Con un acto encabezado por el ministro de Ambiente, se lanzó en la Cámara alta la formación establecida para autoridades y personal de los tres poderes del Estado.
| El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, presentó en el Salón Azul del Congreso de la Nación la capacitación de la Ley Yolanda (27.592) para los miembros del Senado. La norma establece fomentar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y especial énfasis en cambio climático, para quienes se desempeñan dentro de la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. El ministro, que estuvo acompañado por las senadoras nacionales Gladys González (Pro) -presidenta de la Comisión de Ambiente- y María Eugenia Duré (FdT), además de la coautora de la Ley General del Ambiente, Cristina Maiztegui, celebró el encuentro: “El objetivo que tenemos con esta capacitación es brindar herramientas para tomar decisiones ya que tenemos grandes responsabilidades, tanto legislativas como judiciales y en el ámbito ejecutivo”. El funcionario también explicó la necesidad de “contar con insumos y construir un saber colectivo a partir de los tópicos que están establecidos en esta currícula que fue consensuada por las provincias en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente”. Asimismo, Cabandié fundamentó el valor de la capacitación en la agenda ambiental a encarar en los siguientes años: “Cuando hablamos de ambiente, no estamos poniéndole un freno a lo productivo. Lo que estamos poniendo, en el marco de la sostenibilidad, son elementos conceptuales para ayudar a la práctica”. “No podemos producir como en el siglo XX porque estamos ante el colapso, estamos ante riesgos”, advirtió y señaló que “ya los vivimos durante tres años consecutivos de sequía y de estrés hídrico”. “Argentina y la región tienen dos desafíos en ese sentido: saldar las deudas económicas y sociales del siglo XX, y asumir los desafíos del siglo XXI, que es buscar la armonía entre el universo de la producción y el desarrollo y el universo ambiental”, fundamentó. Yolanda Ortiz fue la primera mujer en ejercer un cargo público de gestión ambiental en América Latina, además de ser la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y una activa defensora de los derechos de la naturaleza y las personas. La ley que toma su nombre fue sancionada el 17 de noviembre de 2020. La capacitación estuvo dirigida, en esta oportunidad, a senadores nacionales y autoridades de la Cámara alta hasta el nivel de directores generales. Además, estuvieron presentes, por la cartera de Ambiente, los subsecretarios Interjurisdiccional e Interinstitucional, Nicolás Fernández, y de Gestión Administrativa, Joaquín Larrañaga; el director nacional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, José María Losada; y el coordinación de la Ley Yolanda, Pablo Clariá, junto a otras autoridades. |
Se trata de una norma que garantiza la formación integral en ambiente para todos los agentes públicos. Toma su nombre de Yolanda Ortíz, doctora en química que fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación, en la década del 70.
Este jueves la Legislatura tucumana adhirió a la Ley Nacional 27.592, conocida como Ley Yolanda. Se trata de una norma aprobada a fines del año pasado en el Congreso para establecer una capacitación obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para todas las personas que se desempeñen en la función pública. La adhesión de la provincia tiene un condimento especial: Yolanda Ortíz, la doctora en química de la que toma su nombre, nació en la capital tucumana.
Tras la aprobación de la norma, serán los titulares de cada poder de la provincia los encargados de la aplicación y el control de la Ley Yolanda, que alcanza a todos los niveles y jerarquías de la función pública, incluyendo comunas y entes autárquicos. La capacitación deberá contar con información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible y la normativa ambiental vigente. Tras la adhesión a la norma, bajó un estruendoso aplauso de los palcos legislativos, donde se ubicaron especialistas y docentes, y grupos ambientalistas.
“Se trata de la necesidad de cuidar y preservar la casa de todos mediante una ley que tiene un profundo sentido de responsabilidad social. Ahora será necesario convocar a las personas que más saben para sensibilizar y formar a todos los funcionarios. Es fundamental lo de sensibilizar porque no alcanza con leer. No alcanza con ir a un taller. Necesitamos incorporar la importancia de estos temas y tomarlos como propios para que de ahora en adelante, cada decisión que tome un juez, un ministro o un maestro, en cada uno de los ámbitos, esté basada en el conocimiento y en la perspectiva de desarrollo sostenible. Tenemos que entender y hacernos responsables del ambiente que le vamos a dejar a las siguientes generaciones”, opinó el legislador José María Canelada, autor del primer proyecto de adhesión de la Ley Yolanda. El dictamen final de la ley también tomó una iniciativa del parlamentario Raúl Albarracín.
