La Corte Suprema de Justicia confirmó que el dirigente social y diputado nacional Juan Grabois seguirá siendo querellante en la causa de las criptomonedas $LIBRA en la que representa a algunos de los damnificados que en febrero pasado publicitó el presidente de la Nación Javier Milei y que se investiga si se trató de una estafa.

El máximo tribunal rechazó un planteo de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de los imputados en la causa, para que Grabois sea apartado del caso. “El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra sentencia definitiva”, resolvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en su fallo.

“Hoy la Corte Suprema de Justicia emitió dos fallos que rechazan los intentos del gobierno y sus secuaces para sacarnos del medio en las causas. Seguiremos siendo querellantes en la causa $Libra”, contó Grabois en sus redes y agregó: “¿Se acuerdan de los alimentos que encanutó Pettovello y que la justicia ordenó repartir? Bueno, la Corte rechazó el último intento por no repartir alimentos”.

Hoy la Corte Suprema de Justicia emitió dos fallos que rechazan los intentos del gobierno y sus secuaces para sacarnos del medio en las causas.
1) Seguiremos siendo querellantes en la causa $Libra
2) ¿Se acuerdan de los alimentos que encanutó Pettovello y que la justicia ordenó… pic.twitter.com/4SUYJvDJNC

— Juan Grabois (@JuanGrabois) December 5, 2025

“El que las hace las paga, y nosotros vamos a seguir litigando, vamos a seguir luchando contra este gobierno hambreador, estafador y criminal”, remató su posteo.

Grabois, junto a los abogados Nicolás Rechanik y Carolina Palacio Roitbarg, representan a tres damnificados. El rol de querellante es el de acusador privado y le permite ser parte del expediente y pedir medidas de prueba, proponer testigos y hacer distinto tipo de pedidos.

En la causa $Libra se investiga si en el lanzamiento de esa criptomoneda, en febrero pasado, se cometió algún delito ya que después de un tuit que publicó Milei el precio pasó de 0,01, dólares a 5 en pocas horas. Sin embargo, el jefe de Estado luego borró ese posteo y dijo que no estaba interiorizado en el tema. Pero algunas personas retiraron 100 millones de dólares antes de la caída del valor y otros perdieron.

Por eso se inició una causa penal en la que además del Presidente de la Nación son investigados su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; Julian Peh y Hayden Mark Davis, quienes intervinieron en la creación y lanzamiento de $LIBRA; Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores; y Novelli y Terrones Godoy, organizadores de "Tech Forum", en el que en 2024 Milei habló sobre criptomonedas.

Los diputados de la oposición integrantes de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA presentaron este martes el informe final, un documento que consiste en más de 200 páginas. En las conclusiones se determina que el Congreso deberá evaluar si corresponde el juicio político por mal desempeño en sus funciones del presidente Javier Milei. Cabe destacar que, en la próxima composición, el oficialismo tendrá un tercio capaz de bloquear un proceso de ese tipo.

De acuerdo al informe que contó con el aval de 14 miembros de la comisión -algo que fue objetado reglamentariamente por La Libertad Avanza- el mandatario "comprometió la investidura presidencial" al promocionar $LIBRA a través de sus redes sociales durante el verano pasado, token que alcanzó una alta cotización y luego se desplomó rápidamente, dejando a inversores damnificados en Argentina y otros países del mundo.

Además, tras el trabajo de tres meses, se determinó que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, "cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los (empresarios cripto) involucrados al presidente, para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional".

También se decidió denunciar penalmente al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Librarona; el titular de la OA, Alejandro Melik; el presidente de la UIF, Paulo Starc; el titular de la CNV, Roberto Silva; y la vicejefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Asimismo, se plantea denunciar y pedir la apertura de enjuiciamiento contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, quienes están a cargo de la causa e impidieron a los legisladores acceder al expediente, además de negar la asistencia de la fuerza pública para que comparezcan los funcionarios.

Mientras las conclusiones del informe se compartían mediante pantalla en la sala, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino aseguró que "los hechos recabados encuadrarían en lo que el Código Penal tipifica como estafa". En esa línea, indicó que hubo "un engaño" cuando "se presenta $LIBRA como un instrumento serio de inversión para desarrollar PyMEs en Argentina, pero en realidad desde el punto de vista técnico era más cercano a una memecoin que ya estaba manipulada de antemano para protagonizar el tirón de alfombra, el 'rug pull'".

"Prácticamente el 80% de las billeteras que operaron $LIBRA sufrieron pérdidas y solamente 36 billeteras ganaron más de un millón de dólares", agregó. A continuación, el opositor remarcó que "la información recabada amplía las hipótesis iniciales" sobre que "no fue un hecho aislado", ya que se revelaron antecedentes de "maniobras financieras presuntamente ilícitas donde se repiten los mismos nombres".

Además, el secretario de la comisión investigadora advirtió por "el daño a la credibilidad internacional de Argentina". "Para nosotros no fue un hecho menor la resolución de la jueza de New York Jennifer Rochon", quien sostuvo que "los fondos derivados de la operatoria de $LIBRA no serían del Estado argentino, sino que podrían ser de Javier Milei, Karina Milei y/o Hayden Davis", apuntó Marino.

A su turno, el diputado Oscar Agost Carreño precisó que el informe es un documento de 205 páginas. El diputado de Encuentro Federal expresó que $LIBRA fue un "fraude planificado compatible con una presunta estafa" mediante rug pull, "un patrón de estafa muy conocido en el mundo de las criptomonedas". "Está demostrado que fue así y hemos podido corroborar que hubo información privilegiada" ya que se registraton "compras 22 segundos antes del posteo" del presidente aquel 14 de febrero.

Respecto de "los fondos que van entre 100 y 120 millones de dólares", Davis "siempre dio a entender que esa plata 'era de los argentinos, de Argentina'", señaló Agost Carreño. Sin embargo, "no había ningún mecanismo que conectara a las billeteras virtuales con algún mecanismo legal o financiero que llegue a las PyMES".

"La causa en Estados Unidos sigue avanzando", destacó el cordobés y mencionó que "Davis declaró y comprometió al presidente y su entorno". "El presidente nunca dio explicaciones, no dio colaboración el Ejecutivo ni el Poder Judicial y no realizaron una denuncia, nunca se pusieron en lugar de denunciados para ser investigados", cuestionó.

Desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo aseveró que el informe "es abrumador en cuanto a que lo que ha dicho Javier Milei hasta el momento sobre $LIBRA no es verdad". "El posteo del presidente de ese contrato no lo podía encontrar cualquier persona, solo quien tenía información privilegiada", dijo y resaltó que esa información la manejaban los empresarios que Milei "había recibido en numerosas oportunidades en Casa Rosada y Olivos".

La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, una de las más involucradas en el trabajo de la comisión, aseveró que "Javier Milei fue el primero en el mundo a dar a conocer el número de contrato que no era público" y se evidenció "claramente que Milei no solo promocionó $LIBRA, sino que fue parte de la gestión y operatoria previa". En ese sentido, precisó que "a Novelli lo recibió más de 15 veces en un año" en Casa Rosada y Olivos.

"Identificamos el aval político de Javier Milei a otra criptomoneda que se lanzó dos meses antes de $LIBRA y también terminó en una estafa", afirmó y aportó datos reveladores como que "el 30 de enero Mauricio Novelli, (Manuel) Terrones Godoy y Hayden Davis transfieren millones a una cueva cripto", ese mismo día "Milei se reunió con Davis y se sacó una foto que compartió en sus redes sociales". "Un día antes (el 29 de enero) Karina Milei había recibido a Mauricio Novelli y María Pía Novelli" hermana del trader que vació cajas de seguridad el día después de la caída de $LIBRA.

El oficialismo, ausente durante casi toda la actuación de la comisión investigadora, asistió para objetar cuestiones reglamentarias y criticar el proceso, más no para emitir una defensa del presidente o explicación del caso $LIBRA. El diputado Nicolás Mayoraz consideró que la comisión tuvo un "decálogo de todos los excesos posibles" y "se ha movido con delirio".

En esa línea, el santafesino observó que "el mayor grado de autoritarismo se da cuando se empiezan a pelear con la justicia" y dijo que "va a quedar en los libros" el recurso extraordinario presentado ante la Corte. Según el libertario, la justicia, al negar el auxilio de la fuerza pública para que comparezcan funcionarios, le puso "límites al exceso que han tenido".

"Lo que mal empieza, mal acaba. Esto no fue una comisión investigadora, fue un circo montado con una finalidad no ya política, sino con la clara intención de ni defender las instituciones", sostuvo. Tras la defensa de lo actuado por la cívica Mónica Frade, Castillo y Agost Carreño, la oficialista Nadia Márquez -en una intervención cargada de ironías- insistió con que el informe final requería 15 firmas y el presentado tenía 14. Tras su alocución se despertó una fuerte discusión de idas y vueltas entre la oposición y LLA por el quórum que tuvo la reunión al momento de empezar.

El mendocino Álvaro Martínez insistió en pedir los nombres de los presentes varias veces. "Esta presidencia ya considera que dio la respuesta. Está la versión taquigráfica y el video de la comisión”, para corroborarlo, dijo Maximiliano Ferraro, que había recordado que el encuentro se abrió con 15. Pero Márquez leyó nombre por nombre a los 28 integrantes de la comisión. "No hay informe final porque no tiene las firmas. Usted no quiere decir que hay 28 presentes, porque las firmas no le alcanzan: son 14”, aseveró.

Finalmente, a instancias de la diputada Mónica Frade se dio por concluida la reunión, no sin que antes Ferraro pronunciara unas palabras de Lisandro De la Torre para cerrar: “Qué risa, señores, qué divertida es la corrupción, y qué sonrientes los corruptos. Pero el día que suenen las campanas marcando el momento de la justicia, que siempre en definitiva llega, ya los veremos a los corruptos golpeándose el pecho. Qué risa que nos dan entonces los corruptos”.

Conclusiones, recomendaciones y decisiones de la comisión

De las 18 conclusiones de la comisión investigadora, leídas en el arranque por el cívico Maximiliano Ferraro, la primera reza: "Los hechos analizados y la responsabilidad política por esta comisión determinada, hacen necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".

Además, se desprende que "la información y el material probatorio reunidos confirman los vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales". "El análisis técnico de la blockchain detectó flujos de fondos entre dichos actores que coinciden con los montos y las fechas señalados en investigaciones previas que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del presidente Javier Milei", determinaron.

Según los diputados de la oposición que elaboraron el informe final, "la promoción del proyecto $LIBRA no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar" que también promocionó Milei. "Las afirmaciones del presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico", aseguran las conclusiones.

Asimismo, se señala que con la promoción de $LIBRA "el presidente comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada". También que, de acuerdo a las declaraciones del exjefe de Gabinete Guillermo Francos, "surge que el presidente actuó sin consultar a ningún organismo técnico o jurídico del Estado, omitió la debida diligencia exigible y desatendió los procedimientos de control institucional".

"Esta falta de control se habría replicado en la operación con la moneda digital KIP en diciembre de 2024", añade y cuestiona que "el presidente no ha explicado a la fecha cómo obtuvo el número de contrato del token $LIBRA que publicó, pese a que dicha información no era de circulación pública".

Otra de las conclusiones sostiene que sin la promoción por parte de Milei, "el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado".

A su vez, se confirmaron 16 reuniones en Casa Rosada y la quinta de Olivos con los empresarios cripto involucrados. "Todos los ingresos a Casa Rosada fueron autorizados y supervisados jerárquicamente por Karina Milei", se remarca.

"Javier Milei utilizó la investidura presidencial, y Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los involucrados al presidente, para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional", enfatiza el informe.

También se cuestionó que "no existió una verdadera voluntad de investigar mediante una auto investigación encarada por el propio Poder Ejecutivo" sino que "por el contrario, se registró secretismo y una marcada falta de transparencia tanto en la Oficina Anticorrupción como en la Unidad de Tareas de Investigación creada especialmente para este caso".

"Como hecho inédito y absolutamente inusitado, no compareció ningún funcionario público", se subrayó y se indicó que Cúneo Libarona, Melik, Zicavo, Starc y Silva "habrían incurrido en incumplimiento de deberes, dado que su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas" de la comisión.

Finalmente, las conclusiones manifiestan que "existen elementos suficientes para afirmar que se habría violado la Ley de Ética en la Función Pública" y se lamentó que "no se recibió la cooperación institucional debida por parte del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal", cuando la comisión "en ningún momento excedió las facultades" constitucionales.

En las recomendaciones se plantea retirar la citación a Karina Milei; insistir con la requisitoria enviada por escrito al presidente; que la Presidencia de la Cámara de Diputados resguarde la documentación e información nueva; que se dé seguimiento a la investigación; la eventual de normas y la evaluación de la creación de una "Oficina de Investigaciones" del Congreso.

En cuanto a las resoluciones, se dispuso remitir toda la información a la justicia -incluida la recibida por parte de las plataformas exchange- y denunciar penalmente a Cúneo Librarona, Melik, Starc, Silva y Zicavo, "por posible incumplimiento de deberes de funcionario público, dado que el entorpecimiento a la tarea" de la comisión.

Por último, denunciar y pedir la apertura de enjuiciamiento contra el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano, quienes están a cargo de la causa e impidieron a los legisladores acceder al expediente, además de negar la asistencia de la fuerza pública para que comparezcan los funcionarios.

De cara a la última reunión el próximo 18 de noviembre, el presidente de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, Maximiliano Ferraro, aseguró que habrá "un informe muy contundente" y manifestó que los miembros que participaron del proceso están "muy conformes con el trabajo que pudimos hacer todos estos meses, pese a un camino lleno de obstáculos puestos por La Libertad Avanza y sus aliados".

En ese sentido, el legislador de la Coalición Cívica destacó "la transversalidad política y responsabilidad con la que se trabajó ".

Sobre las conclusiones y recomendaciones a futuro, adelantó: "Tenemos que poder recomendar a la Cámara de Diputados una segunda etapa de la comisión investigadora". Y llamó a "ser perseverantes en la búsqueda de la verdad", al tiempo que el Congreso no pierda su rol de contralor político.

Respecto de la investigación, el porteño señaló que se confirmó información sobre "la conexión de (Hayden) Davis, (Manuel) Terrones Godoy, (Mauricio) Novelli y el dueño de una cueva financiera cripto en fechas muy relevantes, que coinciden con todo lo que atravesó al proyecto $LIBRA hasta lo que fue la publicación del presidente el 14 de febrero" a través de la red social X.

"Estamos hablando de una trazabilidad de dinero de alrededor de 3 o 4 millones de dólares", precisó y continuó: "Esto ratifica nuestro trabajo, que lejos de entorpecer el trabajo de la Justicia y teniendo muy claro cuál es el rol del Congreso, fortaleció la búsqueda de la verdad y activó de una buena vez por todas al fiscal (Eduardo) Taiano y al propio juez (Marcelo) Martínez de Giorgi".

Además, Ferraro ratificó que presentarán las denuncias correspondientes contra el ministro de Justicia, Mario Cúneo Libarona; la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo, quien estuvo a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación que se creó para investigar al presidente; y el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik.

Al recordar antecedentes de comisiones investigadoras, bajo gobiernos de distintos signos, el diputado apuntó que "distintos funcionarios nunca se negaron a venir a brindar información" como sí sucedió en este caso, en "una clara maniobra de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público", enfatizó.

Y sumó que presentarán "un recurso extraordinario ante la Corte Suprema porque fue inaudito esta decisión del juez Martínez de Giorgi" de negarse a brindar asistencia a la comisión mediante la fuerza pública.

Tal como habían anticipado los miembros de la Comisión Investigadora del caso criptomonedas $LIBRA se harán presente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para presentar un recurso extraordinario en reclamo por la falta de auxilio que la Justicia brindó para que los testigos convocados -incluida Karina Milei- acudan por la fuerza pública.

Además, preparan denuncias ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi y ante la Procuración General de la Nación contra el fiscal Eduardo Taiano. En ambos casos por mal desempeño.

“Pusimos unos asesores a trabajarlo. Esta semana entraría el recurso extraordinario ante la Corte”, afirmaron fuentes consultadas de la comisión a parlamentario.com.

Además, denunciarán por falta de colaboración e incumplimiento de funcionario público a distintos miembros del Poder Ejecutivo que fueron citados y no se presentaron a la comisión: el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, los titulares de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, además de la responsable de la Unidad de Investigación que creó el Poder Ejecutivo por el tema, María Florencia Zicavo, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emilio Silva.

En el trascurso del tratamiento del caso en comisión, la oposición solicitó a la justicia e auxilio de la fuerza pública para que los funcionarios acuden a prestar declaración, pero el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi se negó. Los diputados apelaron a la decisión, sin embargo, la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó el fallo del magistrado.

Ya que los magistrados ahora no quieren involucrarse, la comisión pedirá a la Corte Suprema que dirima si debe, o no, hacerlo. Los legisladores denunciarán una falta de cooperación de los funcionarios judiciales y del Ejecutivo e incluso hablan de "encubrimiento" en la antesala a la presentación del informe final que será el próximo martes 18 de noviembre a las 16 en el Salón Delia Parodi con las conclusiones y las recomendaciones. A su vez, toda la información recabada será remitida a la causa judicial.

Con la presencia de 14 diputados se llevó a cabo este viernes la última reunión de la Comisión Investigadora sobre el caso de la criptomonedas $LIBRA, a cargo del diputado Maximiliano Ferraro, donde sumaron nuevos oficios que fueron aprobados con 13 votos positivos y afirmó que el informe final será presentado el próximo martes 18 de noviembre en el Salón Delia Parodi.

Ferraro explicó que el día de la fecha el expediente consta de 10 cuerpos integrados por todas las actuaciones de la etapa investigativa entre ellas: informes y extractos taquigráficos que surgen de las reuniones informativas y de la participación de especialistas, documental remitida por la plataforma Exchange, dictámenes y resoluciones de la comisión como medida de prueba.

Al pedir la palabra, la diputada Margarita Stolbizer destacó: “Se está llegando a un resultado importante en términos de trabajo que ha hecho la comisión. Estamos ya sobre el final”, por lo que solicitó producir una nueva prueba pidiendo un oficio a Google para que brinde información sobre la página web que promocionó el presidente Javier Milei llamada Viva La Libertad Project de Gmail. “No tenemos información de qué pasó con la página donde, seguramente, hubo gente que se inscribió”, explicó Stolbizer.

Así, precisó que solicitarán los datos completos sobre la titularidad de la cuenta, la información de los accesos que tuvo la cuenta durante el tiempo que estuvo, el detalle de la forma de recuperación secundaria, la nómina de la información llenada en los formularios.

De forma breve, la diputada de UP Sabrina Selva pidió que toda información que llegue a la comisión post dictamen sea incorporada al expediente.

De la vereda contraria, la libertaria Alida Ferreyra en nombre de su bloque criticó la creación de la comisión y los objetivos propuestos porque “desnaturalizan el rol del Congreso, avasallan la jurisdicción natural de los jueces y terminan entorpeciendo la investigación y pueden frustrar una estrategia judicial”.

Además, indicó que “hubo excesos cometidos en cómo estaba planteada la comisión porque no respetó el rol del Congreso, asumió facultades jurisdiccionales que no le competen”. En tanto, sostuvo que “el desarrollo irregular e ilegítimo de la comisión ha demostrado que un conjunto de diputados, arrogándose la representación de toda la Cámara, intentó vulnerar garantías individuales al pretender aplicar la fuerza pública para la comparecencia de funcionarios que, ni siquiera están acusados en el caso en cuestión de qué se trata”.

Por último, solicitó al secretario de la comisión que lea las firmas obtenidas para la aprobación del reglamento de la comisión y la nómina de los diputados presentes en la misma porque “hubo una aprobación de un reglamento y luego una posterior modificación. Además, de 28 miembros presentes se han obtenido solamente 14 firmas para la aprobación del mismo, siendo que la mayoría natural es 15. La conclusión de nuestro bloque es que el proceso sería nulo”.

$LIBRA, LA VERDAD AVANZA: EL 18 DE NOVIEMBRE SE PRESENTA EL INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN.

Hoy se realizó la última reunión de la etapa investigativa de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA. Durante estos tres meses, luego de destrabar el bloqueo inicial… pic.twitter.com/aeI9EsOqrq

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) November 7, 2025

Con los tapones de punta le salió la diputada Selva quien le enrostró: “Si los diputados del oficialismo en vez de ausentarse en todas las reuniones de comisión, como lo han hecho en la mayoría de los casos. Incluso en esa reunión de comisión en donde usted notificó la resolución del Juzgado Federal Criminal y Correccional, en donde los miembros de esta comisión le solicitábamos el auxilio de la fuerza pública a los jueces para poder traer a los funcionarios a dar explicaciones. Justamente eran dos funcionarios incluso que ni siquiera estaban imputados, no están imputados en la causa judicial. Entonces, no había ninguna objeción para que no pudieran venir a esta comisión a dar explicaciones”.

Respecto a las mayorías necesarias, Selva invitó a la libertaria a “releer el reglamento porque todas las resoluciones que salieron de esta comisión fueron aprobadas con las mayorías necesarias que prevé. De manera que ni el reglamento es nulo, ni todo el trabajo que llevó adelante a esta comisión lo es”.

“Nosotros hasta acá no obstruimos para nada la investigación judicial. Lo único que hizo esta comisión investigadora desde que funciona es colaborar con la justicia aportando todas las medidas de pruebas que son trascendentes, que son contundentes, que abonan a la investigación que está llevando adelante el fiscal de instrucción. No hubo en lo más mínimo entorpecimiento de la tarea del poder judicial, todo lo contrario”, cerró Selva.

En el mismo sentido se expresó la diputada Mónica Frade (CC-ARI) quien apuntó: “Hay un reglamento que sería bueno que cada tanto el oficialismo lo lea, incluso este reglamento comentado del Dr. Menen, que es muy interesante y que les puede aportar mucho conocimiento”.

Frade aclaró: “No nos arrogamos facultades jurisdiccionales, claramente no la tenemos. Sí, tenemos facultades de control y son indiscutidas y las comisiones investigadoras están reguladas en el reglamento”. Así, calificó la nota del bloque oficialista como “plagada de cliché que no tiene ningún sustento”.

En tanto, Juan Marino (UP) propuso incorporar al expediente de la Comisión un informe técnico de parte del experto en blockchain, Fernando Molina, donde figura el total de billeteras virtuales, más de 140 mil que operaron con la criptomonedas, y se registra que hubo 36 que tuvieron una ganancia superior al millón de dólares, de este total tuvieron pérdidas con $LIBRA fue 114,410 y por lo tanto la conclusión es que el porcentaje de billeteras que tuvieron pérdidas con Libra fue del 79,90. “El 23% solamente 36 billeteras ganaron más de millón de dólares”, resaltó Marino.

A su turno, el diputado Rodolfo Tailhade anticipó que enviará una nota para tener a consideración respecto de “la pasividad de la querella del diputado José Luis Espert para avanzar en el esclarecimiento del hecho que él denuncio el supuesto hackeo de su cuenta. La denuncia que había hecho se tenía que calificar como violación de secretos y, por lo tanto, era un delito de acción privada. Desde el momento de la denuncia, José Luis Espert no hizo absolutamente ningún planteo”.

“El Congreso en su totalidad, tiene que tomar cartas en el asunto respecto de la representación legal, el domicilio legal de estas compañías, Twitter, Ox, YouTube. Es absolutamente inconcebible que ni la justicia ni la Cámara de Diputados en una comisión investigadora no puedan obtener respuestas concretas. No puede ser este bochorno de que esta gente, las plataformas, las redes y demás se manejen con esta impunidad, sobre todo cuando hay delitos que se cometen”, planteó.

Coincidentemente, Ana Carolina Gaillard (UP) consideró “fundamental el rol de esta comisión, no para suplantar a la justicia, pero sí que se sienta observada y que sepa que el Congreso también tiene facultades de control y que los funcionarios tienen que rendir cuentas”.

De forma breve, Selva le aclaró que “la diputada libertaria no integra la comisión, por ende, según el artículo 105 del reglamento no se puede tomar la suscripción de los despachos correspondientes”, y remarcó: “La nota de la diputada Alida Ferreira no corresponde ser tratada, salvo que lo proponga un miembro de esta comisión. Me parece que fue una expresión política”.

Por su parte, el diputado Esteban Paulon expresó: “¿Sabe qué es lo que entorpece el rol de la justicia y la investigación judicial? El silencio permanente y deliberado de Javier Gerardo Milei y de Karina Milei que no pueden explicar, sobre todo el presidente, ni siquiera quién le dio la información para postear en X el 14 de febrero durante varias horas. ¿Quién le avisó de esta operación minutos antes de que se concretara la criptofa? Ese es el silencio que en la justicia argentina resuena tronadoramente y que es el que entorpece verdaderamente esta investigación”.

Al cierre, Ferraro informó que el próximo martes 18 de noviembre en el salón Delia Parodi se realizará la una nueva reunión de la Comisión Investigadora a los fines de la presentación, consideración y firma del informe final establecido para ser elevado antes del 20 de noviembre a la Cámara de Diputados.

En el último tramo camino a la redacción del informe final con las conclusiones de la investigación, la Comisión $LIBRA fue convocada este viernes a las 11.30 en la Sala 4 del Anexo de la Cámara de Diputados.

Tras la larga resistencia del oficialismo y aliados a su funcionamiento, la comisión logró activarse a fines de agosto y, con un plazo de tres meses para su labor, el próximo 10 de noviembre está estipulada la fecha de cierre.

A lo largo de estas semanas, la oposición se reunió en soledad en esta comisión, surgida a partir de la promoción de la criptomoneda que el presidente Javier Milei hizo en su red social X el 14 de febrero de este año. El token subió rápidamente su cotización y luego se desplomó, provocando lo que en la jerga cripto se conoce como rug pull.

En estos meses, fueron citados con insistencia funcionarios públicos, pero ninguno asistió a dar testimonio. Además, la Justicia falló en contra de los reclamos de los diputados opositores y se negó a auxiliarlos con la fuerza pública. Tampoco se les permitió acceder al expediente que tramita en Argentina. Sin embargo, algunos pudieron sí interiorizarse en la causa que se lleva adelante en Estados Unidos.

Se negaron a asistir la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; y la extitular de la Unidad de Tareas de Investigación -creada para la "autoinvestigación" del Ejecutivo-, Florencia Zicavo, entre otros.

Incluso, se citó también al propio presidente Milei, a quien con anterioridad se le habían mandado preguntas por escrito que nunca respondió.

En la primera reunión después de las elecciones, los impulsores de la investigación afirmaron haber corroborado -gracias a información recibida de billeteras virtuales- que dos meses antes de la publicación sobre $LIBRA, Milei habría participado de una operatoria similar, "con los mismos socios y el mismo esquema de especulación”, señaló Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión. Ese activo habría sido fondeado por empresarios del mundo cripto que están en la mira: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Julian Peh, dueño de KIP Protocol.

Según prevén autoridades de la comisión, el informe final se dará a conocer entre el 17 y 18 de noviembre.

Nuevos hallazgos de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA revelan una conexión financiera directa entre los implicados en dicho esquema y los promotores de la criptomoneda KIP Protocol. La investigación identificó una billetera en el exchange Gate.io, perteneciente a Manuel Terrones Godoy, desde la cual se transfirieron 59.992 USDT a una cuenta de Mauricio Novelli, previamente vinculado a la estafa de $LIBRA. Según determinó la comisión, esa misma noche del 10 de diciembre de 2024, Godoy realizó transferencias adicionales desde esa cuenta por más de 92.000 USDT. Actualmente, la comisión ha solicitado a Gate.io la identificación del titular de una de las cuentas receptoras, la cual movió 120.000 USDT la madrugada en la que se ejecutó la estafa de $LIBRA.

El informe detalla el origen de estos fondos, vinculándolos a una presunta maniobra de “pump and dump” (inflar artificialmente el valor y luego liquidar) con el token KIP Protocol, lanzado ese mismo 10 de diciembre de 2024. La billetera de Terrones Godoy recibió (sin pagarlos) 6.750.000 tokens KIP e inmediatamente comenzó a venderlos. Horas después de iniciar la liquidación, Terrones Godoy publicó un tuit promoviendo KIP. En total, la cuenta ejecutó más de 400 transacciones y extrajo más de 152.700 USDT en solo 15 minutos esa noche, fondos que incluyen el dinero enviado a Novelli.

La comisión también destaca el entrelazamiento público entre el presidente Javier Milei, “Julian Peh” de KIP Protocol y Terrones Godoy, ocurrido antes de la estafa de $LIBRA.

Los documentos recopilan interacciones en redes sociales donde el presidente Milei responde a Peh, celebrando la decisión de KIP Protocol de “invertir en Argentina”, días antes del lanzamiento del token. KIP Protocol utilizó la imagen del presidente en material promocional, y “Julian Peh” no solo compartió escenario con Milei en el Tech Forum de octubre de 2024, sino que también volvió a publicar las publicaciones de Terrones Godoy sobre el lanzamiento de KIP.

A juicio de la comisión que encabeza Maximiliano Ferraro, la información obtenida indica que parte de los fondos utilizados para la operatoria de $LIBRA provienen directamente de la liquidación de tokens KIP. A pesar de la catastrófica caída del precio de KIP tras su lanzamiento, Milei avanzó en la promoción del proyecto $LIBRA, presentando a KIP Protocol como la supuesta empresa organizadora del financiamiento para PYMES.

Estos hallazgos establecen una conexión fáctica entre la promoción de KIP, la participación de sus operadores y el posterior esquema de $LIBRA.

Es necesario recordar que Terrones Godoy y Mauricio Novelli fundaron la autodenominada empresa Tech Forum en agosto de 2024, dos meses antes del evento donde promocionaron KIP junto a Javier Milei y “Julian Peh”.

