La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), presidida por la diputada nacional (MC) Silvina Giudici, manifestó su repudio al ataque sufrido por trabajadores de LT3 de Rosario en su planta transmisora de la localidad de Alvear, provincia de Santa Fe.

En la noche del pasado 27 de abril dos delincuentes ingresaron a la planta transmisora de LT3 de Rosario que se encuentra en el barrio Villa Mercedes de la localidad de Alvear, a 15 kilómetros de la mencionad ciudad. Luego de robar equipos de transmisión, produjeron destrozos, iniciaron un incendio en las instalaciones y se dieron a la fuga.

Dos empleados de la emisora acompañados por personal policial acudieron a realizar reparaciones y mientras lo hacían desde una motocicleta dos desconocidos descargaron una ráfaga de disparos sobre un patrullero sin que, afortunadamente, se produjeran víctimas.

La violencia contra periodistas, trabajadores de prensa y medios en la ciudad de Rosario es un fenómeno altamente preocupante que recrudece con el correr de las semanas y que hasta ahora no encuentra respuesta adecuada por parte de las autoridades.

Este tipo de ataques constituye una clara limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y al derecho al acceso a la información consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que “las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información”.

Del mismo modo, agregó: “Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho”, enfatizando que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación tienen dos objetivos concretos”.

Así también, manifestó: “Por un lado, busca eliminar a aquellos periodistas que realizan investigaciones sobre atropellos, abusos, irregularidades o ilícitos de todo tipo, llevados a cabo ya sea por funcionarios públicos, organizaciones o particulares en general, a fin de que sus investigaciones no puedan concluirse, alcancen el debate público que ameritan o simplemente como represalia de éstas. Por otro lado, busca ser una herramienta de intimidación, mediante la cual se envía un claro mensaje para todas aquellas personas de la sociedad civil que realizan tareas de investigación.”

La Fundación LED ha manifestado en reiteradas declaraciones que la crítica situación que atraviesan medios y periodistas en la ciudad de Rosario pone en riesgo la posibilidad de que allí se ejerza la labor periodística de forma independiente y sin limitaciones, y que si no se toman medidas urgentes y concretas este fenómeno se puede expandir a otras regiones donde el crimen organizado ha puesto su interés.

LED se solidariza con los trabajadores de prensa y el medio afectados, pondrá el caso en conocimiento de los organismos internacionales especializados y continuará trabajando para que el ejercicio de la labor periodística no sea un riesgo para la vida sino una herramienta para el desarrollo de una sociedad democrática

Por falta de quórum, se cayó la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión, la cual había sido convocada por la Cámara baja para designar a quien debe reemplazar al diputado Waldo Wolff.

Para ocupar el lugar del ahora funcionario de Horacio Rodríguez Larreta en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estaba previsto que asumiera otra diputada del Pro: Sabrina Ajmechet (CABA).

La reunión estaba pactada para las 9.30, pero al cumplirse la media hora reglamentaria para reunir el quórum, fue levantada. No se resolvió aún una nueva fecha para que la comisión se reúna y se designe a su nueva presidenta.

Sabrina Ajmechet es politóloga, da clases de Pensamiento Político Argentino en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es vicepresidenta del Club Político Argentino (CPO). Su llegada la Cámara de Diputados se dio el 10 de diciembre del 2021 como séptima integrante en la lista que encabezó María Eugenia Vidal.

Además, la nueva titular de la Comisión de Libertad de Expresión es una mujer cercana a la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, dentro del bloque.

Previo al anuncio de la caída de la reunión, Ajmechet expresó en DTV: “Estamos preocupados por la libertad de expresión en la Argentina. Vamos a trabajar todo este año para tratar lo que pasa a nivel nacional y a nivel provincial”.

Del mismo modo, cerró: “Vamos a revisar el tema de las pautas, el cual veníamos trabajando con Wolff”, y concluyó: “Todos tenemos derecho a expresarnos y debemos hacernos cargo de lo que decimos, pero también debemos ver el tema de las fake news y los discursos de odio”.

Sigue haciendo “ruido” la denuncia que días pasados realizó el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, contra varios periodistas. Entre quienes habían salido a cruzarlo estuvo la semana pasada la radical Karina Banfi (UCR – Buenos Aires), quien no quiere que su planteo quede en una breve declaración y acaba de presentar un proyecto para pedir su renuncia por haber denunciado penalmente a periodistas. “La libertad de prensa está protegida por la Constitución Nacional y esta denuncia es un acto de censura”, argumenta la legisladora bonaerense.

Integrante de la Comisión de Libertad de Expresión, Banfi sostuvo que al denunciar a periodistas de Clarín y La Nación (Joaquín Morales Sola y Daniel Santoro) , Rossi “hizo uso de una inhabilidad moral”, respecto del cargo que ocupa.

Rossi había tildado de “falacia absoluta” la presunción de la existencia una “mesa militar” impulsada por el Poder Ejecutivo para “obtener” comunicaciones privadas, y negó todo tipo de contactos con el extitular del Ejército César Milani, con quien dijo que no habla desde 2015, cuando él era ministro de Defensa.

La iniciativa de la legisladora radical fue acompañada con la firma de los jefes de bloque de JxC, Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (Coalición Cívica – ARI), y los diputados Marcos Carasso (UCR), Graciela Ocaña (Pro), Roxana Reyes (UCR), Gabriela Lena (UCR) , Ricardo Buryaile (UCR), Pedro Galimberti (UCR), Ximena García (UCR) y Jorge Vara (UCR).

El diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) se refirió a los dichos del titular del bloque oficialista, Germán Martínez, sobre avanzar en una ley para frenar los “discursos del odio” y afirmó que “estaría toda la oposición en contra de una ley que quiera callar al periodismo”. Además, cuestionó al Gobierno porque “hizo un intento burdo de echarle la culpa a los medios y a la oposición de haber generado el atentado contra la vicepresidenta”.

En diálogo por Radio Rivadavia, Tetaz destacó: “La respuesta de la oposición estuvo más que a la altura de los acontecimientos”, y criticó: “Lo que ocurre es que el mismo viernes cuando la mano le temblaba al tirador, el Gobierno hizo un intento burdo de echarle la culpa a los medios y a la oposición de haber generado este evento”.

“La posición de la oposición fue clara en varios sentidos. En primer lugar, el repudio generalizado en todo el arco político sin excepción y en segundo lugar lamentar la manipulación que quería hacer el Gobierno con este hecho. Lo que ocurrió es una respuesta muy rápida de la oposición”, ratificó.

En ese sentido, volvió a criticar: “El peligro no es solamente la irresponsabilidad, es un poco más grave porque el peligro es que trate de utilizarse una situación grave para luego silenciar al periodismo porque esto pasó en otros lugares y momentos del país”.

 “Que no venga después de esto el intento, que ya por supuesto salimos a cruzarlo, de entonces ahora una ley contra el odio, para tratar de filtrar la opinión de los periodistas. Esto es gravísimo y no tiene por qué ocurrir”, advirtió el diputado de JxC.

Y sumó: “El Gobierno quiso manipular esto políticamente para sacarle un rédito y se quiso posicionar el viernes en un acto que pretendió ser un acto en defensa de una democracia que no estaba en peligro. Al contrario, pone en peligro que quieren que los medios no opinen, que el periodista este ahora ante un tribunal que juzgue cada cosa que dice. Eso es lo que tenemos que evitar que suceda ahora”.

“El Congreso está claramente en oposición a este tipo de cosas. Por supuesto nada del sector duro del kirchnerismo que, el primer comunicado, que no se sabía bien qué había pasado, del Frente para La Victoria de diputados del kirchnerismo duro tratando de mostrar que esa era la consecuencia de la escalada del odio que había generado el periodismo y la oposición”, cuestionó Tetaz.

Respecto a la sesión del sábado pasado ponderó que “hubo asistencia perfecta, nadie especuló con esto y todos fueron a cumplir con su posicionamiento político de rechazo a lo que había pasado”, y señaló que “al mismo tiempo hubo visiones muy críticas de todo el arco oposición del intento de manipulación y del intento de callar a la oposición y a los medios”.

“No creo que se atrevan a llevar una ley al Congreso que busque silenciar al periodismo, sería un escándalo y estaría toda la oposición en contra de esa ley. Habrá un debate estratégico si ocurre, espero que no y que gane la democracia, pero si ocurriera de que alguien quiere llevar esta ley mordaza, habría más de 129 votos en contra de esa ley. No sé si la Izquierda para este tipo de cosas los acompañaría. No veo al interbloque Federal y los de Córdoba apoyando este tipo de barbaridades no veo a los socialistas en esta línea”, opinó el diputado.

El presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, contestó por redes sociales un telegrama del Poder Judicial que lo cita a declarar por segunda vez. Sin dudarlo, apuntó contra la Corte Suprema y el magistrado Ricardo Lorenzetti.

Al igual que su jefa política Elisa Carrió, López apuntó contra Lorenzetti, pero esta vez fue contra el administrador de la Corte, Héctor Marchi, al denunciar que lo “hostiga” porque el diputado opinó sobre su trabajo.

“Pretende amordazarme y me cita a mediación por segunda vez. Entiendo que porque dije que ojalá la Corte no siga administrada por gente ligada a Ricardo Lorenzetti”, publicó en su cuenta de Twitter.

