Tras volver del Senado, se sancionó definitivamente la “Ley Olimpia” sobre violencia digital a las mujeres

La norma fue aprobada por unanimidad, con 230 votos positivos. Cuáles son las modificaciones que introduce a la Ley 26.485.

Tras volver con un cambio en su redacción desde el Senado, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva en la sesión de este martes a la Ley sobre Violencia Digital, más conocida como “Ley Olimpia”, en alusión a la activista mexicana Olimpia Coral Melo, quien impulsa legislaciones para luchar contra este tipo de violencia contra las mujeres. 

El proyecto fue votado en el transcurso de la sesión de este martes, luego que en el inicio de la misma se aprobara su tratamiento, con los dos tercios del cuerpo, por no contar con dictamen de comisión.

La norma, que recibió 230 votos a favor, ninguno en contra, ni abstenciones, incorpora al artículo 4 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, en la definición de violencia contra las mujeres, el término “participación política”. Esta modificación fue incluida por la Cámara alta. 

La diputada Karina Banfi (UCR) celebró el avance en el recorrido del proyecto y dijo esperar “su pronta reglamentación”. “Necesitamos que se garanticen el respeto y la dignidad, la reputación y la identidad de las mujeres en espacios digitales”, enfatizó y también resaltó la necesidad de que “el Congreso avance en la creación de la figura del tipo penal de la difusión de videos de naturaleza sexual sin conocimiento”, con el fin de “acabar con el acoso sexual que viven muchas mujeres cuando es violada su confianza. 41% de las mujeres en América Latina fueron objeto de violencia por medio de redes sociales, cuya consecuencia principalmente es la autocensura, por miedo a que se difundan cuestiones de su privacidad o se ponga en riesgo su seguridad”.

Por su parte, la oficialista Mónica Macha resaltó que esta ley es producto de distintas organizaciones, entre las que mencionó al Ley Olimpia en Argentina. “Algo que me parece central es nuestra ley 26.485, que fue sancionada en 2009 y que tiene una cuestión particular que es ubicar la violencia por motivos de género en distintos ámbitos. En esos años el entorno digital no era un espacio ni de amenaza, ni de violencia, no existía, y en este momento sí es un territorio donde pasamos mucho tiempo, y empieza a ser también un espacio donde sufrimos esa violencia”, observó la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad.

La legisladora kirchnerista también consideró que el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner es consecuencia de la violencia digital, y también se solidarizó con la diputada Myriam Bregman “que está sufriendo violencia digital también en estos momentos”.

Además, entre los cambios que introduce a la normativa vigente, se establece como objetivo garantizar “los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital”. Asimismo, se deberán respetar “su dignidad, reputación e identidad en los espacios digitales” y agrega la frase “el espacio analógico o digital” dentro de la definición global de la violencia contra las mujeres. 

Mediante la nueva ley, se incorpora en el artículo 6 de la 26.485 la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.

Por otro lado, se estipula que se deberá “implementar un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible” destinado “a dar contención, información y brindar asesoramiento” sobre la violencia digital.

En otra de las modificaciones, establece que se deberán “promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las TIC’s y la comunicación y de identificación de las violencias digitales, en las clases de Educación Sexual Integral como en el resto de los contenidos en el ámbito educativo y en la formación docente”.

Sobre los derechos que se les deberán garantizar a las mujeres en procedimientos judiciales, se incorpora el “resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados u organismos públicos correspondientes”.

Respecto a las medidas preventivas urgentes, el juez podrá “ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer, tanto en el espacio analógico como en el digital”.

También, “ordenar la prohibición de contacto del presunto agresor hacia la mujer que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital”.

Y tendrá la competencia para “ordenar por auto fundado, a las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia de género digital”.

Violencia digital: el Senado quiere introducirle una modificación y volverá a Diputados

El Senado dio el aval para declarar al 19 de febrero como el “Día Nacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual y Género en el Deporte”. También hubo repudios contra Luis Rubiales y expresaron sus solidaridad con la futbolista Jenni Hermoso.

La Comisión de la Banca de la Mujer del Senado, presidida por María Eugenia Catalfamo (UF) -ratificada esta tarde-, se reunió este miércoles para tratar el proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, inspirada en la “Ley Olimpia” y acordó entre sus partes hacerle modificaciones y que vuelva a la Cámara de Diputados.

Además, fueron designadas nuevamente las senadoras nacionales, Edith Terenzi como vicepresidenta, y Silvia Sapag (FdT) como secretaria. En la reunión se acordó agregarle al proyecto con media sanción de la Cámara baja un artículo respecto a violencia digital contra la “participación política” de las mujeres.

