Pallares: “Saldamos una deuda con los familiares, dándoles un poco de alivio ante tanto dolor”

El senador del Frente de Todos José Luis Pallares celebró la sanción por parte del Senado de la provincia de Buenos Aires de la denominada Ley de Víctimas.

La norma sancionada surgió a partir de la unificación de diversos proyectos tanto del oficialismo como de la oposición, dos de los cuales son de autoría del legislador oriundo de Lanús.

Al respecto, Pallares expresó que “este fue un año muy difícil para los argentinos y las argentinas, pero en el Senado hemos tenido una alegría, sancionando definitivamente la Ley de Víctimas, con la que venimos trabajando desde hace cuatro años”.

En ese sentido, el senador agradeció el “enorme aporte y apoyo del Frente de Todos desde el inicio del periodo ordinario de sesiones” a los proyectos presentados por él.

Pallares explicó que esas iniciativas se unificaron con otras de la oposición, y “gracias al gran trabajo de los colectivos de madres, de las asociaciones de víctimas y demás actores, hemos logrado la modificación de la Ley de Ejecución Penal y modificaciones al Código Procesal Penal de nuestra provincia, adhiriendo a la Ley Nacional de Victimas del año 2017”.

Sobre el proyecto aprobado, remarcó que “crea el Observatorio de Víctimas y les da a las mismas, de una vez por todas, el derecho que ellas y sus familiares deberían haber tenido desde hace muchísimo tiempo”. Además, enfatizó que “este proyecto deja claro que la víctima y el particular damnificado tienen que ser escuchados en todas las etapas del proceso penal, cosa que no sucedía y que no sucede”.

Para finalizar, el vicepresidente del bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos, celebró que el proyecto se hizo “observando todas y cada una de las inquietudes, dolencias e historias” planteadas por las víctimas y sus representantes durante el debate en comisiones, e indicó que la sanción de la Ley significa “una alegría, sobre todo para los familiares de víctimas, que hace tantos años vienen reclamando esto”.

“Esperemos que a partir de ahora tengan un poquito de alivio a tanto dolor”, expresó Pallares.

Ley de Víctimas: “felizmente las voces de las víctimas serán oídas”

Así se pronunció el senador Leandro Blanco tras la sanción de la norma en la Cámara alta de la provincia de Buenos Aires.

El senado bonaerense transformó en ley el proyecto que propuso otorgar mayor participación y asistencia a las víctimas del delito en todo el proceso judicial.

Tras sufrir modificaciones en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el senado volvió a votar el proyecto ley de víctimas impulsada por senadores de Juntos por el Cambio, convirtiéndolo en ley.

Leandro Blanco, vicepresidente de la comisión de Legislación General remarcó: “Estamos muy contentos por el gran trabajo que se realizó en las comisiones, con los bloques, las asociaciones, víctimas y familiares que desembocó en la aprobación de esta ley que es un paso más en favor de la ampliación de los derechos. Felizmente las voces de las víctimas serán oídas y tenidas en cuenta en el proceso penal”.

Agregó: “Hoy las víctimas pueden alzar su voz”.

La ley garantizará y asegurará a las víctimas el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo.

Entre sus objetivos está establecer y promover políticas públicas tendientes a garantizar a las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento integral y efectivo.

La víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión ante todo lo que estime conveniente ante el/la juez/a de ejecución o juez/a competente, aun cuando no se haya constituido como particular damnificado. Además, gozará del derecho a la información desde la denuncia y/o en el primer momento de su intervención en el proceso, lo que le permitirá conocer sus derechos, tomar decisiones en base a la información aportada y tener una visión global e integral de su participación durante la tramitación del procedimiento.

Por otra parte, la ley crea el Observatorio de Víctimas de Delitos -que ya existe a nivel nacional- “dentro del ámbito la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires”. Se trata de un organismo de monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos, con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de políticas públicas de víctimas del delito.

Este estará integrado ad honorem por víctimas de delitos, asociaciones civiles o fundaciones vinculadas con la defensa de los derechos de las víctimas, y por representantes de la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, El Senado y Cámara de Diputados.

Senadores sancionaron la ley que garantiza los derechos de las víctimas

El senado de la provincia de Buenos Aires inició la jornada legislativa con la sanción de la denominada Ley de Víctimas, una normativa que se hizo esperar para el ámbito bonaerense.