Yolanda Ortíz, fallecida a los 95 años en 2019, fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación y la primera mujer en ejercer ese cargo en Latinoamérica. La especialista tucumana vivió hasta los 18 años en la provincia y luego partió a Buenos Aires a realizar sus estudios universitarios. Realizó posgrados en Francia y Estados Unidos, países donde trabajó en las áreas de contaminación y toxicología industrial o contaminación por residuos de pesticidas. Tras más de 15 años de trayectoria, fue convocada a formar parte del gobierno nacional. Durante su mandato se creó el Consejo Federal del Medio Ambiente.
Los diputados porteños acompañaron la iniciativa con 54 votos a favor y tres abstenciones. La misma establece que los funcionarios de los tres poderes del Estado se capaciten en materia ambiental.
La Legislatura de la Ciudad sancionó con 54 votos positivos y tres abstenciones –de los bloques PO, PTS y AyL- la “Ley Yolanada”, la cual establece la capacitación integral en materia ambiental y promoción de desarrollo sostenible a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del distrito capitalino.
De esta manera, se prevé que los funcionarios se capaciten en “impacto ambiental de las políticas públicas”, “concepto del desarrollo sostenible y contribución de los objetivos de desarrollo sustentable locales”, “gestión de residuos y Economía circular”, “cambio climático”, “problemáticas ambientales y eficiencia energética”, “recursos naturales y biodiversidad”, “derecho ambiental” y “promoción del desarrollo sostenible”.
En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que “la propuesta toma en consideración: los principios establecidos en la Ley N° 3.871 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y en el impacto que la legislación y las políticas públicas pueden generar sobre el ambiente y sus efectos en el cambio climático” y aseguraron con esta iniciativa se “busca avanzar en un paso más, haciendo obligatorio que todos los decisores de políticas públicas y legislación general se encuentren formados en materia ambiental y desarrollo sostenible”.
La medida “busca ampliar a los tomadores de decisión, los principios de la Ley N° 1687 de Educación Ambiental que promueve procesos orientados a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten formar capacidades que conduzcan hacia un desarrollo sustentable basado en la equidad y justicia social, el respeto por la diversidad biológica y cultural”.
Los diputados porteños se reúnen desde las 12.38 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que buscarán establecer la capacitación integral en materia ambiental y promoción de desarrollo sostenible a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad. También analizarán una iniciativa sobre parto respetado.
En el marco de una de las últimas sesiones ordinaria del año, la Legislatura porteña se reúne desde las 12.38 para analizar la “Ley Yolanda”, que tiene por objeto establecer una capacitación integral en materia ambiental y promoción del desarrollo sostenible a los funcionarios de los tres poderes del Estado.
Los diputados también debatirán la creación de un régimen promocional de la economía popular y social a fin de generar unidades productivas en barrios y sectores desfavorecidos; una propuesta de incentivo a la agricultura urbana y otra norma de fomento de la competencia. Otra de las propuestas que se someterán a consideración es una ley de parto respetado y otro texto que concierne al uso de lenguaje claro y fácilmente comprensible en todos los documentos o comunicaciones oficiales.
En lo referido al ámbito de la Justicia, la comisión que preside Martín Ocampo (UCR) despacho un proyecto de modificación al Código en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA para legislar la obligatoria intervención del Ministerio Público Fiscal en las causas que afecten el interés público. Por otra parte, la Legislatura resolverá mañana el nombramiento de jueces para cubrir cargos vacantes de primera instancia en los Contravencional y de Faltas.
Las distintas bancadas, además, harán sus propuestas para declarar ciudadanos ilustres de la Ciudad de Buenos Aires a personas de gran trayectoria. Se postula, entre otros, al entrenador de fútbol Carlos Bilardo, el cineasta Pino Solanas (post mortem), la artista Marta Minujín y la cantante Sandra Mihanovich.
La senadora del FdT y autora del proyecto destacó que “la ley busca que la perspectiva ambiental atraviese la organización del Estado”.
