Las diputadas radicales Carla Carrizo y Roxana Reyes celebraron la noticia a través de sus redes. Los jueces que se postulen en los concursos deberán acreditar como requisito obligatorio la capacitación en derechos de niñas, niños y adolescentes.
Las diputadas nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical) y Roxana Reyes (UCR) celebraron a través de sus redes sociales que el Consejo de la Magistratura incorporó como requisito obligatorio la capacitación de la “Ley Lucio”.
“Y hoy un #BuenViernes porque el Consejo de la Magistratura incorporó la Ley Lucio en los concursos para magistrados del Poder Judicial de la Nación. En adelante, los jueces deberán acreditar como requisito obligatorio la capacitación en derechos de niñas, niños y adolescentes para poder postularse”, explicó Carrizo en su red social “X” y destacó: “Un primer gran paso para que el sistema judicial comience a saldar una gran deuda en la protección de niñas/os y adolescentes en Argentina”.
En el mismo sentido, Reyes expresó: “¡Gran noticia! La Ley Lucio ahora es formación obligatoria para quienes aspiren a la magistratura, asegurando así la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Seguimos en camino hacia una justicia más justa y equitativa”.
La norma fue sancionada el 13 de abril por el Senado por unanimidad y reglamentada el 3 de mayo. La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes
Podrán también ser destinatarios del citado Plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.
En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.
La autoridad de aplicación de la ley será la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
El Senado aprobó en su última sesión el proyecto de ley a través del cual la provincia adhiere a la ley nacional N° 27.709.
Como para salir del letargo, los senadores provinciales realizaron su segunda sesión ordinario del año, donde trataron una importante cantidad de minutas legislativas entre las que se contaron 42 proyecto de leyes, de las cuales se sancionaron una media docena, mientras que las restantes seguirán su trámite en la Cámara Revisora.
Al mismo tiempo, los senadores lograron dar el primer paso legislativo con la idea de adherir a la Ley Nacional N° 27.709, que crea el Plan Federal de Capacitación de Carácter Continuo, Permanente y Obligatorio, en Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, conocida como Ley Lucio.
En el proyecto de ley, que ahora deberán considerar los diputados, además de adherir a la normativa nacional, se establece como autoridad de aplicación “al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires”, al tiempo que se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que demande el cumplimiento de la ley y se invita a que los municipios se sumen a la adhesión.
Así se promoverá a que “las niñas, niños y adolescentes sean poseedores de todos los derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, incorporados por medio del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, así como sus derechos específicos por su condición de personas en etapa de crecimiento”, surgen se consigna en la iniciativa remitida por el poder Ejecutivo provincial.
El Plan Federal de Capacitación se presenta como carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de las niñas, niños y adolescentes, generando mecanismos y herramientas para la protección de los derechos de la infancia y prevención contra las violencias, para promover la necesidad de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas.
Además, la misma normativa nacional invita a las provincias a adherirse, y en ese marco es que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se impulsa esta iniciativa.
“En la actualidad, la provincia de Buenos Aires cuenta con la Ley N° 15.348, sancionada el 24 de agosto de 2022, que establece la capacitación obligatoria en Promoción del Buen Trato a Niñas, Niños y Adolescentes”.
En ese sentido se destaca que aquella normativa, “conforma un antecedente fundamental que articula de manera complementaria con los objetivos” que supone esta adhesión a la ley nacional.
El proyecto original conocido como Ley Lucio fue inspirado en la trágica muerte del nene de 5 años, Lucio Dupuy, que fue abusado sexualmente y asesinado a golpes por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, en noviembre de 2021 en La Pampa. Ambas se encuentran cumpliendo una condena por el crimen.
Según se resalta la adhesión provincial a la ley nacional permitiría sumar cuestiones que reforzarían los preceptos establecidos en la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
En ese sentido, se sumaría la “capacitación obligatoria para los agentes del Estado” que trabajan en relación a la niñez para “detectar indicios” en las víctimas de maltrato; se establece la reserva de identidad para preservar la autoría de los denunciantes de actos de violencia; y por último se estipulan campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
Los senadores bonaerenses podrían dar el primer paso legislativo, en la sesión prevista para este jueves, en procura de que la provincia adhiera a la ley nacional N° 27.709.
Como para salir del letargo, los senadores provinciales mantienen firme la posibilidad de sesionar con la idea de adherir a la Ley Nacional N° 27.709, que crea el Plan Federal de Capacitación de Carácter Continuo, Permanente y Obligatorio, en Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, conocida como Ley Lucio.
En el proyecto en consideración por los senadores además de adherir a la normativa nacional, se establece como autoridad de aplicación “al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires”, al tiempo que se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que demande el cumplimiento de la ley y se invita a que los municipios se sumen a la adhesión.
Así se promoverá a que “las niñas, niños y adolescentes sean poseedores de todos los derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, incorporados por medio del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, así como sus derechos específicos por su condición de personas en etapa de crecimiento”, surgen se consigna en la iniciativa remitida por el poder Ejecutivo provincial.
El Plan Federal de Capacitación se presenta como carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de las niñas, niños y adolescentes, generando mecanismos y herramientas para la protección de los derechos de la infancia y prevención contra las violencias, para promover la necesidad de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas.
Además, la misma normativa nacional invita a las provincias a adherirse, y en ese marco es que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se impulsa esta iniciativa.
“En la actualidad, la provincia de Buenos Aires cuenta con la Ley N° 15.348, sancionada el 24 de agosto de 2022, que establece la capacitación obligatoria en Promoción del Buen Trato a Niñas, Niños y Adolescentes”.
En ese sentido se destaca que aquella normativa, “conforma un antecedente fundamental que articula de manera complementaria con los objetivos” que supone esta adhesión a la ley nacional.
El proyecto original conocido como Ley Lucio fue inspirado en la trágica muerte del nene de 5 años, Lucio Dupuy, que fue abusado sexualmente y asesinado a golpes por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, en noviembre de 2021 en La Pampa. Ambas se encuentran cumpliendo una condena por el crimen.
Según se resalta la adhesión provincial a la ley nacional permitiría sumar cuestiones que reforzarían los preceptos establecidos en la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
En ese sentido, se sumaría la “capacitación obligatoria para los agentes del Estado” que trabajan en relación a la niñez para “detectar indicios” en las víctimas de maltrato; se establece la reserva de identidad para preservar la autoría de los denunciantes de actos de violencia; y por último se estipulan campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
La legisladora del FdT destacó la creación del “Plan Federal de Capacitación” dirigido los tres poderes del Estado, para detectar y prevenir situaciones de vulneración de los derechos de los niños y adolescentes.
Con la intención de garantizar los derechos de niños y adolescentes, la diputada del Frente de Todos (FdT) Laura Velasco celebró la adhesión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Ley Lucio y destacó la creación del “Plan Federal de Capacitación” dirigido los tres poderes del Estado.
La norma en cuestión fue aprobada por unanimidad durante la última sesión ordinaria, a partir de un proyecto de la propia Velasco y otro de su par, la legisladora de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Manuela Thourte.
Con esta iniciativa, a través de la creación de un Plan Federal de Capacitación dirigido los tres poderes del Estado, brinda herramientas a todos los funcionarios públicos para detectar y prevenir tempranamente situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes, además de saber cómo actuar una vez identificada la situación de violencia. Esta capacitación obligatoria busca, también, favorecer la articulación entre los distintos actores intervinientes y destacar la corresponsabilidad de cada uno.
Por otra parte, incorpora la protección de las personas denunciantes, muchas veces docentes y profesionales, quienes suelen ser atacados y hostigados luego de dar a conocer la situación de violencia.
Respecto de la aprobación de esta normativa, Velasco aseveró que “aunque nos duela, lamentablemente, la mayoría de los casos de abuso son intrafamiliares y cometidos por un varón, en este caso, el progenitor. Lo que tenemos que hacer es tomar integralmente la formación para transformar esta sociedad y que los niños, niñas y adolescentes tengan espacios donde hacer valer su palabra y sus derechos, que sepan que nadie puede hacer con su cuerpo lo que no quieren, aunque sea su madre, su padre o una persona cercana a la que le tiene afecto”.
“Y acá la importancia de la ESI, que también es parte de las conquistas de la Democracia que tenemos que defender. Porque con la Educación Sexual Integral se detiene, se previene y se ayuda a decir ¡Basta! a las situaciones de abuso. El 80% de los niños, niñas y adolescentes que pudieron denunciar, lo hicieron luego de una clase de ESI. Además, en la Ciudad de Buenos Aires, logró bajar un 65% el embarazo adolescente, junto a otras políticas públicas de salud sexual reproductiva, que también tenemos que cuidar”, agregó la legisladora.
Para Velasco, “es fundamental que en la Ley Lucio quede expresado el vínculo con la 26.485, porque las víctimas de violencia de género y de femicidios también son les hijes; y porque, lamentablemente, también existe la violencia vicaria -cuando se agrede o se mata a un niño o niña para castigar a la madre-, y los femicidios vinculados”.
“Esta ley es la muestra de que en esta Legislatura podemos trabajar articuladamente entre los distintos bloques. Por eso espero que podamos seguir construyendo consensos para la generación de más políticas públicas con presupuesto que atiendan la violencia contra niños, niñas y adolescentes y protejan integralmente sus derechos”, cerró.
Fue durante la última sesión ordinaria, en la que los legisladores porteños se sumaron a la Ley nacional de creación del “Plan federal de capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Buscando garantizar y proteger los derechos de los niños y adolescentes, los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobaron -durante la última sesión ordinaria- la adhesión a la Ley Lucio, la cual prevé la creación del “Plan federal de capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes”.
El proyecto en cuestión se trabajó en la comisión respectiva, presidida por Lucía Romano (VJ) en base a dos proyectos de ley de las legisladoras Manuela Thourte (UCR) y Laura Velasco (FdT) y el despacho se aprobó y convirtió en ley por unanimidad de los 52 diputados presentes.
De esta manera, en la Ciudad, la autoridad de aplicación será el Consejo por los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La ley aprobada obliga a los agentes y funcionarios de los tres poderes del Estado a capacitarse en la protección integral de los menores y denunciar cualquier caso de abuso contra ellos.
Respecto de la aprobación de este texto, el vicepresidente del bloque Vamos Juntos (VJ), Daniel Del Sol, aseveró que “esta Ley significa una importante herramienta en pos de detectar y prevenir abusos en menores, y garantizar sus derechos. Está destinada de manera continua y obligatoria a personas que trabajen en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad”.
El titular de la SENAF Gabriel Lerner adelantó que el decreto reglamentario “ya salió” y que “posiblemente sea oficializado en dos semanas” ante las consultas de ONGs presentes.
En un nuevo encuentro de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, su presidenta, la senadora nacional Clara Vega (Hay Futuro Argentina – La Rioja), señaló que la implementación de la ley “es una deuda que tenemos aún. A pesar de que el Congreso ya cumplió, seguimos esperando esta reglamentación”.
En ese sentido, destacó el trabajo del titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Gabriel Lerner, quien le dijo que “sus equipos estaban trabajando, respondiendo al compromiso que hay con la ley y con quienes llevan adelante esta lucha de visibilizar, no solamente lo que pasó Lucio en su momento, sino miles de chicos en el país y el mundo”.
“Contar la reglamentación es muy importante”, insistió la riojana y se mostró expectante de que “falta muy poco para que salga el decreto”. Además, resaltó que hay provincias “que ya han logrado que las Legislaturas aprueben la adhesión y otras están en proceso”.
Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, la diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro), afirmó que “los desafíos que tenemos en esta bicameral son muchos”, al tiempo que ponderó “el fuerte compromiso que tuvimos todos” para la sanción de la ley. Y, particularmente, reconoció a los abuelos de Lucio Dupuy por “haber acompañado todo ese proceso y seguir acompañando”. “Es importante que aceleremos la reglamentación e implementación de esta ley”, agregó.
En tanto, la secretaria de la bicameral, la diputada Paola Vessvessian (FdT), observó que este “es un tema que nunca se acaba, que permanentemente tiene una dinámica. Lo importante es entender que el eje son las infancias”. “Queremos que las vidas de los niños, niñas y adolescentes se definan en los espacios donde se dictan las políticas públicas, no en el Poder Judicial”, aseveró. Y destacó, puntualmente, la puesta en marcha del Censo Nacional de Dispositivos de Cuidado Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes.
Al tomar la palabra, el titular de la SENAF, Gabriel Lerner, informó que el decreto reglamentario “ya salió” del organismo y que dirige y, posiblemente, sea oficializado en dos semanas. Sobre ello, resaltó la rapidez con que se trabajó, dado que tenían tiempo hasta el 9 de septiembre.
Una vez aprobada la ley en Diputados, y antes de su sanción en el Senado, la SENAF abrió una ronda de consultas con la Defensoría del Niño, dos sindicatos del Estado Nacional, con las universidades UBA, UNLP y UNER, además de UNICEF, el INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública),
legisladores, los familiares de Lucio y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, donde “llegamos a la conclusión unánime de que esta era una enorme oportunidad para poder avanzar en donde había herramientas pendientes”.
