El vocero presidencial ratificó que apelarán la medida cautelar de la Cámara del Trabajo que suspende el capítulo laboral del DNU dictado por el Gobierno, y pedirá la incompetencia de ese fuero.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este jueves a los cambios que impulsa el Gobierno en la actividad pesquera a través de la ley ómnibus que despertó críticas por parte de los gobernadores y afirmó: “Estamos abiertos al diálogo y a corregir eventuales errores”.
En su habitual conferencia de prensa, Adorni se refirió a la cautelar de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que suspendió el capítulo 4 del DNU y señaló: “Voy a recordar algunos de los puntos que la medida suspende: se eliminaban penalidades para el empleador, en el caso de relaciones laborales mal registradas. Se modificaba la presunción de existencia de relación laboral, esto afectaba a monotributistas o quienes los contrataban temían por un futuro juicio laboral complicando esa relación”.
Del mismo modo, remarcó que “se extendía el período de prueba de 3 a 8 meses fomentando la contratación de empleados”, y agregó: “Se permitía que además del sistema de indemnizaciones las partes puedan acordar algún otro mecanismo de capitalización, acuerdo libre entre las partes iba a permitir que la contratación o que de menos miedo el hecho de contratar a una persona”.
“Se permitía que un trabajador independiente pueda tener hasta 5 personas trabajando para él sin que esto constituya una relación laboral. Para nosotros es fundamental que el empleado tenga mayor libertad y el empleador tenga menor temor a contratar”, explicó el vocero presidencial.
También, insistió que “estamos abiertos al diálogo y al debate, gran parte del debate legislativo es precisamente eso el ponernos de acuerdo e intercambiar ideas y opiniones y quienes se vean afectados por supuesto serán parte del diálogo. En cada decisión que se toma y artículo que se redacta en todo hay expertise y hay tiempo de trabajo y muchos equipos con experiencia trabajando”.
Así las cosas, Adorni afirmó: “Creemos que en el caso de la pesca, la actividad está por debajo de su punto óptimo y que con esta apertura la actividad puede crecer y no que haya una pérdida de empleo”. “La propia ley garantiza que quienes están operando lo sigan haciendo bajo las condiciones actuales”, consideró.
En el final, descartó que “no hay ningún tipo de internas y el trámite legislativo está en los tiempos y procesos normales”, con relación a las versiones que hablaban de ruptura dentro del bloque libertario.
La norma fue aprobada de manera unánime, pero sin la presencia de JxC, desde donde ahora advierten que esa ley no puede tratarse sin pasar por la Comisión de Intereses Marítimos.
Durante la polémica sesión de esta semana en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma a la Ley de Pesca que aumenta las penas por la pesca ilegal. Pero si bien ese proyecto mandado por el Poder Ejecutivo se aprobó de por unanimidad, como se recordará ya no estaba presente el interbloque de Juntos por el Cambio. Ahora un legislador de ese espacio recordó que esa actividad ilegal genera 2.000 millones de dólares de pérdida anuales y su recorrido legislativo fue incompleto.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio Héctor Stefani calificó como preocupante y bochornoso que se apruebe un proyecto para abordar la pesca ilegal que ni siquiera pasó por la Comisión de Intereses Marítimos.
“Me llama la atención que se festeje una ley de la que se conoce muy poco y las experiencias que tiene nuestra provincia con los acuerdos que firmaron los mismos impulsores de esta ley no son buenas”, afirmó Stefani y agregó: “En la década del 90, cuando el diputado (MC) Felipe Solá era secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, se firmó un acuerdo con la Unión Europea y otros países donde se les permitía venir a pescar a nuestro caladero y Argentina subsidiaba esa pesca, que además era subsidiada en su país de origen. Por ejemplo, a un barco surimero extranjero que exportaba 2.800.000 dólares desde nuestro puerto cada 40 días el Estado Nacional argentino le pagaba por reembolso de esa exportación 550.000 dólares con un cheque del Banco Nación. Un disparate”.
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“Felipe Solá, uno de los responsables del acuerdo donde subsidiaron la devastación de los recursos ictícolas y marítimos de la Argentina, es el impulsor de este proyecto presentado por Daniel Filmus que solo se detiene en una parte mínima del problema que tenemos con la pesca ilegal. Una vergüenza”, sostuvo Stefani.
“La ley de pesca es mucho más que una multa. La Argentina incautó 80 buques desde los 90 hasta ahora y la multa máxima va a ser aproximadamente de unos 10 millones de dólares. Esto da un total de 800 millones de dólares en treinta años, cuando el país pierde 2000 millones de dólares en pesca ilegal por año”, explicó el diputado fueguino.
“No hay dudas de que se deben aumentar las multas de la ley, si un buque que tiene que custodiar nuestras aguas durante 26 días tiene un costo de 8 millones de pesos y la última multa que cobró el Estado fue de 7 millones de pesos. La multa debe ser en función de la pérdida que genera”, aclaró el ex director del Puerto de Ushuaia.
A su vez, remarcó que la Ley de Pesca debe contemplar celeridad para resolver el destino de los barcos retenidos: “Si la embarcación es secuestrada la justicia debe tener el marco para actuar rápidamente y poner esa embarcación a disposición de empresas pesqueras argentinas”.
“Tocar una ley de oído y aprobarla en una sesión sumamente polémica es una falta de respeto para todos los que conformamos la Comisión de Intereses Marítimos”, finalizó Stefani.
