En una votación histórica, tras varios años de discusión en el Congreso, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de un nuevo Régimen Penal Juvenil.

La iniciativa cosechó 149 votos a favor, que correspondieron 94 a La Libertad Avanza; 21 al interbloque Fuerza del Cambio, que reúne al Pro, la UCR, el MID, la bonaerense Karina Banfi y el santacruceño José Luis Garrido; y 19 del interbloque Unidos, donde conviven Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

Junto al oficialismo también votaron los diputados que representan a los gobernadores de Salta, Misiones, Tucumán, San Juan y Neuquén. Hablamos del bloque Innovación Federal, donde hay 7 integrantes entre salteños y misioneros; los 3 tucumanos de Independencia; los 2 sanjuaninos de Producción y Trabajo y 1 de La Neuquinidad.

Los votos a favor se completaron con 2 miembros del bloque País Federal (exlibertarios).

En tanto, los votos en contra volvieron a unir a los tres catamarqueños de Elijo Catamarca con Unión por la Patria, bloque que abandonaron en diciembre por órdenes de su gobernador. También votó negativamente junto al peronismo Jorge "Gato" Fernández de Primero San Luis.

Los 100 votos en contra se completaron con 4 del Frente de Izquierda y la cordobesa Natalia de la Sota, que tiene su monobloque.

Durante la votación en particular, los diputados de UP Ramiro Gutiérrez y Emir Félix dejaron sentado su voto a favor del Capítulo I de la iniciativa, referido a la baja de la edad de la imputabilidad de 16 a 14 años.

Sin ninguna abstención, sí hubo 7 ausentes: Carlos Cisneros y Roxana Monzón por Unión por la Patria; Daiana Fernández Molero (Pro), por el interbloque Unidos; Mónica Frade (Coalición Cívica), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), por el interbloque Unidos; y la monobloquista Marcela Pagano (Coherencia).

Luego de más de una década de discusión -pero sin avances- en torno al tema, muy recurrente ante casos mediáticos de conmoción social, el Congreso dio el primer paso hacia la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para menores que cometen delitos.

Después de más de ocho horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó un nuevo Régimen Penal Juvenil por 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. La media sanción logró el aval de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, el grueso del interbloque Unidos y otros bloques provinciales.

A favor votaron los 95 integrantes de La Libertad Avanza; 21 integrantes del interbloque Fuerza del Cambio (Pro y UCR); 19 de Unidos; los 7 de Innovación Federal (misioneros y salteños); los 3 tucumanos de Independencia; los 2 de País Federal; los 2 del MID; y los 2 sanjuaninos de Producción y Trabajo. Y por la negativa, los 92 presentes de Unión por la Patria; los 4 del Frente de Izquierda; los 3 de Elijo Catamarca; y la cordobesa Natalia de la Sota.

Los primeros 10 Capítulos de la norma fueron aprobados a mano alzada luego de que el oficialismo rechazara varios pedidos de modificación (con excepción de los leídos por la miembro informante vinculados a ajustes de redacción que remarcaron que los adolescentes no serán albergados juntos a reclusos mayores de edad) que surgieron por parte de Provincias Unidas y la Coalición Cívica.

Sin embargo, el Capítulo XI que contempla la asignación presupuestaria se votó nominalmente por pedido del Frente de Izquierda y el interbloque Unidos. De todas maneras, resultó aprobado con 135 votos afirmativos, 100 negativos y 13 abstenciones.

La Ley Penal Juvenil fue incorporada a fines de enero por el Gobierno nacional en el temario de sesiones extraordinarias, tras el macabro crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. La mamá del joven asesinado por un grupo de menores estuvo presente este jueves en el Congreso.

En julio de 2024, el Poder Ejecutivo había enviado un proyecto de ley con la baja en la edad imputable en 13 años, que fue dictaminado el 6 mayo del 2025, pero perdió estado parlamentario tras la renovación de la Cámara.

Al igual que en aquella ocasión, esta semana el oficialismo logró el acompañamiento de los bloques aliados y dialoguistas para dictaminar, pero los consensos determinaron la edad en 14 años. Asimismo, la pena máxima para un adolescente que infrinja la ley será de 15 años y no de 20, como preveía originalmente el PEN.

El dictamen también aclara la asignación presupuestaria para el cumplimiento de la ley. Si bien el Poder Ejecutivo había mandado un nuevo proyecto el lunes pasado -que a las horas retiró-, la iniciativa contiene las partidas estimadas por el Gobierno: un total de $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607.158.51 de la Defensoría General de la Nación.

A pedido de la oposición dialoguista y con el objetivo de que Nación afronte los costos que las jurisdicciones tengan para adecuar sus sistemas, el articulado reza que "la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción".

En pocas horas, tras la media sanción de la Reforma Laboral, este es un segundo importante tema que el gobierno de Javier Milei se anotó. El proyecto será enviado rápidamente al Senado, donde intentarán que se sancione antes del 1ro. de marzo.

El nuevo régimen busca reemplazar la legislación vigente, la Ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad, vigente desde 1980, durante la dictadura. Uno de los últimos artículos del proyecto prevé su derogación.

El debate en el recinto

Primera oradora del debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado consideró que el nuevo Régimen Penal Juvenil va a ser "un gran paso para Argentina". "Esta Cámara tuvo muchas intenciones desde el año 2000 de modificar algo que, a todas luces, es tremendamente injusto, que es la manera con el Estado trata a nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal", sostuvo.

En ese sentido, la legisladora bullrichista, integrante del bloque de La Libertad Avanza, señaló que "la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas". Además, detalló los principales puntos del proyecto que se trató en un plenario de comisiones y que ella encabezó como presidenta de Legislación Penal.

Al igual que en 2025, Rodríguez Machado llevó adelante los acuerdos para avanzar el Régimen Penal Juvenil.

Al defender el dictamen de su espacio, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz calificó como “mamarracho jurídico” al proyecto del oficialismo. En cambio, dijo que ellos tienen “un dictamen propio que fija una posición clara: los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años, y en la concurrencia de delitos graves la pena máxima será de 10 años -expresó-. Nos hacemos cargo de lo que escribimos, eso cumple el principio de una pena proporcional, diferencial, con un sistema que lo va a juzgar, defender, y le va a dar una salida en base a la Constitución. Pero además de encargarnos de los jóvenes punibles, de los 31 especialistas que pasaron. Pena progresiva; proporcionalidad en la pena; lugares especializados, no durlock en cárcel de adultos. Queremos como último ratio la pena de libertad en lugares que tenemos que reconstruir en muchas provincias, o tenemos que volver a hacer en otras”.

Dirigiéndose al oficialismo, lanzó que “no tiene la solución al problema; esta no lo es. Esto no se soluciona con marketing político, cambiando la edad, como si fuera un juego de póker. Se soluciona conociendo primero la realidad argentina, las normas procesales de cada provincia, entre otras cosas”. E insistió en que “la no punibilidad tendrá que tener una respuesta también, incluso cuando comete un delito”.

A su turno, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que no se "hay un montón de aportes" de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría que "lamentablemente no fueron tenidos en cuenta". "La opinión ha sido muy potente alrededor de que tengamos en este tema todos los cuidados que teníamos que tener, lamentablemente fueron desoídos", agregó.

Para el santafesino, en esta iniciativa hay "un vacío de política pública alrededor de los niños y adolescentes no punibles", al tiempo que "no dice una palabra sobre la cuestión preventiva". "Y hay un abordaje desde el punto de vista presupuestario ínfimo, que no incluye a las provincias", observó.

En su intervención, Ramiro Gutiérrez (UP-Buenos Aires) aclaró que “nuestro proyecto tiene 16 medidas cautelares para que un juez pueda intervenir desde el momento que se ha cometido un delito”. Asimismo aseguró que ese dictamen “prevé la privatización de la libertad para los 8 casos graves en los que estamos de acuerdo todos: la violación, la violación seguida de muerte, el homicidio, los actos de tortura”.

