Durante su exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el secretario de Trabajo reivindicó la expansión de formas laborales independientes, sostuvo que los salarios medidos en dólares se triplicaron desde fines de 2023 y afirmó que el Estado debe concentrar su asistencia en los sectores más vulnerables.
El primer diputado en interrogar al secretario de Trabajo, Julio Cordero, durante su exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda fue el socialista Esteban Paulón, que se refirió a dichos del funcionario que había hablado de la conveniencia de darle al trabajador la caña y enseñarle a pescar. “No se escuchó nunca esto acá”, ironizó Paulón, que advirtió que fue precisamente la pesca el único sector que generó empleo en esta gestión. Y lo contrastó con otros, a partir de datos del SIPA, marcando al comercio como “una catástrofe”, con una baja del empleo en 42,2%. Pero peor le fue a la industria, 50,7% abajo.
El diputado pidió no romantizar al sector informal y advirtió que si idealizamos a los trabajadores que hacen changas “estamos concediendo que la gente viva días de mierda. Parece que no hay derecho al disfrute”.
A su turno, Sergio Palazzo le preguntó por la caída salarial promedio que calculó en 22 puntos en el sector público y le preguntó al funcionario cómo piensan recomponer esa situación, advirtiendo además que 21 distritos del país registran caída del empleo. Pero una y otra vez se volvió sobre la reforma laboral, a la que Palazzo llama “de regresión laboral”, respecto a lo cual preguntó cómo piensa hacer el Gobierno ante la falta de registración de casi 8 millones de trabajadores.
Preguntó también sobre las paritarias, en tanto que Agustín Rossi le agradeció su asistencia a la comisión, con una referencia a los ministros mileístas que en cambio no van al Congreso. “Su presencia hace elocuente las ausencias”, lanzó, recordando en otro pasaje el paso del funcionario por Techint, a cuyo dueño recordó que el Presidente llama “Don Chatarrín”.
A la hora de las respuestas, Cordero se manifestó orgulloso de haber trabajado muchos años en Techint, como así también de haberse desempeñado en la actividad privada durante tantos años, en relación de dependencia y como autónomo. “Por lo tanto tengo la experiencia de haber estado de los dos lados”, sintetizó.
“El trabajo autónomo en la Argentina, a diferencia de otros países es un trabajo registrado y formal -aseguró-. En Argentina, el trabajo monotributista tiene seguridad social y salud. Hay otros países que no tienen esa seguridad; simplemente facturan, pero eso no les da derecho a la salud, ni a la jubilación”.
Al referirse a la cuestión salarial, Cordero recordó que “la gente votó dolarización”. Y al respecto afirmó que “hoy la gente puede convertir sus pesos en dólares de manera libre. Y cuando uno mira el desarrollo del salario, en noviembre de 2023 el promedio era de 500 dólares, y hoy es de 1.500 dólares reales”.
Con todo, admitió que “hay que acomodar el resto de las estructuras y que el trabajo no termina nunca”.
Para Cordero, la actividad privada “debe ser el motor de la promoción de bienes y servicios en la Argentina, es verdad. Para empezar, que quede claro: nosotros trabajamos para el pueblo y estamos haciendo lo mejor que podemos, y efectivamente tenemos resultados favorables”.
“Efectivamente estamos mirando la creación de empresas y buscando que crezca mayor cantidad de empresas. Algunas que cierran, son empresas que tienen menos cantidad de trabajadores y empresas que abren con más cantidad de trabajadores”, señaló en otro pasaje. Aseguró que “tratamos de que se regularicen los puestos de trabajo y no que se expulsen. Estamos a favor de la autonomía, el mundo apunta a la autonomía. Hay que ver qué pasa con las generaciones futuras”, y remarcó que “muchos no quieren trabajar en relación de dependencia”, en busca de la “mayor libertad” que da la autonomía.
Respecto de la desfinanciación de la seguridad social, Julio Cordero explicó que hoy en el mundo eso ya no se financia como hasta ahora, “sino con esos aportes y también con impuestos, porque sino se carga sobre el trabajo humano una carga estructural tan fuerte que erradica el trabajo humano y se reemplaza por otros mecanismos”.
Con respecto a las negociaciones colectivas y paritarias, el secretario dijo que “nosotros claramente queremos que los salarios le ganen a la inflación. Lo que no queremos es que se utilice eso como excusa para trasladar a precio en cada actividad”.
“En buena hora que crezcan los salarios en las negociaciones colectivas y que lo hagan sin que eso se traslade a los precios y que permita un aumento del salario real”, continuó, al tiempo que respecto de los esquemas negociaciones dijo que el Gobierno pretende que haya negociaciones tanto por actividad, como por región, como por empresas. Tampoco lo queremos hacer de forma desordenada”.
Cordero apuntó que están buscando que las negociaciones colectivas tengan una base que se pueda aplicar a toda la Argentina, y remarcó que la Ley de Modernización Laboral “permite la incorporación del salario dinámico, salario por mérito, salario por empresa. Las normas están, simplemente hay que aplicarlas”.
“¿Qué es lo que va a hacer el Estado? Lo que tiene que hacer es generar las normas, políticas de tal manera que apunten a los más vulnerables y los que puedan valerse por sí mismo se puedan autosustentar en una economía sana”, dijo en otro pasaje.
Y pidió no burlarse más de la frase del pescado y la caña de pescar: “Tratamos que la gente tenga la capacidad de trabajar por sí misma y que el clima laboral permita que alguien quiera contratarlo”, dijo.
La senadora salteña cuestionó que "diluir el costo del despido en cuotas subsidiadas, el FAL le saca el freno que hoy tiene despedir sin causa y termina favoreciendo a las empresas que rotan personal por sobre las que cuidan a sus empleados".
Después de desmarcarse del campo de los aliados a La Libertad Avanza, la senadora nacional Flavia Royón reiteró su postura en contra de la vigencia del Fondo de Asistencia Laboral, aprobado en la Ley de Modernización Laboral. "El Decreto 408/26 confirma lo que advertí: el FAL no es un sistema de seguridad social, es un fondo privado financiado con plata del Estado", expresó a través de X.
La monobloquista de Primero Los Salteños explicó en su comunicado que "el empleador aporta (1% grandes empresas, 2,5% Pymes), pero a cambio paga menos contribuciones patronales, así que ese costo termina cubierto con la plata que hoy financia las jubilaciones". Asimismo, consideró que "el impacto fiscal: $3,28 billones —0,32% del PBI, unos USD 2.200 millones— que se le restan al sistema jubilatorio para sostener un fondo que rinde mucho menos que si esa plata se invirtiera como se invierten hoy las jubilaciones"
En esa línea, la senadora recordó el proyecto de ley que presentó para derogar el Título II de la Ley de Modernización Laboral. Cabe recordar que Royón votó a favor en la general, pero se opuso en el Capítulo que contenía al FAL.
Hace cinco meses presenté un proyecto para derogar el Fondo de Asistencia Laboral. Con la reglamentación ya publicada, quedó más claro el por qué.
El Decreto 408/26 confirma lo que advertí: el FAL no es un sistema de seguridad social, es un fondo privado financiado con plata del…
— Flavia Royon (@FlaviaRoyon) August 14, 2026
Sigueindo con las críticas al Fondo, Flavia Royón añadió que "la Resolución 1276/26 les puso techos a las inversiones del FAL en depósitos bancarios (15%), bonos provinciales (15%) y ON privadas (20%) — pero no le puso ningún límite a la deuda del Estado Nacional".