El funcionario subrayó que hubo “una demanda de la ciudadanía de poner en primer lugar, no en el único, el tema de la detección temprana de violencias y abusos”. “No es que la ley se limita a eso, tiene un plan mucho más ambicioso”, aclaró, pero señaló que en el primer “recorte” se empezará por ese tema.
El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia detalló que el decreto reglamentario tiene cuatro ejes: el plan de capacitación obligatorio, campañas de sensibilización, protección de los denunciantes y sistema de información de la evolución del plan que esté accesible a la comunidad.
Sobre la protección de los denunciantes, Lerner contó que se han relevado “qué tipos de mecanismos ya están vigentes en algunas jurisdicciones para resguardar y proteger a los denunciantes”, de modo de “instar a las jurisdicciones a replicar las mejores prácticas” para “darle más seguridad a quien accede a la información y a veces teme represalias”.
En otro pasaje, informó que, aunque la ley los obliga, el decreto reglamentario no va a obligar a los poderes Legislativo y Judicial, de modo que para que realicen la capacitación se requerirán convenios.
“El incumplimiento del curso por parte de un agente del Estado se lo considerará sanción grave”, apuntó.
Sobre la primera etapa de implementación, el funcionario precisó que consistirá en “un curso inicial sencillo, autoadministrado, que nos permita una extensión rápida de formación en elementos muy básicos para ayudar al conjunto de la administración pública a convertirse en un actor que contribuya en la detección temprana y eventualmente en las denuncias”.
Eso comenzará el próximo 7 de agosto, y se tratará de un curso de “alrededor de 15 horas” que “no está pensado para quienes tienen vocación de saber mucho sobre el campo de la infancia, sino para aquel que atiende en ANSeS o PAMI, o en cualquier lugar de la administración pública”.
En tanto, “el plan integral lo vamos a terminar de discutir en el Consejo Federal” y una vez finalizado, desde allí “empezar a mandar esos contenidos a todos los organismos para que empiecen a diseñar sus propias capacitaciones”.
A su turno, Gisela Clivaggio, directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, habló de hacer un curso “amigable” para todos los que se desempeñan en el ámbito estatal, aclaró que “no por eso queremos restarle nivel académico, ni rigor conceptual; tenemos una intención clara con esta capacitación”.
Y enumeró: “Tenemos un primer módulo que es más conceptual, en donde a través de las temáticas, lo que buscamos es vincular las violencias contra los niños con un modelo conceptual de la infancia, que explica por qué existe hoy una naturalización de determinados niveles de violencia contra niños, niñas y adolescentes”.
El segundo módulo está vinculado al marco normativo. “Todo este bagaje conceptual que se trabaja en una primera etapa y después tiene actividades de evaluación, tiene textos, piezas audiovisuales, videos, distintas piezas pedagógicas que nos llevan a incorporar estos conceptos, pasamos al módulo 2 del marco normativo de la Ley 26.061, que nos habla fundamentalmente de dos conceptos que para quienes trabajamos en las infancias son muy familiares, pero para quienes no lo hacen quizá no es así, que es el sistema de protección y el concepto de la corresponsabilidad”, dijo. Y explicó: “Estos dos conceptos fundamentales son los que nos llevan a trabajar, el deber de comunicar, informar, cuando uno detecta una potencial situación de violencia, o lee una situación e identifica signos de que está siendo vulnerado el derecho de un niño, niña y adolescente”.
En el tercer módulo tiene que ver con ver “cómo hago para darme cuenta, cuáles son los indicadores que nos hablan de que un niño, niña o adolescente está siendo víctima de violencia. Qué factores de riesgo tengo que detectar”, detalló. Y frente a esto, cómo proteger a las infancias de lo que muchas veces son situaciones muy traumáticas.
El cuarto y último módulo corresponde a qué hacer cuando uno se encuentra con la situación en cuestión. “Entonces este módulo es el que nos lleva a un circuito de intervención. Desde el ámbito donde me desempeño, qué tengo que hacer, cuál es mi rol dentro del sistema de protección, con quién tengo que articular, cuál es el circuito institucional que debo recorrer”, precisó.
También de la SENAF, Mariano Luongo, subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, expuso sobre el Censo Nacional de Dispositivos de Cuidado Residencial y manifestó: “Nuestro objetivo es tratar de conseguir información que nos permita deconstruir ideas que hay sobre estos temas y poder mejorar las políticas públicas con información científica y validada”. Además, agregó que “buscamos elevar estándares de calidad para las niñas y niños sin cuidados parentales”.
“En la actualidad hay más de 8000 niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales que viven en cuidados alternativos residenciales en todo el país y hay más de 1000, mayores de 18 años, que aún viven en los dispositivos”, informó el funcionario.
Para finalizar, la titular de la bicameral Clara Vega retomó la palabra, agradeció a los presentes (en especial a los abuelos de Lucio Dupuy) y enfatizó: “Levantemos la bandera en defensa de los derechos de las niñas y niños”.
La exposición estará a cargo del titular de la SENAF, Gabriel Lerner, en una reunión que se realizará este martes a las 12 en el Salón Illia.
A tres meses de su sanción, se presentará en el Senado la puesta en marcha de la ley de Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, más conocida como “Ley Lucio”, ante la presencia de los abuelos de Lucio Dupuy.
Será en el marco de una reunión de la Bicameral del Defensor de NNyA, presidida por la senadora riojana Clara Vega, durante la que expondrá sobre la reglamentación de la norma el titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner. También participarán representantes de ONG’s.
El encuentro se realizará este martes, a partir de las 12, en el Salón Illia de la Cámara alta. Además, se informará sobre el Censo Nacional de Dispositivos de Cuidado Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes.
La “Ley Lucio” estuvo inspirada en distintos casos de maltrato infantil, pero el más resonante fue el de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que falleció en el Hospital Evita de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, el 26 de noviembre de 2021, luego de una brutal golpiza por parte su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ésta, Abigail Páez, ambas actualmente con cadena perpetua.
Fue luego de que el Gobierno promulgara la norma este miércoles a través de la publicación en el Boletín Oficial. “Sabemos la enorme importancia que tendrá para el cumplimiento eficaz de los derechos de la infancia y adolescencia”, sostuvo la radical.
Tras su publicación en el Boletín Oficial, la presidenta de la comisión de Familia, Niñez y Juventudes, y autora del proyecto, Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) celebró el avance e invitó a las jurisdicciones a sumarse para su cumplimiento eficaz.
La ley de creación del Plan Federal de Capacitación sobre derechos de Niños, Niñas y Adolescentes ya es un hecho en la Argentina tras su publicación en el Boletín Oficial. El objetivo es que todas las personas del ámbito público puedan capacitarte en esta materia.
“Invito a las provincias a adherir a la recientemente sancionada ley Lucio. Sabemos la enorme importancia que tendrá para el cumplimiento eficaz y no meramente declarativo de los derechos de la infancia y adolescencia, que todas las jurisdicciones cumplan con esta ley de formación para la prevención y el tratamiento adecuado para la protección de cada uno de los derechos ya largamente proclamados en la Convención sobre Derechos del Niño, con rango constitucional y la ley 26061”, sostuvo Reyes.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de Diputados indicó que “es relevante la adhesión por la sustancia de su objetivo y a la vez, es urgente por la crítica situación de la niñez en nuestro país”.
“Es esencial es que cada uno de los integrantes de los servicios que integran el sistema de protección, desde el funcionario de más alto rango hasta quienes recién se inician en el servicio de las áreas que lo integran: educación, salud, oficinas administrativas de derechos de infancia, como las instituciones no estatales, que prestan servicios de cualquier índole a personas menores de edad, y los actores del poder judicial, cuenten con información adecuada y sobre todo formación rigurosa acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la forma en que se previene su incumplimiento a través de los mecanismos que cada jurisdicción debe implementar”, explicó sobre la norma.
Y finalizó: “La democracia se empobrece irremediablemente cuando no se sabe proteger adecuadamente y en el tiempo debido los derechos de todos los habitantes, pero cuando se trabajan mal o tardíamente para evitar vulneraciones, nos acercamos a un absoluto deterioro institucional”.
El Boletín Oficial publicó que entraron en vigencia la Ley de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería, el reconocimiento a la Lengua de Señas Argentina y el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas aprobados en la Cámara alta el pasado 13 de abril.
El Gobierno nacional promulgó este miércoles la Ley de Creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Alcohol Cero al Volante y el Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la Provincia de Santa Fe, las cuales fueron aprobadas por el Senado el 13 de abril pasado.
Además, también entraron en vigencia la Ley de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería, Lengua de Señas Argentina (LSA) y el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Las seis normas fueron publicadas en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinetes Agustín Rossi y la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz.
En primera instancia, la conocida Ley Lucio tiene como objetivo crear el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niñas, niños y adolescentes, y estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado nacional.
Esta ley surgió a partir del caso de Lucio Dupuy quien fue maltratado, torturado y asesinado por su madre y la pareja durante el 2021 en la provincia de La Pampa. Ambas mujeres están cumpliendo reclusión perpetua, tras ser condenadas días antes de la aprobación de la normativa en ambas cámaras.
Respecto a la modificación de la Ley de Tránsito (24.449), quedará prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre.
La modificación, reclamada por organizaciones de la sociedad civil y rechazada desde el sector vitivinícola, había sido aprobada en Diputados en noviembre, y el 13 de abril logró su aprobación en la Cámara alta.
Por la situación de inseguridad y narcotráfico en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, el Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal se dispone a los efectos de la implementación del Código Procesal Penal Federal, ley 27.063, sus normas modificatorias y complementarias.
La norma se sancionó en el Senado por 48 votos a favor y se trató sobre tablas ya que no había pasado por comisión. Se crean medio centenar de cargos de fiscales, jueces y defensores a partir de la escalada de violencia que se registró en Rosario en los últimos años y, particularmente, en los últimos meses, con la amenaza a Lionel Messi incluida.
Del mismo modo, este miércoles entró en vigencia el Programa Nacional De Cardiopatías Congénitas (PNCC) que busca garantizar que todas las personas con cardiopatías congénitas tengan el derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital. Asimismo, que todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tengan el derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino.
Así también, la Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería que tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para promover la formación de calidad y el incremento de la cantidad de enfermeras y enfermeros, así como la profesionalización y el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional, en concordancia con lo establecido por la Ley de Educación Nacional 26.206, Ley de Educación Superior 24.521, la Ley de Formación Técnico Profesional 26.058 y la Ley del Ejercicio de la Enfermería 24.004.
Finalmente, fue promulgado el reconocimiento a la Lengua de Señas Argentinas (LSA) como una lengua natural y originaria que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio de la Nación Argentina, y que garantiza su participación e inclusión plena, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua.
La presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación celebró la sanción del Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes. También adelantó que “se está dialogando para convocar a una sesión”.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, celebró la aprobación del del Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes, también conocida como Ley Lucio, y señaló que “es un paso importantísimo para cuidar las infancias”, al tiempo que destacó que “tiene un fuerte componente en la lucha incansable que mantuvieron los abuelos de Lucio Dupuy”.
En ese sentido, en declaraciones radiales remarcó que “fue un día muy importante para el país, porque el Senado logró convertir en ley temas vitales para la sociedad, que antes trabajamos en Diputados, tales como Alcohol Cero, fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe, Lenguaje de Señas, entre otros, hay que trabajar en esos temas desde el lugar que nos toca”.
Consultada sobre el trabajo parlamentario en la Cámara baja, Moreau sostuvo que “se está dialogando con todos los bloques los temas para convocar una sesión. Pubertad precoz, diagnóstico humanizado y universidades son temas que nos demanda la gente, muchos también son proyectos de dirigentes de la oposición que con consenso trabajamos juntos porque el camino es el diálogo”.
Asimismo, indicó que “aquellos que dicen ‘no me siento a dialogar con el otro porque piensa distinto’ deberían tener un llamado de atención de toda la sociedad porque los dirigentes políticos tenemos que ser responsables en lo que decimos y cómo lo hacemos”.
La titular de la Cámara baja expresó también que “nos tiene que concentrar cómo resolvemos los problemas de la gente y no lo discursos de odio que se están generando porque se crea un clima de violencia que no ayuda a impulsar a la Argentina”.
La diputada radical y presidenta de la comisión de Familia, Niñez y Juventudes fue una de las autoras de los proyectos y planteó: “Es momento de abandonar las excusas y empezar con las capacitaciones y sensibilización en materia de niñez”.
La diputada nacional y presidenta de la comisión de Familia, Niñez y Juventudes Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) celebró la aprobación por unanimidad en el Senado de la Ley Lucio de la que fue autora de uno de los proyectos y manifestó que “es momento de abandonar las excusas y empezar con las capacitaciones y sensibilización en materia de niñez”.