Luego de ilustrar con una foto de la citación judicial, López disparó: “¿La Corte creerá en la libertad de expresión y los contrapesos interpoderes?”.

“Yo sí creo, no me asusto porque además para eso somos votados los diputados”, dijo López, quien remató: “¡Nos vemos en tribunales Marchi!”.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por el senador Alfredo Luenzo (FdT), recibió este miércoles a especialistas que expusieron sobre la presentación del documento elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre “La protección del espacio cívico en línea. Un repaso a las amenazas actuales a la libertad de expresión en Internet”.

Eduardo Ferreyra, abogado especialista egresado de la Universidad de Tucumán y magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina por la Universidad Nacional de San Martín, habló de cuatro aspectos centrales que son “la criminalización del discurso online; el monitoreo de redes sociales, más conocido como ciberpatrullaje; la toma de decisiones de las plataformas en cuanto a generación de contenido; y las expresiones violentas de funcionarios políticos”.

“Las primeras dos se enfocan más que nada en el accionar estatal, y las otras dos tienen el acento en el accionar de las plataformas privadas”, explicó. En relación a la regulación pública sobre los comentarios en redes, aseguró que “una regulación pública debería llevar a ampliar las voces, no restringirlas y, en ese sentido, los estándares de derechos humanos nos dan una base sobre el cual se puede regular de manera conducente”.

Para Ferreyra, “cualquier implementación de un marco normativo puede verse frustrado si no hay una desconcentración del poder que las compañías mantienen actualmente. Un cambio de las reglas sin alterar el statu quo puede dar como resultado fenómenos contraproducentes”.

Por otra parte, agregó que “una regulación pública tiene que apuntar a que las personas sean involucradas de manera significativa en la toma de decisiones” y puso el ejemplo de Wikipedia.

El abogado subrayó que “nos debemos una discusión” sobre “temas controversiales” como “los discursos de odio, la desinformación, la violencia de género”. “Se corre el riesgo que las interpretaciones (sobre esos temas) que son de las plataformas comiencen a influenciar en la toma de decisiones”, alertó.

Y continuó: “Es tiempo que los poderes públicos empiecen a dar una discusión de una manera abierta y democrática, es necesario empezar a elaborar criterios propios, sobre todo en una región como Latinoamérica”.

En otro tramo de su exposición, el especialista apuntó que la mayoría de las causas por intimidación pública contra personas por sus mensajes en redes “terminan en la nada, son sobreseídas en la Justicia porque llegan a la conclusión de que no había delito alguno”. “El informe remarca que cualquier tipo de aplicación de un delito penal tiene que estar sometido a los estándares de libertad de expresión”, indicó y recomendó a la comisión dar debate sobre cómo “adaptar los delitos penales al ámbito online y evitar que interfiera con la libertad de expresión”.

En tanto, Damián Loreti, abogado por la UBA y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, afirmó que “es difícil” ponernos “de acuerdo en las cosas que decimos”, por eso “hay una necesidad de la participación de la sociedad civil como correguladora; no alcanza solo con la transparencia, nos pueden contar cómo se constituye un logaritmo y salir más ignorantes que antes. Lo que hay que ver es si ese logaritmo genera algún tipo de discriminación en términos de ciertos tipos de discurso”.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está haciendo una convocatoria en materia de discutir estándares” y “de qué modo salir del dilema de las cosas que circulan por internet”, reveló. En ese sentido, consideró que “los Estados deben establecer mecanismos regulatorios que los daños a los derechos humanos que generan las plataformas tengan un recurso efectivo para hacer ejercicio de sus derechos”.

Dictamen para un conjunto de proyectos

Tras la exposición de los especialistas, Luenzo anunció que pasaban a la firma -sin debate- un conjunto de proyectos de ley, de comunicación y de declaración.

El temario incluyó un proyecto de ley de la senadora santacruceña Ana María Ianni (FdT) que dispone la emisión de una estampilla postal en conmemoración del “Centenario de las Huelgas Patagónicas”.

En la misma línea, se avanzó con una iniciativa de la senadora entrerriana Stella Maris Olalla (UCR) que propone la creación de una estampilla postal en conmemoración del 200° aniversario del fallecimiento de Francisco Ramírez, “el supremo entrerriano”.

Además, pasaron a la firma un pedido de informes sobre la prestación básica universal y obligatoria (PBU) para celulares, internet, televisión por cable y telefonía fija; y una iniciativa que solicita la implementación de una campaña de comunicación destinada a concientizar a la población sobre los diversos modos de estafas telefónicas.

También, un pedido del senador salteño Sergio Leavy (FdT) por la “pronta gestión ante la empresa Personal/Telecom de encontrar una respuesta a la falta de conectividad y renovación de tecnología para la señal de telefonía móvil en la localidad San Antonio de los Cobres”; y un pedido de informes sobre la implementación del servicio de telecomunicaciones móviles de 5G.

En plena campaña electoral, los senadores nacionales harán un alto en la misión de conquistar voluntades y volverán a la actividad legislativa este miércoles con una reunión por Zoom de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que primero escuchará el informe de dos especialistas en comunicación sobre las amenazas en las redes sociales y luego tratará varios proyectos sobre estafas y la implementación del 5G.
La cita está pactada para las 11, con la presentación del reciente documento elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles -ADC-, titulado “La protección del espacio cívico en línea. Un repaso a las amenazas actuales a la libertad de expresión en Internet”.
Al respecto, los invitados especialistas serán los abogados Eduardo Ferreyra, quien es magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y Damián Loreti, quien es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y se desempeña como profesor de grado y posgrado en libertad de expresión desde 1988.
Asimismo, Loreti es profesor titular plenario de la cátedra de Derecho a la Información de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se ha desempeñado como director de la carrera de Ciencias de la Comunicación y vicedecano de la misma casa de estudios. También ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de libertad de expresión.

A continuación, la Comisión de Libertad de Expresión tratará dos proyectos de ley sobre emisión de una estampilla postal conmemorativa; y varios pedidos de informes sobre la implementación del 5G, la prestación básica universal y obligatoria (PBU) para celulares, internet, televisión por cable y telefonía fija y las distintas modalidades de estafa.
Además, se tratarán 5 proyectos de declaración sobre el día del periodista, 2 meses después de que se conmemora la fundación de “La Gazeta de Buenos Ayres”.

El diputado Waldo Wolff (Pro) mantuvo cruces con la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, y diputadas del oficialismo, al participar de la reunión donde la funcionaria expuso acerca de la creación del Observatorio NODIO, que busca combatir las fake news.

Wolff fue puesto en evidencia por la propia presidenta de la comisión bicameral, Gabriela Cerruti (Frente de Todos), quien criticó que el legislador haya acudido a la Justicia para frenar la puesta en marcha de NODIO, aunque el pedido fue desestimado.

En efecto, la jueza federal Maria Eugenia Capuchetti rechazó días atrás el pedido del fiscal Carlos Stornelli para dictar una medida cautelar contra la implementación del Observatorio, a raíz de una denuncia de Wolff y sus pares Fernando Iglesias y Graciela Ocaña, entre otros.

“Me apena que un miembro de la comisión, antes de plantear una discusión sobre el organismo que funciona en el ámbito de la comisión, haya ido a la Justicia a plantear una causa penal para perseguir a la titular de la Defensoría”, lamentó Cerruti, en alusión a Wolff.

El diputado del Pro, que además preside la Comisión de Libertad de Expresión, se defendió: “Yo creo en las instituciones. No creo que ir a la Justicia sea una persecución. Persecución es tirar piedras al Congreso”.

“La Justicia es lo que hemos inventado en las civilizaciones para dirimir nuestras diferencias”, aseguró, y recordó que él mismo se “autodenunció” en la Justicia Penal por una acusación del diputado provincial Jorge D’Onofrio acerca de la difusión del celular de Sergio Massa.

En tanto, Wolff le preguntó a Lewin si el Observatorio NODIO “se va a expresar sobre las fake news que vienen desde sectores oficiales, desde actores de la comunicación vinculados al oficialismo”, y también preguntó qué pasaría con los medios que difundieron que él era un “agente del Mossad” y de “los fondos buitre”.

Al momento de responder, Lewin no solo insistió en que NODIO “no es una mala idea”, sino que advirtió que “hay muchísimas informaciones inexactas que han contribuido a que en los medios se difundiera una imagen falsa, equivocada, errada, de los propósitos del Observatorio”.

“Han publicado una foto de (Joseph) Goebbels, me han llamado ‘Gestapo de la información’, y yo tengo alrededor de diez familiares asesinados en el Holocausto. Estoy a favor del debate apasionado, pero con ideas, con argumentos, no con descalificaciones, con odio ni con insultos”.

Wolff pidió nuevamente la palabra y expresó: “Yo también he perdido familiares en la guerra. Mis padres son sobrevivientes del Holocausto. ¿Y sabe qué? Yo no soy ninguna víctima. Me solidarizo con usted. Yo no he publicado jamás una foto de ese tenor y repudio a quien lo haya hecho”.

“Yo fui procesado por traición a la Patria por el gobierno kirchnerista por el mismo motivo que mis abuelos se escaparon de Alemania: por representar intereses extranjeros y corporaciones económicas. Y no me victimizo: fui a la Justicia y me presenté”, dijo.