"Nada impide que termine siendo un mecanismo de financiamiento casi exclusivo al Tesoro. Además, al diluir el costo del despido en cuotas subsidiadas, el FAL le saca el freno que hoy tiene despedir sin causa y termina favoreciendo a las empresas que rotan personal por sobre las que cuidan a sus empleados", concluyó.
Diputados de Provincias Unidas presentaron un proyecto que introduce cambios en la Ley 27.802 para ampliar los incentivos a las pequeñas y medianas empresas. La iniciativa incluye una moratoria fiscal, suspensión de embargos y ejecuciones de ARCA, estabilidad tributaria por dos años y nuevas líneas de financiamiento productivo.
Un grupo de diputados del bloque Provincias Unidas, encabezado por el socialista santafesino Pablo Farías, presentó un proyecto de ley para modificar diversos aspectos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, con el objetivo de fortalecer el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y poner en marcha un amplio esquema de asistencia para las micro, pequeñas y medianas empresas. La iniciativa lleva además las firmas de Gisela Scaglia, María Inés Zigarán, Juan Brugge, Mariela Coletta, Carolina Basualdo, José Núñez, Esteban Paulón, Carlos Gutiérrez y Lourdes Arrieta.
La propuesta declara como objetivo la estabilización, el fortalecimiento y la reactivación de las MiPyMEs mediante medidas de alivio fiscal, financiero y administrativo destinadas a preservar la actividad productiva y el empleo.
Entre los principales puntos del proyecto figura la suspensión por un año de nuevos juicios de ejecución fiscal, embargos y otras medidas cautelares promovidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra empresas con certificado MiPyME vigente. Para acceder al beneficio, las firmas deberán mantener al menos el 90% de su plantel de personal durante la vigencia de la medida.
La iniciativa crea además un régimen excepcional de regularización de deudas tributarias, aduaneras y previsionales que contempla la condonación de multas y una reducción de hasta el 80% de los intereses para micro y pequeñas empresas. También prevé planes de pago de hasta 96 cuotas y períodos de gracia de seis meses.
Otro de los ejes es la reducción temporal de los anticipos del Impuesto a las Ganancias. Las micro y pequeñas empresas abonarían sólo el 25% de los anticipos previstos por la normativa general, mientras que las medianas pagarían el 50%. Asimismo, podrían computar el 100% del impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias.
El proyecto establece, además, un régimen de estabilidad fiscal por veinticuatro meses, durante los cuales no podrían crearse nuevos tributos nacionales ni incrementarse las alícuotas de los existentes para las MiPyMEs alcanzadas.
También incorpora medidas para favorecer la participación de las PyMEs en las compras públicas y como proveedoras de proyectos encuadrados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluyendo devolución acelerada de créditos fiscales, amortización acelerada de inversiones y reducciones en contribuciones patronales.
En materia financiera, se propone la creación de líneas especiales de crédito para inversión productiva y capital de trabajo con tasas bonificadas, períodos de gracia y respaldo del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR).
Las modificaciones a la Ley de Modernización Laboral se concentran especialmente en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por esa norma. El proyecto reduce los montos mínimos de inversión exigidos para acceder a los beneficios, amplía los mecanismos de amortización acelerada, flexibiliza el tratamiento de quebrantos impositivos y extiende de dos a cinco años el plazo de vigencia del régimen, con posibilidad de una prórroga adicional.
En los fundamentos, los autores sostienen que las MiPyMEs constituyen la principal fuente de empleo privado formal y advierten que muchas atraviesan dificultades derivadas de la presión fiscal, las restricciones de financiamiento y la caída de la actividad económica. Por ello, afirman que resulta necesario adoptar "medidas extraordinarias y transitorias" para preservar las capacidades productivas y evitar cierres de empresas.
A través de distintos decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó artículos centrales de la ley votada por el Congreso a fines de febrero.
A través de distintos decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó puntos clave de la Ley de Modernización Laboral, más conocida como Reforma Laboral.
Mediante el decreto 407/26, se incorporaron definiciones respecto a los cambios en convenios colectivos, sindicatos, registración laboral, plataformas digitales y servicios eventuales.
Entre los principales puntos, se establece que la Secretaría de Trabajo deberá convocar en un plazo de 30 días a la renegociación de los convenios colectivos de trabajo vencidos. También fija criterios para considerar alcanzados por esa situación a acuerdos que no cuenten con una fecha expresa de finalización.
La reglamentación dispone además que los aportes, contribuciones y retenciones previstos en convenios colectivos deberán computarse de manera global y adecuarse a los topes establecidos por la ley.
En materia sindical, incorpora nuevos requisitos para la obtención de la personería gremial, exige verificaciones de afiliados mediante registros estatales y determina que una organización deberá superar en al menos un 5% de afiliados cotizantes a otra entidad para desplazarla en un mismo ámbito de representación.
Por otra parte, el decreto designó a la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación del régimen de servicios privados de movilidad y reparto mediante plataformas tecnológicas, que compete al trabajo por aplicaciones.
En tanto, en el decreto 408/26, se reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral, creado para financiar el pago de indemnizaciones, cuyos fondos serán supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Mediante la medida se establecen las condiciones de funcionamiento del régimen, los mecanismos de recaudación de aportes y los procedimientos para el pago de las indemnizaciones a trabajadores registrados. El FAL estará únicamente dirigido al sector privado.
Además, el decreto estableció cómo se conformarán y administrarán estos fondos, a quiénes alcanzarán, cómo se canalizarán los aportes y cuáles serán los procedimientos para la declaración, inversión y utilización de los recursos. La norma determina que el FAL será dirigido a empleadores del sector privado, exceptuando las relaciones laborales expresamente excluidas por la ley y las del sector público.
De acuerdo al decreto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de la recaudación y derivación de las contribuciones, integrándolas al sistema de la seguridad social, mientras que se establece que el empleador deberá informar un identificador del fondo, denominado "ID FAL", para permitir la correcta asignación de los aportes.
Además, el texto también regula el procedimiento para el pago de indemnizaciones e indica que, una vez presentada la declaración correspondiente, la entidad administradora deberá transferir los montos al trabajador "dentro del plazo máximo de cinco días hábiles", a la vez que dispone que las inversiones de estos fondos deberán realizarse exclusivamente en "instrumentos financieros emitidos y negociados en la República Argentina".
Entre otros aspectos, se fija que los trabajadores deberán encontrarse debidamente registrados y con una antigüedad mínima de 12 meses en los registros laborales para acceder a la cobertura plena del sistema.
La entrada en vigencia del FAL fue prorrogada para el próximo 1ro. de noviembre.
A través del tercer decreto, el 409/26, se reglamentó el capítulo referido al Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), que prevé que los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado no registradas o deficientemente registradas, iniciadas hasta la fecha de promulgación de la referida ley.
La norma establece que los beneficios alcanzarán a obligaciones por aportes, contribuciones y cuotas de la seguridad social vencidas hasta el último día del mes en que se presente la solicitud de regularización. Asimismo, determina los efectos previstos en la Ley de Modernización Laboral, entre ellos la extinción de la acción penal en determinados casos, la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y la condonación parcial de deudas.
Según el decreto, la condonación de deuda será del 90% para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro, del 80% para medianas empresas tramo 1 y 2, y del 70% para el resto de los empleadores. Además, se dispuso una condonación del 100% para obligaciones vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, al Régimen de Riesgos del Trabajo y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.
La reglamentación también prevé que la deuda no condonada podrá cancelarse mediante pago al contado, con una reducción adicional del 50% sobre capital e intereses no alcanzados por el beneficio, o a través de un plan de facilidades que deberá implementar la ARCA.