Y sobre el final dijo que “la respuesta debe estar en un régimen penal juvenil fondeado en un Código Penal”, por lo que le pidió a su par Rodríguez Machado la posibilidad de revisar a lo largo de esa jornada incorporar en el Código Penal una pequeña modificación al artículo 34, que establezca que no son punibles todas aquellas personas que no hayan cumplido los 14 años de edad. “Si usted toma esa modificación que yo le estoy pidiendo esta ley, esta ley va a tener destino. Sino, va a terminar judicializada, a tiro de que cualquier magistrado entienda que la única forma de establecer una ley de comprensión de la criminalidad del acto debe estar fijado en el Código Penal y no en una ley complementaria”.

Más adelante, las diputadas del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá cuestionaron duramente la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad y advirtieron que "es para la persecución penal de los pibes".

En esa línea, Bregman aseguró que esta ley es "para darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios". "No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora", alertó y añadió: "El Gobierno de 'no hay plata' tiene plata para la persecución penal de los pibes".

Mientras que Del Plá consideró que "lo único que van a conseguir bajando la edad a 14 años es que las bandas de narcos vayan a buscar como soldaditos a los pibes de 10, 11 y 12". "Esta ley no resuelve ningún problema y es tirar a las niñeces a la hoguera, en lugar de protegerlas, que es lo que deberíamos hacer", subrayó.

El libertario Santiago Santurio remarcó que “estamos debatiendo delitos graves” y explicó: “Un menor en el cual mata a una persona con dolo y, también lo hace en circunstancias que, cuando salga porque no tiene ningún tipo de pena, vuelve a hacerlo”.

“A los que les gusta el Estado presente, parece que acá quieren Estado ausente que haga la vista gorda porque la punición no es la solución. Piensan y dicen que no es la solución para los menores de edad, pero la verdad es que la mayoría piensa que tampoco es para mayores de edad”, apuntó contra el kirchnerismo y cerró: “Esta es una función prioritaria del Estado, dar respuesta a la delincuencia con estos delitos graves. Este Régimen Penal Juvenil no es la solución definitiva, pero es una respuesta fundamental que es reclamada hace tiempo y va a ser beneficioso tanto para los que cometen delitos, como para todas las víctimas”.

En línea con la postura de la oposición dura que considera que esta Ley tiene un sesgo punitorio, la diputada nacional Agustina Propato de Unión por la Patria lo catalogó de “irrazonable cargado de anuncios rimbombantes, pero irresponsables”. Se refirió a la lectura del despacho y cargó que la Ley Penal Juvenil “es tremendamente inaceptable y es contraria a los estándares internacionales”.

Por otro lado, reiteró su pedido de crear una comisión bicameral de seguimiento del Régimen Penal Juvenil, y agregó que esta iniciativa “no agrega nada, solamente un titular que se lleva Patricia Bullrich”. Remarcó, además, que los padres de jóvenes procesados por delito “piden que el Estado se haga cargo de las trayectorias delictivas”. “Patricia se te cae el slogan que ‘el delito no tiene edad’”, concluyó.

Miguel Pichetto dejó en claro que apoya la baja en la edad de imputabilidad en 14 años, pero descree que el Gobierno nacional vaya a girar los fondos presupuestarios establecidos en la redacción del proyecto. “El metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”, explicó, y agregó: “Esta ley requiere una cláusula especial para que en las provincias entre a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”.

Muy crítica del proyecto oficial, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) se preguntó si esto soluciona el problema de la inseguridad, o da respuesta a todos esos niños que están cerca de cometer un delito. “¿Esto previene? No, no previene. Esto no soluciona la inseguridad, porque sabemos que el número del delito juvenil es ínfimo. Creemos que esto tiene que ver con buscar un título rimbombante, porque es más fácil decir que estamos haciendo algo que hacerlo de verdad”, sostuvo la diputada cordobesa.

“Porque hacerlo de verdad implica un compromiso enorme del Estado -continuó-. Una voluntad política real de fundamentalmente poner los recursos necesarios y las políticas públicas necesarias para combatir la pobreza, la deserción escolar, la marginalidad, la violencia el narcotráfico”.

En su alocución el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, resaltó que “estamos dando un debate necesario que la política viene postergando hace décadas. Un debate de una ley que tiene cerca de 50 años para una violencia desbordada”.

“Hay más de 90 proyectos presentados para hacer esta reforma. Incluso ‘Coqui’ (Jorge) Capitanich presentó hace 20 años un proyecto que planteaba bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. El exministro de Seguridad, Sergio Berni, también planteó la baja de edad. No es un problema de los partidos, sino de ver la realidad”, le enrostró al kirchnerismo.

Ritondo aclaró que “con esta ley no significa que mañana vamos a terminar con la delincuencia. No va a alcanzar con cambiar el número en el Código Penal, no lo va a resolver. No solo se trata con bajar la edad porque vi cómo organizaciones narcos reclutaban jóvenes”. En ese sentido, criticó: “Los que hoy plantean soluciones también tuvieron sus mayorías en Diputados, gobernadores, no dieron ninguna discusión porque no la quisieron plantear porque tienen una mirada ideológica distinta”.

“Bloquear este debate, no responsabilidad a un menor que tiene consciencia que está cometiendo un delito no es un acto de humanidad, sino de abandono”, lanzó y agregó: “Nunca pensé escuchar a un legislador decir que ‘la delincuencia dignifica’”. Así, el jefe del bloque Pro explicó que “esto da una herramienta clave, respuestas sensatas”, y aclaró: “Es prudente, realismo institucional y científico dejar la edad en 14, no hay consenso científico sobre la comprensión criminal plena a los 12 años y también por la capacidad real del Estado”.

La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, dijo que “Santa Fe reclama obviamente un régimen penal juvenil. A muchos jóvenes el narcotráfico los capta para ser soldaditos de redes penales. Todos aquellos que dijeron que esta ley no salva a los pibes y los condena al menos desde la mirada que tenemos los santafesinos les quiero decir que probablemente sea un resguardo para que los narcos no los vayan a agarrar”. Así las cosas, consideró que “ese es un punto favorable, creo, de la ley, porque la imputabilidad hace que a muchos chicos, por ser punibles, los narcos no los agarren y los salvemos”.

“Pero no se resuelve el tema que nos toca atravesar con represión; obviamente hay que tener inversión social, pero esa inversión tiene que darse en conjunto, no la puede poner el Estado provincial”, cerró la legisladora.

Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, se dirigió a un legislador de Unión por la Patria: “Vos te negas a modificar una ley… los que dicen que defienden los derechos humanos, se niegan a cambiar una ley de 1980”. Celebró la aprobación de la Ley Penal Juvenil y afirmó que son “respuestas para darle a esos jóvenes que delinquen”.

La intervención del santafesino se vio interrumpida varias veces por los gritos que venían del flanco opositor, y fue allí cuando lanzó: “Un joven que delinque hoy creció durante los gobiernos kirchneristas ¿qué hicieron ustedes para cometa delitos? No hicieron nada”. “Esta ley viene a devolver la justicia y reconocer una realidad para poder cambiarla porque la norma ejemplifica y cumple un rol en los jóvenes que venían creyendo que da lo mismo portarse bien que portarse mal”, concluyó.

Otros puntos de la nueva Ley Penal Juvenil

La iniciativa prevé una serie de medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podrían aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.

En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.

La norma prohíbe la prisión perpetua y cuando el adolescente, recluido en instituto o centro de detención, haya cumplido los dos tercios de la condena, el juez a cargo de la causa podrá considerar sustituir el encierro por otras medidas.

También se habilita la mediación penal para delitos con penas máximas de hasta 6 años; y la suspensión del proceso a prueba (para delitos cuyo mínimo de pena no exceda de los 3 años de prisión), con la opción de la reparación del daño y medidas comunitarias.

El proyecto también menciona la figura del "supervisor"; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos.

La ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial.

Mientras la Cámara de Diputados debate la Ley Penal Juvenil, el presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, se expresó a favor de la iniciativa, pero criticó a Patricia Bullrich -sin nombrarla- y descree que el Gobierno nacional vaya a asignar las partidas presupuestarias correspondientes que el artículo 51 establece para la adecuación de establecimientos de detención.

