Luego de la sesión del Senado en que se sancionaron, entre otras, iniciativas vinculadas a la salud, el senador Daniel Bensusán (FNyP-FdT) destacó puntualmente la aprobación de la “Ley Johanna”, sobre atención a mujeres y personas gestantes ante la muerte perinatal, y la creación de un Programa sobre Pubertad Precoz.

El pampeano valoró que estas nuevas normas “tienen mucho que ver con el sistema sanitario argentino, brindando la posibilidad de que nuestra población pueda acceder a tratamientos que hasta ahora no estaban al alcance de todas y todos, y al no existir legislación quedaban a criterio de las prepagas y centros de atención”. “Legislamos para mejorar la salud de la población”, ponderó.

Para el oficialista, “estamos en un proceso histórico donde transformar carencias y necesidades en derechos es fundamental, como así también defender los ya conseguidos”. “No podemos permitir que la salud de las y los argentinos sea una mercancía a la que accedan y tengan mejores servicios quienes puedan pagarlos y el resto que sufra la privación de un derecho fundamental. Estaba en nosotros legislar para lograr equidad”, reflexionó.

Ley Johanna

“La muerte perinatal es un trance durísimo para las madres y personas gestantes, pero también lo es para los entornos familiares. La falta de protocolos establecidos por ley llevó a que el buen trato y el acompañamiento profesional de estos casos quede librado a la voluntad de la institución sanitaria que atienda los casos”, señaló el presidente de la Comisión de Legislación General.

Además, recordó que tuvo “la oportunidad de reunirme con Johanna Piferrer y con la autora del proyecto, Magdalena Sierra, un par de meses antes de la votación, y coincidimos en el enorme valor que tiene para madres y quienes las acompañamos en este doloroso momento, tener un protocolo que establezca una atención profesional adecuada, que parta desde algo tan elemental como es contar con la información necesaria, acompañamiento psicológico y la atención profesional integral necesaria, todo establecido en un protocolo”.

“Esperamos que a partir de esta sanción se cancele una deuda que se mantenía oculta por sucesivos mantos de dolor y sufrimiento”, agregó.

Programa de Pubertad Precoz

Sobre la otra ley que destacó, Bensusán apuntó que “miles de familias venían luchando desde hace varios años por el acceso gratuito al diagnóstico, la asistencia integral y la provisión de la medicación requerida, de todas las niñas y niños que padezcan pubertad precoz. Quienes conviven con esta patología saben que algunos medicamentos y tratamientos tenían valores prohibitivos para las economías familiares”.

Y explicó que a partir de su sanción “se brinda garantía de asistencia y cobertura, por parte de obras sociales y cualquier empresa de medicina prepaga, para lograr mejoras en la calidad de vida de un número importante de niñas y niños que deben enfrentar, junto a sus entornos, esta afección”.

“La creación de un registro único de diagnóstico y tratamiento, además de la capacitación del personal de la salud para el debido abordaje de la patología, son pasos importantes que se logran a partir de la ley”, finalizó.

Tras una larga espera, la Cámara de Senadores aprobó este jueves un proyecto que tiene por objetivo establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, que es aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento. La votación resultó con 54 votos afirmativos 1 negativo -de Carmen Álvarez Rivero-.  

El proyecto, bautizado “Ley Johanna”, por el caso de Johanna Piferrer impulsora de la iniciativa y quien fue víctima de violencia obstétrica, indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.  

El proyecto tenía media sanción de Diputados desde el 24 de noviembre del año pasado. 

A través de esta iniciativa se busca dotar las/os profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.   

También, posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas; y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas.  

El senador nacional Daniel Bensusán (FNyP – La Pampa) anunció este viernes que votará a favor del proyecto de atención frente a la muerte perinatal -conocida como “Ley Johanna”- que será tratado en la próxima sesión en el Senado, y tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

“Este es un proyecto que no admite dilaciones y debe ser tratado en el Senado, para transformarlo en Ley”, afirmó el senador pampeano. Del mismo modo, agregó que “los casos de muerte perinatal afectan a las personas gestantes, pero también a su entorno familiar y afectivo”.