La senadora nacional por San Luis María Eugenia Catalfamo celebró la sanción definitiva del proyecto de ley de su autoría que propone capacitar en materia ambiental y mitigación del cambio climático a funcionarios y agentes que se desempeñan en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La iniciativa lleva el nombre de Yolanda Ortiz, en reconocimiento a la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Latinoamérica, que fue convocada por el ex presidente Juan Domingo Perón en 1973.
“Esta propuesta pone de manifiesto la necesidad de promover una formación integral con perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales en quienes tenemos la responsabilidad de planificar, gestionar y definir políticas públicas”, explicó la legisladora quien además destacó el rol de las juventudes “que hoy llevan la bandera del ambientalismo en diferentes organizaciones de la sociedad civil y dentro del Estado impulsando una verdadera revolución en la conciencia social, invitándonos a generar un verdadero cambio cultural”.
A su vez, Catalfamo señaló que “este el primer paso, pero nos queda mucho por recorrer. Una de las tantas cosas que nos demostró esta pandemia es lo nocivos que hemos sido y somos con nuestro planeta, con nuestra casa común. Vemos y vivimos las consecuencias del cambio climático en primera persona. Necesitamos cambiar las formas de producir, pero también nuestras prácticas y modalidades de consumo porque el planeta está dando señales claras y, con el paso del tiempo, quienes enfrentarán las peores consecuencias serán nuestras niñas, niños y jóvenes”.
El proyecto se votó por 213 votos a favor y solo uno en contra. La formación será obligatoria para el personal de los tres poderes del Estado. Lleva ese nombre en homenaje a Yolanda Ortiz.
La Cámara de Diputados sancionó por 213 votos positivos, 1 en contra y 2 abstenciones la “Ley Yolanda”, que establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para todos los integrantes de los tres poderes del Estado.
El único voto en contra correspondió al diputado del Pro de Neuquén Francisco Sánchez.
La norma, que se originó en el Senado, recibe ese nombre en homenaje a Yolanda Ortiz, quien fue la primera mujer en Argentina y en América Latina en ocupar un cargo relacionado con la temática.
Ortiz, quien falleció el año pasado, asumió como secretaria de Ambiente en 1973, convocada por el expresidente Juan Domingo Perón.
Miembro informante del dictamen de mayoría, la diputada Gabriela Cerruti consideró muy importante que esta ley “reciba el nombre de una militante ambientalista que es de otra generación, y también cuando hablamos con les pibis, que trajeron esa frescura, esa calle y esa prepotencia de decir ‘es ahora, no es en el futuro’, y toda esa fuerza que nos dan, también nos parece importantísimo hacer el enlace entre las generaciones, porque tenemos un montón de cosas que cambiar, pero también yo les digo a les pibis que este mundo es mucho mejor, y este país es mucho mejor que el mundo y el país en el que yo crecí. Y eso fue gracias a las militancias, las luchas y las peleas”.
Y agregó: “Yo crecí en un país donde no podías leer Mafalda, y donde tiraban militantes vivos de los aviones al Río de la Plata… Yo crecí en un país donde se jugaba al fútbol al lado de un campo de concentración… No hace tanto de eso. Y si hoy no estamos en ese país y vivimos en un país diferente es porque durante muchísimos años se salió a pelear por la democracia, por la educación pública, porque no cerraran los trenes en los 90, porque hubo un 20 y 21 de diciembre…”.
A su turno, la diputada del Pro Camila Crescimbeni destacó que “nuestra generación está cansada de políticas calesita, que dan vueltas y vueltas y no van hacia ningún lugar, y van cambiando, y donde nos olvidamos que Gobierno y Estado son dos cosas distintas, por eso mismo quisimos proponer un proyecto de capacitación para los tres poderes del Estado, para servidores públicos, para invitar a incorporar esa conciencia sobre qué decisiones, desde las más pequeñas hasta las más estructurales podemos tomar cada una y cada uno desde su lugar para contribuir a que el futuro sea sostenible, y que tengamos un futuro, porque eso es lo que está en riesgo”.
