Diputados radicales expresaron a través de un proyecto de ley su repudio por la “censura” por parte del régimen de Nicolás Maduro contra los medios de comunicación Runrunes, TalCual y El Estímulo, portales opositores que luchan a diario por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información.

El proyecto habla sobre una “sistemática persecución” llevada adelante durante los últimos años por parte del Gobierno venezolano contra la prensa libre. Pero advierte que recientemente los portales de noticias mencionados, así como la página de la asociación civil Medianálisis “fueron bloqueados por los principales proveedores de servicios de internet, a solo días de las elecciones presidenciales”.

“Este acto de censura se suma a una serie de medidas represivas que buscan silenciar a los medios de comunicación críticos y restringir el acceso a información veraz para los ciudadanos venezolanos”, agrega el proyecto.

La diputada Karina Banfi es la autora del proyecto que también firman Rodrigo De Loredo, Soledad Carrizo, Mario Barletta, Atilio Benedetti, Mariano Campero, Pablo Cervi, Gerardo Cipolini, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Luis Picat, Juan Carlos Polini, Fabio Quetglas, Martín Tetaz, Fernando Carbajal y Francisco Monti.

“La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina no puede permanecer indiferente ante estas graves violaciones de derechos humanos. Es imperativo condenar enérgicamente estas acciones y solidarizarnos con los periodistas y medios independientes que luchan por mantener informada a la población venezolana bajo circunstancias adversas”, sostiene el proyecto de los radicales.

El diputado nacional por Córdoba Juan Fernando Brügge (Hacemos Coalición Federal) presentó un proyecto de ley para que se incorpore el artículo 41 al Código Penal de la Nación para que cuando la víctima de alguno de los delitos previstos tuviese la condición de periodista o integrante técnico o auxiliar de un equipo periodístico, y el hecho ocurriera con motivo del ejercicio de sus funciones, la escala penal correspondiente aplicable se incrementará en un tercio del mínimo y máximo.

El cordobés fundamentó que el objeto de su iniciativa busca “resguardar la actividad de los periodistas y personal de los equipos periodísticos en el ejercicio de sus funciones, en razón del estado de vulnerabilidad que el ejercicio de su profesión y trabajo, los coloca en oportunidad de cubrir eventos, sucesos o efectuar investigaciones periodísticas”.

Además, enumeró los casos donde periodistas de distintos medios fueron agredidos y, de acuerdo a un informe realizado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), en el 2023 se produjeron 61 ataques contra la prensa, puntualizando que “los ataques a la integridad (que incluyen agresiones físicas, amenazas e inseguridad en las coberturas) fueron el tipo de incidentes más frecuentes con el 36,75 % de los casos”.

Al respecto, se refiere a los incidentes ocurridos en las afueras del Congreso de la Nación durante el tratamiento de la ley Bases en el Senado el miércoles donde un móvil de la empresa periodística Cadena 3 fue incendiado.

“Ante tan evidente situación de desprotección, se torna necesario modificar el Código Penal de la Nación a fin de brindar la tutela jurídica que los periodistas y equipos periodísticos de nuestro país ameritan frente a la situación de ser víctimas de delitos con motivo del ejercicio de sus funciones, en especial cuando el mismo ocurre en la vía pública, y que significa, en los hechos, una forma de censura a la libertad de prensa, y de la actividad de informar y comunicar a la opinión pública sobre los hechos de la realidad”, ratifica.