Además, añadió: “Ya sea por violencia obstétrica, o por las cuestiones que puedan motivar este tipo de situaciones, se debe brindar un marco de acompañamiento adecuado desde los ámbitos de salud y desde las prestadoras de los servicios”.

El senador oficialista estuvo reunido con la exdiputada nacional Magdalena Sierra -quien había presentado el proyecto en el período 2019-, Belén Berrueco (precandidata a concejal de Lanús) y Johana Piferrer, principal impulsora de la iniciativa que lleva su nombre, que busca establecer los Procedimientos Médico–Asistenciales para la Atención de Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal.

Para ello, los establecimientos de salud deberán contar con protocolos de atención estandarizados que faciliten la atención sanitaria y el acompañamiento emocional de mujeres y otras personas gestantes y sus respectivas familias. Además, tendrán la obligación de garantizar espacios específicos de internación que prioricen la intimidad y tranquilidad de las mujeres, personas gestantes y sus familias.

“Johana fue víctima de violencia obstétrica, y su lucha logró visibilizar la situación de miles de familias argentinas que atraviesan por trances similares. Esto nos obliga, como sociedad, a ser empáticos y no seguir postergando su tratamiento”, enfatizó Bensusán.

Asimismo, expresó que “hay personas gestantes que ante la pérdida del embarazo deben soportar a veces, y sin ser consultadas, el ser internadas al lado de personas que llevaron a término sus embarazos”. “Por eso ratificamos el compromiso político a tratar el proyecto de Ley, para que quienes atraviesan estas situaciones tengan la posibilidad de elegir, desde el método del parto, hasta la forma de internación”, añadió.

Por su parte, Johana Piferrer manifestó que “es muy importante que la política y los representantes del pueblo, que fueron elegidos mediante el voto popular, se interesen por leyes que claramente vienen a conquistar y a ampliar nuevos derechos para la sociedad. La reunión con el senador Bensusán nos alegró y nos incentiva”.

“Lo que viene a hacer este proyecto, y su aprobación, es que todas las mujeres y personas gestantes, familias diversas que atravesamos muerte perinatal, que se trata del fallecimiento de nuestros hijos deseados dentro del vientre, tengamos derechos nosotras a elegir cómo atravesar esos partos y esos puerperios, estos nacimientos sin vida”, indicó Piferrer.

De esta manera, agregó: “Hay que capacitar desde nuestra universidades públicas y gratuitas a todas las disciplinas. Tienen que intervenir en esta problemática, para que los y las profesionales de la salud, tengan formación para atender y contener de la manera adecuada, que se respeten nuestras pautas culturales, entendiendo que la Argentina no es solamente el AMBA. Poder estar acompañadas durante todo el proceso del parto o no”.

Para cerrar, Johanna Piferrer recordó que en estos días se celebra la semana de la lactancia materna, y expresó que “uno de los artículos del proyecto de ley es la información sobre la lactancia, métodos de inhibición y donación”.

Al frustrarse la última sesión especial convocada en el Senado para analizar cinco proyectos de ley y 75 pliegos judiciales, la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti formuló fuertes cuestionamientos a la oposición por no haber dado quórum y pidió perdón “a la sociedad argentina en su conjunto y a todas las organizaciones” presentes en los palcos a la espera de que se trataran las iniciativas para las que habían sido convocados.

Y particularmente hizo hincapié en la presencia de Johanna Piferrer, “quien padeció la muerte de su bebé, Ciro, a un mes y medio del parto”. Y mientras las cámaras captaban la imagen de Johanna y otras madres que habían concurrido expectantes para ver si se convertía en ley el proyecto sobre muerte perinatal, la senadora mendocina prometió que “vamos a seguir intentando desde este bloque incansablemente transformar este proyecto en ley”.

La realidad es que ese proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados hace casi ocho meses: la que se conoce como “Ley Johanna” recibió media sanción por 216 votos afirmativos y solo uno en contra en la sesión del 24 de noviembre del año pasado y prevé una serie de procedimientos médico asistenciales que deberán aplicarse en los casos de la pérdida de un bebé entre la semana 22 del embarazo y 7 días después del nacimiento. Desde esa aprobación tan abrumadora, el proyecto durmió el sueño de los justos en el Senado, donde ante semejante consenso demostrado entre oficialismo y oposición en la materia, los interesados en su aprobación imaginaron un rápido tratamiento en el Senado y su aprobación antes de fin de año.