En otro pasaje de la reunión, la diputada oficialista Mara Brawer advirtió que los impulsores de la denuncia contra la implementación de NODIO “son los mismos que denunciaron a Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi por publicar una noticia”.

Brawer agregó que otro periodista, Alejandro Alfie (Clarín) “dijo que publicó la misma noticia y a él no lo denunciaron”. “¿La libertad de expresión no es igual para todos?”, se preguntó.

En una reunión caldeada y con cruces entre oficialistas y opositores, la defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, expuso ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.

Lewin presentó detalles de su gestión en una reunión virtual presidida por la diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todos), donde defendió el Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica y aclaró que el organismo que encabeza “no está a favor de sancionar, censurar, multar o encarcelar”.

Nadie puede estar a favor del odio. Eso queda claro después de la reunión de hoy en la bicameral donde tuvimos un intercambio constructivo con diputados/as y senadoras/os para exponer sobre las líneas de trabajo a 100 días de gestión @gabicerru @MaraBrawer @SenadorLuenzo pic.twitter.com/yrbNMU7QBq

— Miriam Lewin (@miriamlewindefe) October 19, 2020

A nivel general, destacó que ya se cumplieron “100 días de gestión”, luego de su asunción a fines de junio, “después de casi cuatro años de vaciamiento, primero con la acefalía y después con la intervención que llevó a la parálisis” del organismo.

Así, se emprendió la “plena puesta en funcionamiento” de la Defensoría, donde se apunta a “una gestión democrática y participativa, de puertas abiertas a todos los sectores de la población, pero en particular a quienes vieron vulnerados sus derechos”.

“Quiero más libertad de expresión y de opinión, no menos, y el Estado puede ser garante de esos derechos”, garantizó la periodista, y habló de “recuperar el legado constitutivo de la Defensoría de ser un organismo innovador y participativo”.

Lewin sostuvo que “la pandemia extrema la responsabilidad para los comunicadores, que a su vez son personal esencial”, y sin embargo se desenvuelven en condiciones laborales “precarias”.

Señaló que en este contexto, “las audiencias están en una situación de enorme vulnerabilidad, expuestas a informaciones contradictorias” que surgen de los medios y “se multiplican en las redes sociales”.

Qué se hizo

Lewin informó a los legisladores que “desde el inicio de la gestión, las presentaciones ante la Defensoría se incrementaron en más de un 150% respecto de los primeros cinco meses del año”, llegando a 1.000 presentaciones en octubre.

Comentó que se mantuvieron reuniones con autoridades de RTA (Radio y Televisión Argentina), FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias), Télam, FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa), SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), entre otras entidades y agrupaciones.

Asimismo, se formularon “sugerencias a periodistas acerca de un abordaje responsable de la información relacionada a la pandemia”, y junto al Ministerio de Salud analizaron “casos de publicidad engañosa de medicamentos de venta libre”.

Lea también: Lewin: “En la Defensoría del Público no estamos a favor de sancionar, censurar, multar o encarcelar”

Por otra parte, la Defensoría realizó una encuesta electrónica a casi 600 periodistas sobre su actividad laboral, y “el 57,1% respondió que se sintió afectado emocionalmente por la cobertura de la pandemia”, mientras que “el 41% consideró que la labor periodística había empeorado” y “un 11,8% consideró que su medio difundió noticias falsas”.

El organismo también emprendió capacitaciones y firmó acuerdos con distintos medios, y junto al PAMI promovió una campaña contra los estereotipos y la discriminación hacia adultos mayores.

A su vez, formuló sugerencias para el “tratamiento periodístico responsable” de diferentes temas, como los consumos problemáticos, la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y los crímenes de lesa humanidad.

Lewin precisó que según el procedimiento de la Defensoría, ante la “vulneración de derechos, se ponen en marcha herramientas pedagógicas y de diálogo” a fin de “lograr posibles reparaciones simbólicas de los derechos afectados”.

En ese sentido, detalló que en la Dirección de Protección de Derechos “se elaboraron 35 dictámenes entre agosto y octubre, y se enviaron 46 notas a medios y productoras trasladando reclamos de las audiencias”.

Al comienzo de la reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de este lunes, su presidente, Alfredo Luenzo, le propuso al expresidente Mauricio Macri debatir sobre la libertad de expresión en ese ámbito.

Luenzo se refirió a la carta publicada por Macri en el diario La Nación este fin de semana, previamente a la exposición del antropólogo y asesor presidencial Alejandro Grimson, invitado a la reunión virtual.

Rompo el silencio para compartir con ustedes mi inquietud sobre la dolorosa y delicada circunstancia que atraviesa la República Argentina https://t.co/VNdj7facKO

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 13, 2020

“En las últimas horas hemos escuchado algunas declaraciones del expresidente Mauricio Macri hablando del cercenamiento, supuestamente, de algunas libertades, y puntualmente hizo referencia también a la libertad de expresión”, arrancó Luenzo.

El chubutense del Frente de Todos manifestó: “Quiero dejar un mensaje a través de esta comisión, también para el expresidente Macri: si hay algún tema que está vinculado con la libertad de expresión, aquí tiene un ámbito para poder discutirlo, poder abordar la problemática y con gusto va a ser escuchado y podremos intercambiar opiniones sobre esa mirada que tiene sobre la libertad de expresión en la Argentina que desde su criterio, supuestamente, se ve cercenada o afectada”.

El antropólogo y asesor presidencial Alejandro Grimson sostuvo este lunes que “el odio es lo contrario a la posibilidad de convivencia democrática”, al exponer en una reunión virtual de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por Alfredo Luenzo.

Grimson, responsable del programa “Argentina Futura”, definió el “discurso del odio” como aquel que “alude a grupos de personas por sus condiciones sociales, culturales o políticas, o que genera agravios”.

El especialista explicó que “hoy en el mundo hay mucha investigación que se está desarrollando” sobre el tema de “cómo construir convivencia democrática en sociedades desiguales”, ya que “lo peor que se puede hacer respecto del otro es no reconocer la existencia de ese otro”.

“No es posible construir una convivencia si se niega la existencia”, subrayó Grimson, y agregó que “hay una preocupación histórica sobre la negación en Argentina, y por otro lado hay una preocupación del mundo contemporáneo, donde está creciendo el discurso del odio”.

Según el antropólogo e investigador del CONICET, hasta que no erradique ese odio, “la Argentina no va a poder desplegar toda su potencialidad”.

“Hay una desigualdad nodal, la desigualdad distributiva, económica, relacionada a la aporofobia, el desprecio y el odio hacia los pobres; por otro lado, las desigualdades de género, vinculadas a la misoginia, la homofobia y la transfobia; y también desigualdades étnico-raciales de larga data”, enumeró.

En ese sentido, señaló que “el odio muchas veces deviene en odio político, y ahí es donde la convivencia se torna imposible”, dado que “el odio es lo contrario a la posibilidad de convivencia democrática”.

“Estamos en un mundo donde el odio está creciendo, donde hay nuevos fanatismos”, advirtió, y aclaró que el odio no tiene que ver con el debate político de ideas, sino con “discursos que aluden a grupos de personas por sus condiciones sociales, culturales o políticas, o que generan agravios”.

El asesor presidencial analizó que “la pregunta sobre el discurso del odio es si la sociedad democrática debe ser tolerante con todas las expresiones de intolerancia”.

“Nuestra democracia va a ser mucho mejor el día que nuestros propios consensos se hayan generado. Sería maravilloso que logremos desplegar un amplio debate público sobre estos temas; que se expresen todos los argumentos sociales, políticos y jurídicos”, expresó.

Con la ausencia de las dos funcionarias invitadas -la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la titular del INADI, Victoria Donda-, se celebró este jueves una prolongada reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, que contó con el testimonio de un grupo de periodistas.

Entre los representantes de la prensa habían sido convocados, por parte de la oposición, los periodistas Baby Etchecopar, Cristina Pérez y Viviana Canosa, pero de estos solo el primero estuvo presente de manera remota. Y justamente quien asistió fue destinatario de numerosas críticas de parte de quienes lo sucedieron en el uso de la palabra.

Al inicio, el presidente de la comisión, Waldo Wolff (Pro) se refirió a la ausencia de las dos funcionarias, a quienes dijo que personalmente había enviado invitaciones. En el caso de Donda, aclaró que no hubo respuesta, y en el caso de Frederic, la ministra le pidió que remitiera el pedido de asistencia al presidente de la Cámara, quien a su vez le mandó a él una carta diciéndole que en agosto ella concurrirá a una reunión conjunta. “No aclara si nos va a convocar a nosotros”, apuntó Wolff.

La primera en hablar fue Ángela Lerena, quien arrancó leyendo fragmentos de una solicitada suscripta por más de dos mil periodistas, en las que se indicaba que “no toda crítica puede ser considerada un ataque a la profesión”. La periodista apuntó además que “muchas veces la libertad de expresión parece que fuera privilegio de una élite, los más favorecidos, los que tienen espacios de más visibilidad”.

“Deberíamos mirar un poco más allá de lo que les sucede a los más visibles”, reprochó, y a continuación contó “cosas que le pasan a los trabajadores comunes y corrientes”. En ese marco, recordó cuando “una patota ingresó a Tiempo Argentino, hace cuatro años”, y lo definió como “el ataque más importante contra un medio de comunicación registrado durante la democracia”. En esa oportunidad, dijo, “no sentimos una solidaridad masiva por parte de toda esa élite, que incluye a cámaras empresarias, y hasta el entonces presidente Mauricio Macri llamó a los trabajadores ‘usurpadores’”.

