El presidente Alberto Fernández y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezarán este jueves, a partir de las 17 en Casa Rosada, el acto en el que se promulgarán la nueva Ley de VIH y la Ley de Oncopediatría, ambas sancionadas en el Senado el pasado 30 de septiembre.

La nueva Ley de VIH incorpora a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS). La norma prevé “la respuesta integral e intersectorial” y la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc-.

Además, regula sobre las pruebas diagnóstico en los exámenes pre-ocupacionales, establece una jubilación anticipada, y crea una pensión de carácter vitalicio y no contributivo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social, entre otros puntos.

En tanto, la Ley de Oncopediatría prevé una serie de beneficios y asistencia económica -mientras dure el tratamiento- para las familias más vulnerables.

La norma indica que el Instituto Nacional del Cáncer será la autoridad de aplicación y deberá extender una credencial a los pacientes, que los acreditará como beneficiarios de la ley, la cual contempla cuestiones vinculadas a la vivienda, la salud, el traslado y la licencia laboral para los padres.

Tenemos que abordar desde una mirada amplia al VIH, las Hepatitis virales, la Tuberculosis y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Es de suma importancia el dictamen favorable que se le dio a una ley muy militada y trabajada con organizaciones a lo largo y ancho del país donde proponemos transformar el abordaje sobre el VIH. Ese es el objetivo principal de la ley que propongo.

Es la respuesta legislativa a la desactualizada Ley Nacional de SIDA, 23.798 sancionada hace más de 30 años. Su redacción obedeció a un momento histórico y a un paradigma centrado en lo biomédico y en la enfermedad, que actualmente no tiene vigencia. Además, despliega contenidos que resultan discriminatorios y estigmatizantes, en su enfoque y terminología.

Desde una perspectiva integral, la nueva ley plantea propone un enfoque centrado en los Derechos Humanos, con perspectiva de género. Desde 2016 he presentado iniciativas en este sentido. Son años de trabajo en el que fuimos incorporando nuevos aspectos y derechos para todos y todas las que padecen estas enfermedades, desde una perspectiva centrada en la persona y la promoción de la salud. Fue un largo camino en el que trabajamos de manera articulada con más de 50 organizaciones de la sociedad civil, referentes médicos y científicos, representantes de gobiernos provinciales y municipales, entre otros. Presentamos el proyecto por primera vez en Bariloche y luego lo hicimos en distintos puntos del país, con el objeto de enriquecer y federalizar el debate.

Se estima que en  Argentina 140.000 personas conviven con VIH y el 17% no conoce su diagnóstico. A su vez, el diagnóstico tardío asciende al 29,9%.

Tanto el proyecto de Diputados, como el de mi autoría declaran de interés público nacional los medicamentos, vacunas y demás insumos destinados al diagnóstico, tratamiento y cura, como así también la investigación y el desarrollo de tecnologías locales para su producción pública nacional.

La iniciativa propone abordar los determinantes sociales de la enfermedad y desarrollar políticas públicas dirigidas a las situaciones de vulnerabilidad. Es por ello que se habla de asistencia interdisciplinaria: a la médica y farmacológica, se agrega la legal, psicológica y social. Además, garantiza la participación activa de las personas con VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS como socias indispensables en la respuesta integral. En materia Laboral: además de prohibir  la realización del diagnóstico; se garantiza su derecho al trabajo y estabilidad laboral. Y se determina un régimen previsional diferencial.

Es una ley con perspectiva de género que incluye los derechos de las personas gestantes.

En fin, estamos ante una legislación de avanzada que seguramente será ejemplo en la región y el mundo.

Durante un plenario de las comisiones de Salud, Población y Desarrollo Humano, y Presupuesto y Hacienda del Senado, recibió este jueves dictamen unánime el proyecto de ley de oncopediatría con media sanción de la Cámara baja.

Asimismo, las comisiones de Salud y Presupuesto avanzaron luego con el despacho favorable -también por unanimidad- del proyecto de la nueva ley de VIH, votado en Diputados en el 5 de mayo pasado.

Oncopediatría

Al abrir el encuentro realizado en el Salón Illia, el tucumano Pablo Yedlin (FdT) manifestó que “esperábamos y, sobre todo la comunidad de familiares de niños con cáncer de toda la Argentina, que este proyecto se pudiera transformar en ley en el corto plazo”.

Al aportar cifras, el presidente de la Comisión de Salud detalló que “en 2020 hubo en Argentina cerca de 1.919 casos de cáncer infantil. Es un número que se repite lamentablemente todos los años”. Mientras que “578 niños mueren por año, entre 0 y 19 años” y “la prevalencia de casos -en cinco años, a 2020- es de casi 6.643”. No obstante, rescató que “más del 60% del cáncer infantil hoy tiene tratamiento y curación”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, María Belén Tapia (UCR), aseguró que se trata de “un tema que por su sensibilidad merecía que escuchemos a la sociedad y lo pongamos en pronto tratamiento”. “Es un tema que nos toca transversalmente, deja de lado las grietas, las diferencias ideológicas y partidarias”, agregó.

La santacruceña dijo que se trata de “darles herramientas concretas a las familias” y destacó que “esta iniciativa es fruto de la militancia de diferentes colectivos que se organizaron a lo ancho y largo del país”.
El texto plantea la creación del “Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer”, con el objetivo de reducir la morbimortalidad por esta enfermedad y garantizar los derechos de los pacientes.

Entre esos derechos, algunos de los que se enumeran son: recibir los mejores cuidados disponibles, priorizando el tratamiento ambulatorio, siendo la estancia en el hospital lo más breve posible de acuerdo al tratamiento; estar acompañado/a de sus referentes familiares o de cuidado, sin que les comporte costos adicionales ni obstaculice el tratamiento; recibir información sobre su enfermedad y su tratamiento, de una forma que pueda comprenderla con facilidad y pudiendo tomar decisiones, con la asistencia de sus progenitores cuando fuera necesario.

El Instituto Nacional del Cáncer, que será la autoridad de aplicación, deberá extender una credencial a los pacientes que se hallen inscriptos en el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, cuya sola presentación le servirá para acreditar la condición de beneficiario de la ley. Dicho certificado se renovará automáticamente cada año, y sólo cesará su vigencia con el alta definitiva del paciente, hasta los 18 años de edad inclusive.

De acuerdo a la iniciativa, el sistema público de salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, deberán brindar al niño, niña y adolescente con cáncer una cobertura del 100% en las prestaciones para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.

Por otra parte, el Estado nacional tendrá que otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad a aquellos progenitores o representantes legales que se encuentren en situación de desempleo y no cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional. Se aclara que esta asignación no durará más allá del plazo de duración del tratamiento estimado según indicación médica.