“Tras un arduo trabajo durante el 2022, logrando consensos significativos y su posterior aprobación en la Cámara de Diputados, la ley que prevé crear un plan federal de capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes es una realidad con la aprobación del Senado Nacional y ahora a la espera de su reglamentación”, destacó la radical.
Y sumó: “Celebro este avance en materia de derechos para que nunca más tengamos casos como Lucio en La Pampa o Abigail en Santa Cruz”.
En un contexto de 2 de cada 3 niños en la pobreza, “su vulnerabilidad es innegable y la agenda pública no pone la mirada en la continua violación de sus derechos”, dijo Roxana Reyes. “La justicia, los organismos de protección y en general todos los que trabajan con la niñez de una u otra forma deben ser capacitados en el efectivo cumplimiento de los derechos del niño, niña y adolescente”, indicó.
“Es momento de abandonar las excusas y empezar con las capacitaciones y sensibilización en materia de niñez”, planteó la diputada y finalizó: “Vamos a seguir trabajando fuertemente para que no haya más niños, niñas y adolescentes víctimas de un Estado que no fue garante de su protección”.
Cabe destacar que el proyecto convertido en ley establece la creación de un Plan Federal de capacitación obligatoria, continua y permanente para el ámbito público en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y disponible para todos los sectores que trabajen y aborden a las infancias.
Tras la aprobación de la ley de capacitación en los derechos del niño, la presidenta del Senado recibió a la familia del nene pampeano asesinado.
Muy activa en la sesión del Senado de este jueves, que volvió a presidir luego de siete meses, la vicepresidenta Cristina Kirchner recibió en su despacho a familiares de Lucio Dupuy, luego de la sanción que establece un Plan Federal de capacitación en los derechos de niñas, niños y adolescentes, inspirada en el caso.
El encuentro fue difundido por la propia titular de la Cámara alta a través de su Twitter: “Hoy en el Senado con los abuelos y las tías de Lucio Dupuy. Su amor y compromiso lograron la sanción de la Ley que lleva su nombre. Mucha emoción”.
Lucio Dupuy falleció el 26 de noviembre de 2021, a los 5 años, en el Hospital Evita de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, tras recibir una brutal golpiza por parte de su madre Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez. En varias ocasiones previas al fatídico desenlace, el niño había sido asistido por politraumatismos en distintos centros de salud. En febrero pasado, las asesinas fueron condenadas a prisión perpetua.
La Cámara alta volvió a sesionar después de casi cinco meses, para aprobar una serie de proyectos importantes y pliegos judiciales.
Primero el interbloque Juntos por el Cambio pidió sesionar el 19 con un temario que incluía todos los temas de la fallida sesión de la semana pasada, menos un tema, que otro sector de esa bancada reclamó. Por la noche el FdT sumó su convocatoria.
Todo indica que ahora sí habrá sesión en el Senado la semana que viene. Será en la fecha en que la oposición había sugerido la semana pasada hacer una segunda sesión para tratar los temas que pedía quedaran pendientes de la reunión que terminó frustrándose. Y con todos los proyectos que había terminado incluyendo el interbloque que conduce José Mayans. Mejor dicho, casi todos.
Con la intención de marcar la agenda en la Cámara alta, la que ahora es primera minoría presentó este miércoles pasado el mediodía un pedido para que se convoque a una sesión especial el próximo jueves 13 de abril a las 14. El pedido fue presentado por el presidente del interbloque, Alfredo Cornejo, más sus pares Mariana Juri, Luis Naidenoff, Carolina Losada, Humberto Schiavoni, Juan Carlos Romero e Ignacio Torres.
CCF_000067-1Incluyeron en el temario propuesto por esa misma bancada para la sesión fallida, más los temas que había propuesto el oficialismo para la sesión fallida. Menos el proyecto del senador Edgardo Kueider (Unidad Federal) que establece la disminución de tarifas del servicio eléctrico, que no cuenta con dictamen y que el propio entrerriano había sugerido el jueves pasado en el recinto que pasara a comisión, pero solo direccionado a la de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
La otra exclusión del temario fue la que despertó mayores dudas: Alcohol Cero. No pasaron desapercibidas en ese sentido las dos primeras firmas que tenía el pedido de sesión: las de los mendocinos Alfredo Cornejo y Mariana Juri, refractarios a ese proyecto que reduce a cero el consumo de alcohol para los conductores de cualquier vehículo.
Lo llamativo fue que a las pocas horas un grupo de senadores radicales presentaron su pedido de sesión para la misma hora, con un solo proyecto para debatir: alcohol cero.
La otra novedad del temario fue la inclusión del proyecto que promueve el Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe, que al no haber pasado por las comisiones no figuraba en el temario de la sesión pasada, y cuya inclusión y tratamiento sobre tablas fue solicitado por el oficialista santafecino Marcelo Lewandowski.
Por la noche, el Frente de Todos presentó un proyecto idéntico al primero de JxC, y a través de un comunicado convocaron también a una reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles que viene a las 12, donde buscarán consensuar la inclusión del proyecto de alcohol cero en la sesión del día siguiente.
El pedido lleva las firmas de Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Ana María Ianni y Lucía Corpacci.
S.-774-23-P-SesionLos proyectos incluidos para la sesión pedida son los seis pliegos judiciales de la semana anterior. También el proyecto que reconoce a la Lengua de Señas Argentina como idioma viso gestual en todo el territorio nacional que cuenta con media sanción de Diputados.
Otra iniciativa con media sanción es la creación de un Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de niños, niñas y adolescentes o también conocida como Ley Lucio, inspirada en el caso del nene pampeano Lucio Dupuy, aunque no llevará ese nombre.
También figura una modificación de la ley de Impuesto a las Ganancias sobre exenciones a trabajadores de la salud (también con media sanción); y el proyecto que modifica a la ley 22.431 de Protección Integral de las Personas con Discapacidad con el objetivo principal de agilizar la renovación y obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Igual que esos temas, también con media sanción de la Cámara baja sumaron el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, y la eliminación del trámite de fe de vida a jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas.
Tras el escándalo que se vivió en el recinto días atrás, JxC convocó a sesionar con un temario similar que contiene pliegos judiciales y la llamada “Ley Lucio”. También incluyeron en el temario el proyecto que promueve el fortalecimiento de la Justicia Penal en Santa Fe.
Luego del escándalo que se vivió la semana pasada en el recinto del Senado, ámbito para nada caracterizado por ese tipo de episodios, Juntos por el Cambio insiste en marcar su agenda y presentó un nuevo pedido para que se convoque a una sesión especial el próximo jueves 13 de abril a las 14 tal como había anticipado parlamentario.com.
Suscriben el pedido de sesión los senadores radicales Alfredo Cornejo, Mariana Juri, Luis Naidenoff, Carolina Losada, Humberto Schiavoni, Juan Carlos Romero e Ignacio Torres.
El temario presentado consta de 13 proyectos a poner a consideración. Seis son pliegos judiciales y el proyecto que reconoce a la Lengua de Señas Argentina como idioma viso gestual en todo el territorio nacional que cuenta con media sanción de Diputados.
Otra iniciativa con media sanción es la creación de un Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de niños, niñas y adolescentes o también conocida como Ley Lucio, inspirada en el caso del nene pampeano Lucio Dupuy, aunque no llevará ese nombre.
También se encuentra una modificación de la ley de Impuesto a las Ganancias sobre exenciones a trabajadores de la salud (también con media sanción); y el proyecto que modifica a la ley 22.431 de Protección Integral de las Personas con Discapacidad con el objetivo principal de agilizar la renovación y obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Igual que esos temas, también con media sanción de la Cámara baja, sumaron el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, y la eliminación del trámite de fe de vida a jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas.
En el último lugar del temario se incluyó el proyecto que promueve el Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe, que no estuvo incluido en la sesión pasada y cuya inclusión y tratamiento sobre tablas fue solicitado por el oficialista santafecino Marcelo Lewandowski.
Atento a la reducción numérica que sufrió con la salida de cuatro senadores y para no mostrar que perdió el control en el Senado, el Frente de Todos se disponía a presentar una convocatoria propia con los mismos temas, sumando Alcohol Cero que no está incluido en el temario de la oposición y es el punto de discordia que impide que ambas bancadas acuerden un temario de consenso.
Otro proyecto excluido fue el del senador entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal) que establece la disminución de tarifas del servicio eléctrico, tema con el que insiste dicho espacio, algo a tener en cuenta para ver si se suman o no a la convocatoria.
De hacerlo, se logrará el quórum para habilitar la sesión, que cristalizará una nueva correlación de fuerzas desfavorable para el oficialismo, ya que la sumatoria de las bancas de Juntos por el Cambio y Unidad Federal da 38, una más que el quórum y cuatro por encima de los 34 a los que el oficialismo podría aspirar de máxima si cuenta con el favor de sus tres habituales aliados. Además, el Senado saldría del letargo de estar cuatro meses sin sesionar.
CCF_000067-1El Senado no pudo tratar ninguno de los temas previstos en la sesión especial, ya que al no haber acuerdo por una moción de orden se retiraron del recinto Juntos por el Cambio y Unidad Federal.
El senador del FdT cargó contra los bloques de JxC y Unidad Federal, a los que consideró “irresponsables” y le pidió disculpas a los familiares de víctimas de accidentes de tránsito por alcohol al volante.
Una vez caída la sesión, el senador nacional Daniel Bensusán (FNyP – La Pampa) lamentó que el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, “regrese a La Pampa sin el proyecto aprobado”.
Además, Bensusán sostuvo que el proyecto de ley sobre la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, más conocido como la Ley Lucio, era parte del temario que había impuesto JxC (e incluso el impulsor del proyecto es el diputado del Pro Martín Maquieyra).
En tal sentido, el senador pampeano lamentó que no se haya continuado con la sesión para tratar los proyectos del temario y expresó: “Debemos garantizar el tratamiento de estas leyes sobre niñez porque surgió a partir de un asesinato en mi provincia”.
En el final, el senador oficialista le pidió a disculpas a los familiares de victimas de accidentes viales que estaban presentes para que se aprobara la ley de Alcohol Cero al Volante.
Una hora después del inicio de la sesión especial de este jueves, la oposición en su conjunto resolvió levantarse y dejar el recinto sin quórum por discrepancias con el temario que el oficialismo quería imponer.
Venía mal barajada la sesión de este jueves en el Senado, donde la última sesión especial se realizó el 16 de noviembre de 2022. Esto es, hace 4 meses y medio. Las discusiones en torno a la convocatoria de esta sesión, con tres temarios distintos, de todas maneras parecían haber quedado de lado cuando el quórum se consiguió prestamente, con la presencia de 70 senadores. Esto es, oficialistas y opositores, prácticamente todos senadores en sus bancas.
Pero la sesión terminó estallando a las 13.15, justo una hora después de iniciada, cuando la oposición en su conjunto resolvió retirarse de manera masiva, luego de que la presidencia del Cuerpo hubiera exigido la obtención de una mayoría agravada para habilitar el cambio del temario que Juntos por el Cambio y Unidad Federal querían imponer, postergando quince días el tratamiento de los proyectos que quería sumar la Cámara alta.
Hubo dudas y deliberaciones antes de la decisión de dejar el recinto. Algunos no parecían convencidos de hacerlo, en especial el cordobés Luis Juez, que se mantenía sentado mientras sus pares habían recogido las cosas para dejar el lugar. Tampoco la jujeña Silvia Giacoppo parecía convencida. Se armaron corrillos: el entrerriano Alfredo De Angeli (Pro), dispuesto a irse, hablaba con el entrerriano Edgardo Kueider, que acababa de hablar para prestar su acuerdo a mandar su proyecto a comisión, en lugar de buscar los 2/3 para su tratamiento este mismo jueves. Guillermo Snopek, que minutos antes había aclarado que “presido, pero no lidero” el interbloque Unidad Federal, dialogaba sobre qué hacer con Alfredo Cornejo y Hugo Schiavone, cruzándose órdenes. En los palcos, quienes reclamaban el tratamiento del proyecto de Alcohol Cero, demorado desde el año pasado cuando se aprobó en Diputados, insistían por su tratamiento, coreando la consigna “alcohol cero/alcohol cero”; una de ellas lloraba.
Cuando finalmente los miembros de Unidad Federal se pararon para irse, los reticentes de JxC se fueron también.
Después de tantas idas y vueltas sobre la convocatoria de la sesión del Senado de este jueves, la elección del temario terminó generando un cortocircuito definitivo en el recinto. Había tomado la delantera el senador santafesino Marcelo Lewandowski para reclamar el acompañamiento del Cuerpo para tratar sobre tablas el proyecto de fortalecimiento de la justicia penal federal de su provincia, teniendo en cuenta que el tema venía con media sanción de la Cámara baja, casi por unanimidad y sin votos en contra.
A continuación, desde Juntos por el Cambio se reclamó alterar el orden del día previsto para tratar los temas que originalmente había pedido la oposición, y postergar los otros proyectos para una sesión a realizarse dentro de dos semanas.
