El gobernador Axel Kicillof envió “tres proyectos prioritarios” de la gestión al Senado para que "tomen estado parlamentario" ante la inminente sesión ordinaria de este miércoles.
A pocas horas de la primera sesión ordinaria del año en el Senado bonaerense, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destrabó la agenda legislativa al enviar tres de los proyectos de ley claves que había prometido durante la Asamblea Legislativa.
Las iniciativas apuntan de forma directa a la salud pública y a la formalización del empleo en el sector digital, tal como había adelantado en la Asamblea Legislativa que le dio inicio al periodo ordinario de sesiones.
Sin embargo, la reforma del personal policial y la actualización de las normas de seguridad del siglo XXI quedaron congeladas temporalmente, pues no fueron remitidas, más sí anunciadas en aquel discurso. Hay en este apartado una tensión con su ex ministro de Seguridad, el senador y jefe del bloque oficialista FP, Sergio Berni.
El proyecto de ley más ambicioso en materia sanitaria impulsa la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, concebido bajo la Ley de Producción Pública de Medicamentos.
Esta iniciativa propone constituir una Sociedad Anónima con participación Estatal mayoritaria bajo la órbita del Ministerio de Salud provincial, liderado por Nicolás Kreplak.
El objetivo central del laboratorio público es investigar, desarrollar, producir de manera nacional y comercializar vacunas, insumos odontológicos, equipamiento médico y medicamentos esenciales para patologías crónicas.
Con esta estructura de producción propia, la provincia busca independizarse y evitar quedar como "rehén" de la fijación de precios de los grandes laboratorios privados, al mismo tiempo que intenta amortiguar los masivos recortes aplicados por el gobierno nacional sobre el Programa Remediar.
El segundo pilar del paquete sanitario es la implementación del Sistema Integrado Provincial de Salud. Este marco normativo busca reorganizar y centralizar de manera definitiva los recursos asistenciales de los 135 municipios bonaerenses.
El programa tiene la meta de articular de forma coordinada el sistema público con las obras sociales (como IOMA) y los efectores privados. A través de una unidad de gestión integral, la provincia planifica centralizar la compra de insumos médicos para unificar la trazabilidad y optimizar la distribución equitativa de suministros en clínicas y hospitales de alta complejidad.
Finalmente, el paquete incluye la controversial "Ley Rappi" para regular el trabajo en plataformas digitales de transporte y reparto como Rappi, Pedidos Ya, Uber, Didi y Cabify.
La propuesta, diseñada por el ministro de Trabajo Walter Correa bajo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), crea un Registro Provincial obligatorio y un Plan Integral que alcanza a más de 80.000 repartidores en el territorio bonaerense.
El texto establece cuatro pilares irrenunciables: la contratación obligatoria de un seguro de accidentes a cargo de las empresas, la creación de una app de asistencia con botones de pánico para emergencias, inspecciones presenciales a las tiendas virtuales o "markets", y la apertura de paradores físicos gratuitos para el descanso de los trabajadores.
El sector empresarial ya manifestó su rechazo absoluto, reabriendo una disputa que se arrastra desde 2023.