Además, el proyecto contempla el beneficio de estacionamiento prioritario en zonas reservadas y señalizadas y la gratuidad en la utilización del transporte público y transporte colectivo terrestre.
En lo que respecta a la vivienda, para los pacientes con familias en situación de vulnerabilidad social la autoridad de aplicación deberá promover ante los organismos pertinentes la adopción de planes y medidas que faciliten “el acceso a una vivienda adecuada o la adaptación de la vivienda familiar a las exigencias que su condición les demande”.

Pero también, en caso de tratarse de niños, niñas o adolescentes cuyo tratamiento se realice de manera ambulatoria y deban trasladarse y permanecer junto a su grupo familiar a una distancia mayor a los 100 kilómetros de su lugar de residencia para dicho tratamiento, el Instituto Nacional del Cáncer en coordinación con las respectivas jurisdicciones, “garantizará a la familia el acceso a un subsidio habitacional que les permita facilitar y cubrir los gastos de locación de vivienda durante el plazo que dure el tratamiento”.

Sobre la educación, la autoridad de aplicación en conjunto con las provincias tendrá que “diseñar y ejecutar políticas destinadas a garantizar el acceso a la educación” y “arbitrar las medidas pertinentes para fortalecer las trayectorias educativas” de los niños, las niñas y adolescentes que se encuentren en esta situación.

Otro punto saliente es que uno de los progenitores o representantes legales podrá gozar del derecho de licencias especiales que permita acompañar a sus hijos en los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud, “sin que ello fuera causal de pérdida de presentismo o despido de su fuente de trabajo”.

“Durante la licencia el/la trabajador/a percibirá de la Administración Nacional de la Seguridad Social, las asignaciones correspondientes y una suma igual a la retribución que le corresponda al período de licencia, de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas”, agrega el texto.

Nueva Ley de VIH

Durante la reunión, la senadora Silvina García Larraburu (FdT) recordó que “desde el año 2016 que he presentado la primera iniciativa que fue fruto del trabajo mancomunado con más de 50 organizaciones”. “Esta ley ya tenía 30 años de vigencia, se necesitaba la actualización”, consideró. La rionegrina sostuvo que “la ley siempre es perfectible y mejorable, pero luego de 30 años esta es muy superadora”.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), ratificó el apoyo de todo el interbloque y celebró “la rapidez y celeridad con la que se ha tratado”. El radical apuntó que en el país “hay un 30% de un diagnóstico tardío” en el caso del VIH y “un 50% de subregistro de las hepatitis”. Por eso, remarcó la importancia que tendrá la “reglamentación e implementación” una vez sancionada la ley, para llevar a cabo “campañas de incentivo para que se pueda hacer la prevención necesaria”.

El proyecto con media sanción deroga la actual Ley 23.798, que declaró de interés nacional la lucha contra el SIDA, y fue sancionada en el año 1990. Además del VIH, la nueva norma busca incorporar a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

De acuerdo al texto, se prevé “la respuesta integral e intersectorial” y la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc-.

La iniciativa prohíbe la realización de la prueba diagnóstico en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral.

Tampoco podrá solicitarla ninguna institución educativa, pública o privada, como requisito de ingreso, permanencia, promoción o para el acceso a becas.

La prueba diagnóstico será voluntaria, solo con consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial; universal; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test.

Por otra parte, el proyecto establece una jubilación anticipada de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, a la que se podrá acceder a partir de los 50 años, con acreditación de 20 años de aportes y 10 años de transcurrido el diagnóstico. La jubilación resultará incompatible con quien tengan un trabajo en relación de dependencia.

Asimismo, se crea una pensión de carácter vitalicio y no contributivo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Entre otros puntos, la iniciativa plantea que toda mujer y/o persona con capacidad de gestar deberá recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud, como a la de su hijo/a, tanto en el embarazo como en el posparto.

También, todo/a hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH y/o Hepatitis B o C tendrá derecho a acceder de manera gratuita a la leche de fórmula durante los primeros 18 meses.

Cuando resultó electo senador por Tucumán, en las elecciones del año pasado, Pablo Yedlin tenía todas las fichas para ser el próximo presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta. Comisión que, hasta diciembre, estuvo en manos de la oposición. Finalmente, y tras varios meses de retraso, se constituirá este miércoles y quedará para el oficialismo.

Médico de profesión y exministro del área en su provincia, el legislador del Frente de Todos fue una de las caras visibles durante la pandemia, cuando estuvo al frente de la misma comisión, pero en la Cámara baja. Ahora, en la previa de asumir ese mismo cargo, pero del otro lado del Salón Pasos Perdidos, dialogó con parlamentario.com acerca del trabajo que viene.

En lo inmediato, el senador reveló que “hay mucho acuerdo para que salgan” y se sancionen en una próxima sesión los proyectos sobre nueva ley de VIH y ley de oncopediatría.

Por otro lado, el oficialista opinó que “el gran problema hoy de la salud mental en la Argentina no es la ley” sino que “se ha invertido poco”.

Además, Yedlin habló sobre su intención de debatir “la integración del sistema de salud en la Argentina” y cómo se regula el precio de los medicamentos.

También destacó que en los temas de salud “no hay grieta” y hay que “tratar de que no se meta”, ya que “en este parlamentarismo actual, no podés sacar ninguna ley sin consenso”.

Luego de conformarse la Comisión de Salud, ¿con qué temas está previsto avanzar en el corto plazo?

Si se puede vamos a convocar para una reunión de la comisión este jueves, para esta misma semana dar despacho a dos proyectos de ley que tenemos hace bastante dando vuelta, y que me parece que hay mucho acuerdo para que salgan, así que para qué demorarlo. Y por ahí poder tenerlos en una próxima sesión ya. Son media sanciones de Diputados, la de la nueva ley de VIH y la ley de cáncer infantil. Ambos proyectos en los que participé (en el debate) en Diputados.

La nueva ley de VIH, que en realidad no es solo de VIH, sino también de enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis y hepatitis virales, es un proyecto interesante que viene a modernizar la vieja ley de VIH, que es una ley que tiene muchos años, que es una ley que generó muchos derechos a los pacientes con enfermedades en la Argentina en ese momento, cuando casi nadie tenía leyes de este tipo. En Latinoamérica nadie y en el mundo muy pocos, y la verdad es que permitió que los pacientes con VIH en la Argentina accedieran a tratamientos en forma gratuita a lo largo de todos estos años. Pero se agregan otras necesidades de los colectivos, más allá de las otras enfermedades, se agrega, por ejemplo, unos beneficios de ANSeS para personas con VIH con más de diez años de diagnóstico, que tengan 20 años de aporte para poder jubilarse. O sea, no se les va a exigir los 30 años de aporte. Por otro lado, aquellas personas con VIH que tengan la enfermedad activa y tengan situaciones sociales muy complejas van a poder recibir una pensión también.