Por otra parte, el período regularizado será computado como tiempo de servicio para acreditar requisitos vinculados a prestaciones jubilatorias, pensiones, retiros por invalidez y beneficios por desempleo.
La diputada oficialista participó de una jornada sobre PyMEs, donde ponderó la Ley de Modernización Laboral: “Es un conjunto de herramientas operativas a disposición”.
La diputada nacional Verónica Razzini (LLA) participó en la Universidad de UCEMA de una jornada sobre PyMEs, donde analizó los alcances de la Reforma Laboral y destacó que “ya no es gratis para un sindicato organizar un bloqueo”.
“Mi logro personal en la Modernización Laboral es la modificación de la Ley 7.802 y 23.756, que termina con la extorsión sindical paralizante. A partir de ahora, se marca como infracciones muy graves provocar u organizar la toma de establecimientos o el bloqueo de los accesos. Esto va a generar multas automáticas sumamente graves y empieza a poner un poco las cosas en su lugar. Es decir, que ahora ya no es gratis para un sindicato organizar un bloqueo. Sino que le vamos a tocar donde más les duele, que es el bolsillo”, resaltó.
En su disertación, la vicepresidente de la Comisión PyMEs consideró que “el destino de las PyMEs está nuevamente en nuestras manos. La Modernización Laboral ya no es un proyecto de ley, es un conjunto de herramientas operativas a disposición. Es hora de dejar de administrar burocracia y volver a liderar nuestras empresas para generar empleo”.
Además, la legisladora santafesina expresó: “Necesitamos más PyMEs en la política y la política necesita entender cómo es la dinámica de las empresas argentinas para se pueda pensar de otra manera lo que nosotros vivimos a diario”.
La jornada “Reforma Laboral 2.0: Seguir reformando o cerrar” estuvo organizada por la Unión Nacional de Emprendedores, PyMEs y Productores (UNEPP), y contó además con la participación de José Ojeda, especialista en marketing; Miguel Jacobawsky, empresario PyME; y el abogado Juan Pablo Chiesa.
La UNEPP está conformada por más de 4.000 emprendedores, PyMEs y productores, y se ha consolidado como una plataforma que aboga por un marco regulatorio flexible en lo laboral, sindical y tributario, adaptado a las necesidades del sector productivo.
En una conferencia de prensa en la que estuvo escoltado por dos ministros, el jefe de Gabinete habló de las leyes sobre universidades, glaciares y reforma laboral.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no respondió preguntas sobre su situación personal en la conferencia de prensa que brindó este viernes desde Casa Rosada, antes de la reunión de Gabinete.
Escoltado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), el funcionario se limitó a dar anuncios y repetirle a los periodistas que hicieran preguntas relacionadas a los temas a los que se habían referido los ministros.
En cuanto a su intervención, Adorni destacó fallos judiciales favorables al Gobierno en relación a las leyes de Financiamiento Universitario, Glaciares y Modernización Laboral. Justo sobre este último se conocía en ese momento la decisión de la Justicia de dejar sin efecto la cautelar que había presentado la CGT.
A tal medida, Adorni la calificó como "una gran noticia para los trabajadores y los que generan trabajo en el país. La Justicia acaba de dejar sin efecto la cautelar interpuesta por la CGT que suspendía la Ley de Modernización Laboral. De esta manera, la ley votada por el Congreso finalmente va a entrar en vigencia".
Sobre universidades, el jefe de Gabinete mencionó que respecto a la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, "la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario federal interpuesto por el Poder Ejecutivo. Esta decisión implica que seguirá suspendida la medida cautelar hasta tanto se expida la Corte Suprema".
"La aplicación de la ley nació suspendida en su ejecución, en virtud de lo que establece la Ley 24.629, hasta que los responsables de su sanción determinen, en el Congreso de la Nación, la fuente de su financiamiento", insistió sobre la postura del Gobierno.
Adorni señaló que "su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos" y "esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal, porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión".
"El Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones", defendió y afirmó que "en el Presupuesto 2026 la partida destinada a universidades creció y pasó a 4,8 billones de pesos".
También definió como "falsa" la denuncia de la UBA respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios: "El Gobierno nacional transfirió mensualmente la totalidad de los créditos asignados en el Presupuesto 2026".
"La UBA reclama una partida adicional de 75.371 millones de pesos, que equivale al 94,5% del total del presupuesto destinado a los hospitales universitarios de todo el país. Es decir, una sola universidad pretende apropiarse el presupuesto", añadió.
Por otra parte, el ministro coordinador resaltó que "la Justicia ha revocado un amparo presentado por distintas organizaciones en la provincia de Santa Cruz que frenaba la implementación" de la nueva Ley de Glaciares.
"Esta reforma le devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio de sus recursos, y queda bajo tarea de ellas la tarea de identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista", ponderó.
Según el jefe de Gabinete, la nueva norma generará "más de 200 mil puestos de trabajo" y "exportaciones por más de 20 mil millones de dólares anuales", algo que "nos convertiría una potencia mundial en minería". "No vamos a ceder ante fuerzas extranjeras metiéndose en nuestro país para decidir el futuro de los argentinos", cargó contra organizaciones ambientalistas.
El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dictó que la causa continúe el tramite en ese mismo fuero. La central obrera buscará que el trámite se continúe dilatando.
A dos meses de su sanción, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió este martes que la presentación judicial de inconstitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) continué su curso en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo.
La continuidad en el fuero había sido pedida por el Gobierno nacional y el fallo tuvo las firmas de los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Duffy, magistrados de la Sala IV. Cabe recordar que el pedido de inconstitucionalidad de la Reforma Laboral se dio a los pocos días de la sanción definitiva en el Senado.
Sobre la cuestión judicial, el conflicto se originó cuando el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 declaró competencia para intervenir en la causa. Sin embargo, el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 rechazó ese criterio y ratificó las actuaciones a la Cámara del Trabajo.
En ese contexto, la Cámara Nacional de Apelaciones dictaminó que el expediente debe continuar en el fuero contencioso administrativo federal, de acuerdo con lo establecido en la Ley 26.854 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el fallo, señalaron que la intromisión del fuero laboral generó que “un conflicto innecesario” que perjudicó la celeridad del proceso.
Así las cosas, los camaristas consideraron que el caso involucra aspectos federales que exceden el ámbito del derecho laboral, entre ellos la validez de una ley sancionada por el Poder Legislativo y la organización de la competencia judicial, lo que justifica la intervención del fuero contencioso administrativo.
La novedad es mirada con malos ojos por la central obrera debido a que, según su entendimiento, el fuero contencioso se encamina a convalidar la vigencia de la Ley de Modernización Laboral. De todas maneras, en la CGT son optimistas de que el proceso judicial continúe retrasándose hasta llegar al máximo tribunal de justicia.
El juez Raúl Ojeda había suspendido 82 artículos del nuevo régimen laboral la semana pasada. El artículo 55 había sufrido varios fallos en su contra.
Después de varios fallos en contra del nuevo cálculo de créditos laborales de la Ley de Modernización Laboral, el juez Raúl Ojeda, a cargo del Juzgado del Trabajo N° 63, repuso el artículo 55 que establece que los intereses de indemnizaciones se calcularán con la aplicación de la tasa pasiva del Banco Central (BCRA) como base, pero con un techo máximo equivalente al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) + el 3% anual, con el objetivo de actualizar las indemnizaciones.
