La iniciativa cuenta con media sanción y llega a la Cámara alta para ser abordada por el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Los detalles del proyecto.
El oficialismo en la Cámara de Senadores pondrá en marcha el debate por la Ley Hojarasca que viene con media sanción de Diputados la cual busca derogar 60 normas de distinta índole y fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El tratamiento será en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, y Legislación General, a cargo de Nadia Márquez, que fijaron reunión para el próximo miércoles 17 de junio a las 15 horas. A priori, no trascendió si asistirán funcionarios del Poder Ejecutivo para explicar la norma.
Originalmente, el paquete comprendía 63 marcos normativos a derogar, pero finalmente fueron 59. A su vez, plantea derogar varios artículos de otras tres y dos decretos. Una de las que se quitó de la lista es la Ley 20.959, que es la que garantiza el libre estacionamiento para diputados y senadores nacionales.
Por otra parte, a pedido de representantes del cooperativismo, se retiró la Ley 11.380, sobre fomento crediticio para el sector. Dentro de la clasificación de leyes a derogar aparecían artículos de dos normas relacionadas con "organismos para integrantes del sector público financiados con fondos públicos nacionales".
También, producto del debate en comisiones, se eliminó la modificación que se buscaba sobre la Ley 20.984, del Círculo de Legisladores de la Nación. El objetivo del PEN era eliminar el financiamiento estatal, pero no prosperó.
En cuanto a la Federación Argentina de Municipios, Ley 24.087, el texto original planteaba lo mismo. Pero se reformó y lo que habrá es una aclaración de que "la Federación no podrá recibir recursos exclusivamente del Estado nacional ni de ningún organismo descentralizado o sociedad donde el mismo tenga participación mayoritaria o minoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica".
Entre las leyes que forman parte del listado y resonaron por su absurda vigencia aparecen una referida a prohibición de azotes a una persona (N° 94); la "Ley del Lobizón" (N° 20.843), de padrinazgo presidencial; la que autoriza las emisiones de televisión en color (N° 21.895); la que crea el carnet de mochilero (20.802); y la referida a carrera de palomas (27.171).
Durante el debate, la oposición planteó -entre otras- su preocupación por la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales.
El texto impulsado por Federico Sturzenegger cuenta con media sanción y llega a la Cámara alta para ser abordada por el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Los detalles del proyecto.
Foto: Comunicación Senado
Después de una semana vacía, la Cámara alta pone en marcha el debate de la Ley Hojarasca. Será en el encuentro plenario entre las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, y Legislación General, a cargo de Nadia Márquez, que fijaron reunión para el próximo miércoles 3 de junio a las 12.30.
El proyecto nombrado como Derogación de Legislación Obsoleta e impulsado por Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado, cuenta con media sanción de la Cámara de Diptuados desde el pasado 20 de mayo cuando cosechó 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones.
Originlamente, el paquete comprendía 63 marcos normativos a derogar, pero finalmente fueron 59. A su vez, plantea derogar varios artículos de otras tres y dos decretos.
Una de las que se quitó de la lista es la Ley 20.959, que es la que garantiza el libre estacionamiento para diputados y senadores nacionales.
Por otra parte, a pedido de representantes del cooperativismo, se retiró la Ley 11.380, sobre fomento crediticio para el sector.
Dentro de la clasificación de leyes a derogar aparecían artículos de dos normas relacionadas con "organismos para integrantes del sector público financiados con fondos públicos nacionales".
También, producto del debate en comisiones, se eliminó la modificación que se buscaba sobre la Ley 20.984, del Círculo de Legisladores de la Nación. El objetivo del PEN era eliminar el financiamiento estatal, pero no prosperó.
En cuanto a la Federación Argentina de Municipios, Ley 24.087, el texto original planteaba lo mismo. Pero se reformó y lo que habrá es una aclaración de que "la Federación no podrá recibir recursos exclusivamente del Estado nacional ni de ningún organismo descentralizado o sociedad donde el mismo tenga participación mayoritaria o minoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica".
Entre las leyes que forman parte del listado y resonaron por su absurda vigencia aparecen una referida a prohibición de azotes a una persona (N° 94); la "Ley del Lobizón" (N° 20.843), de padrinazgo presidencial; la que autoriza las emisiones de televisión en color (N° 21.895); la que crea el carnet de mochilero (20.802); y la referida a carrera de palomas (27.171).
Durante el debate, la oposición planteó -entre otras- su preocupación por la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales.
La Cámara baja aprobó el proyecto por 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones. Es impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Foto: HCDN
La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles a la llamada "Ley Hojarasca", que busca derogar 60 normas de distinta índole. El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cosechó 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones. Ahora, deberá tratarse en el Senado.
Además de La Libertad Avanza, votaron a favor de la ley el interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR, MID, Karina Banfi y José Luis Garrido), Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan), La Neuquinidad y 5 diputados de Provincias Unidas (Lourdes Arrieta, Jorge Ávila, José Núñez, Gisela Scaglia y Alejandra Torres), bancada que se dividió entre votos a favor, en contra y abstenciones.
En tanto, los votos negativos fueron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Primero San Luis, Defendamos Córdoba, la cívica Mónica Frade y 2 de Provincias Unidas (Juan Brügge y Esteban Paulón).
Las nueve abstenciones fueron de Carolina Basualdo, Mariela Coletta, Pablo Farías, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Martín Lousteau, María Inés Zigarán, de Provincias Unidas; Maximiliano Ferraro, de la CC; y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; todos del interbloque Unidos.
Según la clasificación de sus ideólogos, las leyes a derogar son aquellas que han sido "superadas por normas posteriores", las que se volvieron "obsoletas o sin efecto" por el paso del tiempo, aquellas que "afectan libertades individuales", otras que generan burocracia y algunas que remiten a procesos inexistentes o a organismos disueltos. Algunas datan de la época de la última dictadura militar y otros gobiernos de facto.
La iniciativa había sido enviada en octubre de 2024 a la Cámara baja, pero nunca se puso en discusión. A fines de marzo pasado, el texto volvió a ingresar y obtuvo dictamen de comisiones el 21 de abril.
Con las modificaciones que sufrió, se pasó de 63 a 59 las leyes que se propone derogar en su totalidad. A su vez, plantea derogar varios artículos de otras tres y dos decretos.
Entre los cambios, se quitó de la lista a la Ley 20.959, que es la que garantiza el libre estacionamiento para diputados y senadores nacionales.
Por otra parte, a pedido de representantes del cooperativismo, se retiró la Ley 11.380, sobre fomento crediticio para el sector.
Dentro de la clasificación de leyes a derogar aparecían artículos de dos normas relacionadas con "organismos para integrantes del sector público financiados con fondos públicos nacionales".
También, producto del debate en comisiones, se eliminó la modificación que se buscaba sobre la Ley 20.984, del Círculo de Legisladores de la Nación. El objetivo del PEN era eliminar el financiamiento estatal, pero no prosperó.
En cuanto a la Federación Argentina de Municipios, Ley 24.087, el texto original planteaba lo mismo. Pero se reformó y lo que habrá es una aclaración de que "la Federación no podrá recibir recursos exclusivamente del Estado nacional ni de ningún organismo descentralizado o sociedad donde el mismo tenga participación mayoritaria o minoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica".
Entre las leyes que forman parte del listado y resonaron por su absurda vigencia aparecen una referida a prohibición de azotes a una persona (N° 94); la "Ley del Lobizón" (N° 20.843), de padrinazgo presidencial; la que autoriza las emisiones de televisión en color (N° 21.895); la que crea el carnet de mochilero (20.802); y la referida a carrera de palomas (27.171).
Durante el debate, la oposición planteó -entre otras- su preocupación por la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales.
El debate
Primer orador del debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, consideró que el paquete de normas que se buscan derogar “pone en evidencia el penoso paradigma de lo que es ser un legislador. El paradigma predominante en la mayoría de los cuerpos legislativos del país es que creen que estamos para guiar, controlar, auditar, monitorear, para intervenir y -por supuesto, esta no se la pierden nunca- para gravar cada paso del ciudadano, haciéndole la vida absolutamente imposible”.
Según el libertario, en Argentina hubo “40 años de bochorno legislativo”. “Las regulaciones, las leyes, las normas son para proteger la vida, la libertad y la propiedad. El derecho no es para cualquier cosa”, opinó y se quejó de que se mida “la calidad legislativa con la cantidad legislativa”, algo que observó “en estos dos años y me parece francamente patético”. En ese sentido, cuestionó la “carrera” por “acumular proyectos en las comisiones un ningún sentido”.