Básicamente también pensamos en algunos colectivos con VIH que son muy discriminados, que forman parte de los grupos LGBTIQ, y gente que se ve en alto riesgo de exposición, sobre quienes se genera una situación de enorme vulnerabilidad social, entonces el Estado de alguna manera los va a apoyar.
La iniciativa también prohíbe taxativamente estudios pre-laborales de VIH para no discriminar a personas que buscan trabajo.

Y oncopediatría es una ley que viene de Diputados, donde también se trabajó mucho, y basicamente lo que hace es, además de garantizar el tratamiento, que eso en la Argentina ya está, es darles algunas ayudas a las familias con chicos con cáncer que, cuando sobre todo son del interior y tienen que viajar a Buenos Aires a hacerse el tratamiento, les permitirá como tener un certificado de discapacidad transitorio por dos años mientras dure la enfermedad. Entonces podrán conseguir pasajes de forma más fácil o gratuita, lugares para estacionamiento reservado, entre otras cosas.

Por estos días hay un debate interesante en torno a la Ley de Salud Mental, ¿se va a abordar una discusión para modificarla?

La Ley de Salud Mental es una ley que tiene muchos años, viene de 2010. Es una ley a la que se la está criticando hoy, en las últimas épocas, pero para mí no es correcta la crítica respecto a las internaciones compulsivas que la ley impide. Justamente, el objetivo de esta ley, en sintonía con todas las leyes de salud mental del mundo moderno, evitan las internaciones compulsivas. Lo que pasa es que también hay que recordar es que la ley sí permite internaciones compulsivas en algunas situaciones en donde, a pedido de un médico que claramente estipule por qué ese paciente no puede voluntariamente internarse, porque su condición psiquiátrica se lo impide, o no se da cuenta de la realidad en la que vive, o es un paciente adicto que no tiene capacidad para poder tomar esta decisión, el médico o un profesional tratante puede pedir al juez que le habilite la internación compulsiva. Eso existe.

El gran problema hoy de la salud mental en la Argentina no es la ley, el problema es, y ahí sí creo que hay bastante coincidencia, es que se ha invertido poco en salud mental en la Argentina. También acá quiero rescatar que, cuando se dice esto, en general se va a ver el Presupuesto de la Dirección de Salud Mental de la Nación para saber cuánto se invierte. Y en realidad, en un país como el nuestro, un país federal, hay que entender que cada una de las provincias son autónomas. Que las direcciones propias, y la inversión real en salud mental las hacen las provincias. ¿En qué? En hospitales multivalentes que tengan sala de salud mental, profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogos, disponibilidad de recursos, eso es responsabilidad de cada una de las provincias. No tiene que ver la Dirección Nacional, que sí es un órgano rector, consultor, coordinador. A veces ayuda en financiamiento, compra vacunas o insumos, pero de ninguna manera es responsable de la salud de las poblaciones, esto lo define cada una de las provincias, entonces es difícil querer cambiarlo a través de la Ley de Salud Mental. Lo que hay que hacer es cambiar cada una de las realidades provinciales, y hay provincias que han avanzado mucho. Tucumán, por ejemplo, es una provincia que, hace unos años atrás, antes de la ley, tenía solo dos hospitales monovalentes, o sea que eran solamente psiquiátricos, uno de mujeres y uno de varones. Hoy eso ya no existe, se transformaron en hospitales generales con salas de salud mental. No teníamos psicólogos en los centros de atención primaria, y hoy todos tienen uno.

Pero cada vez que se resuenan casos mediáticos se pone el foco en la letra de la ley…

No todo se soluciona con leyes. Y tampoco es verdad que la Ley de Salud Mental sea una mala ley. Yo no voy a acordar con eso. Para mí es una ley muy importante, que ha marcado muchos derechos para los pacientes con problemas psiquiátricos, y con problemas en el uso de sustancias, pero me parece que el problema no pasa por ahí. Entonces querer solucionar un problema, generándose otro, me parece que no es correcto.

También es verdad que ninguna ley es perfecta, y que toda ley puede ser perfectible. Yo estoy dispuesto a escuchar propuestas de modificación. Ahora, lo que no me parece es que le caigamos a la Ley de Salud Mental con la culpa de que determinada jurisdicción tenga mayor o menor capacidad de internación, tratamiento y acompañamiento de pacientes psiquiátricos. Por otro lado, hoy por hoy, la internación de pacientes con problemas de adicciones o con problemas psiquiátricos, es muy baja. La mayoría de estos pacientes se trata de forma ambulatoria.

¿Qué otras cuestiones tiene previsto llevar a la Comisión?

Me parece que el gran tema es la integración del sistema de salud en la Argentina, que no quiere decir unificar el sistema de salud en un sistema público único al estilo español o al estilo inglés. Esos son países que han unificado en un sistema único con financiamiento público. Yo no digo que ese sea el camino de la Argentina, pero sí creo que el sistema fraccionado y segmentado que tiene el sistema argentino, que somos federales, genera un fraccionamiento que debe de alguna manera tener un órgano rector claro, que es el Ministerio de Salud de la Nación, sin ninguna duda para mí, que debe existir y ser fuerte. Lo digo porque hay muchos comentarios de candidatos a presidentes que quieren que no haya ministerio, Patricia Bullrich, (Javier) Milei, y todos estos muchachos. Que no solo lo dicen, sino que lo hicieron, en 2018 nos dejaron sin Ministerio. Creo que la Argentina no puede darse el gusto nunca más de no tener Ministerio. Tres veces nos pasó: dos veces con gobiernos militares y una vez con Mauricio Macri.

Esto es necesario, pero también hay muchas normativas que hay que compatibilizar. Y eso lo está llevando adelante la ministra (Carla) Vizzoti, con los ministros de las provincias, en el COFESA (Consejo Federal de Salud).

Otro tema que me parece muy importante en la Argentina, que debemos considerar, es el tema del precio de los medicamentos. Argentina tiene un sistema de salud que se basa en un derecho constitucional y, por lo tanto, debe acceder a un bien social como es el medicamento. Entonces, la inflación de los medicamentos de alguna manera debe controlarse. No podemos tener en un sistema, insisto, en donde la salud es un derecho, y los medicamentos al arbitrio del mercado, sin ningún control. Eso no puede pasar. Esto para los medicamentos de precio normal, y después, para los medicamentos de muy alto precio, que hoy son un problema en todos los sistemas de salud, porque son tremendamente caros, un millón, dos millones, 500 mil dólares por año, durante muchos años, para eso hay que generar un seguro para altos costos, que sí me parece que es responsabilidad del Ministerio de la Nación trabajar en eso.