El presidente del interbloque, Alfredo Cornejo, intervino para poner en discusión el orden de tratamiento de los temas. Recordó cómo se habían dado las citaciones, comenzando por la de Unidad Federal, para este miércoles 29 de marzo; luego la de Juntos por el Cambio para este jueves 30; y la decisión del oficialismo anunciada el miércoles de presentar un pedido de sesión especial para la misma hora y el mismo día, con diversos temas.
“Y luego han sacado un decreto de convocatoria que arbitrariamente han puesto y en el orden que se les ocurrió”, señaló el mendocino, que reclamó “prioridad” para los temas que la oposición había planteado. A continuación hizo una moción de orden para modificar el orden de tratamiento, postergando los homenajes y preferencias para el final de la sesión, y solicitar asimismo poner en consideración solo los pliegos judiciales previstos, como así también el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conocido como la Ley Lucio.
Paralelamente, Cornejo pidió aplazar el tratamiento del resto del temario, con preferencia para una próxima sesión con fecha 13 de abril. “En solo 15 días”, remarcó el mendocino.
Previsiblemente el presidente del bloque oficialista, José Mayans, rechazó la moción. Arrancó celebrando y agradeciendo la presencia de todos los senadores. “Era necesario que trabajemos, que funcionemos”, dijo, para contar luego que había estado hablando con la presidenta del Cuerpo, quien le había expresado que “lo importante es si hay voluntad para trabajar”. Así fue que Mayans contó que se reunió con Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio para trabajar en pos de una futura sesión.
Recordó que Juntos por el Cambio había adelantado que no iba a sesionar hasta que no se levantara el juicio político a la Corte Suprema, cosa que consideró improcedente por cuanto “no puede el Senado estar supeditado” a situaciones que se dan en Diputados, donde cualquiera está habilitado a pedir un juicio político. Con todo, aclaró que tras las extraordinarias, desde la principal oposición habían resuelto rever la situación.
Pero como se dividió el bloque oficialista, admitió que ahora necesitan tratar solo temas de consenso. “A ver cuáles son, ahora que ninguno tiene mayoría absoluta”, se preguntó.
En su relato llegó a la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles, donde no hubo acuerdo por lo que atribuyó a que el acuerdo que aceptaba JxC era tratar solo los temas que ellos querían. “Hay una presión y una utilización de oportunidades para decir ‘solo tratamos nuestros temas’ –dijo-, y que después aparezca en los medios ‘Cristina perdió la mayoría en el Senado’. Eso están buscando”. De paso, Mayans le pasó la factura a Juntos por el Cambio por la falta de trabajo en las comisiones y les reclamó que “este año vengan, ya que van a lucir su mayoría, lúzcanla”.
Finalizó diciendo que sostenían su convocatoria y advirtió que al poner en consideración los temas, reclamarían que el cambio fuera a través de los dos tercios. Y que no cambiarían el orden, porque “hay gente que se quiere levantar e ir cuando se trate alcohol cero”.
A continuación, Guillermo Snopek recordó qué temas habían pedido ellos, hizo hincapié en la demora en tratar muchos de los proyectos importantes pendientes y sostuvo que para él tendría que haber habido tres convocatorias, pero la primera debió haber sido la que su interbloque había pedido.
Como quedó claro que apoyarían la moción pedida por JxC, desde el oficialismo comenzaron a inquietarse. La presidenta de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, se refirió al pedido de Cornejo, que ella planteó como el deseo de “impedir” el tratamiento de la mayoría de los temas previstos.
La preguntó a Alfredo Cornejo si lo que quería era dejar fuera de tratamiento Alcohol Cero, el Certificado Unico de Discapacidad… “¿En serio quieren dejar eso? ¿Quieren quitar el proyecto sobre cardiopatías congénitas? El proyecto para que los jubilados no hagan más la fe de vida?”, fue enumerando, e incluyó la exención de ganancias para las guardias médicas y el reconocimiento de la lengua de señas, como así también el proyecto del senador Kueider.
Por su parte, el radical Luis Naidenoff recordó que “este Senado tenía una tradición de ordenar los temas a tratar en Labor Parlamentaria”. Pero recordó también que recién este miércoles se volvieron a reunir, al cumplirse 9 meses de la última Labor convocada. “Unicamente se trataron sesiones especiales o de prepo, sobre la hora, para que cada uno no sepa qué se tiene que discutir en el recinto”, remarcó, recordando que tuvieron que “mediar dos planteos de sesiones especiales para que hoy estemos discutiendo este tema que en las gradas con mucha razón exigen su tratamiento”.
Y refutó los planteos del oficialismo recordando que el propio presidente había solicitado el tratamiento de esos temas en extraordinarias y no convocaron a sesionar. “No se trató un solo tema que fuera solicitado por el Poder Ejecutivo… Entonces, para barajar y dar de nuevo y encontrar cierto orden, que se vote las mociones de los senadores Cornejo y Snopek”.
A continuación, el senador Alberto Weretilneck adelantó que solicitarían mantener el temario previsto, por cuanto “no hay ningún motivo para no tratar hoy esos proyectos porque tienen dictamen de comisión”. Y mostró su disposición también a tratar sobre tablas el proyecto de fortalecimiento de la justicia federal santafesina. Lo mismo hizo luego Clara Vega, otra aliada permanente del Frente de Todos. “Que se respete el orden del día”, dijo la riojana, que se justificó “en respeto” a los familiares de víctimas de accidentes de tránsito que reclamaban el tratamiento de alcohol cero desde los palcos.
A la hora de votar, la presidenta provisional del Cuerpo reiteró que se necesitaban las dos terceras partes para habilitar el apartamiento del reglamento. Se justificó en que se estaba planteando el no tratamiento de los proyectos que se habían incorporado.
Intervino Luis Naidenoff, quien aclaró que lo que habían pedido desde la oposición era una moción de orden pedida por Cornejo y ratificada por Snopek. “Ese planteo debe ser sometido a votación, no está sujeto a lo que diga la presidencia. Este Senado lamentablemente tiene la triste capacidad de votar la calesita… Y estamos todos en la calesita. La presidenta (de la Cámara), que no está presente, siempre distinguía entre la legitimidad de origen y la de ejercicio. En los Parlamentos, a veces los números cambian, las mayorías y minorías son circunstanciales según los bloques. Y hoy la mayoría solicita alterar el orden de tratamiento. Después cada uno puede interpretar lo que quiera, en base a lo que se discutió en términos políticos. Que se vote la propuesta”.
Antes de ir a la votación, José Mayans insistió en que la resolución de la presidencia “solo se puede cambiar con 2/3. Entonces vamos a votar negativamente el cambio del plan de labor y luego positivamente el respaldo para el tema de la justicia de Santa Fe”.
El presidente del bloque Pro, Humberto Schiavoni, aclaró que no estaban trasgrediendo ningún artículo del reglamento, y recordó que no había un plan de Labor que estuvieran cambiando, sino solo el orden de prelación de los temas. “No hay un apartamiento de reglamento”, enfatizó.
La presidenta provisional del Senado insistió con la necesidad de contar con una mayoría agravada. “Es la decisión de Presidencia”, dijo una y otra vez, ante los gritos de Alfredo Cornejo. “Bueno, denúncieme si cree que no tengo las facultades”, cerró.
Y sobrevino el desmadre.
Con nueve temas incluidos en la orden del día, la Cámara volvió a abrir las puertas del recinto tras varios meses sin tratar proyectos.
Cuatro meses y medio después de haber realizado su última sesión con el tratamiento de proyectos, la Cámara alta inició este jueves su primera sesión del presente período ordinario. La reunión estuvo rodeada por innumerables idas y vueltas, a partir de la presión inicial de interbloques opositores para realizar una sesión especial esta semana, y la intervención final del oficialismo para oficializar la misma incluyendo una serie de proyectos de su interés.
Finalmente el quórum fue alcanzado a las 12.16 con la presencia de 70 senadores. Esto es: estuvieron en sus bancas prácticamente todos, oficialismo y oposición.
La sesión, presidida por Claudia Ledesma Abdala, pues Cristina Kirchner está a cargo del Poder Ejecutivo, arranca con el tratamiento de seis pliegos para la Justicia de Santa Fe y de Córdoba, tras lo cual buscarán convertir en ley el proyecto de alcoholemia cero para la conducción de vehículos. El proyecto modifica el inciso a) del artículo 48 de la ley de tránsito 24.449. En la nueva redacción se prohíbe conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre.
A continuación avanzarán con el Certificado Unico de Discapacidad, que a partir de su aprobación también se convertirá en ley.
Luego será el turno del Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, que tiene por objeto garantizar que todas las personas con esa afección tengan el derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes, y que todas las mujeres embarazadas y personas gestantes tengan el derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas garantizando, si correspondiese, el traslado intrauterino. Será ley si se aprueba.
Luego será el turno del proyecto de eliminación del trámite de fe de vida a jubilados y pensionados, y titulares de pensiones no contributivas.
A continuación se tratará la modificación del impuesto a las Ganancias con exenciones para trabajadores de la salud. Se trata del proyecto que exime del gravamen a las remuneraciones percibidas en concepto de guardias que excedan el número de 4 guardias mensuales de 24 horas. También será ley, lo mismo que el reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina como idioma viso-gestual en todo el territorio nacional.
Luego será el turno del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, más conocido como la Ley Lucio. También será ley, en caso de aprobarse, y crea un programa destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los tres poderes del Estado nacional que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes.
Por último y se abordará el proyecto del senador entrerriano Edgardo Kueider, que establece la disminución de tarifas del servicio eléctrico, a partir de establecer criterios tarifarios que permitan disminuir la brecha de precios entre la generación y el precio que pagan los usuarios finales del servicio eléctrico, entendiendo su acceso como un derecho en el marco de la prestación de un servicio público esencial, con el fin de reducir la tarifa para usuarios finales.
Este proyecto no tiene dictamen, por lo que necesitará una mayoría especial para su tratamiento sobre tablas.
Al cabo de una jornada de discusiones en la que lejos estuvieron las partes de ponerse de acuerdo, el Frente de Todos convocó a sesionar este jueves al mediodía con un temario que incluyó proyectos que pedían también JxC y Unidad Federal.
Luego de una reunión de Labor Parlamentaria en la que buscaron sin éxito consensuar una sesión para este jueves, el oficialismo terminó convocando para este jueves a las 12, con un temario que incluye casi todos los temas que originalmente pretendían, pero al que sumaron propuestas de los interbloques Juntos por el Cambio y Unidad Federal.
La principal oposición, convertida desde marzo en primera minoría, analiza si participará de la sesión, aunque algunas figuras de ese espacio mostraron a título personal su disposición a sesionar “para tratar temas que le importan a la gente”. Con todo, resolverán recién este jueves por la mañana.
Recordemos que el Senado lleva más de cuatro meses sin reunirse para tratar proyectos.
En cuanto a Unidad Federal, no confirmaron qué harán, pero la inclusión del proyecto del entrerriano Edgardo Kueider para reducir el IVA en las tarifas eléctricas anticipa una disposición a participar de la reunión.
En rigor, Juntos por el Cambio y Unidad Federal habían pedido sucesivamente una sesión para la cual habían propuesto sus propios temarios. Temprano este viernes trascendió que el oficialismo también tenía temario propio, ampliado. Finalmente, promediando la tarde de este miércoles y a pesar de la falta de acuerdo en la reunión de Labor, se formalizó el pedido de sesión que incluye trece iniciativas, de las que prescindieron del proyecto de Oscar Parrilli para crear la Universidad de Madres de Plaza de Mayo.
El temario original de los interbloques opositores incluía una serie de pliegos de jueces y la Ley Lucio que ya tiene media sanción de Diputados. El oficialismo sumó más nombres de jueces, como así también el proyecto sobre Alcohol Cero; la modificación de la ley de Enfermería y el proyecto que modifica a la ley 22.431 de Protección Integral de las Personas con Discapacidad con el objetivo principal de agilizar la renovación y obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Igual que esos temas, también con media sanción de la Cámara baja, sumaron el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas.
El temario incluye la eliminación del trámite de fe de vida a jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas; una modificación de la ley de Impuesto a las Ganancias sobre exenciones a trabajadores de la salud (también con media sanción); y otra media sanción muy esperada como es el proyecto que reconoce a la Lengua de Señas Argentina como idioma viso gestual en todo el territorio nacional.
Por último, y como ya hemos dicho, se incluyó el proyecto de Kueider que establece disminuir el IVA en las tarifas eléctricas al 5 por ciento en las casas y al 10,5 en industrias y pymes.
DPP-4.23Los bloques de la oposición apuran una sesión para el próximo jueves y el oficialismo buscará evitar que la convocatoria final no sea la propia.
Ya pasaron cuatro meses desde que la Cámara de Senadores no sesiona para tratar proyectos. La salvedad tiene que ver con la tradicional sesión preparatoria que se realizó el último día del mes de febrero, pero tan solo para ratificar a las autoridades.