No fue así, pues esa cámara ya había sesionado el 16 de noviembre y no volvió a reunirse en el resto del año. Hay que reconocer que ya tenían problemas de quórum, por ejemplo les faltaba nada menos que el presidente del interbloque, José Mayans, que estuvo ausente en la última parte de 2022, aunque ya está felizmente recuperado y activo.

El proyecto de ley de muerte perinatal recién tuvo tratamiento en comisión el 30 de mayo pasado, cuando se le dio dictamen y quedó ahí sí listo para llegar al recinto. En esa misma reunión, compartida con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se dio dictamen a otro de los proyectos de ley incluidos en el temario de la última sesión del Senado, que no tuvo quórum: pubertad precoz.

Se trata de un proyecto que tuvo media sanción el 19 de abril de este año en Diputados, luego de haber sido trabajado durante largo tiempo. Entre otras cosas, el proyecto promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la pubertad precoz, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico. Asimismo, prevé la realización de estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central, que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.

Tratamiento a cuentagotas

Esos proyectos que merecen tanta atención desde la sociedad civil terminan teniendo un tratamiento especial que en ocasiones les juega en contra. Porque la verdad es que a partir del amplio apoyo que tienen de todos los sectores podrían llegar a ser tratados con rapidez y hasta incluidos en una misma sesión para dar cuenta de ellos de manera ágil y brindar así pronta respuesta a sus destinatarios.

Eso no sucede y es una metodología parlamentaria que abarca a todos los sectores, que los seleccionan a veces a cuentagotas, de modo tal de matizar las sesiones de ambas cámaras con ese tipo de iniciativas. Por ejemplo, se los incluye para compensar sesiones donde presentan otros proyectos que no ameritan semejante consenso.

Como sea, la situación especial -y casi podría decirse también que inédita- que vive el Senado hace que los pendientes se vayan acumulando de manera llamativa. Hay numerosas e importantes “medias sanciones” que aguardan tratamiento en el recinto.

No solo aquellas que merecen tanta expectativa social; también hay de los que reclama el Ministerio de Economía de manera prioritaria. Es el caso del monotributo tecnológico (mono tech), que cuenta con media sanción de Diputados dese el 28 de marzo pasado, ocasión en la cual desde la oposición hubo una suerte de guiño para no hacerlo caer. El proyecto tuvo 111 votos positivos, 11 negativos y 85 abstenciones. Y, sobre todo, muchas ausencias.

El régimen tiene dictamen en el Senado desde el 30 de mayo y se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior. También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline.

Esta iniciativa que permitiría blanquear (y tributar) en el país ingresos inferiores a 30 mil dólares, considerada en su momento como prioritaria por Economía, ni siquiera fue incluida en el temario de la última sesión del Senado (frustrada).

Hay otro que tal vez represente mayor urgencia: el proyecto sobre lavado de activos, que debería estar aprobado para el mes de septiembre. El proyecto tuvo media sanción el 19 de abril de este año, en una sesión en la que la oposición no se esforzó por voltear la iniciativa. Véanse los guarismos de la votación: 111 a favor, 96 en contra y 5 abstenciones.

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

Recién este 11 de julio esta media sanción comenzó a ser analizada en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda. Fue con la presencia de Ricardo Casal, secretario de la Secretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Economía; Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera; y Martín Breinlinger, director de la Comisión Nacional de Valores.

El Poder Ejecutivo mandó al Congreso el texto original hace casi un año y es exigida desde el FMI de manera tal que el país se adecue a los estándares internacionales. Y urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Hay temas pendientes como el referido a la entrada y salida de tropas. Esos proyectos suelen tratarse sobre el final de cada año, pero el oficialismo no lo incluyó en las sesiones de noviembre y en diciembre las relaciones entre oficialismo y oposición colisionaron en esa cámara, por lo que el debate quedó postergado hasta este año. Recién tuvo media sanción el 19 de abril de este año en la Cámara baja y el tema estuvo incluido en la sesión fallida del miércoles 12 de  julio, advirtiendo el oficialismo que nunca a un gobierno democrático lo dejaron sin esa ley aprobada.