“Un nuevo análisis de la cuestión me lleva a revocar por contrario imperio la medida adoptada en forma cautelar y reiterar que el análisis de fondo se difiere para el momento de la sentencia definitiva”, alegó el magistrado en este dictamen judicial. Cabe recordar que hubo más de seis fallos adversos sobre este tema dentro de la nueva ley desde su publicación en el Boletín Oficial.
A partir del nuevo régimen laboral, esta nueva fórmula define el límite máximo legal para los cálculos de créditos laborales en proceso judicial y busca evitar la capitalización excesiva de intereses, que permitía actualizaciones periódicas al monto a pagar por un empleador.
La disposición busca dar mayor previsibilidad a las empresas respecto del costo final de los juicios laborales y, al mismo tiempo, saldar deudas acumuladas. La medida responde a los reclamos del sector privado, que advertía que las tasas de interés judicial vigentes volvían los montos “impagables”, generando una carga financiera difícil de afrontar.
El juez Ojeda, quien días atrás había suspendido 82 artículos de la Ley de Modernización Laboral, reveló que un estudio de la Red Académica de Jueces del Trabajo de la República Argentina consideró que la anterior medida -que él tomó- “perjudicaba a los trabajadores”, ya que existen varias provincias en las que “la doctrina legal establece sistemas de actualización de deuda con impacto menor” que el establecido en la nueva ley.
El nuevo régimen laboral modificaba el capítulo de Conflictos Colectivos de Trabajo e imponía una cobertura de servicios mínimos del 75% en jornadas de huelga.
La Ley de Modernización Laboral volvió a sufrir este miércoles un nuevo fallo adverso: la Justicia resolvió suspender la declaración de esencialidad de la educación establecido en el artículo 101 inciso a. La presentación había sido enviada por la Unión Docentes Argentinos (UDA) a pocos días de sancionarse la normativa en el Senado a finales de febrero pasado.
El fallo alcanzó a los cuerpos docentes de todo el territorio argentino y deja sin efecto, de manera provisoria, a la modificación del capítulo llamado Conflictos Colectivos de Trabajo que imponía una cobertura de servicios mínimos del 75% en jornadas de huelga. El nuevo régimen laboral abordaba a la educación de niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y especial.
Desde el gremio que conduce Sergio Romero, dirigente de la CGT, señalaron que “esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo, y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”. A su vez, se mostraron conformes con el fallo judicial.
A partir de la resolución judicial, los docentes gozarán plenamente del derecho a huelga sin restricciones y no están obligados a sostener los niveles mínimos de actividad durante las jornadas de medida de fuerza. La UDA celebró el dictamen cautelar y consideró que protegió “derechos históricos” del sector.
De todos modos, el fallo es cautelar, pero no definitivo debido a que la discusión sobre la constitucionalidad de la norma sigue su curso en el ámbito judicial. Este fallo se suma a los que declararon la nulidad del nuevo método de cálculo de indemnizaciones y al que suspendió 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral, planteada por la CGT.
La entidad fabril expresó su “preocupación” por las cautelares que suspendieron la nueva Ley de Modernización Laboral y pidió respetar la norma aprobada por el Congreso. Advirtió que la incertidumbre regulatoria afecta la inversión y el empleo.
La Unión Industrial Argentina (UIA) salió a cuestionar los fallos judiciales que frenaron la aplicación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, aprobada recientemente por el Congreso. A través de un comunicado, la central fabril manifestó su “preocupación” por la suspensión cautelar de 82 artículos de la norma y reclamó que se respete la división de poderes.
“La UIA expresa su preocupación ante la suspensión cautelar de 82 artículos de la Ley N.º 27.802, una norma sancionada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación, en pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Legislativo”, sostuvo la entidad.
Los industriales subrayaron que el respeto por las leyes votadas democráticamente constituye un “pilar esencial” para la seguridad jurídica y para el funcionamiento de la economía. En esa línea, remarcaron que las medidas que bloquean la entrada en vigencia de una legislación deberían ser “el último recurso” del sistema judicial, y no el primero, como —según señalaron— ocurrió en este caso.
“La Argentina necesita reglas claras, previsibles y estables que promuevan la inversión, el empleo formal y la competitividad”, enfatizó la UIA. También advirtió que la persistencia de la “incertidumbre normativa” deteriora el clima de negocios y retrasa decisiones productivas que el sector considera estratégicas.
Para la organización, la plena vigencia de marcos regulatorios que apunten a modernizar las relaciones laborales es clave para impulsar el desarrollo económico. Por eso, concluyó el comunicado, resulta fundamental que se garantice la aplicación de la ley aprobada por el Congreso.
Se trata del artículo 55 de la Modernización Laboral, el cual establece una nueva fórmula para el cálculo del monto de las indemnizaciones y que, según la ley sancionada el 27 de febrero, también aplicaba a los juicios en trámite y pendientes de sentencia definitiva. El repaso de las anteriores declaraciones de "inconstitucionalidad".
A tan solo dos semanas de su promulgación, el articulo 55 de la Ley de Modernización sumó una nueva declaración de “inconstitucionalidad” por parte de la Justicia. En este caso, el Tribunal del Trabajo Nº 2 de La Plata falló en contra del nuevo marco normativo sobre la fórmula de actualización de las indemnizaciones por despido.
Desde el 6 de marzo pasado, fecha en la que el Poder Ejecutivo Nacional publicó la nueva norma en el Boletín Oficial, la Ley 27.802 sufrió cinco fallos judiciales que declararon “nulo de nulidad absoluta e inconstitucional” al artículo 55: el primero fue el del juez Ricardo Giletta en Córdoba; luego, el fallo del Tribunal del Trabajo N°3, también de La Plata; en tercer lugar, la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; y el cuarto fue el del Juzgado Laboral N° 3 de Concordia.
Las dos variables que los magistrados rechazaron en los diferentes fallos fue respecto al artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, el cual llevaba el nuevo cálculo a “los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva”. En las diferentes sentencias se mantuvo el marco legislativo anterior a la Ley 27.802 y se presume que puedan sumarse nuevas declaraciones de “inconstitucionalidad” contra ese artículo.
En los cinco casos, los magistrados invalidaron la aplicación de intereses “insuficientes” a juicios previos a la sanción de la ley, el pasado 27 de febrero en el Senado. También, coincidieron en que los créditos laborales (indemnizaciones) con tasas bajas “violan la igualdad y la propiedad” frente a la inflación.
Sobre este quinto fallo contra el 55 de la Reforma, el juez a cargo del Tribunal del Trabajo N° 2 de La Plata consideró que “la tasa de interés determinada por el nuevo marco legislativo es un “50% inferior al que la Corte Suprema fijó en forma invariable durante las últimas cuatro décadas en juicios de distinta naturaleza”.
A su vez, agregó que la fórmula fijada en el 55 de la Ley de Modernización Laboral “es contrario al principio protectorio en desmedro de los trabajadores por fijar una tasa de interés más baja que la rige para los restantes habitantes del país”.
La Ley de Modernización Laboral, puesta en vigencia desde el viernes 6 de marzo, fue sancionada en el Senado el pasado viernes 27 de febrero, luego de haberse aprobado en la Cámara de Diputados con modificaciones a la primera media sanción.
El Tribunal del Trabajo 3 de La Plata declaró inconstitucional el artículo 55 de la Reforma Laboral. Es la segunda sentencia en una semana. Se trata de los cambios en la composición del cálculo a las indemnizaciones.
Después del fallo del juez cordobés Ricardo Giletta, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral. Es el segundo revés judicial contra la reforma, puntualmente, contra la composición del cálculo del pago de indemnizaciones.
