El debate sobre el Régimen Penal Juvenil regresa a la agenda legislativa luego de un nuevo asesinato cometido por menores. Tras años de intentos fallidos y proyectos que perdieron estado parlamentario, el oficialismo busca otra vez llevar la discusión al recinto.
Pocos temas como la seguridad generan una reacción tan inmediata de parte de la sociedad. Tiene sentido entonces que, ante un hecho conmocionante, ese impacto repercuta en la caja de resonancia de la sociedad, la política y la opinión pública, como es el Congreso de la Nación. De ahí que los delitos más graves generen una inmediata reacción legislativa, ya no solo de los legisladores que suelen presentar proyectos en función de lo que dicen los diarios, sino también de los gobiernos, siempre atentos a reclamos de ese tipo.
Prueba de ello fueron las leyes Blumberg, un conjunto de reformas al Código Penal impulsadas tras el secuestro y asesinato de Axel Blumberg en 2004. Ese caso generó la reacción social más impactante que se recuerde en los últimos tiempos ante un crimen —más incluso que el caso Nisman—. Aquel episodio derivó en la histórica marcha del 1 de abril de 2004, convocada por Juan Carlos Blumberg para exigir justicia y el endurecimiento de las penas contra la inseguridad. Esa masiva movilización impuso el tema en la agenda pública y derivó en la aprobación de una serie de leyes. Tal protesta, que llegó a inquietar seriamente al Gobierno de Néstor Kirchner, se concentró frente al Palacio Legislativo.
En los tiempos que corren, con un gobierno particularmente enfocado en la cuestión de la seguridad, los crímenes cometidos por menores fueron el detonante inmediato de anuncios para ya no endurecer penas sino bajar la edad de imputabilidad. Está claro que el Gobierno de Javier Milei no tendría reparos en aplicar modificaciones de ese tipo mediante decretos de necesidad y urgencia, pero la propia Constitución Nacional establece en el inciso 3 del artículo 99 limitaciones que lo impiden. Entre las materias vedadas para legislar por DNU figuran las penales.
La presentación del proyecto original por parte del Gobierno de Milei.
Lo cierto es que, verano tras verano, el gobierno libertario realizó anuncios sobre modificaciones al Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad. Sucedió por primera vez en 2024, aunque en esos comienzos de la gestión mileísta el tema no parecía figurar entre las prioridades, tal como sugirió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en una entrevista cuando su gobierno apenas llevaba un mes en el poder. En aquella oportunidad dijo tener el tema en estudio, aunque habló de manera general y sin precisiones que anticiparan un tratamiento inmediato. Señaló la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En Radio Rivadavia explicó: “Hay dos sistemas en el mundo. Tenés el criterio suizo, o inglés, que divide según los delitos y te hace graduaciones según la edad. Empieza hasta con los 10 años. Pero en principio, de todo lo que llevo leído, prefiero algo sin tanto vericueto. ¿Por qué? Porque, al margen del delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada, una conducta socialmente disvaliosa. A partir de los 14, por ejemplo, que es la edad que me gusta. Y es la que sostienen casi los 30 proyectos que tengo sobre mi escritorio que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Casi todos toman 14 años como edad de imputabilidad”, precisó.
“El que la hace, la paga”
Un hecho gravísimo volvió a impulsar la iniciativa. Fue el crimen de un playero en Rosario a manos de un menor de edad. Ocurrió en marzo de 2024, cuando Bruno Bussanich fue asesinado de un tiro por un adolescente de 15 años, solo para enviar un mensaje en el marco de la guerra narco en esa ciudad. Entonces el vocero presidencial, Manuel Adorni, posteó en su cuenta de X: “Delito de adulto, pena de adulto”. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad por esos días, anunció que el Gobierno enviaría al Congreso una ley de imputabilidad “para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.
Acaba de ser detenido por la Policía de Santa Fe el asesino del playero Bruno Bussanich, de Rosario. Asesinato que destruye toda una familia. Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para… pic.twitter.com/fEZ9El54Cw
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 29, 2024
Ese mensaje fue reposteado por el propio presidente Milei, quien agregó: “EL QUE LA HACE, LA PAGA…”.
Sin embargo, las expresiones de la ministra quedaron en eso: simples declaraciones. Al menos de momento, pues el proyecto tardó en llegar al Congreso. Recién el 1° de junio de 2024, el ministro de Justicia anticipó que la propuesta oficial bajaría la edad de punibilidad a 13 años, “sobre todo teniendo en consideración que, en los últimos dos meses, en los que estábamos trabajando en la materia y estábamos inclinados por los 14, sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años”.
La presentación pública del proyecto tuvo lugar el 28 de junio de 2024. Patricia Bullrich y Cúneo Libarona encabezaron la exposición de la iniciativa que el Gobierno enviaría al Congreso y que alcanzaría a adolescentes de entre 13 y 18 años imputados por delitos previstos en el Código Penal. “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, sostuvo la entonces ministra.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 16 de julio con el objetivo de “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Los diputados dieron señales de avanzar rápidamente: se convocó a un plenario de todas las comisiones involucradas —Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda— y el debate comenzó el 31 de julio de 2024. En total hubo siete reuniones, con etapas de explicación de proyectos, exposiciones de especialistas invitados y análisis fiscal. Este último arrojó un costo estimado de más de 200 mil millones de pesos, que contemplaba la designación de equipos interdisciplinarios y supervisores para intervenir en futuros procesos penales.