“Estamos frente a un viejo debate y circular que están en la Argentina, parecido a la Reforma Laboral que aparece siempre que hay un gobierno no peronista”, cargó el legislador. Se refirió al crimen de Jeremías Monzón y recordó que se empezó a discutir en 1998 por impulso del expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, a quien consideró “un hombre que conocía bien el conurbano”.

Sobre este debate, particularmente, lo catalogó como “una medida de impacto en realidades que ocurren en una sociedad rota, en decadencia y donde se ha perdido el valor de la escuela pública y la familia como elemento de contención que son parte de la incorporación de jóvenes al delito”. Sin embargo, señaló que “tomando los porcentajes no es tan alto porque no llega al 2%”.

Crítico del oficialismo, explicó que “detrás de este proyecto, hay un Gobierno que no invierte en infraestructura y en educación”, y añadió: “Estas son medidas de efecto que sirven para lucimiento de determinados senadores o exministras que, no conformes con 14 y que quisieran 13 o talvez 10, porque eso las coloca más a la derecha y las pone en el lugar del facilismo discursivo satisface a algunos sectores”. “La pavada de ‘delito de adulto, pena de adulto’ estuvo circulando todo el mes de enero en la Argentina”, cuestionó.

Luego, reiteró que “estoy de acuerdo en bajar a 14 porque la media internacional de la mayoría de los países”, pero señaló: “Esta ley requiere inversión para en el proceso educativo y construcción de edificios para poner a los menores para tratar de reconstruir penas reducidas”.

Directo a la redacción del texto y la asignación presupuestaria de más de 23 mil millones de pesos, señaló que son “recursos insignificantes”, y advirtió que “el metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”. También, sugirió que “esta ley requiere una cláusula especial para que en las provincias entre a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”.

En el final, recordó sus posturas en debates anteriores -cuando fue senador y en anteriores mandatos- y reiteró: “Estoy de acuerdo en bajar la punibilidad en 14 años”, pero advirtió que sirve “para no hablar de la pérdida de empleo y salario real de la Argentina”. “Permítanme dudar de que el Gobierno vaya a poner el presupuesto de esta ley”, concluyó.

Durante el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil, las diputadas del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá cuestionaron este jueves duramente la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad y advirtieron que "es para la persecución penal de los pibes".

"No deja de asombrarme cómo se discute en una burbuja", arrancó Bregman, que señaló que este tema "llega en un momento totalmente a contrapelo de la situación de los niños, niñas y adolescentes en el mundo".

Y continuó: "No deja de asombrarme, por más que la que hable sea Patricia Bullrich, este lema de 'delito de adulto, pena de adulto'. ¿Delito de diputado, pena de diputado para (José Luis) Espert? ¿Cómo llevamos esa regla a la práctica? Porque de los delitos que comenten los que están acá adentro no se habla más. Los crímenes del poder se protegen".

"Algunos se dicen peronistas, ¿pero saben que el gobierno peronista en 1954 subió la edad, no la bajó?", lanzó. Además, recordó la Ley Agote "persecutoria, estigmatizante" y dijo que esta iniciativa "tiene el mismo concepto que la Ley Agote; los que vienen a modernizar atrasan 120 años en cada uno de los temas que tocan".

La porteña mencionó también la media sanción de "la nefasta contrarreforma laboral, tan regresiva, que va a dejar a las niñeces en una situación mucho peor. Cuando una mamá tenga un tratamiento de cáncer, por ejemplo, le van a pagar menos salario".

Para la legisladora del FIT, esta ley es "para darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios". "No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora", alertó y añadió: "El Gobierno de 'no hay plata' tiene plata para la persecución penal de los pibes".

A su turno, Del Plá habló de "un día muy triste" que arrancó con "la media sanción de la reforma laboral nefasta" y continúa con el tratamiento de este tema. Dirigiéndose a los familiares de víctimas presentes en el recinto, la diputada expresó: "Quiero decirles que les están mintiendo diciéndoles que van a tener una resolución con esta ley, porque en realidad lo que han hecho los jueces, el sistema judicial y político es desentenderse para aquellas situaciones de las cuales han sido víctimas tengan una resolución".

En esa línea, consideró que este debate "es una gran farsa", mientras "se reducen todos los presupuestos de las medidas preventivas". Y resaltó que los menores irán a "lugares espantosos, donde ninguno de esos pibes va a salir mejor de cómo entró".

"No hay un organismo especializado en niñez y juventud que diga que esta ley va a resolver algún problema", insistió y sostuvo que "están votando no solo una medida para aumentar la persecución a nuestros pibes, sino que están votando que justamente se destinen los recursos a instituciones de encierro y se sigan sacando de todos los ámbitos donde hay que proteger a las niñeces en un contexto de pobreza y ajuste brutal".

Del Plá enfatizó que "lo único que van a conseguir bajando la edad a 14 años es que las bandas de narcos vayan a buscar como soldaditos a los pibes de 10, 11 y 12". "Esta ley no resuelve ningún problema y es tirar a las niñeces a la hoguera, en lugar de protegerlas, que es lo que deberíamos hacer", completó.

La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado estuvo a cargo este jueves del inicio del debate del proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil, el cual consideró va a ser "un gran paso para Argentina".

"Esta Cámara tuvo muchas intenciones desde el año 2000 de modificar algo que, a todas luces, es tremendamente injusto, que es la manera con el Estado trata a nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal", sostuvo.

Primera oradora de la jornada, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal remarcó que "actualmente nos rige una ley suscripta en 1980, en un momento oscuro de nuestra Argentina, cuando no regían los principios democráticos. Y durante muchísimo tiempo nadie hizo nada al respecto, tal vez escudándose en el tema de la edad".

En ese sentido, la legisladora bullrichista, integrante del bloque de La Libertad Avanza, señaló que "la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas".

Al recordar el debate que se dio meses atrás, la cordobesa apuntó que se escuchó a más de 30 especialistas, entre ellos "neurólogos, médicos especialistas en salud mental, especialistas en desarrollo cognitivo", quienes explicaron que "a partir de los 12, 13 o 14 años aproximadamente un menor tiene absoluto conocimiento de que está cometiendo un hecho ilícito frente a la ley", ya que cuenta con "discernimiento y voluntad".

Por otro lado, rechazó: "Nosotros no amontonamos menores en los establecimientos como pasa ahora". Y destacó que en el proyecto se prevé "un tratamiento para que la función final de los establecimientos sean resocializar al menor".

"¿Hoy qué pasa con los menores de 16 que ustedes (a la oposición) dicen que no hay que tocarlos? Están en establecimientos penitenciarios de menores sin ningún tipo de proceso. Porque no hay ningún juez se anime a firmar su libertad, porque saben que si los dejan sueltos siguen cometiendo delitos", lanzó.

Y continuó: "Hay una especie de gris que los tienen ocultos sin un debido proceso legal, sin normas internacionales de defensa, sin normativa de resocialización. Porque lo que quieren ocultar es una realidad. Lo peor es que siguen bajo los efectos de la droga, siguen siendo parte de organizaciones criminales que los adoptan como mano de obra inimputable, siguen en familias que no los contienen".

"Hoy tenemos un consenso histórico de poder cambiar esa realidad", expresó Rodríguez Machado y retrucó el argumento de "no hagamos nada porque el porcentaje de menores que delinquen son muy pocos". "No creo que haya un argumento más cruel que ese. Decirle a las víctimas de esos delitos que el Estado no va a hacer nada porque no basta con las víctimas de ahora", enfatizó.

La diputada subrayó que "hoy estamos en una nueva Argentina" y "no hay cifra que pueda ocultar la impunidad". "Otro argumento es 'que queremos criminalizar a los pibes'. Es mentira", dijo y mencionó que el proyecto prevé "una cantidad de penas alternativas a la prisión". "Bajo ningún punto de vista vamos a alojar a los menores con adultos", aclaró.

Tras una jornada exitosa para La Libertad Avanza en el Senado, con la media sanción de la Reforma Laboral, se inició este jueves a las 11.18  la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo, con el acompañamiento de bloques dialoguistas, buscará la media sanción de un nuevo Régimen Penal Juvenil, un tema discutido durante años pero que nunca había llegado al recinto.

