Si no hay sesión este martes, o bien si la misma termina temprano, cuatro comisiones de Diputados tratarán a partir de las 17.30 el proyecto que incluye la baja de edad de imputabiliad. Habría acuerdo para avanzar en un texto consensuado entre el oficialismo y la oposición dialoguista.
Con el objetivo de emitir dictamen sobre un tema que ocupa la agenda del Poder Ejecutivo en el Congreso, se reunirá este martes a las 17.30 un plenario de cuatro comisiones para tratar la propuesta de modificación del régimen penal juvenil, que cuenta entre sus principales aspectos con la baja de la edad de imputabilidad.
En un primer momento el encuentro se había citado dos horas y media antes, pero atento al llamado de sesión que hay para este martes, se postergó el horario. Según supo parlamentario.com, habría un acuerdo entre los bloques para que, en caso que la sesión reúna quórum, se concluya antes del horario del plenario de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda.
El temario incluye el proyecto enviado por el Gobierno nacional el año pasado, que propone que los menores que delinquen sean responsables penalmente a partir de los 13 años. En la actualidad es desde los 16. La mayoría de los otros proyectos proponen reducir la edad a 14 años.
En total, hay 14 proyectos sobre la mesa, correspondientes al Pro, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, La Libertad Avanza (el del mendocino Álvaro Martínez, que contempla los 12 años), Democracia para Siempre, UCR y Transformación. Además, dentro del paquete hay cuatro de Unión por la Patria: tres mantienen la edad actual y uno, el de diputados massistas, plantea los 14 años.
De acuerdo con fuentes parlamentarias consultadas por este medio, habría un dictamen de consenso en el que trabajan hace tiempo el oficialismo y los bloques dialoguistas, pero del cual no se conocen hasta ahora mayores detalles.
El último plenario sobre el tema, convocado luego del pedido que hiciera el presidente Javier Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa, y motorizado por la coyuntura del caso Kim Gómez -una niña asesinada por dos menores en La Plata- que conmocionó semanas atrás, se realizó el pasado 12 de marzo.
En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.
Se define que la finalidad será "fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos" y "lograr su educación, resocialización e integración social".
De acuerdo a la iniciativa, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
Estará "prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años
Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima.
También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad.
Asimismo, se contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.
Una cargada agenda en Diputados para este martes y miércoles, con el llamado a una sesión que podría reprogramar planes.
Varias comisiones fueron citadas en la Cámara de Diputados para este martes y miércoles, entre las que se destacan un plenario para dictaminar el proyecto sobre régimen penal juvenil y el arranque del debate sobre iniciativas vinculadas a los jubilados.
La agenda del día martes podría tener reprogramaciones o cambios en función de si reúne quórum o no, y en caso de sí, cuánto se extiende, la sesión que fue convocada por la oposición para las 11.
El día martes a las 10 fue citada en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, cuyo temario incluye un proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el acuerdo marco entre la República Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, suscripto el 2 de noviembre de 2016 en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza; y otro por el cual se aprueba el Acuerdo de cooperación mutua para la vigilancia y control del espacio aéreo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay suscripto en la Ciudad de Montevideo el 29 de agosto de 2012; también proyectos de resolución y declaración.
Para las 16, en la Sala 4, fue convocada la Comisión de Defensa Nacional, que tratará proyectos de resolución; mientras que a las 16.30 en el Salón lllia del Senado hay prevista una reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que tendrá como tema principal dictaminar sobre la Cuenta de Inversión 2017.
En tanto, a las 17, en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara de Diputados, está citada la Comisión de Legislación Penal para designar autoridades vacantes y tratar un proyecto de declaración. Media hora después, se sumarán en un plenario Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, con el objetivo de emitir dictamen sobre régimen penal juvenil.
Para este miércoles, la Comisión de Agricultura y Ganadería tiene prevista una reunión informativa en el Salón Delia Parodi, de la que participarán productores agropecuarios para el debate sobre proyectos que proponen la baja de retenciones.