De este modo, la titular de la comisión anunció que el proyecto será modificado y unificado junto a dos proyectos presentados por las senadoras nacionales Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y Cristina López Valverde (FNyP), también inspirados en la “Ley Olimpia”, tratado en la próxima sesión del Senado, y finalmente regresará a la Cámara baja.

La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.

Además, incorpora una serie de modificaciones a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Entre ellos, se establece como objetivo garantizar “los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital”. Asimismo, se deberán respetar “su dignidad, reputación e identidad en los espacios digitales”.

En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.

Por otro lado, la senadora nacional María Eugenia Duré (FdT) impulsó un proyecto para declarar al 19 de febrero como el “Día Nacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual y Género en el Deporte”. “Se conmemora internacionalmente y tiene que ver con la historia de un futbolista que dio a conocer su orientación sexual, y por la discriminación que sufrió, terminó quitándose la vida”, explicó.

En tal sentido, pidió que “llegue a gobernaciones y municipios para trabajar en campañas en clubes e instituciones”. “Buscamos acortar las brechas en el deporte. Así como hay mujeres en el futbol y en el periodismo que han abierto puertas para que todos tengan oportunidades”, señaló.

A su vez, la jefa del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, remarcó su apoyo a la iniciativa de Duré y expresó su repudio contra el presidente de la Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, por el episodio en que besó sin consentimiento a la jugadora española Jenni Hermoso, a quien le brindó toda su solidaridad y que fue adherido por las senadoras presentes.

Consenso entre los bloques por la modificación

Tras ratificar a Catalfamo, Terenzi como titulares de la comisión, la secretaria de esta, Silvia Sapag expresó que “cuando nací, las mujeres no éramos nadie”, y agregó: “No teníamos beneficios laborales como tenemos ahora, ni jubilarnos y ahora, estamos acá para defender nuestros derechos entre todas”.

Asimismo, la presidenta de Banca de la Mujer, María Eugenia Catalfamo confirmó el dictamen “en borrador” que unifica tres proyectos -junto al que llegó con media sanción- y planteó modificaciones a partir de la ausencia de las palabras “participación política”.

“Vamos a devolver este proyecto a la Cámara de Diputados porque es una omisión de un derecho que no podemos dejar pasar y no se puede modificar en la reglamentación”, afirmó la titular. Además, sostuvo que “por la omisión de dos palabras, no había alternativas. No se puede hacer una Fe de Erratas y lamentablemente debe volver a Diputados”.

En esa línea, la presidenta de la comisión agradeció el consenso logrado entre los bloques del Frente de Todos, Unidad Federal y Juntos por el Cambio, y aprovechó la ocasión cuestionar a los libertarios de la Cámara baja: “Al igual que acá, este proyecto tuvo alto consenso en Diputados, salvo por los diputados de La Libertad Avanza (Javier Milei y Victoria Villarruel) que votaron negativamente”.

Del mismo modo, Di Tullio explicó que “se devuelve un proyecto con amplio apoyo de Cámara de Diputados y del Senado”, pero aclaró que “le faltan dos conceptos centrales”. “Ojalá hubiéramos podido darle sanción definitiva, pero es un buen camino elegido acordar que se avance de esta manera, sentenció.

Por último, la senadora nacional Clara Vega (Hay Futuro Argentina) manifestó que “me parece muy bien esa incorporación”, y cerró: “Esto es un comienzo que necesitamos porque Olimpia convirtió este ataque en militancia y el avance digital nos encuentra desprotegida”.

Diputados dio media sanción al proyecto de violencia digital contra las mujeres, inspirado en la “Ley Olimpia”

La iniciativa, que obtuvo 191 votos afirmativos incorpora esta modalidad a la Ley de Protección Integral. Pasa al Senado.

Por 191 votos afirmativos, 2 negativos y 1 abstención, la Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485).

La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.

La iniciativa, que fue consensuada entre propuestas de las diputadas Mónica Macha (FdT) y Danya Tavela (UCR), deberá tratarse ahora en el Senado.

Los expositores

El primer expositor fue el oficialista Pablo Carro (Córdoba) quien explicó que se viene a modificar la Ley de Protección Integral a las Mujeres sobre la base de la idea de incorporar una definición de lo que significa la violencia digital contra las mujeres.

“Tiene que ver con que la violencia digital o en entornos digitales o virtuales es igual o incluso peor que la que ocurre en el mundo analógico, es decir, el mundo virtual hoy es tan real como el analógico o el mundo real”, planteó.

El cordobés recordó que durante el debate de la Ley del Aborto “hubo muchísima violencia digital contra las mujeres”, y contó que AMNISTÍA Internacional realizó un estudio en el que reconoció que 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia digital en redes sociales, el 59% de las mujeres durante este tiempo fue objeto de mensajes sexuales o misóginos; un 36% de esas mujeres sufrió ataques de pánico, estrés o ansiedad o se retiró de las redes producto de la violencia que recibió.