Tras recordar que ese diario hoy sigue funcionando, enumeró una serie de males sucedidos en el ámbito de la prensa durante los últimos cuatro años: “Cincuenta periodistas fueron agredidos durante los últimos cuatro años; 4.500 puestos se perdieron, cerraron empresas y se pagaron salarios en cuotas”.

Lerena señaló los 354 “despidos ilegales” en Télam, rechazados luego por la Justicia, y mencionó también los 65 despidos en Clarín. “Son algunas de las cosas que sufrimos los trabajadores de prensa comunes y corrientes durante los últimos años”, denunció, e insistió en que hoy hay “un montón de medios que están pagando en cuotas los salarios”.

“Algunos periodistas consideran que la libertad de prensa les corresponde solamente a ellos”, remarcó, enfatizando que “la libertad de expresión no es un ticket para que valga todo”.

La cronista citó después el Pacto de San José de Costa Rica y leyó algunos artículos aplicables al caso de la prensa.

A continuación, el periodista Esteban Zunino habló de los límites que están regulados constitucionalmente, criticó “el discurso de odio, incitación a la violencia”, y pidió atender la responsabilidad que les cabe “a los que ejercemos esos derechos”.

“Los límites son la censura directa, el asesinato, la asfixia económica… Ninguno de esos casos se está dando en nuestro país durante los últimos años, salvo excepciones”, comentó, para referirse luego a la concentración mediática: “En Argentina el 80% del mercado de radio está concentrando en los primeros cuatro jugadores; el 92% de la televisión está concentrado en los primeros cuatro jugadores; el 84% de la televisión paga en cuatro jugadores; el 100% de la telefonía está dividido en tres jugadores; el 81% de los servicios de Internet en cuatro jugadores, en una situación de concentración que se extendió como nunca durante los últimos cuatro años durante el Gobierno anterior”. A ese gobierno también le reprochó haber prometido un proyecto de ley de comunicaciones convergentes “que nunca llegó”, y extendió el reclamo al gobierno actual.

“La libertad de expresión -continuó- es un derecho colectivo y si hay personas afectadas son las de menor rango, aquellos que tienen que escribir ocho o diez noticias diarias, lo que atenta contra cualquier criterio de calidad informativa y no son los que suelen victimizarse, ni firman solicitadas con cámaras empresarias”.

A su turno, el periodista Baby Etchecopar aclaró que no iba a victimizarse, para aclarar luego que “la libertad de expresión no se discute: se la tiene o no se la tiene. Es mi punto de vista”.

Lamentó el “terrible momento que pasan compañeros que cobran por debajo de la línea de pobreza”, pero recordó luego haber trabajado “en un multimedio relacionado con el kirchnerismo, y parece ser que la desgracia en este país surgió hace cuatro años”. Por el contrario, habló de trabajo en “condiciones infrahumanas en Radio 10”, donde “los chicos cobran en cuotas, no tienen obra social, y yo fui echado en plena pandemia por no querer adoctrinar… si vamos a la libertad de expresión meramente no sé si lo que molesta de mí es el estilo… la corrupción no tiene sexo. Detrás de la mujer no se defiende a una mujer, se utiliza la misoginia discriminatoriamente para marcar a aquel que a lo mejor pregunta cuando hay un juicio a la vicepresidenta”.

“Hace siete años que vengo sufriendo sistemáticamente, con pruebas y denuncias, los escraches en los teatros, la prohibición de trabajar en municipios kirchneristas”, se quejó a continuación.

Más adelante cuestionó a la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, que “dijo que ya me tienen apuntado, o Victoria Donda, que dijo que gente como yo no debía existir, al mejor estilo goebbeliano”.

Volvió luego a su despido de Radio 10: “Yo pensaba diferente y había que adoctrinar, por eso iba a ir (en su lugar) Pablo Duggan, un excelente periodista, quiero aclarar, y lo recordamos por haber escrito el libro de cómo se suicidó Nisman…”.

“No puedo vivir en un país donde haya un pensamiento único”, deslizó más adelante, para cuestionar luego a lo que definió como “un batallón de diputadas K que organizadas mandan a hacer denuncias para acumular denuncias contra mí, porque hay que silenciar a Baby… no lo digo yo, lo dijeron Lewin y Donda”.

Agradeció al final haberle permitido expresar “esta bochornosa situación que estoy pasando, pero no puedo mezclar una situación gremial. Si no hubiese estado en peligro la libertad de expresión, no estaría hablando”.

En representación del SIPREN, el sindicato de Prensa de Córdoba, su secretaria general, Mariana Mandacovich, dijo compartir lo expresado por Esteban Zunino y Angela Lerena: “La libertad de expresión no está en juego; banalizarlo es muy grave en un país como este que pasó una dictadura. Hay países donde sí está en juego y no podemos banalizarlo”.

Pidió luego diferenciar “opinadores de periodistas”: “Cada cual puede opinar y decir lo que quiera, pero tiene que saber que la función del periodista es central y no se puede decir lo que se quiere sin saber que hay una serie de chequeo de fuentes que tenemos que tener en cuenta. La libertad de expresión sí está en peligro cuando no hay salarios dignos”.

En nombre de FOPEA, Fernando Stanich dijo que resultaba “imposible” estar en desacuerdo con algunos de los colegas que lo habían precedido. “Coincidimos en cuál es la realidad del periodismo, sobre todo en el interior del país”, señaló, reivindicando el carácter federal de su entidad. “Nuestras discusiones exceden a lo que pasa en los grandes medios, o lo que sucede en la Capital Federal”.

Stanich agregó que las amenazas a la libertad de prensa se dan en todos los puntos del país. “Estamos pendientes de eso”, dijo, advirtiendo luego sobre la preocupación que les despierta la precarización laboral, que –aclaró- “viene de antes de la pandemia y venimos alertando que se va a profundizar”.

“Defendemos la calidad periodística, más allá del nombre; no cedemos un centímetro en lo que es la defensa de la libertad de expresión –añadió-. No concebimos una democracia donde no se pueda criticar al periodista, pero eso no puede dar pie a agravios. Que tengan que tener custodia o no puedan salir a la calle por el producto de su trabajo no hace bien a la consolidación de la democracia”.

El representante de FOPEA alertó entonces que “se están profundizando discursos desde algunos sectores que fomentan este tipo de agravios. El periodismo se basa en información, chequeo de datos, pero no defendemos el agravio como forma de hacer periodismo. Lo que hay que potenciar es la tolerancia desde todos los sectores, y eso debe partir fundamentalmente desde los que tienen mayor responsabilidad política en una sociedad. Lo que deben hacer es bajar el discurso de agravio y odio porque esto genera consecuencias directas en un colega de capital o el interior”.

Stanich concluyó afirmando que “desde FOPEA estamos en un proceso de autocrítica” y anticipó que trabajan en un código de ética.

Uno de los más enfáticos al expresarse fue Diego Pietrafesa, de Telefé Noticias y miembro del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. “Somos trabajadores de prensa”, repitió adrede varias veces. “Parece que los trabajadores no podemos hablar desde la libertad de expresión, curioso concepto el de Baby Etchecopar”, se quejó.

“Somos nosotros los que hacemos la noticia”, afirmó, denunciando a continuación que los trabajadores de prensa fueron “los que sufrieron un ataque brutal del gobierno de Mauricio Macri”. “Venimos de la peor agresión contra el ejercicio del periodismo libre desde la dictadura: 5.139 puestos de trabajo menos en todo el país; cierre de 57 empresas de prensa escrita y 45 radios, ¿qué otra cosa que un ataque a la libertad de expresión es el silencio de voces y la pérdida de pluralidad y diversidad y la imposición de un discurso cada vez más concentrado?”.

También se ocupó de citar el ataque contra el diario Tiempo Argentino, “entrando en un medio de comunicación con asistencia de los servicios de inteligencia”, y concluyó afirmando que “el periodismo está en emergencia”.

Vicepresidente de FADICA, entidad que nuclea a cooperativas de trabajo relacionadas con la comunicación, Fernando Gómez dijo que “hay que hacer un esfuerzo grande para no banalizar el concepto de libertad de expresión. Quienes se agravian en la libertad de expresión por algún mensaje cruzado o las redes sociales, generalmente tienen la oportunidad de denunciar en un gran medio de comunicación, son los que han dejado en el camino a excelentes periodistas. He visto más excelentes periodistas quedarse sin trabajo que los agraviados”.

Gómez habló de una “profunda concentración de medios” y aseguró que “someter a un medio de comunicación a la asfixia económica crónica es la mejor forma de atacar a un medio de comunicación”.

Fue el turno entonces de Rodrigo Sepúlveda, periodista de Radio Nacional en Mendoza, quien sostuvo que en su provincia “los últimos cuatro años sufrimos persecución ideológica, censura, despidos por ideología”.

“No está en peligro la libertad de expresión en la República Argentina; hay mucho cinismo, descaro”, aseguró, y emprendió contra Etchecopar, quien -dijo- “ha tenido expresiones muy desagradables”.

