La Ley de Víctimas consiguió un amplio respaldo en el Senado

Los senadores de la provincia de Buenos Aires aprobaron, por unanimidad de los presentes, el proyecto “consensuado” de ley de víctimas de delitos penales.

Tal como se ha venido informando, luego de varios desencuentros, los senadores bonaerenses lograron aprobar un texto en común, y girar a la Cámara de Diputados para proseguir con el trámite legislativo, de la denominada Ley de víctimas bonaerense.

Así, la tan demorada reforma de los procedimientos penales para atender fehacientemente los derechos de las víctimas en la provincia dio el “primer paso firme” en alto Cuerpo legislativo, porque deberá ser abordada por los diputados, pero el acuerdo alcanzado vaticina destino de Ley.

La provincia, efectivamente, tiene cierto retraso respecto de las modificaciones operadas en la legislación nacional relacionada con los derechos de las víctimas en los procesos penales.

En ese sentido, desde hace tiempo existen proyectos que intentan legislar para así aggiornar las normativas provinciales, y así lo recordaron los senadores en el debate parlamentario.

“Después de escuchar a más de 30 agrupaciones de víctimas y sus familiares, especialistas, jueces y académicos, logramos consenso y grandes avances en el proyecto de Ley de Víctimas para nuestra provincia de Buenos Aires”, dijo el presidente de la Comisión de Legislación General, el senador del FdT Francisco Durañona.

Leandro Blanco, vicepresidente de la comisión de Legislación General remarcó que “este es un paso más en favor de la ampliación de los derechos, es una ley trascendente que garantizará que todas las voces de las víctimas sean oídas y tenidas en cuenta en el proceso penal” y dijo “esta es una ley que nos debíamos como sociedad; las víctimas no pueden seguir esperando, es momento que puedan alzar su voz”.

La normativa, que se aprobó por unanimidad de los presentes, entre sus objetivos cuenta con establecer y promover políticas públicas tendientes a garantizar a las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento integral y efectivo.

La iniciativa, entre otras cuestiones incluye no sólo la asistencia jurídica a las víctimas, sino tal como establece la Ley Nacional, busca garantizar todos los derechos de las víctimas en materia jurídica, económica y de acompañamiento.

Además, se destacó que se agregó el patrocinio jurídico gratuito para todas las víctimas que, por circunstancias de vulnerabilidad, no puedan afrontar estos gastos.

Otra de las inquietudes planteadas por las asociaciones que nuclean a familiares de víctimas de delitos es “el respeto por la vida privada y la intimidad de las víctimas en la máxima medida compatible con los fines del proceso”.

También, expresa que, durante la ejecución de la pena, la víctima tiene derecho a ser informada sobre las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, la libertad condicional y la prisión domiciliaria, entre otras medidas de seguridad.

Asimismo, se incorporó que aquellas víctimas que deseen no ser informadas ni notificadas de tales cuestiones, podrán manifestarlo y este derecho deberá ser respetado.

Por otro lado, tras los aportes de las asociaciones de familiares de víctimas se llegó al consenso sobre la creación de un Observatorio de víctimas para el delito que estará integrado por víctimas de delitos, asociaciones civiles o fundaciones registradas.

Este organismo se encargará de garantizar el monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas a las víctimas, sus familiares y entornos con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

En cuanto a la aplicación de las medidas de protección a las víctimas, se creará el Registro Provincial de Abogados y abogadas de la Víctima en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA), organismo que arbitrará los medios necesarios para el funcionamiento uniforme del registro en todos los Colegios departamentales.

Así, entonces, la víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión ante todo lo que estime conveniente ante el juez de Ejecución o juez competente, aun cuando no se haya constituido como particular damnificado.

Además, gozará del derecho a la información desde la denuncia desde el primer momento de su intervención en el proceso, lo que le permitirá conocer sus derechos, tomar decisiones en base a la información aportada y tener una visión global e integral de su participación durante la tramitación del procedimiento.

Por otra parte, el proyecto crea el Observatorio de Víctimas de Delitos, que ya existe a nivel nacional, “dentro del ámbito la legislatura de la provincia de Buenos Aires”.

Se trata de un organismo de monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos, con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de políticas públicas de víctimas del delito.