“Este laberinto regulatorio y esta carrera de obstáculos que le hemos dado en 90 años al laburante, al argentino de bien, que hace una cosa irrespirable, venimos ahora a sacar una parte. Pero hay mucho que trabajar aún”, anticipó el oficialista y agregó que algunas de las normas a derogar fueron “construidas para los kioscos políticos” y para “alimentar el ego patológico de los políticos”.
Bertie Benegas Lynch (Foto: HCDN)
En tanto, su par Nicolás Mayoraz detalló que se busca “suprimir normas que están superadas por normas posteriores o que por lo obsoleta son ridículas; normas obsoletas por el avance tecnológico; leyes que afectan libertades individuales; leyes que imponían un montón de trámites burocráticos, hoy totalmente innecesarios; leyes que crearon organismos que hoy no existen; y aquellas sobre organismos financiados con fondos nacionales sin ningún sentido”.
El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales se refirió específicamente a la N° 26.688, sobre la producción pública de medicamentos, y sostuvo: “Se ha dicho que pone en peligro los laboratorios estatales; nada más alejado de la realidad”. El santafesino aseguró que esa norma fue “declamatoria” y, además, “demoró tres años en reglamentarse, no creó ningún laboratorio, no asignó ningún fondo ni presupuesto a los laboratorios. En definitiva, no sirvió de nada”. A su vez, definió que este proyecto apunta a “cambiar el paradigma del Estado omnipresente”.
Por la oposición, el massista Diego Giuliano resaltó que “Hojarasca es una ley que no ha sido seguramente el producto de un trabajo jurídico muy fino” ya que “deroga leyes que ya están derogadas; normas muertas, completamente inaplicadas por décadas”. En ese sentido, se preguntó por qué se llamaba a discutir este tema en este contexto: “Miren lo que nos traen a discutir…”.
A continuación, el diputado de Unión por Patria advirtió que se “derogan leyes que son importantes; avalando la mercantilización de los medicamentos, el límite a capital extranjero en los medios, la que promociona la música nacional, el fomento del cine, la promoción de fabricación de fertilizantes”.
En su discurso, Giuliano cargó contra Sturzenegger, al adjudicar este proyecto al “trauma ideológico de un ministro que se vanagloria de ser un destructor del Estado”.
A su turno, el tucumano Pablo Yedlin defendió la Ley 26.688. “No le hace mal a nadie”, manifestó y señaló que “el interés a la elaboración pública de medicamentos y vacunas” es primordial porque “hace a la soberanía sanitaria de un país”. “No se puede borrar en una lista una política sanitaria estratégica. Argentina no puede resignar estas cosas”, enfatizó y puso como ejemplo que “el mercado no va a producir vacunas contra la fiebre hemorrágica argentina”, una enfermedad frecuente en la ciudad de Pergamino, cuya vacuna es producida por un laboratorio nacional.
En el cierre, ironizó: “Cuidado con hojarasca, que en medio de varias hojitas secas cortamos varias raíces que todavía están verdes en el sistema sanitario argentino”.
Pablo Farías (Foto: HCDN)
Pablo Farías, integrante de Provincias Unidas, criticó la exposición del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, quien habló de “la derogación de normas inútiles y que cuesta creer que eso tenga alguna importancia real”. En contra del texto, acusó al Poder Ejecutivo de poner “una trampa clara” que denominó “SPP (si pasa, pasa)”.
En ese sentido, recordó que se había propuesto la eliminación de beneficios impositivos del sector cooperativo y destacó que se haya quitado, pero también mencionó que se borró la derogación de la ley sobre libre estacionamiento para los legisladores: “Si hacemos un esfuerzo, ¿por qué no la derogamos?”, dijo sobre las contradicciones del discurso de privilegios.
“Esta iniciativa no representa un simple ejercicio de revisión formal, sino una reforma de fondo orientada a desarmar la burocracia inútil y recuperar las bases para el pleno ejercicio de la libertad individual. Modernizar no es solo digitalizar, es desterrar la mentalidad del control total y de excesivo formalismo y rigidez”, expresó por su parte la diputada de LLA Mercedes Llano. En su discurso, la diputada impugnó de manera directa la vigencia de normativas obsoletas y de privilegios políticos. Sostuvo que la iniciativa elimina normas que "limitan el desarrollo del sector privado", e insistió en la trascendencia de terminar con los privilegios corporativos vigentes: "En una República nadie debe estar por encima de la ley ni gozar de excepciones que el ciudadano común no tiene".
"Nuestro artículo 19 constitucional es claro: todo lo que no está prohibido, está permitido. Al quitar estas 'hojas secas' de nuestro ordenamiento, estamos liberando la energía creativa de nuestra sociedad y devolviéndole al individuo su autonomía", agregó.
Desde la izquierda, Myriam Bregman cargó contra el oficialismo y sus aliados: “Hay que ser ‘dipu-termo’ para votar esto”. Y subió la apuesta: “No hay si quiera dos o tres diputados de los que van a votar a favor que sepan de lo que se trata”. Asimismo, criticó a los gobernadores por aportar representantes en el quórum y enfatizó que “esto no es Hojarasca, es una entrega de soberanía”.
En relación al contenido del debate, subrayó: “Con todas las urgencias que hay hoy, ¿por qué tenemos que venir a debatir esto?”. “Esto sirve para no hablar de lo insoportable que se volvió la vida para las mayorías populares”, expresó y aseguró que “discutir salarios y jubilaciones está prohibido para el Gobierno porque se lo pide el Fondo Monetario Internacional”. Y cerró con críticas hacia el creador de esta norma: “Sturzenegger puede ser funcionario porque le hicieron un favor desde Comodoro Py. Debería estar preso y no redactando leyes”.
Myriam Bregman (Foto: HCN)
Al cierre de las exposiciones de la oposición, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, alertó: “Lo que más me preocupó es que digan ‘estamos derogando normativas de mayor o menor relevancia’; entonces quiere decir que derogan normativas de relevancia”.
Sobre el contenido del proyecto, el santafesino criticó que “hay muchas (normas a derogar) que no están en desuso, que tienen relevancia y que tienen miradas sobre algunos temas que -para ustedes- son barreras de protección de industrias y actividades sobre algunos temas”. También aseveró que derogaciones puntuales “están en el plan de ustedes para liquidar empresas tecnológicas argentinas”.
Para terminar, Martínez planteó un interrogante: “¿Quiénes definen la agenda parlamentaria del oficialismo? ¿El Gobierno, sus funcionarios o son algunas corporaciones económicas que están fijando sesión por sesión, en Diputados y el Senado, la agenda de temas?”. “Cuando ven a un Gobierno debilitado, las corporaciones económicas lo que tratan es de ponerles condiciones aprovechando esa debilidad relativa”, advirtió.
Último orador, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, cuestionó que en las leyes a derogar había “regulaciones, impuestos, tasas, que lo único que hacen es poner obstáculos para que los argentinos puedan progresar”. “El presidente dijo que iba a remover los obstáculos para que la Argentina sea grande nuevamente. A eso hemos venido acá”, dijo y agregó que le gustaría que se imite esto en su provincia, donde “hay un montón de leyes cordobesas que están obstaculizando la producción”.
La sesión pedida por La Libertad Avanza contempla el tratamiento de la Ley Hojarasca y los cambios al Régimen de Zona Fría. Con firmas de Unión por la Patria, la oposición va por la interpelación y remoción del cargo de Manuel Adorni.
Después de los sucesivos pedidos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menen, oficializó la sesión especial del próximo jueves 20 a las 10 solicitada por La Libertad Avanza. De igual manera, hizo lo mismo con la que pretende hacer la oposición el mismo día a las 11 con un temario para interpelar al jefe de Gabinete Manuel Adorni.
El primer pedido fue el rubricado por Esteban Paulón, quien después de pedir la suspensión de la sesión del jueves 14, incorporó las firmas de Unión por la Patria con un temario más extenso. La nota había sido avalada por Germán Martínez, Pablo Juliano, Nicolás Massot, Myriam Bregman y Maximiliano Ferraro, entre otros.
A los pedidos de interpelación, moción de censura e informes verbales por el presunto enriquecimiento ilícito, el santafesino de Provincias Unidas dio lugar al reclamo del peronismo para agregar los emplazamientos de expedientes relacionados a licencias por paternidad, la creación del programa nacional Remediar y gratuidad en PAMI.