Habló de periodistas imputados y procesados, y sostuvo que “lo que se ha degradado en la Argentina es el ejercicio del periodismo por parte de algunos. El público es el que debe demandarle a los periodistas que seamos honestos, eso no se está cumpliendo. Cuando existe ese cinismo viene la victimización”.

Cuestionó luego la solicitada suscripta recientemente por periodistas “en apoyo a Luis Majul, quien está acusado de utilizar un programa de televisión para difundir lo que obtenían los servicios de Inteligencia de forma ilegal”.

A continuación Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, celebró “que FOPEA se haga autocrítica, porque siempre estuvo más cerca de las patronales que de los trabajadores”.

Ratificó a su vez “el repudio al espionaje ilegal que abarcó a más de 400 periodistas. Si hay en nuestro país un hecho intimidatorio, se ve reflejado en ese listado. Ese procedimiento de persecución masiva que implementó la AFI de (Gustavo) Arribas para un gobierno que se cargó un récord histórico de despidos”.

Para Carmona, “el Estado debe tutelar para la libertad de expresión, instrumentando mecanismos claros para romper esta concentración hegemónica”, y luego dijo que “hay que generar poderosas leyes antimonopólicas, por eso es vano el debate de si Baby Etchecopar, si Majul, acá no se trata de si son mejores o peores comunicadores; la posibilidad tiene que estar en que todos puedan hablar, desmonopolizando”.

Concluyó su discurso afirmando que “el gobierno de Macri entregando Telecom a Clarín ha generado la mayor concentración de la historia”.

La voz de los legisladores

Concluida la ronda de invitados, el presidente de la comisión, Waldo Wolff, contó que los periodistas de Juntos por el Cambio “hace nueve meses que no son invitados a la Televisión Pública ni a Radio Nacional”.

Por su parte, el radical Fabio Quetglas pidió evitar “los falsos antagonismos”, y al referirse a la asfixia económica a la que se somete a los medios, la atribuyó a que “la economía general es languidecente, y eso no viene solo desde el gobierno de Macri”.

Refutó el término concentración económica, a señalar que “personas que eran ignotas hace cinco años, hoy tienen 2 millones de seguidores”, algo que definió como “el proceso de desconcentración de la palabra pública más importante que existió en la historiad de la humanidad”. Y agregó que “pensar la comunicación bajo el modelo de los medios hegemónicos, que era una realidad y lo es, lo que estoy viendo es lo contrario justamente”.

Como sea, sobre el final de la reunión, la también radical Karina Banfi sugirió diferenciar el fenómeno de las redes sociales de la importancia de los medios de comunicación.

El radical Álvaro de Lamadrid advirtió por su parte que “desde que asumió el Gobierno hay un creciente autoritarismo, un vamos por todo, y una de esas señales el ataque a la prensa, a los periodistas, buscando silenciar, como un saldo pendiente del anterior paso del kirchnerismo por el poder. En esto tiene que ver la vicepresidenta, que es quien gobierna el país”.

El diputado señaló que “desde Juntos por el Cambio siempre hemos manifestado nuestra solidaridad con los ataques a los periodistas; no vemos la misma actitud desde el Frente de Todos. Parece que hay periodistas buenos a los que se debe defender y otros que se merecen los ataques”.

En respuesta a las referencias al ataque en Tiempo Argentino, dijo que ese diario “fue el negocio de unos vivos que usaron la pauta oficial para enriquecerse. Cuando terminó el Gobierno se fueron y dejaron a la gente a la deriva; no hay ni puede haber libertad de expresión con canales que se compraron con la plata de la corrupción y ahora quiere salvar el Gobierno con una moratoria”. Advirtió además sobre “medios que se usan para hacer operaciones y ataques a la oposición. La del Gobierno no es una actitud imparcial de árbitro, sino de embarrar la cancha para que parezca que todos somos iguales, llevadas a cabo con los Oyarbide de turno”.

La kirchnerista Mara Brawer dijo no entender “el apoyo a la victimización de Baby Etchecopar”, enumerando luego una serie de improperios del periodista. Pero advirtió que “esta semana dijo algo muchísimo más grave, pasó un límite: cuando Miriam Lewin dijo que su tarea es lograr que estos discursos de odio no sean escuchados, le contestó: ‘¿cómo va a hacer para que la gente no me escuche, me va a desaparecer’?. Le dijo esto a una persona que estuvo desaparecida en la ESMA”.

Y luego se comparó a sí misma preguntándose qué pasaría si ella dijera que no quiere que se escuchen los discursos de odio “y un periodista me contestara: ‘¿qué vas a hacer, nos vas a hacer jabón?’”.

“No se puede banalizar la existencia o no de la libertad de expresión”, señaló por su parte el diputado del Frente de Todos Marcelo Koenig, que consideró que “uno de los más grades ataques” contra la libertad de expresión, tras enumerar una serie de episodios registrados durante las últimas décadas, “fueron las agresiones físicas, verbales, que recibieron los periodistas de C5N durante la marcha opositora y fascista del 9 de julio pasado. Esto es un atentado liso y llano contra la libertad de expresión”.

“Estoy convencido que son producto de los discursos del odio. Veo con preocupación que se intente defender a estos odiadores seriales”, agregó, para apuntarle a Baby Etchecopar: “Un personaje pequeño y oscuro como el que invitaron no solo está repitiendo un discurso racista misógino, discriminatorio, sino que además eligió una metáfora precisa para referirse a nuestra vicepresidenta: el cáncer… No es la primera vez, el mismo odio pintó en una pared de Barrio Norte viva el cáncer”.

Fernando Iglesias señaló a continuación que él había repudiado enseguida esos episodios. “¿Qué obtuvimos? Un señor que es de C5N nos presentó una denuncia penal a mí y a Patricia Bullrich por ser responsables de una agresión que repudiamos”.

A su turno, Mónica Macha sostuvo que “quienes hoy dicen que la libertad de prensa está en riesgo son, paradójicamente, quienes responden a los intereses concentrados. ¿Saben cuándo estuvo en peligro el derecho a la comunicación? Durante los cuatro años de macrismo, cuando lo primero que se hizo fue dar de baja la Ley de Medios y con ello no solo silenciar voces sino hundir a los medios alternativos, contrahegemónicos y comunitarios”.

El senador nacional Alfredo Luenzo, que preside la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, se refirió al proyecto presentado por Cristina del Carmen López Valverde sobre la actividad de los influencers y la publicidad en las redes, y consideró que “es un muy buen marco para debatir una agenda legislativa en torno a las plataformas digitales”. El proyecto fue analizado este martes mediante un encuentro remoto por parte de los equipos técnicos de la comisión en conjunto con Legislación General. 

El chubutense señaló que “la necesidad de comenzar a analizar y debatir un conjunto de instrumentos institucionales que nos permitan proteger a los usuarios ante situaciones como el uso indebido de sus datos personales, la utilización indebida de la propiedad intelectual o sin el crédito al autor o sin su autorización, de la difusión de situaciones de la intimidad, invasión de la publicidad bajo formato de información u opinión, las Fake News o incluso de discursos racistas, discriminatorios tan preocupantes, que se están viendo en las plataformas”. 

En este sentido, enfatizó que “en las redes, también hay que distinguir a la libre opinión del discurso publicitario, como sucede en los medios tradicionales y donde la diferencia entre información, opinión y publicidad es bien marcada”. 

Sobre esto, sostuvo que “en el mundo ya se está empezando a trabajar en este sentido” y expresó que “en la Argentina tenemos que trabajar también en la agenda digital”, ya que “las audiencias se están volcando intensamente en sus hábitos de consumo hacia las nuevas plataformas digitales tanto en términos de información, opinión y formación como también en la búsqueda de información sobre la oferta de bienes y servicios. Tenemos en las redes desafíos muy importantes como audiencia y allí un campo amplio para trabajar en un esquema normativo moderno y democrático”, completó. 

Por ello, Luenzo ponderó que “el proyecto de la senadora López Valverde propone un debate sobre tres cuestiones centrales que es la regulación de una actividad en redes, la libertad de expresión y su distinción entre libre opinión y discurso publicitario y finalmente en la revisión de regulación de la actividad publicitaria”. 

Asimismo, Luenzo recordó que en el marco de la Comisión de Sistema, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión “se está trabajando activamente”, y remarcó la importancia del Primer Foro del Senado de la Nación “sobre la dimensión institucional de la libertad de expresión, plataformas digitales y su articulación con el resto de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico”, en donde “se llevó adelante un debate muy rico en conceptos institucionales y sobre todo con una pluralidad de miradas que aportaron una hoja de ruta muy relevante”. 

“Durante el Foro, hemos analizado también el impacto que ha tenido el avance tecnológico sobre los procesos de información, el ejercicio profesional en los medios y en los hábitos de la comunidad sobre cómo se está informando hoy a partir de los dispositivos móviles. Por eso hoy en el mundo y sobre todo en Europa se está poniendo la mirada en las plataformas digitales en temas de libertad de expresión y sobre cómo su ejercicio se debe realizar en articulación con el resto de los derechos y garantías de nuestra Constitución Nacional”, señaló al respecto. 

Por este motivo, Luenzo aseguró que “por la estructuración que está tomando la sociedad moderna, Internet debe ser considerado un servicio público esencial y la conectividad un derecho humano que debemos respetar todos los países”. 