También debemos avanzar en institutos nacionales de calidad. Por ejemplo, la Agencia de Evaluación de Tecnología Médica, que sería un instituto autárquico, independiente, con su propio presupuesto. Esto permitiría decir qué medicamentos o tecnologías médicas el sistema solidario de salud argentino debe pagarles a los argentinos y cuáles no.

¿Cómo ve que pueda darse el trabajo con la oposición?

En los temas de salud hemos conseguido consenso generalmente. Mario Fiad (expresidente de la Comisión de Salud) es una persona amiga. Hemos trabajado mucho cuando yo estaba en Diputados y él acá (por el Senado). Creo que tenemos una mirada compartida en el sentido de que lo que tenemos que hacer, que es generar más salud para los argentinos. No hay grieta en estos temas, y tenemos que tratar de que no se meta; porque al final, en este parlamentarismo actual, no podés sacar ninguna ley sin consenso, entonces si se avanza con leyes en las que no hay consenso, no van a prosperar.

Sobre el final del debate del proyecto de ley de VIH, el diputado del Pro Alejandro Finocchiaro expresó su acompañamiento a la norma en general, pero adelantó el rechazo a uno de sus artículos.

“No vamos a acompañar la redacción del artículo 9”, aclaró, en referencia al punto que establece: “El derecho al trabajo y a la permanencia en el mismo, sin discriminación, despidos, suspensiones, hostigamientos, reducciones salariales, violencia, violación de la confidencialidad, para la población referida en la presente ley”.

Para el legislador del Pro, según ese punto los pacientes “tienen derecho a la extensión indeterminada del vínculo laboral, evitando de ese modo cualquier causa de despido o suspensión”. Expresó en ese sentido que “seguramente todos compartimos el espíritu de la ley, pero también que es muy importante distinguir dos dimensiones: una cosa es la discriminación de las personas que atraviesan estas enfermedades en cuanto a su acceso al trabajo, pero muy distinto es crear una especie de estabilidad laboral que no conoce nuestro derecho laboral en el sector privado”.

“Ello sería crear una especie de inmunidad sin termino de carga a quienes dan trabajo frente a cualquier tipo de causa propia de la dinámica laboral y profesional que los vincula, pero ajena a las enfermedades que motivan esta iniciativa”, agregó.

Para Finocchiaro, “si el trabajador en la situación que se pretender legislar estuviese impedido de sostener las tareas, el artículo 212 de la 20.744 de Contrato de Trabajo resuelve estas cuestiones, entonces no hay que legislar sobre ellas. Si sostuviéramos la actual redacción crearíamos una categoría especial de enfermedades que permitirán obtener determinados beneficios frente a otras que son tanto o más condicionantes”.

Vicepresidente 2° de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, el catamarqueño Rubén Manzi llevó la voz cantante de la mayoría de las modificaciones que se buscaron introducir a la norma. En primer lugar, para el inciso “a” del artículo 1° el legislador de la Coalición Cívica propuso ampliar a la enfermedad de la lepra el espectro alcanzado por la norma, quedando redactado de la siguiente manera: “La respuesta integral e intersectorial para enfermedades infecciosas crónicas de transmisión interhumana tales como el virus de inmuno deficiencia humana (VIH), las hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual (ITS), la tuberculosis (TBC); la lepra y otras que por su evolución, características e impacto sean homologables a estas.

Propuso también agregar un inciso “f” que diga “la promoción del establecimiento de nuevos centros de testeos como estrategia para lograr efectuar mayor cantidad de diagnósticos”, y un inciso “g” que diga “la disponibilidad de los medicamentos en el lugar de residencia de residencia del paciente, con el fin de facilitar su adherencia al tratamiento”.

La presidenta de la comisión, Mónica Fein, aceptó incorporar los citados incisos “f” y “g”, mas no el pedido de sumar otras enfermedades, por cuanto consideró que “esta es una ley integral que inclusive incorpora un régimen previsional, y dejar abierta a otras enfermedades podría generar un universo que no conocemos”.

El diputado Gustavo Bouhid propuso modificar el artículo 3° estableciendo que “la asistencia será general universal y gratuita para aquellas personas que carecen de cobertura médica, quedando a cargo de las entidades comprendidas en este artículo las prestaciones correspondientes a los tratamientos de los afiliados”. Fein aclaró que no aceptaban la modificación por cuanto “se sobreentiende que la asistencia es integral, universal y gratuita como concepto, y obviamente quien tiene obra social o prepaga aporta a partir de esa adhesión a la garantía de la cobertura integral y que no sea un pago de coseguro cuando se tiene la consulta”.

Antes de votar, el diputado Alejandro Cacace aclaró que tal cual se había conversado proponían al final del artículo que diga “y las distintas herramientas e innovaciones de la estrategia de la prevención combinada”, y esa incorporación sí fue aceptada.

Respecto del artículo 8°, el diputado Manzi reiteró lo que había dicho durante el debate respecto de las pruebas de diagnóstico para trabajadores de la salud que pudieran tener un intercambio accidental de sangre con el paciente. Y entre silbidos desde los palcos leyó cómo quedaría el texto: “Se prohíbe la oferta y la realización de la prueba diagnóstica de VIH, hepatitis virales y otras ITS en los exámenes médicos preocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral, exceptuando las relaciones con actividades que estén expuestas a un intercambio accidental de sangre del postulante con sangre de terceros y que por ello requieran la constatación de posibles accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, además de resguardar la salud de terceros afectados. No podrá condicionarse la permanencia o promoción en los puestos de trabajo a la realización o al resultado de esta prueba”. La presidenta de la comisión rechazó las modificaciones propuestas.

Llegando a la parte relacionada con Derechos laborales, el diputado Alejandro Cacace propuso para el inciso “a” del artículo 9°, teniendo en cuenta que muchas veces se producen despidos con otras aparentes justificaciones, pero que tienen que ver con que la persona tiene HIV, sumar al final la siguiente incorporación: “Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de personas con VIH, hepatitis virales, otras ITS y/o TBC ITS o TBC, obedece a razones de discriminación”.

Manzi sumó en el inciso “c”, que dice “el derecho a no ser objeto de pruebas diagnósticas de modo compulsivo”, la frase: “en los casos de HIV y hepatitis virales”. Esto es por cuanto en casos de tuberculosis se podría poner en riesgo a los compañeros de trabajo.