Luego la diputada enumeró los logros en política ambiental alcanzadas durante la gestión Cambiemos, dijo esperar que “la ley Yolanda sirva también para que todas las funcionarias y funcionarios que son parte del actual oficialismo tengan esa conciencia a la hora de toma decisiones y que no tengamos una doble vara… que tengamos hoy este proyecto de ley y que nos vayamos contentos con la militancia, pero que después todo siga como si nada”.
“Esta ley no es de un partido, es de todos los partidos”, aclaró en la misma línea el diputado Martín Maquieyra (Pro – La Pampa).
Cerró el debate la diputada oficialista Ayelén Spósito, quien destacó que “amanecimos en un país más justo, y venimos desde semanas en que venimos construyendo un país más justo para todos los argentinos y las argentinas. Un país verde”, dijo, aludiendo a “la firma del Acuerdo de Escazú, la reglamentación del cannabis medicinal, el proyecto del aborto, la ley del fuego, y hace pocas semanas por educación ambiental, plásticos de un solo uso… Y aún nos falta la ley de humedales. Empecemos tenerla pronto, porque es una demanda del país”, enfatizó.
La diputada rionegrina remarcó que “hoy vemos que los que alzan la voz en pos del cuidado ambiental son las y los militantes, quienes tienen una gran preocupación, y nosotros debemos dar respuesta a esto. Tenemos la oportunidad de cambiar la historia”.
Puntos centrales de la flamante ley
La “Ley Yolanda” establece la “capacitación obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.
De acuerdo al texto, la autoridad de aplicación tendrá 90 días a partir de la sanción de la ley para establecer los “lineamientos generales destinados a las capacitaciones”, para cuya confección deberá convocarse a “instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones”.
“Los lineamientos generales deberán contemplar como mínimo información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente”, indica.
Las máximas autoridades de los organismos serán responsables de garantizar las capacitaciones, mientras que para las máximas autoridades de los tres poderes, la capacitación estará a cargo directamente de la autoridad de aplicación.
“La información comprendida deberá ser clara, precisa y de base científica, y deberá ajustarse al organismo y al contexto en el que se brinde. El material desarrollado por la autoridad de aplicación será de libre disponibilidad, contemplando su difusión y circulación para actividades de capacitación que quisieran replicarse en jurisdicciones públicas provinciales o municipales, así como en otros ámbitos privados de la República Argentina”, reza la nueva norma, que invita a las provincias a adherirse a la norma.
También se aclara que “las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate”. “El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web de la autoridad de aplicación”, agrega.
El debate del aporte solidario y extraordinario para quienes tengan un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos durará alrededor de 14 horas. Se sancionará el Presupuesto. También tratarán modificaciones a la ley de Manejo del Fuego y la “Ley Yolanda”.
La Cámara de Diputados arrancó a las 12.26, con 187 diputados presentes, una sesión maratónica, en la que se debatirá el proyecto de aporte solidario y extraordinario, más conocido como impuesto a las grandes fortunas, un tema que insumirá nada más y nada menos que 14 horas de debate, de acuerdo a los oradores anotados.
De esta manera se espera que la votación sea de madrugada, pese a la expectativa que genera la iniciativa con movilizaciones frente al Congreso y en las calles porteñas, en el marco del Día de la Militancia.
La sesión, que durará entre 22 y 24 horas, es presidida por el vicepresidente primero del cuerpo, el macrista Álvaro González, en ausencia del titular de la Cámara, Sergio Massa, quien se encuentra aislado de manera preventiva -el hisopado le dio negativo- por haber tenido contacto estrecho con Luis Cubeddu, jefe de la misión del FMI con la que estuvo reunido.
El oficialismo necesita una mayoría absoluta (129 votos) para aprobar el proyecto y girarlo al Senado, algo que tiene garantizado gracias al apoyo de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, presididos respectivamente por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón.
También acompañarían la votación el nuevo bloque de dos denominado Acción Federal, encabezado por el riojano Felipe Álvarez, y la neuquina Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.
Juntos por el Cambio, la bancada que lidera Mario Negri, votará en contra por considerar que se trata de un impuesto que podría ser “confiscatorio” y que implica una doble imposición para aquellas personas que ya tributan Bienes Personales, además de desalentar la inversión.
En tanto, el Frente de Izquierda, representado por Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, se abstendrá y defenderá su propio proyecto, como adelantó parlamentario.com el viernes.