La Comisión Investigadora sobre la Criptomonedas $LIBRA, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, se reunió este martes para determinas nuevas medidas de prueba y aprobó apelar a la Corte Suprema de Justicia si el Tribunal rechaza el recurso de apelación y, además, aprobó volver a citar al presidente Javier Milei ante la misma para que preste declaraciones.

En el encuentro se resolvió requerir a las plataformas de servicios de activos virtuales BBAT, Binance, Gateyo, Lemon, Ripio, Buenbit, Velo Bitget, OKX, Coin, Kraken, Crypto.com y Coinbase Coinbase la siguiente información:

1. Identificación de cuentas billeteras abiertas o vinculadas a los siguientes individuos, sea a título personal, autorizado u apoderado como integrante de una sociedad, miembro del directorio, consejo de administración, gerente, socio, gerente o en qué modo alguno lo vincule aquella de Karina Milei, Javier Milei, Manuel Adorni, Agustín Laje, Martín Menem, José Luis Espert y Fundación Faro. En caso de identificación positiva, informe datos completos de registros KC, nombre, apellido, documento, domicilio, correo, teléfono, cuentas bancarias vinculadas.
2. Historial de operaciones en la plataforma desde el primero de julio de 2024 a la fecha, incluyendo depósitos y retiros, criptos, dólares, pesos, compras y ventas de token, conversiones y transferencias internas, sanciones y valets involucradas detallando las fechas, saldos históricos y actuales.
3. Remita copia de alertas internas de compliance, reportes de operaciones sospechosas ROS, congelamientos preventivos, comunicaciones a la WIF u otros organismos regulatorios relacionados con las cuentas de los mencionados.
4. Cualquier correspondencia interna o externa que vincule a las cuentas referidas con el token Libra o con actividades de promoción de redes sociales.

También, aprobaron la autorización a las autoridades de la comisión y presidencia para interponer un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema intervenga en caso de que se revoque la sentencia del 6 de octubre del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Además, se aprobó la citación al presidente de la Nación; la solicitud de expedientes y actuaciones con respecto al ministro de Justicia y a la extitular de la unidad de investigación; y una reiterativa a Fix Flow.

A su vez, los presentes aprobaron una autorización para incorporar en el juzgado federal del doctor Martínez de Georgi y la autorización para la solicitud del auxilio de la fuerza pública para los funcionarios implicados.

El debate

En principio, Ferraro procedió a leer el expediente detallado que remitió el Juez Federal Ramos a la comisión y, luego, puso en conocimiento el informe sobre el estado procesal del recurso de apelación presentado contra la resolución del 6 de octubre en el que se les denegó el pedido de auxilio de la fuerza pública y la comparecencia del fuero federal para la tramitación del pedido.

Ferraro informó que la resolución dictada el 6 de octubre del 2025, el juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Penal N°8 resolvió declarar improcedente el pedido formulado por la comisión para que se dispusiera la comparecencia por la fuerza pública al cuerpo Legislativo a los señores Alejandro Melic, María Florencia Cicabo, Paula Stark y Roberto Emiliano Silva a efectos de que presten declaración testimonial.

El diputado de la CC contó que el pasado 13 de octubre presentaron un recurso de apelación para considerar que la decisión judicial resulta “manifiestamente arbitraria” porque efectúa un reconocimiento meramente teórico de las facultades implícitas del Congreso Nacional y que “se nos niega toda eficacia operativa”, por lo que consideró que “esta contradicción vacía de contenido, la prorrogativa legislativa que se nos que se reconoce en el 75 inciso 32 y transforma el reconocimiento conceptual en una mera fórmula declarativa incompatible con la vigencia efectiva del principio republicano de división de poderes”.

Además, señaló que esa decisión “desconoce la competencia del fuero federal en materia de auxilio judicial del Congreso de la Nación y desnaturaliza la finalidad política y de control institucional que subyace en la actuación de la Comisión Investigadora”.

“Hemos solicitado la tramitación urgente del recurso de apelación, así como la habilitación de días y horas inhábiles. Por resolución del 17 de octubre de 2025, la sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, fijó una audiencia para el día 28 de octubre del 2025 en forma presencial en la sede del tribunal. Frente a esta providencia, el 20 de octubre le hemos solicitado se adelante la audiencia en el plazo más breve previsto, ya que la demora en la resolución del recurso podría causar un daño irreparable a los intereses de la Comisión Investigadora y a las funciones de control del Congreso de la Nación”, leyó el diputado de la CC.

En esa línea, remarcó que “la sistemática incomparecencia de los testigos citados genera un dispenso de la actividad legislativa, en tanto obstaculiza el normal desarrollo de las tareas de investigación encomendadas para la comisión, sobre todo porque los testigos citados revisten de carácter de funcionarios públicos cuyas funciones guardaban una estrecha vinculación con el objeto de investigación”.

Por último, Ferraro avisó que, en caso de que el Tribunal rechace el recurso de apelación, pondrá a consideración de la comisión la vía de apelación extraordinaria ante la Corte Suprema a través de la presentación de un recurso extraordinario federal.

Al pedir la palabra, el diputado Juan Marino (UP) planteó como primera medida que se resuelva volver a citar al presidente de la Nación, Javier Milei, respetando todas las prerrogativas establecidas en la Constitución, en el Código Penal, en el Código Procesal Penal para que “venga a dar explicaciones, a testimoniar y a clarificar sus dichos”.

Marino leyó la respuesta de Ripio -plataforma virtual de Argentina que ofreció Libra públicamente-, luego de que Milei afirmó ante una entrevista de la señal de TN que “perdió el Estado acá nada, digamos, perdió plata los argentinos. Te decía que tengo mis serias dudas. Digo que digo, no creo que sea más de cinco argentinos. Pero desterremos la idea que hay 44,000, o sea, son 5000 y la gran mayoría son estadounidenses y chinos”.

Ripio informó que “1358 usuarios con residencia en el país en Argentina han realizado compra o venta del token mencionado Libra. De estos existen 1329 argentinos. Al momento del lanzamiento del token, la sociedad contaba con 2.145.758 usuarios registrados en Argentina”. Al respecto, Marino apuntó: “Desmiente el discurso del presidente Milei de que esto era algo solamente accesible para público hiper especializado en operatoria en criptomonedas. Entonces, esto es importante porque pone de manifiesto una afirmación abiertamente, evidentemente y objetivamente falsa por parte del presidente”.

NOVEDADES DE LA INVESTIGACIÓN DE LIBRA EN EL CONGRESO

El exchange Ripio, la única que ofreció públicamente la criptomoneda LIBRA a las pocas horas que Milei la lanzó en sus redes, nos informó a los diputados de la Comisión investigadora que 1329 argentinos usuarios de su… pic.twitter.com/YEokV9pRIr

— Itai Hagman (@ItaiHagman) October 21, 2025

En tanto, planteó que “habría que trabajar que los fondos provenientes de la operatoria de Libra podrían estar en propiedad de Javier Milei, de Karina Milei y del propio Hayden Davis”.

Por otro lado, planteó librar un oficio al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por no otorgar el contenido de las actuaciones de la UTI y para que informen bajo qué números de expediente tramitaron en el sistema de documentación electrónico del Estado argentino sus actuaciones. “Porque a esta altura una de las hipótesis que manejamos es que están ocultando algo de importancia que no quieren que conozcamos. Otra de las hipótesis que manejamos directamente es que no hicieron nada”, cerró Marino.

A continuación, su par la diputada Sabrina Selva destacó el avance de la investigación y cuestionó las “obstrucciones que nos está poniendo la justicia que nos impiden acceder al expediente judicial, que nos impide traer a los funcionarios a dar explicaciones”, y precisó que “la justicia viene avanzando más lento que la justicia en Estados Unidos”. Selva reiteró el pedido de información a Fixed Float que “es otro de los exchange que voy a pedir que se ponga a votación porque es información nueva que tenemos que reiterar”, y volvió a solicitar la presencia de los funcionarios ante la comisión para que den explicaciones.

Luego, pidió la palabra la diputada Mónica Frade (CC - ARI) hizo una moción para que se apruebe una autorización en caso que, si los plazos vencen en días que no hay reunión, el presidente de la comisión en su representación arbitre todos los medios y los escritos que haya que dejar y las apelaciones y la cuestión federal que haya que interponer porque “es imprescindible para que la causa termine su proceso”.

“Tenemos una serie de personas acá particulares que han sido citadas y no han venido. Entonces, también voy a mocionar para que se dé autorización. Por supuesto, tenemos que esperar que finalice y que resuelva la apelación sobre el uso de la fuerza pública, pero en caso de que resuelva favorablemente esta comisión, voy a solicitar que demos autorización al presidente de la comisión para que la pida sin más a Mauricio Gaspar Noveli, Terrones Godoy, Sergio Morales, Demi Reidel y para la señorita hermana presidencial Karina Milei. Así que voy a dejar mocionado esos dos pedidos”, cerró.

El diputado de izquierda Cristian Castillo adhirió a citar al presidente Javier Milei para que “dé las explicaciones del caso, es lo que corresponde. Le habíamos girado las preguntas por escrito, no las respondió, así que creo que corresponde, evidentemente, citarlo”.

“Está bien dejar de manifiesto su falta de voluntad en colaborar y aclarar respecto a todos los temas sobre los cual él tiene que dar explicaciones. Le corresponde su obligación dar esas explicaciones”, planteó y consideró que la ausencia de los funcionarios implicados “es una verdadera falta de colaboración”.

👉🏼 Presentan nueva demanda ampliada por el escándalo internacional de $LIBRA:

La Justicia de Estados Unidos recibió este martes 21 una nueva versión ampliada de la demanda colectiva que investiga el fraude internacional de los tokens $LIBRA, $M3M3, $MELANIA, $ENRON y $TRUST,…

— Oscar Agost Carreño (@oagost) October 21, 2025

De forma breve, el diputado Rodolfo Tailhade (UP) sugirió que “tanto en uno como en el otro oficio incorporemos dos apercibimientos o una suerte de apercibimiento. En primer lugar, el bajo percibimiento de formular denuncia penal en orden a la posible comisión del artículo 255 del código, que dice ‘será reprimido con prisión de un mes a 4 años el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente’. Básicamente acá estamos ante la hipótesis de un ocultamiento que tampoco descartaría que fuese una destrucción”.

El segundo oficio, propuso una advertencia al ministro de Justicia de que “nosotros estamos en condiciones de ir a pedirle el registro, el allanamiento de sus oficinas, el allanamiento del edificio del Ministerio de Justicia para que la justicia secuestre el expediente digital.

En esa línea, la diputada Margarita Stolbizer adhirió a las palabras de Tailhade: “Hay que hacer un apercibimiento sobre lo que implica el delito de obstrucción a la justicia y por las características propias de la comisión investigadora que pueden asimilarse”. “Siento que es prácticamente imposible pensar con que se va a poder cumplir con el plazo establecido en la resolución de creación y, por lo tanto, me da la impresión que eso va a ser casi imprescindible”, concluyó.

La Cámara de Diputados se prepara para una semana con debates calientes en las distintas comisiones, ya que entre los platos fuertes de la agenda se encuentra el Presupuesto 2026, la investigación por el caso de fentanilo contaminado y el caso $LIBRA entre otros.

Las reuniones comenzarán temprano este martes a las 11 en el Anexo “C” del 2° piso con un plenario de comisiones de Deportes, Comunicaciones e Informática y de Presupuesto y Hacienda para dar cumplimiento al emplazamiento realzado el pasado 8 de octubre para emitir dictamen sobre el financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

Una hora más tarde, hará lo miso la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado que se reunirá en la sala 6° del Anexo “A” a la cual fueron invitados a exponer el director general de Calidad y Atención Médica del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Carlos Vivas; el presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), Jorge Belluzzo; y representantes de Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, Mirtha Jaime. También, recibirán a familiares de las víctimas.

A las 13, la Comisión de Presupuesto y Hacienda llevará a cabo su quinta reunión informativa para continuar con el debate del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026 que se realizará en el Anexo “C” con la presencia del secretario de desregulación, Alejandro Cacace; y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Fariña.

Finalmente, a las 15 en la Sala 5 del Anexo “A” se reunirá la Comisión Investigadora del caso Criptomonedas $LIBRA con el objetivo de determinar nuevas medidas de prueba.

Por su parte, el miércoles 22 de octubre a las 10 volverá a reunirse la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Anexo “C” en cuya ocasión recibirán al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Gabriel Cordero; y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, María Gabriela Real.

En tanto, a las 11 la Bicameral de la Defensoría del Pueblo Seguimiento se reunirá en el Salón Arturo Illia para realizar el seguimiento del proceso de selección del Defensor del Pueblo de la Nación y del Procurador Penitenciario de la Nación.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) expresó este lunes que desde la oposición esperan que la Cámara Federal habilite la posibilidad de que funcionarios sean traídos por la fuerza pública a la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, lo que coloca a la hermana del presidente y secretaria General, Karina Milei, más cerca de esa posibilidad.

"Desde los '80 en adelante siempre la justicia ha ayudado al Congreso en este proceso. Esperamos que la Cámara revierta la decisión del juez, atento a todos los antecedentes", dijo el cordobés y señaló: "No queremos dejar de lado la máxima garantía de los derechos constitucionales de los citados".

La semana pasada, Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora, apeló la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien consideró "improcedente" el pedido de los legisladores a la justicia, requerido ante las inasistencias constantes del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la extitular de la Unidad de Tareas de Investigación, Florencia Zicavo.

Ahora, la Cámara Federal fijó para el 27 de octubre la audiencia para resolver al respecto.

Agost Carreño reveló que días atrás, un puñado de legisladores se reunió con el procurador General, Eduardo Casal, y el juez De Giorgi y "comenzaron a peritarse celulares que estaban secuestrados hace tres meses" y "comenzó a tomar otro ímpetu la causa". No obstante, aclaró que fue "un intercambio razonable sin que nos inmiscuyamos en la investigación" judicial.

Respecto a las medidas de prueba requeridas por la comisión, el legislador afirmó: "Estamos recibiendo mucha información. Ya estamos viendo que hay operaciones y transferencias directas entre Hayden Davis y (Mauricio) Novelli". "Queremos saber quién fue la persona que recibió dinero del propio Hayden Davis estando reunido con el presidente o media hora después", agregó.

En declaraciones a Radio 10, el diputado también opinó sobre la resolución de la jueza Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, quien concluyó que los fondos obtenidos por la operación $LIBRA podrían pertenecer al presidente Javier Milei, su hermana e impulsores del token, como Davis.

"La jueza se juega un poco y dice que los beneficiarios serían el propio Javier Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis, entre otros, y que este dinero, que es el botín que obtuvo la estafa de $LIBRA, fue retenido por el propio Hayden Davis para un negocio personal, que involucraría al presidente de Argentina, a su hermana y que no serían fondos del Estado nacional, sino que el involucramiento ha sido a título personal, lo que no quiere decir que no haya ningún tipo de responsabilidad", sostuvo Agost Carreño.

La Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, a través de su presidente, Maximiliano Ferraro (CC), presentó un recurso de apelación con reserva de caso federal contra la resolución del Juzgado Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien rechazó el uso del auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de funcionarios citados.

"La Cámara de Diputados, en ejercicio de su atribución del artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional, creó una comisión investigadora con el objeto de determinar la responsabilidad política de funcionarios públicos en torno a la denominada criptomoneda $LIBRA. Esa potestad de control, inherente a la forma republicana de gobierno, no puede quedar vaciada de eficacia por una interpretación judicial que niegue toda cooperación al órgano legislativo, especialmente cuando lo solicitado no implica en modo alguno la imposición de sanciones ni de medidas coercitivas de naturaleza penal, sino la instrumentación material de una convocatoria de un órgano político", se señaló en la presentación.

El recurso asegura que la decisión judicial "lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso, en particular las previstas en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que reconoce el poder del Parlamento para requerir información, citar funcionarios y ejercer el control político".

“Un magistrado no puede limitar las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso para investigar. No es un conflicto administrativo: es un tema de división de poderes y de responsabilidad democrática”, expresa el escrito.

Ejes centrales de la apelación:

• Defensa de la separación de poderes: la resolución cuestionada desconoce la autonomía del Poder Legislativo y pretende subordinar una comisión parlamentaria a criterios propios del Poder Judicial.

• Obligación de los funcionarios públicos: las personas citadas deben comparecer ante la comisión, ya que su actuación está directamente vinculada al objeto de la investigación y al interés público.

• Reserva de caso federal: ante una restricción de esta magnitud, se deja sentada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema para garantizar el pleno ejercicio del control legislativo.

El recurso fue presentado por Ferraro en virtud de lo resuelto en la última reunión (martes 7 de octubre), reafirmando el compromiso de esclarecer las responsabilidades políticas, financieras y administrativas en torno a la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei en febrero pasado.

“El Congreso no investiga por capricho, tenemos el deber de buscar la verdad, establecer responsabilidades y garantizar transparencia. Nadie puede ampararse en el silencio”, afirmó el diputado que preside la comisión.

A casi ocho meses del estallido del caso, el fiscal federal Eduardo Taiano ordenó un peritaje sobre los teléfonos incautados en la causa que investiga el lanzamiento de la memecoin $LIBRA. El objetivo es determinar si el presidente Javier Milei mantuvo comunicaciones con Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y otros involucrados en el proyecto, antes, durante o después de su aparición pública.

La medida también alcanza a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Sergio Morales, quien se desempeñaba como asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV) al momento de los hechos. El análisis forense abarcará tanto mensajes como imágenes que puedan haber sido registradas en el período investigado.

Los dispositivos fueron secuestrados el 6 de marzo de este año. En el caso de Novelli, se trata de un iPhone 16 Pro Max, un Motorola E6 Play y una CPU gamer. A Morales se le incautaron un Samsung Z Flip 3, una MacBook Air modelo A1370 y un pendrive Sony de 32 GB.

Según informa Hugo Alconada Mon este miércoles en La Nación, el pedido fue dirigido a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, con el fin de rastrear cualquier contenido vinculado al proyecto $LIBRA. Se busca reconstruir las conversaciones que Novelli y Morales mantuvieron con distintos actores clave, entre ellos los hermanos Milei, Davis y Terrones Godoy.

También se investiga si hubo contacto con figuras del ecosistema cripto como Sebastián Serrano (CEO de Cardano), Charles Hoskinson (Kip Protocol), Julian Peh (Cube Exchange) y Bartosz Lipinski, entre otros.

El fiscal solicitó revisar todas las plataformas de mensajería utilizadas: WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn y los mensajes de texto tradicionales. Además, se pidió identificar llamadas y mensajes vinculados a las líneas telefónicas registradas a nombre de Javier Milei (13 números) y Karina Milei (1 número).

La pesquisa no se limita a los interlocutores, sino también a los temas tratados. Por eso se ordenó buscar referencias al Tech Forum, al desarrollo y lanzamiento de $LIBRA, y a términos como “memecoin”, “token”, “solana”, “binance”, “kraken”, “insider”, “sniper”, “rug pull” y “pump and dump”.

También se rastrearán palabras clave relacionadas con la gestión gubernamental, como “presidente”, “milei”, “karina milei”, “gobierno”, “olivos” y “casa rosada”, además de imágenes tomadas en eventos públicos o en edificios oficiales.

Por último, se ordenó establecer la geolocalización de los dispositivos entre el 12 y el 19 de julio del año pasado, y entre el 13 y el 16 de febrero de este año. El fiscal también pidió verificar si los teléfonos tienen instaladas aplicaciones de exchanges o billeteras virtuales como Phantom y Solflare, y recuperar cualquier contenido que haya sido eliminado.

Curioso, ¿no?

Recién ahora, justo después de que la Comisión Investigadora del Congreso se reuniera con el juez y le exigiera informes y dictámenes sobre las comunicaciones entre funcionarios públicos e implicados directos en $LIBRA, y mientras que hoy remitiremos el oficio… pic.twitter.com/lA0y0wM84U

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) October 8, 2025

La noticia se conoce el día después de que la comisión investigadora que encabeza el diputado Maximiliano Ferraro sufriera un traspié ante la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi de rechazar el pedido de los diputados para permitir la comparecencia de distintos testigos con auxilio de la fuerza pública.

La resolución fue cuestionada por los legisladores, que resolvieron apelar la medida. “No se trata de un pedido caprichoso, sino de una necesidad derivada de garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras funciones y la decisión del juez vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”, señaló Maximiliano Ferraro.

Previendo lo que sucedería, el presidente de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, Maximiliano Ferraro, anticipó este lunes un pedido puntual al presidente Javier Milei para que propiciara la presencia este martes por la tarde de dos funcionarios que imaginaba serían reticentes a concurrir. Y no se equivocó, pues uno ya dejó claro con su actitud que no asistirá a la convocatoria.

Se trata del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, quien figura en primer lugar entre los cuatro convocados para este martes por la comisión investigadora, y que no estará cuando se dé inicio a la reunión, a partir de las 16 de este martes. No estará porque se negó a recibir la notificación para que se presentara a declarar como testigo.

Según informó La Nación, el oficial notificador fijó la citación en la puerta del despacho del titular de la OA, ante la actitud de Melik. Esto sucedió el viernes pasado. Se descuenta entonces que no estará este martes, actitud que Ferraro teme que adopte también otra de las testigos, María Florencia Zicavo, tal cual sugirió en las redes sociales este lunes, cuando recordó que en el discurso de Milei tras la derrota electoral dijo que haría una profunda autocrítica y prometió corregir errores, por lo que el legislador de la Coalición Cívica indicó que “lo primero que debería corregir su gobierno es la permanente actitud de evadir y bloquear las explicaciones políticas frente a las sospechas de violar la Ley de Ética Pública”, remarcando a su vez que “si el Gobierno quiere dar una buena señal, debe colaborar con la investigación de $LIBRA. Y eso empieza por lo más simple: que mañana (por este martes) Melik y Zicavo concurran a la Comisión como corresponde”.

“Solo así el Congreso podrá ejercer, de manera efectiva, la tarea de contralor que le otorga nuestra Constitución”, concluyó el presidente de la comisión investigadora.

Conocida la postura del titular de la Oficina Anticorrupción, Ferraro recordó que es “quien debería tener un compromiso irrestricto con la transparencia y la integridad pública hace todo lo contrario”.

“Hoy tiene la oportunidad de cumplir con sus deberes y obligaciones públicas y de abandonar la actitud que ha mantenido hasta ahora”, insistió.

Zicavo fue la fugaz titular de la Unidad de Tareas de Investigación de $LIBRA. No se sabe si asistirá este martes a la reunión convocada por la comisión investigadora. Los otros convocados son Luis Francisco Villanueva es subsecretario de Integración y Transparencia de la Oficina Anticorrupción, en tanto que José Massoni es un abogado que fue el creador y primer titular de la Oficina Anticorrupción durante el Gobierno de la Alianza, entre 1999 y 2002. En ese cargo, se dedicó a investigar y denunciar prácticas corruptas en la obra pública, señalando la existencia de una matriz estructural de corrupción organizada por grandes empresas constructoras.

El faltazo ya confirmado de Melik se suma al de otros funcionarios que fueron convocados en otras circunstancias, por ejemplo los ministros Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo, convocados en el marco de interpelaciones que fracasaron por sus respectivas ausencias. El único funcionario que hasta ahora se ha presentado es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En caso de ausentarse ambos funcionarios la comisión deberá ordenar el libramiento de una segunda notificación. De volver a faltar podrán requerir la asistencia de la justicia para garantizar su comparencia por la fuerza pública.

En la última sesión de la Cámara de Diputados, la oposición logró aprobar un proyecto clave para la resurrección de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, que volverá a funcionar, esta vez ya con autoridades al frente, a partir de este jueves. La reunión fue citada a las 14 en el segundo piso del Anexo "C".

Trabada desde abril pasado por el empate que se había dado entre los integrantes que promovían la investigación y el oficialismo y sus aliados que la resistían, la comisión estará activa ahora en plena campaña electoral y en medio de otro dolor de cabeza para La Libertad Avanza: la revelación de audios que hablan de una presunta red de coimas en la ANDIS.

El escándalo sobre $LIBRA, que estalló en febrero con un posteo del propio presidente Javier Milei en la red social X promocionando el token que rápidamente se desplomó y afectó a miles de inversores en Argentina y el mundo, fue producto de varios reclamos de la oposición, que se tradujeron en pedidos de informes, una interpelación a Guillermo Francos -pues otros funcionarios, como Karina Milei, no asistieron- y la creación de esta comisión.

La paridad entre oposición y oficialismo provocó que la comisión no pueda designar nunca un presidente y, aparte de la primera reunión del 30 de abril, hubo dos más por emplazamiento del pleno: el 10 de junio -cuando se volvió a fracasar en la votación de autoridades- y el 25 de junio, cuando por más de 10 horas asistieron periodistas, especialistas informáticos y damnificados por la operación $LIBRA a brindar testimonios.

De acuerdo a la resolución que se aprobó en la última sesión por 138 votos positivos, 91 negativos y 7 abstenciones, la comisión investigadora "designará a su presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de votos de sus miembros" y "en caso de empate para elegir presidente, el cargo se asignará al candidato que sea respaldado por los miembros cuyos bloques parlamentarios, sumados, tengan la mayor cantidad de diputados en el pleno de la Cámara". Desde Unión por la Patria han propuesto desde un comienzo a la massista Sabrina Selva.

Por otra parte, el quórum para sesionar será el establecido en el artículo 108 del reglamento, mientras que "la comisión tomará sus decisiones por mayoría de los miembros presentes, salvo aquellas para las que se establezca expresamente una mayoría calificada". "En caso de empates, la decisión mayoritaria será la que cuente con la firma o el voto del presidente de la comisión, incluyendo la emisión y elevación del informe final", aclara.

En cuanto al plazo de la investigación, éste será hasta el 10 de noviembre de este año. "Una vez agotado el objeto de la investigación, o alcanzada dicha fecha -lo que ocurra primero-, y dentro de los 10 días corridos, deberá elevar un informe final a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos", agrega.

A las 12.16 y con la presencia de 136 diputados, la Cámara baja alcanzó el quórum y ya está sesionando para tratar los vetos del presidente Javier Milei a cuatro leyes clave: el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y la asistencia económica a Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo. La sesión se desarrolla en medio de una fuerte tensión política y social, con movilizaciones en las afueras del Congreso.

El tema del quórum llegó a ponerse en duda poco antes de la hora de inicio de la sesión, al punto tal que por problemas con los vuelos la oposición le pidió al presidente de la Cámara modificar la hora de inicio, pasarla de las 12 a las 13, cosa que Martín Menem no aceptó. Sin embargo, finalmente la oposición no uvo inconvenientes  para reunir el número para arrancar la sesión.

Desde el oficialismo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos endureció su discurso en las horas previas. En diálogo con Radio Mitre, calificó de “poco serio” que se avance en el tratamiento de proyectos sin dictamen de comisión, y acusó a los legisladores opositores de actuar con fines electorales: “Quieren hacerle daño al Gobierno porque ven que está fuerte en el consenso popular”.

Francos también advirtió sobre el impacto fiscal de las iniciativas: “No tenemos recursos para esto, salvo que emitan dinero, que tampoco vamos a aceptar. Si no, volvemos a la etapa kirchnerista, donde todo se solucionaba con dinero imaginario”.

La sesión incluye además otros proyectos impulsados por gobernadores, como la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), así como la reactivación de la comisión investigadora del caso $LIBRA.

La oposición, que logró reunir los diputados necesarios para iniciar el debate, confía en revertir al menos dos de los vetos: el de la emergencia en discapacidad y el del aumento jubilatorio. La moratoria previsional aparece como el punto más difícil de sostener, mientras que el proyecto para Bahía Blanca podría definirse en una votación ajustada.

En paralelo, organizaciones sociales, gremios y familiares de personas con discapacidad se movilizan frente al Congreso, exigiendo que se rechacen los vetos y se restituyan los beneficios eliminados por el Ejecutivo.

La jornada se perfila como una de las más intensas del año legislativo, con votaciones que podrían marcar un punto de inflexión en la relación entre el Congreso y el Gobierno. Si se logra revertir alguno de los vetos, será la primera vez que el Parlamento imponga un revés directo a la gestión de Javier Milei.

En un nuevo capítulo vinculado a la investigación por parte de la oposición del caso $LIBRA, se aprobó este miércoles en la Cámara de Diputados un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que traten un proyecto que busca modificar aspectos de la comisión investigadora, de modo que pueda continuar en marcha y se definan sus autoridades de una vez.

La votación para que se debata la iniciativa, encabezada por el cívico Maximiliano Ferraro, resultó con 135 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, a cargo del libertario Nicolás Mayoraz, y la de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la macrista Silvia Lospennato, deberán reunirse el próximo martes 12 a las 17.

El proyecto busca destrabar la situación de la comisión en torno a tres aspectos: la designación de su presidente; el quórum y la mayoría necesaria para resolver; y el plazo de funcionamiento de la misma.

Sobre esto último, ocurrió que el pasado 30 de julio se cumplieron tres meses desde la primera reunión que tuvo la comisión y desde La Libertad Alianza y sus aliados consideran que se venció el plazo para su actuación.

Sin embargo, para la oposición esos tiempos deben correr desde la designación de sus autoridades, algo que nunca pudo concretarse por el empate entre los diputados que impulsaron la creación de la comisión y los oficialistas junto a sus aliados, resistentes a que funcione.

Integrada por 28 miembros, de un lado y el otro quedaron 14 legisladores. El intento por colocar un presidente, entre las opciones de la massista Sabrina Selva y el libertario -jefe de la bancada de LLA- Gabriel Bornoroni, fracasó en dos oportunidades.

Según el artículo 10 del proyecto de resolución por el cual se creó, la Comisión Investigadora tenía "un plazo de tres meses, a contar desde la constitución de la misma, para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones". "Una vez agotado el objeto de la investigación, o transcurrido el plazo máximo fijado, y dentro de los 30 días corridos, debe elevar un informe final a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos", agregaba.