Ahí se produjo una confusión, pues la presidenta de la comisión aceptó en principio la modificación propuesta por Cacace y no la de Manzi, aunque inmediatamente se desdijo y aclaró que la aceptación y rechazo era al revés. Con una sonrisa, el presidente de la Cámara la corrigió: “Yo entiendo que es al revés, diputada. Entiendo que es al revés, se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Cacace, no se aceptan las propuestas por el diputado Manzi”, precisó Sergio Massa.

En cuanto al artículo 17°, el diputado Manzi sugirió incluir un párrafo destinado a las personas que en función de su residencia están alejadas de los centros asistenciales a los cuales deben concurrir: “Establécese asimismo la obligatoriedad de ofrecer al paciente el seguimiento del tratamiento y la provisión de los medicamentos en su lugar de residencia”. Mónica Fein aceptó la modificación.

A continuación, Mónica Fein pidió la reconsideración del artículo 15°, donde retiraron del texto lo referido a las hepatitis B y C. dicho artículo refiere a “la realización y/o procesamiento de las pruebas diagnósticas para la detección de VIH”, para las cuales “es requisito suficiente la solicitud y firma del consentimiento informado de la persona interesada”.

Al llegar al segmento correspondiente a la “seguridad social”, Alejandro Cacace se refirió a la creación de los regímenes previsionales de excepción y para el artículo 24° propuso poner: “Se presumen cumplidas las condiciones para acceder al beneficio establecido en el artículo 17° inciso ‘c’, de la Ley 24.241 para las personas con VIH y/o hepatitis B y C que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 25° de esta ley”.

La presidenta de la Comisión de Salud rechazó la modificación, y a continuación pidió la palabra Maximiliano Ferraro para expresar que “no me parece habilitar en términos de este debate que producto de las dos cuestiones que hacen a la seguridad social, pensiones no contributivas y adelanto de la edad jubilatorias, considerarlos como un régimen especial o de privilegio”.

“Uno puede respetar las opiniones que tiene cada uno con respecto a la situación actual de las jubilaciones, pero, ¿sabe qué siento? Pagan justos por pecadores, porque este Congreso de la Nación históricamente mira a otro lado en el otorgamiento de jubilaciones de privilegio que son escandalosas y acá estamos hablando de que en la Argentina hay 130 mil personas diagnosticadas con VIH, que se está estableciendo qué es una contributiva para personas de alta vulnerabilidad social, pero que esos 130 mil que hoy conocen su serología, tienen que tener 20 años de aporte y 10 años de diagnosticada. Yo respeto la opinión que pueda tener la mayoría de mi interbloque y el resto de los diputados, pero lo que no quiero es que se instale en una cuestión de reparación histórica, en una cuestión de reconocimiento, que es un sistema de jubilación de privilegio o un régimen especial”.

En cuanto al artículo 30°, referido a las pensiones no contributivas para personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, de carácter vitalicio y no contributivo, que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. “Tal dictamen no define qué es la vulnerabilidad social ni a quién aplica”, señaló el diputado Cacace, por lo cual sugirió sumarle al final la aclaración: “cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. El trabajo en relación de dependencia no impedirá el goce de la pensión indicada en el presente artículo. Esta pensión será compatible con otros beneficios sociales”. En rigor, aclaró que esa frase correspondía a un anterior dictamen cuya autoría atribuyó a Carolina Gaillard y otros diputados. La diputada entrerriana intervino para aclarar que eso había sido consultado con la ANSeS, organismo que avaló el régimen especial de jubilaciones, entendiendo que no era de privilegio, y en cuanto a la pensión no contributiva “sugirieron la redacción actual del artículo 30°, por eso vamos a sostener la redacción actual, porque están hechas las consultas con los organismos pertinentes”. Obviamente no se aceptó la modificación de JxC.

La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves al proyecto que deroga la Ley 23.798 y busca establecer el interés público en relación a la respuesta integral e intersectorial para el abordaje por infección por VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como también la tuberculosis (TBC).

La aprobación se alcanzó por 241 votos a favor, 8 negativos y ninguna abstención.

Los 8 votos en contra correspondieron a los libertarios José Luis Espert, Carolina Píparo, Javier Miley y Victoria Villarruel, y los diputados de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, Pablo Torello, Francisco Sánchez y Paula Omodeo.

El debate

En primer lugar habló la presidenta de la Comisión de Salud, Mónica Fein, quien agradeció en primer lugar a los diputados y diputadas que en otros momentos de esa comisión trataron esa propuesta que ingresó al Congreso en 2016, incluso llegaron a darle dictamen, hasta que finalmente ahora llegó al recinto. Pero sobre todo agradeció a “las organizaciones sociales que pusieron en agenda esta ley que permite actualizar la Ley 23.798, que fue muy importante allá por 1990, pero que 30 años después es necesario modificar”.

“Hablar de VIH sida es hablar de una pandemia que se ha extendido por más de 40 años, que no siempre ha estado en el debate público, y ha costado 36 millones de vidas”, destacó la diputada rosarina, que apuntó que hay más de 37 millones en todo el mundo. 140 mil personas viven en Argentina con VIH, a las que se suman cada año 4.500 personas que contraen la infección por VIH.

Fein destacó más adelante que “esta pandemia ha estado marcada por otro tema fundamental: el estigma y la discriminación de aquellos que enfrentan esta enfermedad”.

La diputada socialista habló del proyecto como una herramienta que “viene a dar una mirada integral para avanzar en este camino. Reducir la desigualdad es dar prioridad a personas que aun hoy no tienen acceso a los servicios”. Agregó que “esta ley plantea un abordaje integral e intersectorial en la atención primaria de la salud, garantizando la atención combinada para la reducción de riesgos y daños; con mecanismos claros para la participación de poblaciones clave en el monitoreo de políticas”.

Sostuvo la diputada que la norma garantiza derechos laborales sin discriminación, ni despido, ni suspensiones, ni hostigamientos”. Prohíbe además las pruebas de diagnóstico compulsivos en exámenes preocupacionales, destacó la diputada, que consideró que “esta ley garantiza un derecho humano con perspectiva de género”, y viene a “saldar una deuda histórica con estas poblaciones que viven con VIH”.

“Con esta aprobación estamos cumpliendo con un deber moral y ético y contribuyendo a una sociedad con más igualdad y derechos”.

A continuación, desde el oficialismo habló el vicepresidente 1° de la comisión, Daniel Gollan, quien lamentó el clima de bullicio que había acompañado el discurso anterior, que tuvo lugar justo a continuación de la aprobación del tratamiento en comisión de boleta única. “Parece como que una ley que puede salvar potencialmente 13 vidas por día, quizá no es tan importante. Va para todos”, reprochó.