En rigor, para ese mismo día se había especulado con una sesión posterior a la preparatoria, pero finalmente esa convocatoria quedó en veremos y la Cámara continuó con una inactividad que debe admitirse como infrecuente. Porque el Senado suele ser más activo que la Cámara de Diputados, sobre todo en tiempos de oficialismo en minoría y números demasiado parejos.
Pasa que en la Cámara alta el peronismo ha sido mayoría en la mayor parte de estos cuarenta años de democracia ininterrumpida, salvo períodos muy cortos. Hay que agregarle a esa situación la condición actual, que todavía no queda muy clara, a partir de la escisión de cuatro diputados del bloque mayoritario, más la cordobesa Alejandra Vigo.
Las dudas, sobre todo en el seno de la principal oposición, persisten en cuanto a que la mayoría de los cuatro que se separaron del Frente de Todos en general han sido siempre muy cercanos al oficialismo y por eso quieren verlos andar para terminar de aceptar que se hayan pasado a la oposición. No dudan de la esposa del gobernador cordobés, que es la que le da credibilidad al “no oficialismo” del flamante bloque Unidad Federal, pero quieren contemplarlos un tiempo para convencerse.
Por lo pronto, hay negociaciones de JxC abiertas con este sector, a partir de que desde ese espacio se convocó a una sesión para este jueves para tratar una serie de pliegos judiciales para Rosario, la Ley Lucio y un proyecto de reducción del IVA en las tarifas eléctricas. Ese último proyecto, que no cuenta con dictamen, es impulsado por el entrerriano Ernesto Kueider, y es un elemento diferenciador de Unidad Federal con el interbloque conducido por José Mayans.
Juntos por el Cambio también llamó a sesionar para ese mismo día, con un temario que no incluye el tema tarifario. Está claro que el oficialismo no se quedará a esperar a que la oposición le arme una reunión para sumarse luego. Sumados los dos bloques citados, dan 38 bancas ocupadas, o sea que hasta les sobra uno para arrancar la sesión. Y hasta podrían sumar a la riojana Clara Vega, enemistada con JxC, pero no al punto de quedar totalmente pegada al Frente de Todos.
Así las cosas, parlamentario.com pudo saber que el oficialismo convocará a una reunión de Labor Parlamentaria para este martes, con el objeto de delinear una sesión que se estima sería para esta misma semana, seguramente el mismo día previsto por los otros bloques. Pero querrá manejar el temario a debatir, que incluiría seguramente pliegos, la Ley Lucio y muy probablemente Alcohol Cero, otro de los proyectos que quedaron pendientes de extraordinarias.
A instancias del senador tucumano Pablo Yedlin, en esa reunión de Labor se tratará de incluir también el tratamiento de la ley de enfermería, aprobada en Diputados sin votos en contra el pasado 16 de septiembre y que tuvo rápido dictamen en el Senado una semana después.
La iniciativa, impulsada por el propio Yedlin en su paso por la Cámara baja, tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para promover la formación de calidad y el incremento de la cantidad de enfermeras y enfermeros, así como la profesionalización y el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional.
Fuentes de JxC consultadas aclararon que todavía no habían recibido ninguna convocatoria para el martes, pero están dispuestos a escuchar propuestas. Habrá que ver de qué manera actúa el oficialismo ante esta nueva situación que, con 31 integrantes, los muestra por primera vez en condición minoritaria en esa cámara.
Así lo hicieron saber a través de un comunicado que emitieron luego de que el titular del espacio Guillermo Snopek no fuera invitado al encuentro que mantuvo el jefe del bloque oficialista, José Mayans, con los presidentes de los bloques de JxC para negociar una sesión a fin de mes.
Tras casi cuatro meses sin que las puertas del recinto del Senado se abran, este miércoles oficialismo y oposición se sentaron para avanzar en un acuerdo con el objetivo de sesionar a fin de mes. Pero no fue todo el arco opositor, sino que solo contó con la presencia del jefe del bloque FdT, José Mayans, se reunió solamente con los presidentes de los bloques que conforman JxC, dejando de lado el reciente espacio de Unidad Federal presidido por el jujeño Guillermo Snopek.
Así, horas más tarde desde el flamante bloque emitieron un comunicado convocado a una sesión especial de la Cámara alta para el próximo 29 de marzo con el objetivo de tratar acuerdos de jueces de las provincias de Santa Fe y Córdoba, la Ley Lucio y la reducción del IVA de tarifas eléctricas.
La bancada de cinco -4 ex Frente de Todos Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Espínola (Corrientes), María Eugenia Catalfamo (San Luis) y la cordobesa Alejandra Vigo- sostuvo que “de cara a la grave situación social y económica del país es necesario avanzar en las soluciones que reclama el país”.
“Ante la compleja y urgente situación que atraviesa la ciudad de Rosario como consecuencia del flagelo del narcotráfico es imperativo que el Senado avance en las designaciones de jueces en la provincia de Santa Fe. Por otra parte, también es fundamental hacer lo propio con los juzgados con asiento en la provincia de Córdoba”, plantearon respecto a uno de los temas.
Asimismo, consideraron que “para aliviar la situación económica de todos los argentinos, es de suma importancia avanzar con el proyecto del senador Kueider que promueve una reducción de la tarifa eléctrica en todo el país mediante la eliminación de los cargos extras que cobran las distribuidoras de energía y la reducción del IVA, entre otras medidas”.
“Finalmente, reafirmamos la necesidad de dar tratamiento a otros proyectos que son de especial interés para nuestras provincias y su gente que tienen que ver con el costo del transporte público en el interior de la Argentina y el costo del combustible, que son más caros en relación con lo que se paga en la zona del AMBA”, propusieron.
En el encuentro que mantuvo Mayans con Alfredo Cornejo, jefe del interbloque de JxC; Luis Naidenoff presidente del bloque radical y Humberto Schiavoni del Pro, habían acordado intentar llevar a cabo una sesión de consenso para el 30 de marzo y, mientras tanto, avanzar con las reuniones de comisión.
La portavoz de la Presidencia contestó pegándole a Macri. “No podemos creer que la oposición sea capaz de dejar temas tan importantes sin tratar porque estén encaprichados en defender a los jueces de la Corte”, expresó sobre las leyes de extraordinarias.
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, evitó responder este jueves si el presidente Alberto Fernández evalúa o no ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto, aunque, de manera indirecta, lo descartó a través de una chicana al gobierno anterior.
“El único presidente que se atrevió en este país a nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto se llama Mauricio Macri, y por suerte la reacción popular hizo que tuviera que dar marcha atrás”, contestó a la prensa durante una conferencia de prensa.
Cabe recordar que en septiembre pasado se aprobó en el Senado un proyecto para ampliar la Corte de 5 a 15 miembros, pero la iniciativa, como sucede con las cuestiones judiciales, no avanzó en la Cámara de Diputados.
Al ser consultada por las complicaciones que se presentan en el Congreso para lograr el quórum y tratar temas en sesiones extraordinarias, en medio del proceso de juicio político a los integrantes del máximo tribunal que impulsa el Frente de Todos, la funcionaria dijo que “el Congreso está funcionando. Esperamos que logren ponerse de acuerdo y tener las mayorías necesarias”.
Pero cuestionó a la oposición: “No podemos creer que sea capaz de dejar temas tan importantes sin tratar, como es la Ley Lucio o la moratoria previsional, sencillamente porque estén encaprichados en defender a los jueces de la Corte”.
Al recordar su paso por la labor legislativa, donde dijo haber visto a pares suyos “sobreactuando” en la defensa de jueces o medios de comunicación, Cerruti lanzó que “muchas veces los legisladores terminan siendo más papistas que el papa, y terminan siendo la mano de obra que se inmola por defender a jueces que tampoco trabajan para ellos, que trabajan para defender a los poderosos de este país”.
En la previa del veredicto en el caso Lucio Dupuy, la portavoz resaltó que “después de hablar con el abuelo (de Lucio), el presidente envió a extraordinarias para que se termine la ley que prevé una cantidad de acciones”.
No obstante, opinó: “Por más cantidad de leyes que sancionemos, si no hay un involucramiento real de toda la sociedad, en un cambio cultural en este sentido; y si no hay un Poder Judicial en todos sus estamentos, que tiene que proteger a la víctima, lo haga y lo haga inmediatamente, vamos a tener que seguir lamentando estos hechos atroces y aberrantes que por supuesto nos indignan y nos llenan de dolor”.
El diputado de JxC remarcó su pedido formal para el tratamiento de la “ley Lucio” en sesiones extraordinarias, confirmó que recibió el apoyo de Rodríguez Larreta para las elecciones pampeanas y se mostró optimista de lograr un triunfo.
El año 2023 tiene como el gran evento político del año a las elecciones presidenciales a celebrarse el domingo 22 de octubre. Sin embargo, varias provincias elegirán gobernadores durante este año como lo será La Pampa el 14 de mayo. Para ello, parlamentario.com entrevistó al diputado nacional Martín Maquieyra (Pro – La Pampa) y precandidato a gobernador pampeano.
Respecto a las labores como diputado nacional, Maquieyra contó que envió un pedido formal al presidente Alberto Fernández para que agregue el proyecto de ley sobre capacitación en los derechos de niños, niñas y adolescentes (ley Lucio) en el temario de las sesiones extraordinarias. El proyecto tiene media sanción de la Cámara baja y obtuvo dictamen favorable para ser tratado en el recinto del Senado.
Por otro lado, el legislador pampeano consideró que un triunfo de Juntos por el cambio en su provincia “será el puntapié inicial” del “cambio” en toda la Argentina. La elección para gobernador de la provincia de La Pampa será la primera del año.
¿Considera que la provincia de La Pampa tiene grandes chances de no ser gobernada por el peronismo después de 40 años?
-Si, por supuesto. Tenemos una gran oportunidad para cambiar la provincia de La Pampa porque los pampeanos han optado por una opción distinta en 2021.
Están cansados que la educación de La Pampa que, supo tener los mejores índices de calidad educativa, ya no los tiene. Cansados de que nuestros jóvenes se están yendo de La Pampa y no vuelven. Que el sistema de salud sea centralizado en las grandes ciudades. Por eso creo que tenemos una gran oportunidad y que lo vamos a poder lograr.
Respecto a la interna, ¿el apoyo del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, lo posiciona como el candidato de Juntos por el cambio?
-Creo que el apoyo más importante es el de los pampeanos que me lo han dado en varias oportunidades, pero también es muy bueno que tengamos el apoyo de nuestros referentes nacionales que visiten la provincia y que conocen La Pampa. Horacio (Rodríguez Larreta) ya ha venido tres veces y ha conocido la producción industrial. Ha conocido el potencial de los emprendedores y sobre todo, de nuestro campo y nuestra producción agrícola y ganadera. Eso no da un impulso para su proyecto presidencial para que La Pampa este dentro de ese marco.
Un triunfo de JxC en La Pampa ¿marcaría una tendencia en el resto del país y en las elecciones presidenciales?
-Si, por supuesto. Va a ser el puntapié. Va a ser el kilómetro cero, está elección del 12 de febrero (interna de Juntos por el Cambio) y sobre todo, la del 14 de mayo (elección a gobernador de La Pampa). Vamos a lograr recuperar la provincia para todos los pampeanos y eso también acompañará al proyecto presidencial de Juntos por el Cambio.
Sabiendo la postura de JxC respecto a no dar quórum en las sesiones extraordinarias mientras esté vigente el juicio político a la Corte Suprema ¿cree que será un año complicado en el Congreso?
–Será un año complicado si el Gobierno sigue planteando una agenda en contra de la división de poderes y de la Constitución Nacional. Por no estar de acuerdo con un fallo piensa intervenir la Corte Suprema, hacer juicio a los magistrados y por desconocer un fallo, plantea ampliar el Consejo de la Magistratura por el que su único objetivo es coercionar a la Justicia porque son los que están investigando las causas de corrupción de sus funcionarios. Por lo cual, si la agenda del Gobierno es esa, está completamente alejado de los problemas que tiene la gente. Debería avanzar en la ley de alcohol cero o la ley Lucio, que tiene media sanción y no fue parte de la agenda de sesiones extraordinarias, pero sí la intromisión del Gobierno en la Justicia.
Por último, como vicepresidente la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados ¿cómo observa que el Poder Ejecutivo no haya incluido al proyecto de ley sobre capacitación en niños, niñas y adolescentes en el temario de sesiones extraordinarias?
-Es lamentable porque es una ley que necesitamos urgente tener en vigencia. No es un diputado ni de un bloque. Es una ley que han apoyado todos los diputados de todos los bloques. Es una ley que rompe la grieta y ayuda que nuestros niños no pasen por el calvario que pasó Lucio Dupuy al ser abusado, maltratado y asesinado. Le pedimos al presidente Alberto Fernández formalmente que lo agregue al temario y él se comprometió a hacerlo para que sea tratado en el Senado.