Así, procedió a leer la definición de violencia digital que va a dejar “muy en claro por qué tan importante avanzar en este aspecto y remarcó que son “todas esas acciones que realizan los varones contra las mujeres cuando deciden resolver su independencia y usar su cuerpo como mejor les parece”.

“Este proyecto de ley no modifica el código penal”, aclaró, pero resaltó que “es tan importante que va a permitir no solo definir con claridad qué es la violencia digital, sino también, el desarrollo de políticas públicas, que haya estadísticas oficiales, que haya capacitación de los agentes estatales, que haya protocolos de actuación para la justicia, que haya una línea telefónica gratuita a través de cualquier soporte y, sobre todo, que pueda haber notificación electrónica”.

Al respecto, explicó: “La mayoría de las empresas son transnacionales en aquellos lugares donde se ejerce esta violencia son redes que no tienen domicilio en Argentina, sino que son transnacionales, por lo tanto, es importante por lo que vienen luchando las mujeres y tiene que ver con la Ley Olimpia sobre una mujer mexicana que sufrió este tipo de violencia y, a partir de este hecho, se están impulsando este tipo de leyes en todo el mundo”.

1 de cada 3 mujeres sufrió violencia digital en redes sociales, el 59% de las mujeres durante este tiempo fue objeto de mensajes sexuales o misóginos; un 36% de esas mujeres sufrió ataques de pánico, estrés o ansiedad o se retiró de las redes producto de la violencia que recibió.

“Todo el mundo sabe lo difícil que es establecer regulaciones al modo en que trabajan las grandes plataformas que son grandes empresas transnacionales y, sin embargo, quiero reconocer que las mujeres lo han hecho porque están permitiendo que la justicia argentina pueda notificar a estas plataformas para que contenidos de este tipo puedan ser removidos y conservados y utilizados para pruebas en favor de las mujeres. Es un proyecto trabajado con consenso, tenemos un acuerdo completo”, cerró y adelantó que introducirá modificaciones por “errores” que cometieron en la redacción previo al dictamen.

Autora de una de las iniciativas, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical) destacó la importancia del tema para “todas las mujeres que estamos presentes, pero fundamentalmente para todas las mujeres, niñas y adolescentes del país que son víctimas de los distintos tipos de violencia en este paso, en este avance”.

“Esta es una ley de época porque tiene que ver con el crecimiento de este tipo de violencia, de acosos, de hostigamiento que ocurren a partir de los espacios digitales, de redes sociales, del uso del internet”, señaló Tavela.

En esa línea, destacó la importancia a que “logremos un proyecto unificado entre los distintos interbloques” y reconoció a la diputada mandato cumplido Josefina Mendoza y a la diputada Alejandra Martínez quienes “fueron las que comenzaron con el debate hace años en esta Cámara y nos fueron muchas de las ideas que hoy se plasman en esta modificación”.

“Este proyecto busca definir que el espacio digital es un ambiente donde se puede generar violencia al igual que el espacio analógico y por supuesto que queremos garantizar el derecho de las usuarias, libre de violencias, libre de desigualdades”, manifestó la diputada radical y agregó: “La posibilidad de reconocer ese espacio nos lleva a la necesidad que esta norma tipifique lo que se va a denominar violencia digital que repercute en la generación de daños físicos, psicológicos, sociales y económicos”.

Además, planteó que “es importante la incorporación a los servicios de asistencia a la víctima, a los servicios de atención que ya existen de este tipo de violencia”. “La necesidad de promover la alfabetización en el uso de las redes sociales, en el uso adecuado y en las buenas prácticas de las TICS”.

“También llevando a que los niños, niñas y adolescentes comprendan lo que significa la violencia digital. No solo en las clases de ESI, sino en los diferentes espacios curriculares donde asisten, en los procesos educativos y en formación docente”, añadió y destacó la gratuidad de toda diligencia e instancia de las actuaciones judiciales, así como el resguardo de pruebas, el ordenamiento al presunto agresor del cese de las actuaciones y la prohibición de contacto.

Tavela contó: “Para muchas mujeres de nuestro país esto no es reconocido en los ámbitos de la justicia y de denuncia. Me ha tocado conversar con madres cuyas hijas se han quitado la vida, familias dañadas, muchas mujeres que han abandonado sus trabajos, sus pueblos, han tenido que cambiar su vida por el abuso, acoso y hostigamiento a partir de alguna publicación sin su consentimiento en una red social”.