La iniciativa crea un aporte por única vez para aquellas personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con una alícuota que irá del 2% al 3,5% en el caso de bienes en el país, y del 3% al 5,25% para los bienes en el exterior.
La AFIP espera recaudar más de 307.000 millones de pesos -alrededor de un punto del PBI-, que serán destinados a la compra de equipamiento médico, becas Progresar, subsidios a pymes, el Fondo de Integración Sociourbana y programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural.
Otro de los proyectos que se tratará en la sesión, también presentado por Máximo, es el que prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios.
Se trata de una modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que impide realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.
La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.
Asimismo, se debatirá la denominada “Ley Yolanda”, que establece la capacitación obligatoria en medioambiente para funcionarios de los tres poderes del Estado, y que lleva su nombre en honor a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Latinoamérica.
Además, se sancionará definitivamente el Presupuesto 2021, luego de que, en un hecho imprevisto, el Senado devolviera el texto en segunda revisión por la omisión de planillas que contenían el detalle de obras a ejecutar en las provincias.
El impuesto a las grandes fortunas será el principal tema de la sesión, convocada para las 12, donde también se tratarán la “Ley Yolanda”, una modificación de la Ley de Manejo del Fuego y el Presupuesto 2021. Un diputado de Juntos por el Cambio podría presidir la sesión.
Con dudas sobre la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el oficialismo intentará aprobar este martes el proyecto de ley que crea un aporte solidario y extraordinario sobre las grandes fortunas para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19.
El denominado “impuesto a la riqueza” será el principal tema de la sesión, convocada para las 12, donde también se tratarán la “Ley Yolanda” de capacitación en medioambiente y una modificación de la Ley de Manejo del Fuego para evitar el cambio de uso de tierras incendiadas.
Además, se sancionará definitivamente el Presupuesto 2021, luego de que, en un hecho imprevisto, el Senado devolviera el texto en segunda revisión por la omisión de planillas que contenían obras.
La incógnita que aun no terminó de develarse es si Massa podrá presidir la sesión, ya que continúa con aislamiento preventivo luego de realizarse un hisopado -que dio negativo- debido al dudoso contagio del jefe de la misión del FMI en Argentina, Luis Cubeddu.
El primer hisopado de Cubeddu dio positivo, pero el segundo dio negativo, por lo que se realizará un tercer estudio para determinar si efectivamente se contagió de coronavirus o no.
Massa espera que ese tercer resultado dé negativo, o que en su caso resulte positivo el test de anticuerpos, para poder conducir la sesión desde el recinto, pero si ninguna de esas dos cosas sucede, continuará aislado y el debate quedará a cargo del vicepresidente primero de la Cámara, Álvaro González (Pro).
Los detalles de la sesión se definirán a las 11 en una reunión de Labor Parlamentaria y se espera una jornada extensa dado el tenor de los temas, sobre todo el proyecto de aporte solidario impulsado por el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, en tándem con Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
El oficialismo necesita una mayoría absoluta (129 votos) para aprobar la iniciativa y girarla al Senado, algo que tiene garantizado gracias al apoyo de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, presididos respectivamente por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón.
También acompañarían la votación el nuevo bloque de dos denominado Acción Federal, encabezado por el riojano Felipe Álvarez, y la neuquina Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.
Juntos por el Cambio, la bancada que lidera Mario Negri, votará en contra por considerar que se trata de un impuesto que podría ser “confiscatorio” y que implica una doble imposición para aquellas personas que ya tributan Bienes Personales, además de desalentar la inversión.
En tanto, el Frente de Izquierda, representado por Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, se abstendrá y defenderá su propio proyecto, como adelantó parlamentario.com el viernes.
La iniciativa crea un aporte por única vez para aquellas personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con una alícuota que irá del 2% al 3,5% en el caso de bienes en el país, y del 3% al 5,25% para los bienes en el exterior.
La AFIP espera recaudar más de 307.000 millones de pesos -alrededor de un punto del PBI-, que serán destinados a la compra de equipamiento médico, becas Progresar, subsidios a pymes, el Fondo de Integración Sociourbana y programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural.