El proyecto sobre capacitación en los derechos de niños, niñas y adolescentes se despachó este martes. Por otra parte, se avanzó con una modificación a la Ley de Concursos y Quiebras, sobre incorporación de abogados en la sindicatura.
Un plenario de las comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano avanzó con el dictamen del proyecto de ley sobre capacitación obligatoria de derechos de niñas, niños y adolescentes, inspirado en el caso de Lucio Dupuy, y más conocida como “Ley Lucio”, aunque formalmente no llevará ese nombre.
La iniciativa, aprobada días atrás en la Cámara de Diputados, crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.
Además, estarán incluidos los agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación.
El presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Bensusán (FNyP-FdT), explicó que “el objetivo del proyecto es generar un compromiso social en aquellos agentes del Estado para que puedan determinar los casos en los que se ven vulnerados los derechos de las infancias y adolescencias”. Esa capacitación se basa en “saber cuál es el procedimiento de denuncias, y ante qué organismos, para que esa vulneración sea abordada de la manera más rápida y urgente”.
“Quienes tenemos responsabilidad de legislar tenemos que dar una respuesta efectiva y concreta ante este flagelo que estamos viviendo” con situaciones de “abuso sexual, violencia, abandono familiar”, subrayó el pampeano. Para el legislador, con esta norma se podrá “estar evitando que sucedan estos hechos lamentables y repudiables desde todo punto de vista”, aunque enfatizó que “con las leyes solo no alcanza, con el Estado solo no alcanza, es necesario la concientización de la sociedad y que se comprometa”.
También desde La Pampa, la senadora Victoria Huala (Pro) agradeció por “haberle dado tan pronto tratamiento a este proyecto que es importantísimo”. “Como adultos y legisladores es nuestra responsabilidad generar las condiciones para cuidar a la niñez y adolescencia”, sostuvo, y recordó que hace unos pocos días se cumplió un año de la muerte de Lucio Dupuy, a quien “se le vulneraron los derechos y no solo por las asesinas, sino por todo un sistema que falló”. Además, destacó que “temas como estos nos atraviesan; en estos temas no tenemos grieta”.
Por su parte, la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) lamentó “todos aquellos menores que han sufrido el abandono del Estado” y mencionó un caso que “no tuvo trascendencia mediática” como el de Lucio y que fue el crimen de Zoe en La Rioja, quien “fue asesinada el 14 de noviembre de 2021, fue encontrada calcinada” y la autopsia reveló que “anteriormente había sido golpeada brutalmente”. “Hay dos personas que están detenidas por esta causa”, apuntó, una de ellas la madre de la niña, cuando hacía mucho tiempo que su padre luchaba para que se le reconozca la tenencia y “nunca fue escuchado”.
La sanjuanina Cristina López Valverde (FNyP-FdT) celebró estar tratando la iniciativa, pero expresó que “es muy triste que estos temas nos estén convocando”. “Algo está fallando”, advirtió y opinó que esta ley “nos activa, nos está interpelando como Estado y también como sociedad”. Entre sus aspectos, ponderó que “protege la identidad del denunciante, eso es crucial. Esperemos que la sociedad se anime y que también el Estado actúe en forma rápida”.
A su turno, la puntana Eugenia Catalfamo (UC-FdT) afirmó que “tenemos vastas y sobradas pruebas de que este tipo de legislación ha dado resultados en otros temas”, como por ejemplo la Ley Micaela, sobre violencia de género, y Ley Yolanda, sobre cuestión ambiental. Los niños, niñas y adolescentes “son nuestro sector de la población más vulnerable y al que más tenemos que cuidar”, sostuvo y, al recordar que las acusadas del asesinato de Lucio están presas en su provincia, manifestó: “Estas cosas angustian un montón como madre, como personas que trabajan con los niños en los barrios, atendiendo necesidades básicas que no están satisfechas”.
También habló en el debate la santacruceña María Belén Tapia (UCR), que consideró que esta es “una media sanción que viene siendo tan necesitada y tan trabajada en la Cámara de Diputados”. La radical alertó por las “falencias” en las dependencias dedicadas a la niñez en cada una de las provincias y señaló que “si nos los dotamos de recursos, más allá de la capacitación, la verdad que todo el esfuerzo cae en saco roto”.
“En estos casos, para estos niños, lamentablemente llegamos tarde”, lamentó el catamarqueño Guillermo Andrada (FNyP-FdT), quien aclaró que “un niño no es adulto pequeño” y “tenemos que tener hipersensibilidad para detectar estos casos a tiempo”. “Estos niños dan muchas veces una alerta que es silenciosa y por eso nos tenemos que capacitar”, explicó el legislador de profesión médico.
Finalmente, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT) aseguró que este “es un tema que es urgente, que siempre debería estar en la agenda” y resaltó que, más allá de la media sanción de Diputados, en el Senado había también diferentes proyectos de senadores de distintos bloques, lo que habla de “un pedido de la sociedad de que quienes somos sus representantes nos hagamos cargo y actuemos”. Sobre la ley, subrayó que “es muy importante que las provincias adhieran”.
Modificación Ley de Concursos y Quiebras
A continuación de esa reunión, Legislación General mantuvo un plenario con la Comisión de Banca de la Mujer, donde se acordó unificar un solo texto entre proyectos presentados por los senadores Guillermo Snopek (UC-FdT) y Adolfo Rodríguez Saá (FNyP-FdT) respecto de modificar la Ley 24.522, de concursos y quiebras, respecto a la inscripción de contadores públicos y abogados para actuar como síndicos concursales, y que esa participación tenga además paridad de género.
Snopek recordó que esta iniciativa “la venimos trabajando desde el año 2018” y se volvió a presentar el año pasado con el aporte del Colegio de Abogados y el Colegio de Contadores. Se trata de que “de acuerdo a la gravedad o complejidad de la quiebra la participación sea mixta, exclusiva o excluyente”, explicó y sumó que “lo que se busca es la introducción de los matriculados, que son los que llevan adelante la acción judicial, y que también puedan tener intervención sin la necesidad del desarrollo de un profesional de Ciencias Económicas”.
En tanto, Rodríguez Saá mencionó que “originalmente el síndico de la quiebra lo ejercían los comerciantes” pero “esto no dio buen resultado”. “Con el tiempo se incorporaron los contadores, por otra norma se incorporaron los abogados, y existe la polémica si deben ser contadores, abogados o ambos los que participen como síndicos de la quiebra”, señaló.
“En el proyecto nuestro además incorporamos la paridad de género. En el siglo XXI es un tema que nos obliga a incorporarlo, defenderlo, de que en este caso las mujeres profesionales tengan los mismos derechos”, destacó.
La presidenta de la Banca de la Mujer, Eugenia Catalfamo (UC-FdT) ponderó a su comprovinciano por incorporar la paridad en cada uno de sus proyectos, pero hizo énfasis en arribar a una redacción que “garantice la paridad”. En ese sentido, propuso “intercalar en las listas varón-mujer”, pero que también la paridad se respete a la hora de los sorteos.
Himno Nacional en eventos deportivos de carácter internacional
Finalmente, la Comisión de Legislación General avanzó con el dictamen del proyecto que establece la obligatoriedad de la ejecución del Himno Nacional en cada encuentro deportivo de carácter internacional, con media sanción de Diputados. La presidenta de la Comisión de Deportes, Gabriela González Riollo (Pro), destacó haber tratado durante la jornada “temas transversales que nos unen” y, en ese marco, “no hay nada más representativo a los argentinos que el Himno”, dijo.
Restitución de niños entre provincias
Por otra parte, Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), expuso sobre un proyecto de su autoría referido al procedimiento interprovincial de restitución de niños, niñas y adolescentes, que será trabajado en asesores. “Hay una situación en Argentina que cuando hay traslados ilícitos de niños, niñas o adolescentes de una jurisdicción a otra de nuestro país es muy difícil y muy compleja la restitución al centro de vida”, arrancó la mendocina, y apuntó que esto se debe a las diferentes legislaciones en las jurisdicciones sobre “quiénes son los jueces competentes”.
La vicejefa del interbloque oficialista sostuvo que “el problema que tenemos es que pasan años y años donde las jurisdicciones no se ponen de acuerdo, tanto judicial como administrativamente, de quién es el juzgado competente”, al punto que “hoy en Argentina es mucho más fácil restituir un niño, niña o adolescente que han trasladado ilícitamente al exterior que entre nuestras propias provincias”.
Al poner un ejemplo, la senadora relató que puede pasar que “una mamá traslada sin permiso del otro progenitor a un niño a San Luis e impone una denuncia de violencia de género en San Luis”, pero a su vez “el progenitor acusado hace la denuncia en la provincia de Mendoza diciendo que se ha trasladado ilícitamente a su hijo y se lo han llevado de su centro de vida sin permiso”. “Ahí empieza la peregrinación de ambos padres sobre quién es el juez o jueza que tiene que intervenir en las dos causas”, continuó y afirmó que esta es una de las situación “de las más cotidianas que pasa entre las diferentes jurisdicciones”.
Respecto de si alguien puede pensar que el proyecto “va en contra del sistema federal de la República Argentina”, Fernández Sagasti aclaró que “proponemos que las provincias se adhieran” y que “el juez competente sea el de centro de vida del niño, niña, adolescente”.
Lo que se busca es “empezar a simplificar y terminar con la disputa de jurisdicciones”, expresó la senadora, que reveló haber trabajado mucho el proyecto, incluso con el aporte de jueces de familia. “Puede seguir enriqueciéndose y sumando ideas vamos a poder resolver un problema que es de legislación y consensos”, cerró.
Será este martes a las 12 en el Salón Illia. El proyecto recibió media sanción en Diputados días atrás. A continuación, Legislación General tratará otros proyectos.
Un plenario de las comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano del Senado se reunirá este martes, a partir de las 12, para tratar el proyecto de ley sobre capacitación obligatoria de derechos de niñas, niños y adolescentes, inspirado en el caso de Lucio Dupuy, y más conocida como “Ley Lucio”, aunque formalmente no llevará ese nombre.
La iniciativa, aprobada días atrás en la Cámara de Diputados, crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.
Además, estarán incluidos los agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional, y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; y promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, los niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.
En este marco se deberá propiciar el derecho a la participación de menores en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.
La autoridad de aplicación será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
Luego del plenario, la comisión de Legislación General continuará un encuentro propio, que tiene en el temario tres proyectos. El primero de ellos propone una modificación a la Ley 24.522, de concursos y quiebras, respecto a la inscripción de contadores públicos y abogados para actuar como síndicos concursales, presentado por el jujeño Guillermo Snopek (UC-FdT).
El segundo punto es una iniciativa de Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT) sobre el procedimiento de restitución interprovincial de niñas, niños y adolescentes. Y, por último, el tercero es el proyecto que establece la obligatoriedad de la ejecución del Himno Nacional en cada encuentro deportivo de carácter internacional, con media sanción de Diputados.
Una vez concluida esa reunión, habrá una tercera, un plenario entre Legislación General y Banca de la Mujer, para tratar también un proyecto que busca modificar la Ley 24.522, de concursos y quiebras, en este caso respecto de garantizar la igualdad de género y oportunidades para acceder a la sindicatura, presentado por Adolfo Rodríguez Saá (FNyP-FdT).
La presentación de la iniciativa, que tiene media sanción de la Cámara baja, contó con la presencia de sus impulsores y con el abuelo paterno del niño asesinado.
En un encuentro organizado por la senadora pampeana Victoria Huala (Pro), se presentó este miércoles en la Cámara alta el proyecto de “Ley Lucio”, sobre capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. También estuvieron los diputados Martín Maquieyra (Pro) y Roxana Reyes (UCR), dos de los legisladores que impulsaron la iniciativa.
El proyecto, que ya fue girado al Senado, cuenta con media sanción de Diputados. Propone la creación de un Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
La propuesta surgió tras el crimen de Lucio Dupuy, un niño de cinco años que fue castigado y torturado durante varios meses por la madre y su pareja en La Pampa. Ambas personas se encuentran detenidas y atravesando el juicio.
La diputada Reyes, presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, inició la presentación en la que estuvo presente el abuelo paterno del niño asesinado, Ramón Dupuy, quien expresó: “Les hablo desde el dolor de perder a un nieto. Les pido que se apruebe esta ley y no queremos que suceda otro caso Lucio más”.
Del mismo modo, Dupuy afirmó que “si el conjunto de niñez hubiese trabajado como debería” la muerte de su nieto se hubiese evitado. Además, el hombre fue aplaudido por todos los presentes y -emocionado- sostuvo: “A mí nadie me va a devolver a Lucio, pero debemos evitar que vuelva a pasar”.
Además, Reyes mencionó al caso reciente ocurrido en Río Gallegos – Santa Cruz- donde una menor de cuatro años, Nicole Díaz, falleció por una amebiasis parasitaria (una infección del colon provocada por una ameba). La niña se encontraba en manos de un hogar de acogida bajo la intervención del área de Niñez Municipal. “Con esta ley buscamos prevenir violaciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes generando capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y funcionarios del Estado que trabajan en niñez y adolescencia”, señaló.