En el primer paso para poder sancionar el Presupuesto General en la presente jornada los senadores bonaerenses dieron inicio a la sesión donde trataron cinco proyectos y pasaron a cuarto intermedio sin hora para así esperar los expedientes que tratarían los Diputados.

Los senadores sancionaron el proyecto de ley que reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y violación a los derechos humanos y que modifica los artículos de la ley 11922, código procesal penal, ley 12256 ejecución penal y la ley 14422.

La iniciativa había sido aprobada en el Senado, en octubre pasado, pero los diputados introdujeron modificaciones por lo que en revisión el Senado terminó sancionando la iniciativa en esta sesión.

Así, la tan demorada reforma de los procedimientos penales para atender fehacientemente los derechos de las víctimas en la provincia encuentra su destino de Ley, si finalmente es promulgada por el Poder Ejecutivo.

La provincia, efectivamente, tiene cierto retraso respecto de las modificaciones operadas en la legislación nacional relacionada con los derechos de las víctimas en los procesos penales.

En ese sentido, desde hace tiempo existen proyectos que intentan legislar para así aggiornar las normativas provinciales, y así lo recordaron los senadores en el debate parlamentario.

También se sancionó un proyecto de ley del Ejecutivo que pretende modificar la orgánica del registro provincial de las personas, incorporando el servicio online para la inscripción de los nacimientos.

Además, los senadores sancionaron un proyecto de Ley que faculta al Poder Ejecutivo a implementar la constitución de un sistema de domicilio electrónico y de audiencias virtuales en los procedimientos administrativos.

Por último, los senadores aprobaron su propio presupuesto financiero para el ejercicio 2021, presupuesto que no excederá el 0,9 % del Presupuesto General de la provincia para toda la legislatura, que ronda los 8 mil millones de pesos para el Senado.

La Ley de Víctimas consiguió un amplio respaldo en el Senado

Los senadores de la provincia de Buenos Aires aprobaron, por unanimidad de los presentes, el proyecto “consensuado” de ley de víctimas de delitos penales.

Tal como se ha venido informando, luego de varios desencuentros, los senadores bonaerenses lograron aprobar un texto en común, y girar a la Cámara de Diputados para proseguir con el trámite legislativo, de la denominada Ley de víctimas bonaerense.

Así, la tan demorada reforma de los procedimientos penales para atender fehacientemente los derechos de las víctimas en la provincia dio el “primer paso firme” en alto Cuerpo legislativo, porque deberá ser abordada por los diputados, pero el acuerdo alcanzado vaticina destino de Ley.

La provincia, efectivamente, tiene cierto retraso respecto de las modificaciones operadas en la legislación nacional relacionada con los derechos de las víctimas en los procesos penales.

En ese sentido, desde hace tiempo existen proyectos que intentan legislar para así aggiornar las normativas provinciales, y así lo recordaron los senadores en el debate parlamentario.

“Después de escuchar a más de 30 agrupaciones de víctimas y sus familiares, especialistas, jueces y académicos, logramos consenso y grandes avances en el proyecto de Ley de Víctimas para nuestra provincia de Buenos Aires”, dijo el presidente de la Comisión de Legislación General, el senador del FdT Francisco Durañona.

Leandro Blanco, vicepresidente de la comisión de Legislación General remarcó que “este es un paso más en favor de la ampliación de los derechos, es una ley trascendente que garantizará que todas las voces de las víctimas sean oídas y tenidas en cuenta en el proceso penal” y dijo “esta es una ley que nos debíamos como sociedad; las víctimas no pueden seguir esperando, es momento que puedan alzar su voz”.

La normativa, que se aprobó por unanimidad de los presentes, entre sus objetivos cuenta con establecer y promover políticas públicas tendientes a garantizar a las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento integral y efectivo.

La iniciativa, entre otras cuestiones incluye no sólo la asistencia jurídica a las víctimas, sino tal como establece la Ley Nacional, busca garantizar todos los derechos de las víctimas en materia jurídica, económica y de acompañamiento.

Además, se destacó que se agregó el patrocinio jurídico gratuito para todas las víctimas que, por circunstancias de vulnerabilidad, no puedan afrontar estos gastos.

Otra de las inquietudes planteadas por las asociaciones que nuclean a familiares de víctimas de delitos es “el respeto por la vida privada y la intimidad de las víctimas en la máxima medida compatible con los fines del proceso”.