Pendiente está también la creación de las becas Progresar, una media sanción que data de aquella sesión del 19 de abril en Diputados, donde contó con amplísima mayoría: 175 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones. Se trata de un proyecto que pretende crear por ley esa ayuda destinada a garantizar los estudios secundarios, terciarios y universitarios de los jóvenes más vulnerables. La iniciativa le brinda una continuidad y jerarquización a este programa que se lanzó en 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, actual titular del Senado, donde ahora el tema aguarda su tratamiento.

Hay también temas menores pendientes, como la media sanción impulsada por el diputado misionero Diego Sartori que busca declarar monumento natural a la especie Aguila Harpía. O la declaración de Monumento Histórico Nacional del Parque de la Constitución; la creación de la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias de la República Argentina; el aval para argentinos en cargos consulares en nuestro país y un acuerdo sobre transporte aéreo entre Argentina y Portugal.

Además, dos fechas nacionales: la declaración del 19 de agosto de cada año como Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle; y la del 18 de julio de cada año como “día de duelo nacional”, en memoria de las víctimas del atentado a la AMIA.

¿Y los créditos UVA?

Finalmente hay una batería de proyectos importantes con media sanción aprobados en la última sesión de la Cámara baja y que aún no han comenzado a transitar las comisiones del Senado.

Es el caso de la profesionalización de acompañantes terapéuticos, un proyecto que contó con gran presencia de interesados del sector en los palcos de la Cámara de Diputados durante su tratamiento en el recinto. Fue un tema aprobado por 197 votos afirmativos y solo 3 negativos, que tiene por objeto establecer el marco general del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico, sin perjuicio de las normas dictadas por las jurisdicciones locales, ya que en 13 provincias hay legislación al respecto.

Asimismo espera el inicio de su tratamiento en el Senado el proyecto de violencia digital contra las mujeres, inspirado en la Ley Olimpia. Esta iniciativa tuvo 191 votos a favor, 2 negativos y una abstención, y modifica la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Entre ellos, con el objetivo de garantizar “los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital”. Asimismo, señala que se deberán respetar “su dignidad, reputación e identidad en los espacios digitales”.

Hay iniciativas como el acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacional a los usuarios finales del Mercosur, y hasta reformas a la Ley 24.449 de Tránsito, pero también un proyecto del oficialismo que propone la creación de un Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos, para generar un fondo que le dé financiamiento al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura. Sería de 100 millones de pesos, para financiar la asistencia técnica, capacitación, fortalecimiento de las instituciones y certificación de muchos productores que se dediquen a la actividad. Un proyecto para el fomento de la producción orgánica tuvo media sanción en 2013 y perdió estado parlamentario en 2015.

Asimismo ya está en el Senado el único proyecto aprobado por unanimidad en la última sesión de Diputados: la derogación de la Ley 11.317 y el decreto 2.699 del 28 de mayo de 1925 sobre prohibición de tareas peligrosas o insalubres para mujeres. En el texto definitivo se unificaron proyectos impulsados por las diputadas nacionales Silvia Lospennato, Lucila Masin y Vanesa Siley y un conjunto de diputados y diputadas de extracción sindical, derogando la prohibición del trabajo de mujeres en ciertas actividades.

Además, ya tiene media sanción un plan de refinanciación de deudas de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto a Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Se trata de deudas contraídas en los 90, en dólares, de créditos BID que el Estado tomó y los pasó a las provincias y las provincias a las cooperativas. Esas deudas no fueron pesificadas y, tras la devaluación del 2002, las cifras originales se triplicaron. El monto total de la deuda vencida y a vencer al 31 de marzo de 2023 asciende a USD 85.756.662,58.

Para el final en este racconto de medias sanciones que esperan su tratamiento en el Senado tenemos nada menos que el “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”, una iniciativa que busca aliviar la situación de los deudores de créditos UVA. El proyecto fue aprobado en Diputados por 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones y entre otras cosas establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

A su vez, la iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023.