No hubo más reuniones ese año y el tema no fue incluido en extraordinarias.
El pedido presidencial
En enero de 2025, el tema volvió a la agenda pública luego de que se conociera el caso de una jubilada de 93 años víctima de un violento robo en su casa de Vicente López. Los delincuentes —cuatro en total, tres de ellos menores— se sacaron una selfie con la mujer maniatada y la subieron a redes, lo que facilitó su detención. Los menores recuperaron rápidamente la libertad.
Un mes después ocurrió un caso aún más grave: dos adolescentes de 14 y 17 años robaron en un semáforo un auto en el que viajaban una mujer y su hija de 7 años, llamada Kim Gómez. Tras bajar a su madre a punta de pistola, los ladrones escaparon con el vehículo y la niña, que murió al quedar colgada del cinturón de seguridad cuando intentaron arrojarla del auto en movimiento.
El crimen de Kim Gómez llevó al Presidente a pedir públicamente por la edad de imputabilidad en la apertura de sesiones.
El caso reavivó el debate y motivó al presidente Milei a ocuparse del tema en la apertura de sesiones ordinarias de 2025. Exigió “bajar la edad de imputabilidad” y “agravar todas las penas del Código Penal”, y propuso “la reforma más importante de los últimos cien años”. Criticó de paso al gobernador Axel Kicillof por su enfoque en materia criminal.
Tras el pedido presidencial, el plenario retomó el debate el 12 de marzo. Hubo cuatro reuniones más y el 6 de mayo se logró un dictamen que bajaba la edad a 14 años. Fue producto de la unificación de proyectos del Ejecutivo, del massismo, de Pro, de LLA, de la Coalición Cívica, de Democracia para Siempre y de otros bloques.
El dictamen eliminó la figura de los “inimputables” y redujo la pena máxima de 20 a 15 años. Preveía que las penas privativas de libertad se cumplieran en el domicilio, en institutos abiertos o especializados, o en secciones separadas de cárceles. La Coalición Cívica y Democracia para Siempre firmaron en disidencia por considerar que no debía dictarse ninguna prisión efectiva hasta que los institutos estuvieran adecuados.
Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el dictamen. Encuentro Federal presentó uno propio, avalado por Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota.
El dictamen alcanzado el año pasado modificó de 13 a 14 la edad de punibilidad propuesta por el Ejecutivo.
Sin embargo y pese a la premura pedida por el propio Javier Milei para tratar el tema, el dictamen para modificar la edad de imputabilidad no llegó al recinto en todo el año y terminó perdiendo estado parlamentario. Sucede que, ante la presión opositora, el oficialismo optó por cerrar el Congreso y resistir todo tipo de sesiones, prescindiendo de los temas propios. Así, dos semanas después del dictamen sobre el Régimen Penal Juvenil, el 21 de mayo, fracasó una sesión pedida por la oposición para tratar una serie de temas incómodos para el Gobierno: jubilados, Comisión Investigadora del caso $LIBRA y, sobre todo, la integración de la AGN. Se sabía que si había sesión, a través de un acuerdo de Unión por la Patria y Encuentro Federal intentarían designar a dos miembros para la AGN: Juan Ignacio Forlón y Emilio Monzó. La sesión no consiguió quórum.
A pesar de la insistencia de Milei, el dictamen no llegó al recinto y perdió estado parlamentario. La parálisis se profundizó cuando el oficialismo decidió bloquear las sesiones para evitar que la oposición impulsara temas incómodos, como jubilaciones, la comisión investigadora del caso Libra y la integración de la AGN.
¿La tercera es la vencida?
Caído el dictamen, el Gobierno hizo un llamado a sesiones extraordinarias en diciembre que incluía ya no la reforma del Régimen Penal Juvenil, sino una completa modificación del Código Penal. Sin embargo el tema no se trató y cuando se llamó a sesionar para el mes de febrero, el tema ya no apareció. Pero en un segundo llamado incluyeron la baja de edad de imputabilidad. Claro está, previamente había sucedido otro episodio sangriento que involucró a menores y generó un repudio generalizado.
Esta vez, el disparador fue el asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, en Santa Fe. El crimen, cometido entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025, fue grabado por los agresores —una adolescente de 16 años y dos varones de 14 y 15— y viralizado. La instigadora está detenida; los varones, no punibles, fueron sobreseídos.
Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón.
La secuencia se repite: un crimen sacude a la sociedad, el Gobierno anuncia reformas y el Congreso retoma el debate. Con el caso Jeremías aún fresco y una nueva convocatoria que incluye la baja de la edad de imputabilidad, la pelota vuelve a quedar en la cancha de los legisladores. La incógnita, como siempre, es si el clima social y político alcanzará esta vez para quebrar el patrón de los últimos años y transformar finalmente las intenciones en ley.