Apurados por el pedido de la oposición, La Libertad Avanza elevó una segunda petición formal de sesión especial para el mismo día, pero una hora antes: a las 10. Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo fueron los que presentaron la nota en Presidencia.
No hubo firmas de otros espacios, pero parlamentario.com constató que hay un compromiso del interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR y MID), de Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo de aportar legisladores en tiempo y forma para dar con el quórum.
El temario del oficialismo incluye la Derogación de Legislación Obsoleta (Hojarasca) y las modificaciones al Régimen de Zona Fría como puntos centrales. Ambos proyectos fueron enviados por el Poder Ejecutivo y cuentan con despacho.
También está contemplado una serie de tratados y convenios internacionales. Cobro Internacional de Alimentos
para los Niños y otros Miembros de la Familia; Extradición con Polonia, Costa Rica y Chile; Traslado de Personas Condenadas o Sujetas a Medidas de Seguridad con Italia; Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal con Serbia y Cuba; el Convenio Internacional de Nairobi sobre la Remoción de Restos de Naufragio; el Tratado de Medellín; y el Acuerdo Marco sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación sobre el Centro Regional del Convenio de Basilea para la Capacitación y la Transferencia de Tecnología.
En última instancia, completan el temario de sesión el reconocimiento al Brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez en la “Guerra del Atlántico Sur” y la concesión de la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”.
Tal como lo tenía en planes desde hace días, La Libertad Avanza solicitó una sesión para el miércoles 20. El horario es a las 10, una hora antes de la sesión reprogramada por la oposición.
Tal como lo tenía en sus planes desde hace días, el oficialismo pidió una sesión con agenda propia en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles. Luego que la oposición reprogramara su convocatoria a tratar -ahora, entre otros temas- la interpelación de Manuel Adorni, La Libertad Avanza solicitó una sesión desde las 10.
El temario era el que ya se anticipaba, pero llamativamente no fue incluida la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que obtuvo dictamen de tres comisiones esta semana. El tema, que cobró relevancia en el marco de los compromisos asumidos con la administración de Donald Trump y el acuerdo comercial bilateral, venía retrasado y seguirá así, pues el oficialismo decidió pasarlo para "más adelante", sujeto a las negociaciones que el Gobierno todavía mantiene con Estados Unidos.
Sí se debatirán, y La Libertad Avanza buscará la media sanción, los proyectos de "Ley Hojarasca" y el que modifica el Régimen de Zona Fría, con la intención de reformular los subsidios al gas en las provincias que habían ingresado al beneficio por una ley votada en 2021, impulsada en aquel entonces por Máximo Kirchner.
Sin chances de lograr quórum, los solicitantes de la sesión que estaba prevista para este jueves 14 con la intención de votar un emplazamiento a comisiones sobre los proyectos que proponen la interpelación de Adorni, retiraron esa convocatoria y presentaron un nuevo pedido para el miércoles 20 a las 11, con otros temas sociales.
Sin embargo, días atrás, LLA había reunido a sus aliados y les había transmitido la intención de sesionar el 20. Por eso, este jueves presentaron el pedido, pero desde las 10. Es decir que, si los violetas reúnen quórum una hora antes, la siguiente sesión quedaría trunca.
La llamada "Ley Hojarasca" finalmente será llevada al recinto: se trata de un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a derogar una serie de normas que considera se volvieron obsoletas o inútiles, generan burocracia o "atentan contra las libertades".
Al obtener despacho de mayoría, el oficialismo aceptó una serie de modificaciones: no se eliminarán artículos de distintas normas referidas al financiamiento del Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios. Tampoco habrá derogación de la ley que prevé el libre estacionamiento para los legisladores nacionales y se quitó del listado una ley que el sector del cooperativismo reclamó no derogar.
En cuanto a la modificación del Régimen de Zona Fría, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo hace 10 días obtuvo dictamen exprés en comisiones este miércoles.
La iniciativa redefine quiénes conservarán el beneficio en las tarifas de gas. Para la Patagonia, Malargüe y la Puna se mantendrán los subsidios al consumo residencial. En cambio, para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
El proyecto abarca además la deuda de las distribuidoras de energía con CAMMESA, derogación de algunos beneficios para el sector de hidrocarburos y la prórroga del régimen de incentivo a las energías renovables.
El temario incluye además una decena de tratados internacionales y un proyecto por el cual se reconoce al Brigadier (R) "VGM" Jorge Francisco Martínez por su actuación en la Guerra del Atlántico Sur y se le concede la medalla de "La Nación Argentina al valor en combate".
El pedido de la sesión fue firmado por los libertarios Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo, Laura Rodríguez Machado, Facundo Correa Llano, Bertie Benegas Lynch, Carlos Zapata, Santiago Santurio y Lisandro Almirón.
Con la intención de recuperar la agenda parlamentaria tras el informe de Manuel Adorni, la semana que viene se activarán comisiones. Qué temas propone LLA para reabrir el recinto.
Pasado el informe de gestión de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, y con la idea de retomar la agenda parlamentaria, los popes del bloque libertario convocaron este miércoles a un puñado de aliados a una reunión en la que les trasmitieron la intención de sesionar el próximo 20 de mayo.
A paso lento en el plano legislativo, marcado por el escándalo que no da tregua en torno al jefe de Gabinete, y con proyectos del Poder Ejecutivo más ambiciosos del lado del Senado, el oficialismo en la Cámara baja buscará convocar a comisiones la semana que viene para armar un nutrido temario.
Según supo parlamentario.com, la propuesta de LLA es sesionar dentro de dos semanas con el proyecto de “Ley Hojarasca” -que busca derogar un conjunto de normas consideradas obsoletas y es impulsado por el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger- y un paquete de tratados internacionales, que ya cuentan con dictamen.
Además, se sumaría la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), clave en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos. El mismo cuenta con media sanción del Senado desde 1998 y el Gobierno ahora busca desempolvarlo. En principio, Argentina tenía tiempo hasta el 30 de abril para cumplir con ese paso.
Tras vencerse ese plazo, las negociaciones del Ejecutivo continuaron y en Diputados esperaban la venia de Cancillería para avanzar (a mediados de abril se había convocado a un plenario de comisiones que luego se suspendió). En el medio, EE.UU. sacó a la Argentina de su “Priority Watch List” -la lista de países cuestionados por el respeto a la propiedad intelectual- después de 10 años.
Con fuerte presión de los laboratorios nacionales y otros sectores con reparo al tratado, como las empresas productoras de semillas, en el Gobierno negocian para que la adhesión al PCT pueda salir quizás con una reserva sobre el Capítulo II, el más cuestionado. Un antecedente cercano de esto es Uruguay.
Otro tema que arrancará a debatirse la semana que viene es la iniciativa recientemente ingresada sobre “Medidas energéticas”, que apunta a recortar el régimen de zona fría y los subsidios de gas. También, prevé la regularización de obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), cambios en el Régimen de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos y la prórroga del régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045.
Fuentes del oficialismo dijeron a parlamentario.com que irán directamente por el dictamen exprés, aunque en caso de no tener el consenso necesario se postergaría. Pero estos cuatro temas son los que buscarán llevar al recinto.
Con una nueva marcha universitaria convocada para el próximo 12 de mayo, otro proyecto que espera en Diputados es el que modifica la Ley de Financiamiento Universitario, hoy judicializada. Desde LLA admiten que “está difícil”.
El encuentro de este miércoles se realizó en el Salón de Honor de Presidencia, aunque sin el titular del Cuerpo, Martín Menem. Por el oficialismo participaron Gabriel Bornoroni -presidente de la bancada-, Giselle Castelnuovo, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Nicolás Mayoraz.
En tanto, desde la oposición estuvieron todos los jefes de bloques del interbloque Fuerza del Cambio: Cristian Ritondo (Pro) -acompañado por Javier Sánchez Wrba-, Pamela Verasay (UCR), Oscar Zago (MID), José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires). También asistieron Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca) y Gladys Medina (Independencia).
Luego del encuentro, desde LLA esperaban recibir las “contrapropuestas” de la oposición dialoguista. Una de ellas ya trascendió y se trata de un nuevo proyecto de ficha limpia impulsado por Scaglia. Sin embargo, en el oficialismo esperan que la reforma política llegue del Senado, donde la posibilidad de tratar ese tema por separado se sumó a la mesa de negociación.
Maximiliano Fariña y Alejandro Cacace expusieron ante el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Los antecedentes de 1998 y 2014 en los gobiernos de Carlos Menem y Cristina Kirchner.