A la misma hora, pero en la Sala 6 del Anexo de la Cámara baja, comenzará en la Comisión de Previsión y Seguridad Social la discusión sobre la prórroga de la moratoria previsional, la creación de una prestación proporcional por aportes y cambios en algunos regímenes especiales de privilegio.
A las 11.30, en la Sala 4 del Anexo, la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas recibirá a representantes de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Fundación Pro Tejer, Cámara de la Industria del Calzado, Federación Industrial de Santa Fe y Fundación Observatorio PyME para exponer sobre la situación actual del sector.
Finalmente, a las 15, en la Sala 4, la Comisión de Legislación del Trabajo recibirá a representantes de asociaciones, de entidades sindicales y empresarias, y especialistas en la materia para el análisis y consideración de los proyectos para modificar las leyes 14.250 y 23.551, sobre cotizaciones ordinarias y extraordinarias y contribuciones de solidaridad.
Por su parte, en el Senado fueron convocadas para este martes las reuniones constitutivas de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a las 15 y 15.30, respectivamente, ambas en el Salón Illia.
Otro de los ítems en agenda es la reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad con Suecia, programado para este martes a las 11 en el Bajo Recinto de la Cámara de Diputados, con la visita del embajador Torsten Ericsson. Luego tendrá lugar la inauguración de la muestra “La investigación e innovación sueca”, siendo el lugar en la planta baja del Anexo A - Espacio Expositivo.
Aprueban en la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de Diputados un proyecto de ley que modifica la ejecución de condenas a menores de edad por el cual buscan mejorar su reinserción en la sociedad.
La iniciativa, que tuvo el visto bueno de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, busca la regularización de la ejecución de aquellas condenas o medidas cautelares impuestas a jóvenes punibles por delitos cuya comisión o presunción de comisión haya ocurrido antes de alcanzar la mayoría de edad.
La iniciativa, impulsada por la diputada Lucía Iañez sobre básicamente tiene el objetivo de regular la ejecución de aquellas condenas a jóvenes ocurridos antes de alcanzar la mayoría de edad.
También tiene por finalidad que los jóvenes realicen un proceso de comprensión y de responsabilidad de sus actos que les permita participar en su propio progreso personal con el objetivo de lograr su integración socio comunitaria.
Todas las penas y las medidas aplicadas deberán tener el carácter de Socio-Educativas, según se consigna en los fundamentes de la iniciativa aprobada por los diputados.
Asimismo, al cumplir los 21 años de edad, las personas jóvenes condenadas, podrán ser trasladadas a una unidad penitenciaria de adultos para finalizar con el cumplimiento de la condena, aunque se continuará aplicando la presente ley.
No obstante, podrán exceptuarse de ser trasladadas aquellas personas que sean pasibles de adquirir alguno de los tipos de libertades establecidas en las leyes de ejecución, en un lapso de tiempo inferior a tres años, o aquellas personas cuyas condenas sean inferiores a 5 años y al cumplir 21 años hayan cumplido al menos un tercio de la condena.
Para analizar el proyecto, participaron María José Lescano, jueza de Garantías de La Plata; David Perelmuter, juez del Tribunal Oral Nacional de Niñez; Federico Adler, secretario de Juzgado de Garantías del joven; Alicia Blasco, asesora de la Subsecretaria de Responsabilidad Juvenil del Organismo de Niñez y Norberto Liwski, especialista en niñez.
María José Lescano explico que “esta iniciativa es de gran importancia porque viene a contribuir en el control, asistencia y tratamiento de las personas jóvenes que se encuentran privadas de libertad por la comisión de algún delito antes de alcanzada la mayoría de edad”.
David Perelmuter aseguró: “Necesitamos una nueva ley de Ejecución Penal Juvenil y este proyecto incorpora, entre otras cosas, el diseño de las medidas sociales y educativas con el objeto de mejorar la calidad de vida del menor para reinsértalo en la sociedad”.
Por su parte Federico Adler destacó “la importancia de mejorar la ejecución de las penas y otorgar más garantías a los jóvenes que se encuentran privados de libertad por algún delito antes de alcanzada la mayoría de edad”.