En definitiva, más de una veintena de proyectos que tienen media sanción de Diputados aguarda su tratamiento en la Cámara alta, atados a los vaivenes de lo que representa un año electoral y, para el oficialismo además, la pérdida del quórum propio. Algunos proyectos de suma importancia, otros de segundo orden, pero la necesidad imperiosa para el oficialismo de acordar los consensos correspondientes para reactivar una cámara donde precisamente no ha venido funcionando el diálogo.

Tras una larga espera y en un debate cargado de emoción y aplausos, la Cámara de Diputados aprobó este jueves un proyecto que tiene por objetivo establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, que es aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento. La votación resultó con 216 votos afirmativos y solo 1 en contra, del diputado Francisco Sánchez (Pro – Neuquén).

El proyecto, bautizado “Ley Johanna”, por el caso de Johanna Piferrer impulsora de la iniciativa y quien fue víctima de violencia obstétrica, indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se busca dotar las/os profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.

También, posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas; y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas.

El texto, girado ahora a la Cámara alta, establece que las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada; un trato respetuoso, individual y personalizado; tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un psicólogo; tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso; recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de ésta; entre otros.

La palabra de las diputadas

En su carácter de presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, abrió el debate la socialista Mónica Fein (Santa fe) al destacar que “esta ley de la sociedad civil propone establecer una serie de acciones concretas de parte del sistema de salud para acompañar a las familias cuando atraviesan una de las experiencias más traumáticas que es la muerte de un hijo o una hija cuando se está esperando su nacimiento o pocos días después”.

Fein remarcó que se la conoce como ‘Ley Johanna’ por “la acción de una mujer que perdió a su hijo, Ciro, exigió y exige que este Congreso incorpore un trato mucho más humanizado ante la muerte perinatal”.

A su vez, informó que la Organización Mundial de la Salud define a la muerte perinatal como “una tragedia silenciosa porque es así, silenciosa en general. Es la respuesta que muchas veces reciben las familias, las mujeres, las personas gestantes, en lugar de estar acompañadas y contenidas”.

“Si bien la muerte supone un proceso personal e intransferible que implica elaborar un duelo, no es lo mismo hacerlo en un espacio de contención, de acompañamiento, que hacerlo sin las respuestas, sin poner en palabras lo que significa esa pérdida”, precisó la santafesina y agregó: “Se considera que estas muertes perinatales son uno de los trastornos más comunes del estrés post traumático en mujeres y personas gestantes”.

Además, Fein alertó que “las cifras no son bajas, son considerables 6,3 millones de muertes perinatales por año se registran en el mundo y la mayoría en los países más pobres”, y en el plano local informó que “nuestro país ha tenido cifras del 4% de los embarazos registrados como muertes perinatales”, y destacó que “positivamente las hemos ido bajando entre otros temas por haber mejorado la asistencia, la detención precoz de algunas patologías y de actuar en consonancia”.

“No existe hoy un protocolo, un mecanismo que esté incorporado en los lugares para acompañar estas muertes. Podemos considerar que la Ley de Parto Humanizado 25.929 sancionada en 2004 brindó un marco normativo a todo lo que es el acompañamiento de las personas gestantes, del trabajo de parto, post parto y que eso ha sido un gran avance en términos de los derechos de las personas y de las gestantes”, expresó, pero indicó que “no dice nada sobre el nacimiento sin vida, acá encontramos silencio”.

Fein describió que este dictamen plantea “hacer visible lo invisible, lo doloroso, tratando de aportar una serie de acciones que asuman los profesionales de la salud, y que el Estado lleve a cabo prácticas humanizadas para acompañar y permitir la despedida de un hijo tan deseado en un espacio que las personas estén solas. Confiere un derecho fundamental a la mujeres y personas gestantes que es tomar contacto con el cuerpo de su bebe sin vida, designar un acompañante todo el tiempo, solicitar la opción de estudios que den alguna respuesta de esta situación dolorosa y traumática”.