Foto: HCDN
Sin la idea de sesionar esta semana, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados pasaron a la firma del proyecto de Derogación de Legislación Obsoleta, conocido como Ley Hojarasca. Antes, funcionarios del Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado explicaron que se trata de “un ordenamiento jurídico para la certeza de los ciudadanos, la administración pública y la libertad de los argentinos”.
El dictamen de mayoría fue avalado por La Libertad Avanza, el Pro y la Unión Cívica Radical. También estuvieron las rúbricas de los misioneros Daniel Vancsik y Alberto Arrúa de Innovación Federal. Unión por la Patria, por su parte, presentó un segundo dictamen de minoría con la firma de los 23 vocales presentes representados en las comisiones de Asuntos Constitucionales (cabecera) y Legislación General; y el interbloque Unidos alzó otro con 4 firmas que fueron de la Coalición Cívica y Provincias Unidas.
En rigor del texto original que envío el Poder Ejecutivo de la Nación, La Libertad Avanza concedió eliminar del apartado de normas a derogar la 11.380 que autoriza al Banco Nación y al Banco Hipotecario a realizar préstamos a Sociedades Cooperativas. El reclamo había sido planteado en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG por los representantes del sector y el formoseño Atilio Basualdo lo había anticipado.
También se eliminó la derogación a la Ley 20.959, la cual concede una credencial de libre circulación a los legisladores nacionales. Tampoco se avanzará en la eliminación de la financiación de Círculos de Legisladores y sobre la Federación Argentina de Municipios se harán modificaciones de menor índole en la redacción.
Antes de darle voz a los funcionarios de Federico Sturzenegger, la comisión que preside Santiago Santurio (Legislación General) designó al radical Diógenes González como vicepresidente 2° y a Lucía Cámpora de Unión por la Patria en la Secretaría 2°. Por su parte, la de Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales) fijó a la formoseña Graciela Parola en la vicepresidencia 2°.
El primero en tomar la palabra fue el titular de la Secretaría de Desregulación y exdiputado radical por San Luis, Alejandro Cacace, quien presentó a la Ley Hojarasca como “una necesidad para la certeza de los ciudadanos y qué normas les rige; para los órganos de la administración; y para la libertad de los argentinos”. Antes había presentado a la iniciativa como “ordenamiento jurídico y normativo”.
“Así como hemos tenido inflación monetaria, en el ámbito parlamentaria tenemos inflación legislativa”, planteó. Luego, reveló que “literalmente tenemos un millón de normas entre decretos, leyes, decretos de necesidad y urgencia y decretos de facultades delegadas”. Y, en sintonía con la narrativa del Gobierno nacional, agregó: “El objetivo de la desregulación es ordenar porque tiene un gran costo para el ciudadano”.
El Anexo C contó con la presencia de los vocales de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
En ese punto, invocó a las leyes de Digesto Jurídico sancionadas durante el gobierno de Carlos Menem en 1998 (24.967); y la otra de la gestión de Cristina Kirchner en 2014 (26.939). Añadió, a partir de eso, que “no somos el primer gobierno que nota este problema”, pero advirtió que desde el tratamiento del primer marco desregulatorio (donde se confeccionaron tres anexos con grupos de leyes catalogas en vigentes, no vigentes y tratados internacionales), “quedaron más de 15.000 leyes en un limbo donde no se sabe si están vigentes o no vigentes”.
Para culminar, Alejandro Cacace sintetizó y comparó a la Ley Hojarasca con los dos Digestos Jurídicos sancionados: “Han pasado 13 años y debemos actualizar”. Respecto al contexto social-político, planteó: “¿Por qué ahora? Porque hay que abocarse a eso”. Y Cerró: “Si logramos ordenar el sistema jurídico con claridad, vamos a poder seguir ordenando más adelante para saber qué normas no tienen vigencia”.
Brevemente, el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, explicó que el proyecto de Derogación de Legislación Obsoleta estableció seis categorías y destacó que la primera “substituye marcos viejos por leyes nuevas, que han traído conflictos y confusión por falta de claridad”.
Fue en el marco de una reunión informativa de la Comisión de Asuntos Cooperativos de Diputados donde referentes del sector abordaron la situación actual y plantearon las consecuencias que traería la derogación de la Ley 11.380.
En la antesala al debate de la denominada “Ley Hojarasca” que envió el Poder Ejecutivo al Congreso la cual busca derogar normas “obsoletas”, el tema se coló en la reunión de este martes de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales de Diputados, que preside el diputado Aldo Leiva, donde representantes de cooperativas apuntaron contra el proyecto de ley y pidieron que no se derogue un artículo de la Ley 11.380.
Al respecto, el diputado formoseño Atilio Basualdo (LLA) anticipó que en nombre del bloque eliminarán de la redacción del texto ese artículo en particular. "Quiero adelantarles en nombre del bloque que esta Ley Hojarasca se la va a sacar como ustedes la piden, pero la verdad es que hoy tenemos un presidente que va a escuchar a todos los sectores que trabajan por el bien de la República Argentina. También tenemos que entender que esta herramienta que son las cooperativas han sido utilizadas por políticos para manejar mal”, argumentó.
Al exponer, desde la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas Eléctricas y otros Servicios Públicos (Conaice), el secretario de la entidad, Bruno Rodríguez, se refirió a uno de los puntos contenidos en la Ley Hojarasca, precisamente el inciso b) del artículo 5º, el cual exime de impuestos a los edificios y construcciones de cooperativas.
En ese sentido, pidió que “se tenga en consideración la exención que plantea la Ley 11.380 sobre la contribución solidarias para formación cooperativa y que se quite del proyecto actual, por el perjuicio que generaría en las cooperativas porque los montos de la contribución de los mínimos no imponibles se van a multiplicar y van a poner a las cooperativas en una situación de quebranto”.
“Solicitamos que se ponga en resguardo a nuestras entidades cooperativas de esta nueva imposición tributaria. El perjuicio sería nefasto desde el punto de vista económico para las entidades solidarias”, señaló y planteó: “Pedimos que pongan a resguardo las entidades cooperativas de esta nueva imposición tributaria que sería gravosa”.
Agricultores Federados Argentinos, el secretario Claudio Mafud, mostró preocupación por el inciso que toca la Ley Hojarasca que “afecta terriblemente al sector cooperativo, principalmente la de servicios porque se va a ver diezmado la parte social que cumple la cooperativa. Muchas veces donde el Estado no pudo llegar, primero estuvieron las cooperativas haciendo el trabajo. Hay una necesidad de plantear esta situación y alertar el daño que esto pueda provocar. Tomen conciencia”.
En nombre de Conarcoop, Sebastián Ramos manifestó que la Ley Hojarasca: “Viene a destruir el trabajo solidario que vienen desarrollando las cooperativas en el territorio. Vienen por el entramado económico que llevamos a cabo. Vienen por lo que nosotros podemos plantear cuando el Estado está ausente”. “Estamos en contra de este proyecto porque esto no es una cuestión económica, es una cuestión destructiva”, cerró.
En tanto, Mario Raiteri, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), explicó que “nosotros estamos exentos del impuesto a las ganancias, pero tenemos un fondo para la educación y promoción cooperativa que hace que tengamos que aportar en la diferencia de activos y pasivos. Estas exclusiones están referidas en el artículo 8 inciso b de la ley del Gobierno que refiere a la Ley 11.380 artículo 5”, por lo que pidió la supresión de ese artículo y mostró preocupación en “todo lo que se refiera al cooperativismo”, al resaltar que “es una herramienta extraordinaria que va más allá de las ideologías”.
Por su parte, Néstor Fiumano, representante de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC), también consideró que la derogación de la Ley 11.380, “implicaría un costo muy adicional al impuesto que se llama Fondo de educación y capacitación cooperativa”.
En la misma línea, Pablo Rodofili, de la Federación Argentina de Entidades de la Salud Solidaria (Faess), se manifestó a favor de “discutir el régimen tributario cooperativo”, pero solicitó “hacerlo con seriedad y no derogando una norma, sin cambiarla por otra”.
Asimismo, Juan Carlos Junio, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, valoró la tarea que realizan, al sostener que “el cooperativismo funciona”. “Nosotros también nos modernizamos, capacitamos a nuestros recursos humanos, y brindamos servicio con toda eficiencia y calidad”, detalló.
También participaron desde la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, Federación de Cooperativas Federadas, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones, Cooperativa de Servicios Públicos Winifreda, y Unión Nacional de Cooperativas de Vivienda.