“Este tipo de leyes son las que veníamos con mucho entusiasmo a discutir aquí, porque hemos trabajado de manera armónica entre todos los bloques”, sostuvo, para remarcar luego que para él esa era “la ley más importante que vamos a tratar hoy”.

Con relación a algunas dudas sobre el impacto de la aplicación de esa norma en el sistema previsional, señaló que a partir de la opinión del ANSeS y los organismos competentes, se determinó que “es ínfimo, y le estamos dando respuesta a sectores que aún no pueden acceder a una vida digna”. En ese sentido precisó que potencialmente se habla de unas 50 jubilaciones anuales, y mil pensiones, con lo cual “le resolvemos la vida a estas personas”. Por eso, dijo, “me parece que poner en tela de juicio esto no tiene ningún sentido”.

Hizo referencia luego a los retoques hechos al proyecto y concluyó afirmando que “hoy va a tener media sanción una ley que debería haber estado hace mucho tiempo”.

A continuación habló el diputado de la Coalición Cívica Rubén Manzi, quien destacó que “la historia de la humanidad está plagada de enfermedades malditas”, y en ese sentido en las últimas décadas “ese rol de enfermedad maldita lo tiene el sida”, que “evidentemente despierta en muchos fantasmas atávicos que tienen que ver con ideas fundadas en el miedo y el posible castigo divino”.

“Creo que todos los miembros de la Comisión de Salud estamos convencidos de que es una ley buena, que puede ser perfectible”, señaló el diputado catamarqueño, quien adelantó el apoyo de JxC en general, “marcando algunas disidencias” que a continuación detalló, con el fin de que “esta ley tenga mayor consistencia técnica y legal”.

En referencia al artículo 1°, dijo que el mismo define un universo de enfermedades infecciosa crónicas de transmisión interhumanas, pero a su juicio eso deja fuera algunas enfermedades que “también merecen ser amparadas y atendidas por nosotros”. Citó el caso de “otra enfermedad maldita histórica, la lepra crónica”.

“Entiendo que este proyecto se estructuró en torno al sida, pero hoy el criterio se amplió y pido eso se respete. Así como se sumó a la tuberculosis, debe sumarse la lepra y alguna otra enfermedad homologable a esta situación”, precisó.

Se refirió luego al artículo 8, que habla de la prohibición de pedir pruebas diagnósticas prelaborales, y al respecto pidió hacer alguna excepción: “hay actividades, sobre todo que tienen que ver con el ámbito de la salud, donde fácilmente se  puede poner en contacto el torrente sanguíneo del trabajador con la sangre del paciente al que se está asistiendo”, dijo, ejemplificando con los casos de técnicos de diálisis o hemoterapeutas, que para él deberían tener un diagnóstico previo de la situación inmunológica que tienen.

Con relación al artículo 9°, dijo que quedaron zanjadas las dudas pues el oficialismo aceptó que la prueba de tuberculosis no sea excluida en el prelaboral, por lo que significa para riesgos hacia los compañeros de trabajo.

Por último consideró “una inequidad” establecer un régimen especial jubilatorio por ese tipo de enfermedades, cuando hay otras enfermedades que tienen similares características y no son alcanzadas por el beneficio.

Luego habló quien formalmente presentó el proyecto: Ana Carolina Gaillard. Muy aplaudida desde los palcos, la diputada entrerriana recordó los “cuatro intentos de proyectos presentados; 9 años de trabajo. Se dictaminó en varias oportunidades y no logramos nunca legar al recinto”, dijo, aclarando que la iniciativa “no es de mi autoría, sino de las organizaciones de la sociedad civil”.

“Este proyecto tiene un abordaje de la cuestión social, en el capítulo que tiene que ver con la jubilación y pensión no contributiva, porque las personas que sufren VIH se siguen muriendo de pobreza y por discriminación -enfatizó-. Por eso necesitamos un Estado presente, que garantice que estos derechos sociales estén cubiertos, porque las personas que sufren VIH tienen un deterioro en el organismo y un envejecimiento precoz por el tratamiento que llevan durante años”.

Gaillard insistió en que se necesita la jubilación especial “porque el porcentaje más alto de personas que mueren con VIH está entre los 45 y 55 años. Necesitamos una jubilación especial porque la mayoría no tiene los aportes necesarios que se les exigen, por eso esta ley establece que se les pida 10 años de aporte y 50 años de edad”.

Agregó que “necesitamos pensiones no contributivas porque de 7 personas con VIH en la provincia de Buenos Aires solo una tiene un empleo formal, con lo que esto conlleva: una dificultad para tener la cobertura médica necesaria”.

La diputada Gaillard dio más detalles al señalar que el 67% de las personas que viven con VIH se atienden en el sistema público, mientras que el 65% de la población que no tiene VIH se atiende en el sistema privado. Además, el 17% de la población no sabe que tiene VIH; el 70% no sabe que tiene hepatitis y el 30% de los diagnosticados con VIH son tardíos. “Esta es una ley que salva vidas; cuanto antes salga, menos van a morir con VIH”, concluyó.

Exministra de Salud en su provincia, la tucumana Rossana Chahla hizo hincapié en “la importancia de la prevención primaria” y por eso habló de la propuesta de “poder desarrollar todas las estrategias que tengan que ver con la prevención primaria”.

“La prevención primaria pasa a ser un estandarte en la salud pública”, enfatizó.

Otro exministro de Salud provincial, el jujeño Gustavo Bouhid, habló a continuación de la necesidad de aumentar las pruebas diagnósticas, algo que no está previsto en la ley, para lo cual debería aumentar el número de centros de testeo. “Tenemos que facilitarle a toda la población poder hacer los testeos, que tienen que ser voluntarios, no compulsivos”.

Asimismo hizo referencia a que muchos pacientes dejan de hacer el tratamiento porque en la gran mayoría dependen del sistema de salud pública. Y en sus provincias van al hospital principal de la misma para atenderse, pero sobre todo los sectores más humildes terminan dejando los tratamientos. “Por eso pedimos que la medicación llegue al lugar de residencia del paciente; es algo que podemos hacer y no tiene prácticamente costo”, remarcó el diputado radical.

También cuestionó que el proyecto no contemple hacer el seguimiento de porqué abandonan los pacientes el tratamiento, algo que muchas veces se debe a cuestiones sicológicas y la falta de contención de los equipos.

Planteó también diferencias en el tema previsional: “Pensamos que no tiene que ser solo para esta enfermedad, hay muchas otras que producen envejecimiento prematuro y deberían tratarse aparte, lo mismo lo laboral, nadie debería quedarse sin trabajo por estar enfermo”.

Que dice la ley

El proyecto aprobado este jueves deroga la actual Ley 23.798, que declaró de interés nacional la lucha contra el SIDA, y fue sancionada en el año 1990.