Para el magistrado, el artículo 55 de la ley sancionada el 27 de febrero pasado viola el contenido de los 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional. El fallo, al igual que el de Córdoba, fue en el marco del pago 12.800.000 millones en concepto de indemnización calculados sobre la base del marco normativo anterior.
En el fallo, los jueces consideraron que para calcular la indemnización del empleado la nueva legislación podía generar una actualización insuficiente de los créditos laborales frente al IPC (Índice de Precios al Consumidor) e implicaría una “vulneración” de derechos constitucionales. También señalaron que aplicar tasas que no compensen adecuadamente la pérdida del valor del dinero por inflación puede reducir de manera irrazonable el monto real de las indemnizaciones laborales.
La semana pasada, la Ley de Modernización ya había sufrido un revés judicial en este artículo: el juez laboral Giletta declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 en una causa por despidos laboral arbitrario y el pago de la correspondiente indemnización. Cabe recordar que el artículo en cuestion establece cómo se actualizan las deudas en juicios laborales en curso, usando intereses del Banco Central (BCRA), pero con un límite máximo de inflación + 3% anual y un mínimo del 67% de ese cálculo.
Se trata del artículo 55 declarado inconstitucional en la sentencia del juez federal Ricardo Gileta. En el fallo, mantiene vigente el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre la composición de créditos laborales.
Luego de la presentación de acciones de amparo contra el nuevo marco normativo, el juez federal Ricardo Agustín Giletta, a cargo de la Cámara del Trabajo dictó un fallo que consideró “inconstitucional” el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral. Se trata de la modificación a la actualización de los créditos laborales en procesos judiciales iniciados previamente a la sanción de la nueva ley.
El artículo en cuestión limitaba los intereses de mora de los pagos de juicios laborales con un máximo de IPC y fijaba el 3% anual e imponía el mínimo del 67% del cálculo. Para el magistrado esta norma propone una reducción del 20 al 60% respecto a lo que un trabajador debería cobrar en casos de despidos arbitrarios. Cabe aclarar que la sentencia fue sobre un fallo laboral del pasado 10 de marzo.
De esta manera, el juez Gileta mantuvo el cálculo del pago de un crédito laboral que establece la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 276. En esa línea, sostuvo que el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral introdujo un “criterio distinto” para las causas que ya estaban en trámite antes de la sanción de la norma.
El marco normativo vigente fija que las deudas se actualicen tomando como referencia la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA), comparada con la inflación, con un piso equivalente al 67% del cálculo que establece el artículo 276 de la legislación laboral vigente.
En el final, el juez determinó que el tratamiento diferenciado entre juicios nuevos y procesos iniciados previamente “viola el principio de igualdad ante la ley”, por lo que dictaminó que los créditos laborales del caso se actualicen bajo el criterio del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por último, la sentencia de Gileta señaló que los créditos laborales “tienen un carácter alimentario y están especialmente protegidos por el derecho del trabajo”, o sea que cualquier mecanismo que reduzca de manera significativa su valor frente a la inflación puede afectar el principio de reparación plena y el principio protectorio consagrado en la Constitución.
Encabezado por Carlos Quintriqueo, titular de las entidades, los sindicatos ATE y CTA señalaron que la ley promulgada el viernes pasado “reproduce en gran medida el Título IV del DNU 70/2023”.
En la provincia de Neuquén, ATE y CTA-T presentaron este lunes una acción de amparo para impugnar la Ley de Modernización Laboral promulgada el viernes pasado. Denunciaron ante el Juzgado Federal que el contenido de la norma “reproduce en gran medida el Título IV del DNU 70/2023”, el cual ya fue declarado inconstitucional.
Los principales ejes que las organizaciones de trabajadores estatales neuquinas plantearon a través de Carlos Quintriqueo en su carácter de secretario general de ambas entidades, fueron por la “violación” del principio de progresividad y no regresividad; la “afectación” de la libertad sindical y el derecho a huelga; el “fraude laboral” en plataformas digitales; “ataque” a la negociación colectiva; la reducción en las indemnizaciones y el pago en cuotas; el “desvío de fondos” de la seguridad social; y la derogación de estatutos protectores, entre otros puntos.
Los demandantes solicitaron una medida cautelar que suspenda de inmediato la aplicación de la Ley 27.802 por considerar que su puesta en vigencia produce “daños irreparables”. Y enfatizaron que este marco normativo genera “trabajadores despedidos con indemnizaciones reducidas, sentencias impagas en cuotas, desfinanciamiento del sistema previsional y restricción de derechos sindicales en pleno proceso electoral gremial”.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) invocaron el artículo 43 de la Constitución Nacional y a la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551) para facultar la acción de amparo en virtud de la “defensa de los intereses colectivos” de los trabajadores.
Quintriqueo es el titular de ATE y la CTA Neuquén. En octubre del año pasado se presentó como candidato a senador nacional por el frente Más por Neuquén y alcanzó el cuarto lugar por detrás de Fuerza Patria con el 8,01% de los votos.
Por otro lado, la Ley de Modernización Laboral sumó un nuevo pedido de impugnación luego del presentado por la CGT el viernes pasado. Desde la central obrera pidieron por la nulidad absoluta del Traspaso de la justicia laboral al fuero de la Ciudad de Buenos Aires, establecido en los artículos 90 y 91 del nuevo marco normativo.
Anunciada en la movilización del lunes frente al Palacio de Tribunales, la central obrera presentó la acción de amparo en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7. El objeto es la nulidad y declaración de inconstitucionalidad de los artículos 90 y 91 de la promulgada Ley de Modernización Laboral.
Después de que el Gobierno nacional promulgue el nuevo marco normativo este viernes en el Boletín Oficial, la CGT presentó una acción de amparo contra la Ley de Modernización Laboral. Fue en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo de Enrique Lavié Pico.
La acción de amparo promovida por la CGT lleva la firma de sus tres titulares, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, y está dirigida contra el Estado nacional. Entre varios pedidos de inconstitucionalidad, la central obrera pide la nulidad e inconstitucionalidad del traspaso de la Justicia Laboral al fuero de la Ciudad de Buenos Aires.
Se trata de los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral, mediante los cuales se aprobaron el Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral al ámbito del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la Confederación General del Trabajo aluden que este esquema es el primer paso para dar fin a la Justicia Nacional del Trabajo.
En ese punto, los letrados de la CGT redactaron que “la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo, incurre en grave arbitrariedad, a la par que resulta en varios aspectos irrazonable, vicios ambos -arbitrariedad e irrazonabilidad de las normas- que constituyen causales de invalidez constitucional según la repetida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
La CGT denuncia que el Traspaso, además, dispone “el cierre” de treinta de los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, así como “la supresión de la competencia” de la Justicia Nacional del Trabajo para todas las nuevas futuras causas que se inicien luego de concretarse dicho Traspaso.
Según constató parlamentario.com, la acción de amparo fue presentada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7 por una cuestión meramente de competencia jurídica. Si la demanda iba a la Justicia del Trabajo, los jueces podrían haberse excusado de resolución debido a la lógica que no les permite intervenir en una legislación que propone la desactivación del fuero laboral.
La presentación del amparo fue anunciada en la movilización que encabezó la CGT el lunes frente al Palacio de Tribunales, donde hicieron hincapié en el carácter de “inconstitucional” de la reforma. Denunciaron, además, que este nuevo marco regulatorio atenta contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional respecto a la protección de los despidos arbitrarios, el derecho a huelga y la seguridad social.
La norma recientemente sancionada en el Congreso fue publicada este viernes en el Boletín Oficial. Días atrás, la CGT reclamó por su "inconstitucionalidad" ante la Justicia.