“Esta ley además de plantear actividades de sensibilización, difusión, programas de formación, capacitación, está planteándonos humanizar el sistema de salud. Encontrar que además de la tecnología y de los mecanismos y de las estructuras, es necesario fortalecer los vínculos, ponerse en el lugar del otro cuando hay situaciones de alta vulnerabilidad. Esta ley plantea fortalecer la humanización de los sistemas y acompañar en los momentos más dolorosos”, resumió la santafesina.

En su disertación, la bonaerense Mónica Macha (FdT) contó que dicho proyecto es de la diputada MC Magdalena Sierra y cuando perdió estado legislativo, lo tomó la diputada Cristina Álvarez Rodríguez -quienes estaban presentes en el recinto- al tiempo que señaló que “es un proyecto que tiene que ver con las demandas que venimos construyendo desde el feminismo porque no son problemas nuevos, pero si son problemas y situaciones que estamos encarando en este tiempo producto de lograr poner en la agenda política temas que durante mucho tiempo fueron considerados periféricos”.

“Nosotras sabemos lo que es atravesar situaciones de violencia obstétrica que es una problemática multidimensional y que lo podemos encontrar en los distintos momentos que significa, sobre todo la atención, del parto y post parto y en muchas instancias ginecológicas. Es una situación que necesita de esa visibilidad y de contar con acciones que nos permitan cambiar esa situación”, planteó Macha.

En suma, remarcó la importancia del acompañamiento por parte del Estado desde “la empatía, el conocimiento y predisposiciones a las necesidades de esa persona. De otro modo seguiremos teniendo casos de violencia. Un tipo de violencia que vincula el género, la salud y la institucionalidad. La Ley Johanna es sensible y humana”.

En un emotivo discurso y con su bebé en brazos, la diputada del Pro Camila Crescimbeni detalló su triste experiencia que sirvió para exponer la situación que viven tantas mamás en esas circunstancias, ya que recientemente perdió a uno de sus mellizos.

“Nunca me imaginé que iba a estar hablando en este proyecto en particular, pero lo que quería transmitir, más allá de la experiencia que me tocó, es visibilizar en mí, como le habrá pasado a Johanna (Piferrer) también y otras personas que están en el recinto, pero es muy importante el acompañamiento durante este tiempo, porque uno está en shock total… Porque espera la vida, no la muerte, y no sabe sus derechos, eso es la realidad”, relató.

Sin embargo, la emoción en el recinto perduró unos minutos más, cuando le tocó hacer uso de la palabra a la salteña Verónica Caliva (FdT) quien acompañó a Camila por su “fortaleza porque trabajando acá en esta Cámara para cumplir con su trabajo, terminó con complicaciones y terminó con la pérdida de la vida de su hijo y a todas nos impactó, nos dolió y creo que eso es fundamental reconocer la fortaleza de la diputada y hacerle llegar públicamente las condolencias”.

Por otro lado, manifestó que “cuando vimos este proyecto decidimos acompañarlo porque a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar estos temas nos impactan en el centro de la vida”, y relató que a los 7 años le tocó acompañar a su mamá a “vestir” el cuerpo de su hermanita y lo describió como “un momento de profundo dolor y silencio y nunca pude sacarlo de mi mente. Verla a ella vistiendo a la beba, estando las dos solas”.

A su turno, la radical Gabriela Lena (Entre Ríos) manifestó: “Estamos tratando de contemplar en el proyecto aquel dolor que se produce de las muertes perinatales a partir de la semana 22 del embarazo”.

“En Argentina hay un promedio de 5 mil casos de muerte perinatales al año, pero sabemos que hay muchos más porque no se conocen y sigue siendo un tema que no se habla. Es una muerte rodeada de silencio, estigma y de culpa”, detalló.

Lena remarcó que el proyecto contribuye a brindar la atención necesaria y el resguardo físico y emocional para todas las personas afectadas porque “dota de herramientas necesarias al personal de salud”.

La santacruceña Paola Vessvessian (FdT) expresó: “Estamos convirtiendo una necesidad en un derecho, que surge de la escucha de compañeras nuestras en el dolor de una madre, Johanna. Ahí comienza una historia de dolor, de trauma cuando vienen y te dicen ‘mamita, lo siento mucho’ como si eso fuera todo. No se logra sanar con una medicina, te lo cura el acompañamiento”.