“Entender que lo que hacemos en redes sociales forma parte de nuestra intimidad, forma parte de nuestros derechos de la información y de nuestra integridad y de nuestra capacidad y persona como seres humanos. Es importante para seguir avanzando en procesos de prevención y tipificación de violencia digital y las penas que deben contemplase para sancionar a quienes ejercen este tipo de violencia”, precisó la radical.

Y cerró: “Este proyecto incorpora la obligación por orden fundando a las empresas administradoras de plataformas de retirar este tipo de material de las mismas. El 70% de las mujeres que sufrió violencia digital ha cambiado su forma de interactuar en las redes, esto significa una restricción a la libertad de las personas. La violencia siempre es violencia, pero es más violencia cuando afecta a las personas más vulnerables”.

Por el contrario, el salteño Carlos Zapata (Ahora Patria) dio los motivos por los que no acompañó la iniciativa y se abstuvo. El diputado planteó que “está entre los derechos humanos el derecho a una vida libre de violencia”, y remarcó que la violencia digital es un tema “relativamente nuevo” que “ha tenido un crecimiento exponencial, generando perjuicios y consecuencias negativas a quienes las sufren”. Así precisó que, entre las consecuencias, “tenemos hasta víctimas fatales, personas que afectadas por la violencia digital por el atropello y la vulneración de su actividad han tomado una decisión drástica”.

“Las víctimas de la violencia digital necesitan un marco normativo que las reconozcan, contenga, proteja de todo tipo de violencia y, en este momento, estamos tratando violencia digital”, planteó Zapata y cuestionó: “La Ley de Protección Integral contra al Violencia de Género es una ley que tiene sus años, que va produciendo resultados, pero no esta a la altura de las expectativas que se al momento de su sanción”.

“Se han creado observatorios de violencia contra las mujeres, pero la tasa de femicidio se ha incrementado. La voluntad del legislador no está teniendo una aplicación concreta a través de los órganos de aplicación y responsables que lleven a que las acciones desde el Gobierno lleven a cumplir la finalidad de la ley de proteger a las mujeres, evitar los femicidios”, cuestionó.

Y siguió: “Se ha creado el Ministerio de la Mujer con las cuestiones que están pasando en Chaco con Cecilia la vemos con total y absolutamente ausente. Lamentablemente todas las legislaciones de protección de las mujeres pueden tener la buena intención, apuntar a un marco de progreso, pero si el Poder Ejecutivo y los órganos de aplicación miran para otro lado, o son selectivos a la hora de atender los problemas de violencia de género, evidentemente algo está funcionando mal”.

“En materia de violencia digital podemos clasificar los distintos hechos como fake news, campañas de desprestigio, violaciones e intimidad, incitación al odio, mecanismos que a través de publicaciones en redes sociales buscan hacer un daño. Se tratan de conductas antisociales que generan perjuicios hacia las personas y vulneran muchos derechos y garantías, si no existe un marco jurídico adecuado, esa vulneración va a seguir ocurriendo”.

“Las mujeres particularmente están afectadas, pero no son las únicas afectadas de la violencia digital y de este tipo de campañas, es necesario que se tipifiquen como delitos. Con el procedimiento que se pretende en esta modificación a la Ley van a tener un mecanismo expedito para que cesen las publicaciones o buscar procedimientos más agiles, pero en la medida que no se tipifique como delito la persecución del responsable y el uso de los organismos estatales para buscar justicia y equidad, va a estar ausente”, sugirió Zapata.

Además, planteó que es necesario “estudiar cuando se consideran este tipo de proyectos porque el principio contenido en el artículo 16 de la Constitución Nacional es el principio de igualdad ante la ley. La igualdad es un derecho en sí mismo y habilita a los sujetos a oponerse a normas o actos discriminatorios. La existencia de la vulneración de la igualdad ante la ley es algo que restringe a la libertad de los individuos”, y cerró que la violencia digital “no solo abarca a las mujeres, sino también a los hombres, necesitamos que el marco normativo llegue a alcanzarlos para respetar el principio de igualdad ante la ley. Considero que este proyecto es violatorio al artículo 16”.

La vicejefa de bancada radical, Karina Banfi, expuso sus ideas respecto a la modificación sobre violencia digital en la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres en el recinto. “Tenemos dos vidas, una la real y otra la de internet. Ponemos en foco la alfabetización digital y debemos saber las alertas que tenemos que tener en cuenta”, señaló.

Así también, expresó: “Las distintas exposiciones que he escuchado las acompaño y con ello, conocimos el valor que tiene esta ley”. Además, mencionó el caso de la joven Olimpia, a quien sin su consentimiento le viralizaron n video privado: “Le arruinaron la vida”. Afirmó.

Sin embargo, Banfi manifestó que “hace años que trabajo sobre derechos digitales y celebró que hablemos estos temas en el Congreso porque el futuro es internet”, y agregó: “Los delitos de extorsión y acosos son los mismos, y la digitalización amplifica el alcance y perdemos el control”.