Tras esa reunión del 30 de abril, la comisión se reunió el 10 y 25 de junio, luego de ser emplazada por el pleno. En el último encuentro, que se extendió por más de 10 horas, asistieron periodistas, especialistas informáticos y damnificados por la operación $LIBRA, que el presidente Javier Milei promocionó en su cuenta de la red social X el pasado 14 de febrero. Los funcionados citados -entre ellos el propio Milei y su hermana Karina Milei- no concurrieron.

El proyecto de resolución que se tratará ahora en las comisiones plantea que se designe presidente de la comisión "al miembro respaldado por los bloques que representen la mayor cantidad de diputadas y diputados en el pleno".

En cuanto al quórum, se busca que la comisión funcione de acuerdo al artículo 108 y adopte "decisiones por mayoría de los presentes, salvo que se exija una mayoría especial". "En caso de empates, la decisión adoptada será la que cuente con el voto o la firma del presidente de la comisión", se aclara, dándole así una facultad clave al titular.

Otro de los artículos establece que "el plazo máximo de funcionamiento" de la comisión, que se fijó en tres meses, contará "a partir de la designación de las autoridades y la fijación de los días y horarios de reunión, buscando garantizar que el tiempo perdido no impida cumplir con el objeto de la investigación".

El emplazamiento fue planteado por Ferraro, quien recordó que a la Comisión de Asuntos Constitucionales se le había solicitado el tratamiento a través de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento.

Presidente de esa comisión, Mayoraz afirmó que la Comisión $LIBRA "está en funcionamiento" y "es contradictoria esta presentación con la resolución que presentaron antes". A su juicio, este proyecto que se busca debatir "reduce el el plazo de funcionamiento que le queda a esa comisión".

"Usted le está reduciendo el plazo para dictaminar, cuando le queda un mes. Ese es el plazo que tienen los bloques para presentar sus informes. No entiendo por qué este emplazamiento cuando la comisión funciona perfectamente y estamos ya en la etapa de los dictámenes", insistió.

El santafesino criticó a la oposición: "El circo ya lo hicieron, trajeron a los que quisieron, no sacaron nada en claro. No hay demora de la comisión, no hay demora en el tratamiento de la cuestión. Trabajen en el dictamen, porque realmente lo que estoy pensando es que como no tienen nada para decir y quieren acortar el plazo". Para Mayoraz, el encuentro con invitados que hubo en la comisión investigadora fue "patético" y reiteró que "la comisión funcionó y escuchó a todos los que ustedes querían hacer hablar".

En la misma línea, la diputada bullrichista Silvana Giudici apuntó que la resolución que creo la comisión tenía plazos establecidos y "los tres meses se cumplieron el 30 de julio". "Ahora estamos en el tiempo administrativo de presentación de dictámenes. No hay motivo para emplazar, lo que corresponde es presentar los informes", dijo. Sin embargo, el emplazamiento impulsado por la oposición se aprobó.

Esta semana se cumplieron 90 días desde que la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA se reunió por primera vez y, según interpreta La Libertad Avanza y sus aliados del Pro, se venció así el plazo que ese cuerpo tenía para llevar a cabo sus tareas e iniciar posteriormente un informe final.

Sin embargo, para la oposición esos tiempos deben correr desde la designación de sus autoridades, algo que nunca pudo concretarse por el empate entre los diputados que impulsaron la creación de la comisión y los oficialistas junto a sus aliados, resistentes a que funcione.

Integrada por 28 miembros, de un lado y el otro quedaron 14 legisladores. El intento por colocar un presidente, entre las opciones de la massista Sabrina Selva y el libertario -jefe de la bancada de LLA- Gabriel Bornoroni, fracasó en dos oportunidades.

Según el artículo 10 del proyecto de resolución por el cual se creó, la Comisión Investigadora tenía "un plazo de tres meses, a contar desde la constitución de la misma, para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones". "Una vez agotado el objeto de la investigación, o transcurrido el plazo máximo fijado, y dentro de los 30 días corridos, debe elevar un informe final a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos", agregaba.

A raíz de la paridad en la comisión, desde la Coalición Cívica presentaron un proyecto para modificar la resolución en cuanto a la elección del presidente, el quórum y la mayoría, y el plazo de funcionamiento. Sin embargo, no se pudo tratar.

El empate 14 a 14 producido el 30 de abril, en la primera reunión, se repitió el 10 de junio, cuando la comisión estuvo coordinada por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, tras ser emplazada.

La siguiente reunión se dio el 25 de junio, también por emplazamiento, cuando por más de 10 horas asistieron a exponer periodistas, especialistas informáticos y damnificados por la operación $LIBRA, que el presidente Javier Milei promocionó en su cuenta de la red social X el pasado 14 de febrero. Los funcionados citados -entre ellos el propio Milei y su hermana Karina Milei- no asistieron.

En la jornada del 10 de junio, la cívica Mónica Frade y el radical díscolo Fernando Carbajal, de bloques que en un principio no habían adherido a las propuestas de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda de ir directamente a la Comisión de Juicio Político por este tema, advirtieron que podían llegar a cambiar de posición y apoyar una investigación en ese ámbito ante el intento de LLA por "obstaculizar".

Esto fue algo a lo que se refirió este jueves el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, quien manifestó que "el Congreso tiene que seguir intentando desbloquear la comisión", ante el avance que muestra la causa que tramita en la justicia de Estados Unidos, y sobre la cual él mismo viajó a ese país para interiorizarse.

El legislador no descartó que "esto termine en un juicio político, para lo cual ya hay una comisión". "Nosotros desde los bloques del centro creíamos que no estaban dadas las condiciones al principio para un juicio político, pero si bloquean tanto una comisión legítimamente votada para que se haga una investigación, y bueno, naturalmente esto termina cayendo en ese lugar, porque no nos permiten ir a un lugar más racional", sostuvo durante una entrevista en el streaming Gelatina.

Agost Carreño admitió que "no dan los números" para eventualmente aprobar un juicio político contra el presidente, pero sí para investigar en esa comisión. Respecto de la controversia sobre dicha comisión, donde el año pasado la oposición reconoce haber votado como presidenta a la oficialista Marcela Pagano, algo que desconoce el titular de la Cámara baja, Martín Menem (con quien la experiodista está más que enfrentada), el cordobés respondió: "Para mí tiene presidencia y también ilegalmente las autoridades de la cámara sostienen que no funciona".

En medio de la traba que pesa sobre la comisión investigadora creada en la Cámara de Diputados por el caso $LIBRA -la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei que se derrumbó a minutos de su lanzamiento, dejando miles de afectados en distintos puntos del mundo-, el legislador de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño viajó a los Estados Unidos para interiorizarse sobre la causa judicial que se tramita allí.

El cordobés contó este martes que mantuvo "reuniones muy esclarecedoras" y "fue muy importante ver cómo está avanzando la Justicia". Además, aseguró que la información recopilada es "para que lo que no podamos saber nosotros desde el Congreso, lo pueda averiguar tanto la Justicia argentina como la de Estados Unidos, frente al bloqueo constante que nos produce el Gobierno".

"Ahora, están hasta fondos ingleses dentro de la causa reclamando que la plata que le debe Argentina se la pague (Hayden) Davis", señaló y resaltó que "hay muchísimos actores que están reclamando de la Argentina las respuestas que el presidente no dio".

En declaraciones a Radio 10, Agost Carreño reveló que otro de los diputados que viajó fue Itaí Hagman, de Unión por la Patria; mientras que también destacó las acciones de los cívicos Maximiliano Ferraro y Mónica Frade en cuanto a lo "reglamentario" y a otros legisladores que están acompañando a damnificados en Argentina. "Hay una gran división de tareas que nos ha permitido tener mayor información", dijo sobre las acciones de quienes integran la comisión por la oposición.

El diputado apuntó que "según la normativa que hay en Estados Unidos, es viable conocer quiénes inyectaron primero los fondos y luego los retiraron ese 14 de febrero". Al especificar que "todavía hoy se pueden mover fondos" por parte de sociedades múltiples -integradas por varias personas-, es posible "saber quiénes están detrás y podemos conocer si el entorno de Milei está involucrado".

Agost Carreño detalló, además, que el 30 de enero, minutos después de la primera foto pública entre Milei y Davis, el empresario cripto "hizo una transferencia a un usuario desconocido por 507 millones de dólares". "A los dos días, por 2 millones de dólares más; y al día siguiente aparece (Mauricio) Novelli abriendo cajas de seguridad con su familia y depositando el contenido de dos mochilas, que después es retirado a primera hora del primer día hábil después de la caída de $LIBRA", agregó.

"Vamos a intentar trabajar para desbloquear la comisión. Y vamos a trabajar un informe; si lo hacemos en dictamen o en conferencia de prensa lo vamos a determinar según cómo esté bloqueado o no el Congreso", concluyó.

Desde Unión por la Patria insisten con activar la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, luego de que en la última sesión el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no permitiera emplazar a las comisiones para tratar una resolución que busca destrabar su funcionamiento.

El expediente que pretendían emplazar tiene giros a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Nicolás Mayoraz y a la Comisión de Peticiones Poderes y Reglamento que preside Silvia Lospennato, del Pro. Por eso, los diputados de UP Sabrina Selva, Mónica Litza y Juan Marino, como integrantes de la Comisión de Asuntos que es cabecera del expediente, presentaron una nota al diputado libertario Nicolás Mayoraz, para que, en virtud del artículo 109 del Reglamento, convoque de manera urgente a la comisión para abordar y dictaminar el expediente que destrabaría la elección de autoridades de la Comisión Investigadora, poniendo fin a su juicio a las dilaciones y artilugios reglamentarios.

“Se nota mucho que quieren seguir bloqueando el tema, pero vamos a agotar todas las instancias para que se pongan a trabajar y abran las comisiones que presiden”, expresó la diputada Selva, quien fue propuesta por la oposición para presidir dicha comisión.

En la nota presentada a Mayoraz, le detallan las razones por las que debería convocar a las comisiones, en virtud de la necesidad de “garantizar el cumplimiento de los fines para los cuales fue creada la Comisión Investigadora por la estafa $LIBRA, garantizando su normal funcionamiento, sin interferencias ni bloqueos”.

“La resonancia política y judicial no solo a nivel nacional sino internacional que reviste el hecho de que el presidente Javier Milei haya promovido una criptomoneda que derivó en un escándalo, requiere de una mayor celeridad y seriedad por parte de esta honorable Cámara, sin más dilaciones ni artilugios reglamentarios”, le indican Selva, Marino y Litza, por lo cual solicitan que el expediente reciba tratamiento “urgente y preferente despacho”.

Un pasaje de antología se registró cuando el especialista en cripto Iñaki Aezteguía dijo ante la comisión investigadora que había invertido en $LIBRA y que no se había sentido estafado. Pero fue sorprendido por la diputada de UP Sabrina Selva, que reprodujo un video de él mismo en el que criticaba la moneda virtual que había difundido el presidente Milei.

“Yo por ejemplo invertí en $LIBRA, no me siento estafado. Para mí técnicamente no es una estafa”, remarcó el especialista invitado por el oficialismo. “Hasta acá usted hizo muchas aseveraciones en el sentido de que no podía afirmar que se había tratado de una estafa -arrancó Selva, a lo que el especialista asintió-. Mi pregunta entonces es porqué el día 17 de febrero, a través de su red social de Instagram, publicó un video que lo tengo acá, en mi poder, que lo puedo compartir para que todos lo vean, en donde a través de cinco puntos, usted le recomendaba a las personas no invertir”.

Allí, Apezteguía deciá: “No recomendemos la token $LIBRA que impulsó Javier Milei. N°1: el lanzamiento fue muy apresurado; el sitio web y el token se habían creado tan solo un par de minutos u horas antes del lanzamiento del proyecto. N°2: la documentación técnica; el proyecto no cuenta con una propuesta robusta y seria, ni un equipo técnico reconocido. N°3: el lanzamiento se hizo a través de un tuit de Javier Milei, eso ya generaba cierta sospecha. N°4: la concentración de más del 80% de los token en tan solo tres billeteras. Y N°5: que daba todas las señales para ser un típico pump and dump, donde el proyecto se podía inflar como cualquier meme coin y en cualquier momento las billeteras podían tomar ganancias”.

Y cerraba Apezteguía: “Desde Crossing Capital buscamos que se opere en un mercado lo más transparente posible, y vos puedas obtener rendimientos haciendo inversión inteligente. Si querés saber más, sobre Crossing Capital…”. Ahí apagó Selva la reproducción, lo que llevó al secretario Parlamentario Adrián Pagán a comentar riendo: “Justo le dejó la propaganda”.

Incómodo, el especialista en cripto tan solo comentó con una sonrisa: “Gracias por aumentar la cantidad de seguidores de la cuenta… Yo acá vine a responder por la tecnología”. Y con una mueca agregó: “¿Lo que yo pueda opinar por redes sociales, todo lo que uno diga en redes sociales es una verdad absoluta bajo una declaración jurada? Lo que yo puedo defender acá es la tecnología. La tecnología…”.

No solo que la Libertad Avanza tiene mucho que esconder en torno a la estafa $LIBRA, sino que la gente que trajeron a la comisión los hunde aún más.

Les dejo una joyita de hoy en la reunión informativa.

Vamos a seguir insistiendo con investigar lo que a todas luces fue una… pic.twitter.com/GMOJbWjzcB

— Sabrina Selva (@SabriSelva) June 26, 2025

Con el intríngulis pendiente de designar a sus autoridades, vuelve a reunirse este miércoles la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA. Y por primera vez desde su creación, recibirá la visita de invitados convocados por los propios integrantes de esta comisión especial.

La cita es a partir de las 16, en la sala 1 del 2do piso del anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, y seguirá siendo coordinada, tal cual lo dispuesto oportunamente, por el secretario Parlamentario de la Cámara, Adrián Pagán, en tanto y en cuanto todavía persiste la imposibilidad de elegir autoridades. Recordemos que los 28 integrantes de la comisión están divididos en partes iguales entre oficialistas y aliados, y opositores que quieren avanzar con la investigación. Así las cosas, no se ponen de acuerdo en elegir al presidente de la misma.

Desde el oficialismo propusieron en su momento al diputado cordobés Gabriel Bornoroni, quien es nada menos que el presidente del bloque La Libertad Avanza, y su nombre es rechazado por quienes sostienen que la comisión debe ser presidida al menos por alguien que haya votado a favor de su constitución. O que, en última instancia, no sea alguien que, en su condición de oficialista, considere que el Congreso no debe investigar el tema.

Por la oposición, el bloque con más cantidad de miembros ofreció para ese cargo a la diputada bonaerense Sabrina Selva, apoyada por todos los integrantes del espacio opositor que promueve la investigación del caso $LIBRA. En definitiva, como las dos partes están compuestas por 14 diputados, no hay manera de que se pongan de acuerdo en elegir a alguien para organizar la investigación.

Luego de dos reuniones en las que no se avanzó demasiado, celebradas el 30 de abril y el 10 de junio, en esta tercera convocatoria se recibirá a una serie de invitados propuestos por los bloques políticos con representación en la comisión.

Para este miércoles han sido citados a declarar nada menos que el presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. No existe la menor posibilidad de que ambos vayan a presentarse, como también hay dudas (casi certezas) sobre la presencia de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. También han sido citados el exdirector de la CNV Sergio Morales (que tampoco asistiría) y el empresario estadounidense Hayden Davis, que vive en Estados Unidos y no hay noticias de que haya venido al país, pero podría llegar a declarar por videoconferencia. Tampoco se espera que asista, ni presencial, ni de manera virtual.

Quiénes son

De 29 años de edad, Mauricio Novelli es licenciado en comercialización y se presenta como trader financiero, en cuyo rol fue el principal organizador del evento Tech Forum, realizado en octubre de 2024 en el Hotel Libertador, donde participó Javier Milei como orador principal. Precisamente el presidente dio clases en su academia de trading entre 2020 y 2023. También se lo vio con Novelli en la Casa Rosada.

Novelli fue uno de los promotores del proyecto “Viva la Libertad”, que lanzó el token $LIBRA, cuyo valor se disparó tras la promoción por parte de Milei, para luego colapsar, dejando un tendal de “damnificados”. Lo cual generó sospechas de una maniobra tipo “rug pull” (estafa donde se retira la liquidez tras inflar el valor).

Peritos informáticos detectaron que Novelli borró archivos de un dispositivo clave en la investigación, lo que agrava su situación judicial.

En el caso de Manuel Terrones Godoy, es cofundador y organizador junto a Novelli del Tech Forum. Se trata de un empresario vinculado al ecosistema cripto y tecnológico, cuyo su rol fue más bajo que el de Novelli en el caso. Su participación en la organización del evento donde se gestó el proyecto $LIBRA lo puso bajo investigación judicial.

Respecto de Morales, fue asesor en criptoactivos de la CNV desde octubre de 2024. Antes de eso, trabajó en la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei. Fue socio comercial de Manuel Terrones Godoy en la firma City Entertainment SRL, sin actividad comercial relevante.

Morales ingresó a la Casa Rosada el 11 de junio de 2025 junto a Mauricio Novelli y Terrones Godoy, en una visita autorizada por Karina Milei. Además, participó en el evento Tech Forum 2024, donde se presentó el proyecto $LIBRA y habló el presidente Milei.

Por eso presentó su renuncia indeclinable a la CNV en marzo de 2025, tras quedar bajo la lupa judicial, ya que está imputado en la causa que investiga delitos como estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho. También está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE.UU., que busca determinar si el caso $LIBRA constituye un fraude transnacional.

Por último, Hayden Mark Davis es un empresario estadounidense que ha sido figura clave en la creación y promoción del token $LIBRA. A través de su empresa Kelsier Ventures, participó en el diseño y lanzamiento del proyecto, que al colapsar generó pérdidas millonarias para miles de inversores.

Se estima que Davis se quedó con aproximadamente 110 millones de dólares en los días posteriores al colapso del token. A través de la jueza María Servini, la justicia argentina ordenó el congelamiento de 57,5 millones de dólares en criptoactivos en dos billeteras vinculadas a él. Estas billeteras fueron identificadas como parte del grupo fundador de $LIBRA y no habían registrado movimientos desde la caída del token.

El abogado Gregorio Dalbón solicitó su detención internacional y extradición a Argentina, argumentando riesgo de fuga y el uso de sus recursos para evadir la justicia. Davys también enfrenta una demanda en EE. UU. presentada por el estudio Moyano y Asociados, que lo acusa de fraude transnacional junto a otros implicados como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

La investigación se apoya en peritajes informáticos que rastrearon los movimientos de las billeteras cripto desde el lanzamiento hasta el colapso del token. Se detectó un patrón de retiro de fondos que sugiere una maniobra de tipo “pump and dump” (inflar el valor y luego vender en masa).

Los invitados que han sido confirmados

Los participantes de esta reunión de la Comisión $LIBRA que si asistirán son los periodistas Alejandro Bercovich e Irina Hauser. También lo harán especialistas tecnológicos como Fernando Molina y Santiago Siri.

En su rol de querellantes, han sido convocados Martín Romero y Maximiliano Firtman.

Para el caso de que la investigación no prospere y persista la indefinición en el seno de la comisión, varios diputados miembros de la misma no descartan la vía del juicio político contra el presidente Javier Milei, cosa que había sido descartada en un principio por varios de los legisladores que hoy, decepcionados con el rol de la comisión investigadora, estarían dispuestos a dar ese otro paso institucional.

Integrantes de la comisión

Componen esta comisión de 28 miembros los siguientes diputados:

Por el oficialismo y aliados, están Damián Arabia, Juan Maquieyra, Cristian Ritondo y Oscar Zago (Pro - MID); Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz, Paula Omodeo (LLA - Creo); Carla Carrizo y Lisandro Nieri (UCR); Pablo Cervi y Francisco Monti (Liga del Interior); Agustín Domingo y Yolanda Vega(Innovación Federal).

Por la oposición más dura en este tema, figuran Pablo Carro, Itai Hagman, Juan Marino, Germán Martínez, Sabrina Selva y Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria); Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot  (Encuentro Federal); Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (CC); Fernando Carbajal y Danya Tavela (Democracia para Siempre); Christian Castillo y Julia Strada (PTS – Nacional y Popular).

De haber imaginado que la Corte terminaría procediendo de la manera que lo hizo, seguramente el Gobierno hubiera actuado distinto con ficha limpia. Una ley que consideraba hecha “con nombre y apellido” y que por eso decidió actuar como lo hizo cuando su aprobación definitiva era segura. Se perdió entonces la oportunidad de quedar en la historia como la gestión en la que se aprobó una norma de semejante peso, seguro de que igual lo haría el próximo año.

Ahora, cuando eso suceda -si sucede-, no tendrá el mismo valor simbólico.

Pero siempre estuvo claro que los libertarios no querían a Cristina Fernández de Kirchner fuera de carrera, y mucho menos presa. Existió siempre una suerte de pacto no escrito, pero presente en los vasos comunicantes que con toda lógica se establecieron aun antes de la asunción de Javier Milei. Tantos puntos de contacto hay entre quienes gobiernan y lo que fue la gestión macrista, que ambas compartieron la estrategia de rivalizar con la expresidenta. A Cambiemos le fue bien en 2017 y ya se sabe qué pasó dos años más tarde. Las negras también juegan.

Está dicho que la resolución de la Corte tomó al Gobierno por sorpresa. No cuando ya se anticipaba que el Tribunal Superior avanzaba decididamente en ese sentido, que fue cuando Cristina adelantó los tiempos electorales y anunció su candidatura para un cargo “menor” en la Tercera Sección Electoral, de modo tal de presionar a la Corte. El Gobierno, y la política argentina en general, siempre imaginaron que esta Corte no se saldría de la lógica que dominó la historia judicial argentina respecto de no avanzar sobre la libertad de los dirigentes políticos en general y los expresidentes en particular. De más está decir que, por eso, se encendieron el 10 de junio luces de alarma en toda la dirigencia política argentina.

Si le tocó a Cristina, puede tocarle a cualquiera. Más allá de las pruebas existentes y que la expresidenta hizo mucho mérito para granjearse el despecho de estos cortesanos que fueron sentados en el banquillo de los acusados durante todo el último año de gestión kirchnerista a cuento de nada. Porque siempre supieron quienes lo impulsaron que el número para ejecutar un juicio político no estaba ni estaría. Fuegos de artificio sin destino, muy en línea con lo que fue el Gobierno de Alberto Fernández.

Toma nota de la novedad judicial que acaba de establecer la CSJN el Gobierno actual, que tiene en marcha una causa iniciada a partir de la insólita intervención de Javier Milei promoviendo -difundiendo, dice el mileísmo- la criptomonoeda $LIBRA. Se trata de una causa cuyo trámite en el exterior preocupa sobremanera al Gobierno, pero que también tiene su correlato local, ahora mirado con más recelo.

Y sabe el Gobierno que el kirchnerismo es “un monstruo herido”, que con este antecedente querrá arrastrar a otros. A partir de lo sucedido con Cristina -en realidad desde antes, pero más ahora- viene machacando sobre el macrismo y la falta de avances en las causas iniciadas contra la gestión presidencial 2015/2019. Pero también lo hará con esta gestión a la que hasta ahora no desafiaba en esa materia.

Presume el Gobierno que ahora avanzarán todo lo que puedan con el tema $LIBRA. La cuestión ha sido neutralizada hasta ahora en el Congreso. Por errores propios en la redacción del proyecto que permitió la creación de la comisión investigadora, la misma no ha podido efectivizarse hasta el momento, y con el empate que hay en el número de miembros que la integran, la misma no tiene ningún destino concreto. Para la próxima reunión se han cursado invitaciones para ser indagados por los diputados, y Unión por la Patria pidió la asistencia de Karina Milei, nada menos. Obviamente no asistirá, como tampoco lo harán Javier Milei, ni Hayden Mark Davis, convocados por la izquierda. Será interesante ver lo que dice en cambio Mauricio Novelli, convocado por la Coalición Cívica, o el diputado español Gerardo Pisarello Prados, citado por el bloque de Facundo Manes.

Este legislador español nació en la Argentina y en febrero pasado presentó una denuncia contra Milei ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusándolo de haber impulsado desde su cuenta de X una criptomoneda que, a su juicio, terminó siendo parte de una operación fraudulenta que perjudicó a miles de personas. También vinculó a Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures y creador de $LIBRA, como uno de los principales responsables, afirmando que este habría sobornado a la hermana de Milei para facilitar los negocios. También mencionó que Davis y su padre, Tom Davis (condenado por fraude en EE.UU.), residirían parte del año en Cataluña, lo que justificaría la intervención de la justicia española y europea.

Más allá de la situación de paridad que complica definitivamente su funcionamiento, nadie en la oposición se ilusiona ya con la comisión investigadora, razón por la cual ha comenzado a ganar adhesión la posibilidad de avanzar con el juicio político al presidente. Tampoco es que vayan a tener número para que eso prospere, pero nada bien le hace a ningún gobierno semejante trámite. Lo cierto es que, dados los obstáculos de la comisión investigadora, esta semana ya se pronunciaron públicamente en favor de esa medida extrema los bloques Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, que junto a UP y la izquierda suman 121 voluntades en la Cámara baja.

Más allá de esas vicisitudes, el Gobierno está dulce por estos días. Le complicó la estrategia electoral la condena de Cristina, pero el índice de inflación de mayo le alegró la vida: registró un descenso notorio y llegó a 1,5%. Para encontrar un número tan bajo hay que remontarse a cinco años atrás, pero eso era en pandemia, así que el mérito de la actual administración es innegable. Es más, algunos economistas ya hacen cuentas para verificar si podremos llegar a las elecciones con un índice que comience con cero.

Pero no todos los datos sonríen de esa manera. El Gobierno necesita dólares y no los consigue. Que es lo que le venían advirtiendo quienes el presidente denomina “econochantas”. Solo que ahora sí sale a buscarlos. Por eso un día después de la condena de CFK, Toto Caputo contrajo un préstamo repo con siete bancos internacionales por USD 2.000 millones. Y con un “plan Colchón” que no arranca -necesita además ser reforzado con leyes cuyo tratamiento en el Congreso ni ha comenzado-, el Gobierno eliminó los plazos mínimos de permanencia para inversores no residentes que inviertan en bonos a través del mercado de cambios, o en colocaciones primarias del Ministerio de Economía en títulos con vencimiento superiores a seis meses. La medida fue presentada como una muestra de fortaleza: el Banco Central ya no les teme a los capitales especulativos. La realidad es que necesita dólares, provengan de donde provengan y profundiza incluso la flexibilización para la llegada de dólares, que no deberán cumplir un plazo de permanencia de 180 días para acceder al mercado oficial de cambios y salir.

Como sea, el Gobierno sabe que con estos datos de inflación -que no se alterarán de aquí a las elecciones- es imbatible. Y por eso actúa en consecuencia. En la provincia, donde ya no estará el nombre de Cristina Kirchner compitiendo, la alianza de LLA con el Pro es una certeza, pero por más que la negociación continúe, Karina Milei y sus representantes no cambiarán su tesitura de ir a la elección sin integrar un frente, con el nombre La Libertad Avanza, el color violeta y armando ellos las listas. El Pro pide al menos 5 lugares en la lista de diputados nacionales, a sabiendas de que tendrá que conformarse -con suerte- con 3. Pero antes de esa elección está la del 7 de septiembre, la que les interesa a los intendentes, más que preocupados por el armado de las listas.

En la reunión del Pro del último viernes, que presidió Mauricio Macri, concluyeron que habrá que pasar esta elección haciendo el papel “más digno” posible y dejando librados los acuerdos a cada distrito. Se escucharon durante el encuentro fuertes críticas hacia los libertarios, de quienes se reprochó que “nos maltratan y nos quieren destruir”, pero no se encontró una alternativa viable que ofrecer. Ni siquiera la de recrear la alianza Juntos por el Cambio, que sugirieron algunos y que fue desechada ante la supuesta certeza de que les iría aún peor.

Inmerso en la conmoción de la condena de su líder, el peronismo no está mejor que el resto de la oposición, más allá de la centralidad que por estos días se ha asegurado Cristina Kirchner. Ya no será ella candidata en la Tercera, por lo que el casting de candidatos no será tan exigente. Pero lo cierto es que nadie tiene mucho que ofrecer, es la cruda conclusión. En estas circunstancias, la única certeza es que el ausentismo que se viene observando en las elecciones adelantadas hasta ahora, se reiterará de manera dramática el 7 de septiembre, marcando un récord previsible, en una elección que la gente verá con máximo desdén, considerando que solo le interesa a la política.

Ahí es donde Juan Grabois saldrá a alardear, luego de haber propuesto “el abstencionismo revolucionario” para la próxima elección.

Gran atención ha concitado la reunión convocada para este martes a las 16 de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, más no demasiada expectativa por lo que pueda suceder allí. Mucha atención, porque se espera saber cómo se las arreglan finalmente los diputados para resolver el intríngulis en el que se encuentran, al estar bloqueada la posibilidad de elegir autoridades de esa comisión por estar empatadas las voluntades que debieran decidir.

Y pocas expectativas porque a nadie se le ocurre que encuentren la manera de destrabar la situación en el seno de la comisión.

Para muchos de la oposición, la única manera era que resuelva el pleno. Soberano para tomar ese tipo de decisiones, algunos en la oposición confiaban en que la embestida que se intentó el miércoles pasado llegara a buen puerto. La intención era poner a consideración del Cuerpo la presidencia de la comisión, pero eso no fue posible: Martín Menem se mostró inflexible y no hubo manera de que aceptara que se votara. Por el contrario, reclamó que eso se resolviera en la comisión, y también pasó facturas, al responsabilizar a la oposición que impulsó la creación de la comisión investigadora de que la misma estuviera trabada. ¿Por qué?  Por el texto del proyecto que propusieron votar, donde no figura un número determinado de miembros para la comisión. A nadie se le ocurrió hacer que el número de la comisión fuera impar, como todas las comisiones (salvo las bicamerales) para evitar lo que está sucediendo ahora.