Al inicio del encuentro los miembros de la comisión eligieron autoridades pendientes, y en ese sentido, la diputada Florencia Carignano (UP) quedó designada para ocupar la vicepresidencia 2°, mientras que el diputado Abel Chiconi (LLA) quedó a cargo de la secretaría 1°.
El plenario de comisiones que va a tratar la Ley Hojarasca tiene pensado dejar el dictamen firmado. Con el informe de gestión anunciado para la próxima semana, La Libertad Avanza recién pediría una sesión especial para la primera semana de mayo.
Foto: HCDN
El proyecto de Derogación de Legislación Obsoleta, conocido como “Ley Hojarasca”, será abordado este martes 21 de abril con intenciones de pasar a la firma. Sin embargo, cuando se preveía que el texto iba a ser llevado al recinto al día siguiente, finalmente quedó descartada la posibilidad de realizar una sesión especial esta semana en la Cámara de Diputados.
Lógicamente, la sesión no estaba oficializada, pero todo indicaba que La Libertad Avanza iba a solicitar la apertura del hemiciclo para el miércoles 22 con la Ley Hojarasca como único tema. Esto se resolvió debido a la ausencia de varios legisladores que viajaron a la ciudad estadounidense de Washington, invitados por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).
El viernes pasado al mediodía, Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, había estado presente en la reunión de la Mesa Política en Casa Rosada donde, entre varios puntos, habían resuelto el avance de la iniciativa redactada por Federico Sturzenegger. Pese a eso, el panorama este lunes generó que las autoridades del oficialismo lo posterguen, a priori, dos semanas más.
Así las cosas, el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General que primero va recibir a Matías Fariña y Alejandro Cacace, funcionarios del Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, tiene contemplado culminar la jornada de este martes con la firma del dictamen.
Una vez despachada la Ley Hojarasca, el texto quedará habilitado para ser debatido en una sesión especial, la cual quedaría postergada para la primera semana de mayo, dado que el miércoles 29 de abril la Cámara de Diputados recibirá el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias por enriquecimiento ilícito.
Desde que comenzó el período ordinario el pasado 1° de marzo, la Cámara baja solamente abrió una vez el recinto y fue el pasado 8 de abril cuando se sancionó la modificación a la Ley de Glaciares.
En paralelo, la oposición ha comenzado a tejer acuerdos tras bambalinas con el propósito de impulsar una agenda alternativa que tuvo como primer tema debatido oficialmente a los proyectos vinculados a la creación de programas de "desendeudamiento familiar".
La iniciativa que fue girada esta semana a la Cámara de Diputados es exactamente la misma que la enviada en octubre de 2024, pero que nunca se trató.
Sturzenegger, ideólogo de la Ley Hojarasca
El Gobierno nacional reenvió esta semana a la Cámara de Diputados el proyecto de "Ley Hojarasca", que apunta a derogar una serie de normas que considera se volvieron obsoletas o inútiles. El texto es exactamente el mismo que se había mandado el 10 de octubre de 2024.
Cuando a mediados de ese año se sancionó la Ley Bases, el Poder Ejecutivo anunció el envío de otro proyecto, el de Hojarasca, con la intención de avanzar rápidamente. Sin embargo, eso no pasó.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue enviada más de tres meses después. Se giró a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, pero nunca se puso en tratamiento.
En ese momento, junto a este proyecto, también habían ingresado otros dos sobre modernización, digitalización y desburocratización de la justicia; y modificación del Código Civil y Comercial para implementar el divorcio exprés. Tampoco se debatieron.
En octubre de 2025, a un año de haber sido enviada la Ley Hojarasca, en el marco del debate del Presupuesto 2026, el número dos de Sturzenegger, Alejandro Cacace, anunció en Diputados: "Está Hojarasca 1 y va a venir Hojarasca 2 con la idea de hacer depuración de normas". "Mucho de lo que se plantea es de sentido común", dijo sobre la derogación de numerosas normas consideradas obsoletas o burocráticas.
Pero Hojarasca 2 no llegó, porque con la 1 ni siquiera se empezó. Es el proyecto que ahora fue reenviado por el Poder Ejecutivo, dispuesto a imponer la agenda legislativa con una batería de iniciativas que aspira Casa Rosada.
El proyecto contiene tan solo nueve artículos, pero en el primero de ellos ya se enumeran todas las normas con las que se propone terminar: la derogación total de 63 leyes; la derogación total de dos decretos; y la modificación de otras tres leyes. Es decir, en total, 68.
Las leyes que se proponen derogar, divididas en seis grupos
Dentro de la clasificación que estableció el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el primer conjunto de leyes a derogar son aquellas que han sido “superadas por normas posteriores”.
Ley N° 94 (1864). Inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona. La pena de azotes fue prohibida por la Constitución Nacional en su artículo 18, con lo cual se considera “absurdo mantener” esta ley que “ha perdido vigencia”.
Ley N° 3.863 (1899). Otorga a las compañías de seguro sobre riesgos agrícolas beneficios impositivos por 10 años y está en línea con artículos del antiguo Código Civil y Comercial. “Actualmente carece de sustento normativo”, afirmaron desde el PEN.
Ley N° 16.789 (1965). Es la que establece que los poderes, reparticiones, organismos y entidades del Estado Nacional deberán adquirir automóviles destinados a su servicio que sean de industria nacional.
Ley N° 17.557 (1967). Rige la provisión, instalación y utilización de equipos destinados a la generación de rayos X, que fue superada por la Ley 26.906.
Ley N° 20.400 (1973). Establece que no se podrá realizar ninguna operación con el objeto de conseguir para sí o de proporcionar a un tercero mano de obra de personas que no ofrezcan voluntaria y espontáneamente sus servicios. Fue superada por la Ley 26.364, sobre trata de personas.
Ley N° 20.843 (1974). Es la Ley de “Padrinazgo Presidencial”. El proyecto prevé, en su artículo 2, que las personas que ya sean beneficiarias podrán optar por seguir manteniendo sus beneficios.
Ley N° 21.778 (1977). Faculta a las empresas estatales a convocar licitaciones y celebrar contratos destinados a la exploración y explotación de hidrocarburos. “Esta ley devino obsoleta por las normas dictadas ulteriormente, en particular las modificatorias de la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos”, señaló el PEN.
Ley N° 22.109 (1979). Sobre aislamiento de enfermos o sospechosos de viruela y sus contactos, así como la vacunación y revacunación. Esta norma ha sido superada por la Ley N° 27.491.
Ley N° 23.678 (1989). Determina fórmulas para liquidar las regalías petroleras. Esta norma dejó de aplicarse, ya que fue perfeccionada por legislación posterior.
Ley N° 24.675 (1996). Refiere a la actuación de los auxiliares de la Justicia ante la Justicia Nacional. Fue declarada inválida por la Corte Suprema, mediante la Acordada N° 60/96.
Dentro del segundo paquete de leyes diseñado por el Poder Ejecutivo se encuentran aquellas que se volvieron “obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo”.
Ley N° 448 (1870). Otorga un premio en metálico a quien descubra una mina de carbón. “El carbón mineral es una de las fuentes de energía más contaminantes que existen; por lo tanto, su uso debe ser desalentado, no premiado”, afirma el Gobierno.
Ley N° 3.235 (1895). Es una ley sobre adquisición de armamento de fines del siglo XIX. Los montos están desactualizados y en moneda desactualizada.
Ley N° 16.879 (1965). Concede una exención de impuestos a las ventas, de recargos de importación y reintegros impositivos a la industria nacional adjudicataria de licitaciones internacionales para ciertos proyectos eléctricos. “Es un esquema tributario que no ha tenido aplicabilidad práctica”, consideró el PEN.
Ley N° 18.569 (1970). Implanta el uso del procedimiento de microfilmación para todo tipo de documentación en el Comando en Jefe del Ejército. “Hoy día, se ha convertido en algo totalmente arcaico que ha sido reemplazado por medios digitales más eficientes”, apuntaron desde la cartera de Sturzenneger.
Ley N° 19.648 (1972). Declara de interés nacional, entre otros, a la prospección, exploración, el desarrollo minero y la explotación de carbón mineral. “Hoy, lejos de ser de interés nacional, lo que se busca es ‘descarbonizar’ la economía”, se indicó en los argumentos.
Ley N° 20.114 (1973). Autoriza al Comando en Jefe de la Armada a utilizar procedimientos de microfilmación.