El quórum de 129 presentes se alcanzó con 95 diputados de La Libertad Avanza, 20 del interbloque Fuerza del Cambio (10 Pro, 6 UCR, 2 MID, Karina Banfi y José Luis Garrido), 7 integrantes de Innovación Federal (salteños y misioneros), 3 tucumanos del bloque Independencia, 3 catamarqueños del bloque Elijo Catamarca y la exlibertaria Lourdes Arrieta, la única del interbloque Unidos en ingresar para aportar al inicio de la sesión. El massista Ramiro Gutiérrez, miembro de Unión por la Patria, amagó con dar quórum pero finalmente no se sentó.

Los proyectos presentados se debatieron durante 2024 y la primera parte de 2025, pero finalmente el dictamen no se trató por falta de votos. Ahora, con la nueva composición, y a raíz de un nuevo caso mediático como el de Jeremías Monzón, el Gobierno retomó el tema y a fines de enero lo incluyó en la agenda de extraordinarias. La mamá del joven asesinado por un grupo de menores se hizo presente en el Congreso este jueves.

Según estimaciones realizadas durante la reunión de Labor Parlamentaria, se esperan 10 horas de debate para este primer tema. Habrá, además, más de una veintena de cuestiones de privilegio que se intercalarán en tandas entre los oradores del proyecto.

De manera exprés, esta semana se terminaron de constituir las comisiones para el tratamiento del régimen penal juvenil (fueron cuatro) y este miércoles se dictaminó, tomando como base el texto del despacho firmado el año pasado.

A diferencia de aquella vez, este dictamen aclara la asignación presupuestaria para el cumplimiento de la ley. Si bien el Poder Ejecutivo había mandado un nuevo proyecto el lunes pasado -que a las horas retiró-, la iniciativa que llega al recinto contiene las partidas estimadas por el Gobierno: un total de $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607.158.51 de la Defensoría General de la Nación.

A pedido de la oposición dialoguista y con el objetivo de que Nación afronte los costos que las provincias tengan para adecuar sus sistemas, el articulado reza que "la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción".

El "corazón" del proyecto es, sin dudas, la baja de la edad de imputabilidad, que pasará de los 16 a 14 años. El Gobierno proponía 13, pero los consensos cerraron en 14.

La iniciativa prevé una serie de medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podrían aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.

En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.

El plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes se fijó en 15 años, aunque originalmente el Poder Ejecutivo proponía 20.

El proyecto también menciona la figura del "supervisor"; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos.

Por otra parte, el temario incluye el proyecto que busca la aprobación del Acuerdo Mercosur - Unión Europea, suscripto el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay. Previamente tuvo dictamen en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur.

En los argumentos de la iniciativa enviada, el Gobierno destacó que el acuerdo tiene como objetivo "establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las Partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales; y desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico".

A causa de este tratado, "Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial", resaltó el Poder Ejecutivo y agregó que "se obtiene acceso a uno de los mayores mercados del mundo" ya que "la UE es un mercado de más de 450.000.000 de personas, por lo que el Acuerdo referido generará un enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios".

Debate del Régimen Penal Juvenil

Primera oradora del debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado consideró que el nuevo Régimen Penal Juvenil va a ser "un gran paso para Argentina". "Esta Cámara tuvo muchas intenciones desde el año 2000 de modificar algo que, a todas luces, es tremendamente injusto, que es la manera con el Estado trata a nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal", sostuvo.

En ese sentido, la legisladora bullrichista, integrante del bloque de La Libertad Avanza, señaló que "la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas". Además, detalló los principales puntos del proyecto que se trató en un plenario de comisiones y que ella encabezó como presidenta de Legislación Penal.

Al defender el dictamen de su espacio, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz calificó como “mamarracho jurídico” al proyecto del oficialismo. En cambio, dijo que ellos tienen “un dictamen propio que fija una posición clara: los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años, y en la concurrencia de delitos graves la pena máxima será de 10 años -expresó-. Nos hacemos cargo de lo que escribimos, eso cumple el principio de una pena proporcional, diferencial, con un sistema que lo va a juzgar, defender, y le va a dar una salida en base a la Constitución. Pero además de encargarnos de los jóvenes punibles, de los 31 especialistas que pasaron. Pena progresiva; proporcionalidad en la pena; lugares especializados, no durlock en cárcel de adultos. Queremos como último ratio la pena de libertad en lugares que tenemos que reconstruir en muchas provincias, o tenemos que volver a hacer en otras”.

Dirigiéndose al oficialismo, lanzó que “no tiene la solución al problema; esta no lo es. Esto no se soluciona con marketing político, cambiando la edad, como si fuera un juego de póker. Se soluciona conociendo primero la realidad argentina, las normas procesales de cada provincia, entre otras cosas”. E insistió en que “la no punibilidad tendrá que tener una respuesta también, incluso cuando comete un delito”.

A su turno, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que no se "hay un montón de aportes" de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría que "lamentablemente no fueron tenidos en cuenta". "La opinión ha sido muy potente alrededor de que tengamos en este tema todos los cuidados que teníamos que tener, lamentablemente fueron desoídos", agregó.

Para el santafesino, en esta iniciativa hay "un vacío de política pública alrededor de los niños y adolescentes no punibles", al tiempo que "no dice una palabra sobre la cuestión preventiva". "Y hay un abordaje desde el punto de vista presupuestario ínfimo, que no incluye a las provincias", observó.

En su intervención, Ramiro Gutiérrez (UP-Buenos Aires) aclaró que “nuestro proyecto tiene 16 medidas cautelares para que un juez pueda intervenir desde el momento que se ha cometido un delito”. Asimismo aseguró que ese dictamen “prevé la privatización de la libertad para los 8 casos graves en los que estamos de acuerdo todos: la violación, la violación seguida de muerte, el homicidio, los actos de tortura”.

Y sobre el final dijo que “la respuesta debe estar en un régimen penal juvenil fondeado en un Código Penal”, por lo que le pidió a su par Rodríguez Machado la posibilidad de revisar a lo largo de esa jornada incorporar en el Código Penal una pequeña modificación al artículo 34, que establezca que no son punibles todas aquellas personas que no hayan cumplido los 14 años de edad. “Si usted toma esa modificación que yo le estoy pidiendo esta ley, esta ley va a tener destino. Sino, va a terminar judicializada, a tiro de que cualquier magistrado entienda que la única forma de establecer una ley de comprensión de la criminalidad del acto debe estar fijado en el Código Penal y no en una ley complementaria”.

Más adelante, las diputadas del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá cuestionaron duramente la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad y advirtieron que "es para la persecución penal de los pibes".

En esa línea, Bregman aseguró que esta ley es "para darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios". "No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora", alertó y añadió: "El Gobierno de 'no hay plata' tiene plata para la persecución penal de los pibes".

Mientras que Del Plá consideró que "lo único que van a conseguir bajando la edad a 14 años es que las bandas de narcos vayan a buscar como soldaditos a los pibes de 10, 11 y 12". "Esta ley no resuelve ningún problema y es tirar a las niñeces a la hoguera, en lugar de protegerlas, que es lo que deberíamos hacer", subrayó.

El libertario Santiago Santurio remarcó que “estamos debatiendo delitos graves” y explicó: “Un menor en el cual mata a una persona con dolo y, también lo hace en circunstancias que, cuando salga porque no tiene ningún tipo de pena, vuelve a hacerlo”.

“A los que les gusta el Estado presente, parece que acá quieren Estado ausente que haga la vista gorda porque la punición no es la solución. Piensan y dicen que no es la solución para los menores de edad, pero la verdad es que la mayoría piensa que tampoco es para mayores de edad”, apuntó contra el kirchnerismo y cerró: “Esta es una función prioritaria del Estado, dar respuesta a la delincuencia con estos delitos graves. Este Régimen Penal Juvenil no es la solución definitiva, pero es una respuesta fundamental que es reclamada hace tiempo y va a ser beneficioso tanto para los que cometen delitos, como para todas las víctimas”.