Buscan “unificar posiciones” respecto de la Ley de Víctimas de delitos

Al menos así se expresó el senador oficialista Francisco “Paco” Durañona, al considerar “necesitamos unificar posiciones para tener una ley consensuada e integral”.

En una segunda jornada de trabajo -que se extendió por más de cinco horas- la Comisión de Legislación General del Senado bonaerense recibió a académicos, abogados y magistrados especialistas en derecho penal y criminología, así como a organizaciones que nuclean a familiares de víctimas del delito, para conocer sus posiciones y sugerencias sobre los proyectos que se están estudiando en la Cámara alta.

La Comisión de Legislación General del Senado bonaerense volvió a convocar a ONGs de familiares de víctimas de delitos, magistrados, funcionarios y especialistas en materia procesal penal para visibilizar las demandas, conocer sus valoraciones sobre las iniciativas, construir los acuerdos necesarios y robustecer la norma.

En este sentido, el presidente de la comisión, Francisco ‘Paco’ Durañona, sostuvo que “es esencial la mirada de los exponentes, ya que con su participación se expresa la diversidad de voces que nos permitirán fortalecer el consenso. Generamos este espacio con respeto y tolerancia para llegar a buen puerto y unificar posiciones para modificar la Ley de manera consensuada e integral”. Además, el legislador adelantó que “vamos a trabajar en la reformulación del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires”.

En este segundo encuentro, participaron Fernando Díaz Cantón (reconocido abogado y docente de Derecho Procesal Penal de la UBA); Mariana Maldonado (jueza y especialista en derecho penal); Lisandro Pellegrini (subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense); Ramiro Gutiérrez (abogado especializado en materia penal y diputado nacional); Silvina Puergino (directora provincial de casos críticos del Ministerio de las Mujeres de la provincia); Ignacio Gallo (juez, docente y abogado especializado en Derecho Penal); Jerónimo Guerrero Iraola (Defensoría del Pueblo bonaerense); Roberto Almeida (presidente del Consejo provincial de víctimas); Diana Márquez (de Víctimas por la paz y de la Asociación de pensamiento Penal); y Hernán Navarro (presidente de Grooming Argentina), entre otros.

Durante el encuentro, los especialistas y las organizaciones coincidieron en la necesidad de consagrar una voz activa de las víctimas, como así también en acelerar los procesos judiciales.

Así, Pellegrini hizo hincapié en la importancia de “entender que el universo de víctimas no es homogéneo y que merecen ser escuchadas; la forma de instrumentar el derecho, es un tema que merece debate e instrumentación ajustada a cada caso”.

Por su parte, la jueza del Tribunal en lo criminal N°1 de Morón, Mariana Maldonado, sostuvo “que no sean normas generales, sino herramientas legales efectivas para la concreción de nuestros derechos con una justicia restaurativa basándonos también en la reinserción del victimario”. Además, agregó que se debe “tener más operatividad; para ello debemos trabajar en una reforma integral del Código del Procedimiento Penal”.

Oportunamente, Diana Márquez de Víctimas por la Paz explicó que los damnificados “también necesitamos una respuesta emocional, psicológica, un pedido de perdón y restauración, además del acompañamiento del Estado”.

Y Juan Martín Cobacho, referente de Derechos Humanos de La Matanza, propuso “fortalecer la interacción entre el Estado, las organizaciones territoriales y las abocadas a los Derechos Humanos, para construir un protocolo de protección a la víctima en cada punto de la provincia”.

Al unísono, las organizaciones, asociaciones, académicos, funcionarios y magistrados participantes celebraron el encuentro y la posibilidad de que sus demandas u observaciones sean atendidas por el cuerpo de legisladores.

Resaltaron la necesidad de contar con más tiempo para poder seguir debatiendo la iniciativa y sumar más voces que la legitimen. Asimismo, promovieron que la ley incluya a las víctimas de violencia obstetricia, de accidentes de tránsito y por mala praxis, entre otros asuntos de relevancia para las familias y para mejorar el proyecto.

Al finalizar todas las exposiciones, el senador Durañona destacó y celebró la necesidad de avanzar en el proyecto de ley “para acercar la justicia a los territorios, escuchando a las víctimas que son relegadas por el Estado y a los actores que allí trabajan para mejorar los derechos y garantías de los ciudadanos y las ciudadanas”.