Al explicar la iniciativa, el diputado Maquieyra indicó que “se trata de una ley que vela por los derechos de los niños y la detención temprana de la vulneración en las infancias”. Asimismo, detalló los tres fundamentos principales: “En primer lugar, la capacitación a quienes trabajan en niñez, salud y educación, tanto en el ámbito estatal y en las instituciones privadas; luego, incentivar a los ciudadanos a participar en la concientización del tema y el uso de la línea 102 para denunciar; y, por último, resguardar la identidad de quien denuncie”.
En esa línea, el pampeano relató que “una docente denunció las aberraciones que vivía Lucio y fue golpeada por la madre tras esto”. De ese modo, pidió a la sociedad -en general- “perder el temor a denunciar”, a través de este mecanismo de resguardo.
Así también, Maquieyra, junto a Reyes, afirmaron que “no hay grieta” en este proyecto, ya que fue aprobado de forma unánime. En tal sentido, las senadoras Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y Belén Tapia (UCR) coincidieron con la premisa del diputado, y brindaron su apoyo respecto a la iniciativa en la Cámara alta.
Tapia reclamó trabajar en conjunto con la Cámara de Diputados otro proyecto, en este caso con media sanción del Senado, que establece protocolos de prevención de abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes. “Pido empatía y compromiso con este proyecto que servirá como complemento de esta ley”, señaló.
En el final, Vega remarcó su apoyo y compromiso con la Ley Lucio, y agregó que “la iniciativa debe ser el comienzo para legislar para un mejor futuro en el tema infancias”.
Para este miércoles una senadora pampeana organizó un evento en el que presentarán el proyecto que hace dos semanas fue aprobado en Diputados.
El pasado 9 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que establece la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Es ese proyecto que si bien sus promotores en la Cámara baja se propusieron no ponerle nombre propio, es bien conocido por el de Ley Lucio.
Es que refiere al crimen del pequeño Lucio Dupuy, una criatura de apenas 5 años que murió por los castigos que durante largo tiempo le aplicaron su madre y la pareja de esta. Ese hecho ocurrió en La Pampa y por eso uno de los autores de la iniciativa que obtuvo media sanción de Diputados es un diputado de esa provincia, Martín Maquieyra (Pro). Ahora una senadora de ese mismo espacio y esa provincia, Victoria Huala, se propone buscar la atención de sus pares para que lo conviertan en ley próximamente.
Lo hará este miércoles a partir de las 11, en el Salón Auditorio Emar Acosta, edificio Alfredo Palacios, piso 5. Allí realizará un evento en el que hablarán de esa iniciativa que espera el inicio de su tratamiento en las comisiones del Senado.
La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes
Podrán también ser destinatarios del citado plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente ley.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.
En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.
La autoridad de aplicación de la ley será la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
Entre las iniciativas que recibieron dictamen figuran temas bien diversos, como el de muerte perinatal y la transferencia a la provincia de Córdoba del predio de La Perla.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado oficialista Carlos Heller realizó este martes una dinámica reunión en la que avanzó con el dictamen de numerosos proyectos que quedaron listos para llegar al recinto.
Entre ellos el de capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Esa iniciativa, conocida popularmente como la ley Lucio, recibió el dictamen correspondiente para que este miércoles pueda ser tratada en el recinto.
Este proyecto conjuga tres proyectos, suscriptos por Martín Maquieyra (Pro), Roxana Reyes (UCR) y Paola Vessvessian (FdT), quienes hicieron uso de la palabra durante esta reunión. El primero recordó que la iniciativa fue inspirada entre otros casos por la desgraciada muerte del pequeño Lucio Dupuy, de apenas 5 años. “Venimos trabajando hace tiempo en la comisión de Familias y logramos unificar con proyectos como la ley Abigail, de Roxana Reyes y la diputada Paola Vessvessian, y terminamos creando un plan federal para la capacitación de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, señaló el diputado pampeano. Agregó que la iniciativa “plantea tres herramientas para prevenir la violencia, abusos, aberraciones por las que pasaron Lucio y tantos niños en nuestro país”.
Comentó que se trata de “la capacitación para todo el personal que está trabajando el tema de la niñez, no porque no estén capacitados, sino porque están para educar, sanar, no para prevenir y saber cuáles son las alertas tempranas que nos pueden indicar que un niño está siendo víctima de un abuso. Por eso es que la capacitación es tan importante”. Asimismo contó que el proyecto establece la realización de campañas de concientización y en redes para que “todos los ciudadanos estemos al tanto de saber cuáles son las alertas tempranas, e instar a que las provincias mantener la protección del denunciante. Pasó en este caso y muchos otros, los docentes nos dicen que hay miedo a denunciar, a que luego un padre o madre tenga una represalia porque un docente denunció. Por eso se pide a las provincias que adhieran al protocolo para mantener en reserva las identidades”.
A continuación, la santacruceña Roxana Reyes valoró el trabajo realizado en la Comisión de Familias, que ella preside, donde se alcanzó el consenso y los acuerdos para llegar a un dictamen común. Recordó también que “Abigail fue una nena de 7 meses, que sufrió 5 días por su vida y que soportaba maltratos, abusos… Estaba en el sistema de Protección de Niñez, estaba judicializada. Había adultos responsables que estaban avisados”, pese a lo cual tuvo un desenlace fatal. Por eso consideró la diputada que eso fue producto de la falta de perspectiva de los derechos que hay que proteger.
“Esto nos convence de que tenemos que capacitar a quienes reciben alertas, para que no haya más Lucios o Abigail”, resumió, celebrando la unanimidad conseguida y agradeció al presidente de la Comisión de Presupuesto haber puesto el tema en el temario.
Por último, Paola Vessvessian reconoció que al principio no se alcanzaban a poner de acuerdo. Había divergencias que lograron sortearse, pero finalmente lograron armar una norma y puntualizó que “no solo vamos a capacitar, también esto viene a fortalecer el trabajo que ya está haciendo el Ejecutivo”.
A continuación, pasó a la firma el proyecto de ley que viene del Senado por el cual se aprueba la adhesión de la República Argentina al Fondo Multilateral de Inversiones III (Fomin III) del Banco Interamericano de Desarrollo, tras lo cual se avanzó con la transferencia a título gratuito de una serie de inmuebles de parte del Estado nacional a distintas provincias argentinas.
Entre esas transferencias, la diputada Blanca Osuna (FdT-Entre Ríos) defendió su proyecto por el cual se transfiere a la Municipalidad de Paraná el puerto de esa ciudad. La legisladora explicó que el puerto dejó de ser comercial hace muchos años, función que siguen desarrollando otros, como los ubicados en Diamante, Concepción de Uruguay e Ibicuy. El puerto de Paraná quedó limitado al tema turístico y aclaró que ese traspaso no sería para desarrollar un negocio inmobiliario. “Es importante que quede claro que estamos hablando de un espacio para el acceso público, disfrute, contacto al río e interacción y desarrollo para que los propios trabajadores de la zona puedan continuar desarrollando su labor.
Otro de los inmuebles transferidos, es uno a la municipalidad de Concordia, para destinarlo a la construcción de la terminal de ómnibus de la municipalidad de esa ciudad, según detalló el diputado Marcelo Casaretto.
Otra cesión es la que el Estado nacional realizará a la provincia del Chaco para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna. Al respecto, la diputada radical Lidia Ascárate felicitó la creación de un nuevo parque nacional, pero advirtió sobre los giros, pues faltaba que pasara por Recursos Naturales, no obstante lo cual aclaró que era solo una observación pues no objetaban que pasara a la firma. Ante ello, Carlos Heller admitió que tenía razón, pero dedujo que se había buscado aprovechar la reunión, tratándose de que eran todos “proyectos de consenso”.
Por otra parte, suscribieron un proyecto impulsado en su momento por el senador Edgardo Kueider, para transferir un inmueble del Estado a la Municipalidad de Larroque. Casaretto explicó que se trata de un terreno baldío que había sido destinado a un edificio del Correo que terminó construyéndose en otra parte, y ahora servirá para edificar un anexo de la municipalidad.
Entre los predios transferidos por parte del Estado, simbólicamente el más importante fue seguramente aquel donde funcionó el campo de concentración La Perla y ahora edificarán un espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos. Se trata de un proyecto de los cordobeses Carlos Mario Gutiérrez y la actual senadora Alejandra Vigo. El primero expresó su beneplácito porque estuviera dándose ese traspaso a la jurisdicción provincial, y recordó que esa medida había sido impulsada originalmente un 24 de marzo de 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Desde entonces, dijo, “hemos sorteado numerosas situaciones, planteos racionales de adecuación, y me parece que es una gran noticia para seguir cultivando esa memoria que es patrimonio de todos.
Luego el diputado oficialista Eduardo Fernández dijo que “para los cordobeses, los que hemos defendido la democracia, este predio fue el que vio desaparecer a cientos y cientos de cordobeses en la tortura y asesinados (…) Que hoy la provincia sea cultora de ese espacio es una reivindicación”.
Desde el Pro, Laura Rodríguez Machado, adelantó el acompañamiento de Juntos por el Cambio a ese despacho.
También se avanzó por unanimidad con la firma del proyecto que crea el Programa Nacional Unico de Informatización y Digitalización de historias clínicas de la República Argentina, como así también un proyecto que crea un programa de prevención de discapacidades en el recién nacido, incorporando la detección de cardiopatías congénitas sintomáticas detectables por oximetría de pulso.
También se avanzó con el proyecto impulsado por la exdiputada María Cristina Alvarez Rodríguez, que establece procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. La diputada Vessvessian valoró que se llegara a dictaminar y destacó “el fuerte trabajo que hicieron Cristina Alvarez Rodríguez y Pablo Yedlin. Esperemos que sea ley; el año pasado se trató, pero no se pudo llevar al recinto, y es un pedido que nos hacen las madres”.
Los diputados firmaron también un proyecto sobre reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, por el cual se capacitará de manera obligatoria a la comunidad educativa para “prevenir muertes evitables”.
Ya sobre el final de la reunión se trató un proyecto que crea un régimen de Patrimonio Cultural Inmaterial, y fue defendido por uno de los autores de la iniciativa, el titular de la Comisión de Cultura Hernán Lombardi, quien puntualizó que se trata de una iniciativa que “tiene en cuenta algo que era necesario normalizar, que es el patrimonio cultural inmaterial”.
“Habitualmente uno habla del patrimonio tangible, pero también está el intangible”, arrancó Lombardi, que citó como tales estos ejemplos: el tango, el chamamé y el filete porteño, que integran la lista representativa de la Unesco. “Pero hay un montón de proyectos que ingresan y no hay una ley que los regule. Es un patrimonio extraordinariamente frágil, porque estamos hablando de costumbres, músicas, gastronomía, y a su vez hay muchas iniciativas que no tienen bien definidas las capacidades técnicas”, explicó.
“Llegamos a un acuerdo en Cultura y firmamos un dictamen que nos parece muy importante a los efectos de preservar el patrimonio inmaterial”, agregó Lombardi, que aclaró que habían acordado “restricciones presupuestarias” según la cual la norma que impulsaban no incluiría la incorporación de personal, ni nuevas partidas presupuestarias para llevarla adelante, cuestión de no aumentar la carga fiscal sobre el Estado.
Le falta ahora a ese proyecto un giro a Legislación General.
Por otra parte se avanzó con el régimen para la detección, atención temprana y cobertura integral de la pubertad precoz.
La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Diputados logró junto a sus pares obtener dictamen favorable y unificado en el proyecto de Creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) celebró el dictamen unificado y consensuado al que se arribó este jueves en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados que preside, que propone crear un Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que prevé capacitar de forma permanente y continua a las personas que se desempeñen en áreas o dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de Argentina.
Al respecto, la radical destacó el trabajo en conjunto que hicieron en la Comisión y sostuvo que “esto nos hace sentir que podemos dar respuestas a algo tan urgente y que nos interpela tanto como se trata la niñez y la adolescencia que está atravesada por tantos flagelos y que requiere de quienes estemos trabajando en esta temática, estemos preparados y capacitados para ser lo más cercanos y empáticos a los problemas que los atraviesa”.
“Cuando transitamos nuestras infancias y adolescencias, es el momento de la vida donde somos más vulnerables, por ello necesitamos poner atención y garantizar la protección de derechos. Tratándolos con igualdad, respeto y dignidad dada su condición de sujetos de derechos”, dijo Reyes.
El proyecto establece que sea la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia la encargada de ejecutar los planes de capacitaciones de acuerdo con las realidades de cada una de las provincias, como así también responsables de generar campañas de concientización, convenios marco con instituciones y una articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
Según la diputada santacruceña “la capacitación es una herramienta significativa y de importancia que permite problematizar la realidad y asumir una postura crítica, reflexiva y resolutiva ante las situaciones de vulneración de derechos”.