En línea con la postura de la oposición dura que considera que esta Ley tiene un sesgo punitorio, la diputada nacional Agustina Propato de Unión por la Patria lo catalogó de “irrazonable cargado de anuncios rimbombantes, pero irresponsables”. Se refirió a la lectura del despacho y cargó que la Ley Penal Juvenil “es tremendamente inaceptable y es contraria a los estándares internacionales”.

Por otro lado, reiteró su pedido de crear una comisión bicameral de seguimiento del Régimen Penal Juvenil, y agregó que esta iniciativa “no agrega nada, solamente un titular que se lleva Patricia Bullrich”. Remarcó, además, que los padres de jóvenes procesados por delito “piden que el Estado se haga cargo de las trayectorias delictivas”. “Patricia se te cae el slogan que ‘el delito no tiene edad’”, concluyó.

Miguel Pichetto dejó en claro que apoya la baja en la edad de imputabilidad en 14 años, pero descree que el Gobierno nacional vaya a girar los fondos presupuestarios establecidos en la redacción del proyecto. “El metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”, explicó, y agregó: “Esta ley requiere una cláusula especial para que en las provincias entre a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”.

Muy crítica del proyecto oficial, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) se preguntó si esto soluciona el problema de la inseguridad, o da respuesta a todos esos niños que están cerca de cometer un delito. “¿Esto previene? No, no previene. Esto no soluciona la inseguridad, porque sabemos que el número del delito juvenil es ínfimo. Creemos que esto tiene que ver con buscar un título rimbomante, porque es más fácil decir que estamos haciendo algo que hacerlo de verdad”, sostuvo la diputada cordobesa.

“Porque hacerlo de verdad implica un compromiso enorme del Estado -continuó-. Una voluntad política real de fundamentalmente poner los recursos necesarios y las políticas públicas necesarias para combatir la pobreza, la deserción escolar, la marginalidad, la violencia el narcotráfico”.

En su alocución el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, resaltó que “estamos dando un debate necesario que la política viene postergando hace décadas. Un debate de una ley que tiene cerca de 50 años para una violencia desbordada”.

“Hay más de 90 proyectos presentados para hacer esta reforma. Incluso ‘Coqui’ (Jorge) Capitanich presentó hace 20 años un proyecto que planteaba bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. El exministro de Seguridad, Sergio Berni, también planteó la baja de edad. No es un problema de los partidos, sino de ver la realidad”, le enrostró al kirchnerismo.

Ritondo aclaró que “con esta ley no significa que mañana vamos a terminar con la delincuencia. No va a alcanzar con cambiar el número en el Código Penal, no lo va a resolver. No solo se trata con bajar la edad porque vi cómo organizaciones narcos reclutaban jóvenes”. En ese sentido, criticó: “Los que hoy plantean soluciones también tuvieron sus mayorías en Diputados, gobernadores, no dieron ninguna discusión porque no la quisieron plantear porque tienen una mirada ideológica distinta”.

“Bloquear este debate, no responsabilidad a un menor que tiene consciencia que está cometiendo un delito no es un acto de humanidad, sino de abandono”, lanzó y agregó: “Nunca pensé escuchar a un legislador decir que ‘la delincuencia dignifica’”. Así, el jefe del bloque Pro explicó que “esto da una herramienta clave, respuestas sensatas”, y aclaró: “Es prudente, realismo institucional y científico dejar la edad en 14, no hay consenso científico sobre la comprensión criminal plena a los 12 años y también por la capacidad real del Estado”.

La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, dijo que “Santa Fe reclama obviamente un régimen penal juvenil. A muchos jóvenes el narcotráfico los capta para ser soldaditos de redes penales. Todos aquellos que dijeron que esta ley no salva a los pibes y los condena al menos desde la mirada que tenemos los santafesinos les quiero decir que probablemente sea un resguardo para que los narcos no los vayan a agarrar”. Así las cosas, consideró que “ese es un punto favorable, creo, de la ley, porque la imputabilidad hace que a muchos chicos, por ser punibles, los narcos no los agarren y los salvemos”.

“Pero no se resuelve el tema que nos toca atravesar con represión; obviamente hay que tener inversión social, pero esa inversión tiene que darse en conjunto, no la puede poner el Estado provincial”, cerró la legisladora.

A su turno, el diputado santacruceño Juan Carlos Molina (UP) preguntó: “¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de médicos, no tener centros deportivos, etc.?”.

“Si la neurociencia dice que un pibe de 14 años tiene conciencia de un crimen, ese mismo pibe tendría que tener conciencia para votar o conducir”, planteó y detalló que en las regiones donde se bajó la edad de imputabilidad ha aumentado sensiblemente los niveles de violencia, lo dice la UNICEF que de kirchnerista no tiene nada. Los países con mínimas de 12 años tienen las tasas de homicidios más alto”.

Molina alertó que “esta ley no solo va a meter presos a pibes de 14 años, sino que aquellos que utilizan a esos chicos van a empezar a usar a pibes de 12 años. Estamos criminalizando la niñez y tenemos que estudiar a fondo esto. Los pobres van a ir en cana”.

NOTICIA EN DESARROLLO

En medio de una agitada agenda de martes con la conformación de siete comisiones claves para tratar los proyectos impulsados por el Gobierno nacional, el oficialismo convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para llevar al recinto la Reforma Penal Juvenil en busca de la media sanción.

La citación es para este jueves 12 de febrero a las 11 horas. Además, La Libertad Avanza incluyó el Acuerdo Mercosur – Unión Europea al temario que será debatido en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur durante la tarde de este martes.

El dato curioso de la convocatoria recae en el expediente del Régimen Penal Juvenil que data el 15 de julio de 2024 y no el que el Gobierno envió este lunes al Congreso, donde incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

Esto se debe a que el propio Ejecutivo decidió retirar la iniciativa, debido a que fijaba la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado. Por ello, se espera que el Gobierno envíe en las próximas horas a Diputados la nueva versión.

Tal como había adelantado parlamentario.com, los referentes del oficialismo dieron lugar al pedido explícito de la oposición dialoguista para revalidar el dictamen que se firmó el 6 de mayo del año pasado: bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años; reducir las penas máximas de 20 a 15 años; y la posibilidad de cumplir las condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria, tareas comunitarias, imposibilidad de conducir o reparaciones económicas.

De hecho, algunos referentes de bloques aliados remarcaron que bajar la edad de imputabilidad a 14 años está dentro del rango etario que suscribe la Argentina en los tratados internacionales con jerarquía constitucional por los derechos del menor que se han firmado. Esto mismo ha sido reiterado más de una vez por Patricia Bullrich, autora del proyecto de ley cuando ocupaba el cargo de ministra de Seguridad de la Nación.

Acuerdo Mercosur – UE

El otro tema que será eje de debate en el recinto es el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, suscripto por el presidente Javier Milei en la ciudad de Asunción el pasado 17 de enero. El mismo está compuesto por un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que en conjunto representan alrededor del 30% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y cerca del 35% del comercio global. Desde el Poder Ejecutivo Nacional creen que va a “generar oportunidades de crecimiento, empleo y desarrollo sostenible”.

Según informó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, cuando se llevó a cabo la ceremonia de firma del Acuerdo que presenció Milei junto a los líderes de los países del Mercosur, se va a estructurar en “los pilares comercial, de cooperación y político”. Para los países del Mercosur, se espera un incremento de las exportaciones a la UE y un impulso a la actividad económica mediante acceso preferencial al mercado europeo, con “la liberalización del 92% de los aranceles y mejoras sustanciales para productos agroindustriales”.

Además, la UE se compromete a reconocer 220 Indicaciones Geográficas (IG) del Mercosur, de las cuales 104 son argentinas; un Fondo de Cooperación Reforzada de hasta 1.800 millones de euros para Mercosur (subvenciones y garantías); la recuperación de preferencias comerciales para exportaciones clave como el biodiésel, aceites, langostinos y cítricos; y ventajas inmediatas para productos competitivos como la carne, soja, frutas, legumbres, mate, té, bebidas y productos pesqueros.