Otro de los proyectos que se tratará en la sesión, también presentado por Máximo, es el que prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios.
Se trata de una modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que impide realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.
La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.
Asimismo, se debatirá la denominada “Ley Yolanda”, que establece la capacitación obligatoria en medioambiente para funcionarios de los tres poderes del Estado, y que lleva su nombre en honor a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Latinoamérica.
La denominada “Ley Yolanda” establece una capacitación obligatoria para los tres poderes del Estado. También se aprobó un proyecto para la reducción de los plásticos de un solo uso.
Mediante videoconferencia, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano aprobó un proyecto con media sanción que establece la formación integral en ambiente para las personas que se desempeñen en la función pública. Ahora deberá ser tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
La denominada “Ley Yolanda”, en conmemoración de Yolanda Ortiz, primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina, busca garantizar “una capacitación obligatoria en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático” para quienes trabajen dentro de los tres poderes del Estado.
“Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de ambiente de nuestro país en el último gobierno de Perón y esta ley es un espejo de la Ley Micaela porque pretende formar a todos los poderes del Estado con una perspectiva ambiental”, afirmó el presidente de la comisión, Leonardo Grosso.
Como introducción al proyecto, Carolina Cortés, de Jóvenes por el Clima, se refirió a “la importancia de abordar la crisis climática, implementando medidas públicas de adaptación y mitigación”. “Es imprescindible educar y formar a quienes nos representan y ejercen un cargo que los habilita a tomar decisiones, cuya perspectiva socio-ambiental suele ser nula”, explicó.
En tanto, la diputada Camila Crescimbeni (Pro) consideró que “la política ambiental tiene que ser una política de Estado, tiene que atravesarnos a todos y todas, porque sino no hay forma de poder llegar a una justicia climática”.
El diputado Eduardo Fernández (Frente de Todos) también respaldó la iniciativa y consideró que “es fundamental que todo el Estado sea conocedor del ambiente, es un problema de la humanidad”.
Por otra parte, la Comisión también aprobó un proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental para la reducción progresiva y prohibición específica de los plásticos de un solo uso.
Jerónimo Batista Baucher, científico y ambientalista, creador de vasos biodegradables hechos de algas, explicó que “cada uno de nosotros está generando un kilo de residuos por día y eso acumulado representa, a nivel país, la generación de más de una tonelada cada dos segundos”.
“Este proyecto se fue enriqueciendo y plantea un enfoque no meramente restrictivo, sino que busca lograr una transición, generar una conversión en la industria y en los hábitos de la gente”, dijo.
La diputada Florencia Lampreabe (Frente de Todos) aportó datos sobre las consecuencias del plástico en el ambiente. “El 80% de los residuos plásticos van a parar a entornos naturales y, cada año, 13 millones de toneladas de plástico terminan en el océano, provocando la extinción de las especies marinas”, manifestó.
“Urge que sigamos avanzando en este camino de políticas públicas que apunten a la reducción de los plásticos a su mínimo indispensable”, agregó.
El proyecto fue aprobado este jueves en el Senado. El nombre es en homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Ambiente de Argentina y América Latina.
El Senado dio media sanción este jueves, por unanimidad, al proyecto de “ley Yolanda”, que establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para todos los integrantes de los tres poderes del Estado, de manera similar a la “ley Micaela” sobre violencia de género.
La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en Diputados, recibe el nombre de Yolanda Ortiz en homenaje a quien fue la primera mujer en Argentina y en América Latina en ocupar un cargo relacionado con la temática.
Ortiz, quien falleció el año pasado, asumió como secretaria de Ambiente en 1973, en la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. “Es muy valioso darle un reconocimiento a su lucha”, expresó Eugenia Catalfamo (Frente de Todos), autora de uno de los proyectos consensuados.
El proyecto prevé la “capacitación obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.
Catalfamo mencionó hechos como “la industrialización, la deforestación, la agricultura a gran escala, situaciones que no están alejadas de nuestro país, fenómenos extremos como las sequías, las lluvias persistentes, la contaminación de las aguas o los incendios forestales”.
“Es fundamental promover una verdadera conciencia ambiental, sobre todo en los funcionarios que deben definir las políticas públicas”, subrayó la puntana, y aseguró que esta ley “va a tender un puente entre los tres poderes del Estado y la comunidad científica para fomentar el trabajo en equipo”.