El Poder Ejecutivo promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral (27.802), sancionada el pasado 27 de febrero en el Senado, siendo el proyecto más relevante del temario de sesiones extraordinarias y la reforma en materia laboral más importante en los últimos años.
El texto de la norma se publicó en el Boletín Oficial junto al decreto 137/2026, que ordena la promulgación, firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien tiene bajo su órbita a la Secretaría de Trabajo.
El proyecto fue enviado al Congreso el 11 de diciembre, mientras que el 12 de febrero se aprobó en la Cámara alta por 42 votos a favor y 30 en contra. En tanto, en Diputados salió el 20 de febrero por 135 votos positivos y 115 negativos. Finalmente, el 27 de febrero el Senado le dio sanción definitiva por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.
La iniciativa fue devuelta por la Cámara baja a la de origen luego de la eliminación del famoso "artículo 44" que buscaba modificar el actual artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto del salario que perciben los trabajadores con licencia por enfermedad.
La ley de 218 artículos introduce cambios profundos a la Ley de Contrato de Trabajo (20.744); modificaciones al régimen agrario y de trabajadoras domésticas; creación de un régimen para trabajadores de plataformas; cambios en los convenios colectivos; creación de un fondo para indemnizaciones (Fondo de Asistencia Laboral); creación de regímenes impositivos; derogación de distintos estatutos; y la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero laboral de la Ciudad, entre otros puntos.
El pasado lunes, la Confederación General del Trabajo se presentó ante la Justicia para reclamar que se declare la "inconstitucionalidad" de la reforma, por implicar "una afectación grave de derechos colectivos e individuales" de los trabajadores.
La norma fue sancionada por La Libertad Avanza junto al respaldo de la UCR, el Pro y bloques provinciales que responden a gobernadores aliados a Casa Rosada, entre ellos algunos peronistas.
Puntos principales de la ley
La Libertad Avanza busca coronar el período extraordinario con la sanción definitiva de la Ley de Modernización Laboral. Se estaría votando cerca de la medianoche.
Foto: Comunicación Senado
En la última sesión del período extraordinario, el Senado sancionó el Régimen Penal Juvenil por 44 votos a favor, 27 en contra y la abstención de la cordobesa Alejandra Vigo. Después de siete horas desde el comienzo, el Cuerpo se aboca a la discusión de la Ley de Modernización Laboral que se estima se esté votando pasada la medianoche, a pesar de tratarse de un proyecto que vuelve con modificaciones, y que se esperaba fuera un debate breve.
En su calidad de cámara de origen, el Senado debate los cambios que la Cámara de Diputados introdujo a la Reforma Laboral: el jueves 19 de febrero, La Libertad Avanza aceptó la eliminación del artículo 44 que introducía cambios en el régimen de licencias por enfermedad.
La Cámara alta había aprobado la media sanción durante la madrugada del jueves 12 de febrero, pero rápidamente los aliados del Gobierno nacional salieron a manifestarse en contra del artículo en cuestión.
De todas maneras, el oficialismo movió las fichas para tener la ley sancionada esta noche -primero el Poder Ejecutivo debió extender un día el período extraordinario-, en la antesala de una nueva apertura de sesiones ordinarias que tendrá al presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa este domingo 1ero. de marzo.
Justo antes de comenzar el nuevo debate sobre la ley de Modernización Laboral, el senador peronista Mariano Recalde presentó una moción para que el proyecto volviera a comisión, invocando el Acuerdo Comercial Mercosur – UE, que en uno de sus puntos establece que ninguna de las partes deberá debilitar eslabones de la producción para tomar ventajas. La moción fue rechazada por 43 votos contra 29, tras lo cual arrancó finalmente el debate.
Le correspondió al chaqueño Juan Cruz Godoy oficiar de miembro informante, y arrancó saliendo al cruce de la preocupación expresada respecto del supuesto debilitamiento de los derechos de los trabajadores, aclarando que “continúan los derechos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo”. Dijo que entre otras cosas, se mantienen las indemnizaciones; se facilita la registración de los empleados de manera formal; se mantiene la obligatoriedad de registración, pero se agiliza el sistema y es más económico.
“Se crea el FAL (Fondo de Asistencia Laboral) como herramienta para dar certeza a empleadores y empleados. Se establece también cuáles son los servicios esenciales y los considerados de importancia trascendental para establecer una prestación mínima e irreductible”, señaló, apuntando luego que “reconocemos que en nuestro país más del 70% del trabajo es gracias a las PyMEs, por eso es importante el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones) para que se genere más producción y empleo”.
Sobre el final de su exposición, Godoy aclaró que “eventualmente tendremos que volver a discutir esta temática”, en función de los avances de la tecnología, ya con la llegada de la Inteligencia Artificial y la robótica. “Probablemente dentro de 5 o 10 años tendremos que discutir nuevamente una ley laboral”, estimó.
A continuación, el senador Recalde recordó que hace pocas semanas trataron esa misma ley que tenía 219 artículos y hoy vuelve con 218. “Nuestro bloque va a seguir rechazando el contenido de la ley”, adelantó por si quedaba alguna duda. Luego habló de “un modus operandi del Gobierno en materia de leyes”, y lo explicó: “Primero manda leyes ómnibus, que tratan distintos temas. En esta ley, que tiene 26 títulos, se modifican 28 leyes y se derogan 11 leyes. Una ley gigante, monstruosa -aparte por el contenido-. No solo es una ley que abarca muchísimos temas y demás, la tratan de manera exprés. No hubo escucha, no aceptaron ninguna modificación, y un agregado que está siendo una constante en todas las leyes: aparecen modificaciones de último momento, que encima venden como concesiones”.
Recordó que fueron modificados 57 artículos de los 219 originales, y cuestionó que de las modificaciones no tuvieron en cuenta ninguna de las que pidió el bloque que representa la primera minoría. “Pero sí aparecieron cosas horrorosas, como la ampliación del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, que son las exclusiones y sacan de las leyes laborales al personal de embarcados, sin ninguna explicación, y emitieron una modificación que pasó inadvertida, en el artículo 31, para liberar de responsabilidad a más empresas solidarias. No es un problema, según este proyecto de ley, que hayan incurrido en conducción temeraria”.
“Pero además, otra constante de todas estas leyes y que conspira contra la seguridad jurídica: es un trámite irregular”, aseguró Recalde, que habló de “violación de reglamentos”, y de “votos de legisladores que se supone que representan otros intereses, votando del otro lado”. Y sentenció: “Pasó con la ley Banelco, pasó con la Ley Bases. Compran a los que son de otros bloques… Hoy no sabemos qué otras cosas en la negociación de los votos. Todas estas cosas se haccn cuando una ley va en contra del pueblo. Cuando es a favor del pueblo, no se necesita votarla entre gallos y medianoche”.
Recalde advirtió que “seguramente esto va a generar más litigiosidad, sino muchas dudas de los inversores. Esta es una ley que desprotege desde donde se la mire (…) Una ley que empieza excluir de la Ley de Contrato de Trabajo a cada vez más actividades y sujetos. Que va directamente en contra de una disposición constitucional, el artículo 14 bis, que es el que establece que la ley le debe garantizar al trabajador jornada limitada”.
Por otra parte, Mariano Recalde consideró al FAL como “lo más grave y escandaloso”. Incluso advirtió que quienes armaron la ley “dicen que el escándalo de las licencias lo instalaron ellos para esconder y que no se discuta el FAL”, al que calificó como “un curro fenomenal. Porque no solamente subsidia despidos”.