También, expresa que, durante la ejecución de la pena, la víctima tiene derecho a ser informada sobre las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, la libertad condicional y la prisión domiciliaria, entre otras medidas de seguridad.

Asimismo, se incorporó que aquellas víctimas que deseen no ser informadas ni notificadas de tales cuestiones, podrán manifestarlo y este derecho deberá ser respetado.

Por otro lado, tras los aportes de las asociaciones de familiares de víctimas se llegó al consenso sobre la creación de un Observatorio de víctimas para el delito que estará integrado por víctimas de delitos, asociaciones civiles o fundaciones registradas.

Este organismo se encargará de garantizar el monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas a las víctimas, sus familiares y entornos con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

En cuanto a la aplicación de las medidas de protección a las víctimas, se creará el Registro Provincial de Abogados y abogadas de la Víctima en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA), organismo que arbitrará los medios necesarios para el funcionamiento uniforme del registro en todos los Colegios departamentales.

Así, entonces, la víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión ante todo lo que estime conveniente ante el juez de Ejecución o juez competente, aun cuando no se haya constituido como particular damnificado.

Además, gozará del derecho a la información desde la denuncia desde el primer momento de su intervención en el proceso, lo que le permitirá conocer sus derechos, tomar decisiones en base a la información aportada y tener una visión global e integral de su participación durante la tramitación del procedimiento.

Por otra parte, el proyecto crea el Observatorio de Víctimas de Delitos, que ya existe a nivel nacional, “dentro del ámbito la legislatura de la provincia de Buenos Aires”.

Se trata de un organismo de monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos, con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de políticas públicas de víctimas del delito.

“El FdT promueve un proyecto “sacapresos”, que nada tiene que ver con las víctimas”

El senador opositor Walter Lanaro se mete en la discusión sobre la Ley de Víctimas y lanza una dura acusación sobre el oficialismo.

“Un gravísimo avance sobre los derechos de las víctimas”, sostuvo Walter Lanaro en el marco de una discusión donde el oficialismo propone “limitar la participación de las organizaciones y, para colmo, las obliga a pagar una fianza si desean pedir una prisión preventiva”.

El Presidente de la comisión de Seguridad en la Cámara alta sostuvo que “el proyecto del oficialismo, que facilita la liberación de detenidos y simplifica condenas, solo beneficia a los acusados”.

Y añadió: “el proyecto sacapresos del oficialismo, que simula estar del lado de las víctimas, solo habla de ellas en un artículo, en el que limita la participación de las organizaciones y obliga pagar una fianza si desean pedir una prisión preventiva”.

Además, Lanaro especificó sobre la iniciativa del Frente de Todos que “a las víctimas no se les ofrece un abogado gratuito. Y solo reconoce sus derechos si se constituyen como particular damnificado”, y agregó: “tampoco sanciona la violación de la prisión domiciliaria”.

Finalmente, el senador del PRO afirmó que “repasando su texto, este proyecto sacapresos busca que las decisiones queden atadas a las subjetividades del fiscal y el juez, haciendo que la víctima se quede sola en medio de todo el proceso”. Y concluyó: “Este es un anticipo de lo que será la reforma del Código Procesal Penal, que en cualquier momento presenta el poder ejecutivo bonaerense. Siempre a favor de liberar presos”.

Ley de Víctimas: la oposición señala “maniobras dilatorias y antidemocráticas” del FdT

El desencuentro de las bancadas en la Comisión de Legislación General no impidió que los senadores opositores hagan su propio dictamen de mayoría.

“Para nuestro espacio es prioritario tener una ley que garantice el acompañamiento de las víctimas en la provincia de Buenos Aires”, dijo el vicepresidente de la Comisión de Legislación General del Senado bonaerense y miembro de la bancada de senadores JxC, Leandro Blanco.

Y acusó: “quedó plasmada en la reunión de Legislación General la actitud dilatoria y antidemocrática de los representantes del Frente de Todos, que intentaron de forma intempestiva bloquear el tratamiento del proyecto” de Ley sobre los derechos de las víctimas en los procesos penales.

Para el legislador chivilcoyano, los legisladores del oficialismo pretendían “ignorar la moción votada por unanimidad en la sesión plenaria del 6 de agosto para que el proyecto sea tratado hoy en la comisión”.