Ley N° 20.577 (1973). Considera de interés nacional toda innovación que pueda efectuarse en materia de sistemas de transmisión de imágenes televisivas.
Ley N° 21.895 (1978). Autoriza las emisiones de televisión en color. “Ya existe un marco normativo moderno en materia de comunicaciones que la torna innecesaria”.
Ley N° 23.756 (1989). Autoriza al Poder Ejecutivo a habilitar a todos sus organismos a utilizar la microfilmación.
El tercer conjunto de leyes son aquellas que considera desde el Gobierno “afectan libertades individuales”.
Ley N° 14.034 (1951). Impone pena de prisión para los argentinos que propicien la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado.
Ley N° 18.312 (1969). Crea el “Fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y de celulosa”. “Esta ley del gobierno de facto de 1966-1970 busca restringir la libertad de expresión”, remarcó el PEN.
Ley N° 19.787 (1972). Esta ley del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse declara de interés nacional la difusión de la “música argentina”.
Ley N° 20.120 (1973). Esta ley, también durante el gobierno de facto de Lanusse, regula el derecho de reunión, incluso en lugares cerrados.
Ley N° 20.802 (1974). Crea un carnet de mochilero. Fue puesta en marcha en el contexto de subversión. Sigue vigente, sin aplicación, y va en contra de la libertad constitucional de transitar.
Ley N° 20.959 (1975). Derecho de libre circulación y libre estacionamiento para senadores y diputados de la Nación y los secretarios y prosecretarios de ambas cámaras del Congreso. “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática, y contraria al principio de igualdad ante la ley”, se enfatizó desde la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.
Ley N° 20.983 (1975). Los medios de difusión radial y televisiva quedaban obligados a destinar espacios diarios para desarrollar temas de interés turístico nacional. “Esta norma no se aplica desde hace años y la temática está regulada a través de la Ley N° 26.522”.
Ley N° 22.875 (1983). Implementa medidas de defensa nacional, originadas por la vulnerabilidad del potencial productivo nacional, cuyo funcionamiento entiende puede ser perjudicado en caso de ataque exterior.
Ley N° 22.964 (1983). Se propone la derogación de los artículos 6, 7 y 8. Disposiciones aplicables en todo el país con el fin de controlar la endemia de lepra. “Esta norma, de corte netamente medieval, no solo estigmatiza una enfermedad, sino que viola en forma flagrante los derechos reconocidos por la Constitucional Nacional”, por eso “deben derogarse los artículos que permiten la internación forzosa, siendo incomprensible que hoy en día continúen vigentes”, fundamentó el PEN.
En la cuarta categoría de normas aparecen aquellas “cuya derogación implica un avance en el proceso de desburocratización”.
Ley N° 14.041 (1951). Autoriza al Poder Ejecutivo a proceder a la formación de un acopio permanente de artículos, materiales y elementos para atender las necesidades y aprovisionamientos de la Marina de Guerra. Esta ley ha dejado de tener operatividad, máxime cuando el acopio de material bélico es una potestad propia de la Administración.
Ley N° 14.800 (1959). Obliga a quien demuela una propiedad con salas de teatro a construir un teatro con características similares a la propiedad demolida.
Ley N° 17.752 (1968). Declara promovida la construcción, equipamiento y explotación de hoteles nuevos para turismo internacional. “Es una ley que desde 1978 no tiene aplicación”, dijo el PEN.
Ley N° 19.340 (1971). Esta ley obliga a los propietarios que interrumpen una construcción a reportar dicha interrupción.
Ley N° 19.363 (1971). Establece que el Poder Ejecutivo puede sortear premios entre los compradores de boletos de cine.
Ley N° 20.308 (1973). Esta ley crea el Fondo Naval Fomento Actividades Náuticas. El PEN aseguró que “su uso se ha discontinuado hace años”.
Ley N° 20.496 (1973). Declara de interés nacional la promoción del uso de fertilizantes, autorizando al organismo de aplicación para proceder a la importación de los distintos fertilizantes elaborados en cualquiera de sus formas.
Ley N° 20.876 (1974). Declara de interés nacional a la apicultura y prohíbe la introducción de capital extranjero para la producción apícola. Dicha prohibición quedó derogada de hecho cuando se derogó la Ley N° 20.557 de radicaciones extranjeras.
Ley N° 21.056 (1975). Fuerza a las compañías de medios de transporte de media y larga distancia a exhibir fotos, láminas y afiches para promover el turismo nacional e internacional.
Ley N° 21.145 (1975). Otorga un privilegio a los artistas de compañías teatrales para viajar y alojarse a un precio reducido en los servicios que presten empresas estatales.
Ley N° 21.159 (1975). Crea un curso de formación turística destinado al personal de la Administración Pública Nacional.
Ley N° 22.426 (1981). Regula los contratos de transferencia de tecnología y marcas extranjeras.
Ley N° 22.963 (1983). Se propone la derogación de sus artículos 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29; y la modificación del 1 y 17. Conocida como Ley de Carta (cartografía oficial). Esta ley sancionada por el presidente de facto Reynaldo Bignone regula el funcionamiento del actualmente denominado Instituto Geográfico Nacional, órgano encargado de la confección de mapas oficiales.
Ley N° 23.419 (1986). Establece un régimen legal sobre el uso de subsuelo-exploraciones para empresas y sociedades del Estado.
Ley N° 23.634 (1988). Declara de interés nacional y prioritario la promoción, fomento y desarrollo de la cunicultura -cría de conejos- y crea la Comisión Nacional de Cunicultura.
Ley N° 24.057 (1992). Impulsa al Poder Ejecutivo a la creación de “asociaciones civiles para problemas de hábitat”. Afirman que “nunca fue reglamentada”.
Ley N° 24.127 (1992). Instituye un “Premio Nacional a la Calidad” en el sector privado y en la Administración Pública.
Ley N° 24.298 (1994). Crea el Programa Nacional para la Vinculación con la Comunidad Argentina en el Exterior.
Ley N° 24.960 (1998). Instituye el premio “Prevención de las Adicciones”, el que tiene como finalidad incentivar la participación en la prevención de la drogadependencia.
Ley N° 25.750 (2003). Esta ley -de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales- “restringe el derecho de ejercer industria en algunas actividades particulares”, señaló el PEN.
Ley N° 26.227 (2007). Crea el Consejo Federal de la Juventud con la misión de colaborar con el diseño y coordinación interjurisdiccional de las políticas de juventud.
Ley N° 26.688 (2011). Declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales. “Es una ley primordialmente declamativa”, consideró el ministerio que conduce Sturzenegger.
Ley N° 27.171 (2015). Establece que la Federación Colombófila Argentina debe constatar el año de nacimiento y la matrícula de las palomas mensajeras de carrera que determine su pertenencia al Registro Nacional de Desarrollo y Potencial Colombófilo. “Constituye una sobrerregulación de una actividad tan inocua como las competencias de palomas”.
En el quinto listado de leyes se encuentran aquellas que remiten a procesos inexistentes o a organismos disueltos.
Ley N° 11.245 (1923). Fija las tarifas a percibir por la Oficina Química del Departamento Nacional de Higiene, organismo que en la actualidad no existe.
Ley N° 11.380 (1926). Autoriza al Banco de la Nación Argentina a ampliar los plazos de préstamos a las sociedades cooperativas, sobre la base de una ley derogada hace 50 años.
Ley N° 12.307 (1936). Establece premios a la pintura y literatura, que tienen que otorgarse sobre la base de la elección de institutos que no existen en la actualidad.
Ley N° 13.521 (1949). Exceptúa del pago del impuesto de sellos y de todo otro impuesto, tasa o contribución a las gestiones administrativas y judiciales necesarias para obtener el reconocimiento de excepciones al servicio militar.
Ley N° 14.578 (1958). Crea el Fondo Especial de Obras y Servicios Públicos, que en la actualidad es un Fondo sin recursos.
Ley N° 17.584 (1967). Crea el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión, el que hace años dejó de existir.
Ley N° 20.085 (1973). Instituye el sistema “Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas”. “El proyecto nunca superó la etapa de los estudios de pre-factibilidad, a pesar del tiempo transcurrido desde la sanción de la norma”, apuntó el PEN.
Ley N° 20.299 (1973). Tenía por finalidad que el Estado garantizara las exportaciones de los particulares, en un esquema de comercio exterior de profunda intervención pública.
Ley N° 20.327 (1973). Establece a “Ediciones Culturales Argentinas” como un organismo de carácter descentralizado dependiente del área de Cultura.