Y siguió: “Lo primero que debemos hacer es entender de que hablamos y
debemos poner el revés del porno-extorsión”. “Debemos ir por los tipos penales porque estos delitos no están penalizados en el Código Penal, está permitida. Conceptualicemos a donde debe ir la realidad virtual y vayamos a lo concreto”, cerró.

Por último, la diputada nacional Mónica Macha (FdT- Buenos Aires) consideró que “estamos en un momento importante con consenso entre ambas comisiones” y “avanzamos en una legislación necesaria para nuestro país por los delitos perpetuados a través de la digitalización”, añadió.

“Hay líneas de mercado sexual de fotos de mujeres sin su consentimiento y este tipo de violencia contamina la vida de las personas”, mencionó, y finalizó: “La llamamos ley Olimpia por la joven mexicana víctima de un video privado viralizado sin su consentimiento que cuando denunció le dijeron que no estaba penalizado y que se relaciona con la ley Belén, una chica que se suicidó por la violencia en las redes digitales”.

Antes de la votación, Carro y Banfi acordaron modificar el artículo 5 y agregar al inciso “o” del artículo 9 que “la información recaba por las denuncias debe ser recopiladas y sistematizada para elaborar estadísticas confiables para la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres”. Del mismo modo, mencionaron dos errores gramaticales que fueron corregidos.

Cuáles son los puntos principales del proyecto

Mediante el proyecto se incorpora una serie de modificaciones a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Entre ellos, se establece como objetivo garantizar “los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital”. Asimismo, se deberán respetar “su dignidad, reputación e identidad en los espacios digitales”.

En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.

“En especial conductas que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital o que impliquen la obtención, reproducción y difusión, sin consentimiento de material digital real o editado, íntimo o de desnudez, que se le atribuya a la mujer, o la reproducción en el ámbito digital de discursos de odio misóginos y patrones estereotipados sexistas o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea, robo y difusión no consentida de datos personales”, agrega.

Además, se dispone que se deberá “implementar un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible” destinado “a dar contención, información y brindar asesoramiento” sobre la violencia digital.

Otra de las modificaciones establece que se tendrán que “promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las TIC’s y la comunicación y de identificación de las violencias digitales, en las clases de Educación Sexual Integral como en el resto de los contenidos en el ámbito educativo y en la formación docente”.

Sobre los derechos que se les deberán garantizar a las mujeres en procedimientos judiciales, se incorpora el “resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados u organismos públicos correspondientes”.

Respecto a las medidas preventivas urgentes, el juez podrá “ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer, tanto en el espacio analógico como en el digital”.

También, “ordenar la prohibición de contacto del presunto agresor hacia la mujer que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital”.

Y tendrá la competencia para “ordenar por auto fundado, a las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia de género digital”.

El proyecto sobre violencia digital quedó listo para llegar al recinto

Comunicaciones e Informática emitió el último dictamen que faltaba y la iniciativa ya puede ser debatida en la próxima sesión, si así lo disponen. Polémica por los discursos de odio.

La Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja se reunió este miércoles para tratar y emitir dictamen sobre el proyecto de ley que modifica la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres, contemplando la figura de violencia de género digital.

El tema iba a ser debatido el pasado 30 de mayo en un plenario con la Comisión de Mujeres y Diversidad, pero al prever que no tendría quórum, solo sesionó ese día la comisión que dirige Mónica Macha, por lo que Comunicaciones e Informática se reunió este miércoles para completar el circuito. Ahora sí quedó listo el tema para llegar al recinto.

Se trata de un proyecto bien transversal, y prueba de ello resultó el hecho de que quien presidiera el debate en una comisión que encabeza el oficialismo fuera una diputada radical, Karina Banfi. En realidad, ella lo explicó al inicio de la reunión, al aclarar que el presidente de la comisión, el kirchnerista Pablo Carro, está con una liciencia por temas de salud. “Y me ha pedido que tome la posta”, precisó.

El proyecto, como bien dijo en ese momento Karina Banfi, es de las diputadas Macha (FdT) y Danya Tavela, y “veníamos hablando con Pablo (Carro) de la importancia de poder dictaminarlo en la comisión, porque es muy importante que haya un marco regulatorio en la Argentina en esa materia”. Destacó a continuación el consenso alcanzado y le pidió a la diputada Macha que, a pesar de no ser de la comisión, se encargara de explicarlo.

La diputada del Frente de Todos destacó que con el dictamen que ya se estaba circulando se podría pasar al recinto “para poder seguir avanzando en la búsqueda de iniciativas que permitan erradicar estas prácticas”.

