Investigadores del Conicet, dirigentes sociales y exfuncionarios expusieron en comisión sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en la Cámara alta y genera cuestionamientos por su impacto en la soberanía territorial.
La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, presidida por Eduardo de Pedro (Justicialista), realizó una reunión informativa en el Salón Azul para analizar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa que impulsa modificaciones a la Ley de Tierras sancionada en 2011. El encuentro tuvo como eje la presentación del cuarto informe del Observatorio de Tierras del Conicet y la intervención de diversos especialistas y referentes políticos y sociales.
Al abrir la reunión, De Pedro advirtió sobre “los riesgos de la aprobación del proyecto” y planteó que las exposiciones resultaban clave para “aquellos senadores que todavía tienen dudas”, en vísperas del debate previsto en el recinto. El senador puso el foco en las posibles consecuencias de la reforma sobre el control del territorio y la soberanía nacional.
El primer bloque, titulado “El territorio en disputa: extranjerización, manejo del fuego y desalojos”, reunió a investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quienes presentaron conclusiones del informe elaborado en el marco del Programa de Investigación sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El documento cuestiona el proyecto oficial al considerar que podría configurar “un nuevo estatuto legal del coloniaje”.
En ese contexto, el historiador Matías Oberlin afirmó que la iniciativa “atenta contra la soberanía nacional” y advirtió sobre el potencial incremento en la extranjerización de tierras. “Hoy apenas el 5% de las tierras están en manos extranjeras, pero el proyecto habilita que ese porcentaje llegue al 15%, lo que implicaría la posibilidad de vender 26 millones de hectáreas más, el equivalente a la provincia de Buenos Aires”, señaló.
En la misma línea, Florencia Gómez, del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), remarcó que la legislación vigente permite conocer la composición real de la propiedad de la tierra, incluyendo a los socios detrás de sociedades que controlan grandes extensiones. Según planteó, la modificación podría debilitar esos mecanismos de transparencia.
Las críticas fueron compartidas por Ernesto Alonso, ex combatiente de Malvinas y referente del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM), quien consideró que el proyecto configura “un plan sistemático de entrega de la soberanía nacional” y alertó sobre el impacto en la gobernanza del territorio.
El segundo tramo del encuentro abordó los “Límites al interés público y la defensa nacional”, con eje en el control fronterizo, el narcotráfico y las implicancias geopolíticas. Finalmente, el panel “Defender nuestro territorio: una causa nacional” cerró la jornada con intervenciones de dirigentes políticos y sociales.
Entre ellos, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, sostuvo que “sin control nacional de la tierra no hay proyecto productivo” y remarcó que la propiedad debe cumplir una función social, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional.
También participaron Gervasio Muñoz (Inquilinos Agrupados), Lucía Yáñez (UBA), Nahuel Levaggi (UTT), Julián Domínguez, Jorge Capitanich, Tamara Basteiro, Fabián Brown, Marcelo Bergman, Martín Paleo y el obispo de Chascomús, Juan Liébana, entre otros expositores.
El debate dejó en evidencia el fuerte cuestionamiento de sectores académicos, sociales y políticos a la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo, mientras el Senado se prepara para discutir el proyecto en el recinto en las próximas horas.
La iniciativa enviada al Congreso refuerza garantías sobre el derecho de propiedad, agiliza desalojos y limita expropiaciones. Además, elimina artículos clave de la ley de tierras rurales sancionada en 2011, que restringía la compra por extranjeros.
El Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las propuestas surgidas del Consejo de Mayo. La iniciativa busca consolidar el derecho constitucional de propiedad, establecer reglas claras para expropiaciones y desalojos, y modificar regímenes vinculados a tierras rurales y ocupaciones irregulares.
Entre los puntos centrales, la ley redefine el cálculo de indemnizaciones por expropiación, que se limitarán al valor objetivo de mercado y daños directos, excluyendo ganancias hipotéticas o valores afectivos. Además, prohíbe la transferencia de dominio sin pago íntegro y establece que toda ocupación temporánea anormal no podrá superar los 60 días.
En materia de desalojos, el proyecto incorpora procedimientos más ágiles: el juez deberá ordenar la entrega inmediata del inmueble en casos de intrusión o falta de pago, previa presentación del título de propiedad y caución juratoria. También se habilita el uso de la fuerza pública y allanamientos para garantizar el cumplimiento de las sentencias.
Otro aspecto relevante es la derogación de artículos de la Ley 26.737, impulsada en su momento por Máximo Kirchner, que fijaba límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. El nuevo texto mantiene restricciones para Estados y empresas estatales extranjeras, pero flexibiliza condiciones para inversiones privadas.
La norma también restituye disposiciones sobre el manejo del fuego y modifica el régimen de regularización dominial para barrios populares, estableciendo cuotas que no superen el 20% del ingreso familiar.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca enviar una señal de seguridad jurídica y protección de la propiedad privada, en línea con su agenda de reformas estructurales.