Mientras el Gobierno ajusta acuerdos en Congreso para poder aprobar algunas iniciativas en sesiones extraordinarias, a la par prepara una reforma a la Ley de Migraciones (25.871), que planea enviar al Congreso durante las sesiones ordinarias, con mayores controles y restricciones al acceso a la residencia.

El encargado de trabajar la iniciativa es el equipo del director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, que depende del vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán.

La iniciativa incluye un régimen más estricto para la entrega de residencias a los estudiantes extranjeros. En Nación denuncian que no hubo un control directo de la presentación de la documentación durante la gestión anterior, y aseguran que hay casos en los que “los extranjeros estudiaron solo dos meses y se quedaron a vivir en la Argentina”.

Además, la Casa Rosada busca restringir a los inmigrantes ilegales que tienen hijos en el país y obtienen la residencia tras la confirmación de sus descendientes como ciudadanos argentinos. El trámite requiere la cédula de identidad o el pasaporte, la partida de nacimiento del país de origen, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino.

El proyecto que trabaja el Gobierno incluye también las medidas de arancelamiento sanitario y universitario a extranjeros no residentes que anunció en diciembre el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La Casa Rosada planea además reforzar el control fronterizo en el norte. La reforma migratoria que preparan en Balcarce 50 forma parte de una política restrictiva que el Ejecutivo busca impulsar para prevenir la llegada de enemigos extranjeros al país. “Nuestro alineamiento internacional a favor de Israel nos lleva a tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”, expresan en Nación.

Apuntan también a sumar colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras y en el territorio interno. Es por eso que la Casa Rosada impulsó dos decretos para habilitarlas a operar contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico de otros países que busquen operar en la Argentina.

El diputado nacional Santiago Pauli (LLA – Tierra del Fuego) presentó un proyecto de ley para reformar el régimen de migraciones previsto en la Ley 25.871 a fin de garantizar una gestión “justa y ágil para quienes deseen ingresar legalmente a vivir y trabajar en nuestro país”.

“Argentina ha sido siempre un país de brazos abiertos. Por eso necesitamos un sistema migratorio que haga una clara distinción entre los inmigrantes que cumplen con la ley y quienes no la cumplen. Queremos proteger nuestra soberanía, el orden y la seguridad”, explicó el libertario.

Entre los puntos de la iniciativa, destacó que busca garantizar los mismos criterios y procedimientos de admisión existentes sólo a aquellos que se ajusten a la ley. “Durante años, muchos que quisieron venir legalmente al país encontraron trabas burocráticas y objeciones, mientras que otros no tuvieron inconvenientes para ingresar ilegalmente y acceder a los mismos derechos y servicios que los demás”, argumentó.

“Creamos un Procedimiento Migratorio Sumarísimo que agiliza la resolución de casos de inmigración ilegal o de inmigrantes involucrados en delitos, permitiendo que el proceso de expulsión sea rápido y eficiente. Hoy expulsar a un inmigrante que comete delitos es muy difícil y por eso los tenemos en nuestras cárceles. Buscamos cambiar esto”, precisó de su proyecto.

También crea la figura del avenimiento que permitirá una salida voluntaria del país sin juicio. Para los inmigrantes con causas penales, el avenimiento permitirá la expulsión voluntaria, extinguiendo de esta forma la acción penal en el país y limitando el reingreso según la gravedad del delito.

“Mantenemos una política de reunificación familiar, garantizando que los inmigrantes puedan reunirse con sus familiares bajo ciertas condiciones, según lo establecido en la Constitución y tratados internacionales”, agrega en otro punto.

Además, explicó: “Seguimos garantizando los mismos derechos y el acceso a los mismos servicios a los inmigrantes que hayan cumplido con los requisitos y trámites necesarios, aunque a los que están en situación irregular no se les garantizará un acceso irrestricto a los servicios que pagamos entre todos”.

“Los que ingresan a nuestro país deben hacerlo por la vía correcta y siguiendo los procedimientos requeridos”, planteó Pauli.

El senador nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) presentó un proyecto para modificar la Ley de Migraciones. En ese sentido explicó que “días atrás se dio una polémica por un decreto del presidente Alberto Fernández que anulaba otro del presidente Mauricio Macri, el cual establecía modificaciones a la ley de Migraciones relacionadas a las prohibición de ingreso y permanencia a personas que cometieron delitos. Ese decreto de la gestión anterior fue declarado inconstitucional en algunos aspectos por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, lo que motivó que se derogara y se restableciera la vigencia de la Ley de migraciones”.

“Frente a esto, decidimos presentar una propuesta para dar el debate en el Congreso de la Nación y subsanar así los inconvenientes jurídicos y legales. Entendemos que es necesario establecer claramente las restricciones que impidan el ingreso de personas al país con causas penales y a su vez, ser más estrictos en la residencia temporaria y en los criterios de expulsión”, señaló el senador radical.

Respecto de las causales de prohibición de ingreso y permanencia y cancelación de residencia, el mendocino aseguró que “nuestra propuesta es más restrictiva que la legislación vigente porque incluye cualquier delito que según las leyes argentinas merezca pena privativa de la libertad, ya sea que se trate de condena firme o no, o tener antecedentes. En la ley actual es sólo para delitos de más de 3 años de pena privativa de la libertad para prohibición de ingreso y 5 años para cancelación de la residencia. Además, introducimos delitos que actualmente no están individualizados como el tráfico de órganos y tejidos y delitos de corrupción”.

Por otra parte y en relación a la reducción de los plazos de validez de la autorización de residencia precaria, Cobos indicó que “se propone pasar de 180 a 90 días, y la misma no resulta residencia válida a los efectos del arraigo necesario para la obtención de la residencia permanente, o para la adquisición de la nacionalidad por naturalización” y en cuanto a la expulsión que “la ley actual lleva implícita la prohibición de reingreso por un mínimo de 5 años para cualquier delito, por lo que proponemos un mínimo de 8 años en caso de delitos dolosos y 5 para delitos culposos, entre otras modificaciones. Esperamos que sea analizado y discutido en el Congreso”.