Recordó que esta norma está inspirada en la activista mexicana Olimpia Coral Melo, quien fue víctima de violencia digital y ha impulsado en su país una legislación en la materia que es la que ahora en Argentina se está a punto de replicar. “Lo que busca es poder incorporar a nuestra ley una tipificación de la violencia digital como una forma de violencia por motivos de género, lo que nos permitirá incluirla en las políticas públicas”, señaló Mónica Macha.

La legisladora oficialista habló de la necesidad de “situar el entorno digital como territorio de esta época: lo que sucede ahí es real; lo virtual es real, tiene efectos en las vidas de las persona”.  Habló de los efectos de lo que sucede en la virtualidad, de la difusión de imágenes o videos sin consentimiento, como una nueva forma de violencia que afecta las relaciones humanas.

Esa circulación de imágenes sin consentimiento “es lo que genera un padecimiento psíquico, que tiene después consecuencias en la salud física y personal”, agregó, precisando que esta norma se complementa con la Ley Belén que apunta a poder considerar la violencia digital como un delito y por eso busca establecer una modificación a la ley penal.

A continuación habló la diputada Silvana Ginocchio (FdT),quien destacó el valor de “un proyecto que tiene tanta importancia, por cuanto aborda un problema de enorme gravedad, facilitado por las plataformas digitales, y que en pandemia tuvo un incremento grande y que afecta más a las mujeres”.

“Esta violencia conlleva una violación a los derechos humanos, impide el empoderamiento de las mujeres y el libre y pleno desarrollo a la integridad y los derechos humanos”, agregó la diputada catamarqueña.

Los discursos de odio

El debate se tensó con la intervención de la diputada kirchnerista Florencia Lampreabe, que tras destacar la importancia “del paso que vamos a dar hoy”, valoró abrir este tipo de discusiones para “empezar a entender a las redes sociales y plataformas como un espacio que ya no es de la virtualidad, sino que es parte de nuestra vida cotidiana. Todos tenemos mediada la vida con las plataformas”.

Y a continuación advirtió que “no se puede no hablar de la violencia política, de los discursos de odio y del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Porque lo planteé en su momento: cómo hacemos para poner un límite a los discursos de odio, preservando la libertad de expresión, y cómo hacemos para trabajar en la regulación de las plataformas digitales, que son espacios de autorregulación donde rige el interés empresarial”.

“Yo siempre cito un estudio del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la UNSAM, porque ellos han estudiado específicamente la esfera pública digital”, señaló Lampreabe, precisando que los casos vienen en aumento. “En los últimos dos años -ellos hicieron un corte de 2020 y 2022-, aumentaron un 10%, y estamos hablando de promoción de los discursos de odio en la esfera pública digital, en torno al 34%; y la admisión de ello llega casi hasta el 50%. Quiere decir que hay una tolerancia a determinados discursos, a bajar el filtro, que ocurre en la esfera pública digital, que en la realidad no”.

En ese sentido destacó que previamente al atentado contra la vicepresidenta “había un clima que se había gestado contra Cristina Kirchner; no me voy a poner a discutir la cuestión digital, no hay duda que se venía gestando un clima a través de los grandes medios, con discursos deshumanizantes”. La diputada oficialista citó el informe del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos, que abonó esa teoría y sostuvo que “lleva 20 años esta generación de un clima que termina pasando a la violencia real”.

Agregó Lampreabe que según las investigaciones señaladas por ella, cuando se estudia en Argentina cuál es el objeto, aparece primero “candidatos y entidades políticas”. Otro componente que aparece cuando se estudian los objetos de odio es que el 70% se destinan a mujeres. En conclusión, para la diputada bonaerense, “es imposible hablar en Argentina de violencia digital a las mujeres sin hablar de violencia política y del intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Lo dije en la Comisión de Mujeres, y también acá”, y llamó a “tomar el compromiso de ver cómo defendemos nuestra democracia”, alertando que las empresas que manejan las plataformas digitales muchas veces están en el exterior y “quedan fuera de las normativas vigentes”.

“Lo que ocurre en las plataformas digitales es un desafío para la comunicación democrática en la Argentina”, concluyó.

Le contestó la diputada Sabrina Ajmechet, que acababa de ser elegida presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión. En su intervención dijo lamentar “que en un proyecto que viene siendo trabajado y que recibió unanimidad en la Comisión de Mujeres, en el medio de esta discusión se traiga otra donde se sabe que tenemos claras diferencias. Ayer se vio cuando vino el jefe de Gabinete, que el oficialismo tiene convicciones determinadas sobre la libertad de expresión, y lamento muchísimo que se traiga acá el ejemplo de un centro de estudios de la UNSAM, que tiene una visión militante y sesgada sobre el tema, y que se esté tratando de ensuciar un proyecto de esta relevancia haciendo chicanas a la oposición y sin llevar a una discusión seria sobre qué es un discurso de libertad y un discurso de odio”.

