Por decreto, Milei modificó la Ley de Ministerios

Por DNU redujo la cantidad de carteras a 9. Desaparecen organismos y se crean otros. Qué ministerios absorben a los que desaparecen.

El primer decreto de la gestión Milei fue para modificar la Ley de Ministerios, y se conoció poco antes de la jura de los integrantes del gabinete nacional, envuelta en una polémica por haber decidido las autoridades que la misma se hiciera a puertas cerradas, sin el ingreso de la prensa ni difusión televisiva.

El decreto reduce sustancialmente la cantidad de ministerios a nueve, siendo los mismos los siguientes: Interrior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía, Infraestructura, Justicia; Seguridad; Salud y Capital Humano.

Este último, que estará a cargo de Sandra Pettovello, centralizará las políticas en materia de educación, cultura, trabajo y desarrollo social.

El Ministerio de Infraestructura, a cargo de Guillermo Ferraro, absorberá las áreas de obras públicas, vivienda, comunicaciones y transporte.

Las tareas necesarias para posibilitar la actividad presidencial serán atendidas por las secretarías presidenciales: General; Legal y Técnica, y de Comunicación y Prensa, cuyos titulares tendrán rango y jerarquía de ministros.

El jefe de Gabinete tendrá atribuciones tales como intervenir en las empresas y sociedades actuantes en la órbita de los ministerios y secretarías que conforman la administración pública nacional. También establecerá los lineamientos e impartirá directivas y recomendaciones a las que deberán ajustar su actuación los titulares de las dependencias del Estado Nacional que posean bajo su ámbito la titularidad del ejercicio de los derechos societarios en las empresas, sociedades del Estado cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica con el objeto de resguardar el interés público general comprometido.

Asimismo el jefe de Gabinete entenderá en la administración, coordinación y ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios correspondientes a las participaciones accionarias pertenecientes al Estado Nacional en las empresas de su ámbito.

El Ministerio de Economía tendrá competencia en materia de energía y de minería, mientras que entenderá en la elaboración de la política nuclear.

La cartera de Infraestructura actuará en lo concerniente a la elaboración de las políticas en materia de obras públicas e infraestructura y la política hídrica nacional; al transporte aéreo, ferroviario, automotor, fluvial y marítimo, a la actividad vial; a la política de desarrollo de viviendas, hábitat e integración urbana; a la elaboración, propuesta y ejecución de las políticas en materia de comunicaciones, a la concesión de obras de infraestructura y servicios públicos y a la ejecución de las obras de infraestructura vinculadas a la minería y energía.

Entenderá además en el diseño y la ejecución de proyectos de infraestructura energética y minera, tanto en fuentes de generación como transporte de recursos energéticos y mineros.

Otro tema que le competerá es la elaboración de las políticas y de las normas de regulación de los servicios públicos del área de su competencia.

Los compromisos y obligaciones asumidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación estarán a cargo de la Jefatura de Gabinete, que también tendrá a cargo las unidades organizativas de la ex Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia.

Lo que correspondía a los desaparecidos ministerios de Ambiente y de Turismo y Deportes pasarán a la órbita del Ministerio del Interior, en tanto que Transporte, Obras Públicas y Desarrollo Territorial serán competencia de Infraestructura.

Todo lo que correspondía a los ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social y el Ministerio de las Mujeres, estarán a cargo del Ministerio de Capital Humano.

El Servicio Penitenciario pasa a depender del Ministerio de Seguridad y se crea en ese ámbito la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

También se crea la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, como así también el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, dependientes ambos del Ministerio de Capital Humano.

Antes de que asuma Macri, la Legislatura porteña modificó la Ley de Ministerios

Los legisladores porteños aprobaron con 32 votos a favor, 8 en contra y 18 abstenciones una serie de cambios, entre los cuales se divide el Ministerio de Justicia y Seguridad, entre otras cuestiones.

A días de que se produzca el cambio de mando entre Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó con 32 votos a favor, 8 en contra y 18 abstenciones una serie de modificaciones a la Ley de Ministerios, mediante las cuales se busca adaptarla a la organización planificada por las autoridades electas que asumirán sus funciones desde el 10 de diciembre próximo.

La medida contó con el aval de los bloques Vamos Juntos (VJ), Partido Socialista (PS), Republicanos Unidos (RU) y Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev); el rechazo de Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Consenso Federal (CF) y La Libertad Avanza (LLA); y la abstención del Frente de Todos (FdT).