Ley N° 20.543 (1973). Esta ley establece que los arrendatarios y aparceros que adquieran un predio que estaban locando, de entre una y dos unidades económicas, obtendrían créditos y otros beneficios. Hace tiempo que estos beneficios no están disponibles, ni siquiera en el sector financiero público.
Ley N° 20.956 (1975). Determina que por intermedio de la Empresa del Estado Agua y Energía Eléctrica se procedería a iniciar estudios e investigaciones para establecer un plan de aprovechamiento energético de las mareas en el litoral marítimo del país. La empresa ya no existe.
Ley N° 23.671 (1989). Crea el Comité de Análisis y Seguimiento de la asignación de los recursos crediticios previstos en el “Tratado General de Cooperación y Amistad entre la República Argentina y el Reino de España”.
Ley N° 24.731 (1996). Establece que el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos elaboraría y publicaría un informe anual de tecnología industrial. La norma ha dejado de ser operativa.
Decreto Ley N° 12.795/44. Determina que la inexistente Comisión Nacional de Granos y Elevadores no inscribiría en el Registro de Comerciantes en Granos y excluiría del mismo a ciertas sociedades.
Decreto N° 1.262/03. Crea la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero. Este organismo, creado luego de la crisis del año 2002, ha dejado de existir.
Finalmente, en el sexto lugar hay dos leyes que se proponen modificar, más no derogar en su totalidad, y son las que tienen que ver con “organismos para integrantes del sector público financiados con fondos públicos nacionales”.
Ley N° 20.984 (1975). Crea el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. Se busca derogar los artículos 3 y 11 y sustituir el 8, para eliminar el financiamiento estatal. “Los legisladores que quieran participar y aportar para dicho Círculo podrán seguir haciéndolo, con sus propios fondos”.
Ley N° 24.807 (1997). Esta ley crea la Federación Argentina de Municipios. Se propone sustituir el artículo 11 para que el financiamiento de dicha Federación no provenga de las arcas del Estado Nacional.
El Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de “ley hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro Sturzenegger que propone derogar decenas de normas consideradas obsoletas, inútiles o contrarias a principios constitucionales, con el objetivo de reducir la sobrerregulación y eliminar trabas burocráticas.
El Poder Ejecutivo presentó finalmente en el Congreso el proyecto de “Ley de Derogación de Legislación Obsoleta”, conocida como ley hojarasca, una iniciativa largamente anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar decenas de leyes vigentes desde el siglo XIX hasta la actualidad, consideradas inútiles, superadas o contrarias a principios constitucionales.
El texto volvió a ingresar al Parlamento luego de que una versión anterior, enviada en octubre de 2024, perdiera estado parlamentario. En esta ocasión, el proyecto retoma aquellos fundamentos y amplía el alcance de la depuración normativa, con el objetivo explícito de reducir burocracia, desmontar regulaciones innecesarias y reafirmar el principio de libertad individual.
En el mensaje de elevación, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y Sturzenegger, el Gobierno sostiene que el sistema republicano “enfrenta hoy un permanente cuestionamiento” y que ello obliga a “relevar, revisar y evaluar la normativa vigente, con el objeto de acompañar un proceso de transformación de la sociedad con nuevos paradigmas basados en el reconocimiento de las libertades individuales”.
“La revisión legislativa apunta a eliminar legislación obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores o claramente violatoria de los principios constitucionales”, señala el texto, que recupera un lema caro al ideario liberal: “Cuantas más leyes, menos justicia”.
Uno de los ejes conceptuales del proyecto es la crítica a la sobrerregulación estatal. En ese sentido, el mensaje oficial afirma que durante el siglo XX se impuso una lógica según la cual los derechos debían ser “concedidos” por ley, cuando en realidad son inherentes a las personas. “Se pasó así de una libertad plena a una libertad concedida y limitada por el poder de turno”, advierte, citando el artículo 19 de la Constitución Nacional para reafirmar que todo lo que no está prohibido está permitido.
Bajo ese criterio, la iniciativa propone derogar o modificar más de cien normas, que el propio texto clasifica en seis grandes grupos. Entre ellas aparecen leyes que fueron reemplazadas por marcos normativos posteriores más amplios, normas superadas por el avance tecnológico, disposiciones que afectan libertades individuales, regulaciones burocráticas redundantes, leyes referidas a organismos que ya no existen y normas que financian entidades del sector público con fondos estatales.
El proyecto incluye ejemplos que van desde leyes decimonónicas hasta disposiciones dictadas durante gobiernos de facto. Entre las normas que se propone derogar figuran una ley de 1864 que inhabilitaba por diez años a autoridades que aplicaran azotes —pena abolida constitucionalmente desde el siglo XIX—, leyes que premiaban el descubrimiento de minas de carbón, regulaciones sobre microfilmación de documentos oficiales y normas que autorizaban o exigían la televisión a color.
También se incluyen disposiciones de fuerte contenido político e institucional, como una ley de 1951 que imponía penas de prisión a los argentinos que propiciaran sanciones económicas o políticas contra el Estado, o normas que regulaban reuniones en lugares privados, imponían un “carnet de mochilero” obligatorio para quienes viajaban “a dedo”, o creaban fondos y organismos destinados a intervenir en sectores estratégicos de la cultura y la comunicación.
“Muchas de estas normas fueron dictadas con el solo objetivo de perseguir oponentes políticos o de controlar a la ciudadanía”, sostiene el mensaje del Ejecutivo, que cuestiona especialmente la herencia normativa de gobiernos militares y advierte sobre los costos económicos y sociales de la burocracia innecesaria. “Cada trámite adicional suma tiempo, esfuerzo y dinero que se pierden no solo en cumplir las normas, sino en conocer cuáles son ellas”, agrega.
En el plano económico, el proyecto apunta a eliminar leyes que, a juicio del Gobierno, encarecen procesos productivos o desalientan la inversión. En ese marco, se propone derogar normas que obligaban al Estado a comprar exclusivamente productos de la industria nacional, que imponían restricciones a la inversión extranjera en medios de comunicación o que creaban fondos específicos y comisiones sin resultados comprobables.
El texto también avanza sobre el financiamiento estatal de entidades como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, proponiendo que continúen funcionando, pero sin aportes del Estado nacional. “Los legisladores que quieran participar podrán hacerlo con sus propios fondos”, plantea el proyecto en un capítulo que promete abrir un debate político intenso.
Desde el Gobierno aseguran que la iniciativa no implica una desprotección de derechos adquiridos. De hecho, el articulado prevé que quienes actualmente gozan de beneficios establecidos en leyes que se derogan, como el padrinazgo presidencial, puedan optar por mantenerlos.
“La eliminación de estas normas no implica un vacío regulatorio”, aclara el mensaje, y subraya que muchos de los objetivos que aquellas perseguían hoy pueden ser cumplidos desde estructuras administrativas de menor jerarquía o mediante marcos normativos más modernos.
El proyecto fue enviado el jueves pasado a la Cámara de Diputados. La iniciativa consta de 9 artículos y se clasifican seis tipos de leyes que se buscan dejar sin efecto.
Al cierre de la semana pasada, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de "ley hojarasca" impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenneger.
El texto de la iniciativa se conoció formalmente este lunes: consta de nueve artículos y en el primero de ellos propone la derogación de un total de 63 normas, además de dejar sin efecto distintos artículos de otras cinco.
En un comunicado difundido por la cartera que conduce Sturzenneger aseguraron que se trata de derogar "normas que contribuyeron a la decadencia de la Argentina en el pasado", trajeron "costos inútiles para los contribuyentes" y además "afectaron las libertades individuales".
"La ley promueve a seguridad jurídica y remueve obstáculos para el desarrollo personal y conjunto del país", se señaló desde el Ministerio de Desregulación; al tiempo que la "ley hojarasca" parte del principio de que "todo aquello que está permitido por la Constitución Nacional no necesita leyes específicas".
En los fundamentos del proyecto, se indicó que la ley surge de "la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por hacer sido superado por normas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos".
"Los derechos no requieren leyes. Nuestra Constitución Nacional establece una serie de derechos fundamentales que son inherentes a las personas", apuntó el PEN y agregó que "lamentablemente, las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX, revirtieron ese paradigma e impusieron la visión de que para la 'adquisición' de un derecho era necesaria una ley que otorgara ese derecho".
Según el Gobierno, esto llevó a "abusos y arbitrariedades", además de "una sobrerregulación". También se remarca que "muchas de las normas cuestionadas en este proyecto provienen de una concepción militar".