Comparó al FAL con las AFJP, e insistió en calificarlo como “un curro fenomenal con la plata de los jubilados. Ahora no para pagar jubilaciones, sino para subsidiar empresas que despidan. Es estatizar otra vez deuda privada. La deuda que tiene un empresario con un privado, que es el trabajador, es estatizada. El que despide, nos hacemos cargo todos, con la plata de los jubilados...”. En ese sentido advirtió que propondrán la creación de una bicameral de seguimiento de los fondos de los jubilados. “Si se crea, vamos a investigar qué hacen con la plata de las jubilaciones. Y donde toquen un peso los vamos a meter presos”.
Tras él, su par rionegrina Ana Inés Marks abonó la hipótesis de que al artículo 44 “lo metieron para proteger la madre de todos los negocios: el FAL”, al que llamó “FAT, Fondo de Asistencia a la Timba”, y concluyó: “Un curro con la plata de los jubilados”.
Brevemente, la senadora pampeana Victoria Huala recordó que “no es un capricho pedir la eliminación de la cuota sindical”. Luego, señaló que “el trabajo de los gremios es representar al trabajador de verdad, pero conozco casos en los que se juntan a colgar carteles cuando no hay un gobierno kirchnerista en el Poder Ejecutivo Nacional”.
En relación a la Ley de Modernización Laboral, la pampeana cargó que “apoyar esta ley no es apoyar a las grandes empresas o a 'patrones malos', como algunos nos quieren hacer creer”. “Apoyar esta reforma laboral es apoyar a las pymes y al empleo real”, cerró.
A su turno, el senador Jorge Capitanich recordó los cuestionamientos del bloque Justicialista al texto oficial. “Primero, la afectación de los derechos del trabajador; segundo, afectación de los derechos colectivos; tercero, un régimen desde el punto de vista de reorganización laboral, y también integra el Fondo de Asistencia Laboral como incentivo a los despidos. También la nueva organización de la justicia de Trabajo y por último una reforma tributaria encubierta”, enumeró.
Entre las propuestas de su bancada, señaló: “¿Por qué existe un Fondo de Asistencia Laboral, que primero era 3% en forma lineal para todas las empresas, sin la diferenciación tipológica de las mismas, y ahora se planteó una diferenciación entre 1 a 2,5%, se trate de grandes empresas o de micro, pequeñas y medias empresas. Y en ese contexto, puede incrementarse a 1,5 o 3%. Lo que nosotros proponíamos era por qué no hacer directamente el ataque desde el punto de vista del régimen de incentivos a las micro empresas, que equivalen a 359 mil en la Argentina, porque efectivamente si poníamos la eliminación de las contribuciones patronales, implicaba que casi el 50% del costo total del costo laboral baja al 20%, que se subordina a los aportes personales. Tiene sentido porque el 77% del empleo informal se incuba en las microempresas. Se puede extender inclusive a medianas empresas y ese régimen puede implicar a cerca de 459 mil empresas”.
Ya en el turno de los cierres, el senador Fernando Salino habló de la “violación de las formas” que para su bancada se dio en el tratamiento de ese proyecto, recordando cuando se pidió el tratamiento de “un proyecto que no estaba en la Cámara de Senadores”, en alusión a cuando se convocó a un plenario para tratar la modificación de Diputados sin que se hubiera aprobado todavía.
“Otra confusión es cuando se dice: ‘Este debate ya se hizo’, siendo que lo único que vale es el tiempo que transcurre en el Senado de la Nación. No podemos computar el tiempo de debate en la opinión pública”, apuntó.
NOTICIA EN DESARROLLO
Karina Maureira fue víctima de un hostigamiento digital agravado por amenazas tras haber votado a favor de la Ley de Modernización Laboral. Las fuerzas de seguridad neuquina demoraron a un masculino tras un allanamiento en la capital de la provincia.
Foto: HCDN
Karina Maureira es diputada nacional por La Neuquinidad, espacio que responde al gobernador Rolando Figueroa. Asumió en diciembre pasado y se hizo conocida por romper en llanto en el recinto antes de anticipar su voto a favor de la Ley de Modernización Laboral el jueves pasado. A partir de esa situación, el recorte audiovisual rápidamente se hizo viral en redes sociales.
Sin embargo, el sinfín de interacciones virtuales vino aparejado a una serie de amenazas de muerte contra la legisladora neuquina, quien de inmediato presentó la denuncia a través de un correo electrónico ante la fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos, a cargo de Diego Azcárate. Una vez ingresada, intervino el Ministerio Público Fiscal.
Según informó LM Neuquén, los agravios y amenazas contra Karina Maureira comenzaron durante la noche del jueves 19 de febrero, mientras la Reforma Laboral aún se debatía en el recinto de la Cámara baja. La sesión extraordinaria culminó el viernes 20 por la madrugada y a las pocas horas, la diputada nacional presentó la denuncia penal.
Este domingo a primera horas de la mañana, la Policía Neuquina allanó un domicilio en el barrio San Lorenzo en la capital provincial a pedido del fiscal Azcárate y autorizado por los juez de garantías Marco Lupica Cristo. Terminado el operativo, se informó la detención de un masculino, quien quedó en libertad, pero fue notificado de la imposibilidad de contacto virtual o presencial con Maureira.
Desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia patagónica dejaron trascender que las amenazas vertidas por este masculino contra Karina Maureira fueron a través de la red social Facebook. A su vez, fue secuestrado un dispositivo móvil y la investigación por parte de la justicia continúa en proceso.
Se trata de Pablo Outes, integrante de Innovación Federal, quien cuestionó que los anteriores gobiernos “hace muchas décadas nos dejaron sin industrias, sin rutas y sin universidades”. De todos modos, aclaró: “No soy mileista”.
Apuntado por los integrantes de Unión por la Patria, boleta por la que accedió a su banca en 2023, el diputado salteño Pablo Outes se manifestó a favor de la Ley de Modernización Laboral. Lejos de esquivar las críticas de la bancada peronista, explicó que los anteriores gobiernos “hace muchas décadas nos dejaron sin industrias, sin rutas y sin universidades”.
El integrante de Innovación Federal responde al gobernador Gustavo Sáenz junto a Bernardo Biella y Yolanda Vega, quienes fueron claves para habilitar el quórum en la sesión de este jueves. De todas maneras, Outes reiteró: “No soy mileista, pero tengo el concepto de que la justicia debe ser para todos y muchos (señalando hacia donde estaban los de UP que gritaban y interrumpían) no conocen el interior”.
Sentado tres bancas a la izquierda del flanco derecho del hemiciclo, donde se sitúan los integrantes de La Libertad Avanza, Pablo Outes reveló que “la legislación actual no llega a nuestras empresas”, y relató que “los dueños de las empresas trabajan con sus empleados en pequeños talleres o como pequeños profesionales”. “La ley actual no tuvo en cuenta a nuestras empresas, las provincias del interior hemos quedadas postergadas”, reiteró.
“hace muchas décadas nos dejaron sin industrias, sin rutas y sin universidades porque en el interior la democracia llega más tarde”, aseveró el salteño mientras en UP crecía el repudio contra el legislador saencista. Luego, afirmó que “el modelo de reforma sirve para las pequeñas empresas del interior porque tenemos un 50% de trabajadores informales que no conocen la jubilación y no han tenido acceso a una obra social”.
Los integrantes del bloque kirchnerista seguían interrumpiendo cuando Outes mencionó que el marco normativo laboral vigente tiene “50 años y la realidad del mundo cambió como la realidad de la Argentina también cambió”. “Considero imprescindible ver al mundo”, auguró.