El proyecto en cuestión llegó al recinto con el despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Hernán Reyes (VJ), y establece la creación de un nuevo Ministerio de Infraestructura, la división del actual de Justicia y Seguridad y la disolución de la cartera de Gobierno.

De esta manera, los cambios en la norma contemplan las figuras del jefe de Gabinete y diez ministerios, es decir, uno más del organigrama actual. Es así que quedaron establecidos los ministerios de Hacienda y Finanzas, Justicia, Seguridad, Salud, Educación, Desarrollo Económico, Cultura, Desarrollo Humano y Hábitat, Espacio Público e Higiene Urbana e Infraestructura.

Asimismo, el actual Ministerio de Seguridad y Justicia será dividido en dos organismos distintos. Es así que el de Seguridad tendrá como principal función “controlar el sistema de prevención de la violencia y el delito” y “la gestión administrativa general de la Policía de la Ciudad”; mientras que el de Justicia deberá coordinar las relaciones con Poder Judicial y las acciones para traspaso de la Justicia Nacional al ámbito porteño.

En cuanto al actual Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, el organismo dejará de ocuparse de todo lo que tiene que ver con la producción, y el Ministerio de Gobierno, a cargo en la actualidad de Macri, dejará de estar vigente.

Uno de los grandes cambios en esta normativa es la creación de la cartera de Infraestructura, que tendrá entre sus principales ocupaciones la “supervisión, planificación, programación y diseño de flujos de movilidad, obras viales y subterráneas”, y “las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte y del ordenamiento del tránsito”.

El debate en el recinto

El primero en tomar la palabra fue el legislador de Vamos Juntos (VJ) y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, quien manifestó que “la nueva ley de Ministerios intenta fortalecer instancias transversales de políticas públicas” e indicó que “la vicejefa de Gobierno, el jefe de Gabinete y el vicejefe de Gabinete van a tener a cargo áreas absolutamente transversales como la gestión ambiental y de sostenibilidad, y las políticas de innovación y de formación a lo largo de la vida de las personas”.

“Hay una apuesta fuerte a tener una gestión de mucha cercanía a los vecinos de la Ciudad”, completó.

Por su parte, Juan Manuel Valdés (FdT) advirtió que “esta idea de que haya dos Ministerios a cargo de las concesiones me llama la atención, tenemos que transparentar las concesiones. Tendría que haber una oficina que pueda controlar todas estas cuestiones”.

En tanto la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Vanesa Gagliardi aseguró que esta “es una ley que tuvo un tratamiento super exprés en esta Legislatura, por lo que tenemos que decir es que esta estructura no está planteada para resolver ninguno de los problemas de la ciudadanía y los trabajadores. Lo único que hace es mercantilizar aún más la Ciudad”.

A su turno, la libertaria Rebeca Fleitas (LLA) explicó: “nuestra postura es no acompañar la aprobación de esta ley en consonancia de la línea política de Javier Milei, dado a que se busca reducir el gasto estatal y esta ley no es lo que propone. Por ejemplo, la nueva gestión propone pasar a tener 10 ministerios, ya que divide Justicia y Seguridad, lo que implica más presupuesto y gasto”.

La Legislatura porteña debate la nueva Ley de Ministerios

Los diputados se reúnen desde las 12.18 para analizar una iniciativa que busca introducir modificaciones a la mencionada normativa, a fin de adaptarla a la organización planificada por el jefe de Gobierno electo, Jorge Macri.

En el marco de la anteúltima sesión ordinaria del año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúne desde las 12.18 para debatir una serie de modificaciones a la Ley de Ministerios del Gobierno local, a efectos de adaptarla a la organización planificada por las autoridades electas que asumirán sus funciones desde el 10 de diciembre próximo.

Es que el nuevo organigrama del Poder Ejecutivo prevé una Jefatura de Gabinete o Ministro Coordinador y diez ministerios. Se proyecta desdoblar Justicia y Seguridad, eliminar la cartera de Gobierno y crear un nuevo ministerio, el de Infraestructura, que entenderá en lo atinente a tránsito, transporte y obras públicas.

Esto se debe a que el 10 de diciembre tomará el mando de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, tras concluir el segundo mandato de Horacio Rodríguez Larreta. El acto formal de traspaso y juramento se realizará el 7 de diciembre, en la Legislatura de la Ciudad.

Entre otros asuntos propuestos, también se pondrá en consideración una modificación a la ley integral de seguridad pública, en lo referido al régimen de licencias del personal policial de la Ciudad, incorporando nuevos beneficios para casos de adopción, guarda de niños, personas a cargo con discapacidad o utilización de métodos de reproducción asistida.

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