“También buscamos mayor equidad, que no quede todo concentrado en las mayores ciudades, que el Estado sea un ente regulador. Las realidades son todas distintas, hay que ser cuidadoso con eso, al igual que la accesibilidad de las personas gestantes. Tenemos que pensar en la desigualdad del país y que logremos que nos permita la accesibilidad con cuidado. Esta ley crea derechos a la información, a la atención adecuada”, sostuvo.

La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja se reunió este martes para tratar un conjunto de proyectos, entre ellos el que establece procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal.

La iniciativa, que había tenido dictamen de comisiones el año pasado pero no llegó a tratarse en el recinto, tuvo dictamen este martes. Es conocida como “Ley Johanna”, en alusión al caso de Johanna Piferrer, quien estuvo presente en la reunión.

Cabe destacar que esta iniciativa fue impulsada en su momento por la exdiputada Magdalena Sierra, y al perder estado parlamentario fue re-presentado por la también hoy exdiputada María Cristina Alvarez Rodríguez.

La titular de la comisión, la oficialista Mónica Macha (Buenos Aires) recordó que el proyecto contaba ya con dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, y destacó la necesidad de contar con procedimientos perinatales. “Estamos hablando de una situación irreparable, dolorosa”, y precisó que el período perinatal se inicia cuando se ingresa a la semana 22 de gestación y termina y cuando se completan 7 días después del nacimiento.

Macha habló de la necesidad de situar entonces esa situación de duelo y la necesidad también de que los espacios sanitarios puedan contar con determinadas acciones para “garantizar el derecho al duelo”. Esto es, “que no se sume ahí el dolor y padecimiento que significa también el maltrato institucional”, y habló también de la necesidad de “erradicar la violencia obstétrica”.

A continuación, citó los derechos que garantiza el proyecto puesto a consideración, lo cual marca que justamente los mismos hoy no existen en las instituciones sanitarias. Los mismos figuran en el artículo 5° del proyecto, y son los de “recibir información suficiente y adecuada sobre las distintas intervenciones médicas y terapéuticas que pudieren tener lugar durante esos procesos, de manera que puedan optar libremente cuando existieren diferentes alternativas; a un trato respetuoso, individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso y tenga en consideración sus pautas culturales; a tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un/a psicólogo/a; derecho a designar un/a acompañante en cualquier momento del proceso, y deberá ser respetada la decisión de no ser acompañadas; a tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso, en cuyo caso, podrán solicitar la realización de la autopsia y/o estudio anatomopatológico del cuerpo; a ser internadas en un servicio que no corresponda con el propio de maternidad; a recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de esta; a recibir tratamientos médicos y psicológicos post internación a fin de reducir la prevalencia de trastornos derivados de duelos crónicos y al debido seguimiento de estos, contemplando el abordaje desde la especificidad de la salud mental perinatal; y derecho a no ser sometidas a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética”.

La diputada Mónica Macha consideró “un paso importante poder contar con la posibilidad de que este proyecto tenga media sanción. La idea es que esta vez llegue al recinto”, y concluyó: “Creo que es una deuda que tenemos con aquellas personas con capacidad de gestar que pasan por esta situación”.

Paridad de género en el deporte

El primer tema abordado en la reunión había sido el que establece la creación de un sistema integral de igualdad y paridad de género en el deporte, garantizando la igualdad, participación, inclusión, acceso y representación de las mujeres y diversidades en todos los ámbitos y a todos los niveles de la comunidad deportiva. La iniciativa ya cuenta con aval de la Comisión de Deportes, y en este caso también obtuvo dictamen.

El proyecto fue defendido por quien lo impulsa, Magalí Mastaler (FdT-Santa Fe), quien aclaró de entrada que el mismo replica el texto del proyecto de Promoción e Igualdad y Paridad en el Deporte presentado en 2020 también por la diputada (MC) Magdalena Sierra, el cual entonces tuvo dictámenes de mayoría en las comisiones de Deportes y de Mujeres, y que “surge como objetivo principal la necesidad de generar nuevas herramientas que garanticen el acceso al deporte para determinadas personas sin interesa r la cuestión sexual.