Vale recordar de paso que cuando se trató en particular ese proyecto, el diputado santacruceño José Luis Garrido propuso modificar el texto de un artículo para que se sumara la palabra “interbloques” para la conformación de miembros de la comisión. Ese agregado permitió luego que La Libertad Avanza se constituyera en interbloque con CREO; que el Pro hiciera lo propio con el MID, y ni qué decir de lo que hizo UP, de donde se mudaron dos diputadas para formar otro bloque y luego se anexaran en interbloque a la izquierda… Dicho sea de paso, Garrido terminó absteniéndose a la hora de votar ese artículo.

Ante la falta de acuerdo el miércoles pasado terminaron convocando a reunir la comisión investigadora este martes, bajo la coordinación del secretario Parlamentario Adrián Pagán. Y se convocó también a una reunión con invitados par el 25 de junio. Lo cierto es que nadie se ilusiona conque lleguen este martes a un acuerdo para nominar un presidente de consenso. Y ya no se descarta que la comisión termine funcionando así, bajo la protección de Pagán, y comience a investigar de una vez. Si las partes lo aceptan, podría ser la solución salomónica que permita al menos comenzar a agitar la cuestión, más allá de que difícilmente puedan llegar a resoluciones concretas.

Se verá la tónica a partir de las 16 de este martes comienzan a imprimirle a esta comisión clave.

“Desde la sesión del miércoles están con esta MENTIRA”, expresó este domingo el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, ante una información según la cual el kirchnerismo estaría cediéndole al oficialismo la comisión por el escándalo cripto $LIBRA.

La nota en cuestión señala que los diputados K habrían acordado con Martín Menem que la comisión cuya presidencia está en disputa desde su creación, con un empate en 14 para definir las autoridades, sea presidida por un diputado libertario.

Martínez aclaró que “lo que votamos en el recinto fue la OBLIGACIÓN de reunir a la comisión (contra la voluntad del oficialismo, que quiere impedirlo, para garantizar la impunidad de su gobierno)”.

Así las cosas, adelantó que “el martes a las 16 tenemos reunión de la Comisión Investigadora por la estafa $Libra e insistiremos con la designación de autoridades”. Y cerró: “Como lo venimos haciendo desde el primer momento, exigiremos que sea la oposición quien presida la comisión (nuestro bloque ya hizo su propuesta)”.

La propuesta que apoyan los 14 diputados opositores es la de que la diputada Sabrina Selva encabece la comisión, mientras que desde el oficialismo y sus aliados propusieron al jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, lo cual fue rechazado invocando que no puede encabezar esa comisión alguien que votó en contra de su creación. Y es más, que alguien del oficialismo encabece una comisión que debe investigar por ejemplo al presidente de la Nación.

Desde la sesión del miércoles están con esta MENTIRA.

Lo que votamos en el recinto fue la OBLIGACIÓN de reunir a la comisión (contra la voluntad del oficialismo, que quiere impedirlo, para garantizar la impunidad de su gobierno).

El martes a las 16 hs. tenemos reunión de la… pic.twitter.com/aatigUPtML

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) June 8, 2025

El jefe del bloque radical del Senado, Eduardo Vischi, se mostró dispuesto a apoyar las medidas para incrementar los haberes de los jubilados aprobado en Diputados la última semana, aunque admitió que primero verán cómo puede repercutir y “cuáles pueden ser las cuestiones a futuro”.

“La otra vez habíamos planteado una reforma -incluso estaba acordada con el Gobierno nacional- que daba un aumento mínimo y una fórmula de actualización. Por supuesto, siempre pensando en cuidar el equilibrio fiscal”, señaló el senador correntino, adelantando que “nos vamos a reunir en el bloque a mirar bien cuál es el panorama. Estamos en consonancia con darles un aumento a los jubilados, pero vamos a mirar cómo puede repercutir”.

Entrevistado por La Nación, Vischi quiere que el Gobierno les explique dónde les impacta el incremento impulsado desde la otra Cámara. “Como no tenemos el presupuesto, no sabemos bien cuál es el efecto y por qué ellos dicen que les puede generar un problema en la caja”.

“El presupuesto es fundamental porque no sabemos dónde estamos parados en los gastos”, observó Vischi, remarcando que “complica muchísimo saber hacia dónde está yendo el Gobierno en función de su política de Estado. Por ejemplo, hay reclamos por la falta de obra pública. Es obvio que buscan el equilibrio fiscal, pero no sabemos de dónde sacar o dónde poner ni cuáles son las prioridades”.

Más allá de las coincidencias con el Gobierno, al marcar las diferencias citó en primer lugar a la educación pública. A su juicio, “eso es fundamental si queremos pensar en un futuro mejor para los argentinos, porque tiene que ver con el desarrollo humano”.

Mencionó también la salud pública, “porque hoy casi un 40% o 50% de trabajadores no registrados que no tienen obra social. No podemos dejar a la deriva a todas esas personas. A su vez, también fuimos quienes planteamos algunas reformas laborales”.

Vischi es recodado por el cambio de su voto respecto de la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA. Al respecto, dijo que “en primer lugar, vimos la necesidad de esclarecer cuál era la situación. Pero cuando lo analizamos con los gobernadores, ellos nos dijeron que tuviéramos prudencia porque se podía venir una arremetida del kirchnerismo para tratar de aprovecharse y hacer tambalear al Gobierno, en función de que el presidente estaba buscando recursos en el Fondo Monetario Internacional”.

“Lo hablamos en el bloque, pero no nos pudimos poner de acuerdo. La idea era tratar de mandarlo a comisión. Cuando en la misma sesión vi que el kirchnerismo empezó a avanzar, incluso con improperios, decidí no acompañar. Lo dejamos en manos de la Justicia, que tiene que avanzar”, puntualizó.

Con todo, Vischi advirtió que el presidente debe dar explicaciones sobre lo sucedido. “Y para eso la Justicia tiene que investigar e ir hasta las últimas consecuencias”. Fue más lejos aún al advertir que “si hay motivo para un juicio político, se tendrá que avanzar” con el mismo y en ese caso el presidente “tendrá que asumir la responsabilidad”.

Respecto de su firma al pliego de Ariel Lijo, que muchos de su propio partido le reprocharon, Vischi dijo que lo hizo “convencido de que eso era apoyar al Gobierno nacional o al presidente, que había mandado ese pliego. Yo hice mi propio análisis de las condiciones el juez. Y había razones para que él pudiera integrar la Corte y, por eso, decidí acompañar el dictamen. Además, me lo había pedido el Gobierno”.

Respecto de ficha limpia, se manifestó “bastante sorprendido”, y estimó que “el mismo Gobierno pudo haber influido en esa situación porque a ellos no les gustaba la idea de que haya ficha limpia, a pesar de que era un proyecto que habían promocionado. No consulté con los senadores de Misiones, pero ellos siempre han acompañado en todo al Gobierno nacional”.

Al ser consultado por los ataques presidenciales al Congreso y la posibilidad de que el país se encamine hacia una autocracia, Vischi estimó que Javier Milei “hace uso extremo de todo el poder que pueda tener a partir de la Constitución. Está en nosotros si vamos a dejar que eso pase a partir de la defensa de las instituciones. Y desde el radicalismo debemos volver a insistir en la reforma de los decretos de necesidad de urgencia para que tengan otro tipo de tratamiento”.

En el arranque de la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, la oposición intentó -sin éxito- elegir las autoridades de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA dentro del recinto, en la cual no pudo elegirse un presidente el pasado 30 de abril, por quedar empatados 14 a 14 los legisladores que están de un lado y del otro.

Luego de dos horas de una extensa discusión reglamentaria y de un cuarto intermedio de media hora, los jefes de bloques y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, acordaron “dejar en stand by” una moción que había sido planteada por el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, la que provocó todo el debate.

Con un temario de proyectos de impacto social que se encontraba en espera, se resolvió empezar a tratar la cuestión previsional y dejar para más adelante de la sesión la votación de un emplazamiento a la Comisión Investigadora para la semana próxima y un segundo encuentro posterior, con el fin de destrabar la situación y poner en marcha un plan de trabajo.

Finalmente eso se concretó a las 2.06 de la madrugada. Germán Martínez había intentado hacer la moción antes, pero el presidente de la Cámara se lo negó, invocando que tenían que cumplir lo acordado y eso sería inmediatamente después de que concluyera la votación por la emergencia en discapacidad.

Y cumplió. Oscar Agost Carreño mocionó entonces convocar a la Comisión Investigadora de la criptomoneda $LIBRA el martes 10 de junio a las 16, y luego citar a una informativa para el miércoles 25 de junio a las 16, facultándose al secretario Parlamentario a que oficie como coordinador para llevar adelante las referidas reuniones, como así también recepte de cada bloque hasta tres propuestas de invitaciones para el 25 de junio.

La moción se votó (y aprobó) a mano alzada, pero previamente Maximiliano Ferraro intervino para aclarar que ellos votarían en contra. Es que admitió las buenas intenciones de los jefes de bloques, pero dijo que la Coalición Cívica no había acompañado, insistiendo en que “si no resolvemos el fondo de la cuestión, que es que este Congreso no renuncie al poder de contralor de la investigación, a esta altura de la situación, no vamos a acompañar esta decisión que tomó una mayoría calificada”.

El origen de la discusión

En el inicio de la sesión, el diputado Agost Carreño puso a consideración un tema que no figuraba en el temario del día y que ya habían anticipado en cierta forma en la reunión de Labor Parlamentaria. Aclaró que no tenía ánimo de desordenar la sesión, pero proponía poner a consideración la moción para resolver las autoridades de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, basándose en el artículo 228 del reglamento.

Y, atento a que el oficialismo se resistiría a hacerlo, trajo a consideración tres antecedentes sobre mociones de interpretación basadas en eses artículo del reglamento. En dos se remontaba al año 2010, cuando la conformación del recordado Grupo A, para la integración de las comisiones; más otro de 2015, cuando arrancó la modalidad de los emplazamientos que inauguró, recordó el cordobés, la diputada del Pro Silvana Giudici. Entre los antecedentes citados, se encontraba una moción hecha en 2010 por la entonces diputada Patricia Bullrich.

El legislador de Encuentro Federal justificó su pedido en la situación de bloqueo que se da en la comisión investigadora, que de tal manera no puede cumplir con una orden que votó el recinto. Cuando sucede así, expresó, “lo tiene que resolver el Cuerpo y eso es porque usted tiene que ser el primer intérprete del reglamento”. Entonces propuso una moción de interpretación del artículo 106 del reglamento, de acuerdo con lo que establece el 228, que interpreta que en el caso de que no sea posible la instalación de autoridades en una comisión, corresponde al pleno elegir autoridades a pluralidad de votos. “Pido una mera interpretación del 106, por lo que dice el 228”, resumió.

Antes de darle la palabra a la diputada Giudici, Menem advirtió que Agost Carreño estaba planteando una modificación del reglamento, por lo que no tendrían ninguna duda respecto de cómo resolver.

A continuación, la secretaria parlamentaria del Pro sostuvo que la Cámara tenía, por el artículo 29, delegada la conformación de comisiones especiales, mientras que el artículo 107 dice que los miembros no se pueden remover hasta finalizar el período ordinario, en el caso de las comisiones permanentes, o hasta que terminen su cometido, en el caso de las especiales.

Según Giudici, “la Comisión $LIBRA fue constituida, está formalmente funcionando. Por otra parte, está claro, y hay mucha jurisprudencia que plantea en varias causas una doctrina de interpretación constitucional según la cual se deben respetar los derechos adquiridos”. La diputada insistió en que la Comisión $LIBRA está funcionando y que las autoridades deben elegirse por la mayoría de sus miembros. “No hay posibilidad de cambiarlo en el recinto, ni por mayoría simple, ni por dos tercios, porque eso vulneraría la institucionalidad”, enfatizó.

A juicio de la aliada del oficialismo, la comisión investigadora fue conformada, está funcionando, “pero como no se ponen de acuerdo intentan ahora vulnerar el reglamento y la autonomía del resto de los bloques que la integramos y de este recinto”. Y a continuación sorprendió trayendo a colación la constitución de una nueva comisión. “Nada dicen del escándalo del fentanilo adulterado”, advirtió, hablando de vinculaciones del intendente peronista Mario Ishii y algunos diputados de UP con mandato vigente, que tendrían que explicar su vinculación con el tema que involucra a laboratorios vinculados con el kirchnerismo. Habló de las 34 muertes ya registradas, y le reclamó a la oposición acompañar el proyecto que sobre el tema acababan de presentar diputados de su bancada.

“Nuestra posición es siempre a favor de la transparencia, la justicia y la división de poderes. Dejen de montar un show… ¿Por qué nadie de ningún bloque habló de las 34 muertes que nos sigue costando el kirchnerismo con cada escándalo?”, concluyó.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro ahondó en los argumentos que había dado Agost Carreño, e insistió en que el reglamento establece que “cualquier diputado puede solicitar en este recinto la interpretación del reglamento”. Y le advirtió a Menem y a Giudici que, si tenían alguna duda, correspondía al Cuerpo hacer una votación para definir y resolver la interpretación que corresponde al reglamento en virtud del 228, que a continuación pidió leer.

Antes de que el secretario Parlamentario leyera ese artículo, el presidente de la Cámara le pidió que también leyera el 227, y adelantó que el 228 habla de la interpretación y no de la modificación del reglamento, en caso de que haya alguna laguna. “La vía que corresponde es presentar en la Comisión de Peticiones un proyecto que modifique el reglamento. Esa es la postura de la presidencia”, señaló Menem.

¿Qué dicen los artículos puestos a consideración?

Artículo 227. Ninguna disposición de este reglamento  podrá  ser  alterada  ni  derogada  por  resolución  sobre tablas, sino únicamente por medio de un proyecto en forma que seguirá la misma tramitación que cualquier otro y que no podrá considerarse en la misma sesión en que hubiere sido presentado.

Artículo 228. Si ocurriese alguna duda sobre la inteligencia de alguno de los artículos de este reglamento, deberá resolverse inmediatamente por una votación de la Cámara, previa la discusión correspondiente

Y, a pedido de Menem, el secretario Parlamentario leyó también la primera parte del artículo 106, que dice que “las comisiones se instalarán inmediatamente después de nombradas, y elegirán a pluralidad de votos un presidente”.

Desde el oficialismo, la diputada Nadia Márquez explicó a continuación que el proyecto por el cual se constituyó la comisión investigadora había establecido que ellos elegirían por mayoría de votos a su presidente. “Es muy clara la redacción, quizá no hicieron los números antes. Al artículo 228 dice que tiene que haber una duda sobre la inteligencia de alguno de los artículos de ese reglamento”, inidcó la neuquina, para quien quedaba claro que no hay ninguna duda. “No hay duda, lo que no tienen son los votos para instalar la presidencia”, resumió.

Para el diputado de izquierda Christian Castillo, lo que se estaba discutiendo era “si se sostiene una política de bloqueo o si se puede avanzar en la investigación. Eso es lo que se está discutiendo”, y concluyó advirtiendo que el presidente Javier Milei estaba yendo a España “a promover un evento cripto, a seguir estafando”.

Por su parte, la diputada de Democracia para Siempre Carla Carrizo alertó que “hace tiempo que tenemos problemas reglamentarios” y aseguró que “hace dos años que el Congreso no funciona, entonces lo que nos parece normal es extraordinario”. La radical sostuvo que lo que se planteó era una moción, y que lo que debían resolver no era una cuestión reglamentaria: “Es una cuestión política; es un empate político, estamos garantizando el funcionamiento de una comisión que se votó por mayoría. Estamos interpretando cómo salir de un empate político".

“Es un tema de mayorías, votemos, que lo resuelva el pleno. No puede ni usted, ni ningún gobierno limitar el pleno”, asevró, para citar más antecedentes que justificaban la postura de la oposición. Menem le contestó diciendo que todas las interpretaciones presentadas se tratan de dudas reglamentarias. “Acá hubo un empate; no confundamos dudas reglamentarias con un empate netamente político, que tiene que resolver la comisión”, devolvió el riojano.

Fue el turno luego de la secretaria parlamentaria de UP, Paula Pennaca, quien sostuvo que una moción debe ser puesta a consideración. Y le dijo a Menem que “lo que usted tiene que hacer es poner a consideración la moción de Agost Carreño. Me parece que es importante que podamos tener una moción clara”, y remarcó que “la facultad de interpretar está en el Cuerpo, no es del presidente. Deje de distraer el inicio de una sesión que es muy importante. Usted no tiene que resolver nada, tiene que poner a votación. La interpretación del reglamento la lleva adelante el Cuerpo, no quien lo preside”.

Pennaca enumeró las irregularidades que le atribuía al presidente de la Cámara. “Primero, construyeron una comisión que quedó empatada; no hay ninguna comisión que tenga número par, salvo las bicamerales. Después el oficialismo quiso nombrar al presidente (de la comisión), cosa que no tiene sentido, tratándose de investigar al presidente. Y finalmente arrogarse la facultad de definir qué va en el temario o no, cuando quisimos incluir este tema, usted se arrogó la facultad de quitarlo”, mencionó. “Así llegamos hasta acá. Dejen de garantizar la impunidad del Gobierno, queremos investigar, porque si se confirmara que Milei fue parte de una estafa millonaria sería gravísimo”, finalizó.

El presidente de la Cámara volvió a intervenir para afirmar que “hay un mecanismo para solucionar este tema”, y se quejó porque no se cumpliera con lo acordado en Labor Parlamentaria. Insistió en que no había ninguna duda reglamentaria, sino una situación política que tenía que resolver la comisión. “El pleno es soberano, pero tiene que respetar el reglamento que hemos creado. Si hay una necesidad de modificar el proyecto, tienen que presentar un proyecto, ir a la comisión y listo. Acá se trata de una mala praxis política en un apuro de determinar la situación. La presidencia no dispuso que las diputadas (Mónica) Macha y (Julia) Strada abandonaran su bloque para crear otro. No hay antecedentes, el caso más cercano se dio en la bicameral de DNU, que lo resolvieron ellos mismos”.

Por su parte, el diputado Fernando Carbajal le reclamo a Menem que “los que han quebrantado las reglas de convivencia han sido ustedes y lo peor que lo han hecho es para encubrir un negocio millonario hecho por el presidente de la Nación y sus allegados, por la complicidad de muchos otros que lo que están defendiendo no es un gobierno sino justificando dinero que seguramente han cobrado para encubrir esa estafa”.

Además, el formoseño le leyó el artículo 40 del reglamento a Menem para marcar que debía bajar a su banca y no usar el estrado para hacer la defensa política sobre un tema. Menem le contestó: “Soy árbitro”, y Carbajal replicó: “Acá el único árbitro es la coneja (Héctor) Baldassi”.

Más adelante, la diputada de UP Cecilia Moreau enfatizó que “$LIBRA fue una estafa, $LIBRA es un escándalo que la justicia debe investigar. Y no deben ocultar lo que pasó si no tienen nada para ocultar”. Directamente dirigiéndose a Menem, la expresidenta de la Cámara baja en la gestión anterior le recordó a su sucesor que las facultades que tiene “no son eternas, no son delegadas y son permanentemente revisadas por este Cuerpo en las cosas que hacemos”.

“Usted no es árbitro, no es príncipe, es uno más de nosotros y debe cumplir con determinadas reglas que la Constitución y el reglamento exigen, y no lo está haciendo”, le reprochó y agregó: “Usted está incumpliendo con los deberes de funcionario público, está haciendo abuso de autoridad”. Pero, en el final, sumó que considera que Menem debe “correrse a un lado” porque “la estafa de $LIBRA lo involucra”.

A continuación, el jefe de UP, Germán Martínez, le cuestionó a Menem actuar “como si fuera presidente de un bloque y no de la Cámara. Usted tiene derecho a defender a su Gobierno, pero no puede imponer su mirada en las reglas de funcionamiento del Congreso para llevar agua al molino propio”.

“El Cuerpo debe definir la interpretación del artículo 228”, dijo sobre lo que planteó Agost Carreño. “Los problemas de interpretación reglamentaria los resuelve el Cuerpo cuando aparecen”, remarcó, luego de recordar un antecedente de la exdiputada Elisa Carrió.

El santafesino añadió que “cuando se instala la arbitrariedad desde la presidencia de la Nación y de esta Cámara” lo que tienen que hacer “los propios diputados y diputadas” es “revalorizar las atribuciones de este Cuerpo”.

Cuando iban casi dos horas de discusión, el jefe del Pro, Cristian Ritondo, cuestionó “el oportunismo de siempre que lo que quiere hacer cuando se sienta acá es un golpe parlamentario. Le quiere sacar las facultades, le quiere sacar las funciones, lo quiere censurar en la palabra (al presidente)”. “Usted explicó el reglamento, lo que hay que hacer y prefieren no escucharlo”, siguió y acusó de querer hacer un “golpe parlamentario” a “los acostumbrados de siempre más los oportunistas nuevos”.

El bonaerense coincidió en que la discusión “vaya a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento” o que se convoque a la comisión investigadora “y ver si podemos saldar la presidencia como en cualquier comisión”. Para el aliado de LLA, “empezó la campaña electoral y el éxito del Gobierno les molesta a muchos” quieren “ver cómo desestabilizan al Gobierno”.

Tras ello, Menem sentenció: “Es un apartamiento del reglamento para esta Presidencia, así que vamos a votar”. Sin embargo, volvió a abrirse la discusión y finalmente se pasó a un cuarto intermedio que duró 35 minutos, donde se acordó la salida de votar un emplazamiento.

El diputado nacional Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) sostuvo que la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación vinculada al escándalo de la criptomoneda $Libra -la cual estableció el Gobierno por decreto- sólo demuestra que el Poder Ejecutivo busca asegurar la “impunidad de Milei”.

“La Unidad de Tareas de Investigación del Gobierno sobre el caso $Libra era solo un sello de goma hecho por Milei para tratar de encubrir el escándalo. Cualquier investigación para ser seria tiene que ser hecha con algún nivel de imparcialidad y no pueden ser investigadores los mismos que van a ser investigados. Y, en consecuencia, si el objetivo de la investigación es el Poder Ejecutivo, está claro que el organismo de investigación tenía que estar fuera del Poder Ejecutivo”, dijo Carbajal en declaraciones radiales.

En esa línea, señaló que “esto fue siempre un bluf que hizo el Poder Ejecutivo, como en tantos otros temas, para intentar demostrar ante la opinión pública que le interesaba establecer esto, cuando lo que demuestran los hechos a través de su bloque y sus representantes en el Congreso de la Nación es la pretensión de asegurar la impunidad del Presidente Milei y de los otros eventuales implicados del Estado y privados que se han hecho millonarios con esto”.

Carbajal se ocupó, además, de señalar que en la sesión prevista en la Cámara de Diputados para este miércoles se buscará activar la Comisión Investigadora creada por resolución y que La Libertad Avanza y sus aliados “están trabando”.

“La dificultad que estamos teniendo en el Congreso está clara. Es por la actitud que tiene el Gobierno Nacional y sus aliados de haber impedido la conformación de la Comisión. Bueno, vamos a ver ahora qué hacen esta semana, si siguen encubriendo esto o van a dar los pasos necesarios para que podamos poner en funcionamiento la Comisión, que requiere elegir las autoridades y que Milei, junto con el Pro, con los radicales con peluca, bloquearon la constitución de esta Comisión. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para esta semana poder dar los pasos y conformar esa Comisión”, explicó el formoseño.

El diputado se preguntó también sobre qué pasos tomará el bloque macrista luego de la derrota electoral porteña y los agravios proferidos por Milei.

“Espero que los del Pro recuperen un mínimo de dignidad política y empiecen a cumplir la función que tienen que cumplir, que es sencillamente permitir que las instituciones funcionen”, expresó.

Por último, comentó: “La Comisión no tiene un dictamen escrito, simplemente lo que queremos es juntar información y eventualmente hacer una evaluación de responsabilidad. ¿Por qué el Pro sigue defendiendo e impidiendo que esa Comisión funcione? Más aún después de lo que pasó esta semana, el nivel de enfrentamiento y la pretensión de exterminio que el Presidente Milei ha planteado respecto a ese partido político sería inexplicable que sigan haciéndolo”.

El Gobierno nacional decidió disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había creado para autoinvestigarse en el escándalo alrededor del caso $LIBRA, la criptomoneda difundida por el presidente desde sus redes sociales y que está sospechada de ser una estafa por la suba y caída de su precio en minutos.

Fue a través del decreto 332/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La UTI había sido creada el día 19 de febrero, cinco días después del tuit presidencial en el que se presentaba el criptoactivo.

La tarea de dicha Unidad era "recabar información relacionada con el criptoactivo denominado “$LIBRA”, y colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal". La UTI estuvo a cargo de la Unidad Gabinete de Asesores, dependiente del propio Ministerio de Justicia.

Según argumentó el Gobierno, la comisión ya emitió un informe que fue presentado al Ministerio Público Fiscal, motivo por el cual ordenan disolver la Unidad investigadora. La misma estuvo en función apenas tres meses para confeccionar el informe.

A raíz de esto, la oposición salió al cruce en redes y exige que con urgencia se ponga en funcionamiento la Comisión Investigadora en el Congreso cuya conformación quedó trabada por la maniobra del oficialismo que, al dividir los bloques aliados sumó sillas y provocó que la elección del presidente de la comisión terminara en empate 14 a 14. Frente a esta situación, la oposición buscará este miércoles, en el marco de una sesión que sería convocada para tratar proyectos previsionales, que el cuerpo designe al titular de la comisión cripto.

Milei estafó a miles con la cripto $Libra. Creó una 'Unidad de Tareas' para que su propio ministro lo investigue. Ahora, por decreto, la cierra. ¿Y el informe? Bien, gracias. Todo en absoluta normalidad.

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 20, 2025

El diputado nacional y presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, preguntó: “¿QUÉ ESCONDE MILEI Y CUNEO LIBARONA?”, y planteó: “El gobierno sostiene que la Unidad de Investigación LIBRA cumplió su tarea y, por eso, la elimina. Sin embargo, ni el Congreso ni, mucho menos, la sociedad argentina, hemos visto informe alguno con los resultados de su trabajo”.

“Una vez más, el gobierno demuestra que está haciendo todo lo posible para impedir el esclarecimiento real de los hechos”, denunció y exigió: “Es urgente poner en funcionamiento la Comisión Investigadora en el Congreso. Los funcionarios deben venir a dar explicaciones y presentar toda la supuesta información recolectada por la UTI, cuya existencia nadie puede acreditar hasta ahora”.

MILEI DISOLVIÓ POR DECRETO LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA ESTAFA $LIBRA

Justo cuando la jueza Servini solicitó información de los movimientos bancarios de Javier y Karina Milei. No hicieron público el informe de la UTI y la disuelven. Milei acomoda sus fichas para… pic.twitter.com/yA3NNvvxqu

— Pablo Carro (@PabloCarroOk) May 20, 2025

La diputada nacional Julia Strada (UP) señaló que la UTI “de la estafa $LIBRA siempre fue una pantalla, igual la eliminaron”, y acusó: “Nunca nos dieron los resultados de la supuesta Unidad de Tareas de Investigación (los pedí desde el Congreso). Nunca quisieron reconocer lo que ahora terminan reconociendo Novelli y Terrones Godoy en la justicia: que Hayden Davis hizo una estafa. (Con ellos, con Karina y con el Presidente, claro). Ahora eliminan la Unidad de Tareas de Investigación, único órgano que, dijeron, existió para investigar. Siempre fue un decorado”.

Su par de bancada, Sabrina Selva sostuvo: “La Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que fue creada para investigar el caso $LIBRA, cuyo informe pedimos y desconocemos”, y planteó que “la tarea no puede estar cumplida cuando recientemente la jueza Servini solicitó información de los movimientos bancarios de Javier y Karina Milei y salieron imágenes de familiares vaciando las cajas de seguridad de uno de los gestores de la estafa, Mauricio Novelli, casi inmediatamente después de aquel tweet del Presidente”.

Selva también pidió con urgencia que “la Comisión Investigadora empiece a funcionar, porque está claro que el gobierno tiene mucho que esconder”.

Desde la UCR, la diputada Mariela Coletta expresó: “El Gobierno cerró por decreto la unidad que había creado para autoinvestigarse por el caso $LIBRA. No compartió informes ni resultados, pero dice ‘haber dado cumplimiento a la tarea encomendada’”.

Ahora por decreto disolvieron la Unidad de Tareas de Investigación dedicada al escándalo de Libra. Otro principio de revelación más: siempre fue un fake, nunca se animaron a investigar absolutamente nada, y se cubren entre ellos porque están completamente hasta las manos. pic.twitter.com/yQONDdZUgJ

— Itai Hagman (@ItaiHagman) May 20, 2025

“Milei sigue escondiéndose y evadiendo respuestas, con mayor impunidad después de los resultados del domingo”, apuntó y sumó: “En Diputados, el oficialismo quiere presidir la comisión para que la investigación no avance y, otra vez, ser protegido por los propios. Es urgente un control real y transparente”.

El diputado nacional Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) sostuvo que la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación: “Sólo demuestra que el Poder Ejecutivo busca asegurar la impunidad de Milei”.

“La Unidad de Tareas de Investigación del Gobierno sobre el caso $Libra era solo un sello de goma hecho por Milei para tratar de encubrir el escándalo. Cualquier investigación para ser seria tiene que ser hecha con algún nivel de imparcialidad y no pueden ser investigadores los mismos que van a ser investigados. Y, en consecuencia, si el objetivo de la investigación es el Poder Ejecutivo, está claro que el organismo de investigación tenía que estar fuera del Poder Ejecutivo”, dijo Carbajal en declaraciones radiales.