No obstante, el legislador opositor consideró “importante haber generado un ámbito tanto en la comisión de Seguridad y Derechos Humanos, como en la de Legislación General, para que expongan familiares de víctimas, asociaciones civiles, juristas, integrantes del Poder Ejecutivo y Judicial, muchos de ellos propuestos por el oficialismo, cuyos valiosos aportes y sugerencias fueron tenidos en cuenta para elaborar el proyecto”. 

El despacho de mayoría que finalmente se votó en tres Comisiones y que puede llegar a ser tratado por los senadores en la próxima sesión pretende “garantizar y asegurar; a las personas humanas y/o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal; el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo, en caso de petición expresa”.

A su vez, se busca establecer y promover políticas públicas tendientes a empoderar a las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso, y posterior al mismo.

Entre los objetivos del proyecto d Ley se encuentra la creación de centros de protección a las víctimas, asesoramiento psicológico y el nombramiento de un abogado de manera gratuita.

Además, los familiares deberán ser informados sobre el avance de las causas y podrán participar en la formación de las pruebas y en la ejecución penal, y ya no sólo en el juicio oral.

“Cabe destacar que el intercambio generado tanto en la comisión de Seguridad conjunta con Derechos Humanos como así también en Legislación General con las ONGs de familiares de víctimas, han sido de gran aporte para efectuar las modificaciones pertinentes que permitieron llegar a un mejor dictamen”, dijo el senador Blanco.

Se detalló que, entre otras organizaciones de víctimas, participaron Usina de Justicia, “Familias con fuerza” víctimas de delitos de tránsito, ONG víctimas de delito de tránsito de Mar del Plata y el Observatorio de Víctimas del Congreso de la Nación.

“No obstante lo expuesto, consideramos que las víctimas no pueden seguir esperando, por eso avanzamos y decidimos aprobar este proyecto”, concluyó el vicepresidente de la Comisión interviniente y miembro de la bancada opositora, el radical Leandro Blanco.

Ley de Víctimas: para el FdT se “desconoce” el aporte de las asociaciones de familiares de las víctimas

Desde el FdT consideraron que en JxC desconoce el aporte de las asociaciones de víctimas al proyecto de Ley que se debate en la Cámara alta.

“El bloque de senadores y senadoras bonaerenses de Juntos por el Cambio incurrió en una actitud profundamente desleal y antidemocrática, al poner fin de manera unilateral al debate en torno al proyecto de Ley de Víctimas que se venía trabajando en un marco de respeto y pluralidad”, informaron desde le bloque oficialistas, tras la finalización de la reunión de la Comisión de Legislación General. 

A lo largo de las últimas tres reuniones realizadas por la Comisión -que preside el senador del FdT Francisco “Paco” Durañona- pasaron más de 30 expositores y expositoras que compartieron sus apreciaciones en torno al proyecto en cuestión, haciendo diversos tipos de “aportes tendientes a enriquecer y mejorar una normativa que todos consideramos fundamental” para la provincia de Buenos Aires.

Entre ellos se destacan asociaciones y organizaciones que nuclean a familiares de víctimas del delito; académicos, entre los que sobresalen el juez y profesor universitario, Ignacio Gallo, y la jueza Mariana Maldonado –ambos integrantes de la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires durante los años 2016 y 2017-; los reconocidos profesores de Derecho Penal, Fernando Díaz Cantón y Martín Arias Duval; el secretario de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal bonaerense,  Francisco Pont Vergés;  el presidente del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Almeida; la directora provincial de Casos Críticos y de Alto Riesgo del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Silvina Perugino; el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Lisandro Pellegrini; y el presidente de la organización Grooming Argentina, Hernán Navarro, entre otros y otras.

“Todos ellos y todas ellas hicieron interesantes evaluaciones que la presidencia de la Comisión pretendía considerar para la elaboración del dictamen final”, relataron fuentes del oficialismo y agregaron que “sin embargo, el bloque de Juntos por el Cambio no le otorgó ninguna importancia a la voz de las organizaciones que representan a las víctimas, los académicos, los funcionarios y los demás participantes y, sorpresivamente, aprobó un proyecto de dictamen de manera unilateral, sin mostrar la mínima vocación de trabajar en pos del consenso y el acuerdo”.

“Peor aún, el dictamen en cuestión no fue presentado ante la Comisión de Legislación General, razón por la cual el bloque opositor ha cometido la irregularidad de aprobar un expediente cuyo contenido es desconocido tanto por la presidencia de la Comisión como por los senadores y las senadoras que la integran”, según se detalló desde la comisión que comanda Durañona.