Además del VIH, la nueva norma busca incorporar a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

De acuerdo al texto, se prevé “la respuesta integral e intersectorial” y la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc-.

La iniciativa prohíbe la realización de la prueba diagnóstico en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral.

Tampoco podrá solicitarla ninguna institución educativa, pública o privada, como requisito de ingreso, permanencia, promoción o para el acceso a becas.

La prueba diagnóstico será voluntaria, solo con consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial; universal; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test.

Por otra parte, el proyecto establece una jubilación anticipada de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, a la que se podrá acceder a partir de los 50 años, con acreditación de 20 años de aportes y 10 años de transcurrido el diagnóstico. La jubilación resultará incompatible con quien tengan un trabajo en relación de dependencia.

Asimismo, se crea una pensión de carácter vitalicio y no contributivo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Entre otros puntos, la iniciativa plantea que toda mujer y/o persona con capacidad de gestar deberá recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud, como a la de su hijo/a, tanto en el embarazo como en el posparto.

También, todo/a hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH y/o Hepatitis B o C tendrá derecho a acceder de manera gratuita a la leche de fórmula durante los primeros 18 meses.

Con un retraso de más de una hora para su comienzo, se reunieron las comisiones de Acción Social y Salud Pública, presidida por la santafesina Mónica Fein, y la de Presupuesto y Hacienda, conducida por Carlos Heller, para emitir dictamen al nuevo proyecto de ley de VIH, las Hepatitis Virales, la Tuberculosis – TBC – y las Infecciones de Transmisión Sexual – UTS. Tras el debate, la autora de la iniciativa Carolina Gaillard (FdT – Entre Ríos) aceptó las modificaciones propuestas por sus pares que serán incorporadas en su tratamiento en el recinto.

La nueva ley de VIH establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. En este sentido, toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal. Además, el proyecto promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y veinte años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los cincuenta años de edad.

El proyecto también promueve  la capacitación, la investigación, la difusión de campañas masivas, y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, cuya integración debe ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros; y un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.

El debate

Al comienzo de la reunión, el representante del Ministerio de Salud de la Nación, Hugo Feraud, recordó que el año pasado se realizó un “intenso trabajo” con organizaciones y sociedades científicas para articular “el texto del proyecto que incorpora novedades y pone en valor derechos que tenían que estar reflejados en la letra legislativa”.

En ese sentido, hizo hincapié sobre tres puntos para que “la Cámara lo tenga en cuenta”. Por un lado, apuntó a uno de los artículos es el que trata la cuestión de la leche porque “hay consensos de fórmula que la leche debe dispensarse hasta los 12 meses y luego se puede continuar con otro tipo”.

“Otro punto a tener en cuenta tiene que ver con el diagnóstico y consentimiento informado, es importante sugerir que se tenga en cuenta poder hacer una diferencia entre TBC y Hepatitis. En el caso del TBC hay cuestiones sanitarias que tiene que ver con el análisis de contacto que es necesario hacer estudios para el cuidado de la salud general y tiene que haber una diferenciación con eso. Sociedades científicas y grupos de pacientes de hepatitis sugieren que se haga una diferenciación para tener episodios de un diagnóstico precoz de la patología”, enumeró en segundo lugar Feraud.

Por último, señaló que en el capítulo de “el esquema de seguridad social” se debe “acompañar de alguna manera la fundamentación científica de que hoy hay sustento científico suficiente para dejar claro que la evolución de la enfermedad en esquemas terapéuticos de hace años condiciona un envejecimiento prematuro en personas que viven con VIH”.

A su turno, la autora de la iniciativa manifestó que viene a promover “un cambio de paradigma en el tratamiento del VIH, ya no considerándolo un abordaje que tiene que ver con la salud, sino también con lo social porque sigue estando rodeada por el estigma y la discriminación”. En tanto remarcó que la nueva ley incorpora a las “hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual”.

Según los datos que aportó la diputada entrerriana, en el país hay 140 mil personas con VIH, se notifican 4500 casos por año, 17% no conocen el diagnóstico y el 29% ya esta en una etapa avanzada, por lo que Gaillard subrayó: “Esta ley plantea una respuesta integral e intersectorial a todas las enfermedades. Tiene un enfoque de derechos humanas e incluye a mujeres y personas gestantes”.

A su vez, detalló que la propuesta incluye “un capítulo sobre prevención, el trabajo de capacitación y sensibilización, hace hincapié en la necesidad de desarrollo y producción de medicamentos nacionales y la investigación sobre tratamientos para la formulación pediátrica de VIH. Sobre el parto, establece que los médicos están obligados a informar sobre la posibilidad de realizarse el testeo y en el parto nunca se prohíbe que se realicen cesáreas por la situación de la persona gestante. Garantiza a la persona gestante con VIH la provisión de leche de fórmula para prevenir la transmisión vertical a través de la lactancia hasta los 18 meses”.

“En cuanto al tema laboral, tiene un fuerte capítulo sobre derechos laborales que es el corazón del proyecto porque se prohíbe que se pida el pre ocupacional y se sanciona a quienes lo hacen”, sumó Gaillard. Además, sostuvo que “sigue habiendo discriminación y prejuicios en torno a la enfermedad. Hoy hay tratamientos eficaces, pero sigue habiendo prejuicio. Es una ley que viene a garantizar que las personas con VIH tengan calidad de vida y no se limite a garantizar el tratamiento. Creemos en el Estado presente que genera condiciones de igualdad. Es la ley de todos los bloques que acompañaron”.

Tomó la palabra el diputado liberal José Luis Espert quien expresó que “el sistema de salud requiere una reestructuración absoluta y completa, que vaya un sistema integrado, no en el sentido que el Estado se apropie de todo el sistema de salud, sino un sistema entre medicinas prepagas y hospitales”.

Sobre el proyecto criticó que es “inapropiado” lo que plantea el artículo tercero respecto que la “medicina prepaga este obligada a prestar asistencia integral, universal y gratuita” porque “no hay nada gratis”.

“Quiero saber cuál es el costo fiscal. La compulsión de que las medicinas prepagas tengan que prestar este adicional de servicio”, cuestionó Espert y apuntó sobre el artículo 9 que propone la prohibición de despedir a las personas afectadas con dolencias porque “la prohibición de despidos y suspensiones no ha llegado a ningún lado bueno, seguir extendiendo las prohibiciones es no reconocer la realidad donde nos han puesto. Las prohibiciones de despido y suspensión en general. No logro explicarme, si alguien me demuestra que esto trae algún efecto positivo podría entenderlo, pero sabemos que tenemos el 40% de la población trabajando de forma precarizado”.