Finalmente, Alicia Blasco concluyó que “esta iniciativa permite corregir situaciones y mejorar las medidas dispuestas en cada circunstancia”.
Lo anunciaron de forma conjunta en conferencia de prensa los ministros de Seguridad y de Justicia, respectivamente, quienes expresaron: “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad". El detalle de la iniciativa.
Los ministros de Seguridad y de Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, encabezaron este viernes la presentación del proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil, que el Gobierno Nacional enviará al Congreso, que comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.
Los acompañaron el viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, y el Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto.
"Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia", sostuvo la ministra Bullrich.
En tanto, agregó: "A partir de ahora, el delito, y lo peor que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y estas consecuencias serán acordes a la edad de quienes los cometen. La decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos de estos ministerios de Seguridad y Justicia, es cumplir con una sociedad que pide respuestas".
“Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”, resaltó por su parte el ministro Cúneo Libarona.
La ministra sostuvo que se busca que los jóvenes “no sólo tengan una sanción, sino que esta les permita darse cuenta y no seguir una carrera delictiva”. En ese sentido, Bullrich explicó que para las penas que vayan de 3 a 6 años van a tener alternativas concretas y no estarán simplemente encerrados sin salida.
“Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”, señaló.
— Ministerio de Justicia (@jusgobar) June 28, 2024
La reforma que plantea el Gobierno Nacional se fundamenta en cuatro aspectos principales: la modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente, producto de los acelerados cambios sociales, de los que los jóvenes no están exentos en cuanto a la actuación y comprensión de la criminalidad de los actos; el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región; pero principalmente la protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país.
Además, establece que los adolescentes tienen derechos especiales que deben ser protegidos y respetados en todo momento, incluido el derecho a ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de justicia penal. Por lo tanto, la ley debe garantizar que las respuestas judiciales para los adolescentes imputados estén en consonancia con estos principios y debe ofrecer medidas diferenciadas que tengan en cuenta su edad, nivel de desarrollo y circunstancias individuales. Y en esta línea, la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad.
Según señalaron, actualmente en Argentina la edad de imputabilidad es de 16 años, por lo que “los delitos cometidos por adolescentes menores de esa edad quedan impunes, generando una situación de injusticia tanto para las víctimas como para la sociedad en general”.
Por otro lado, la actual legislación argentina es minoritaria en la región., debido a que explicaron: “La mayoría de los países han establecido edades de imputabilidad más bajas. Solo Argentina y Cuba establecen en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal. Mientras que Chile y Perú la fijan en 14, Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13, Brasil y México en 12, mientras que Granada y Trinidad y Tobago en 7”.
Delito de adulto, pena de adulto.
Enviamos al Congreso una ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Ahora, los delincuentes serán penalmente responsables.
Nuestro compromiso es con la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos de bien.
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) June 28, 2024
Respecto de la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad, manifestaron que “esta urgencia no solo se fundamenta en la protección de la comunidad y el mantenimiento del orden público, sino también en el imperativo de salvaguardar el bienestar y el futuro de los propios adolescentes”.
“La persistencia de tasas en crecimiento de criminalidad juvenil representa un desafío para la seguridad pública que requiere de una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al menor de edad después, para que tenga un futuro de vida en paz y armonía, con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento de la conducta que tuvo”, argumentaron.
“Hoy es un día importante para el país, es un día importante para tantas familias que han perdido a sus hijos en manos de un menor que después de cometer un delito, o peor, un asesinato, volvió a su casa como si nada hubiera pasado. La impotencia, la impunidad que genera que un delito o un asesinato no tenga ningún tipo de condena es la peor condena que podemos tener como país. Si no se reduce la criminalidad juvenil es imposible un desarrollo sostenible y la cohesión social de la Nación”, destacaron.
PRINCIPALES EJES DEL PROYECTO
El proyecto contempla además de la baja en la edad de imputabilidad, un fuero especializado en menores, penas diferenciadas para delitos graves, aceleración en los juicios con un plazo máximo de 2 años y dispositivos especiales para penas privativas de la libertad.