Gladys González (Pro), quien también trabajó en el tema, opinó que “nos debemos un cambio cultural en la agenda ambiental” al igual que en la agenda de género. “Luchamos por los mismos valores: la igualdad, la equidad, la justicia y los derechos humanos, con la misma mirada transversal que debe existir en cualquier lugar del Estado”.
“La ‘ley Yolanda’ no es el punto de llegada, sino el punto de partida, de base, sobre la educación ambiental. Necesitamos conocimiento para garantizar la calidad de nuestras políticas públicas”, manifestó.
De acuerdo al texto, en los 90 días posteriores a la sanción de la ley, la autoridad de aplicación deberá establecer “los lineamientos generales destinados a las capacitaciones”, para cuya confección deberá convocarse a “instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones”.
Se deberá contemplar, “como mínimo, información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente”.
Las máximas autoridades de los organismos serán responsables de garantizar las capacitaciones, mientras que para las máximas autoridades de los tres poderes, la capacitación estará a cargo directamente de la autoridad de aplicación.
“La información comprendida deberá ser clara, precisa y de base científica, y deberá ajustarse al organismo y al contexto en el que se brinde. El material desarrollado por la autoridad de aplicación será de libre disponibilidad, contemplando su difusión y circulación para actividades de capacitación que quisieran replicarse en jurisdicciones públicas provinciales o municipales, así como en otros ámbitos privados de la República Argentina”, indica el proyecto, que invita a las provincias a adherir a la norma.
También dispone que las personas que se nieguen “sin justa causa” a realizar las capacitaciones “serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación”, y el incumplimiento de esa intimación “será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente”.
Como sanción adicional, la autoridad de aplicación podrá hacer pública la negativa a participar en la capacitación en su página web.
Tras recibir al jefe de Gabinete, la Cámara alta sesiona este jueves para aprobar un proyecto sobre capacitación en medioambiente y la representación igualitaria de mujeres y hombres en los medios públicos. También se tratará un decreto sobre las sesiones virtuales y la prohibición de compra de dólares para legisladores.
Tras el informe del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el Senado vuelve a sesionar este jueves para tratar la “ley Yolanda” de capacitación en medioambiente, la equidad de género en los medios públicos de comunicación y una serie de pliegos de jueces, fiscales y defensores.
Además, se votará el decreto 17/20 firmado por la vicepresidenta Cristina Kirchner que amplía la cantidad de senadores que pueden estar presentes en las sesiones remotas, siempre y cuando lo informen a la Secretaría Parlamentaria con 24 horas de antelación.
Dado que hasta ahora solo estaba permitido el ingreso de dos representantes del Frente de Todos y otros dos de Juntos por el Cambio, además de autoridades de la Cámara alta, la vicepresidenta accedió a que pueda participar presencialmente un senador por cada uno de los bloques minoritarios.
A continuación, el Senado votará la resolución conjunta 12/20, que establece que ni diputados ni senadores nacionales podrán comprar dólares para atesoramiento, así como directores y subdirectores generales de ambas Cámaras.
La resolución fue aprobada este miércoles en Diputados y va en línea con la prohibición que alcanza a funcionarios nacionales.
Luego se tratará una serie de pliegos judiciales, entre los que se encuentran dos traslados que serán revisados: los de las juezas Zunilda Niremperger, a cargo Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Resistencia, Chaco; y Verónica Skanata, al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, Misiones.
El temario continúa con un proyecto denominado “ley Yolanda”, que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y “con especial énfasis en cambio climático”, para trabajadores de los tres poderes del Estado en todas sus jerarquías.
El proyecto lleva ese nombre en homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Ambiente de Argentina y América Latina.
Otra iniciativa que se debatirá en la sesión, promovida por Norma Durango (Frente de Todos), es la que establece la equidad de género en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional, desde una perspectiva de diversidad sexual.
Por equidad de género se entiende “la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión”.
El Senado también tratará modificaciones al Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuencua del Plata; y modificaciones a la Convención Relativa a la Competencia, Ley aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños.
El último punto del temario es un Acuerdo de Sede entre la Argentina y el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