Intervino a continuación la diputada de Juntos por el Cambio Carla Carrizo, quien celebró el tratamiento de ese proyecto, y recordó que habían planteado algunas pequeñas disidencias, que para evitar dilaciones en el recorrido del proyecto hacia el recinto las incluían en un dictamen de minoría que buscarían sumar a la ley al momento de su debate. Las mismas consistían en incorporar la paridad a los tres niveles del deporte y no solo al primer grado. “Queremos llegar a la AFA”, planteó la diputada de Evolución Federal, que destacó que la intención es la de que la paridad “sea real y progresiva en la totalidad de los grados. No solo para el fútbol, que es lo más visible, sino también para todos los deportes”.

A propósito de la referencia al fútbol, la presidenta de la comisión recordó la situación de disparidad presupuestaria que sufre el fútbol femenino, que s tema de debate por estos días a propósito del fallecimiento en un accidente automovilístico de una joven jugadora de Argentino de Merlo. Y también criticó las expresiones del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, quien planteó que “el fútbol es un negocio, por eso no entra ahí la paridad”.

El proyecto que obtuvo dictamen, entre sus principales aspectos, incluye modificaciones a la Ley 20.655 -Ley de Deporte- y estipula la creación del “Programa de Igualdad en el Deporte”, que deberá ser articulado entre el Ministerio de Turismo y Deportes y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

También determina un sistema de representación y paridad de género progresivo en las listas que se presenten para la elección de los/las integrantes de los cargos en Consejos Directivos en las asociaciones civiles deportivas de primer grado: durante el primer año de la norma, las listas deberán tener candidatas en un 20%; a los tres años de sancionada la ley, en un 30%; y a los cinco años deberá observarse la paridad entre mujeres y varones.

Otros proyectos

Se trató a continuación una iniciativa del diputado Héctor Baldassi, que venía con dictamen de la Comisión de Deportes, que justamente preside este diputado cordobés. El exárbitro agradeció haber sido invitado para defender su iniciativa, que propone crear un protocolo institucional ante situaciones de violencia de género y / o discriminación en asociaciones civiles.

Baldassi planteó que la iniciativa busca “generar concientización para casos de violencia de género discriminación en los clubes”, teniendo en cuenta que hoy no tienen la obligación de hacer protocolos y detalló las tres cuestiones salientes de la iniciativa: que todas las asociaciones civiles deportivas dicten en su estatuto un protocolo para prevenir e intervenir en caso de discriminación o violencia de género, asesorando, asistiendo y acompañando a las víctimas; el estatuto debe decir que cualquier acto de violencia de género está considerado un acto de máxima escala de gravedad; y en tercer lugar los clubes de barrios si no hacen el protocolo no permitirles percibir ayuda de parte del Estado.

A continuación, Mónica Macha anunció que cinco iniciativas referida a la Ley Micaela en medios pasarían a asesores para continuar allí su tratamiento, tras lo cual sí pasó a dictamen el tema referido a la paridad de género en las empresas del Estado nacional. Esa iniciativa contempla proyectos de Sofía Brambilla, Mónica Macha, Silvia Lospennato, Gabriela Estévez y Jimena Latorre.

Habló sobre el tema la diputada del Pro Silvia Lospennato que planteó que para permitir el avance de esa regulación de la paridad de género en las empresas del Estado nacional habían hecho una adecuación de los plazos. “Habíamos puesto plazos demasiado optimistas”, reconoció la legisladora, al tiempo que aclaró también que puntualizaron en el texto que “no pretendíamos invadir competencias locales”, y dejaron claro el “respeto al federalismo” a partir de lo cual quedará en manos de las legislaturas provinciales determinar si adhieren a la medida, en el marco de su autonomía.

Por su parte, la cordobesa Gabriela Estévez (Frente de Todos) destacó como “fundamental” llegar a establecer la paridad en los directorios de las empresas, pero dejando de lado “ese estereotipo según el cual las mujeres aportan una ‘mirada sensible’, sino la necesidad de romper el techo de cristal”.

“Esta ley es fundamental, porque además marca un antecedente para las empresas privadas”, concluyó.

A continuación, pasaron a la firma una extensa serie de proyectos de declaración sobre diversos temas.