Organizaciones piden por un Registro Público de Embarcaciones y Permisos Pesqueros y denunciaron que el Consejo Federal pesquero fue quien autorizó a las empresas y flexibilizó los sistemas de control de antecedentes.
El Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y Sin Azul No Hay Verde presentaron el informe “El caso Univpesca: por qué necesitamos un registro público de embarcaciones y permisos pesqueros”, que expone cómo se otorgaron y transfirieron permisos de pesca a empresas vinculadas a antecedentes comprobados de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina en detrimento de la Ley Federal de Pesca argentina.
El análisis documenta que Univpesca, subsidiaria de la corporación estatal China National Fisheries Corporation (CNFC) —cuyos buques fueron detenidos y sancionados por pesca ilegal en varias oportunidades—, recibió permisos de pesca y posteriormente obtuvo autorización para transferirlos a otras empresas del mismo grupo.
“Estas decisiones violan lo establecido por el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca, que prohíbe otorgar permisos a armadores involucrados en pesca ilegal o con vínculos jurídicos, económicos o de beneficio con quienes la practiquen. Además, el caso revela fallas en la verificación de antecedentes y en la identificación de relaciones societarias” señaló Milko Schvartzman coordinador de Océanos del Círculo de Políticas Ambientales.
El análisis identifica como la flexibilización del marco regulatorio pesquero permitió que una empresa rechazada en 2006 por vínculos con la pesca ilegal accediera años después (2013) a permisos en violación a la Ley Federal de Pesca (Ley 24.922)
“En 2016, el Consejo Federal Pesquero autorizó, además la transferencia de permisos a COFC, cuyos buques Zhou Yu 9 y Zhou Yu 10 poseen historial de pesca no regulada en el borde de la milla 201 y vínculos con el mismo grupo. Esos permisos continúan vigentes hasta hoy, a pesar de que la normativa exige su caducidad automática si se constatan violaciones al artículo 27 bis”, explican en el informe.
El documento también alerta sobre la inexistencia de información pública integral sobre: embarcaciones pesqueras, armadores, permisos otorgados y antecedentes y sanciones que facilite el escrutinio público.
Las organizaciones ambientales proponen la creación de un Registro Público de Embarcaciones y Permisos Pesqueros, accesible, en línea y actualizado, que permita mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, evitar que empresas con antecedentes de pesca ilegal accedan al caladero, facilitar el monitoreo social y fortalecer la sostenibilidad del recurso pesquero.
“Sin transparencia, los mismos errores (voluntarios o involuntarios) pueden repetirse. El caso Univpesca evidencia una contradicción directa con el artículo 27 bis y muestra que la falta de acceso a información pública permite que decisiones administrativas incumplan la ley. Sin transparencia sobre las flotas y las pesquerías, estos casos pueden repetirse”, afirmó Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales.
El informe detalla cómo la opacidad sobre los datos de embarcaciones y permisos pesqueros dificulta el control efectivo de las flotas y su actividad.
“En Argentina, la información oficial sobre buques, permisos y pesquerías se encuentra dispersa entre distintos organismos y no todos los datos son abiertos y de fácil acceso. A diferencia de otros países de la región no tenemos un registro o lista publica que centralice, actualice y facilite el acceso a los datos de la flota pesquera” afirmó Juan Coustet coordinador de investigación.
Resumen EjecutivoA propósito de la aprobación del proyecto del Ejecutivo que aumenta las multas por pesca ilegal, el gremio expresó su contundente respaldo.
La Cámara de Diputados dio media sanción el martes pasado un proyecto que modifica la Ley Federal de Pesca y prevé incrementar las penas a quienes practiquen la pesca ilegal en aguas argentinas.
“Venimos denunciando esta situación ante distintos organismos nacionales, como también internacionales, para la protección de nuestros recursos naturales”, expresaron desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
“Por lo tanto, esta organización gremial celebra que se trate este asunto central, tanto para la economía de nuestro país, como así también para que, de esta manera se puede evitar que sigan llevándose nuestro recurso natural y poder defender nuestra soberanía nacional”, agregaron desde el gremio que conduce Raúl Durdos.
A través de un comunicado, el SOMU expresó su acompañamiento a dicha modificación, esperando que este sea “el puntapié inicial a la protección y cuidado de la actividad pesquera. Entendemos que sería importante poder rever la forma en la que se cuidan nuestros mares para darle protección y cuidado a nuestros recursos”.