El formoseño disparó: “Así que esto fue siempre un bluf que hizo el Poder Ejecutivo, como en tantos otros temas, para intentar demostrar ante la opinión pública que le interesaba establecer esto, cuando lo que demuestran los hechos a través de su bloque y sus representantes en el Congreso de la Nación es la pretensión de asegurar la impunidad del Presidente Milei y de los otros eventuales implicados del Estado y privados que se han hecho millonarios con esto”.

“MileiEstafador disolvió por decreto la unidad de investigación (que le mismo creó) sobre el caso $Libra. Nunca quisieron investigar nada porque está clara la participación del presidente y funcionarios en la estafa”, escribió el diputado del FIT Nicolás Del Caño. Su par, Christian Castillo agregó: “La disolución por decreto de la Unidad de Investigación sobre el escándalo de $LIBRA es una muestra más que el gobierno solo busca tapar su evidente complicidad en la estafa. Milei, Karina y Adorni tienen que venir a dar explicaciones al Congreso. MileiEstafador".

La diputada socialista Mónica Fein afirmó que se trata de un "golpe a la institucionalidad" porque "hace tres meses el gobierno se jactaba de ser el garante de la institucionalidad, pero hoy disuelve la unidad encargada de investigar la cripto estafa $LIBRA. Es necesario conocer las conclusiones de esa investigación. No vamos a aceptar el silencio".

CHAU CHAU ADIÓS, COMISIÓN $LIBRA

Estoy sorpresa (dijo nunca, nadie)

El Presidente @JMilei y el Ministro de Justicia @m_cuneolibarona cerraron la investigación del gobierno por la crypto estafa. Se caen las caretas sobre el compromiso con la transparencia.
Expertos en impunidad pic.twitter.com/KQiZRbtc3o

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 20, 2025

La jueza federal María Servini dispuso una prohibición de innovar por 90 días sobre los bienes y activos financieros de los principales acusados en la causa que investiga el supuesto fraude con la criptomoneda $LIBRA, promocionada públicamente por el presidente Javier Milei en febrero pasado. Hace justo tres meses.

La medida apunta a evitar la transferencia de propiedades y vehículos, y a permitir un análisis detallado del patrimonio de los involucrados. Entre los alcanzados figuran Mauricio Novelli —empresario con vínculos cercanos a Milei y organizador del Tech Forum—, su socio Manuel Terrones Godoy, y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, apartado del cargo tras estallar el caso.

También quedaron bajo la lupa judicial la hermana y la madre de Novelli, María Pía Novelli y María Alicia Rafaele. Ambas fueron registradas por cámaras de seguridad del Banco Galicia retirando pertenencias de dos cajas de seguridad vinculadas al empresario, tres días después de que Milei promocionara la criptomoneda en su cuenta de X. Las cajas luego fueron allanadas por orden judicial, pero ya estaban vacías.

La medida anunciada despertó la reacción del presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, quien señaló este miércoles: “La Justicia argentina congela bienes de dos empresarios. Mientras tanto, los ministros (Luis) Caputo y (Mariano) Cúneo Libarona faltaron por segunda vez al Congreso y LLA sigue obstaculizando la comisión investigadora. Evidentemente tienen mucho que ocultar”.

La Justicia argentina congela bienes de dos empresarios. Mientras tanto, los ministros Caputo y Cúneo Libarona faltaron por segunda vez al Congreso y LLA sigue obstaculizando la comisión investigadora. Evidentemente tienen mucho que ocultar.https://t.co/JprrakTOTy

— Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) May 15, 2025

“Es evidente que Milei y Karina están hasta las manos con la estafa cripto. Por eso no quieren que Cúneo Libarona y Luis Caputo sean interpelados en el recinto de Diputados. Básicamente, porque Milei y Karina son indefendibles”, posteó en la red social X el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuando ya todos daban por descartada la sesión de este miércoles.

Desde la semana pasada persistían las dudas respecto de la asistencia de los ministros de Justicia y de Economía. De Caputo, los diputados opositores han asumido que nunca asistirá al Congreso, siquiera para presentar los presupuestos. Menos lo haría en este caso para exponer sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA. En cuanto al ministro de Justicia, pensaban que sí lo haría, dado que nunca ha mostrado resistencia para concurrir a las comisiones. Sin embargo, diputados de la oposición suponen que desde la propia Casa Rosada los han instruido para desestimar la convocatoria del Parlamento.

Cuando en la convocatoria del 29 de abril solo acudió al llamado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se leyeron las notas remitidas por Cúneo Libarona y Caputo justificando sendas ausencias. En el caso del titular de la cartera de Justicia, explicó que “en virtud de compromisos urgentes asumidos previamente en el ámbito del Ministerio de Justicia, me veré impedido de comparecer al recinto el día 29 de abril de 2025. En relación con las competencias de la cartera a mi cargo en las cuestiones vinculadas con el criptoactivo $LIBRA, comunico que la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada  mediante  decreto  número 114/2025, ha concluido sus labores y ha remitido toda la información recabada a la Justicia. Sin perjuicio de ello, quedo a entera disposición de esa Honorable Cámara para colaborar y remitir por escrito, si así se estimara necesario, toda información que considere oportuna”.

En el caso de Caputo, informó que “por cuestiones de agenda impostergables, no podré asistir al recinto el día 29 de abril de 2025, conforme lo ha requerido esa Honorable Cámara el pasado 8 de abril del corriente año. Sin perjuicio de que el ministerio a mi cargo no ha tenido vinculación alguna con las cuestiones relativas al criptoactivo $LIBRA, ni posee información acerca de aquellas, estoy a disposición a fines de colaborar con esa Honorable Cámara e informar por escrito, si la urgencia lo amerita, en el marco de las competencias que me son propias en lo que se considere oportuno”.

Esto es, en ambos casos dejaron expresamente clara su disposición a informar por escrito, mas en ningún momento propusieron asistir en otra fecha.

Ante la indefinición, el lunes diputados de todos los bloques mandaron una carta formal al presidente de la Cámara baja para requerirle que convocara oficialmente a sesionar este miércoles para escuchar a los funcionarios convocados. Y este martes directamente le requirieron que una vez el ministro de Economía Luis Caputo; el de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, le confirmaran su comparencia, él convocara a sesionar este miércoles a las 12, para continuar la interpelación iniciada el 29 de abril pasado.

Pero en caso de que no se asegurara la convocatoria de los funcionarios citados para este 14 de mayo, y atento a la imposibilidad de convocar a la sesión por tal motivo, Menem lo comunicara a los distintos bloques a los efectos de “tomar las medidas que estimen corresponder”.

Lo cierto es que los funcionarios no dieron señales de interés sobre esa cita y la sesión quedó suspendida de hecho, por cuanto no había tampoco interés de parte de los diputados exponerse a sesionar igual, con el riesgo de no alcanzar siquiera el quórum este miércoles, ante la certeza de que no habría expositores.

Así las cosas, los legisladores de la oposición se plantean ahora cómo seguir y en principio trabajarán en la realización de una sesión la próxima semana para tratar la emergencia en discapacidad, como así también los proyectos previsionales que ya cuentan con dictamen. Es idea también tratar en esa misma sesión lo referido a la comisión investigadora del caso $LIBRA, cuya conformación quedó trabada por un empate inamovible que impide la conformación de autoridades.

La idea de la oposición es que en esa sesión, o en otra en cualquier caso, se pueda destrabar el tema en el recinto. Recordemos que en su momento el diputado Nicolás Massot aseguró que contaban con al menos 140 votos para inclinar la balanza a favor y poner un presidente que responda a la oposición más dura.

Para entonces buscarán resolver también qué pasos a seguir con las interpelaciones frustradas. Y este miércoles sin duda juntarán presión cuando vean, tanto a Caputo como a Cúneo, presentes en el cierre de campaña de Manuel Adorni, de cara a las elecciones de este fin de semana en la Ciudad.

La Comisión Investigadora por el caso $LIBRA no pudo definir a sus autoridades tras un empate 14 a 14 la semana pasada, por lo que la diputada nacional Julia Strada (UP) denunció que se trató de una “manipulación por la presidencia de la Cámara”.

“Hay una mayoría que quiere investigar el caso $LIBRA y ahora está trabada. Lo que pasó con (Guillermo) Francos la semana pasada nos ayuda a visibilizar que no pueden ocultar la responsabilidad de Karina Milei”, sostuvo la diputada en diálogo por Radio Splendid.

Strada apuntó: “Lo que pasó en la comisión es lo que Menem quería que pase, un empate 14 a 14 con una configuración de la comisión absolutamente manipulada desde la presidencia de la Cámara”, y adelantó: “Lo que estamos tratando en este momento es reactivarla posiblemente con una sesión donde se elija presidente de la comisión en una sesión del Congreso, eso es lo que tiene que pasar”.

“A mí me parece que hay una mayoría que apoya eso que no solo incluye a los del bloque de (Miguel) Pichetto, también radicales y te diría que hasta la CC que quieren investigar y la comisión quiere eso. Se aprobó con simple mayoría en el recinto y ahora está trabada porque los integrantes pretenden que Gabriel Bornoroni sea el presidente. Gente que votó en contra de la comisión siendo presidente de la investigación”, comentó.

Así, comparó: “Claramente es la misma estafa de poner a la Oficina Anticorrupción a investigar. No va a ocurrir nada, ya sabemos que la oficina terminó su tarea, pero nunca nadie se va a enterar porque lo tienen bajo siete llaves”.

“Me parece que hay que destrabar esta situación y creo que lo que pasó la semana pasada con Guillermo Francos nos ayuda a visibilizar que no tienen forma de ocultar la responsabilidad de Karina Milei”, remarcó y sumó: “Francos no pudo decir que pone las manos en el fuego por Karina Milei como lo había dicho anteriormente”.

Strada aseguró que algunos de los participantes de la creación de la criptomoneda “iban a verla a Karina a la Casa Rosada, y en algunos casos participó (el presidente Javier) Milei. No hay manera de hacerlos zafar ni al Presidente ni a Karina”.

“Tenes todo un listado de gente que dice que Karina pidió plata para tener una entrevista con el presidente. Esto empieza a poner en problemas a la secretaria general y solo pasó un año y medio desde su gestión”, denunció.

Para la diputada de UP: “Está claro que acá hubo un delito y alguien tiene que ser responsable. Lo que dejó la interpelación a Francos es que fue el propio Milei quien twitteó o fue el o tienen que entregar a quien engañó al presidente con un mensaje, eso claro no pasó. Tienen que entregar un nombre o una persona que estaba con Milei el 14 de febrero en Olivos. Eso nadie lo dice. Esto da cuenta de cómo funciona el Gobierno, tenes una persona que es mano derecha del presidente que pide coimas, el presidente que cobró por su opinión, dos personas cercanas que se reunieron con él 15 veces que son estafadores. Hay una configuración delictiva”.

No fue sorpresivo el empate que se produjo este miércoles en la Comisión Investigadora sobre el caso $LIBRA para definir autoridades, dado que la composición resultó en un número par de miembros y, además, la igualdad entre los sectores que impulsan el tema y quienes lo resisten, sin un espacio que pueda torcer esa balanza.

Aunque al momento de crear la comisión los bloques de la oposición estimaron que tendría una conformación de 24 integrantes, finalmente quedó en 28, por el armado compulsivo de bloques e interbloques para romper una mayoría de quienes quieren investigar y que comenzó con una jugada del propio oficialismo.

Como sea, se llegó este miércoles con un escenario de paridad que colocó a 14 diputados que están a favor de llevar adelante la investigación, integrado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda. Todos éstos votaron a favor de la designación de Sabrina Selva como presidenta, lo que no prosperó.

Se trata de Pablo Carro, Carolina Gaillard, Itaí Hagman, Juan Marino, Rodolfo Tailhade y la mencionada Selva, de UP; Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot, de EF; Fernando Carbajal y Danya Tavela, de DpS; Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la CC; y Christian Castillo y Julia Strada, del interbloque FIT.

Por otro lado, a favor de la elección de Gabriel Bornoroni -que tampoco tuvo éxito- y de frenar el accionar de esta comisión se encuentran el mencionado Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz y Paula Omodeo, del interbloque LLA-CREO; Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Martín Maquieyra y Oscar Zago, del interbloque Pro-MID; Soledad Carrizo y Lisandro Nieri, de la UCR; Pablo Cervi y Francisco Monti, de Liga del Interior; y Carlos Fernández y Yolanda Vega, de Innovación Federal.

En un hecho trascendente, pues la última jornada de estas características databa de 1996, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue interpelado este martes en la Cámara de Diputados sobre el caso de la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, difundida nada más y nada menos que por el presidente Javier Milei hace más de dos meses atrás.

Previo al arranque de la reunión se supo que Francos sería el único de los citados que asistiría. Esto provocó que el comienzo de la exposición del funcionario iniciara casi dos horas más tarde, pues la sesión quedó abierta a las 14.21 con 129 presentes, pero Francos comenzó a hablar 15.51.

Durante esa hora y media, los diputados escucharon las notas que enviaron los ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), justificando su inasistencia. Hubo una propuesta desde Unión por la Patria para votar un cuarto intermedio para el 13 de mayo, a fin de convocarlos, pero se desató una discusión reglamentaria en la que finalmente ganó la postura de Martín Menem. Más tarde, durante uno de los tantos cuartos intermedios que hubo, los jefes de bloques acordaron volver a citar a ambos para el próximo miércoles 14 de mayo a las 14.

En su presentación, Francos respaldó que no consideraba necesaria la participación de Caputo y Cúneo Libarona en el asunto. A la sesión de interpelación tampoco vino el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, ficha puesta para ser citado por la Comisión Investigadora, en caso que la oposición pueda lograr allí sus objetivos.

En el primer tramo también se terminó de resolver lo que había quedado pendiente de acuerdo en Labor Parlamentaria: cómo iba a ser el esquema de las preguntas. Finalmente, las consultas realizadas por los bloques interpelantes, es decir, los que impulsaron la sesión, fue en un formato de "ping-pong", mientras que los oradores individuales estuviern agrupados de a tres y cuatro.

Francos tenía asignado para su primera exposición un total de 90 minutos, de los cuales usó la mitad. En tanto, el primer tiempo de preguntas se repartió con 38 minutos de preguntas, con respuestas intercaladas, para Unión por la Patria; 20 para Encuentro Federal; 17 para Democracia para Siempre; 9 para la Coalición Cívica y 6 para el Frente de Izquierda.

La exposición de Francos

Francos se mostró molesto por la espera de casi dos horas para entrar al recinto, lo que llamó una "falta de respeto". Una vez que se ubicó en el centro del hemiciclo de la Cámara baja, leyó su discurso durante 44 minutos.

Por momentos recibió abucheos del flanco de Unión por la Patria y, como respuesta, tuvo los aplausos de los libertarios en el otro costado. Opinó sobre la conformación de la Comisión Investigadora y negó que alguien del Gabinete haya cobrado para influir sobre el presidente de la Nación. En más de una oportunidad se negó a afirmar que lo sucedido con $LIBRA se haya tratado de una estafa, y que hay que aguardar por la investigación de la justicia.

Asimismo, se refirió al contexto de las reuniones de Milei con los empresarios del mundo cripto Mauricio Novelli, Julián Peh, Hayden Davis y Bartosz Lipinski; y desligó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, de todo esto.

Dispuesto a desvincular al presidente de cualquier responsabilidad sobre la difusión de la criptomoneda, al jefe de Gabinete se lo vio en aprietos con preguntas puntillosas que vinieron de Unión por la Patria en el primer bloque, cuando lo consultaron Sabrina Selva, Itaí Hagman y Juan Marino.

Si bien Francos nunca perdió el eje, por varios momentos se quedó sin qué responder. Ya en los minutos correspondientes a Encuentro Federal mostró menos incomodidad.

Minutos después, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda apuntaron directamente contra el mandatario y su hermana.

Un nuevo pico de tensión se vivió cuando, tras preguntas de otros integrantes de UP, Francos salió directamente a confrontar mencionando la catarata de causas de corrupción durante los años del kirchnerismo, por las cuales no hubo interpelaciones ni comisiones investigadoras.

Los cierres

El jefe de Gabinete concluyó su exposición a las 21.32, tras lo cual Menem lo despidió y procedió a habilitar los cierres por parte de los jefes de bloques. Arrancó desde la izquierda Nicolás del Caño, quien se quejó de que Francos “no dio respuesta a ninguna de las inquietudes que tenemos sobre la conocida como estafa $LIBRA”, y cuestionó “la capacidad del ministro para no responder absolutamente nada”.

Para Del Caño, lo expuesto por el jefe de Gabinete demuestra que “es Javier Milei el que tenía que estar acá, porque el ministro no sabe nada”, y luego reclamó también que “Karina Milei también tendría que haber estado acá". "Más que sospechas tenemos certezas de que el presidente y sus funcionarios están involucrados con la estafa $LIBRA”, aseveró.

A continuación, Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, consideró “bastante insignificantes” las explicaciones del jefe de Gabinete. Criticó al Gobierno por carecer de “recursos humanos inteligentes”. “Todo Gobierno puede tener un evento complejo, puede ser materia de discusión ese evento en la sociedad; pero cualquier Gobierno serio lo primero que tiende es a preservar la figura del presidente de la Nación”, señaló, recriminándole a esta administración que no hubieran salido los ministros a explicar. “El deber de un gobierno es explicar”, dijo.

“Tenemos un esquema de que el hecho prácticamente no existió; nada ha ocurrido e indudablemente estamos ante una situación donde no hay ninguna respuesta que explique”, apuntó, rescatando una respuesta que el jefe de Gabinete dio ante una pregunta del diputado de su bloque Oscar Agost Carreño. Fue cuando Francos dijo frente a las repercusiones del caso que el presidente “dejó de apoyar la moneda (LIBRA), se corrió del apoyo indudablemente cuando vio que las repercusiones no eran producto de las redes; las repercusiones eran de otro efecto, de carácter económica. Seguramente observó en ese tiempo, desde las 7 de la tarde a las 12, que indudablemente había un corrimiento de los que habían entrado en el sistema LIBRA y se estaban llevando mucha plata, y estaban generando un efecto dañoso. Por eso dejó de sostenerla”.

A su turno, la diputada del Pro Silvana Giudici lamentó el "espectáculo" que se había dado durante esa sesión, porque -expresó- entre las preguntas que fueron remitidas, había repetidas, aseveraciones, interpretaciones, e incluso toma de opinión. Hay 112 denuncias en el fuero nacional, la mayoría ante la jueza María Servini de Cubría y el fiscal Eduardo Taiano. Recordó que las primeras denuncias habían sido impulsadas por figuras vinculadas al kirchnerismo, y también por diputados de la Coalición Cívica, a quienes dijo respetar porque “ante cualquier hecho de corrupción siempre fueron los primeros en presentarse a denunciar".

Aclaró que la “estafa” no fue probada, está siendo investigada, en línea con lo dicho por el funcionario. “También hay denuncias radicadas en el exterior, donde hay una denuncia colectiva” dirigida a los cinco líderes del proyecto $LIBRA. “Por lo tanto no hay aquí ningún riesgo de que esto no se investigue”, afirmó.

Habló luego el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien valoró la asistencia de Francos, remarcando que nunca se había interpelado a un jefe de Gabinete, y desde el '95 que no se interpelaba a un ministro. “Y miren que pasaron cosas”, deslizó, destacando la importancia de “tener funcionarios que vienen a dar la cara y explicar es algo que debemos valorar”.

Ritondo ratificó que desde su bloque vienen “acompañando el proceso que lleva adelante el Gobierno y lo hacemos con profunda convicción". "Hoy se intenta instalar una sospecha sobre el funcionamiento del Estado, pero las respuestas del ministro han sido claras. No vamos a prestarnos a operaciones políticas ni procesos judiciales en un proceso electoral”, enfatizó y cerró: “Estamos del lado del cambio, del lado de la responsabilidad, del lado de que el Estado tiene que ser eficiente, pero también gobernable”.

Luego fue el momento del presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien destacó la asistencia de Francos en una actitud que -dijo- “contrasta con la de otros dos viejos atorrantes como (Luis) Caputo y (Mariano) Cúneo Libarona”. Citó a este último como “el que encubría el choreo de pruebas en la causa AMIA; hoy se dio un paso importante, porque realmente expuso claramente lo que están dispuestos a plantear y lo que no”.

“No la conozco, no la recuerdo, no tengo información, no me consta… fueron los latiguillos más utilizados durante toda la tarde de hoy, y hay 5 o 6 cosas que complican seriamente al Gobierno, más de lo que estaba antes”, aseguró Martínez. Entre esas cosas mencionó el contrato token de $LIBRA. “La publicación del número que hizo Milei, el ministro no respondió quién le envió al presidente ese contrato”, advirtió el santafesino. Y agregó que “es de público conocimiento que el primer lugar donde aparece el número de contrato fue el posteo en X del presidente”.

“El jefe de Gabinete dijo que no se realizó ningún tipo de consultas técnicas a ningún organismo antes de la promoción del tuit. Es el propio presidente Milei el que tiene que dar respuestas y tiene que estar presente acá haciéndolo”, planteó.

Martínez cerró resaltando que el jefe de Gabinete "no respondió nada"; celebró que los ministros que se ausentaron hayan sido convocados nuevamente y subrayó que “la Comisión Investigadora tiene que avanzar. Aquellos que jueguen mañana para que no funcione, están encubriendo”.

Por último, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, sostuvo que “el Gobierno no tiene nada que ver con este circo LIBRA, lo dejó claro Francos”. Comparó la actitud del oficialismo con la del kirchnerismo, al señalar que “los que llamaron a la interpelación no estaban escuchando las respuestas ni nada… Lo único que hicieron ese circo y los payasos que están enfrente montaron un circo para todos los argentinos. Ojalá los argentinos se den cuenta y en las urnas se lo cobren a todos”. Y siguiendo con sus referencias al kirchnerismo, dijo que “quedó claro que el ladrón ve a todos como de su condición”.

“En la época del kirchnerismo hubo 658 pedidos de interpelación. Entre ellos a la ministra de Desarrollo Social que ahora está sentada allá enfrente”, disparó. Y diferenció que “en el Gobierno de Milei se llamó y vino el ministro jefe de Gabinete y respondió todas las preguntas… En una interpelación por un caso que nadie entiende nada, ni causa ningún tipo de perjuicio”.

Dos horas demandó, en el inicio de la sesión de interpelación de este martes en la Cámara baja, la discusión que se centró finalmente en la ausencia de ministros para responder sobre el caso $LIBRA. En ese marco, desde la oposición presentaron una moción para hacer al final de la reunión un cuarto intermedio para citar para el próximo martes a los ministros ausentes este martes, pero ardió Troya cuando se propuso votar eso a continuación, y no al final de la sesión.

A eso último se opuso fervientemente el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y si bien en el fragor de la discusión hubo en el debate un momento en el que contra su voluntad pareció estar a punto de ceder, finalmente se procedió a postergar el tema y arrancar de una vez con la interpelación a Guillermo Francos.

Al cabo de uno de los cuartos intermedios realizados a lo largo de la sesión, pasadas las 20.30, el presidente Martín Menem anunció que, tal cual lo acordado con los jefes de bancadas se había resuelto citar puntualmente a los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía) para el próximo miércoles 14 de mayo a las 14 horas. Con lo cual quedó resuelto el entuerto que tantos cruces generó a lo largo de esas dos horas calientes del principio.

Caputo y Cúneo Libarona habían sido citados para este martes, pero se ausentaron argumentando razones de agenda y mostrando disposición a exponer por escrito, cosa que la oposición rechazó de plano. El artículo 71 de la Constitución Nacional habilita al Congreso a  convocar a los ministros del Poder Ejecutivo a su sala para recibir explicaciones e informes cuando lo considere conveniente.

Tras una primera exposición leída, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, debió responder en la sesión de interpelación a las preguntas del bloque de Unión por la Patria, por el que lo consultaron con una serie de preguntas Sabrina Selva, Itaí Hagman y Juan Marino. Fue el primer tramo, donde por varios momentos al funcionario se lo vio incómodo y a la bancada oficialista a los gritos, quejándose de las consideraciones de los opositores.

“¿Por qué insisten en que (el presidente) difundió una información, cuando en realidad fue la primera persona en publicar el número de contrato y dar a conocer esta dirección en su red social X?”, interrogó Selva y el jefe de Gabinete respondió: “El presidente obtuvo una información que era pública, según él lo ha expresado en una entrevista en el canal TN. Así que sobre eso no tengo nada más que decir. Yo no interactúe ni ingresé en la página. Esto no es un tema de la administración pública, así que yo no tengo nada que ver en el tema”.

La bonaerense retrucó que “no puede responder que el presidente haya difundido algo que no era público” ya que “el número de contrato no era de público conocimiento”. “No sé si fue el primero, el segundo, el tercero, pero según el presidente Milei era información pública”, insistió Francos y se sinceró: “Yo no manejo el sistema blockchain, la criptomoneda. Una sola vez tuve un cuarto de bitcoin y lo perdí porque me olvidé quien era el operador donde lo tenía. Así que no le puedo contestar esa pregunta”.

Sobre el tema abundó luego Hagman, quien señaló que “no hay ningún registro de que el número de contrato y la página web del proyecto tuviera estado público antes del tuit del presidente. El presidente fue la primera persona en el mundo en dar conocimiento de la página web del proyecto $LIBRA y el número de contrato”.

“¿Fue una creación de él?”, preguntó el opositor al funcionario, quien contestó: “No, no creo que haya sido una creación de él. Él lo dijo, era información pública”. Y aseguró además que no habló con Milei durante el lapso de horas que estuvo el posteo publicado en su perfil de la red social X el día 14 de febrero.

Luego, ante consultas de Marino, el jefe de Gabinete expresó que él no juzgaría “si está dentro o no de las atribuciones” del presidente lo que hizo, y defendió que “difundió algo que le pareció interesante para el sector privado en la Argentina, no participando él en la relación entre los privados”.

Más adelante, Hagman le consultó a Francos “qué participación concreta tuvo el Gobierno en la organización del evento” de Tech Forum, realizado en octubre del año pasado y del que participó Milei. “Fue un evento al que el presidente fue invitado a participar y disertar, pero no fue un evento auspiciado por el Gobierno”, dijo y, a continuación, el diputado de UP le exhibió que entre los auspiciantes figuraba el logo del Gobierno nacional y el del Gobierno de la Ciudad.

“No puedo decir si esto fue autorizado por el Gobierno porque lo desconozco, no tengo esa información aquí. Está puesto el logo…”, respondió un vacilante Francos, a lo que Hagman le recordó que él estaba “a cargo de toda la administración”. “Pero se imagina que yo no estoy controlando a ver qué funcionario va o no a un evento de estas características”, se escudó el jefe de Gabinete.

Para completar, el legislador de UP mostró una publicación de argentina.gob.ar donde se indica que la Comisión Nacional de Valores participó de Tech Forum, la empresa de Mauricio Novelli. “En ese marco que el presidente interactuó con los señores (Hayden) Davis, (Julián) Peh, (Bartosz) Lipinsk”, señaló y completó: “A mí no me sorprende que el presidente pueda participar en un evento de Tech Forum para nada. No le veo nada de irregular”.

Más adelante, el ministro coordinador indicó que “Javier Milei tenía una relación con Mauricio Novelli desde 2020, dio clases en su instituto”. “Cuál es la relación que tiene hoy, no la conozco”, afirmó y negó relación de algún funcionario del Gobierno “con el señor Davis”.

Mientras desde la bancada oficialista reclamaban por las preguntas que hacían desde UP, Hagman cuestionó el “nerviosismo” y Francos opinó que “más que nervios, indignación”.

De izquierda a derecha, Juan Marino, Sabrina Selva e Itaí Hagman

“¿Por qué considera que el presidente no ha denunciado públicamente a Davis en torno a la estafa $LIBRA?”, preguntó Selva, una vez retomado el primer cuarto intermedio de la sesión, a lo que el jefe de Gabinete respondió que “hay una investigación en curso y como el presidente es respetuoso de las investigaciones judiciales, una vez que ésta termine, tomará la medida que corresponda”.

Nuevamente en referencia a la entrevista de Milei con Jonatan Viale en TN, el 17 de febrero pasado, y precisamente sobre el pasaje que fue editado por la interrupción del asesor Santiago Caputo, Francos intentó aclarar lo dicho sobre el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “El presidente quiso decir que lo iba a consultar, pero no claramente que lo iba a representar. Como ministro de Justicia puede hacerle una consulta, pero no una intervención particular en una causa”, sostuvo.

Entre otras de las consultas, Hagman le preguntó sobre la publicación del posteo de Milei aclarando que “no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto” que fue “en el mismo minuto que la aclaración de la empresa KIP Protocol”, que impulsó $LIBRA. “¿Esto una evidencia algún nivel de coordinación?”, indagó el diputado opositor, a lo que Francos manifestó: “No, yo no creo que haya ningún nivel de coordinación, habrá sido un tema totalmente casual”.

En el final, ante una pregunta de Selva, el jefe de Gabinete expresó que según tiene entendido, “no hay nadie que esté ejerciendo actualmente la defensa legal (del presidente y su hermana); no sé si el presidente habrá designado algún abogado, pero me parece que hasta ahora no tiene ninguna necesidad de tener abogado”.

El JGM @GAFrancosOk está haciendo agua en la primera pregunta de la interpelación del Congreso: no puede explicar de dónde saco el Presidente @JMilei el código de 44 letras y números vinculados a #Libra que difundió en el tuit del 14 de febrero. Francos dice que era público, pero… pic.twitter.com/ItMpsPWrqL

— Martin Tetaz (@martintetaz) April 29, 2025

Está claro que la reunión constitutiva de la Comisión Investigadora $LIBRA en Diputados estará muy peleada este miércoles, cuando a las 10 de la mañana se dé inicio a esa discusión, para la que tallarán los nombres de 28 diputados y diputadas que pugnarán por la presidencia de la misma. Algo que se anticipa de lo más complicado,  habida cuenta la situación de paridad con la que se llega a esta reunión.