En el cierre, Pablo Outes, integrante de Innovación Federal, consideró que “este modelo de Reforma Laboral sí le va a llegar a los salteños” porque “en una Nación es fundamental la planificación”, agregó. Anunció que va a votar a favor del proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional, pero advirtió que “el modelo de Milei está fracasando porque para crecer necesitamos infraestructura, energía y universidades”.
La diputada Vanesa Siley apuntó contra los integrantes de Independencia y Elijo Catamarca que dieron quórum. “Esos son los chorros que te gustan a vos”, le dijo a una integrante de La Libertad Avanza.
Foto: HCDN
Luego de que el oficialismo presentara el dictamen de mayoría, llegó el turno de Unión por la Patria, quienes en la plenaria del miércoles presentó un despacho alternativo avalados por la firma de 29 vocales. La primera parte fue presentada por Sergio Palazzo, secretario general de Asociación Bancaria, y por Vanesa Siley, del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (SiTraJu).
Lejos de coincidir con el espíritu del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, el diputado sindical consideró que esta Ley de Modernización Laboral es “la regresión más brutal en la historia de los derechos de los trabajadores”. Antes, había señalado que dentro de los 26 títulos y 213 artículos “no hay una sola línea que beneficie a los trabajadores, pero sí beneficios para los empresarios”.
Entre los puntos que el bancario considera negativos de este texto, enumeró los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, en la de Convenios Colectivos, la de Asociaciones Sindicales y llamó “antirreglamentario” a “meter por la ventana” el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otro punto que rechazó Palazzo fue el “banco de horas” al que explicó que tiene como finalidad normalizar la jornada laboral de 12 horas. Luego, sostuvo que “es inaplicable porque la relación de poder es favorable al capital”, y agregó que “desorganiza la vida familiar”, al hablar de potenciales situaciones en las que el trabajador verá afectada su organización semanal.
Se tomó un momento también dirigirse al bloque de la Unión Cívica Radical que preside la mendocina Pamela Verasay y sumó: “Han avanzado sobre el derecho de huelga y le pido a los radicales que no pisen la memoria de Crisólogo Larralde que puso el 14 bis”. Esto fue en alusión al histórico dirigente radical quien impulsó la incorporación de ese artículo en la reforma constitucional del 1957.
La última crítica que le endilgó al proyecto de ley de Modernización Laboral del Gobierno nacional estuvo dirigida al Título II que crea al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) considerado por Palazzo como el “vaciamiento del sistema previsional”. Agregó, además, que “con el FAL el despido pasa a ser gratuito para el sector empresario porque será pagado con plata del Estado”.
En defensa del despacho que firmaron los vocales de Unión por la Patria en el plenario del miércoles, desenvolvió: “Queremos plantear como Salario, Mínimo Vital y Móvil el equivalente a 4 Canastas Básicas, que incorpore el uso de Inteligencia Artificial y que proponga la relación de dependencia para los trabajadores de plataforma”.
En segunda instancia, la diputada nacional Vanesa Siley afirmó que la Reforma Laboral “va a causar dolor y miseria a los millones de trabajadores argentinos, sobre todo, en los trabajadores de la construcción, los mecánicos y las maestras”. También habló del quórum y llamó “traidores” a los representantes salteños, misioneros y tucumanos que accedieron a sus bancas en boletas de Unión por la Patria en 2023 o de Fuerza Patria en 2025.
Mientras la diputada kirchnerista apuntaba contra varios de sus excompañeros de bancada, se refirió al flanco oficialista y cargó: “Cuando hablo de traidores, no hablo de La Libertad Avanza porque tienen honestidad intelectual”, en alusión a su mirada negativa sobre la Reforma Laboral. Desde el bloque que preside Gabriel Bornoroni le contestaron que “lo que sabe hacer el peronismo es chorear”.
Siley apuntó contra sus expares de bloque que dieron quórum.
“Los que chorean son los peronistas que a vos te gustan”, señaló Siley, quien añadió que “esos son los chorros, los que dieron quórum”. A las 14.10, la sesión alcanzó el quórum con 130 diputados presentes en tiempo y forma en sus bancas: Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera (hizo campaña visitando a Cristina Kirchner en San José 1111) que responden a Osvaldo Jaldo en Tucumán dieron quórum. También lo hicieron los catamarqueños Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot que responden a Raúl Jalil y formaron parte de Unión por la Patria hasta los primeros días de diciembre pasado.
Para terminar, Siley advirtió que “en esas provincias, donde el pueblo le dio el voto a un peronista, en dos años va a ganar La Libertad Avanza”, y cerró: “Hago responsable a los gobernadores por la quita de derechos más fenomenal a los trabajadores de la historia de Argentina”.
Los diputados de la oposición dura increparon a Martín Menem en el inicio de la sesión. El hecho de la legisladora de La Cámpora quedó registrado por una diputada de La Libertad Avanza. Minutos más tarde se conoció que la brusca desconexión afectó la escucha de un diputado misionero.
La sesión extraordinaria que debate la Ley de Modernización Laboral empezó de manera totalmente caótica: los miembros de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda fueron a increpar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien acusaron de “negar la palabra” y “avalar el plan de Labor” oficialista cuando Germán Martínez había pedido votación nominal.
Mientras el riojano le daba la palabra al diputado salteño Carlos Zapata para rendir un homenaje, un grupo de legisladores se acercó al estrado presidencial para elevar el reclamo contra el titular de la Cámara baja. Julia Strada, el fueguino Jorge Araujo Hernández, Agustín Rossi, Mario Manrique, Lorena Pokoik, Aldo Leiva, y hasta Nicolás del Caño del Frente de Izquierda fueron a protestar al centro del hemiciclo.
Mientras el caos se apoderaba del recinto, la diputada nacional Florencia Carignano, representante de La Cámpora en Unión por la Patria, se acercó sigilosamente hasta la mesa ubicada en el centro del recinto de la Cámara de Diputados y con su mano izquierda comenzó a desconectar los cables de alimentación y conexión a internet con los que trabajan los taquígrafos abocados a la sesión de este jueves.
ESCÁNDALO EN EL CONGRESO
La kirchnerista Carignano AGREDE A LOS TRABAJADORES DE LA HCDN para intentar frenar la sesión!
¡Esto es INACEPTABLE!
Miren como se acerca haciéndose la distraída... no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones. pic.twitter.com/mXF1E2KCTS— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) February 19, 2026
El hecho fue grabado por Lilia Lemoine quien le gritaba a la camporista "Carignano ¿Qué hacés? quedaste grabada pedazo de loca". Para el momento en que los integrantes de la oposición increparon a Menem, desde el flanco izquierdo, donde se sienta Unión por la Patria comenzaron a aplaudir.
De hecho, la santafesina se acercó a los taquígrafos aplaudiendo con sus manos. Lemoine, que grabó el hecho y lo subió a su perfil de X, señaló: "¡Esto es inaceptable! Miren como se acerca haciéndose la distraída... no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones".
Luego de que Lisandro Almirón presentara el dictamen de mayoría en el recinto, el presidente de la Cámara de Diputados se cruzó con Victoria Tolosa Paz y le recriminó que "hubo gente de su bloque toqueteando los cables", en alusión al episodio de Carignano con los taquígrafos.
Notoriamente fastidiado, Martín Menem acusó a Florencia Carignano de afectar la escucha de Oscar Herrera Aguad, diputado misionero de Innovación Federal, quien por una discapacidad auditiva depende de un sistema auricular para poder oír la palabra de sus pares en el recinto. Esto fue revelado por el propio misionero la semana pasada cuando se aprobó la Ley Penal Juvenil.