“Este rol fundamental que ha tomado la conectividad en la sociedad contemporánea lo he expresado tanto en el marco del debate que estamos dando en el Congreso en leyes específicas de esta pandemia, como también la semana pasada en el Parlatino”, concluyó el legislador. 

Por tercera vez, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, no asistirá a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, presidida por el macrista Waldo Wolff, donde fue citada en varias ocasiones para explicar los alcances de la resolución 144/20 que, según la oposición, habilita el “ciberpatrullaje”.

Según supo parlamentario.com, la funcionaria no recibió la convocatoria oficial desde la Presidencia de la Cámara baja, sino una invitación a título personal de Wolff, que le llegó este martes por la noche.

“Nuevamente la citación fue de forma improcedente”, aseguraron desde su entorno. Y, además, indicaron que la ministra brindó información sobre el tema cuando se presentó ante la Comisión de Seguridad Interior -el pasado 7 de abril-.

La semana pasada, Frederic expuso ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado, donde señaló que dicha resolución se elaboró con el aporte de los organismos de Derechos Humanos y tendrá vigencia por el tiempo que dure la emergencia sanitaria.

Por otra parte, la Comisión de Libertad de Expresión citó también a la titular del INADI, Victoria Donda, por sus dichos contra el periodista Baby Etchecopar. “No van a existir más los Baby Etchecopar”, lanzó la funcionaria durante una entrevista.

Consultada por parlamentario.com, la exdiputada afirmó que estaba dispuesta a concurrir, pero tampoco recibió hasta el momento una “invitación oficial” desde la Cámara.

Periodistas y especialistas expusieron este viernes sobre el estado de la libertad de expresión en Argentina y los desafíos en materia de nuevas regulaciones, durante una reunión informativa de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, que preside Alfredo Luenzo (Frente de Todos).

Larisa Kejval, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, enumeró una serie de “prioridades” que deberían abordarse en la agenda legislativa, y en primer lugar sostuvo que “el Estado debe recuperar un rol activo en la regulación para poner límites a la concentración” de medios.

Para graficar el “grave problema de concentración de las comunicaciones”, Kejval indicó que “solo cuatro grupos de medios acaparan el 74% de los diarios impresos y más del 50% de la radio y televisión abierta del país, es decir que unas pocas empresas privadas producen la información que nutre a los argentinos”.

“Los niveles de concentración de la propiedad de los medios se vieron acrecentados por las políticas desregulatorias de los últimos años”, consideró la académica.

Por otra parte, sostuvo que “el Estado debe tener un rol activo en la producción de diversidad y pluralismo” y en ese sentido pidió “poner en valor a los medios comunitarios”.

También remarcó la necesidad de “una ley que garantice la distribución plural y democrática de la publicidad oficial”, así como otra ley “que garantice un plan nacional de conectividad”, y una última que establezca la equidad de género en los medios de comunicación tanto estatales como privados.

Por su parte, Fernando Ruiz, de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), definió a la entidad que preside como “una organización militante en defensa del periodismo, más allá de la posición personal” de quienes ejercen la profesión.

“Cuando una patota entró a Tiempo Argentino en 2016, cuando agredieron a un móvil de C5N la semana pasada o cuando agredieron a Osvaldo Bazán en 2017 siempre estuvo FOPEA defendiendo a esos periodistas”, aseguró, y agregó: “No nos importa si la violación a la libertad de expresión se produjo en el gobierno de (Mauricio) Macri con el espionaje a periodistas o si se realizó bajo un gobierno peronista o kirchnerista”.

Ruiz advirtió que “a veces se usan expresiones muy agraviantes contra el periodismo y desde voces muy potentes se instalan discursos de odio”. “El país está viviendo momentos muy difíciles y eso no se puede agravar trayendo del pasado esos resentimientos”, opinó.

Además, observó que “hoy se acusa a periodistas de formar parte de asociaciones ilícitas, de ser torturadores, de ser parte de una banda de espías”, y a su vez “desde el Gobierno nacional están pidiendo convertir a los medios públicos en medios de propaganda oficial”.

En otro orden, Ruiz advirtió que el denominado lawfare “se ha convertido en un argumento para no dar explicaciones sobre denuncias de corrupción” y además “se usa contra varios de los mejores periodistas del país”.

El expositor insistió en que “hoy se habla de lawfare para no responder las denuncias” y cuando se lo hace, “se responde ante periodistas que nada saben del tema o que son muy afines”.

Momentos después, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, recogió el guante y le respondió a Ruiz: “Puedo entender quienes no comparten la crisis del lawfare, pero el lawfare no pretende reemplazar nada. Yo he exigido a medios que me llamen y me pidan las pruebas. No quiero que escriban bien de las causas que yo llevo; quiero que escriban la verdad”.

Por otra parte, la abogada opinó que “como no es atendible que un Estado censure, tampoco es atendible que a través del control de los medios de comunicación un solo sector de la sociedad pretenda moldear de una sola manera la construcción de sentido”.

Además, se refirió al “nivel dramático de concentración de las carreteras por las que circula la información, que son las redes. “Unas pocas personas, con solo apretar un botón, podrían dejar sin conectividad a buena parte de la Argentina”, afirmó, al hablar de la fusión Telecom-Cablevisión.

Peñafort advirtió cómo a través del no acceso a la conectividad pueden verse vulnerados otros derechos, como el derecho a la identidad, dado que para tramitar el DNI es necesario sacar un turno previamente por Internet.

Por eso, propuso “regular el acceso a las redes y que el ejercicio de derechos a los que se accede a través de las redes no tenga una limitación económica”.

En tanto, la periodista Silvia Naishtat, quien además es secretaria de la Academia Nacional de Periodismo, presidida por Joaquín Morales Solá, explicó que esa entidad busca “generar un espacio de debate sobre el periodismo”.

Asimismo, afirmó que “para quienes vivimos la dictadura, decir que no hay libertad de expresión en nuestro país es una falta de respeto a la historia”, aunque consideró que hay que “estar en guardia”.

A su turno, Agustín Lecchi, del SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) consideró que “la libertad de expresión no es un valor individual ni de los periodistas, sino un valor de toda la sociedad”.

Lecchi denunció que durante la gestión de Macri se vivió “la situación más crítica desde la vuelta a la democracia en nuestro país” para el periodismo, con “la pérdida de 4.500 puestos de trabajo a nivel nacional” y “57 empresas de prensa escrita y 45 empresas de radio menos”.

“La concentración creció como nunca antes y eso es un problema, como también es un problema las condiciones de trabajo en las que realizamos nuestras tareas”, sostuvo.

El dirigente gremial advirtió que “no podemos ejercer el periodismo en las condiciones en las que lo estamos ejerciendo. No hay nada más apremiante que tener que tener cuatro trabajos para tener un sueldo digno a fin de mes”.

En ese sentido, dijo que el salario de los periodistas “cayó un 50% en los últimos cuatro años”, y por ese y otros motivos esta semana se realizó un cese de tareas, un “apagón informativo” de dos horas. “No nos gusta hacer estas medidas, pero nos lleva la presión que vivimos todos los días”, dijo.

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, y el titular de FOPEA, Fernando Ruiz, se cruzaron este viernes durante una reunión virtual de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, convocada por su presidente, Alfredo Luenzo, para debatir sobre la problemática.

La discusión se originó cuando Ruiz sostuvo que “es importante que los dirigentes políticos de nuestro país no incentiven el odio contra periodistas ni fomenten en la ciudadanía el rechazo ni la hostilidad frente al periodismo”.

“Acusar de torturadores, de extorsionadores o de espías a periodistas profesionales que realizan investigaciones sobre corrupción es un mecanismo de intimidación pública que afecta directamente a la libertad de expresión”, denunció.

El titular de FOPEA agregó entonces que el denominado lawfare “se ha convertido en un argumento para no dar explicaciones sobre denuncias de corrupción”.

“Decir lawfare es como decir off side en el fútbol: se suspende la jugada y no hay que prestarle atención a la denuncia que se ha realizado. Por supuesto -concedió- existen las malas praxis periodísticas, pero el argumento del lawfare se usa contra varios de los mejores periodistas del país”.

Ruiz insistió en que “hoy se habla de lawfare para no responder las denuncias” y cuando se lo hace, “se responde ante periodistas que nada saben del tema o que son muy afines”.

Además, señaló que “los periodistas más atacados suelen ser los que más investigan; eso nos hace pensar que son sus aciertos, y no sus errores, lo que hace que sufran persecución política”.

Tiempo después, Peñafort, quien también participaba como invitada en la reunión, pidió la palabra para responderle a Ruiz: “Puedo entender quienes no comparten la crisis del lawfare, pero el lawfare no pretende reemplazar nada. Yo he exigido a medios que me llamen y me pidan las pruebas. No quiero que escriban bien de las causas que yo llevo; quiero que escriban la verdad”.

La abogada recordó a su “cliente y amigo” Héctor Timerman y el fuerte cruce que mantuvo con el periodista Joaquín Morales Solá por una nota titulada “El uso político de una muerte”, la del excanciller.

“Le contesté doblada de dolor, porque lo acababan de enterrar”, recordó, al borde de las lágrimas, y añadió: “No me preocupa que publiquen cualquier cosa, pero por lo menos pregunten”.