“No aceptamos eso -enfatizó-. Me gustaría que entienda que es un tema que está en discusión, donde existen miradas puntuales. Me parece lamentable que busquen ensuciar, con el trabajo que da reunir el quórum, con esta visión de la diputada preopinante”.

En el mismo sentido se pronunció la diputada Paula Omodeo (Creo-Tucumán), que tras aclarar que no pensaba intervenir, lo hacía por lo que acababa de escuchar, lamentando llevar ese tema a “una discusión ideológica y política”. “En vez de poner el problema en el centro y trabajar sobre consensos, empezamos a ideologizar una comisión que no tenía por qué. Estamos poniendo las cuestiones políticas sobre los problemas de los argentinos, y los argentinos están cansados de que todas las discusiones sean políticas”, sostuvo.

Subió el tono al reclamarle al oficialismo que “si quieren defender la democracia empiecen a defender a la Constitución, la República, la división de poderes y el principio fundamental del Estado argentino, que es la libertad”, dijo, advirtiendo que “lo que quieren hacer es coartar la libertad de expresión y avanzar con discursos de censura, que es minar los principios fundamentales de la Constitución y el derecho argentino”.

Salió en defensa de su compañera de bancada la oficialista María Rosa Martínez, que aclaró en primer lugar que “los diputados hacemos política, somos militantes y construimos políticas para transformar la realidad. La incorporación de la violencia política dentro de la Ley 26.485 ha sido un avance muy importante y los estudios demostraron que alrededor del 79% de las mujeres padecemos violencia política en los ámbitos donde estamos”.

Por eso, consideró “imprescindible, necesario, una acción que corrobora la dimensión a la que estamos sometidos todos. Particularizar en el caso de la vicepresidenta, pensé que iba a ser algo absolutamente racional en esta comisión, más allá de la ideología política”. Y agregó que “las consecuencias sobre la vida y circunstancia familiar que acontece a Cristina y Florencia (Kirchner) y su desempeño es absolutamente evidente. Nuestra responsabilidad en este sentido es enorme a la hora de aclarar y proponer una dimensión que ya ha sido incorporada a la ley”.

Para María Rosa Martínez, “la regulación de plataformas es una cuestión que vamos a tener presente sin ninguna duda, y me asombra el planteo hacia una universidad pública de reconocida trayectoria y a la Comisión de Seguimiento de Belem do Pará”.

Volvió a hablar Lampreabe para aclarar que su posición era “claramente política” y recordó que “estamos en una casa política. Hablé de debates políticos porque todos tenemos el mandato de hacerlo. No dije ninguna chicana, no entiendo cómo esto ensuciaría el avance que estamos haciendo”. Por el contrario, dijo, “me parece que abre la puerta para contemplar otros aspectos, lo hice con esa intención”, y cerró diciendo que “los discursos de odio en nombre de la libertad de expresión limitan y silencian otras voces”.

Ajmechet aclaró a continuación que no se había referido a la Universidad de San Martín, donde señaló que además da clases, sino “a una investigación de un grupo específico. La UNSAM es una universidad plural”.

Cerró el debate Karina Banfi, que expresó su convicción respecto de que “este proyecto Olimpia y la posibilidad de haber logrado unificar posiciones con el proyecto de la diputada Tavela, junto con muchas diputadas de esta casa, logra configurar la ausencia de herramientas que necesitamos en el marco de lo que llamo la second life, la realidad virtual, en el marco de nuestra exploración y nuestra vida digital. Creo que la ley Olimpia viene a traer un marco que puede ayudar a un punto que es fundamental para mí, la alfabetización digital. Hay mucho desconocimiento y el desconocimiento trae miedo”.

Por otra parte citó su experiencia personal de haber sido amenazada en las redes y aclaró entones que “la culpa no es de Google, es nuestra”. Porque fue la justicia la que demoró en encontrar al responsable, aunque tras dos años y medio lo halló y quedó preso. “Si hay un crimen o alguien te amenaza, lo podés buscar”, dijo, precisando que están las herramientas legales para hacerlo pagar. Y también alertó sobre la responsabilidad de los padres en velar sobre la participación de los menores en las redes.

Mónica Macha presentó los proyectos de Ley Olimpia y Belén: “El que difunde material íntimo es un violador”

La diputada oficialista explicó que ambas iniciativas buscan prevenir y sancionar la violencia digital y señaló que “es necesario que se deje de culpabilizar a la víctima por estos hechos de violencia para poner el foco en el victimario”.