“Esta celeridad del espacio que responde a la ex gobernadora María Eugenia Vidal contrasta con el tratamiento que ella le dio al proyecto de Ley de Víctimas durante su gestión, ya que en los cuatro años en que permaneció en el cargo, ninguna de las iniciativas existentes al respecto fueron tratadas”, agregaron.

Voceros oficiales del senado además consignaron que la Ley de Víctimas “es un instrumento central para fortalecer la política de seguridad del Gobierno provincial y atender las demandas de los y las bonaerenses afectados por el delito”.

Y en ese sentido agregaron que “en efecto, en todo momento estuvo garantizado de parte de nuestro bloque el compromiso de tratar durante la próxima sesión el proyecto que surgiera del debate en comisiones”.

“Por eso, consideramos que la misma debe surgir como consecuencia de un amplio consenso que contemple la voz y la opinión de todos los actores involucrados y no a partir de un proyecto que ni siquiera tuvimos la posibilidad de conocer”, dijo el presidente de la comisión de legislación general.

El ex intendente de San Antonio de Areco además llamó “al bloque de senadores y senadoras de Juntos por el Cambio a rever la posición adoptada”, y concluyó “la ciudadanía bonaerense merece una Ley de Víctimas que contemple los intereses de todos y de todas y que no sea meramente el producto de una estrategia de utilización política por parte de Juntos por el Cambio”.

Buscan “unificar posiciones” respecto de la Ley de Víctimas de delitos

Al menos así se expresó el senador oficialista Francisco “Paco” Durañona, al considerar “necesitamos unificar posiciones para tener una ley consensuada e integral”.

En una segunda jornada de trabajo -que se extendió por más de cinco horas- la Comisión de Legislación General del Senado bonaerense recibió a académicos, abogados y magistrados especialistas en derecho penal y criminología, así como a organizaciones que nuclean a familiares de víctimas del delito, para conocer sus posiciones y sugerencias sobre los proyectos que se están estudiando en la Cámara alta.

La Comisión de Legislación General del Senado bonaerense volvió a convocar a ONGs de familiares de víctimas de delitos, magistrados, funcionarios y especialistas en materia procesal penal para visibilizar las demandas, conocer sus valoraciones sobre las iniciativas, construir los acuerdos necesarios y robustecer la norma.

En este sentido, el presidente de la comisión, Francisco ‘Paco’ Durañona, sostuvo que “es esencial la mirada de los exponentes, ya que con su participación se expresa la diversidad de voces que nos permitirán fortalecer el consenso. Generamos este espacio con respeto y tolerancia para llegar a buen puerto y unificar posiciones para modificar la Ley de manera consensuada e integral”. Además, el legislador adelantó que “vamos a trabajar en la reformulación del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires”.

En este segundo encuentro, participaron Fernando Díaz Cantón (reconocido abogado y docente de Derecho Procesal Penal de la UBA); Mariana Maldonado (jueza y especialista en derecho penal); Lisandro Pellegrini (subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense); Ramiro Gutiérrez (abogado especializado en materia penal y diputado nacional); Silvina Puergino (directora provincial de casos críticos del Ministerio de las Mujeres de la provincia); Ignacio Gallo (juez, docente y abogado especializado en Derecho Penal); Jerónimo Guerrero Iraola (Defensoría del Pueblo bonaerense); Roberto Almeida (presidente del Consejo provincial de víctimas); Diana Márquez (de Víctimas por la paz y de la Asociación de pensamiento Penal); y Hernán Navarro (presidente de Grooming Argentina), entre otros.

Durante el encuentro, los especialistas y las organizaciones coincidieron en la necesidad de consagrar una voz activa de las víctimas, como así también en acelerar los procesos judiciales.

Así, Pellegrini hizo hincapié en la importancia de “entender que el universo de víctimas no es homogéneo y que merecen ser escuchadas; la forma de instrumentar el derecho, es un tema que merece debate e instrumentación ajustada a cada caso”.

Por su parte, la jueza del Tribunal en lo criminal N°1 de Morón, Mariana Maldonado, sostuvo “que no sean normas generales, sino herramientas legales efectivas para la concreción de nuestros derechos con una justicia restaurativa basándonos también en la reinserción del victimario”. Además, agregó que se debe “tener más operatividad; para ello debemos trabajar en una reforma integral del Código del Procedimiento Penal”.