El descargo de Graciana

“Me preocupa el espionaje y también la falta de sentido crítico respecto de algunas cuestiones que vemos en el periodismo. No me asusta que los periodistas hablen de mi o de mis clientes, lo que me asusta es cuando no han leído o no tienen ni idea de lo que están hablando”, cuestionó Peñafort en la reunión de comisión.

La letrada sostuvo que “los periodistas no son jueces, fiscales ni abogados defensores” y “lo que no pueden es dejar de honrar la verdad”.

En ese sentido, se refirió a las reacciones por la muerte del empresario Fabián Gutiérrez: “Yo puedo pensar que Cristina Fernández de Kirchner es mala, o puedo pensar que es buena, pero lo que no puedo es decir que es una asesina”.

“Hace dos fines de semana tuvimos a periodistas imputándole a la vicepresidenta de la Nación un delito, y lo que es más grave: imputándole al Gobierno encubrir este delito. Una cosa es no tener coincidencias políticas, y otra cosa bien distinta es imputar delitos a una persona sobre la que no había ninguna prueba de que había cometido ese delito”, aseveró.

La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, que preside Waldo Wolff (Pro), escuchó este miércoles el testimonio de tres periodistas que denunciaron “persecución” e intentos de “censura” por parte de dirigentes políticos, en una reunión de la que no participó el Frente de Todos.

El oficialismo decidió no asistir a la videoconferencia en rechazo al primer punto del temario, la citación a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien había sido convocada por segunda vez para exponer sobre la resolución 144/20, y finalmente no concurrió.

Una de las expositoras fue la periodista Guadalupe Vázquez (Radio Rivadavia, Canal 9 y LN+), quien denunció un “acoso” y un “intento de desacreditación” en las redes sociales por una información que publicó acerca de la disposición del Banco Central sobre compra de dólares y transferencias al exterior.

En primer lugar, Vázquez recordó que fue despedida en 2013 del canal C5N, luego de la compra por parte de Cristóbal López, “por no querer ser partícipe de una operación de prensa que le estaban haciendo en ese momento al gobernador (José Manuel) De la Sota”, aunque no ofreció detalles.

Con respecto a sus dichos sobre la regulación del BCRA en Twitter, relativo a lo que ella llamó “dólar terrorista”, dijo que al día siguiente de su publicación “ya había medios militantes diciendo que esto era una operación de prensa”, en particular el sitio Chequeado.

“El chequeo se hizo sobre la desmentida de un funcionario, no con documentos o especialistas”, cuestionó la periodista, y agregó que “no le permitieron el derecho a réplica”.

“A los que más les molestó que yo diera esta información es a La Cámpora”, aseguró, y agregó que a partir del hecho “el diputado (Rodolfo) Tailhade empezó a desacreditarme”.

Por su parte, Carlos Eguia, periodista de la radio Cadena Uno de Neuquén, denunció que desde 2017 sufre una “persecución” por parte de Guillermo Pereyra, exsenador nacional y secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Eguia advirtió que Pereyra es “un hombre muy poderoso” que “si quiere puede parar el país, porque nos corta todo Vaca Muerta. Es (Hugo) Moyano multiplicado por cuatro”.

Recordó que hace tres años, el dirigente gremial le inició una acción penal por calumnias e injurias por una investigación que Eguia leyó en la radio, correspondiente al diario Río Negro, que “era absolutamente veraz”.

El periodista destacó que ganó el juicio en primera y segunda instancia, y finalmente también obtuvo un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén.

Eguia señaló que los periodistas del interior “no tienen tanta espalda” como los de Buenos Aires y en ese sentido destacó que “el único que puso la cara” por él fue “Baby” Etchecopar, que también estaba convocado a la reunión de comisión, pero no concurrió.

Luego expuso Ariel Barrios, periodista de Salta, quien a fines de junio fue multado con 40.000 pesos por el intendente de Pichanal, Sebastián Domínguez, por haber publicado dos “fake news” en su cuenta de Facebook sobre casos de Covid-19 que finalmente fueron verificados.

“Esto parece sacado del siglo XVII, donde te penaban por hablar en contra del rey. Él (por Domínguez) representa la suma del poder público, él te juzga y él te multa”, graficó Barrios, y dijo que a pesar de que el Concejo Deliberante derogó de manera retroactiva la ordenanza en cuestión, la multa “sigue en pie”. “Afrontar esta multa me llevaría prácticamente un mes y medio de sueldo”, advirtió.

Otro de los participantes de la reunión fue Daniel Dessein, de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), que advirtió: “Nunca tuvimos tanta atención como en estos meses, pero al mismo tiempo nuestros ingresos se han derrumbado de manera inversamente proporcional” y “empiezan a caer medios” como en Brasil (30) y en México (27).

Dessein observó que la pandemia generó “un contexto donde se ha enrarecido muchísimo el clima”.

Además, habló de un “intento se confundir periodistas con sus fuentes” y aludió al caso de Luis Majul, que “hizo que todos a quienes nos preocupa la libertad de expresión siguiéramos el caso con muchísima atención”.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, faltó por segunda vez a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, convocada por su presidente, Waldo Wolff, para dar explicaciones sobre la resolución 144/20, que según la oposición habilitó el “ciberpatrullaje”.

Se trata de la resolución que creó, a fines de mayo pasado, el “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”, cuya aplicación se limita a la pandemia del Covid-19.

El 11 de junio, Wolff convocó a Frederic a una primera reunión informativa, pero la ministra se ausentó, y posteriormente, el 23 de junio, el diputado del Pro volvió a convocar a un encuentro, pero en ese caso ni siquiera se le cursó la invitación a la ministra, por decisión de autoridades de la Cámara baja que entendieron que esa comisión no era el ámbito pertinente.

Sin embargo, el legislador volvió a citar a Frederic para este miércoles, esta vez con una invitación enviada por él a su correo personal, pero la funcionaria tampoco asistió.

Lo cierto es que el mismo día de la convocatoria de Wolff, el secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks, dio explicaciones sobre la resolución y respondió preguntas ante la Comisión de Seguridad de Interior, el ámbito que correspondía según el oficialismo.

A pesar de esto, Wolff lamentó: “Estamos siendo plantados por segunda vez consecutiva, y además somos destratados, porque ni siquiera nos contestan”.

“Si nosotros consideramos que una acción de un Ministerio está afectando la libertad de expresión, es motivo suficiente para que convoquemos”, consideró, y agregó: “La ministra puede no venir, pero corresponde que nos responda por escrito”.

Los diputados del Frente de Todos que integran la Comisión de Libertad de Expresión decidieron no asistir tampoco a la reunión y emitieron un comunicado justificando su decisión.

“No nos vamos a prestar a instancias que solo buscan la trascendencia mediática”, sostuvieron los legisladores Marisa Uceda, Marcelo Koenig, Norma Abdala de Matarazzo, Lisandro Bormioli, Pablo Carro, Josefina González, Jimena López, Mónica Macha, Germán Martínez, Gisela Marziotta, Vanesa Massetani, Carolina Moisés, Vanesa Siley, Eduardo Valdés y Liliana Yambrun.

Los representantes del oficialista aclararon que la invitación “debe ser cursada a través de los mecanismos de la Cámara”, y sin embargo la misma fue “enviada al correo electrónico personal” de la ministra.

Además, los diputados señalaron que la resolución 144 “en nada afecta la libertad de expresión” y por lo tanto “no es esta comisión el lugar para debatir este tema”, sino la de Seguridad Interior, que preside Paula Penacca (Frente de Todos).

“No nos vamos a prestar a estrategias de distracción que buscan ocultar, por ejemplo, los alcances de las investigaciones judiciales en curso que tienen que ver con acciones de espionaje ilegal realizadas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri”, denunciaron los oficialistas.

Un grupo de diputados del interbloque de Juntos por el Cambio presentó este lunes un escrito ante la Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar su opinión con respecto a la “persecución judicial” que sufrirían algunos periodistas de nuestro país.

“Cumplimos en informar y poner en conocimiento a la CIDH los últimos acontecimientos que tensionan el principio de libertad de expresión, al cual la Argentina se ha obligado a respetar por formar parte del Pacto de San José de Costa Rica”, afirmó la diputada Karina Banfi (UCR), una de las firmantes de la carta.

Por iniciativa del diputado @luispetri, un grupo de diputados de @juntoscambioar enviamos reporte a @RELE_CIDH por información de persecución a los periodistas en Argentina. La libertad de prensa es fundamental para acceder a la información pública, por eso debemos defenderla.

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) July 6, 2020

En la misiva enviada a Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de dicho organismo, los diputados citaron los comunicados que emitieron diferentes organismos que nuclean a los periodistas en Argentina y en la región, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Academia Nacional de Periodismo, ADEPA y FOPEA, quienes “alertaron sobre la gravedad de los últimos acontecimientos en relación a los incansables intentos de atentar contra este derecho que es un pilar para el sistema democrático en la región”.

Asimismo, los legisladores indicaron: “Ponemos en su conocimiento esta situación a efectos de tomar intervención y eventualmente aconsejar el dictado de las medidas pertinentes para impedir el avance contra el derecho a la libertad de expresión, haciendo cesar todo acto o manifestación que la cercene”.

Banfi denunció que “son inaceptables los intentos por coartar las libertades. Atentar contra la libertad de prensa afecta el derecho humano del acceso a la información y el ejercicio de otros derechos. La persecución a periodistas era cosa del pasado, pero parece que debemos seguir luchando”.