En un listado de un conjunto de seis tipos de leyes que se pretenden dejar sin efecto, figuran en primer lugar leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas. "Así, por ejemplo, no tiene sentido una ley sobre vacunación propia de la viruela, cuando posteriormente se dictó una ley de vacunación que establece las obligaciones y recursos puestos a disposición para un plan de vacunación integral. Lo mismo ocurre con normas sobre hidrocarburos que fueron superadas por la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos y sus sucesivas modificaciones. De la misma manera otras resultan obsoletas, como la que establece para la figura del 'Padrinazgo Presidencial' la gratuidad de la educación, siendo que la educación pública gratuita ya es un beneficio general en nuestro país, junto con otras prestaciones sociales", se explicó.
Dentro de esta categoría se contemplaron las leyes 94, 3.863, 16.789, 17.557, 20.843, 21.778, 22.109, 23.678 y 24.675.
En un segundo punto, habla de leyes que fueron superadas por la tecnología, el avance del conocimiento, de la economía o el paso del tiempo. En ese sentido, se señaló que "una de ellas es la ley que autoriza las emisiones de televisión a color cuando hoy vemos imágenes de video en nuestras redes sociales. Otras resultan ridículas vistas desde hoy, como utilizar la microfilmación para guardar documentos gubernamentales. También, podemos mencionar el otorgamiento de un premio en metálico a quien descubra una mina de carbón, instaurado en la época de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, cuando hoy se busca descarbonizar la economía".
Las leyes que consideraron obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo son las nros. 448, 3.235, 16.879, 18.569, 19.648, 20.114, 20.577, 21.895, 23.756 y 23.888.
En tercer lugar aparecen las "leyes que limitan la libertad individual". "Por ejemplo, la ley que autoriza al Estado a supervisar y prohibir reuniones en lugares privados resulta una aberración frente a la Constitución Nacional, o la que establece el 'carnet de mochilero', obligatorio para quienes viajen 'a dedo', lo que, si bien parece inofensivo, buscaba poner en falta a quien transitaba libremente por el territorio nacional", entre otras.
De acuerdo a la clasificación del Gobierno, en esta se encuentran las leyes números 14.034, 18.312, 19.787, 20.120, 20.400, 20.802, 20.959, 20.983, 22.875 y 22.964.
También, leyes cuya derogación implica avanzar con el programa de desburocratización eliminando organismos y normas sobre regulatorias, alivianando el presupuesto público, sin perder la eficiencia (14.041, 14.800, 17.752, 19.340, 19.363, 20.308, 20.496, 20.876, 21.056, 21.145, 21.159, 22.426, 22.963, 23.419, 23.634, 24.057, 24.127, 24.298, 24.960, 25.750, 26.227, 26.688 y 27.171); leyes que ya no tienen razón de ser, ya que los organismos o instituciones responsables dejaron de existir en los hechos (11.245, 11.380, 12.307, 13.521, 14.578, 17.584, 20.085, 20.299, 20.327, 20.543, 20.956, 23.671 y 24.731, Decreto Ley N° 12.795/44 y Decreto N° 1.262/03); y leyes que crean organismos para integrantes del sector público, solventados con recursos del Estado Nacional (20.984 y 24.807).
Se trata de la norma que elimina decenas de iniciativas consolidadas obsoletas. En el tema viene trabajando desde hace mucho tiempo el ministro Sturzenegger, quien anunció la noticia por las redes.
Esperada desde la asunción de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, la ley Hojarasca era una cuenta pendiente de parte de este Gobierno.
Cuenta pendiente que acaba de saldarse con el envío del proyecto por parte del Ejecutivo en el principio del fin de semana largo.
Encargado de anunciarlo fue el propio Sturzenegger, que pasado el mediodía anunció que “el presidente Javier Milei ha enviado al Congreso el proyecto de ley Hojarasca que busca eliminar unas 70 leyes inútiles, obsoletas, o que restringen nuestras libertades”.
Sturzenegger adjuntó un gráfico indicativo de a qué presidencias corresponden las normas a derogar. Así queda claro que la mayoría son de tiempos de María Estela Martínez de Perón. El podio se completa con las presidencias de facto de Alejandro Agustín Lanusse y Reynaldo Benito Bignone.
El presidente @JMilei ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca q busca eliminar unas 70 leyes inútiles,
obsoletas, o q restringen nuestras libertades. Como anticipo este gráfico indica de q presidencias son las normas a derogar. Más detalles pronto. VLLC! pic.twitter.com/fL7sTVl05f— Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 11, 2024
A media tarde se difundió un detalle referido a la norma, destacando su objetivo de derogar normativas obsoletas que representaron un obstáculo a las libertades y afectaron el derecho a la propiedad, entre otros abusos del Estado. Muchas de ellas fueron sancionadas durante los gobiernos militares del siglo XX.
Con Hojarasca se derogarán unas 70 leyes, entre otras, de los períodos presidenciales de Isabel Perón, Agustín Lanusse, Juan Domingo Perón, Juan Carlos Onganía, Jorge Rafael Videla, Néstor Kirchner, Raúl Alfonsín, Arturo Illía, Reynaldo Bignone, Arturo Frondizi, Cristina Fernández de Kirchner, Agustín Justo, Edelmiro Farrell, Héctor Cámpora, José Uriburu y Raúl Lastiri.
El comunicado del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado recuerda un viejo adagio reza que “cuanto más leyes menos justicia”. Al respecto, el jurista norteamericano Grant Gilmore escribió: “Cuantas más leyes peor será una sociedad. En el infierno ¡no hay otra cosa que la ley!”.
Según la cartera que dirige Sturzenegger, el Gobierno del presidente Javier Milei realizó un análisis detallado de las leyes argentinas y encontró 6 motivos para la derogación de diferentes normas:
“En definitiva, este proyecto de ley busca lograr un cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y, por ende, más justo y una Argentina con mayor libertad”, concluye el comunicado de la cartera que dirige Federico Sturzenegger. El texto del proyecto todavía no fue difundido.
Si bien en declaraciones públicas el ministro habló de leyes “obsoletas”, que en la actualidad no se aplican o se han vuelto insólitas, como la que se refiere a las carreras de palomas o el carnet del mochilero, el proyecto contendría desregulaciones que quedaron en el camino de la primera versión de la Ley de Bases.
El texto podría contemplar la derogación de la Ley 25.542 de precio uniforme de venta al público de libros o de la 25.715, conocida como Ley de Azúcar -sobre aranceles para la importación-. Se trata, por ejemplo, de dos artículos que contenía la famosa “ley ómnibus” de más de 600 artículos.
En el primer texto de la Ley de Bases, enviado en diciembre pasado, había un capítulo con nueve artículos, bajo el título “desregulación económica”. Además de los dos mencionados, allí se proponía habilitar la reventa de entradas de eventos deportivos, se establecían cambios en el DNU 2753/91 sobre régimen de importación de consumo, y se buscaba la derogación de la Ley 23.727, sobre autorización de la instalación y uso de sistemas para la recepción de señales de radiodifusión provenientes de satélites artificiales.
También estaba allí planteada la derogación de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, sancionada en 2018, y se proponía aprobar una nueva que venía en un anexo.
Así lo confirmó el ministro Federico Sturzenegger, quien prometió más detalles para muy pronto.
Esperada desde la asunción de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, la ley Hojarasca es una cuenta pendiente de parte de este Gobierno.
Cuenta pendiente que se saldaría este fin de semana, según el anuncio del ministro, que a través de su cuenta en X anunció este viernes feriado que “el presidente Javier Milei ha enviado al Congreso el proyecto de ley Hojarasca que busca eliminar unas 70 leyes inútiles, obsoletas, o que restringen nuestras libertades”.
Sturzenegger adjuntó un gráfico indicativo de a qué presidencias corresponden las normas a derogar. Así queda claro que la mayoría son de tiempos de María Estela Martínez de Perón. El podio se completa con las presidencias de facto de Alejandro Agustín Lanusse y Reynaldo Benito Bignone.
En pleno feriado, el texto remitido al Parlamento todavía no se conoce, pero Sturzenegger prometió “más detalles pronto”.
El presidente @JMilei ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca q busca eliminar unas 70 leyes inútiles,
obsoletas, o q restringen nuestras libertades. Como anticipo este gráfico indica de q presidencias son las normas a derogar. Más detalles pronto. VLLC! pic.twitter.com/fL7sTVl05f— Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 11, 2024