Más allá de eso, todavía no están siquiera seguros los nombres que habitarán esa comisión que promete atraer la atención legislativa los próximos tres meses. Al menos uno de ellos, este lunes, a horas del inicio de la primera reunión de la comisión, fue eyectado de la misma, o al menos eso fue pedido desde su bloque.

Se trata de uno de los dos nombres propuestos a último momento por Innovación Federal para integrar la comisión investigadora: el rionegrino Agustín Domingo, en cuyo reemplazo fue propuesto el misionero Carlos Fernández. Cabe destacar que quien completa el dúo de este bloque para la comisión es la salteña Yolanda Vega, quien continuará en la misma.

Es potestad de los bloques hacer las modificaciones que considere convenientes, siempre que se cuente con la anuencia del legislador relevado. Este pedido lo hizo el bloque que conduce la salteña Pamela Calletti, que ya había dado la nota en su momento cuando demoró la elección de sus dos nombres todo un fin de semana. Recordemos que el cierre del tiempo para entregar los nombres había vencido a las 20 del viernes 11 de abril, pero en el caso de Innovación Federal hicieron reserva de los lugares y los nombres recién los entregaron el lunes 14.

Ahora los cambian, y fuentes de la oposición no afín al Gobierno consideraron que la modificación obedecería a la intención de sumar alguien más cercano a la postura oficial, en momentos en que todos los legisladores han sido puestos bajo la lupa para garantizar que no vaya a haber quiebres que permitan que el sector opuesto termine manejando la comisión.

De hecho, una de las discusiones que pretende plantear la oposición es la validez de las nominaciones hechas por Innovación Federal, habida cuenta la demora en la que ese bloque incurrió, con el objetivo de invalidarlas, cosa que rechazan de plano las autoridades de la Cámara.

Tras una semana más de espera, por la postergación de agenda por la muerte del papa Francisco, la oposición verá finalmente este martes la concreción de la sesión para la interpelación de funcionarios del Gobierno nacional dentro del recinto de la Cámara de Diputados, una instancia de la cual el último registro data de 1996 con Domingo Cavallo como protagonista.

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda lograron hace 20 días aprobar por 131 votos a favor y 96 en contra (hubo además por la positiva un puñado de cinco legisladores de otras bancadas) la convocatoria al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía), y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, para que sean interrogados por la presunta estafa de $LIBRA, criptomoneda que el presidente Javier Milei promocionó por sus redes sociales el Día de los Enamorados.

Tal cual se anticipa, Francos será el principal protagonista y podría estar acompañado por Cúneo Libarona. En el caso de Caputo, quien se rehúsa a asistir al Congreso para rendir cualquier tipo de explicación, sectores de la oposición más dura advirtieron que su ausencia podría ser tomada como causal de juicio político.

Aunque el artículo 71 de la Constitución Nacional prevé la interpelación, al indicar que "cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes", no hay establecida ninguna "consecuencia" sobre la falta; pero hay quienes interpretan que caería en incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En cuanto a Silva, al no tener rango de ministro, en el oficialismo consideran que puede esquivar el asunto. No obstante, el titular de la CNV es una de las fichas puestas para ser citado por la comisión investigadora que se reunirá este miércoles, y donde la oposición tendrá el desafío de romper con una paridad de paralice las acciones.

De acuerdo a la hoja de ruta que ya pensó la oposición, pero que terminará de definirse antes de la sesión en reunión de Labor Parlamentaria, se estima que la interpelación podría durar más de 10 horas.

Como primer paso, se prevé una exposición de los funcionarios de una hora, que podrá extenderse media hora más. En caso que asistan Francos y Cúneo Libarona, compartirán tiempo. Luego se tomará la misma cantidad de tiempo para que los miembros interpelantes, es decir, los cinco bloques que impulsaron la citación, formulen preguntas y los interpelados respondan.

Después se abriría el tiempo para el resto de las bancadas, con una serie de preguntas agrupadas por tiempo, a ser contestadas por los funcionarios, en una mecánica similar a las sesiones informativas del jefe de Gabinete.

Finalmente, en la oposición pidieron que haya cierres de bloques para hacer consideraciones finales, donde sin duda podría llegar a haber encendidos discursos políticos respecto de lo que hayan sido las respuestas y en torno al episodio protagonizado por el presidente Milei, en lo que representó la primera crisis de la gestión libertaria y que el Gobierno buscaba que se diluya en el tiempo.

Concluida la interpelación, la cuestión $LIBRA continuará al día siguiente con la constitución de la comisión investigadora, donde la oposición se prepara para trabajar durante tres meses en el tema, con la facultad para citar testigos y recibir denuncias. Por estas horas, hay discusión sobre hasta qué grado llegan sus atribuciones para que los citados concurran.

Sobre el caso $LIBRA, con denuncias de damnificados en Argentina y el extranjero, Francos decidió no responder en el último informe de gestión que envió por escrito, así como tampoco verbalmente en la sesión del pasado 16 de abril. Este lunes, en la antesala de la interpelación, dijo: "Es un tema que poco tiene que ver con mi función o con la administración pública, así que es poco lo que puedo decir, pero iremos al Congreso cumpliendo con nuestra obligación".

Además de la creación de la comisión investigadora y la interpelación de funcionarios, en la sesión del 8 de abril pasado se aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo con más de 100 preguntas relacionadas a la organización y planificación de $LIBRA; el asesoramiento previo a la publicación por parte del presidente en la red social X; la responsabilidad del presidente y medidas a futuro; la participación de Karina Milei, la defensa legal del presidente, la relación con los promotores del activo y las visitas que recibió en Casa Rosada, entre otras. Varias de ellas, seguramente, serán las que se trasladen verbalmente este martes dentro del recinto.

En la previa de la interpelación que lo tendrá como protagonista, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó este lunes que se hará presente en el recinto de la Cámara de Diputados, pero cuestionó la citación y anticipó que "es poco" lo que puede llegar a responder sobre el caso $LIBRA.

"Desde el punto de vista público a nadie le preocupa este tema, no es de las preocupaciones que hoy tiene la gente", opinó el funcionario y agregó que se trata de "una cuestión estrictamente política, que tiene que ver con el posicionamiento de cada sector para la campaña electoral".

En ese sentido, añadió: "Es un tema que poco tiene que ver con mi función o con la administración pública, así que es poco lo que puedo decir, pero iremos al Congreso cumpliendo con nuestra obligación".

La interpelación impulsada por la oposición fue para cuatro funcionarios, sin embargo se estima que asistirán Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Los que no espera que asistan son el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.

En declaraciones a radio Splendid, Francos consideró que él estaba en la lista porque a los legisladores “les parecía más fácil citarme a mí y optaron por ese camino”. Sobre la interpelación, dijo que está “dentro del juego de mayorías y minorías” y que “lamentablemente somos una fuerza política nueva y todavía las minorías parlamentarias son marcadas y es difícil oponerse”.

Además, en referencia a la promoción por parte del presidente Javier Milei de la criptomoneda $LIBRA, que terminó en una estafa para quienes invirtieron en un margen corto de tiempo, el jefe de Gabinete señaló que "el tuit del presidente difundiendo la noticia de la creación del proyecto fue formulado desde la quinta de Olivos, esta es una de las preguntas y es una de las respuestas que daré".

Tal cual lo votado en el recinto de la Cámara de Diputados el pasado 8 de abril, se realizará este martes 22 la sesión prevista para escuchar a un grupo de funcionarios que serán interrogados sobre la causa abierta por la criptomoneda $Libra. Según lo establecido en esa sesión, los funcionarios convocados para exponer a partir de las 14 son el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva.

La oficialización de la reunión fue realizada este miércoles al caer la tarde a través de una nota que el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, circuló a todos los diputados nacionales. Se trata de una interpelación, un método que solo fue utilizado dos veces en estos más de 40 años de democracia; la última vez en 1995, con el entonces ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo.

La convocatoria se hace en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, que establece que “cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.

Esta citación fue acordada a partir de la aprobación del proyecto de resolución correspondiente, por 128 votos positivos, 93 negativos y 7 abstenciones. En la previa, se eliminaron del texto original los nombres de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del vocero presidencial Manuel Adorni.

El único nombre confirmado hasta ahora por el propio funcionario es el de Guillermo Francos, quien aseguró que estará este martes contestando preguntas en el recinto, razón por la cual optó por no responder sobre el tema durante su informe del miércoles último.

“Como también me han citado a una interpelación para el martes que viene, todas las preguntas referidas al caso $LIBRA las hemos dejado de lado en este informe y las vamos a responder seguramente con las preguntas en particular que me formulen en dicha interpelación”, señaló en el inicio de la sesión Francos.

Se sabe que también concurriría el ministro de Justicia, aunque no sucedería lo mismo con los otros dos convocados: Luis “Toto” Caputo y Roberto Silva. Al menos Caputo, quien está claro que tiene decidido no concurrir al Parlamento durante esta gestión.

Cuando durante la sesión de este miércoles el diputado de UP Juan Marino le preguntó si concurrirían todos los funcionarios citados, Francos omitió responder.

La aprobación de una comisión legislativa destinada a investigar todo lo que rodea a la causa $Libra, el criptogate que involucra nada menos que al presidente de la Nación, fue un duro e inesperado golpe para el Gobierno, que hasta último momento pensó que al menos esa embestida de la oposición más dura iba a poder frenarla. No fue así: el martes 8 de abril todo lo que impulsó la oposición se concretó; y de todo, la creación de una comisión investigadora era el tema que menos quería que se aprobara.

Pero concretado, de inmediato se abocaron el oficialismo y sus aliados a tratar de morigerar los efectos que pueda llegar a tener. Comenzando por la constitución de la misma, que con la foto de ese martes se suponía tendría 24 integrantes, pero ya al día siguiente se supo que crecería. En principio a 26, pero ya el viernes -fecha de cierre de entrega de nombres- quedó en 28. A estas horas, ese número estaría opinado.

El primer factor que motivó el crecimiento de la comisión fue la creación de dos interbloques por parte del oficialismo y adyacencias: La Libertad Avanza sumó a la tucumana Paula Omodeo, del monobloque CREO, con lo que llegó a 40 miembros, lo que le garantiza 4 lugares en la comisión. Lo mismo pasó con el Pro, que engrosó sus 37 integrantes a 40, al sumar a los 3 del MID. En un principio se especuló con que también se sumaba al interbloque Ricardo Garramuño, del bloque Somos Fueguinos, pero eso nunca se formalizó, aunque se sabe que en las sesiones pueden contar con él.

De todos modos, tener 41 diputados daba lo mismo para ese interbloque; lo importante era llegar a 40, dado que la resolución por la que se constituye la comisión establece que le corresponde un diputado a cada bloque que tenga 5 miembros; 2 diputados si tiene más de 5, y uno más por cada veintena que sume. De ahí que para LLA y el Pro fuera clave sumar hasta 40. Cada uno de esos  interbloques tendrá 4 miembros.

El bloque más grande, Unión por la Patria, tenía 98 miembros. Con dos más, le hubieran correspondido 7 integrantes en la investigadora, pero como era imposible que los consiguieran, lo logró reduciéndose. Le dio una mano a la izquierda, a la que se le iba a complicar tener al menos uno, por la renuncia de Mónica Schlotthauer que había dejado a ese interbloque circunstancialmente con 4 diputados, hasta que jure Vilma Ripoll en la próxima sesión. Lo solucionó el bloque UP con la creación del bloque Nacional y Popular, formado por Julia Strada y Mónica Macha, que se integra con la izquierda, garantizándole así un lugar a ese espacio, y de paso UP gana (informalmente) un miembro más para la comisión.

Los radicales terminaron siendo los grandes perdedores de esta movida. Al menos el bloque oficial que conduce Rodrigo de Loredo. Es que originalmente les correspondía 3 miembros en la comisión investigadora, por ser un bloque de 20. Y para eso habían designado a Karina Banfi, Soledad Carrizo y Lisandro Nieri. Pero los radicales “peluca” sorprendieron al separarse del bloque oficial y formar una bancada de 6 llamada Liga del Interior, con los “peluca” originales -Mariano Campero, Martín Arjol, Pablo Cervi, Luis Picat y Federico Tournier- y el catamarqueño Francisco Monti, que ya venía mostrándose alineado a ellos. Con esos 6, les corresponde 2 miembros en la comisión investigadora, y al reducirse el bloque UCR de 20 a 14, pueden sumar solo 2 nombres a la Comisión $Libra. Es de imaginar el fuerte enojo de De Loredo y compañía, que ya en su momento vieron cómo se les iban los diputados de Democracia para Siempre porque el cordobés se resistía a “echar” a los peluca. Con todo, en la movida, los radicales propiamente dicho ganan un puesto más, pero no es lo que el bloque UCR pretendía.

El bloque resignó finalmente el nombre de Karina Banfi, y los nominados para formar parte de la comisión son entonces la cordobesa Carrizo y el mendocino Nieri.

Por tener 15 diputados, a Encuentro Federal le corresponde sumar 2 miembros; a Democracia para Siempre (12) otros tantos; Coalición Cívica (6) también 2; e Innovación Federal (8) otros 2. Pero en este último caso podría abrirse una polémica porque ese espacio que responde a algunos gobernadores entregó sus nombres recién este lunes. La fecha de cierre de nombres era el viernes pasado a las 20, pero ese día Innovación Federal hizo reserva de dos lugares y los entregó el lunes. De ahí que algunos tengan reparos y piensen objetar esas designaciones. Se resolverá en la reunión constitutiva.

Para ese día también habrá una gran polémica en torno a la designación de autoridades, pues en principio la relación de fuerzas está igualada en 14. De un lado están La Libertad Avanza+CREO; Pro+MID; UCR; Liga del Interior, e Innovación Federal. Y del otro, Unión por la Patria; Encuentro Federal; Democracia para Siempre; Coalición Cívica, y la izquierda+Nac&Pop.

Eso sí, habría que ver cuáles son los nombres propuestos. Tal vez dependa de eso, pues probablemente algunos de este último espacio tengan reparos para votar a un diputado de UP. “El final es abierto”, confió a este medio un miembro de la comisión.

Integración de la comisión

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, firmó este martes la resolución que crea esta comisión. A continuación, detallamos todos los  nombres y procedencias.

La Libertad Avanza + CREO (4): Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz y Paula Omodeo.

Pro + MID (4): Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Martín Maquieyra y Oscar Zago.

UCR (2): Soledad Carrizo y Lisandro Nieri.

Liga del Interior (2): Pablo Cervi y Francisco Monti.

Unión por la Patria (6): Pablo Carro, Carolina Gaillard, Itai Hagman, Juan Marino, Sabrina Selva y Rodolfo Tailhade.

Encuentro Federal (2): Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot.

Democracia para Siempre (2): Fernando Carbajal y Danya Tavela.

Coalición Cívica (2): Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Frente de Izquierda + Nacional y Popular (2): Christian Castillo y Julia Strada.

Innovación Federal (2): Agustín Domingo y Yolanda Vega.

Una vez más el diputado Miguel Angel Pichetto recordó que el ministro Luis Caputo no ha ido aún al Congreso, y la Cámara de Diputados lo acaba de citar. Según él, será para preguntarle si el ministro de Economía fue consultado para que el presidente promoviera la moneda cripto.

Lo cual mereció reparos de parte de su interlocutor, el periodista Franco Mercurialli, que lo entrevistaba en TN. “Con el lío que hay en el país, ¿qué tiene que ver que vaya a hablar de la criptomoneda?”, preguntó a lo que Pichetto replicó: “Tiene que ver que tiene la responsabilidad económica de lo que pasa”.

Como su interlocutor minimizó la situación circunscribiéndola a un tuit de Javier Milei, Pichetto repuso que “el presidente hizo un tuit que tiene repercusiones; la pregunta (para Caputo) es: fue consultado o no… Debería contestarla”.

Pichetto dijo que no le parecía un hecho menor promover una moneda cripto, tras lo cual recordó que además de Caputo están citados el jefe de Gabinete, el ministro de Justicia y el presidente de la CNV. “El Congreso va a hacer preguntas y no debería preocuparse ningún funcionario, porque tienen el deber de venir y explicar”, señaló.

Agregó luego que “el Gobierno tiene que construir un mensaje respecto de la cripto para tratar de proteger incluso al propio presidente. No lo entiende… Creen que el silencio les conviene”.

“Me parece que tienen que explicar lo que pasó, si el presidente fue engañado, seducido por un grupo de marginales que intermediaron esta cuestión; si hay responsabilidades de tipo civil, o penal. Me parece que es importante una explicación. El silencio no es el mejor camino ni siquiera para proteger al presidente”.

Y planteó: “Los gobiernos con sus ministros tienen que ser el pararrayos para tratar de contener situaciones como estas que generan un hecho inédito, bastante insólito, desde el punto de vista de los perjuicios que generaron a particulares”.

Si la oposición se fue más que satisfecha el martes de la sesión de Diputados en la que logró asestarle una serie de derrotas al oficialismo, principalmente con la creación de una comisión investigadora para el caso $Libra, sin duda debe haber terminado la semana con un sabor agridulce. Es que la conformación de esa comisión se convirtió en un verdadero aquelarre, y quienes salieron mejor parados terminaron siendo los oficialistas.

El armado de esa comisión investigadora generó rispideces de todo tipo, y hasta la implosión de bloques. En un caso adrede, en otro contra la voluntad de sus miembros, pero todo fue para alivio de un oficialismo que irá a la sesión constitutiva con la sensación de contar con el número suficiente para imponer al presidente, y en consecuencia manejar mucho más que los tiempos de esa comisión.

La semilla de la discordia se introdujo cuando en la sesión del martes 8 de abril, antes de votar la creación de esa comisión, el diputado santacruceño José Luis Garrido propuso agregar en el artículo 3° la palabra “interbloques”. El miembro informante del dictamen de mayoría, Pablo Juliano, aceptó la modificación, aduciendo que condecía exactamente con el espíritu del reglamento. En rigor, esa modificación sugerida por quien luego terminaría absteniéndose tenía por objeto permitir integrar un miembro de la izquierda a la comisión. Sucede que la izquierda tiene 5 diputados, pero solo si se los contabiliza como interbloque. Con esa cantidad, podrían introducir un miembro en la comisión investigadora. Fue lo que se pactó antes de bajar al recinto.

Y fue lo que le dio la idea a La Libertad Avanza y al Pro para ampliarse. Así, el bloque oficialista sumó a la tucumana Paula Omodeo, del monobloque CREO, a sus 39 integrantes. Mientras que el partido amarillo pasó a tener también 40, con los tres del MID. En principio, eran 41, pues sumaban al fueguino Ricardo Garramuño, pero en la práctica eso no se oficializó, así que ambos interbloques quedaron con 40 integrantes.

Tenía sentido esa movida de engrosar el número, dado que el citado artículo 3° de la resolución que establece cómo se debe conformar la comisión, indicaba la siguiente proporción:

• Dos (2) miembros designados a propuesta de cada bloque o interbloque parlamentario que cuente con más de cinco (5) integrantes.
• Un (1) miembro designado a propuesta de cada bloque o interbloque que cuente con cinco (5) integrantes.
• Además, por cada veinte (20) diputados/as que integren dichos bloques o interbloques, se les sumará un (1) miembro adicional.

Así las cosas, el bloque más numeroso, el de Unión por la Patria, tenía 98 miembros, con lo que sumaría 2 por ser un bloque con más de 5 integrantes, más otros 4, al sumar uno por cada 20 más. De haber tenido dos diputados más, hubieran alcanzado 7 integrantes en la comisión.

Con sus 40 miembros, LLA + CREO y Pro + MID, sumaban 4 cada uno. Dos por ser más de 5 y luego uno más por cada veintena.

Con 20 miembros, el bloque de la UCR se aseguraba 3 diputados; en tanto que a Encuentro Federal (15 miembros) le alcanzaba para 2; lo mismo que a Innovación Federal (8), la Coalición Cívica (6) y Democracia para Siempre (12).

Y la izquierda, con su interbloque de 5, tendría un diputado.

Así se llegaba a una comisión de 26 integrantes, dos más que los que le hubieran correspondido si LLA y Pro no optaban por convertirse en interbloques.

Pero ya habían comenzado las objeciones: las autoridades de la Cámara consideraban que la izquierda solo tiene 4 diputados, por lo que no les correspondía tener participación en la comisión. Pasa que este 10 de abril se efectivizó la renuncia de Mónica Schlotthauer, quien por el sistema de rotación que utiliza la izquierda le deja su lugar a Vilma Ripoll, la que recién asumirá en la próxima sesión.

Desde Democracia para Siempre no descartaban convocar a una sesión “interpretativa” para el 22 de abril, a fin de hacer “la interpretación correcta”, entendiendo que tanto el Pro como LLA estaban “haciendo trampa”, a fin de asegurarse cada uno un lugar más en la comisión. Hasta que esa convocatoria quedó en la nada cuando todos terminaron haciendo lo mismo que reprochaban. Por caso, como a UP le sobran diputados, mandó a dos a conformar un interbloque con la izquierda. En efecto, la economista Julia Strada y Mónica Macha conformaron un bloque propio llamado “Nacional y Popular”, para integrarse a modo de interbloque con la izquierda. Y como por ahora la izquierda tiene 4 integrantes y no 5, ese interbloque queda por ahora con 6 miembros. Al ser más de 5, les corresponden 2 diputados para la comisión investigadora, y a Christian Castillo se le suma la “ex UP” Julia Strada. Negocio redondo para el peronismo/kirchnerismo, que suma así 7 legisladores en la comisión investigadora.

El gran perdedor fue el bloque de la UCR, que al iniciarse el viernes sumaba 20 diputados, que le garantizaban 3 lugares. Llegaron incluso a nombrarlos: Karina Banfi, Soledad Carrizo y Lisandro Nieri… Pero los radicales “peluca” se molestaron porque no les dejaron ningún lugar como querían y decidieron hacer rancho aparte. Oficializando en la movida la integración a “Liga del Interior” (tal la denominación adoptada) del catamarqueño Francisco Monti. Con 6 diputados, les corresponde 2 miembros en la comisión, que serán el propio Monti y el neuquino Pablo Cervi.

Completan Liga del Interior Mariano Campero, Federico Tournier, Martín Arjol y Luis Picat. Mientras que el bloque que encabeza Rodrigo de Loredo quedó con solo 14 diputados, lo que hace que solo les corresponda 2 lugares en la comisión investigadora. Tendrán que decidir quién queda afuera.

En definitiva, la comisión quedará conformada por 28 diputados, que lo primero que tendrán que hacer el 23 de abril será elegir a sus autoridades. Y conforme establece el artículo 4° de la resolución aprobada en el recinto, será “por mayoría de votos”. Y de acuerdo con la manera como quedó conformada la comisión, todo parece indicar que será un oficialista el que presida.

En el día que vence el plazo para que los bloques de la Cámara de Diputados envíen quiénes serán sus integrantes en la comisión investigadora del caso $LIBRA, los legisladores de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot le mandaron una carta al titular del Cuerpo, Martín Menem, en la que le reclaman no hacer "trampa".

Luego de que el oficialismo moviera sus piezas junto a aliados, con la conformación de dos interbloques, para obtener dos lugares más en la comisión que se conformará el próximo 23 de abril, desde uno de los bloques opositores que impulsó su creación pidieron que se respete la proporcionalidad en función al mapa de bloques que había al momento de la aprobarse la resolución.

Tras la sesión en la que resultó derrotado, La Libertad Avanza sumó a la tucumana Paula Omodeo, mientras que el Pro se alió al MID y el monobloque Somos Fueguinos. Pero además, este jueves, cuando se hizo efectiva la renuncia de Mónica Schlotthauer, desde el oficialismo advirtieron que el interbloque del Frente de Izquierda (que ya operaba de esa manera) quedó en 4 miembros y no en 5, número que le permitía un diputado en la comisión. Así, trascendió que desde Presidencia evaluaban no darle un lugar al FIT, que envió tempranamente como integrante a Christian Castillo.

Al citar notas periodísticas sobre la movida del oficialismo, Agost Carreño y Massot -quienes integrarán la comisión por su bloque- le solicitaron a Menem este viernes que "se abstenga de realizar tales maniobras, y en consecuencia constituya la comisión investigadora creada en la sesión del pasado 8 de abril en base a la conformación de bloques e interbloques previa a la sesión en la cual se aprobó la resolución".

"Admitir que, tras su creación, se reordenen los bloques e interbloques al solo efecto de cambiar la conformación de una comisión creada por el pleno, sería un artilugio que tensionaría las reglas republicanas y de funcionamiento del Congreso Nacional", advirtieron, además de considerar que "ello desnaturalizaría el fin tenido en cuenta por el dictamen de mayoría" así como "la votación efectuada por el Cuerpo con una rotunda mayoría".

Y agregaron que "sería de mayor gravedad si ello se hiciere para bloquear o entorpecer una investigación que la H. Cámara de Diputados de la Nación claramente dispuso que debe realizarse a través de las tres vías aprobadas por votación: pedido de informes, interpelación a funcionarios y la creación de una comisión especial".

Los diputados aclararon que "no está en discusión la capacidad de los bloques de reunirse en interbloques, ni tampoco la de acordar mayorías circunstanciales para tomar determinadas decisiones parlamentarias", pero resaltaron que "lo que se discute es que ello se haga como una trampa: que se creen interbloques artificiales con posterioridad o de manera concomitante a una sesión en la que, los -ahora- luego de que sus integrantes perdieran una votación; y por ello buscan un atajo para no aceptar lo decidido por el pleno con contundente mayoría".

También, en la misiva mencionaron el antecedente de cómo se pronunció la Corte Suprema de Justicia sobre la creación de interbloques (caso Luis Juez y Consejo de la Magistratura). "El Parlamento debe proceder con seriedad, rigurosidad y buena fe", insistieron y señalaron que "si funcionarios del Gobierno que resultaren investigados nada tienen que esconder, y contando el oficialismo con la garantía de participación en la comisión, esa Presidencia, en lugar de bloquear y entorpecer el proceso, debería brindar todas las herramientas necesarias para permitir esclarecer los hechos que se dispuso investigar sin artimañas".

"La investidura que usted reviste en carácter de presidente de este H. Cuerpo, lo obliga a actuar respetando la decisión del pleno que es a su vez quien lo eligió en dicha posición y no en beneficio de una minoría parlamentaria que además representa a su espacio político. Obrar contrariamente dañaría su legitimidad en el ejercicio de la presidencia", enfatizaron Agost Carreño y Massot.

Finalmente, anticiparon: "En caso de no procederse de la manera solicitada, hacemos reserva de exigir la debida interpretación al cuerpo, de recurrir la resolución que se dicta, así como toda otra acción que permita quitar los obstáculos que se pongan para cumplir con la investigación que dispuso sea hecha por la H. Cámara de Diputados de la Nación, el pasado 8 de abril".

La oposición le asestó un nuevo cachetazo en el plano parlamentario al oficialismo, a partir de la aprobación este martes de la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA. La votación resultó con 128 votos positivos, 93 negativos y 7 abstenciones.

A favor lo hicieron 94 de 98 diputados de Unión por la Patria; 10 de 15 de Encuentro Federal; 9 de 12 de Democracia para Siempre; los 6 de la Coalición Cívica; y los 5 del Frente de Izquierda, bloques involucrados en el consenso de los proyectos y la convocatoria a la sesión.

Además, levantaron su mano por la positiva el santacruceño Sergio Acevedo; el radical Julio Cobos, único del bloque UCR; Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos; y Roberto Mirabella, de Defendamos Santa Fe.

En tanto, en contra votaron los diputados de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, Producción y Trabajo; Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos); Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino); y Paula Omodeo (CREO).

También se opusieron los cordobeses, dentro de Encuentro Federal, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres -quienes sí fueron clave para el quórum-; y el entrerriano Francisco Morchio.

Las abstenciones fueron de los tres diputados del MID Oscar Zago, Eduardo Falcone y Cecilia Ibáñez; Lourdes Arrieta (Transformación), Héctor Baldassi (Pro), Juan Brügge (EF) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz).

Las ausencias fueron 28 en total, entre las que se destaca que el bloque Innovación Federal, de 8 integrantes que responden a gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, faltó en su totalidad.

En la votación sobre la interpelación de funcionarios, los 131 votos a favor correspondieron a Unión la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, los radicales Julio Cobos y Martín Tetaz, el santacruceño Sergio Acevedo, el porteño Ricardo López Murphy y el santafesino Roberto Mirabella.

Mientras que los 96 en contra fueron de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Lourdes Arrieta (Transformación), Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos), Osvaldo Llancafilo (MPN) y Paula Omodeo (CREO).

Se demoró en ocurrir, pero la oposición en la Cámara de Diputados finalmente cumplió este martes su objetivo de avanzar con las iniciativas relacionadas con el escándalo por la criptomoneda $LIBRA -protagonizado por el presidente Javier Milei el 14 de febrero pasado-, a partir de la aprobación de la creación de una comisión investigadora, el llamado a interpelación de funcionarios y el envío de pedido de informes por escrito.

Tras el primer gran logro de la jornada para los convocantes de la sesión, que comenzó a las 12.21 con 130 presentes, los tragos amargos para el oficialismo llegaron uno tras otro con la votación favorable que obtuvieron los proyectos de resolución que, por ese carácter, quedaron aprobados definitivamente, sin necesidad de pasar por el Senado.

La fuertísima derrota para el Gobierno tuvo en primer lugar la aprobación, con 128 votos positivos, 93 negativos y 7 abstenciones, de la creación de una comisión investigadora de la sucesión de los hechos vinculados a la promoción y difusión de $LIBRA; asimismo, la investigación tendrá como fin "determinar el grado de participación y la responsabilidad política" del presidente, su hermana Karina Milei, Manuel Adorni, Luis Caputo, como también la de todos los ministros y funcionarios públicos involucrados en el caso.

