Por Roxana Mazzola. La directora nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas advierte la necesidad de contar con un marco jurídico acorde para salvaguardar a las trabajadoras de cuidado.
En la reciente apertura de sesiones ordinarias, frente a la asamblea legislativa, el presidente Alberto Fernández estableció la Ley del Cuidado como uno de los objetivos del año parlamentario que se iniciaba. Una semana después, una multitud de mujeres y disidencias llenó la plaza Congreso con sus colores y reclamos. Claro que no se trata de hechos separados.
Las leyes suelen ser la expresión, la cristalización, de un determinado grado de avance logrado por cierto colectivo o grupo social, y de su correlación de fuerzas con quienes antagoniza. Por tal motivo, las leyes son dinámicas: requieren de una construcción previa, hecha sobre todo de movilización y mayorías, pero también de desarrollo institucional y académico, de propuestas técnicas y aportes concretos.
Los empleos del cuidado, tradicionalmente femeninos, suelen ser los peores pagos, muchas veces sumidos en la informalidad o precariedad, carentes de todo derecho. Un marco jurídico acorde, que incorpore las experiencias y aportes de quienes llevan años abocadas al tema, permitiría formalizar los empleos existentes, con un importante efecto multiplicador en la economía y de equidad en la sociedad.
Sostiene Yukiko Arai, a cargo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que una mayor inversión en este sector generaría más de 1,8 millones de puestos de trabajo para 2030. “Este potencial le da forma al desafío: no hay futuro posible sin igualdad de género, para lo cual atender la crisis del cuidado es fundamental”, agrega.
Desde su formación, a principios de la gestión del ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis en 2020, la Dirección Nacional de Transparencia tiene como una de sus misiones centrales la de visibilizar y desnaturalizar las brechas estructurales que, como solemos afirmar, tienen género y edad. Sufren mayor pobreza estructural las mujeres, niñas y adolescentes.
Frente a esta realidad, hemos logrado establecer el Programa de Infraestructura del Cuidado, a través de la Resolución 252/21, y el compromiso de un piso de inversión de 8,5% del presupuesto total del ministerio para esta clase de bienes públicos. El seguimiento de la asignación y ejecución de estas partidas se da a través del Presupuesto con Perspectiva de Género, un informe que se publica periódicamente.
Si bien la definición de infraestructura del cuidado es amplia y abarca distinto tipo de obras, desde los hospitales modulares que hicieron frente a la pandemia de coronavirus y las obras de espacios para las juventudes, tal vez lo más representativas sean los Centros de Desarrollo Infantil (CDI).
Más del 80% de los niños menores de dos años no asiste a ninguna institución educativa y su cuidado recae mayormente en mujeres. Los CDI inciden en liberar a las mujeres de una pesada carga de trabajo doméstico no remunerado, reducir la pobreza de tiempos y generar empleos formales, a los que hacía referencia la cita anterior de la OIT. Sobre una primera tanda de trescientos -con un total proyectado de seiscientos-, ya hay noventa y nueve en obra y el resto en desarrollo.
En nuestra región se perdieron por la pandemia 26 millones de empleos masculinos y 23,6 millones de empleos femeninos. Pero, la recuperación de uno y otro es desigual y en esto también las mujeres se ven afectadas. Son esas mismas mujeres las que se movilizan cada vez, para hacer públicos sus derechos y reclamar al estado una respuesta efectiva. Una Ley Nacional del Cuidado le daría al sector el impulso necesario para acelerar la recuperación, saldar la brecha y restituir a las mujeres de los sectores vulnerables sus derechos laborales y económicos.