Oportunamente, Diana Márquez de Víctimas por la Paz explicó que los damnificados “también necesitamos una respuesta emocional, psicológica, un pedido de perdón y restauración, además del acompañamiento del Estado”.

Y Juan Martín Cobacho, referente de Derechos Humanos de La Matanza, propuso “fortalecer la interacción entre el Estado, las organizaciones territoriales y las abocadas a los Derechos Humanos, para construir un protocolo de protección a la víctima en cada punto de la provincia”.

Al unísono, las organizaciones, asociaciones, académicos, funcionarios y magistrados participantes celebraron el encuentro y la posibilidad de que sus demandas u observaciones sean atendidas por el cuerpo de legisladores.

Resaltaron la necesidad de contar con más tiempo para poder seguir debatiendo la iniciativa y sumar más voces que la legitimen. Asimismo, promovieron que la ley incluya a las víctimas de violencia obstetricia, de accidentes de tránsito y por mala praxis, entre otros asuntos de relevancia para las familias y para mejorar el proyecto.

Al finalizar todas las exposiciones, el senador Durañona destacó y celebró la necesidad de avanzar en el proyecto de ley “para acercar la justicia a los territorios, escuchando a las víctimas que son relegadas por el Estado y a los actores que allí trabajan para mejorar los derechos y garantías de los ciudadanos y las ciudadanas”.

En el Senado opositores apuran proyecto propio de “Ley de Víctimas”

Los senadores del FdT rubrican un comunicado conjunto donde se sostiene la necesidad del “consenso y debate” en torno a la Ley de Víctimas.

“Los y las bonaerenses merecemos una Ley de Víctimas surgida del consenso y del debate”, sostuvieron en el comunicado institucional los senadores del FdT luego de que en comisiones se trataron los proyecto y la oposición impusiera sus propios proyectos.

“La ampliación de derechos y la asistencia de las víctimas es una preocupación constante de nuestra tarea legislativa desde hace años y hasta el presente, mucho antes de que esta temática fuera recogida y contemplada por la Ley Nacional de Víctimas”, comienzan diciendo los senadores oficialistas.

Detallan en el comunicado que desde 2016 el senador massista José Luis Pallares se encargó del tema la presentar un paquete de proyectos de ley “para ampliar los derechos de las víctimas y particulares damnificados en el proceso penal y en la ley de ejecución penal, así como para establecer un Sistema de Protección y Asistencia Integral a quienes resulten damnificados por este flagelo cotidiano que es la inseguridad y el crimen”.

Esos proyectos, entre otras cuestiones, proponían, por un lado, ampliar la participación y las facultades del particular damnificado en el proceso penal, sus posibilidades de intervenir en el juicio oral, etcétera; incluyendo la posibilidad de oponerse a un juicio abreviado que hubieran acordado el fiscal y el defensor del imputado.

Y por otro, también se propuso la obligación de escuchar a los damnificados antes de hacer lugar a los beneficios liberatorios pedidos por los condenados, la participación procesal de asociaciones de víctimas y una Ley de Protección y Asistencia Integral de Víctimas.

“Durante la gestión de la ex vicegobernadora María Eugenia Vidal, no se aprobaron leyes sobre víctimas y, en el caso del punto cuarto, ni siquiera se le dio tratamiento en las comisiones”, detallaron los senadores que conduce Gervasio Bozzano.

Sin embargo, en el día de la fecha,  en un plenario conjunto de las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos Juntos por el Cambio “se aprovechó una mayoría circunstancial para dictaminar los proyectos de ‘Ley de víctimas’ presentados por miembros de su bancada durante 2020, sin agotar el debate necesario para poder aprobar la mejor norma posible para los bonaerenses y sin tener en cuenta todas las opiniones de los distintos sectores involucrados ni del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires”.

“Debido a ello, hemos presentado un dictamen de minoría que recoge el trabajo que venimos realizando durante nuestra labor legislativa y que surge del diálogo con todos los actores involucrados en la temática”, se preocuparon en señalar desde el FdT.

Para finalizar los señores del bloque del partido de gobierno dijeron hacer “votos para que el bloque de la oposición, en el debate legislativo que debe continuar en otras comisiones, esté a la altura de la gravedad del problema, privilegiando la necesidad de justicia que demanda el pueblo bonaerense desde hace tanto tiempo en vez de los intereses políticos circunstanciales”.