La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) presentó un proyecto de ley que propone reformar la Ley 27.372, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, con el fin de incorporar una perspectiva en niñez.

“En los últimos meses, el caso Lucio Dupuy evidenció las nulas respuestas institucionales frente a estos aberrantes hechos y la necesidad de que el Congreso de la Nación genere nuevas herramientas legales para proteger a los niños, niñas y adolescentes”, consideró.

La cordobesa señaló que actualmente esta norma “no contempla la perspectiva de los derechos de la niñez”, por eso es necesario “modificarla y adecuarla a la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporando la Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos publicados por UNICEF, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (JUFEJUS) y la Asociación por los Derechos Civiles”.

En sus fundamentos, la iniciativa indica que según la Encuesta Nacional de Niños/ niñas y Adolescentes, llevada a cabo por UNICEF en 2019-2022, un 59% de los NNA han sufrido prácticas violentas en la crianza. La cantidad de niñas y niños que fueron víctimas de violencia familiar y sexual aumentó a un 54% a raíz del aislamiento en pandemia. Además, resalta el hecho de que la mayoría de los actos violentos se consuma en ámbitos de intimidad y en muchas ocasiones no quedan evidencias físicas que sirvan como prueba ante un consecuente proceso, ni existen testigos presenciales de los hechos.

La legisladora radical explicó que el proyecto tiene como fin “fortalecer la aplicación del principio de enfoque diferencial previsto en dicho cuerpo normativo” y “delinear un sistema nacional que proteja por igual a todos los niños y niñas del país, respetando la legislación en cada provincia que ya lo prevé y complementando ó mejorando aquellas en las que no está previsto”.

Concretamente, el articulado propuesto por la diputada dispone, por ejemplo, garantizar que las declaraciones sean tomadas por profesionales con capacitación específica y siendo videograbadas para evitar la repetición del proceso, conforme a estrictos protocolos. Además, contempla la realización de un único examen pericial físico para evitar la revictimización del niño/a. Otro punto importante del proyecto es el que establece que nunca se confronte a la víctima con el/la supuesto/a agresor/a.

“Esto servirá para que la reacción del Estado ante estos casos sea la adecuada. El crimen de Lucio nos duele y nos interpela como sociedad y, lamentablemente, no es el único. Es muy importante seguir trabajando en un Estado que realmente cuide de manera adecuada a nuestros niños, niñas y adolescentes”, cerró Brouwer de Koning.

Al celebrarse cuatro años de la sanción de la Ley de Derechos y Garantías de las personas Víctimas de Delitos, el Observatorio de Víctimas de Delitos que funciona en la órbita de la Cámara de Diputados de la Nación difundió un video evocativo de esa norma. En el mismo se ven y escuchan testimonios de familiares de víctimas de diversos delitos, como el de Pía, mamá de Martiniano Fígoli, quien el 13 de noviembre de 2019, cuando tenía 16 años, fue arrollado por una ambulancia sin urgencia ni luces, después de hacer una maniobra en U y en contramano. El adolescente murió más tarde en el Hospital Alvarez.

“La posibilidad que nos dio la Ley de Víctimas en gran parte fue estar activa en el caso de mi hijo, saber cada paso que iba sucediendo, cuáles eran las dificultades, los pedidos. Y hoy, un año y siete meses después, estamos esperando la fecha del juicio oral”, señaló la madre.

Por su parte, la madre de Lucas Emanuel Peralta Luna contó que su hijo fue asesinado en 2020 en avenida Corrientes y Serrano y a partir de entonces “estamos luchando para que pueda tener justicia. Gracias a esta ley hoy estamos amparados y tenemos el beneficio de saber cuáles son nuestros derechos como víctimas”, señaló.

Silvia Servera de Roldán contó el caso de su hijo Juan Ignacio, “asesinado por un colectivero de la línea 9 hace 23 meses”. En su caso, aseguró que la Ley de Víctimas le permitió ser escuchada por el juez.

Por último, hablan José Luis Mendizábal y Adriana Aruj, padres de Macarena, quien fue atropellada por un automóvil cuyo conductor tenía 1.46 de alcohol en sangre al momento del impacto, que según los testimonios pasó n semáforo en rojo y con exceso de velocidad. No habían siquiera logrado que el causante de la tragedia hubiera sido indagado, hasta que llegaron al juicio oral. “Recién a partir de la sanción de la Ley de Víctimas se pudo hacer que esta persona se presentara a indagatoria y ahí seguir con todas las instancias posteriores, que en el caso nuestro terminaron con un juicio oral donde le aplicaron una pena efectiva de 3 años y 6 años de inhabilitación para conducir”, detalló el padre de la joven de 21 años fallecida.

El video concluye destacando el compromiso de seguir trabajando para que los derechos de las víctimas sean efectivos en cada rincón de nuestro país.