Por último, el legislador de Avanza Libertad cuestionó el artículo 24 sobre las jubilaciones especiales: “Estamos tratando de que no haya regímenes especiales, no veo motivos para que haya regímenes especiales a personas afectadas por estas dolencias”, y remató: “No entiendo cómo seguimos ampliando los beneficios sin medir costos fiscales en una sociedad agobiada por inflación e impuestos, no entiendo”.

Por el lado oficialista el diputado Julio Ferreyra (Jujuy) pidió que sea revisado el artículo que trata sobre “la prohibición de la revisación para ingreso al trabajo” y ejemplificó: “Una persona que tiene una enfermedad infecto contagiosa, ese empleado ingresa trabajar sin que los compañeros sepan, pone en riesgo a los demás que trabajan en el mismo sector”. En tanto, manifestó: “Sin discriminar, pero creo que la revisión médica en casos de enfermedades infectocontagiosas debe ser obligatoria porque no podemos poner en riesgo la vida de los demás por la integridad de uno solo”.

En su intervención, el puntano Alejandro Cacace (Evolución radical) adelantó el pleno acompañamiento a la iniciativa, pero hizo observaciones sobre dos puntos. Por un lado, se refirió al artículo que habla sobre la prevención porque “es un proyecto que avanza en actualizar la legislación y en recoger las prácticas actuales sobre el tratamiento, es importante sumar que hay prácticas que han avanzado mucho en la cobertura de la prevención”. Por otro lado, remarcó que “no establecemos dentro de la legislación la obligación del Estado de otorgar la cobertura, es importante hacerlo”, motivo por el cual propuso reformar el artículo 2 para que diga “que las obras de medicina prepagas y privadas están obligadas a brindar intervenciones de prevención adecuadas”.

A su turno la diputada tucumana Rossana Chahla (FdT) sugirió incorporar sobre la prevención primaria en el sida que “existe la pre exposición y post exposición que ha dado evidencia científica que disminuye el 99 % de las posibilidades de transmitir el VIH. Si bien lo cita el artículo 21 habla de terapia combinada”, por eso opinó que debe detallarse que “es muy efectiva y hay países que lo recomiendan y lo usan hace años porque hay disminución de infecciones”.

“Que las prepagas, obras sociales se hagan cargo de esta pre y post exposición. Que se agregue a la terapia combinada la pre y post exposición para personas vulnerables para evitar que se contagien”, cerró Chahla.

De forma breve,el diputado del FdT Sergio Palazzo apuntó contra Espert y le retrucó: “Lo que se evita es el latrocinio laboral que provocan los grandes empresarios del país. No se trata de una prohibición de despido en términos normales, se trata de la prohibición de despido ante la discriminación por la enfermedad que padece un ciudadano. Es de una gran insensibilidad y falta de humanidad brutal plantear en términos de privilegios y no en términos resarcitorios”.

A su turno, el vicepresidente segundo de la Comisión, el catamarqueño Rubén Manzi (CC-ARI) ponderó el proyecto de “garantizar a una población vulnerable sus derechos y prevención”, aunque hizo observaciones al respecto.

Sobre el artículo 1, que define el universo objeto de la ley, cuestionó que “en realidad desde la medicina debería decir ‘enfermedades infeccionas crónicas de transmisión interhumana que no han sido resueltas”. Además, criticó: “Hemos dejado parte del universo de las enfermedades fuera del proyecto, el caso mas claro es el de la lepra”. En tanto, propuso una redacción diferente en el artículo.

Manzi, también hizo observaciones sobre el artículo 8 que prohíbe las pruebas diagnósticas en el ámbito laboral y consideró que “hay que generar un grupo de excepciones, ya que hay actividades laborales donde los trabajadores fácilmente pueden poner en contacto su sangre con la de terceros. Hay que preservar a terceros”.

Por otro lado, sobre el artículo 9 remarcó que “niega la posibilidad de pruebas diagnósticas de forma compulsiva”, punto en el que coincidió con lo planteado por el diputado Ferreyra porque “es importante preservar la salud de los compañeros de trabajo, ese caso hay que contemplarlo y dejar establecido que en el caso de la TBC no queda excluido la imposición de realizar pruebas laborales”.

“El proyecto apunta a una modificación del régimen previsional generando uno especial, veo aspectos cuestionables, pero no me voy a meter en un terreno que domino poco”, se sinceró Manzi, aunque opinó: “El argumento de prever una jubilación anticipada tiene que ver con el envejecimiento precoz, acá la persona con estos tratamientos la llegada a los 50 años es distinta, hay mucha heterogeneidad. No llegan con el mismo impacto y minusvalía funcional”, y criticó: “Pienso en todos aquellos enfermos que estamos dejando afuera con esta reforma, como los que sufren artritis reumatoidea, osteoporosis, artrosis, enfermedades genéticas. Generaríamos una dolorosa exclusión de enfermos, creo que debería entrar en un análisis integral del sistema jubilatorio y no hacer una segmentación”.

En su pedido de palabra, el vicepresidente primero de la Comisión de Salud Daniel Gollan manifestó: “Veo mucha preocupación por el tema de las jubilaciones. Tenemos un informe del ANSES que dice que el impacto sería muy bajo y no habría problemas para financiarlo. También preocupación sobre la compulsión de que las medicinas prepagas paguen, ya lo tiene que pagar a estos tratamientos, no se preocupen por las ganancias de las prepagas porque ganan muy bien, no la están pasando mal pueden cubrir estos gastos. Tendríamos que rever otras cosas y no plantear que las medicinas prepagas tienen problemas financieros”.

“Deberíamos precisar cuando hablamos de jubilación especial, precisar el universo de hepatitis virales, incorporar algún párrafo a la autoridad de aplicación para establecer cuáles serían los casos que ingresan”, sumó el médico.

Por la provincia de Rio Negro, se expresó el diputado Luis Di Giacomo (JSRN) quien criticó: “Creo que la comisión se podría haber esforzado mucho más y avanzar en algunos aspectos que más allá de los derechos que se están garantizando, se incurren en un montón de cuestiones que podrían ser mejor redactadas para poder ser mejor comprendidas que tienen que ver con la realidad que vivimos”.

“Si tenemos que habar de todas las objeciones que haría, diría que no se apruebe y se caería en lo mismo que se esta haciendo con la ley de humedales y con lo que se quiso hacer con la de etiquetado”, opinó y sugirió modificar el artículo 1: “Hay que especificar algún tipo de enfermedades infecciosas interhumanas y tenemos la obligatoriedad de poner la palabra ‘otras’ porque la cuestión de salud y medicina es dinámica”.