De todas maneras, la Unión Europea organizará el Foro UE–Argentina de Inversión y Comercio el próximo 1 y 2 de junio en la Ciudad de Buenos Aires en virtud de “consolidar el diálogo entre actores públicos y privados, identificar oportunidades concretas de inversión y fortalecer las cadenas de valor birregionales”.

A una semana del inicio del segundo tramo de sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados retorna a la actividad oficial con la constitución de siete comisiones. Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; Asuntos Constitucionales; Legislación del Trabajo; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Relaciones Exteriores y Culto; y Mercosur quedarán conformadas a partir de las 10 de este martes.

Tal como adelantó parlamentario.com, el oficialismo trazó la hoja de ruta de esta semana para llegar con chances de aprobar el Régimen Penal Juvenil el jueves 12 en el recinto. El texto fue enviado nuevamente por el Poder Ejecutivo Nacional con la insistencia de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. También se incorporó el artículo de asignación presupuestaria estimado en más de 23 mil millones de pesos.

La Libertad Avanza elevará la propuesta, a las 10 de este martes, para designar a quién ocupará la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes; luego, a las 11, hará lo mismo en la reunión constitutiva de Justicia. Pese a que se barajan una decenas de nombres, desde el bloque son cautos y darán a conocer los nombres directamente en las reuniones convocadas.

Una vez que estas dos comisiones fijen presidente, vice y secretarios, será convocado el plenario entre estas dos junto a Legislación Penal; y Presupuesto y Hacienda para el miércoles 11. La semana pasada, La Libertad Avanza recibió a todos los jefes de bloques en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara baja, para trazar el cronograma y trascendió que el acuerdo con los dialoguistas fija la edad punible en 14 años.

Sin embargo, el gobierno de Javier Milei volvió a enviar el proyecto de ley, esta vez con la rúbrica de la nueva ministra de Seguridad, Alejandro Monteoliva, en donde insiste con la baja en la edad de imputabilidad en 13 años. De todas maneras, refrentes de los bloques aliados revelaron ante este medio que su apoyo está condicionado en fijar la edad en 14 años porque “bajar más se contrapone con los tratados internacionales” suscriptos por la República Argentina.

En virtud del tratamiento de la modificación a la Ley de Glaciares, Diputados va a ratificar al santafesino Nicolás Mayoraz en la Comisión de Asuntos Constitucionales a las 12. El proyecto fue dictaminado en el Senado el 18 de diciembre pasado, pero no está en el temario de la sesión pedida para este miércoles 11 cuando se trata la Ley de Modernización Laboral en la Cámara alta. Así las cosas, la Cámara baja va a constituir la Comisión de Legislación del Trabajo a las 13 a la espera de la media sanción de la Reforma Laboral.

Una hora después, a las 14, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano fijará presidencia y el resto de las autoridades. Según supo este medio, hay muchas chances de que la titularidad de esta comisión, que está abocada al debate de la Ley de Glaciares, podría quedar en manos de un bloque de la oposición dialoguista.

Finalmente, a las 15 y a las 16, serán constituidas las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; y de Mercosur, respectivamente. Ambas estarán ligadas al tratamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre la Región y la Unión Europea, suscripto por el presidente de la Nación el 17 de enero pasado en Asunción. El texto supera las 4.400 páginas y podría comenzar a debatirse la próxima semana.

A horas de que se conformen las comisiones que trabajarán en plenario, el diputado nacional Nicolás Trotta criticó al gobierno de Javier Milei por impulsar la Ley Penal Juvenil. “Reducir la edad de imputabilidad sin fortalecer el entramado institucional es garantizar el fracaso”, lanzó. Este lunes el Poder Ejecutivo de la Nación volvió a enviar el texto con la insistencia en la baja a 13 años y con una asignación presupuestaria definida.

Designado como vocal de la Comisión de Legislación Penal, que quedará constituida este martes a partir de las 13.00, el legislador de Unión por la Patria señaló que “lo que está en discusión no es si hay sanción, sino qué tipo de sanción, con qué objetivos y en qué condiciones institucionales”. También, consideró que “la seguridad no se construye con consignas ni con atajos punitivos: se construye con políticas serias, integrales y sostenidas en el tiempo”.

“La respuesta estatal debe ser firme y responsable: sancionar el hecho, reparar el daño y trabajar para que no vuelva a ocurrir. En esta discusión no solo se juega una política de seguridad, se juega qué sociedad queremos ser”, remarcó Trotta. Si bien el oficialismo acordó con la oposición dialoguista revalidar el dictamen del 6 de mayo pasado con el agregado presupuestario, este lunes el Gobierno envío una nueva redacción con la baja en 13 años.

El plan de La Libertad Avanza es conformar Justicia; y Familias, Niñez y Juventudes para citar a un plenario el miércoles junto a Presupuesto y Hacienda; y Legislación Penal que tendrá como objetivo dictaminar el texto. Luego, el oficialismo en la Cámara de Diputados pedirá una sesión extraordinaria para el jueves 12 con la Ley Penal Juvenil como único tema de agenda.

Unión por la Patria y el Frente de Izquierda son los únicos dos bloques que van a rechazar la iniciativa. Sin embargo, los integrantes de la oposición dialoguista e, incluso, los aliados dejaron en claro que apoyarán el Régimen Penal Juvenil con la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El Gobierno nacional reenvío el texto este lunes, ingresó por Mesa de Entradas de la Cámara baja, y definió un asignación presupuestaria de $23.739.155.303,08 destinados a adecuar los centros de detención para que alberguen adolescentes y la contratación de profesionales. Sobre este punto, Trotta concluyó que “cualquier reforma penal debe ser parte de una política integral, articulada con las provincias y acompañada por inversión institucional, social y educativa”.

Con la presencia de los presidentes de todos los bloques en el despacho de Martín Menem, el oficialismo en la Cámara de Diputados delineó el cronograma para avanzar con la Ley Penal Juvenil: el martes 10 quedarán constituidas las comisiones que faltan conformar; el miércoles 11 será el plenario en el que pasará a la firma el despacho; y el jueves 12 de febrero habrá sesión extraordinaria con este único tema.

Luego del encuentro de la Mesa Política de Casa Rosada, el presidente de la Cámara baja arribó poco antes de las 14.30 al Salón de Honor de la Cámara baja, donde encabezó el encuentro junto a Gabriel Bornoroni, presidente del bloque libertario; Silvana Giudici, secretaria parlamentaria; y Laura Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal, cabecera del proyecto.

Además de los representantes de La Libertad Avanza estuvieron presentes Cristian Ritondo del Pro; Pamela Verasay de la UCR; Oscar Zago del MID; Gisela Scaglia de Provincias Unidas; Miguel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal; Gerardo González de País Federal; Alberto Arrúa de Innovación Federal; Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo; Karina Banfi de Adelante Buenos Aires; Maximilano Ferraro de la Coalición Cívica; Fernanda Ávila de Elijo Catamarca; y Gladys Medina de Independencia.

Los bloques de la oposición dura también asistieron a la cumbre en el despacho presidencial de la Cámara de Diputados.  Germán Martínez de Unión por la Patria llegó pasadas las 14 y fue uno de los primeros en irse. El Frente de Izquierda llevó a Myriam Bregman y a Romina del Plá, quienes llegaron en tiempo y forma, y se quedaron hasta el final.

Con Menem como anfitrión, el Salón de Honor albergó a casi 20 titulares de bloque.

La baja en la edad de imputabilidad será de 16 a 14 años

Tal como adelantó parlamentario.com, los referentes del oficialismo dieron lugar al pedido explícito de la oposición dialoguista para revalidar el dictamen que se firmó el 6 de mayo del año pasado: bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años; reducir las penas máximas de 20 a 15 años; y la posibilidad de cumplir las condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria, tareas comunitarias, imposibilidad de conducir o reparaciones económicas.

Sin embargo, una fuente presente en el encuentro reveló a este medio que la única modificación estará en el artículo 52 del dictamen, vinculado a la asignación presupuestaria. Según pudo saber parlamentario.com, quedará establecida la actualización presupuestaria “sujeta a convenios entre Nación y las provincias”, en virtud de la adecuación de las unidades penitenciarias para que puedan albergar adolescentes.