El diputado nacional Diego Santilli presentó este miércoles el proyecto de ley “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, basado en la noción de justicia restaurativa y el respeto por los derechos humanos de los adolescentes, que contempla bajar la edad de imputabilidad en delitos violentos de 16 a 15 años.
Según información estadística oficial de la Corte Suprema de la Nación, casi el 30% de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas son cometidos por menores de 16 años. En ese contexto, Santilli presentó un proyecto de ley que ahonda en los métodos de abordaje restaurativo a cargo de equipos interdisciplinarios, donde tiene mayor relevancia el daño sufrido por la víctima y la comunidad que la violación a la ley.
La finalidad del proyecto, que cuenta con el acompañamiento de los diputados Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias, está puesta en revertir, en lo posible, los efectos del delito en la sociedad. Para ello, se prevé que las personas adolescentes se hagan responsables de los actos que realizan y que reparen los daños causados.
En ese sentido, en lugar de que la única consecuencia sea la cárcel, el proyecto propone que los adolescentes deban realizar todas las medidas posibles para reparar el daño producido por el delito. Asimismo, las víctimas y la comunidad que sufrieron daños tendrán derecho a participar en todo el proceso, con márgenes amplios de acción y participación, pudiendo proponer modos de reparación.
Santilli plantea que el castigo y la reparación son parte integral de un sistema de responsabilidad penal juvenil y que, por ello, en caso de que las medidas de reparación sean incumplidas o fracasen por culpa de la persona que delinquió, las autoridades judiciales puedan disponer las penas privativas de libertad, las cuales van hasta los 10 años de prisión, con excepción de los casos de homicidio y abuso sexual agravado, en los cuales el máximo de la pena sube a 15 años, en razón de la gravedad de los delitos.
El proyecto de ley prevé que los juicios contra personas adolescentes sean realizados en el plazo máximo de dos años y, en caso de que el plazo transcurra sin que el proceso llegue a su finalización, constituirá una falta grave para las autoridades judiciales intervinientes. De esta manera, se evita la posibilidad de que las autoridades judiciales “cajoneen” expedientes, estableciendo responsabilidades claras.
En caso que la iniciativa sea aprobada, se buscará evitar la saturación del sistema penal mediante la creación de un fuero especializado de justicia penal juvenil, que descomprimirá el trabajo de los tribunales penales y permitirá llegar más rápido a la finalización de los juicios.
Además, el diputado nacional propone la desjudicialización de los procesos penales, lo que permitirá al Estado contar, como primera respuesta al delito, con diferentes medidas socioeducativas, que deberán llevarse a cabo de acuerdo al Abordaje Restaurativo, entendido como un proceso en el que todas las partes implicadas en un conflicto (ofensor, víctima y comunidad) resuelven colectivamente cómo manejar las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro.
A su vez, se prevé el abordaje restaurativo de trabajo desde la interdisciplina, a fin de que las decisiones no se tomen en forma aislada, dispersa y fraccionada, sino mediante acuerdos y espacios de escucha entre diferentes perspectivas teóricas, en sintonía con lo que han establecido en los últimos años diferentes convenciones y normas internacionales en materia de derechos de adolescentes.
“El presente proyecto se inserta en una idea republicana y democrática del derecho penal, pero que tiene en cuenta las desigualdades existentes entre las personas y, por ende, que la respuesta punitiva por sí misma no es posible sin entender esas desigualdades”, expresó Santilli.
Al respecto, manifestó: “La idea de justicia restaurativa, entendida como ‘una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad’, es la que guía el núcleo del sistema penal juvenil propuesto”.
“Siguiendo esta noción, el proyecto instaura un sistema que prioriza la realización de medidas restaurativas, por fuera del sistema judicial penal, estableciendo la excepcionalidad de las penas privativas de la libertad, y solo cuando el resto de las medidas hayan fracasado”, añadió.
5958-D-2022