Antes de votar, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño informó sobre el agregado de un artículo que establece que los bloques deberán enviar sus propuestas de integrantes hasta el 11 de abril. En tanto, la resolución de la Presidencia de la Cámara de Diputados tendrá que salir el 15 de abril y la reunión constitutiva será el próximo 23 de este mes a las 10.

La comisión podrá solicitar informes, convocar a funcionarios, recibir denuncias, entre otras facultades. Además, tendrá un plazo de tres meses para producir informes, dictámenes y conclusiones y, finalizado ese tiempo, deberá en 30 días corridos elevar un informe final detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos.

De acuerdo al texto, estará integrada por dos diputados por bloque/interbloque con más de cinco miembros; un diputado por bloque/interbloque con cinco miembros; y por cada 20 diputados que integren dicho bloque/interbloque se sumará un miembro adicional.

De acuerdo esto, la presidencia estará en manos de Unión por la Patria, la primera minoría, cuyo bloque tendrá 6 integrantes dentro de la comisión. Habrá además 3 miembros por La Libertad Avanza, 3 por el Pro, 3 por la UCR, 2 de Encuentro Federal, 2 de Democracia para Siempre, 2 de Innovación Federal, 2 de la Coalición Cívica y 1 del Frente de Izquierda. En total, 24 diputados.

En segundo lugar, por 131 votos a favor, 96 en contra y 0 abstenciones se aprobaron las interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Se trata de un recurso para la concurrencia obligatoria de los funcionarios previsto en el artículo 71 de la Constitución Nacional, pero que no ocurre en el Congreso desde los años ’90.  La oposición fijó el próximo martes 22 a las 14 para las interpelaciones. Por falta de consensos, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quedó afuera del listado.

Durante el debate, varios diputados rechazaron la intención que tuvo el oficialismo de que Francos hable sobre el tema junto a las demás preguntas vinculadas con la gestión en la sesión informativa convocada para el martes que viene; y enfatizaron en la necesidad de que conteste consultas específicas por $LIBRA.

Finalmente, con 135 votos positivos, 84 negativos y 7 abstenciones, se aprobó un pedido de informes con más de 100 preguntas, entre las que se exigen explicaciones sobre la organización y planificación de $LIBRA; el asesoramiento previo a la publicación por parte del presidente en la red social X; sobre la responsabilidad del presidente y medidas a futuro; sobre la participación de Karina Milei, la defensa legal del presidente, la relación con los promotores del activo y las visitas que recibió en Casa Rosada, entre muchas otras.

Las exposiciones

En primer lugar habló el presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, el primer firmante del pedido de sesión, quien dijo que cuando la sociedad votó a Javier Milei “lo hizo asqueada de un sistema político que sólo busca beneficiarse, que sólo busca la tajada y que en definitiva siempre ponía por delante de los intereses del pueblo las especulaciones. Pero miren qué paradoja, el 14 de febrero el presidente de la Nación en una publicación, en una promoción, hablando de que nuestras economías iba a funcionar y que iba a servir a las economías regionales, se lanzó a publicitar y a promocionar una criptomoneda que terminó defraudando a miles de personas en el mundo”.

“Para nosotros es fundamental que el Congreso no mire para el costado porque lo que está en juego es en definitiva el interés supremo de la argentina de saber la verdad, de saber si el presidente está gastando su tiempo, como lo hizo cuando recientemente había asumido como diputado de la Nación promocionando una criptomoneda que redundó en una estafa a este Congreso. No le puede pasar por el costado al Parlamento que se ande diciendo en el mundo que con un par de dólares tienen agarrado al Presidente de la Nación”.

A continuación, por el oficialismo y en defensa del despacho de minoría habló el diputado Nicolás Mayoraz, quien calificó el pedido de creación de una comisión investigadora como un “circo”. “Pretender armar una comisión investigadora por este tema es lamentable”, aseguró.

“Las comisiones investigadoras no están en discusión como una atribución del Congreso”, reconoció, pero aclaró que no figura en una ley, sino que es una facultad del Parlamento. “Pero tiene un límite: es contribuir a la tarea que tienen los legisladores como tales, y aquí no se ve ninguna finalidad que apunte en ese sentido”.

Citando a Bidart Campos, Mayoraz dijo que “el Poder Legislativo no está por encima de los demás poderes. Aquí lo que vemos claramente es una intromisión que pretenden hacer sobre el Poder Judicial”. Sostuvo que la propuesta “demuestra de entrada el sesgo que tiene: de antemano están juzgando el hecho y condenando. Lo califican de estafa”.

Sostuvo que el papel de las comisiones investigadoras es ayudar al Poder Legislativo, pero en este caso “es un exceso de las potestades que tiene el Poder Legislativo”.

“Nuestro bloque propuso un dictamen de rechazo por la extralimitación de esta propuesta, porque excede los límites del Poder Legislativo y se arroga facultades que son propias del Poder Legislativo”.

A continuación, desde UP habló la diputada Sabrina Selva, quien aclaró que “no somos nosotros los que estamos definiendo los hechos; los hechos están a la vista”, y contrariando a Mayoraz respecto de la división de poderes, le recordó que “tenemos un presidente que acaba de nombrar dos jueces por decreto” y recordó la delegación de facultades que recibió con la Ley de Bases.

“Hay un hecho que está a la vista: hubo una estafa internacional que el presidente promovió a través de X, no nos inmiscuimos en la justicia, que será la que deberá determinar si fue por dolo o negligencia del presidente Milei”, señaló la diputada que dio a continuación detalles de la creación de la criptomoneda y el famoso tuit del presidente. Y dio por probado que el presidente tenía un conocimiento previo del negocio “porque el número del contrato a través del cual las personas procedían a comprar cripto moneda aparecía primero en su tuit antes que en la página correspondiente”.

Luego apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien se quiere interpelar, y a quien atribuyó gestiones y reuniones en la Casa Rosada. En el mismo sentido se expresó su par Juan Marino, que habló de “asociación ilícita” y afirmó: “Tenemos un Gobierno irresponsable y corrupto en cabeza de Javier Milei y Karina Milei”.

Y sobre el final de su exposición insistió: “Hoy tenemos en la Argentina un presidente estafador y una secretaria general de la Presidencia coimera. No podemos convalidar la impunidad”.

El diputado cordobés Oscar Agost Carreño, uno de los autores de los proyectos vinculados a la investigación del activo digital, señaló que esta sesión es para hacer una “distinción entre lo que quiso hacer el Gobierno y lo que queremos hacer nosotros”. En línea con otros dialoguistas, manifestó su malestar por la sesión informativa del próximo 16: “Queremos algo serio, no fulbito para la tribuna”.

Decidido a que las iniciativas avancen, afirmó que “las explicaciones deben darlas con los requerimientos que exige el Congreso, no con lo que ellos quieren decir”. Comparó, además, que “en un Parlamento serio, cuando un presidente aparece ‘enchastrado’, se suele llamar a funcionarios a un pesaje político”. “Es fundamental que interpelemos al presidente para saber dónde estamos parados”, cerró.

Por la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade calificó al Gobierno como “un experimento importado y somos sus ratones de un presidente que nos va a llevar a cualquier lado”. Así, preguntó: “¿Qué están ocultando el oficialismo y los teloneros ocasionales del Congreso? Este congreso se ha transformado en un antro de cobardes y oportunistas”.

“Nos acusaban de ensobrados, y resulta que el Gobierno eran los que ensobraban porque el presiente está ensobrando desde que era diputado nacional por lo menos así lo dijo el orfebre Pallarols. Fue explícito. La secretaria general de la Presidencia le pidió dos mil dólares para reunirlo con Milei”, disparó.

Frade señaló: “Si el tweet era ‘desafortunado’ como han dicho, era porque atrás del tweet del token $LIBRA había algo, y todos sabemos. Esta estafa estaba orquestada.  Hay estafa, hay cohecho agravado, hay tráfico de influencias y por eso lo denunciamos a la justicia”.

“La secretaría presidencial maneja la agenda e hizo que el estafador Novelli ingresara a Casa Rosada a reunirse con el presidente varias veces. No era una persona ajena al negocio. Necesitamos saber qué pasó acá. Los funcionarios ningunean y desprecian al Congreso. El oficialismo carga a los argentinos hablando de división de poderes cuando le dimos facultades delegadas, que se maneja por DNU”, cuestionó y cerró: “Los argentinos por suerte a partir del caso $LIBRA empezaron a darse cuenta que los ensobrados estaban en Casa de Gobierno y la está recaudando y estoy convencida que lavan dinero y por eso el presidente sorteaba la dieta, y eso lo pueden hacer los que entongan por otro lado”.

Cerca del final del tratamiento de los proyectos del criptogate, el presidente de bloque de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, se refirió a la sesión informativa del próximo 16 de abril y señaló que “acá necesitamos que venga el jefe de Gabinete, pero no con el engaño de que le hacemos las preguntas y listo, tiene que venir a ser interpelado”. Exigió que Francos se presente junto a las autoridades de la Comisión Nacional de Valores y con Santiago Bausilli, titular del Banco Central.

Referido a la envestidura presidencial, Pichetto afirmó que “no sabemos si el presidente fue engañado, pero si fue engañado tiene que haber responsabilidades”. “Las responsabilidades económicas pueden determinar un perjuicio para el Estado argentino”, alertó si es que avanzan las dos investigaciones que hay en la justicia argentina y en la de los Estados Unidos.

Del mismo modo, planteó que “los estudios jurídicos de los estados Unidos no se van a limitar a la responsabilidad penal, si no a resarcirse económicamente”. Y reiteró la postura de su bancada respecto a que “no había espacio para un juicio político”.

Por el bloque Pro se expresó la diputada Silvana Giudici quien planteó que, desde el 14 de febrero, día de la promoción del memecoin $LIBRA, se realizaron 112 denuncias en el Fuero Nacional para investigar el tema y respaldó al Gobierno al remarcar que habilitó a la Oficina Anticorrupción a investigar creando una Unidad de Tareas de Investigación Especial para “poner a disposición toda la información que corresponda a cualquier funcionario”.

Giudici recordó que desde el retorno de la democracia se crearon 44 comisiones investigadoras, pero señaló que “fue decreciendo la creación porque no llegaron a ninguna parte”. Así, afirmó que “el que tiene que investigar es el Poder Judicial y lo está haciendo”. También cuestionó que el proyecto propuesto en la orden del día “no está claro porque la Constitución no establece explícitamente la obligación de crear comisiones investigadoras, sino que se funda en el artículo 75 sobre hacer las leyes y reglamentos de la Cámara”.

“No hay una legislación que regule el funcionamiento de estas comisiones, no se establecen los límites claros a lo que el Congreso puede o no desarrollar en esas comisiones, y la actuación de esas comisiones a lo largo de la historia incurrieron en exceso de atribuciones”, precisó y remarcó que en el dictamen de mayoría “lo que se busca es ese exceso de facultades, no tiene un reglamento establecido”, y comparó que van a repetir el juicio político que UP le hizo a los integrantes de la Corte hace dos años.

Giudici aclaró que, según el artículo 71 de la Constitución, no se puede interpelar al presidente, sino que se debe proceder a un pedido de juicio político. “Habían pedido el juicio político por un supuesto involucramiento del presidente en una estafa cripto que nadie determino aún”, defendió.

Por último, también cuestionó los pedidos de informes con “una enrome cantidad de preguntas repetidas”, y cerró: “No entiendo la necesidad de generar esta sesión, de querer imponer una acumulación de bloques y voluntades, cuando ya está claro que la semana que viene el jefe de Gabinete va a dar su informe y respuesta a esas más de 4 mil preguntas por el tema $LIBRA que fueron remitidas. Plantean el escenario donde el Congreso en vez de llevar su tarea de control, de equilibrio de poder, de complemento y respeto por la división de poderes, tratan siempre de superar, de exceder reglamentos y traer una discusión chicanera donde se persigue la necesidad de dañar”.

Fiel a su estilo, el diputado rionegrino Martín Soria ironizó con una imagen que recordaba la frase de Javier Milei cuando asumió en la Presidencia de la Nación y lanzó: “Háganle caso a lo que decía Milei el año pasado de que ‘el que no se deja auditar es chorro’”. “Pedían auditorías para universidades, para los medicamentos gratuitos y ahora que el Congreso quiere auditar esto no quieren”, reiteró.

“Se ha desencadenado un papelón a nivel mundial”, afirmó el exministro de Justicia de la Nación, que además sostuvo que “según la revista Forbes, se trata de la estafa más grande del mundo con criptomoneda”. Mencionó el caso de Laura Belén Arrieta y remarcó que “están las fotos de Hayden Davis con Milei” por eso “están nerviosos que no quieren comisión investigadora y no quieren interpelaciones”, cerró.

Promediando el debate, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, consideró que “se está dando un paso importante en el Congreso”, y sumó: “Es cierto de que hay muchas maneras de llevar a cabo este escándalo y me tocó encabezar con la firma el proyecto de solicitud de juicio político y estoy convencido de lo que hicimos porque era el camino más corto de abrir una instancia seria de investigación con todas las potestades investigativas que nos da el reglamento”.

“No podemos desconocer es que el derrotero que tuvo el Gobierno desde esa noche de febrero ha sido absolutamente negativo y está condicionando no solo la acción del Gobierno, sino la performance institucional del Estado argentino porque para tapar la estafa cripto recurrieron a meter jueces por DNU en la Corte”, apuntó el santafecino.

Martínez sostuvo que el presidente debe permitir que funcionen “los espacios institucionales de investigación y análisis de estas conductas, que sus funcionarios pongan la cara, que permita que haya un diálogo, un debate”, y advirtió que “están queriendo cercar al presidente, pero le están provocando un daño, no lo están defendiendo”.

Por último, expresó: “Tenemos la oportunidad de dar acá un gesto de personalidad del Congreso porque en un momento como este, lo que tenemos que lograr es que la representación que ejerce los distintos sectores no se desenfoquen y pongan por encima de todas las cosas la necesidad del pueblo para hacer lo que tenemos que hacer en este recinto. El Congreso no está para arrodillarse delante de nadie, no está para ser felpudo de nadie. Se tiene que poner de pie y hacer lo que tiene que hacer y garantizar que la representación política de los argentinos se logre”.

Para culminar las intervenciones en el recinto, el jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, cuestionó la conformación de una comisión investigadora y agregó: “Vamos a hacer una comisión que no sabemos qué va a investigar”. Llamó al tratamiento de este martes cómo “un show al que estamos acostumbrados”.

Mientras la diputada neuquina Nadia Márquez aplaudía cada palabra del cordobés, Bornoroni añadió: “Les molesta que todo el 2024 tuvimos superávit fiscal, les molesta que esté bajando la inflación, les molesta que haya superávit energético y les molesta que esté bajando la pobreza”. Para cerrar, ironizó contra el bloque kirchnerista: “Espero que mañana en el Senado, voten ficha limpia ya que se la dan de honorables”.

Pasadas las 12.30 de este martes, la Cámara baja se abocó de lleno al tratamiento de los proyectos referidos al escándalo $Libra.

En primer lugar habló el presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, el primer firmante del pedido de sesión, quien dijo que cuando la sociedad votó a Javier Milei “lo hizo asqueada de un sistema político que sólo busca beneficiarse, que sólo busca la tajada y que en definitiva siempre ponía por delante de los intereses del pueblo las especulaciones. Pero miren qué paradoja, el 14 de febrero el presidente de la Nación en una publicación, en una promoción, hablando de que nuestras economías iba a funcionar y que iba a servir a las economías regionales, se lanzó a publicitar y a promocionar una criptomoneda que terminó defraudando a miles de personas en el mundo”.

“Para nosotros es fundamental que el Congreso no mire para el costado porque lo que está en juego es en definitiva el interés supremo de la argentina de saber la verdad, de saber si el presidente está gastando su tiempo, como lo hizo cuando recientemente había asumido como diputado de la Nación promocionando una criptomoneda que redundó en una estafa a este Congreso. No le puede pasar por el costado al Parlamento que se ande diciendo en el mundo que con un par de dólares tienen agarrado al Presidente de la Nación”.

A continuación, por el oficialismo y en defensa del despacho de minoría habló el diputado Nicolás Mayoraz, quien calificó el pedido de creación de una comisión investigadora como un “circo”. “Pretender armar una comisión investigadora por este tema es lamentable”, aseguró.

“Las comisiones investigadoras no están en discusión como una atribución del Congreso”, reconoció, pero aclaró que no figura en una ley, sino que es una facultad del Parlamento. “Pero tiene un límite: es contribuir a la tarea que tienen los legisladores como tales, y aquí no se ve ninguna finalidad que apunte en ese sentido”.

Citando a Bidart Campos, Mayoraz dijo que “el Poder Legislativo no está por encima de los demás poderes. Aquí lo que vemos claramente es una intromisión que pretenden hacer sobre el Poder Judicial”. Sostuvo que la propuesta “demuestra de entrada el sesgo que tiene: de antemano están juzgando el hecho y condenando. Lo califican de estafa”.

Sostuvo que el papel de las comisiones investigadoras es ayudar al Poder Legislativo, pero en este caso “es un exceso de las potestades que tiene el Poder Legislativo”.

“Nuestro bloque propuso un dictamen de rechazo por la extralimitación de esta propuesta, porque excede los límites del Poder Legislativo y se arroga facultades que son propias del Poder Legislativo”.

A continuación, desde UP habló la diputada Sabrina Selva, quien aclaró que “no somos nosotros los que estamos definiendo los hechos; los hechos están a la vista”, y contrariando a Mayoraz respecto de la división de poderes, le recordó que “tenemos un presidente que acaba de nombrar dos jueces por decreto” y recordó la delegación de facultades que recibió con la Ley de Bases.

“Hay un hecho que está a la vista: hubo una estafa internacional que el presidente promovió a través de X, no nos inmiscuimos en la justicia, que será la que deberá determinar si fue por dolo o negligencia del presidente Milei”, señaló la diputada que dio a continuación detalles de la creación de la criptomoneda y el famoso tuit del presidente. Y dio por probado que el presidente tenía un conocimiento previo del negocio “porque el número del contrato a través del cual las personas procedían a comprar cripto moneda aparecía primero en su tuit antes que en la página correspondiente”.

Luego apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien se quiere interpelar, y a quien atribuyó gestiones y reuniones en la Casa Rosada. En el mismo sentido se expresó su par Juan Marino, que habló de “asociación ilícita” y afirmó: “Tenemos un Gobierno irresponsable y corrupto en cabeza de Javier Milei y Karina Milei”.

Y sobre el final de su exposición insistió: “Hoy tenemos en la Argentina un presidente estafador y una secretaria general de la Presidencia coimera. No podemos convalidar la impunidad”.

El diputado cordobés Oscar Agost Carreño, uno de los autores de los proyectos vinculados a la investigación del activo digital, señaló que esta sesión es para hacer una “distinción entre lo que quiso hacer el Gobierno y lo que queremos hacer nosotros”. En línea con otros dialoguistas, manifestó su malestar por la sesión informativa del próximo 16: “Queremos algo serio, no fulbito para la tribuna”.

Decidido a que las iniciativas avancen, afirmó que “las explicaciones deben darlas con los requerimientos que exige el Congreso, no con lo que ellos quieren decir”. Comparó, además, que “en un Parlamento serio, cuando un presidente aparece ‘enchastrado’, se suele llamar a funcionarios a un pesaje político”. “Es fundamental que interpelemos al presidente para saber dónde estamos parados”, cerró.

Por la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade calificó al Gobierno como “un experimento importado y somos sus ratones de un presidente que nos va a llevar a cualquier lado”. Así, preguntó: “¿Qué están ocultando el oficialismo y los teloneros ocasionales del Congreso? Este congreso se ha transformado en un antro de cobardes y oportunistas”.

“Nos acusaban de ensobrados, y resulta que el Gobierno eran los que ensobraban porque el presiente está ensobrando desde que era diputado nacional por lo menos así lo dijo el orfebre Pallarols. Fue explícito. La secretaria general de la Presidencia le pidió dos mil dólares para reunirlo con Milei”, disparó.

Frade señaló: “Si el tweet era ‘desafortunado’ como han dicho, era porque atrás del tweet del token $LIBRA había algo, y todos sabemos. Esta estafa estaba orquestada.  Hay estafa, hay cohecho agravado, hay tráfico de influencias y por eso lo denunciamos a la justicia”.

“La secretaría presidencial maneja la agenda e hizo que el estafador Novelli ingresara a Casa Rosada a reunirse con el presidente varias veces. No era una persona ajena al negocio. Necesitamos saber qué pasó acá. Los funcionarios ningunean y desprecian al Congreso. El oficialismo carga a los argentinos hablando de división de poderes cuando le dimos facultades delegadas, que se maneja por DNU”, cuestionó y cerró: “Los argentinos por suerte a partir del caso $LIBRA empezaron a darse cuenta que los ensobrados estaban en Casa de Gobierno y la está recaudando y estoy convencida que lavan dinero y por eso el presidente sorteaba la dieta, y eso lo pueden hacer los que entongan por otro lado”.

Cerca del final del tratamiento de los proyectos del criptogate, el presidente de bloque de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, se refirió a la sesión informativa del próximo 16 de abril y señaló que “acá necesitamos que venga el jefe de Gabinete, pero no con el engaño de que le hacemos las preguntas y listo, tiene que venir a ser interpelado”. Exigió que Francos se presente junto a las autoridades de la Comisión Nacional de Valores y con Santiago Bausilli, titular del Banco Central.

Referido a la envestidura presidencial, Pichetto afirmó que “no sabemos si el presidente fue engañado, pero si fue engañado tiene que haber responsabilidades”. “Las responsabilidades económicas pueden determinar un perjuicio para el Estado argentino”, alertó si es que avanzan las dos investigaciones que hay en la justicia argentina y en la de los Estados Unidos.

Del mismo modo, planteó que “los estudios jurídicos de los estados Unidos no se van a limitar a la responsabilidad penal, si no a resarcirse económicamente”. Y reiteró la postura de su bancada respecto a que “no había espacio para un juicio político”.

Por el bloque Pro se expresó la diputada Silvana Giudici quien planteó que, desde el 14 de febrero, día de la promoción del memecoin $LIBRA, se realizaron 112 denuncias en el Fuero Nacional para investigar el tema y respaldó al Gobierno al remarcar que habilitó a la Oficina Anticorrupción a investigar creando una Unidad de Tareas de Investigación Especial para “poner a disposición toda la información que corresponda a cualquier funcionario”.

Giudici recordó que desde el retorno de la democracia se crearon 44 comisiones investigadoras, pero señaló que “fue decreciendo la creación porque no llegaron a ninguna parte”. Así, afirmó que “el que tiene que investigar es el Poder Judicial y lo está haciendo”. También cuestionó que el proyecto propuesto en la orden del día “no está claro porque la Constitución no establece explícitamente la obligación de crear comisiones investigadoras, sino que se funda en el artículo 75 sobre hacer las leyes y reglamentos de la Cámara”.

“No hay una legislación que regule el funcionamiento de estas comisiones, no se establecen los límites claros a lo que el Congreso puede o no desarrollar en esas comisiones, y la actuación de esas comisiones a lo largo de la historia incurrieron en exceso de atribuciones”, precisó y remarcó que en el dictamen de mayoría “lo que se busca es ese exceso de facultades, no tiene un reglamento establecido”, y comparó que van a repetir el juicio político que UP le hizo a los integrantes de la Corte hace dos años.

Giudici aclaró que, según el artículo 71 de la Constitución, no se puede interpelar al presidente, sino que se debe proceder a un pedido de juicio político. “Habían pedido el juicio político por un supuesto involucramiento del presidente en una estafa cripto que nadie determino aún”, defendió.

Por último, también cuestionó los pedidos de informes con “una enrome cantidad de preguntas repetidas”, y cerró: “No entiendo la necesidad de generar esta sesión, de querer imponer una acumulación de bloques y voluntades, cuando ya está claro que la semana que viene el jefe de Gabinete va a dar su informe y respuesta a esas más de 4 mil preguntas por el tema $LIBRA que fueron remitidas. Plantean el escenario donde el Congreso en vez de llevar su tarea de control, de equilibrio de poder, de complemento y respeto por la división de poderes, tratan siempre de superar, de exceder reglamentos y traer una discusión chicanera donde se persigue la necesidad de dañar”.

Fiel a su estilo, el diputado rionegrino Martín Soria ironizó con una imagen que recordaba la frase de Javier Milei cuando asumió en la Presidencia de la Nación y lanzó: “Háganle caso a lo que decía Milei el año pasado de que ‘el que no se deja auditar es chorro’”. “Pedían auditorías para universidades, para los medicamentos gratuitos y ahora que el Congreso quiere auditar esto no quieren”, reiteró.

“Se ha desencadenado un papelón a nivel mundial”, afirmó el exministro de Justicia de la Nación, que además sostuvo que “según la revista Forbes, se trata de la estafa más grande del mundo con criptomoneda”. Mencionó el caso de Laura Belén Arrieta y remarcó que “están las fotos de Hayden Davis con Milei” por eso “están nerviosos que no quieren comisión investigadora y no quieren interpelaciones”, cerró.

Para culminar las intervenciones en el recinto, el jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, cuestionó la conformación de una comisión investigadora y agregó: “Vamos a hacer una comisión que no sabemos qué va a investigar”. Llamó al tratamiento de este martes cómo “un show al que estamos acostumbrados”.

Mientras la diputada neuquina Nadia Márquez aplaudía cada palabra del cordobés, Bornoroni añadió: “Les molesta que todo el 2024 tuvimos superávit fiscal, les molesta que esté bajando la inflación, les molesta que haya superávit energético y les molesta que esté bajando la pobreza”. Para cerrar, ironizó contra el bloque kirchnerista: “Espero que mañana en el Senado, voten ficha limpia ya que se la dan de honorables”.

Promediando el debate, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, consideró que “se está dando un paso importante en el Congreso”, y sumó: “Es cierto de que hay muchas maneras de llevar a cabo este escándalo y me tocó encabezar con la firma el proyecto de solicitud de juicio político y estoy convencido de lo que hicimos porque era el camino más corto de abrir una instancia seria de investigación con todas las potestades investigativas que nos da el reglamento”.

“No podemos desconocer es que el derrotero que tuvo el Gobierno desde esa noche de febrero ha sido absolutamente negativo y está condicionando no solo la acción del Gobierno, sino la performance institucional del Estado argentino porque para tapar la estafa cripto recurrieron a meter jueces por DNU en la Corte”, apuntó el santafecino.

Martínez sostuvo que el presidente debe permitir que funcionen “los espacios institucionales de investigación y análisis de estas conductas, que sus funcionarios pongan la cara, que permita que haya un diálogo, un debate”, y advirtió que “están queriendo cercar al presidente, pero le están provocando un daño, no lo están defendiendo”.

Por último, expresó: “Tenemos la oportunidad de dar acá un gesto de personalidad del Congreso porque en un momento como este, lo que tenemos que lograr es que la representación que ejerce los distintos sectores no se desenfoquen y pongan por encima de todas las cosas la necesidad del pueblo para hacer lo que tenemos que hacer en este recinto. El Congreso no está para arrodillarse delante de nadie, no está para ser felpudo de nadie. Se tiene que poner de pie y hacer lo que tiene que hacer y garantizar que la representación política de los argentinos se logre”.

NOTICIA EN DESARROLLO

Entre las 12 y las 12.30 de este martes habrá tensión máxima en la Cámara baja, donde buena parte de la oposición busca realizar una sesión para tratar en principio la creación de una comisión investigadora por el escándalo $Libra, e interpelar y pedir informes a un puñado de altos funcionarios. Mientras que el oficialismo enciende velas para que las estimaciones que hacen se cumplan y la reunión fracase.

Pasa que el poroteo que realizan oficialistas y opositores inquieta a estos últimos, que ante las consultas periodísticas de este lunes se mantenían muy cautos.

Sucede que el Gobierno operó intensamente desde el jueves cuando se conoció el pedido de sesión para hacerla caer. En ese contexto, el bloque de Unión por la Patria -el más numeroso- reuniría a 93 de sus 98 miembros, en el caso de que faltaran los cuatro diputados catamarqueños y una santiagueña que ya no estuvo en el intento fallido de sesión registrado el 19 de marzo: Celia Campitelli.

Otro de los bloques que convocaron a la sesión es Encuentro Federal, de cuyos 15 miembros asistirían probablemente 9. Se estima que podrían estar ausentes 4 de sus 5 cordobeses; descontándose que sí se sentaría en su banca Natalia de la Sota.

Podrían faltar también los diputados alineados con los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, Jorge “Loma” Avila y Francisco Morchio, respectivamente.

De Democracia para Siempre, estarían al menos 9 de sus 12 integrantes. Se duda de Melina Giorgi, que responde al gobernador Maximiliano Pullaro; Marcela Antola, alineada con Rogelio Frigerio y Jorge Rizzotti, alineado con el gobernador jujeño.

La izquierda estaría completa (5); de Por Santa Cruz estaría uno de sus dos miembros; y los 6 de la Coalición Cívica. Tal vez sí asistan dos diputados del Pro, Alvaro González y Héctor Baldasi.

No habrá mayor presencia del Pro, ni del radicalismo, que nunca han estado del todo de acuerdo con la moratoria previsional, más allá de que la hayan votado, y ese es precisamente uno de los temas con los que convocan a sesionar.

Según ese poroteo, los asistentes podrían llegar a ser 125, en cuyo caso les faltarían 4 para el quórum.

Cuatro que, de todos modos podrían salir tal vez del radicalismo, aunque ya en la sesión fallida del 19 de marzo solo asistieron del partido centenario dos de sus diputados.