De hecho, algunos referentes de bloques aliados remarcaron que bajar la edad de imputabilidad a 14 años está dentro del rango etario que suscribe la Argentina en los tratados internacionales con jerarquía constitucional por los derechos del menor que se han firmado. Esto mismo ha sido reiterado más de una vez por Patricia Bullrich, autora del proyecto de ley cuando ocupaba el cargo de ministra de Seguridad de la Nación.

Una vez que terminó la reunión en el Salón de Honor, los diputados reconocieron que este detalle se debe a que cuando se pasó a la firma el dictamen del año pasado, no había una Ley de Presupuesto, como sí ocurre actualmente. Cabe recordar que ese despacho tuvo el aval del oficialismo, el Pro, la CC, Democracia para Siempre (hoy en Provincias Unidas) y los integrantes del Frente Renovador dentro de Unión por la Patria.

Un problema reglamentario para la Modernización Laboral

Con relación a la conformación de las comisiones del martes próximo, además de Justicia y Familias, Niñez y Juventudes que abordarán el plenario del Régimen Penal Juvenil, se van a conformar Mercosur; Relaciones Exteriores; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; y Legislación del Trabajo para recibir a la Ley de Modernización Laboral si es que prospera la media sanción en el Senado el próximo miércoles 11.

De todas maneras, tanto oficialistas como opositores dialoguistas dejaron la puerta abierta a la posibilidad de dictaminar la Modernización Laboral el miércoles 18 de febrero y realizar una segunda sesión en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 25 de febrero al regreso del feriado de Carnaval. Sin embargo hay un problema reglamentario que algunos jefes de bloque de la oposición le hicieron conocer al presidente de la Cámara: los dictámenes no pueden firmarse sino hasta diez días antes del cierre del período ordinario o extraordinario. Y como la fecha que figura en el decreto por el que se convocó a esta etapa de extraordinarias tiene como último día el 27 de febrero, el dictamen debería firmarse un día antes.

Imposible, pues el martes 17 de febrero es feriado de Carnaval. La forma que tiene el oficialismo para sortear esta situación es que el Presidente firme un nuevo decreto prorrogando extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, habilitando así el miércoles 18 de febrero como día hábil para emitir dictámenes.

Después, si se alcanza o no dictamen para la reforma laboral en una sola reunión de comisión, ya es otra cosa.

De hecho, el presidente del bloque UP, Germán Martínez, expresó sus críticas en su cuenta de X: “Los libertarios impusieron un cronograma exprés de tratamiento del tema penal juvenil. Quieren dictaminarlo el miércoles 11/2 y tratarlo el jueves 12/2”. Aclaró que él se opuso “tajantemente” a que “un tema de esta profundidad se trate de esta manera. No fui el único”.

Por último, aseguró que “nunca en la reunión se habló ni acordó nada respecto al contenido”.

En la antesala de iniciar las extraordinarias donde uno de los temas fuertes será el debate del proyecto de ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió este viernes al mediodía con familiares de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue asesinado por menores de edad en Santa Fe.

Al cabo de la reunión con la madre de Jeremías que se realizó en la Cámara alta cerca de las 12, la exministra afirmó que trabajarán en conjunto con la familia de la víctima para que la reforma del Régimen Penal Juvenil salga y el caso será tomado como testigo a partir de febrero, durante el debate del tema, más allá de que la justicia no será retroactiva para ese caso.

“Fue un acto de alevosía, impunidad, sadismo, de placer por matar algo que nos conmueve como sociedad”, expresó Bullrich y agregó que vio a la mujer “como a cualquier mamá que le torturan y le matan a su hijo de esta manera, y por supuesto que el Gobierno, que ya venía trabajando con la Ley Penal Juvenil, decidió el lunes pasado ponerlo (en consideración del Congreso) para que la sociedad entera sepa que no podemos seguir así, no podemos seguir teniendo Jeremías que sean asesinados por otros menores, menores matados por menores o menores matados por mayores. Menores que matan y vuelven a su casa como si nada”.

Realmente no hay palabras que alcancen. Escuchar a Romina hablar de Jeremías y de lo que le hicieron te revuelve el estómago.

Me importan dos ovarios si son 50 menores o 500 los que cometen delitos. Saben lo que hacen. Matan y vuelven a su casa como si nada, mientras una familia… pic.twitter.com/8Fl9Z1o5Ix

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 30, 2026

“Se va a trabajar en febrero en Diputados. La legisladora Laura Rodríguez Machado lo impulsó y lo trató durante el año pasado, pero se complicó en el Congreso", recordó y lamentó que "ley penal no es retroactiva y no va a caber, pero ya estuvimos hablando con abogados y la fiscal general de la provincia de Santa Fe para que haya algunas consecuencias y no sea como si nada hubiera pasado”.

“Hubo muchos casos en los que intentamos y no por los casos ni por la convicción, hace más de 20 años que estamos trabajando en esto. Este Gobierno ha tomado la decisión de enviar el proyecto y de trabajarlo y de impulsarlo. Ahora vinimos por todo para tratarlo y va a ser ley en el corto plazo. Sé que esto no le va a traer la justicia que necesitaría Jere, pero va a dejar un legado que va a interpelar a todo el país para educar mejor a los chicos, ara que actuemos antes. Tenemos que trabajar para que no haya chicos asesinos ni violentos”, planteó la senadora.

Por su parte, Romina -la madre de Jeremías Monzón- también dialogó con la prensa acreditada para señalar su apoyo a la baja de edad de imputabilidad. “Necesitamos que no vuelva a suceder. Ver como los asesinos de mi hijo están libre es terrible. Saber que estamos luchando por una ley que no será retroactiva es terrible. Si esto se hubiera votado antes, los asesinos de mi hijo estarían presos en este momento”.

“Es horrible que haya gente que, aun viendo lo que sucede, se opongan porque se siguen acumulando hijos nuestros en nichos y no van a tener ningún tipo de responsabilidad penal los asesinos”, expresó entre lágrimas y agregó: “Espero que salga la ley justamente para evitar estas cosas. Nosotros tuvimos que salir de la audiencia sabiendo que ellos (los autores del crimen de su hijo) iban a volver a sus casas, sabiendo que no iban a tener ni siquiera el antecedente penal… Y eso es terrible… Entonces, lo que exigimos con la ley es que ellos se hagan cargo de lo que hacen. Ellos hicieron algo atroz, se filmaron, lo disfrutaron, lo divulgaron…Es todo muy perverso”.

Bullrich retomó la palabra y se dirigió a sus pares legisladores para que apoyen el proyecto: “Los que nos han elegido no es actuar cuando las cosas pasan, sino por la convicción de tener una justicia penal que ayude a las víctimas, que impida que los casos sucedan, que actúe antes y que no tengamos que lamentar esto. Actuar por la convicción de tener un país que tiene que tener normas como todos los países. No puede ser que tenemos que actuar por un asesinato con alevosía con ese nivel de perversidad, sino por la convicción de qué necesita el país”.

“Me pongo en su lugar como mamá, no podemos tener gente en la Argentina que siga avalando y aplaudiendo y acompañando chicos que matan. Tenemos que terminar con esa cultura”, planteó y agregó: “Tenemos que trabajar en el sistema educativo y social acompañando cada lugar. La teoría de la tolerancia cero es decir al primer acto violento hay que actuar antes para evitar estas situaciones”.

Bullrich explicó: “Algunos dicen que son 50 casos, pero una vida es una vida no importa si son 40 o 50 los menores asesinos. Lo importante es que ese menor que roba o comete un delito a los 13 años o a los 14 y no le pasa nada, va a seguir. A los 18 va a terminar preso o matar a alguien. Entra en una carrera delictual por impunidad”.

El asesinato de Jeremías

Jeremías Monzón, de 15 años, fue asesinado entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025 en la ciudad de Santa Fe. Su cuerpo apareció el día 22 en un galpón o fábrica abandonada frente a la cancha de Colón, en la zona del barrio Chalet. Lo más espeluznante de este horrible crimen, fue que el mismo fue filmado por sus propios agresores, un material que luego se viralizó en redes y servicios de mensajería.

