La Cámara baja avanzó este miércoles con una modificación a la Ley 24.769, de Régimen Penal Tributario, actualizando los montos por el delito de evasión tributaria.

Se consensuaron sendos proyectos presentados por los diputados Oscar Agost Carreño y Ricardo López Murphy, reflotados cuando el Gobierno presentó un proyecto en el mismo sentido para respaldar la iniciativa endiente a utilizar los “dólares bajo del colchón” que no comenzó a ser tratada siquiera en comisiones.

El proyecto consiguió media sanción con 226 votos favorables, ninguno en contra y 6 abstenciones, y permite actualizar los montos que determinan la tipificación de delitos tributarios, reemplazando valores fijos en pesos por una unidad de medida variable basada en el precio de la nafta súper.

El diputado Agost Carreño defendió la iniciativa señalando que se trata de una ley que “trasciende la coyuntura” y cuya idea le surgió en 2023, cuando conoció la experiencia de una heladería de barrio en crisis, que no pudo pagar una deuda y el problema devino en una causa penal. “La justicia está sobrepasada de este tipo de causas que se trataban como faltas tributarias, no delitos. López Murphy presentó un proyecto similar en 2024.

“Esto le  cambia la vida a la gente -aseguró Agost Carreño-, pero sobre todo a muchas PyMEs y MicroPyMEs. La inflación avanza y el Congreso no actualiza los montos. Si no aprobamos esto, la justicia no se puede abocar a problemas más serios como son el lavado de dinero, el narcotráfico o la trata de personas”.

A su turno, López Murphy consideró el proyecto como “sencillo y razonable, que busca actualizar los montos y establecer un mecanismo automático de actualización, de modo de no requerir la intervención del Congreso en el futuro. Con esto restablecemos los principios de equidad, eficiencia y previsibilidad. Lo que hacemos es algo que ya se previó en 2017, con la unidad de valor tributario, pero nunca se aplicó”.

Miembro informante fue la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado, quien valoró que hubieran encontrado “un punto, o varios, de coincidencia”, lo que a su juicio demuestra que “es posible ponernos de acuerdo en votar un proyecto que no implique carga fiscal, ni creación de tributos”. Y cerró considerando “un muy buen augurio que esta cámara encuentre en este tipo de proyectos la posibilidad de unanimidad”.

Unanimidad que no se alcanzó por las abstenciones que hubo, en especial de toda la izquierda.

El proyecto

Volviendo al proyecto, en cuanto a la actualización de montos, se reemplazan los valores fijos en pesos por “unidades fijas” (UF), equivalentes al precio de 2.000 litros de nafta súper en YPF ACA.

La Procuración General de la Nación actualizará y publicará el valor semestralmente.

En cuanto a las modificaciones penales, se endurecen las penas por evasión simple y agravada, fraude en beneficios fiscales, uso de facturas falsas, y apropiación indebida de reintegros o subsidios.

Las penas van de 2 a 9 años de prisión, según el monto evadido y la modalidad del delito.

Asimismo se penaliza con prisión el no depósito de aportes retenidos a empleados o recursos de la seguridad social, si el monto supera 5 UF por mes. Se obliga a AFIP y organismos provinciales a habilitar el pago separado de aportes retenidos.

Con esta iniciativa se busca evitar el colapso de los tribunales federales y mejorar la proporcionalidad en la persecución penal tributaria. Se toma como antecedente el sistema de unidades fijas ya aplicado en la Ley de Narcotráfico (Ley 23.737).

Paralelamente a la conferencia de prensa en la que el Gobierno dio a conocer el plan que apunta a los “dólares del colchón”, la Oficina del presidente informó que Javier Milei ordenó la implementación de lo que ha dado en llamarse Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos “para liberar las fuerzas oprimidas de la economía”.

Para esto, se instruirá al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a implementar disposiciones destinadas a simplificar la vida económica de los ciudadanos y garantizar la libre utilización de sus ahorros.

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente destacó que estas reformas representan “un cambio de paradigma en el país”, a partir del cual “los ciudadanos dejarán de ser tratados como delincuentes hasta que demuestren lo contrario y primará la presunción de inocencia con plena libertad para decidir el destino de sus ahorros sin la persecución de burócratas que se sienten parte de una clase superior”.

Las medidas incluyen elevar los umbrales de regímenes de información, derogar los regímenes informativos para compras de consumidores finales; se simplificará la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y se implementará un sistema de Finanzas Abiertas, entre otras.

“Esta excesiva recopilación de datos, que supuestamente permitiría al Estado controlar el dinero ilícito, ha demostrado ser totalmente ineficaz -plantea el comunicado-. Con estas reformas, se reducirá el universo de información que se recepta y se podrá enfocar en las operaciones verdaderamente sospechosas, priorizando la investigación, búsqueda y  denuncia de narcotraficantes, corruptos y otros delincuentes".

Según la Oficina del Presidente, “la Argentina de los cepos, de la inflación desmedida y de la burocracia extrema provocó que los ciudadanos escapen hacia la informalidad y tengan que proteger sus ahorros de las garras del Estado”.

El Gobierno anticipó que “para consolidar estas reformas y hacerlas permanentes, se enviará un proyecto de ley con modificaciones a la Ley Penal Tributaria y a la Ley de Procedimiento Tributario, que permitirá “defender a los argentinos de aquellos que han llevado a la Argentina a la decadencia económica y social; y que, de tener nuevamente la oportunidad de gobernar, no dudarían en volver a tomar las mismas medidas con las que emprobrecieron a la ciudadanía”.

El comunicado concluye anunciando que a partir de esta fecha “se terminó la era de la persecución a los argentinos de bien y el Estado se dedicará a hacer su trabajo, que es defender el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los argentinos”.