“El enfoque de derechos debe ser nuestra brújula y orientar nuestras acciones, intervenciones y abordajes buscando evitar que las niñas, niños y sus familias sean revictimizadas por intervenciones adulto céntricas despojadas de una mirada centrada en el interés Superior del Niño”, continuó.
Por último, Reyes indicó que “el presente proyecto de ley nos invita y desafía a dotar a los funcionarios y operadores de los diferentes niveles y estamento de gobierno, de herramientas que les permita conceptualizar y materializar los principios rectores de la promoción y protección de derechos”.
El proyecto fue impulsado a raíz del brutal asesinato en la provincia de La Pampa del niño de cinco años Lucio Dupuy en manos de su madre y la compañera de la misma. Además, los miembros de la Comisión determinaron que la iniciativa no será denominada “Ley Lucio”.
Al encuentro organizado por la Comisión de Familias asistieron funcionarios e instituciones que se ocupan de los derechos de los niños y abordaron las leyes denominadas Lucio y Abigail.
La Comisión de Familias, Niñez y juventudes, que conduce la diputada Roxana Reyes (UCR), continuó este miércoles con reuniones informativas de especialistas sobre abuso y maltrato infantil.
Por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariano Luongo, subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia planteó los trabajos realizados en el Registro Único Nominal (RUN) y la línea 102. Sobre el RUN dijo que “ya tiene un desarrollo que estamos promoviendo. Hay 20 provincias que tienen registros unificados de niñez y en 4 específicos estamos trabajando las homologaciones de manera tal que podamos presentar resultados. Es uno de los logros más firmes del Consejo Federal la articulación con cada provincia”.
Respecto a la línea 102 expresó que está presente en las 24 provincias. “Hay unos 96.000 llamados registrados entre 2020 y 2022 y cada provincia tiene un dispositivo de 102 en que no se parte de cero, hay acuerdos específicos”, manifestó. A modo de resumen, el funcionario consideró “muy importante saber si hay vacío legal con respecto a los temas tratados, ya que hay mucha legislación en cada una de las provincias y puntualmente esto deriva en procedimientos e instituciones, procesos administrativos, protocolos de actuación específicos en cada una de las jurisdicciones”.
En tanto, Juan Hernández, defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes consideró que en materia de implementación la ley 26.061 marcó “un hito en la Argentina y nos parece un buen momento para plantear actualización en muchos aspectos como por ejemplo en el RUN y algunos aspectos de la línea 102”.
Respecto al proyecto consideró que tiene tres objetivos: “capacitación, concientización e implementación de políticas públicas”. “En materia de capacitación y concientización nos parece lo más central del proyecto”, agregó y explicó que “es un tema central para la Defensoría el abordaje de las violencias contra las infancias que es uno de los ejes de casos que gestionamos”.
El funcionario aportó datos que arrojó la encuesta nacional. Entre 2019-2022 el 59,4% de los niños y adolescentes, es decir 6 de cada 10, sufrieron violencia de cualquier tipo en la crianza. “La recomendación apunta a que haya estándares mínimos de actuación de todos estos actores y circuitos de intervención, que quede claro quién tiene que intervenir, en qué momento, y haciendo qué y esto está en potestad de las provincias”, dijo.
Mirta Simone, ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud de Chubut, valoró los proyectos y se explayó en tres ejes: “las concepciones que subyacen al proyecto para que las podamos pensar; qué tenemos disponible hasta el momento y cómo lo tenemos disponible y que tendríamos que mejorar y; un tercer eje sobre algunas superposiciones y disonancias en el territorio”.
De acuerdo con las capacitaciones destacó que la provincia realiza diversas capacitaciones en la especialización en niñez y “la consigna es la dispersión territorial y de diferentes titulaciones dirigido al cuerpo profesional, también formación al 100% del personal policial”.
Mariana Incarnato, de la ONG Doncel, manifestó estar “absolutamente de acuerdo” con un plan federal de capacitación. “Creo que es imprescindible sobre todo para las fuerzas de seguridad y para efectores cuyo trabajo no está cotidianamente o directamente ligado con la protección de niñas niños y adolescentes”.
“Que hacemos después es el primer problema cuando no hay estándares mínimos de calidad de cuidado como sabemos si avanzamos sino tenemos un piso mínimo que implica indicadores que los trabajadores deben conocer respetar y deben poder cumplir y que ese cumplimiento sea vinculante”. “Propongo una reforma más profunda, tenemos que seguir discutiendo pero a partir de una coordinación mayor de los sistemas y de una mirada sobre la calidad de cuidado que todavía está pendiente”, aseveró a modo de cierre.
Además participaron Gabriel Leconte presidente del COPNAF, Entre Ríos; Pablo Ferrari, juez del Juzgado N° 2 de Familia, Departamento Judicial Quilmes; Nora Schulman, ONG CASACIDN; el abuelo del niño asesinado Lucio, Ramón Dupuy, entre otros.
Será este miércoles en el seno de la Comisión de Familias que encabeza la radical Roxana Reyes, donde analizarán los proyectos de ley Lucio y Abigail.
Con la presencia de funcionarios y representantes de instituciones relacionadas con los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, se reunirá este miércoles la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, que preside la diputada santacruceña Roxana Reyes. La cita es a las 16, en la sala 3 (244), donde abordarán la temática de abuso y maltrato infantil, en el marco de las iniciativas presentadas: “Ley Lucio” y “Ley Abigail”.
En el primero de los casos, el proyecto fue impulsado por los diputados del Pro Cristian Ritondo y Martín Maquieyra, y promueve la “Protección de los Derechos de la Infancia y Prevención contra las violencias de los Niñas, Niños y Adolescentes. Impulsa una serie de modificaciones y propuestas que abarcan desde la capacitación de los funcionarios públicos de los tres poderes en la temática de los derechos de niños, niñas y adolescentes, hasta cambios en el Código Civil y Comercial de la Nación, como los referidos a la preservación del vínculo parental en casos de restricciones y a aceptar la competencia del juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida.
Esta iniciativa presentada el 15 de diciembre del año pasado refiere al caso Lucio Dupuy, cuyo crimen “violó todos los derechos humanos existentes y puso al descubierto falencias gravísimas en los procedimientos judiciales y policiales, aunque también desnudó la carencia de una norma jurídica precisa y clara”, tales los conceptos vertidos en su momento por Ritondo.
Maquieyra considera que ese caso “no fue aislado” y por el contrario esos hechos “se repiten constantemente”.
En el caso de la Ley Abigail, fue presentada a nivel nacional por la radical Roxana Reyes en 2020 y vuelta a presentar el pasado 13 de junio de 2022. Establece la obligatoriedad de la capacitación a funcionarios en derechos de niñas, niños y adolescentes. Deberán cumplirla todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, que forman parte corresponsable del sistema de protección de los derechos de niñez y adolescencia.
En varias provincias ya se han aprobado iniciativas en ese sentido, que refieren al caso de Abigail Jiménez, la niña con cáncer a la que le impidieron ingresar a Santiago del Estero en medio de las restricciones por la cuarentena. Sostiene Roxana Reyes que “la pandemia dejó al descubierto las deficiencias de los diversos poderes del Estado para tratar con violaciones a los derechos de la niñez. Muchos de los funcionarios estatales vinculados al sistema de protección actuaron de manera deficiente ante la presencia de casos de abuso o maltrato infantil”.
Un grupo de especialistas brindaron su diagnóstico sobre la problemática, convocadas por la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, que está elaborando un proyecto de ley en este sentido.
Con la exposición de especialistas en la temática de maltrato infantil la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes que preside la diputada Roxana Reyes (UCR) realizó una reunión informativa sobre la problemática.
En el inicio, la diputada Reyes explicó que “es muy importante que en este momento la comisión se avoque al tratamiento y conocimiento de este flagelo como lo es la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
“Sabemos que el maltrato, el abuso y la falta de perspectiva de los derechos de los niños tiene su escenario en el seno familiar y hay muchos componentes que juegan para que no se llegue a protegerlos debidamente”, alertó.
En tanto, Pilar Molina, secretaria General de Gestión del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, repasó el marco normativo del sistema de protección de derechos de la niñez. “Uno de los temas es la ignorancia por no conocer como hay que defender los derechos, hay que trabajar en la capacitación de quienes reciben la denuncia”, aseguró.
En ese sentido la funcionaria solicitó que se trabaje en “contenidos operativos muy específicos que ayuden a quienes sean capacitados satisfactoriamente en entender que, en cada uno, se juegan sus decisiones judiciales, administrativas, legislativas en ejemplos concretos de aplicación”.
“Vamos a tener una ley que va a implicar que todos los actores judiciales y administrativos de los tres poderes van a tener que comprometerse con una determinada mirada. Tenemos que trabajar mucho en la fase práctica más que declarativa”, advirtió.
Desde Fundación Sur, Analía Haedo pidió por la articulación de todo el sistema de protección. “Vemos permanentemente patrocinio para niños y familias de mucha vulnerabilidad social. Queremos recalcar que cuando llegan al patrocinio la situación ya está judicializada”, dijo. Agregó que en esta instancia “nos damos cuenta que el sistema conformado por salud, educación y quien dirige fue parcializado, no comunicado y no hubo un trabajo articulado”.
También se explayó sobre la capacitación: “Conocer como es el sistema de protección, cuales son los deberes y obligaciones de cada actor del sistema y que esto pueda funcionar de forma articulada. El sistema funciona con estamentos estancos”, observó.
Por su parte, Lucía Buratovich directora de Aldeas Infantiles SOS Argentina trabaja con dos programas de espacio de cuidado alternativo y programa de fortalecimiento familiar. “Hay que trabajar en la prevención y restitución porque hablamos mucho de las medidas de excepción de derechos, ¿pero qué pasa después? se preguntó. Y esto nos importa mucho porque actualmente no tenemos números en Argentina de las niñas y niños que están en cuidado alternativo. No sabemos cuántos son”, manifestó.
Asimismo, consideró que “fundamentalmente nos parece importantísimo que la implementación sea territorial y federal. Es necesario que las personas que forman parte del sistema de protección estén capacitadas para acompañar este proceso de fortalecer habilidades de cuidado porque lo que está pasando es que estamos llegando tarde y se están tomando medidas de excepción, y no medidas que puedan acompañar y promover un mayor acceso de derechos a las familias a partir de prácticas de prevención y de prevención de la pérdida de cuidado”.
Estuvo presente el abuelo de Lucio Dupuy –el niño abusado y asesinado en noviembre de 2021-, quien pidió por la aprobación de la ley “lo más rápido posible, ya que son muchos los niños maltratados en el país”.
El disparador de esta iniciativa fue la reciente muerte del niño de 5 años en La Pampa a manos de su madre y la pareja de esta.
El presidente del bloque de diputados nacionales del Pro, Cristian Ritondo, y el legislador de esa bancada Martín Maquieyra, presentaron la denominada Ley Lucio, una normativa que promueve la “Protección de los Derechos de la Infancia y Prevención Contra las Violencias de los Niñas, Niños y Adolescentes”.
La presentación del proyecto de ley, cuya autoría corresponde al diputado Maquieyra, se realizó en el segundo piso de la Sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados y asistieron la senadora María Victoria Huala; y las diputadas Silvia Lospennato, María Luján Rey, Victoria Morales Gorleri, Camila Crescimbeni y Dina Rezinovsky, entre otros.
La iniciativa parlamentaria impulsa una serie de modificaciones y propuestas que abarca desde la capacitación de los funcionarios públicos de los tres poderes en la temática de los derechos de niños, niñas y adolescentes, hasta cambios en el Código Civil y Comercial de la Nación, como los referidos a la preservación del vínculo parental en casos de restricciones y a aceptar la competencia del juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida.
Ritondo expresó que “el caso Lucio Dupuy violó todos los derechos humanos existentes y puso al descubierto falencias gravísimas en los procedimientos judiciales y policiales, aunque también desnudó la carencia de una norma jurídica precisa y clara”.
Por su parte, Maquieyra remarcó: “El caso de Lucio no fue aislado y estos casos se repiten constantemente. Es nuestra responsabilidad velar para que no vuelvan a suceder. Necesitamos proteger los derechos y la vida de los niños, niñas y adolescentes porque somos los responsables como adultos y legisladores de garantizarles una vida plena, donde jueguen, crezcan y vivan con libertad”.
Ramón, el abuelo de Lucio, quien viajó a Buenos para acompañar el proyecto, manifestó: “Con el dolor inmenso que un abuelo puede sentir en este momento, no quiero que haya más niños muertos en la Argentina de esta manera”.
Al finalizar, Ritondo aseveró que “la Ley Lucio dinamiza la prevención familiar, para no volver a llegar tarde, para preservar la vida y la integridad de los niños y adolescentes, y para concientizar a todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y a la ciudadanía en general, que ante la vulneración de derechos infantiles cualquier persona se anime a formular la denuncia pertinente con la preservación correspondiente de su identidad”.