El video —de unos cuatro minutos— muestra torturas y más de 20 puñaladas, aplicadas con un cuchillo y un objeto similar a un destornillador. Le exigían que entregara “la clave y los videos” de su celular.

Los tres involucrados en el hecho fueron una chica de 16 años sindicada como instigadora y dos varones de 14 y 15 años. En la grabación se escucha a la adolescente ordenar: “Matalo… cortale el cuello”.

La chica está detenida en un centro de menores en Rosario, imputada como coautora por homicidio triplemente agravado (alevosía, ensañamiento y concurso de tres o más personas), en tanto que los dos varones fueron identificados como coautores, pero son no punibles según la ley vigente. La Justicia los sobreseyó y el Estado provincial realiza un seguimiento. También quedó detenida como partícipe secundaria la madre de la adolescente.

Además, la legisladora Macha repudió los recientes ataques recibidos en redes sociales por la abogada y exfuncionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Claudia Cesaroni. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se plegó a este repudio.

Macha señaló que el ataque a Cesaroni "da cuenta de su compromiso y la bajeza de sus agresores", indicando que "estos personajes confunden un rato de poder con impunidad".

La legisladora kirchnerista consideró que se trata de "una profesional con trayectoria que aporta argumentos serios y responsables contra la baja de la edad de punibilidad" previo al tratamiento del proyecto en sesiones extraordinarias del Congreso, a partir del 2 de febrero.

En las últimas 24 horas, Cesaroni fue criticada por cuentas de redes de comunicación de militantes de LLA, que agitaron la consigna "Claudia Cesaroni ha muerto".

La abogada, que se desempeña en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) e integró el área jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos entre 2004 y 2010, confirmó que iniciará acciones legales tras considerar que su seguridad e integridad física "están siendo atacadas".

Cesaroni indicó que el proyecto de baja de edad de punibilidad "es peor que el régimen penal vigente, sancionado bajo la dictadura de Videla", y que repone normas de principios del siglo XX, anteriores a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

Remarcó que el 90% de los expertos en la audiencia de comisiones se opusieron al proyecto, que busca resolver un problema cuya magnitud es "inventada" sobre la intervención de menores de 14 años en delitos graves.

El Gobierno nacional oficializó este martes la ampliación del temario de extraordinarias con la inclusión del Régimen Penal Juvenil, respecto del cual, la diputada nacional Mónica Frade (CC- ARI) lanzó una advertencia sobre la iniciativa.

A través de las redes, la diputada planteó que “si no se solucionan las causas, van a necesitar bajar la edad de imputabilidad a 6 años”, y manifestó: “¿Tan difícil es entenderlo? Cuando no se quiere o, no se puede solucionar los problemas de raíz, se propone una ley”.

Frade escribió esa reflexión al compartir el fragmento de una entrevista del programa Buenas Tarde China, donde un director de escuela de Santa Fe contó tener “30 tipos de la barra brava de Colón en la puerta del colegio esperando que se armara bardo”.

Cabe recordar que Frade acompañó el dictamen de mayoría en disidencia el pasado 6 de mayo de 2025 cuando el oficialismo logró sacar despacho.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes que el Gobierno nacional incluirá la “Ley Penal Juvenil” al temario de las sesiones extraordinarias, cuyo proyecto aspira a reducir a 14 años la edad de imputabilidad.

El anuncio llegó luego de la reunión que mantuvo con la mesa política en Casa Rosada para avanzar en la estrategia legislativa. Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei -que no asistió al último encuentro-, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; la senadora y jefa del bloque libertario Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El Gobierno había incluido, ya no la reforma de la Ley Penal Juvenil, sino una más amplia del Código Penal, pero fue raro que, en este segundo llamado para febrero, eso ya no figuraba, siendo que la aprobación de la Ley Penal Juvenil  había sido pedida el año pasado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. Si bien el proyecto tuvo dictamen en mayo de 2025 con algunas modificaciones empleadas por la Secretaría de Justicia, no llegó nunca al recinto, en lo que fue un año muy complicado para el oficialismo.

Sin embargo, la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich volvió a recoger el tema el jueves pasado cuando en redes sociales dijo, a propósito del crimen del joven Jeremías Monzón, de 15 años, quien fue asesinado entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025 en la ciudad de Santa Fe, a manos de tres menores de edad, posteó: “La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara”. Para Bullrich, el resultado es este: “menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”, ante lo cual aseguró que “en este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.

Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad.

La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir.

Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los… https://t.co/VMlyVLEV6X

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 26, 2026

Así las cosas, el lunes próximo 2 de febrero hasta fin de mes, la actividad en ambas cámaras iniciará formalmente con la intención de discutir y tratar centralmente la Reforma Laboral, una de las obsesiones del mandatario. Pese a haber anticipado un temario con la oficialización de la prórroga legislativa, los alfiles negociadores avanzaron en la incorporación del proyecto que reducirá la edad de imputabilidad.

Los otros temas que componen el temario son la modificación a la Ley de Glaciares, la designación del legislador del Pro Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.

A ello se suma el debate respecto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que fue resistido por el Parlamento Europeo, ya que en Casa Rosada evalúan si tratarlo durante el mes de febrero. De resolver avanzar con su tratamiento legislativo tal cual estaba previsto, ingresaría por la Cámara de Diputados. Sin embargo, todavía no fue enviado formalmente y hay un sector que se muestra partidario a posponer el debate dado que, si se trata y aprueba, pero el Parlamento Europeo logra resistirlo, carecería de sentido el accionar del Congreso Nacional.

Jeremías Monzón, de 15 años, fue asesinado entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025 en la ciudad de Santa Fe. Su cuerpo apareció el día 22 en un galpón o fábrica abandonada frente a la cancha de Colón, en la zona del barrio Chalet. Lo más espeluznante de este ya de por sí horrible crimen fue que el mismo fue filmado por sus propios agresores, un material que luego se viralizó en redes y servicios de mensajería.

El video —de unos cuatro minutos— muestra torturas y más de 20 puñaladas, aplicadas con un cuchillo y un objeto similar a un destornillador. Le exigían que entregara “la clave y los videos” de su celular.

Los tres involucrados en el hecho fueron una chica de 16 años sindicada como instigadora y dos varones de 14 y 15 años. En la grabación se escucha a la adolescente ordenar: “Matalo… cortale el cuello”. La chca está detenida en un centro de menores en Rosario, imputada como coautora por homicidio triplemente agravado (alevosía, ensañamiento y concurso de tres o más personas), en tanto que los dos varones fueron identificados como coautores, pero son no punibles según la ley vigente. La Justicia los sobreseyó y el Estado provincial realiza un seguimiento.

Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañas a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenes una posición pro-delincuentes.

¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 23, 2026

El reclamo de Patricia Bullrich

Este jueves la senadora nacional y exministra de Seguridad Patricia Bullrich se pronunció sobre el tema en redes sociales. “Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres”, señaló, recordando que “la Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara”.

Para Bullrich, el resultado es este: “menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”, ante lo cual aseguró que “en este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.

Cabe recordar que la aprobación de la Ley Penal Juvenil fue pedida el año pasado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, y si bien el proyecto tuvo dictamen, no llegó nunca al recinto, en un año muy complicado para el oficialismo.

Ahora fue incluido el tema en el marco de una profunda reforma del Código Penal que se proponía tratar el Gobierno en extraordinarias, pero si bien el proyecto figuró en el primer pedido hecho en diciembre pasado, para la reanudación de extraordinarias en febrero no figura el tema.

El video del crimen formaba parte de la causa judicial, pero terminó circulando masivamente en redes, WhatsApp y Telegram. La familia —representada por el abogado Bruno Rugna— denunció una grave vulneración de la dignidad del menor y exigió que se investigue cómo se filtró:

Se sospecha que pudo haber salido de organismos judiciales o policiales; o que el propio grupo de agresores lo difundió antes de ser detenido. La querella pidió una investigación interna al Ministerio Público de la Acusación, la Policía de Investigaciones y el Poder Judicial de Santa Fe.