Una diputada de UP presentó un proyecto para modificar el Código Penal y establecer que el plazo de prescripción de la acción penal se interrumpa cuando el imputado se encuentre rebelde o eluda una orden de captura. La iniciativa toma como referencia un caso judicial de Bahía Blanca.
La diputada nacional de UP Luciana Potenza presentó un proyecto de ley denominado “Ley Segovia”, que propone modificar el Código Penal para impedir que los acusados por delitos sexuales cometidos contra menores de edad puedan beneficiarse con la prescripción de la acción penal mientras permanezcan prófugos de la Justicia.
La iniciativa será analizada por las comisiones de Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes.
El proyecto incorpora un nuevo párrafo al artículo 67 del Código Penal para establecer que, en los delitos contra la integridad sexual previstos en el Título III del Libro Segundo y en los delitos de trata de personas contemplados en los artículos 145 bis y 145 ter, cuando la víctima haya sido menor de 18 años al momento de los hechos, el curso de la prescripción se interrumpirá durante el tiempo en que el imputado permanezca sustraído del proceso tras haber sido declarado rebelde o cuando exista una orden judicial vigente de captura o detención.
La propuesta dispone que esa interrupción finalizará cuando el acusado se presente voluntariamente ante la Justicia, sea capturado o quede efectivamente sometido al proceso penal.
En los fundamentos, Luciana Potenza sostiene que existe un vacío normativo, ya que la legislación argentina avanzó en los últimos años para contemplar las dificultades de las víctimas de abuso sexual infantil para denunciar los hechos, pero no resolvió la situación en la que es el propio imputado quien provoca el paso del tiempo mediante su fuga o clandestinidad.
La legisladora destaca que las leyes 26.705, conocida como “Ley Piazza”, y 27.206 modificaron el régimen de prescripción para proteger a las víctimas de delitos sexuales cometidos durante la infancia, reconociendo los efectos del trauma y los tiempos necesarios para poder denunciar los abusos sufridos. Según argumenta, la nueva iniciativa busca completar ese esquema evitando que la evasión del acusado se convierta en una vía hacia la impunidad.
Como fundamento central, el proyecto cita el denominado “caso Alberto Martín Del Valle”, una causa tramitada en Bahía Blanca por abuso sexual agravado contra una niña de 11 años. Según se explica en la iniciativa, el imputado permaneció prófugo durante años y actualmente se encuentra en discusión judicial la eventual prescripción de la acción penal.
La propuesta legislativa señala que permitir que una persona obtenga la extinción de la acción penal como consecuencia de haber eludido deliberadamente a la Justicia contradice el principio jurídico según el cual nadie puede beneficiarse de su propia conducta ilícita. Además, sostiene que una solución de este tipo resulta compatible con los estándares de protección de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos.
De aprobarse, la denominada “Ley Segovia” incorporaría una nueva causal de interrupción de la prescripción de la acción penal específicamente para delitos sexuales y de trata cometidos contra menores, con el objetivo de impedir que la rebeldía o la fuga de los acusados se traduzcan en la extinción de las causas judiciales.