También agregó que “es una situación grave lo que está ocurriendo, se trata de una campaña de desprestigio contra los periodistas que se dedican a investigar los hechos de corrupción vinculados al kirchnerismo”.

“Reclamar por la libertad de expresión no es un tema de índole local, los derechos humanos se defienden con el apoyo de la región y el Sistema Interamericano” finalizó la diputada Banfi en referencia a los argumentos por los cuales decidieron recurrir a la CIDH.

El documento lleva las firmas de los diputados Luis Petri, Waldo Wolff, Graciela Ocaña, Ingrid Jetter, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Gerardo Cipolini, Martín Grande, Claudia Najul, Soher El Sukaria y Jorge Vara.

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo aseguró que “algunos están dirimiendo internas partidarias opositoras apelando a exabruptos mediáticos”, y exhortó a “comprendan la complejidad de esta coyuntura que atraviesa la Argentina” producto de la pandemia. 

“Tenemos que estar debatiendo políticas públicas y no chicanas, una cuestión que parece recurrente en algunos medios porteños”, añadió. 

Luenzo sostuvo que “el exabrupto” del diputado Alfredo Cornejo, respecto a la posibilidad de “independizar” la provincia de Menzoda, “expresa conceptos claramente discriminatorios contra el resto del país”. 

En ese sentido, y en su carácter de titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado, el chubutense lamentó que “lejos de condenar estas expresiones, haya dirigentes de la oposición y comunicadores que quieran disfrazar estas declaraciones como materia de libertad de expresión cuando claramente se trata de por lo menos un exabrupto”. 

El legislador fue enfático al señalar que “la libertad de expresión no nos habilita a decir cualquier barbaridad en el ámbito público, sea a través de los medios de comunicación tradicionales o en las plataformas digitales”. 

Al respecto, recordó que “la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución Nacional, columna vertebral de la democracia, que garantiza el derecho a la información, la que permite a la sociedad trazar un control social y a los funcionarios a que rindamos cuenta sobre lo que hacemos”. 

No obstante, remarcó que “no podemos escudarnos en la libertad de opinión para enarbolar discursos cargados de odio y discriminación sea por género, raza, religión, discapacidad, promover actos violentos, la sedición o el delito”. 

En ese sentido, el legislador explicó la importancia del artículo 14 de nuestra Constitución Nacional donde consagra el derecho a “publicar las ideas por la prensa sin censura previa” lo cual implica que “todo aquello que se publica o que se dice en materia de información no es absoluto, sino que está atado a la responsabilidad ulterior”. 

Finalmente, y entendiendo que “la libertad de expresión tiene en los medios de comunicación vehículos fundamentales para la protección de los derechos de nuestra ciudadanía”, expresó que “es preocupante la irresponsabilidad de algunos dirigentes y también de líderes de opinión que hacen política desde la búsqueda de barbaridades para ganar notoriedad pública”.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se ausentó este martes en una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, convocada por Waldo Wolff (Pro), para dar explicaciones sobre los procedimientos de “ciberpatrullaje” llevados adelante por las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia.

Por segunda vez consecutiva, la funcionaria no asistió a responder preguntas sobre el “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”, creado en la resolución 144/20 del Ministerio de Seguridad.

Wolff recordó que fue la propia Frederic quien acuño el término “ciberpatrullaje” durante una reunión informativa de la Comisión de Seguridad Interior el pasado 8 de abril. En aquella oportunidad, la ministra reveló que se estaba aplicando esta modalidad en las redes sociales “para detectar el humor social”.

“Esto nos ha permitido trabajar sobre alertas tempranas para prevenir diversas situaciones”, dijo Frederic, y aclaró que “no es ciberespionaje; lo que se hace es un rastreo sobre lo que es público” a través de Twitter, Facebook e Instagram. “Con el ciberpatrullaje hacemos poco, pero siempre algo es mejor que nada”, acotó entonces la funcionaria.

El 11 de junio, Wolff convocó a Frederic a una primera reunión informativa, pero funcionarios de la cartera de Seguridad formularon algunos reparos y finalmente la ministra se ausentó, al igual que este martes, aunque en este caso ni siquiera se le cursó la invitación.

En nombre del oficialismo, la vicepresidenta de la comisión, Marisa Uceda, explicó que “cuando se solicitó la presencia de la ministra, desde la Presidencia de la Cámara se comunicó que no se cursaría la invitación por entender que no era el ámbito”.

“Sinceramente lo digo: no sé si nuestra comisión es el ámbito propicio para que la ministra venga a dar informes”, reforzó Uceda, quien además informó que a partir de la resolución 144/20 se creó una comisión que se reunirá la semana próxima y que cuenta con representación parlamentaria en los diputados Paula Penacca (Frente de Todos) y Cristian Ritondo (Pro).

“Generar la sospecha de que no ha habido voluntad de la ministra no es sano”, dijo Uceda.

"Esta comisión es el ámbito para hablar sobre el ciberpatrullaje, es el ámbito de los DDHH y la libertad de expresión para conversar con cualquier ministro que hoy gestiona las garantías sobre los DDHH que hoy tenemos que tener todos los ciudadanos" pic.twitter.com/2sf4eRjtrr

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) June 23, 2020

Desde Juntos por el Cambio, Karina Banfi se preguntó: “¿Cómo no va a ser el ámbito la Comisión de Libertad de Expresión para conversar con cualquier ministro que hoy gestiona las garantías de los derechos humanos?”.

Según Banfi, diputados de su interbloque se entrevistaron con el relator especial para Libertad de Expresión de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), organismo que consideró que “la utilización de herramientas de persecución delictiva para medir el humor social en plataformas digitales abiertas no es lo adecuado”.

Asimismo, Álvaro De Lamadrid (UCR) recordó la reunión de la Comisión de Seguridad Interior donde estalló el tema: “(Frederic) lo dijo sin que nadie se lo preguntara, como una cosa buena, y después no respondió preguntas”.

Además, consideró que la reunión anunciada por Uceda en el marco del protocolo “no es óbice, obstáculo ni impedimento para que esta comisión reciba las explicaciones” correspondientes sobre el “ciberpatrullaje”.

El oficialista Germán Martínez recogió el guante y sostuvo que “estamos ante una jugada política de la oposición”, además de aclarar que “el ámbito lógico” donde debería exponer la ministra es la Comisión de Seguridad.

El santafesino puntualizó que en la propia resolución del Ministerio se establece cuáles son los fines del denominado “ciberpatrullaje” en el contexto de la pandemia.

Según ese protocolo, se busca detectar delitos de “comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos”; “venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al Covid-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente”; y “ataques informáticos a infraestructura crítica -especialmente a hospitales y a centros de salud-”.

Eduardo Valdés, también del Frente de Todos, comentó que la propia Frederic admitió en declaraciones periodísticas que “la frase de medir el humor social no fue la mejor”.

El diputado le habló a Wolff: “Una de las cosas más dolorosas para la libertad de expresión es el espionaje ilegal. Usted ha sido espiado y yo he sido espiado”. “El espionaje ilegal es una cloaca transversal”, denunció, al mencionar que fueron espiados desde la expresidenta Cristina Kirchner hasta el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Al finalizar la reunión, Wolff anticipó que volverá a citar a Frederic. “Si no quiere venir, que no venga. Lo único que queríamos era preguntarle” sobre la resolución, dijo. La oficialista Carolina Moisés pidió someter a votación la convocatoria a la ministra, pero el titular de la comisión lo rechazó.

El senador de Juntos por el Cambio, Agustín Maspoli, presentó una iniciativa parlamentaria en el Senado bonaerense mediante el cual expresa su “más enérgico repudio y preocupación” frente a la decisión tomada desde la Dirección de Inspección General de la provincia por la que se envió una comunicación a todo el sistema educativo que “limita la libertad de expresión de muchos docentes”. Razón por la cual pidió el “pronto accionar del Poder Ejecutivo provincial para que esta situación se revierta”.

“Como es de público conocimiento una de las medidas adoptadas por el gobierno frente a la pandemia del Coronavirus fue la interrupción del servicio educativo en forma presencial, lo que llevó a muchos docentes con un enorme compromiso,  a vincularse con sus alumnos a través de distintas modalidades entre ellas el uso de herramientas tecnológicas”, sostuvo el legislador y agregó: “esta situación ha generado el interés en los medios de comunicación que recolectan información a partir de las distintas experiencias de cada institución o persona”.

“Lo que nos parece absurdo es que funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación intenten controlar lo que cada docente decide decir sobre este proceso. Por el contrario, ellos tienen la enorme responsabilidad de trabajar por optimizar el sistema educativo y adaptarlo rápidamente a las demandas que la coyuntura actual nos exige”, manifestó Maspoli.

La comunicación que fue enviada desde la Dirección de Inspección General y allí se consignaba que: “Se recuerda que toda solicitud acerca de invitaciones a realizar contactos con medios de Comunicación y Prensa Nacionales, Provinciales o Locales, debe ser girada vía correo electrónico a la Dirección de Inspección General para ser derivada a la Dirección Provincial de Comunicación Lic. Claudia Rombola.

Se informará el medio de comunicación que solicita y un contacto. Para ser efectivizada se deberá esperar la correspondiente autorización”