La diputada nacional Mónica Macha (Frente de Todos) se refirió a la Ley Olimpia y Ley Belén, los proyectos que presentó para prevenir y sancionar la violencia digital. “Lo virtual es real y quien viola la intimidad de otra persona difundiendo imágenes, es un violador”, consideró la legisladora.

En diálogo con El Destape Radio, la diputada explicó que la primera iniciativa busca “actualizar la Ley 26.485 para erradicar la violencia por razones de género para pensar políticas públicas y campañas de prevención”. El segundo proyecto tiene como objetivo “incorporar a la violencia digital como delito, para que se apliquen sanciones para quienes suban material sin consentimiento, y también para quienes lo difundan”.

“Lo virtual es real y quien viola la intimidad de otra persona difundiendo imágenes, es un violador”, admitió Macha.

En ese sentido, expresó: “Cualquiera puede tomar la decisión de sacarse fotos o de filmarse en situaciones íntimas, pero eso no implica que haya otra persona que tome la decisión de difundirlo. En el campo de lo social hay una culpabilización y una estigmatización que se hace tan insoportable que, con la velocidad de distribución, para esa mujer todos los órdenes de su vida se ven afectados. Muchas mujeres terminan aislándose y sin querer salir a la calle”, y destacó la necesidad de una normativa que puedan frenarse estas situaciones.

Asimismo, la legisladora oficialista detalló que “es necesario que se deje de culpabilizar a la víctima por estos hechos de violencia para poner el foco en el victimario, quien vulnera el derecho a la intimidad y genera daños psicológicos”.

“En el relato de las compañeras aparecen trastornos de ansiedad, ataques de pánico, trastornos de la alimentación, intentos de suicidio y suicidio”, admitió Macha y dijo que es necesario que quienes difunden tengan “miedo y vergüenza”.

Asimismo, señaló: “Encontrarse con que los hombres están en grupos de Telegram y WhatsApp intercambiando imágenes de sus compañeras y parejas es terrible”, y explicó que “cuesta visibilizarlo y comprender la gravedad, acompañar y sancionar a quienes cometen estos delitos, no solamente con una condena sino también con capacitaciones”.

Con respecto al panorama en el Parlamento, Macha sostuvo que “ya se han presentado proyectos que no pudieron avanzar pero que, hoy en día, es un mejor momento político para poder tratarlo”. “Son temas que logran tener un acompañamiento más allá de los bloques partidarios”, afirmó.

LOS PROYECTOS

La diputada Macha, junto al espacio de víctimas de violencia digital “Ley Olimpia Argentina” y la organización Género y TIC, presentaron en el Congreso dos proyectos “Ley Olimpia” y “Ley Belén” que proponen incorporar la violencia digital como otra forma violencia contra las mujeres en el marco de la ley 26.485 e incorporar al Código Penal los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” y de la llamada “sextorsión”.

La primera iniciativa está inspirada en el caso de Belén San Román, quien fue inducida al suicidio luego de sufrir difusión no consentida de material íntimo, mientras que la segunda propone incorporar la violencia digital como otra forma violencia contra las mujeres en el marco de la ley 26.485, junto con la creación de medidas de protección para las sobrevivientes, políticas públicas tendientes a la educación digital y la prevención de estas agresiones, que se aplica en México por impulso de la activista Olimpia Coral Melo, que también fue víctima de esa situación.

La presentación contó con la presencia de Marcelo San Román, padre de Belén, y de la actividad mexicana. El proyecto de la denominada “Ley Belén” busca la incorporación al Código Penal Argentino de los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” y de la llamada “sextorsión”.

Los puntos clave de la Ley Belén

Establece que “se aplicará prisión de tres meses a dos años y el doble de la multa establecida en el artículo 155° a quien, por cualquier medio, sin autorización de la víctima o mediando engaño, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, documentos con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas”.

Asimismo, dispone que “se aplicará prisión de tres meses a tres años y el doble de la multa establecida en el párrafo anterior a quien, por cualquier medio, y sin autorización de la víctima, difunda, publique, envíe o de cualquier manera ponga al alcance de terceros los documentos referidos en el párrafo anterior obtenidos con o sin mediar su consentimiento”.

Según el texto, las penas se aumentarán en un tercio cuando el delito lo comete una persona mediante violencia de género, o si el hecho se comete con fines de lucro; o por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión o contra una persona menor de edad.

En los fundamentos, Macha señaló que “la ciberviolencia de género fue definida por la relatora especial de la ONU como violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). La violencia en entornos digitales reconoce múltiples formas que se renuevan y reinventan constantemente con motivo de la rápida evolución de las TIC”.

“El ámbito digital reproduce las mismas lógicas machistas que se dan en el plano analógico y ello hace que mujeres y niñas se vean particularmente más afectadas por estas conductas”, señaló la diputada del FdT y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad.