norma de carácter nacional ambiental puede restringir ni alterar las facultades no delegadas por las provincias a la Nación”, sostuvo por su parte la diputada del MPN Alma Sapag, habitualmente alineada con el oficialismo, pero que en este proyecto -como con el de aporte solidario, en esta misma sesión- se manifestó en contra. La provincia de Neuquén, agregó, “cuenta con una gran extensión de su territorio cubierta de bosques, por lo que para nosotros es muy importante frenar las quemas indiscriminadas, pero toda acción debe realizarse de acuerdo a lo normado en la Ley 26.331 y a los parámetros de nuestro país sobre la protección medioambiental, pero guardando las facultades y derechos de las provincias de acuerdo con la Constitución nacional”.
Sí se manifestó a favor en cambio la izquierda: “Vamos a acompañar esta ley, pero después el problema que se cumpla, y eso lo tiene que hacer el Gobierno, y lo tenemos que obligar a hacerlo con la movilización independiente de las organizaciones ambientales -expresó la diputada Romina del Plá cerca de las 5 de la madrugada-. Porque la cooptación de las organizaciones ambientales solo sirven para frenar los reclamos y terminar diciendo que puede haber una minería contaminante amigable con el ambiente. Eso lo hemos escuchado decir al ministro de Medio Ambiente de la Nación. Increíble”.
“Este proyecto legisla sobre las cenizas y crea culpables”, sugirió Maximiliano Ferraro, para quien el proyecto pretende establecer “que todas las personas son culpables de los incendios; no importa si fue un rayo, si fue un incendio que viene recorriendo kilómetros, si fue el Estado, si se cae una línea eléctrica… Unos y otros parece ser que cargan por igual con la consecuencia que establece esta ley: los pequeños productores, las poblaciones rurales, los que viven en los territorios serán los más afectados por la irracionalidad de esta norma”.
En el final del debate, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, rechazó lo expresado por Ferraro. “Todo lo que vinieron a proponer fue un sistema para dar un poco más de recursos al sistema para apagar el fuego”, dijo en respuesta a lo antedicho, “si eso no es legislar sobre las cenizas, que alguien me explique porque han puesto todo tipo de excusas para que no lleguemos al acuerdo necesario”. El legislador del Frente de Todos destacó la militancia de “les pibis” (SIC) que “vinieron a decirnos a todos nosotros que “no queremos ser más esa humanidad, y nos tenemos que hacer cargo”.
“Vinimos a hacernos cargo de la crisis económica y social que dejaron 4 años de gobierno neoliberal, miren si no vamos a agarrar banderas de lucha de tantos años en la Argentina; gobernamos el país en pandemia… Nosotros tampoco queremos ser esta humanidad, vamos a transformarlo todo”, enfatizó.
Sobre el final, señaló respecto del rechazo de Juntos por el Cambio que, como recordó que dijo en la comisión Graciela Camaño, “esta ley tiene un problema para Juntos por el Cambio: lo que les molesta es que esta ley lleve como autor a Máximo Kirchner… Les molesta el apellido. A nosotros nos da orgullo”.
Sobre el final, Grosso encendió los ánimos al embestir contra la principal oposición en duros términos: “El problema es que es incompatible ser neoliberal y ambientalista… Es incompatible ser de Cambiemos y ambientalista. Aunque la mona se vista de seda, mona queda, y aunque el secretario de Ambiente se vista de árbol…”, señaló entre los gritos airados de los diputados de JxC.
Y cerró afirmando que el Frente de Todos “vino a hacerse cargo del desastre que dejaron” y concluyó afirmando que “el fuego va a dejar de ser un negocio”.
Qué establece el proyecto
El proyecto modifica el artículo 22 bis de la Ley 26.815, de modo de establecer una serie de prohibiciones por el término de 60 años “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”.
De acuerdo al nuevo texto, no se podrá “realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; y la división, subdivisión, excepto cuando resulten de división o participación hereditaria, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares”.
Tampoco, “la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.
Todo ello “sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales y locales, como de los tratados internacionales aprobados y ratificados por la Nación en la materia, que aplicarán complementariamente en cuanto sus normas resulten más extensas o amplias en sus beneficios para con los mismos”.
Además, se incorpora el artículo 22 ter que reza que esta prohibición “será extendida si así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente”.
En tanto, el nuevo artículo 22 quáter se refiere a los incendios en “zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural”.
En esos casos, la prohibición será por 30 años y no se podrán realizar emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento.
El debate del aporte solidario y extraordinario para quienes tengan un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos durará alrededor de 14 horas. Se sancionará el Presupuesto. También tratarán modificaciones a la ley de Manejo del Fuego y la “Ley Yolanda”.
La Cámara de Diputados arrancó a las 12.26, con 187 diputados presentes, una sesión maratónica, en la que se debatirá el proyecto de aporte solidario y extraordinario, más conocido como impuesto a las grandes fortunas, un tema que insumirá nada más y nada menos que 14 horas de debate, de acuerdo a los oradores anotados.
De esta manera se espera que la votación sea de madrugada, pese a la expectativa que genera la iniciativa con movilizaciones frente al Congreso y en las calles porteñas, en el marco del Día de la Militancia.
La sesión, que durará entre 22 y 24 horas, es presidida por el vicepresidente primero del cuerpo, el macrista Álvaro González, en ausencia del titular de la Cámara, Sergio Massa, quien se encuentra aislado de manera preventiva -el hisopado le dio negativo- por haber tenido contacto estrecho con Luis Cubeddu, jefe de la misión del FMI con la que estuvo reunido.
El oficialismo necesita una mayoría absoluta (129 votos) para aprobar el proyecto y girarlo al Senado, algo que tiene garantizado gracias al apoyo de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, presididos respectivamente por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón.
También acompañarían la votación el nuevo bloque de dos denominado Acción Federal, encabezado por el riojano Felipe Álvarez, y la neuquina Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.
Juntos por el Cambio, la bancada que lidera Mario Negri, votará en contra por considerar que se trata de un impuesto que podría ser “confiscatorio” y que implica una doble imposición para aquellas personas que ya tributan Bienes Personales, además de desalentar la inversión.
En tanto, el Frente de Izquierda, representado por Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, se abstendrá y defenderá su propio proyecto, como adelantó parlamentario.com el viernes.
La iniciativa crea un aporte por única vez para aquellas personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con una alícuota que irá del 2% al 3,5% en el caso de bienes en el país, y del 3% al 5,25% para los bienes en el exterior.
La AFIP espera recaudar más de 307.000 millones de pesos -alrededor de un punto del PBI-, que serán destinados a la compra de equipamiento médico, becas Progresar, subsidios a pymes, el Fondo de Integración Sociourbana y programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural.
Otro de los proyectos que se tratará en la sesión, también presentado por Máximo, es el que prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios.
Se trata de una modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que impide realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.
La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.
Asimismo, se debatirá la denominada “Ley Yolanda”, que establece la capacitación obligatoria en medioambiente para funcionarios de los tres poderes del Estado, y que lleva su nombre en honor a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Latinoamérica.
Además, se sancionará definitivamente el Presupuesto 2021, luego de que, en un hecho imprevisto, el Senado devolviera el texto en segunda revisión por la omisión de planillas que contenían el detalle de obras a ejecutar en las provincias.
La sesión especial había sido pedida este jueves por el bloque oficialista y otros de la oposición, con el aporte solidario y extraordinario como tema central.
Un día después del pedido formulado por un grupo de diputados del oficialismo y la oposición para tratar tres proyectos, entre ellos el conocido como el impuesto a la riqueza, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, oficializó este viernes el llamado a sesionar el próximo martes a las 12.
La sesión especial incluye las tres iniciativas incluidas en el pedido encabezado por Máximo Kirchner, pero también sumaron el Presupuesto 2021, que viene en revisión del Senado luego de que el propio oficialismo comprobara la omisión de una serie de planillas sobre obras previstas para el próximo año.
En primer lugar figura entonces el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia; también tratarán un proyecto que ha despertado cierta polémica, como es la modificación a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que establece un lapso mínimo de años que garanticen la recuperación y restauración de las superficies incendiadas. Y el tercero de los proyectos es conocido como la ley Yolanda y establece la realización de capacitaciones ambientales obligatorias en el ámbito de la Administración Pública. En este caso, cuenta con media sanción del Senado, por lo que será convertido en ley.
Cabe recordar que los últimos días el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, había garantizado que el proyecto llegaría al recinto en las próximas sesiones. No obstante ello, una encumbrada fuente legislativa había condicionado por esos días el tratamiento de ese proyecto a la presentación de la reforma tributaria, con el fin de que no se superpusieran artículos de ambas iniciativas.
Con las firmas de acompañamiento, el oficialismo se garantizó la aprobación del aporte solidario, que necesita una mayoría de 129 votos por tratarse de la creación de un impuesto.
Citacion-a-Sesion-Especial-17-de-noviembreAdemás de los oficialistas Máximo Kirchner, Carlos Heller, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez, también aparecen las firmas del presidente del interbloque Federal, Eduardo Bucca; el titular del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez; el del Frente de la Concordia Misionero, Ricardo Wellbach; el del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón; el de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, y Felipe Álvarez, quien acaba de alejarse de Juntos por el Cambio y formó un bloque de dos diputados, Acción Federal.
El Frente de Todos tiene 119 diputados, pero a la hora de votar cuenta con 117, ya que Massa no vota -salvo que lo pida expresamente- y hay un legislador de licencia, José Ignacio De Mendiguren.
De todos modos, sumando a los 11 del Interbloque Federal, los 6 de Unidad Federal para el Desarrollo, los dos de Acción Federal y la neuquina Alma Sapag, el oficialismo llega cómodo a la sesión, con una base de 137 adhesiones para el proyecto de Máximo.
Juntos por el Cambio ya adelantó su rechazo, y resta por conocer la postura de la tucumana Beatriz Ávila, quien recientemente se alejó del interbloque de Ramón y formó un bloque unipersonal. El Frente de Izquierda, en tanto, tiene un proyecto propio.
Durante el debate en comisión, donde el oficialismo logró el dictamen de mayoría, se aclaró que el aporte será obligatorio y que regirá desde la sanción de la ley, es decir, no será retroactivo al 31 de diciembre de 2019, como se preveía en un principio.
Para evitar un eventual desapoderamiento masivo, se aclaró que “cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de esta ley hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación destinada a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.
Según relevó la AFIP, son 9.298 personas físicas las que deberían hacer la contribución extraordinaria por única vez, según la base del impuesto sobre los Bienes Personales.
De ese total, 7.438 declararon bienes por más de 200 millones de pesos -el piso establecido en el proyecto-, y los 1.860 restantes todavía no presentaron su declaración jurada, pero según el patrimonio informado en años anteriores, se verían alcanzados.
Un dato saliente es que los 7.438 individuos que, ya se sabe, serán aportantes, son el equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron sus declaraciones juradas y al 0,02% de la población total de la Argentina.
La recaudación potencial es de más de 307.000 millones de pesos, lo que representa “alrededor de un punto porcentual del PBI”.