Recordemos que los temas relacionados con el caso Libra son los únicos que cuentan con dictamen. No así el resto, por lo que terminarán impulsando emplazamientos a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que acceda tratar tanto la emergencia en discapacidad, como los temas previsionales. Todo eso si se alcanza el quórum. Eso se sabrá, a más tardar, a las 12.30 de este martes.

Luego de que se anunciara oficialmente que el jefe de Gabinete Guillermo Francos concurrirá el miércoles 16 de abril para informar sobre el escándalo cripto, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reclamó tanto a ese funcionario, como al secretario Parlamentario Adrián Pagán “respetar la Constitución y el reglamento de la Cámara”.

“Acaban de convocar una sesión especial para el 16 de abril, generando un enchastre institucional sin precedentes”, sostuvo el presidente de la Coalición Cívica.

Ferraro sostuvo que “después de meses de incumplimiento (solo realizó 3 de los 9 informes obligatorios en 2024), “el jefe de Gabinete de Ministros finalmente se digna a venir a Diputados. Pero ahora pretenden mezclar su informe constitucional mensual (art. 101 de la Constitución) -que incluye más de 4.000 preguntas realizadas por los diputados- con un ‘informe voluntario’ sobre el caso $LIBRA, que de ningún modo cumple con los términos de una eventual interpelación o pedidos de informes requeridos al amparo de los arts. 71 y 100 inc. 11 de la Constitución Nacional”.

Para Ferraro, “la maniobra es clara: quieren dar un informe corto, vacío, a medida del jefe de Gabinete, del presidente de la Nación y de la secretaria general de la Presidencia. Lamentamos informarles que no funciona así”.

“Hay una Constitución y un reglamento que respetar”, agregó Ferraro, que enumeró a continuación:

🔴 Los pedidos de informes e interpelación por el caso LIBRA aún no fueron aprobados por la Cámara de Diputados. Por tanto, el JGM no puede anticiparse ni fijar condiciones. Debe comparecer cuándo y cómo lo decida el cuerpo, según se establecerá el próximo martes en la sesión especial.

🔴 El informe mensual sobre la marcha del Gobierno es una instancia de rendición de cuentas distinta e independiente de las otras previstas en la Constitución. Mezclarlas es vaciar de contenido la función de control del Congreso.

🔴 El secretario Parlamentario no puede suplantar la voluntad del Cuerpo ni violar lo dispuesto en el art. 204 del Reglamento. Tampoco puede ignorar ni vulnerar la voluntad de los legisladores expresada en el Orden del Día 761, que ha solicitado interpelaciones no solo al Jefe de Gabinete, sino también a otros funcionarios nacionales por el tema $LIBRA. Vale recordarle que las órdenes del día (OD) aún no han sido tratadas ni aprobadas por esta Cámara, y que pueden ser modificadas o rechazadas por el pleno.

Ferraro no tiene dudas de que “han convocado esta sesión informativa de manera malintencionada y provocativa, a sabiendas de la sesión requerida para el próximo martes 8. Lo han hecho, además, sin considerar (o sí) que será solo un día después de la finalización de Pesaj y en plena Semana Santa y Pascua cristiana. Es una falta total de respeto que solo busca impedir el efectivo control del Congreso e invisibilizar la verdad sobre LIBRA”. Advirtió el diputado de la Coalición Cívica que “será fáctica y logísticamente imposible que, en el último día de una semana de solo tres días hábiles, a las 14.30 horas, se respondan más de 4.000 preguntas realizadas por los diputados y, además, se pueda abordar el caso de la criptomoneda”.

“Lo que está en juego no es un tecnicismo parlamentario, sino el respeto por las instituciones, la división de poderes y el rol de esta Cámara como contralor del Poder Ejecutivo”, observó Maximiliano Ferraro.

Y cerró: “Señor presidente de la Cámara y secretario Parlamentario, como ya se lo he manifestado en reiteradas oportunidades, deben representar a la totalidad del cuerpo y no únicamente a una facción o parcialidad. ¿Realmente pretenden que nos prestemos a esta ficción y puesta en escena que desean llevar a cabo?”.

El presente Javier Milei enfrenta una turbulencia económica y política inesperada, que bien se podría caracterizar como “efecto Colapinto”, porque -al igual que el joven piloto argentino de Fórmula 1-, fue dilapidando su alto caudal de imagen con errores propios y de su cercanía.

Es que Milei hizo en un año un impensado ajuste económico en el Estado basado en el “efecto motosierra” (con el cierre de oficinas públicas y despido de miles de empleados estatales), celebrado por alrededor de la mitad de la población.

Y en diciembre de 2024 -al primer año de gobierno- era todo algarabía.

Pero en enero de este año empezaron los errores no forzados del jefe de Estado -Davos fue el puntapié inicial con exabruptos contra la diversidad- y así otros hasta el escándalo de las memecoins de la empresa $Libra.

Ese traspié originó sendas causas judiciales en su contra en Argentina y Estados Unidos y las derivaciones -especialmente en el país del norte-, pueden llegar a ser serias.

Luego le siguieron los tropiezos del asesor presidencial y virtual premier, Santiago Caputo, al cortar abruptamente una entrevista periodística a Milei, y también la “apretada” al diputado radical Facundo Manes en plena Asamblea Legislativa.

En paralelo, las encuestas indican que esos escándalos hacen caer la imagen del jefe de Estado y que la gente ya asimiló como algo lógico el superávit gemelo y la baja de la inflación. Ahora quiere bienestar económico.

Al mismo tiempo, empezaron a actuar grandes “jugadores” económicos que se beneficiarían con una devaluación y ese tema salió a denunciarlo el ministro de Economía, Luis Caputo.

Se sabe que el dólar está atrasado, pero el Gobierno no quiere saber nada con una devaluación y apuesta al ingreso de dólares frescos por el acuerdo en ciernes con el Fondo Monetario Internacional y la liquidación del agro en el segundo trimestre.

Pero la falta de dólares en las reservas del Banco Central y alguna declaración inconsistente del ministro de Economía pusieron a una posible devaluación nuevamente en el tapete.

Los economistas de cualquier ideología afirman que el Banco Central no puede seguir con este ritmo diario de sangría de dólares y la solución, por más eufemismos que se utilicen, es una devaluación.

La semana entrante una delegación del equipo económico tiene previsto un viaje de “urgencia” a Washington DC para pedir al FMI que el préstamo de 20 mil millones de dólares sea ya.

Son horas decisivas.

El escándalo por el criptogate suma un nuevo capítulo. En esta ocasión se trasladará a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia de la Cámara baja, todas ellas presididas por diputados libertarios Nicolás Mayoraz, Benegas Lynch y Manuel Quintar respectivamente.

El emplazamiento a comisión había sido pedido por el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño en la sesión del miércoles pasado. Además, había solicitado otro emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, para el martes 18 a las 16 y el miércoles 19 a las 16, para dictaminar sobre la creación de una comisión investigadora. Ambos resultaron aprobados.

El encuentro fue oficializado para este martes 18 de marzo a las 13 en el 2° piso del Anexo “C” de la Cámara baja a fin de poner a consideración un paquete de proyectos de diferentes bloques políticos de pedidos de informes e interpelación a funcionarios del Ejecutivo por el caso $LIBRA puntualmente al presidente de la Nación, Javier Milei; a la secretaria presidencial, Karina Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; al vocero presidencial, Manuel Adorni; y al ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, a las 16 se reunirá un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento -presidida por la diputada del Pro Silvia Lospennato, para darle tratamiento a dos proyectos que crean una Comisión Especial Bicameral Investigadora del caso $LIBRA.

Desde las 12.19 la Cámara baja realiza su primera reunión del 143° período de sesiones ordinarias, para debatir una decena de proyectos relacionados con el escándalo de las criptomonedas protagonizado por el presidente Javier Milei el 14 de febrero pasado, cuando publicó un posteo en sus redes sociales convocando a participar del negocio $Libra, una criptomoneda que a partir de esa promoción alcanzó altos niveles de venta y terminó desplomándose, generando grandes pérdidas a quienes se sumaron a la propuesta.

La sesión fue convocada por el bloque Democracia para Todos, al que se sumó Encuentro Federal y siempre estuvo en duda esta sesión, por las fuertes presiones oficiales para desactivarla.

Al quórum aportaron los bloques de Unión por la Patria (incluidos santiagueños y catamarqueños), el grueso de Democracia para Siempre, más de la mitad de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, y Álvaro González, del Pro, quien se había sumado al pedido de sesión. También los aliados habituales del oficialismo del MID, bloque que conduce Oscar Zago.

A pesar de que en la previa se esperaba que una mayoría de la UCR bajara al recinto, sólo lo terminaron haciendo los dos bonaerenses Karina Banfi (oriunda de Bahía Blanca) y Fabio Quetglas. También se sentaron en sus bancas los monobloquistas Roberto Mirabella (DSF), Mario Barletta (Unidos) y Lourdes Arrieta (EF-FC).

Por tratarse de proyectos sin dictamen, todas las propuestas de la oposición necesitarían de los dos tercios para avanzar, por lo que la apuesta pasa por alcanzar un emplazamiento a las comisiones para establecer un cronograma de tratamiento.

El temario también incluye un proyecto presentado por la diputada de UP Victoria Tolosa Paz junto a legisladores de casi todas las bancadas para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 90 días, prorrogables por igual plazo en la ciudad de Bahía Blanca y toda la región afectada por el temporal ocurrido el pasado 7 de marzo.

Precisamente por esa tragedia, en el inicio de la sesión la bandera fue izada a media asta; y luego, se cumplió un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia.

NOTICIA EN DESARROLLO

Lo que en un principio fue tomado como un intento casi testimonial de parte de bloques de la oposición en Diputados, se perfilaba este fin de semana con perspectivas de éxito. Hablamos del llamado a sesionar esta semana, para debatir los proyectos presentados por bloques de toda la oposición a partir del estallido del caso $Libra, que se convirtió en la crisis más importante vivida hasta ahora por la administración Milei.

La convocatoria había sido presentada incluso antes del inicio del período de sesiones ordinarias. Fue el martes 25 de febrero e incluía una decena de iniciativas presentadas en torno al caso conocido como “criptogate”, y era para este martes 11 de marzo. La última semana se corrigió la fecha de la sesión que todavía no ha sido oficializada, pero que la Presidencia de la Cámara baja no podrá eludir convocar: será este miércoles a las 10 de la mañana.

El pedido de sesión fue encabezado por Democracia para Siempre, pero cuenta con las firmas de diputados de Encuentro Federal y hasta se sumó al final un legislador del Pro. La sumatoria de los convocantes, más la totalidad de Unión por la Patria y la izquierda permitirían garantizar el quórum, cosa que a priori muchos creían imposible, pero ahora casi dan por descontada. El desafío estará en que los convocantes puedan tener sus bancadas completas. Algo en lo que no será menor la incidencia de los gobernadores sobre legisladores que les responden y forman parte de esos espacios.

En efecto, ese es el primer desafío de los bloques opositores. Como ya señalamos oportunamente, uno de los legisladores convocantes fue concreto al señalar que esperaban tener quórum “ya que el tema criptoestafa está creciendo. Quien no asista estará blindando a Milei”.

Las últimas medidas del Gobierno no hicieron más que avivar el clima beligerante en buena parte de la oposición dialoguista, que no ha visto con buenos ojos medidas como la designación de jueces para la Corte “en comisión”, o el envío de un DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario.

En caso de concretarse la sesión, se levantaría la reunión del plenario de comisiones prevista para las 11 para tratar la modificación del Régimen Penal Juvenil.

El temario incluye proyectos para crear una comisión investigadora del caso, pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo y todas las interpelaciones planteadas por las diferentes bancadas a la plana mayor del Gobierno, desde Javier y Karina Milei al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Entre las iniciativas presentadas por Democracia para Siempre se incluyó una para crear una comisión investigadora, pedidos de informes y una interpelación a Francos. Pero también se contempla una de interpelación al presidente Milei presentada por el Frente de Izquierda; otro pedido de interpelación presentado por Encuentro Federal que incluye a Karina Milei, Francos, Adorni y Cúneo Liberona; y un pedido de interpelación al jefe de Gabinete planteado por la Coalición Cívica. Además, se incluyó una interpelación presentada por Unión por la Patria a la secretaria General de la Presidencia. En cuanto a los pedidos de informes al PEN, había de DpS, Unión por la Patria, Encuentro Federal y CC.

En caso de habilitarse la sesión, también se trataría sobre tablas un proyecto presentado el viernes pasado por la diputada Victoria Tolosa Paz, que tiene las firmas de diputados de todos los bloques, para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 90 días en la ciudad de Bahía Blanca y toda la región afectada por el terrible temporal que se abatió este viernes allí.

Para garantizar la asistencia de radicales, se sumó un proyecto presentado por el presidente de esa bancada, Rodrigo de Loredo, que exige al Poder Ejecutivo cumplir con la obligación de asistencia al Congreso del jefe de Gabinete, con el fin de brindar informes sobre el denominado caso $Libra.

Precisamente para tratar de desactivar la movida, desde el Gobierno iniciaron contactos con la oposición dialoguista para ofrecer la presencia del jefe de Gabinete para brindarles la información requerida en torno al escándalo cripto.

La mano de los mandatarios provinciales ya se vio en más de una oportunidad en las votaciones del Congreso, siendo la última la que influyó para que fracasara la creación de una comisión investigadora en el Senado, con el rol clave de los radicales.

A sabiendas de la imposibilidad de garantizar las mayorías especiales (dos tercios) para tratar sobre tablas cualquiera de esos proyectos, la idea es lograr emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para despachar en comisión la creación de una comisión investigadora. Cuestión de llevar al recinto el tema en un plazo perentorio.

El pedido de sesión fue firmado por los diputados Pablo Juliano, Marcela Coli, Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Facundo Manes, Danya Tavela, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Juan Carlos Polini (DpS); Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Natalia de la Sota y Mónica Fein (EF); y en el segundo pedido se sumó Álvaro González (Pro).

A 20 días del mensaje publicado por el presidente Javier Milei en el que promocionó la criptomoneda $LIBRA y el posterior escándalo, los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, presentaron una denuncia penal contra la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei, en la que piden que se la investigue por cohecho, tráfico de influencias e infringir la Ley de Ética Pública.

La presentación ante la Justicia se da en el marco de la investigación por las denuncias contra el entorno presidencial de presuntos pedidos de dinero para acercarse al jefe de Estado. En la petición, los legisladores mencionaron al trader Hayden Davis y una acusación contra el Poder Ejecutivo Nacional vinculada al “mecanismo implementado para obtener entrevistas presidenciales”.

En la denuncia presentada este miércoles, los diputados de la CC plantearon que “a partir de una filtración en la Deep web se habría dado un presunto diálogo con mensajes de texto en el que, el nombrado -creador del token libra- y titular de la empresa ‘Kelsier Ventures’ se jactaba de su influencia”, con la secretaria general de la Presidencia de la Nación.

En otro punto, mencionaron que “en la Justicia de Estados Unidos, la nombrada (Karina Milei) está acusada de ser quien coordinó las reuniones entre el presidente (de la Nación) y los promotores de la polémica cripto”.

En la denuncia a la que accedió parlamentario.com, los diputados señalaron que "a ella se la señala como la que facilitó los actos preparatorios con el nombrado y con Mauricio Novelli, CEO de la empresa N&W Partner".

"En esta misma línea resulta procedente suponer que la nombrada le dio reiteradas entradas a la Casa Rosada y Quinta de Olivos, para reunirse con el Presidente de la Nación, a todos los implicados en lo que se diera en llamar 'Cypto $LIBRA' y que, éste generoso y reiterado pase, haya sido tarifado de uno u otro modo", aseveraron.

Además, detallaron que los ingresos registrados oficialmente de Mark Hayden Davis datan del día 11 de junio del año 2024. Y mencionan otro, del día 16 de julio del año 2024 junto a Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy.

En el final, Ferraro y Frade advirtieron que "si las entrevistas y encuentros presidenciales para el destino que fuera, pasaban sólo por las manos de la denunciada, tendrá que ser materia de indagación, el recorrido de esa recaudación".

Frenada -de momento- la creación de una comisión bicameral investigadora en la Cámara alta, como sucedió el viernes pasado en un episodio polémico que sigue dando tela para cortar, esta semana volverá a agitarse el caso protagonizado por el presidente de la Nación, cuando llamó a apoyar un token de criptomoneda que se acababa de crear y que ahora es investigado por la justicia.

Será este martes a las 15, cuando en la Sala 1 del Anexo A se reúna la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, que preside el diputado de UP Pablo Carro, en un encuentro informativo al que fueron invitados especialistas sobre informática y tratamiento automizado de la información. En ese marco, según se informó oficialmente, se abordará la trama informática de identidades, dispositivos y programaciones relacionados al uso de las criptomonedas y la prevención de estafas.

Consultados sobre el tema por parlamentario.com, aclararon puntualmente que no se trata de una comisión investigadora: “No tenemos fines investigadores, sino fines ampliadores de la información, vinculada al tema de las cripto y las identidades digitales”, puntualizaron las fuentes consultadas por este medio.

Así apuntaron que fueron cuidadosos en la convocatoria para que encuadre en el artículo 106 del funcionamiento de las comisiones en extraordinarias, a fin de evitar que no fuera oficializada por las autoridades de la Cámara, que confirmaron su realización el viernes pasado. Cabe señalar que el citado artículo señala sobre el funcionamiento durante el receso que “las comisiones permanentes y especiales podrán funcionar durante el receso para lo cual están facultadas a requerir los informes que consideren necesarios”.

“Buscamos garantizarla por la pertinencia del tema dentro de las competencias de la comisión y del reglamento de la Cámara. Tenemos la expectativa de que sea una reunión cuidada, en la que puedan hablar tantos los expertos, como los diputados que participen”, agregó la fuente consultada.

Los invitados

Mariano Biocca – Director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, que nuclea a más de 300 empresas del sector y organiza el Argentina Fintech Forum.

Emilse Garzón - Periodista en radio y TV, especializada en Cultura Digital, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial.

Maximiliano Firtman - Programador, docente y periodista especializado en CyT, inteligencia artificial y sistemas Ponzi.

Guido Zatloukal - Presidente Fundación Blockchain Argentina. Especialista y consultor con experiencia internacional.

Santiago Siri - Presidente de The Democracy OS Foundation. Promotor del uso de herramientas electrónicas, cripto y de IA en Argentina y España.

Carlos Maslatón – Abogado, ex legislador en la Ciudad de Buenos Aires, analista financiero.

Laureano Bielsa - Abogado, especializado en finanzas, relaciones internacionales y criptoactivos.

Fernando Molina – Ingeniero especializado en sistemas, management y analytics (UTN y Universidad Di Tella). Con trayectoria en el área tecnológica de empresas como JP Morgan, Pan American Energy y Blockworks.

Gustavo Nigohosian – Contador público (UADE), especialista en auditorías y control de fraudes, con certificaciones internacionales, y trayectoria en empresas como Tenaris y Aeropuertos Argentina 2000. Director del Programa Ejecutivo de Compliance Integral de la UMSA.

Otras reuniones

No será esta la única actividad que tenga lugar esta semana, la última de receso legislativo antes del reinicio de ordinarias. Ese mismo martes a las 12.30está convocada la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside la fueguina Carolina Yutrovic (UP), que invitó a referentes de asociaciones de consumidores, organizaciones, instituciones y sindicatos que expondrán sobre desregulación energética, ajustes tarifarios, recortes de subsidios y electrodependientes.

Y para las 17.30 ha sido convocada la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que buscará definir la agenda de trabajo 2025 y se pondrá a consideración la Memoria Anual 2024. Dicha comisión es presidida por Miguel Pichetto y se reunirá en el Salón Arturo Illia del Senado.

Más de dos horas de debate se llevó en el Senado el tema del escándalo criptomonedas que tiene en el ojo de la tormenta al presidente Javier Milei y en el que también quedó pegada su hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencia.

En ese contexto, el bloque de senadores de Unión por la Patria, encabezados por el formoseño José Mayans, presentó un proyecto de resolución najo el número de expediente 2539/25 citando para su interpelación a Karina Milei al Senado de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 214 del Reglamento interno.

“Los senadores nacionales de UP pedimos la interpelación de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para que dé explicaciones sobre los hechos que la implican en la presunta comisión de graves irregularidades en la promoción de la criptomoneda $Libra”, argumentaron.

El proyecto surgió a raíz de las declaraciones del creador de $Libra quien afirmó que la secretaria general del presidente "cobró una coima" para que Milei promocionara el token de la criptomoneda: “Le envío dinero a su hermana y él firma lo que yo digo y hace lo que yo quiero”, fueron los mensajes.

No con una larga lista de oradores, pero sí con algunos discursos picantes, senadores de Unión por la Patria aprovecharon el tramo de las cuestiones de privilegio en el comienzo de la sesión de este jueves y apuntaron contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina, entre otros funcionarios, por el escándalo $LIBRA. También criticaron duramente a los miembros de otros bloques dialoguistas por ser “colaboracionistas” del Gobierno. 

“Este es un evento que le da el golpe de gracia final al relato de la lucha contra la corrupción que ha formado Milei y su banda”, arrancó el jefe del principal interbloque opositor, José Mayans. “Después de esto es imposible reponerse”, siguió y señaló que “tenemos un presidente que se justifica, que dice que él actuó como economista, recomendando esta memecoin, pero que no lo hizo como presidente. Por supuesto que es presidente las 24 horas, parece que nunca entendió eso”. 

Para el formoseño, “todo esto empieza a caerse con un senador (en referencia a Edgardo Kueider) que llevaba a Paraguay 200 mil dólares y después aparece con su novia joven comprando seis departamentos. Acá se compraron voluntades para hacer una ley que entrega el patrimonio nacional”. Y denunció que el entrerriano “sigue teniendo protección de los servicios de inteligencia argentino, ¿por qué? Y porque claramente no es conveniente que cante”. 

Mayans reclamó que “tenemos temas que son fundamentales para el país que se niegan a tratar” y “el ministro de Economía (Luis Caputo) se niega a venir al Parlamento a explicar el Presupuesto o por qué tenemos 100 mil millones de dólares más de deuda”, mientras “hay un presidente que está dedicado a la joda; se dedica a conformar una banda para cometer una estafa”. 

“Decían que iban contra los corruptos, contra la casta, ¿qué van a decir ahora? El corrupto número uno está sentado en la Casa Rosada, dedicándose a la joda, formando fondos para estafar a la gente”, lanzó.

En alusión a la entrevista de Milei con Jonatan Viale, el legislador opinó: “Muchos dicen que fue mala la entrevista, yo digo que fue espectacular, porque se mostró todo. No tiene desperdicio la autoincriminación que hizo el presidente y las barbaridades que dijo”. “(Juan Domingo) Perón decía que las instituciones empiezan a pudrirse por la cabeza, bueno, acá el pescado podrido está por la cabeza; un presidente que ha montado una estafa, aplicando políticas que deterioran todo el sistema social argentino”, sumó. 

Después, al hablar del editorial de Viale -por los cuestionamientos ante la interrupción de Santiago Caputo en la entrevista-, el senador dijo que “nos enteramos de toda la corrupción, de lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta con la plata de la Ciudad”. “Y Rodríguez Larreta después le dice a Milei ‘me hinchaste las pelotas’, y acá viene la senadora representante (en alusión a Guadalupe Tagliaferri), y está dando quórum. Vergonzoso”, disparó. 

Al hablarle a sus pares de la oposición dialoguista, Mayans pidió: “No hablen más de la corrupción, ¿qué están esperando? ¿Que estalle el país? Porque el presidente confesó ser un corrupto y la hermana otra corrupta. Para qué quieren armar la comisión investigadora, ¿para investigar o para dilatar? ¿Para que no pase nada? ¿Para poner a ‘Camau’ (Espínola) de presidente de la comisión? ¿Para darle transparencia? Y van a aparecer 20 departamentos más en Paraguay. Un nivel de corrupción espectacular. No hablen más de corrupción, están inhibidos de hablar de corrupción porque tienen un presidente corrupto”. 

Muy dura también, Juliana Di Tullio apuntó contra Milei y su hermana Karina. “Me siento agraviada como senadora de la Nación y este Cuerpo que debería sentirse agraviado”, expresó y habló de “un presidente que estafa a la luz de todos los argentinos y de todos los senadores que estamos acá”. “La verdad que nos hizo quedar pésimamente mal y tenemos que hablar en nombre de los argentinos, nos hizo quedar espantosamente mal. Este Gobierno es un gobierno de estafadores”, enfatizó. 

“Me extraña que se haya abierto el recinto con la colaboración de todos los bloques políticos que dicen llamarse opositores dialoguistas, creo deberían llamarse como son: son oficialistas a este Poder Ejecutivo estafador, son cómplices, son parte, le abrieron las puertas a un tema que nos puede interesar a nosotros, pero que no le interesan al pueblo como es la suspensión de las PASO”, cargó contra senadores del Pro, la UCR y fuerzas provinciales. 

La jefa de Unidad Ciudadana denunció que “le abren el recinto al presidente Milei porque es su agenda, porque quieren darle una aspirina a esta situación que es grave, gravísima, de toda gravedad mundial”. “El presidente piensa a la Argentina como un casino, eso les propone el presidente a los jóvenes, tragarse el dinero”, cuestionó. 

La bonaerense reclamó que en este “escándalo político, financiero, judicial, por la memecoin $LIBRA no escuché a ninguno de los 37 del oficialismo expresarse y tuvieron que llamar a un compañero porque se quedaban sin quórum”. “Dijeron ‘¿quién podrá defendernos’ y vino el Chapulín Colorado, que es el senador del Chaco (Víctor Zimmermann) a darles número y a ayudarlos”, chicaneó sobre el regreso del radical. “Una vergüenza, todo esto es para poder tapar este escándalo que no se puede tapar, no lo van a poder tapar”, continuó. 

La legisladora K afirmó que “el presidente vulneró el artículo 19 de la Ley de Administración Financiera que veda toda publicidad o acción tendiente a captar recursos públicos por parte de personas no autorizadas”. Sobre la entrevista de Milei dijo que fue “pautada, escandalosa, horrible” y que el presidente “no se anima a hacer una conferencia, no se anima a dar la cara frente a los argentinos”. “¿Cómo le abrieron el Congreso los senadores a este presidente antes de que diera explicaciones?”, volvió a reclamar. 

“El presidente promocionó un token con un memecoin -no difundió- para estafar a 44 mil personas, cuatro vivos se quedaron con la guita. Este Congreso tiene facultades para investigar, además de la justicia. Hay 120 denuncias en menos de 48 horas y el presidente ni su hermana se presentaron ante la justicia”, resumió y agregó: “El presidente dijo que el ministro de Justicia va a hacer una comisión para investigar. ¿Quiénes son los que van a investigar? No lo dice. ¿Es una joda esto? ¿La Oficina Anticorrupción? Esto no va, no camina. El presidente se fue a Estados Unidos sin haberse presentado ante la justicia, para dejar tranquilo al pueblo argentino de que el presidente está decidido a que esto se investigue. Tiene miedo Milei, fue a buscar refugio, huyó”.

En el cierre, Di Tullio sostuvo: “Frente a esta estafa del presidente y del Gobierno me da mucha pena que el Senado de la Nación no esté a la altura de las circunstancias, que estemos dándole la espalda al pueblo argentino para que 38 senadores ayudan al presidente Milei. Son todos oficialistas, ¿van a asumir también la defensa en este caso? Me siento agraviada y quería hablar en nombre de los millones de argentinos estafados por el presidente Milei y su hermana”.

En la sesión, también planteó una cuestión de privilegio contra Milei la senadora Alicia Kirchner, quien habló de “estupor y vergüenza por lo que ha pasado en los últimos días con la memecoin; realmente, que nuestro presidente esté promoviendo o difundiendo esto, es absolutamente inadecuado”. “En el mundo cripto un token tiene un valor cuando se inicia de un 10% y después sube en función del libre mercado. Pero acá, al segundo cero, ya estaban absolutamente manipuladas las transacciones que fueron millonarias”, continuó. 

Para la legisladora de UP, este hecho “perjudicó no sólo a nuestro país, sino la imagen en el mundo”, y criticó que la situación se da mientras que en el país “hay industrias que cierran”. Sobre esto, la exgobernadora santacruceña apuntó que en su provincia “YPF se retira, dejando entre 2.200 y 2.500 familias sin trabajo”. Además expresó su preocupación “por las represas de Río Santa Cruz, que hace un año que no funcionan y hay 2.200 trabajadores que no perciben salario” y respecto a YCRT. 

Al plantear una cuestión de privilegio contra Milei por el accionar del Gobierno nacional en relación a los incendios en la Patagonia, la rionegrina de UP Silvina García Larraburu cuestionó que el mandatario haya actuado “jugando al influencer internacional” en el Día de los Enamorados y “el sábado, el pueblo argentino se levantó desayunándose con lo que luego se llamaría el criptogate y este desfalco de más de 100 millones de dólares que los va a terminar pagando el pueblo”. 

A su turno, la neuquina Silvia Sapag leyó el posteo publicado por Milei el pasado 14 de febrero y recordó que fue compartido por otros referentes libertarios, entre ellos los diputados Lilia Lemoine, José Luis Espert y Martín Menem. “Hubo 75 mil estafados por un total de 284 millones de dólares”, afirmó y mencionó la larga lista de países donde habría habido afectados, entre ellos Alemania, Australia, Bélgica, China, Estados Unidos. 

“¡Qué vergüenza! Somos famosos a nivel mundial gracias a nuestro presidente que estafó a 75 mil personas. ¡Mentira que era para beneficiar a las PyMEs! El presidente es parte de la organización de lanzamiento, Milei siempre estuvo al tanto y sabía muy bien que nada era para apoyar a los emprendedores”, enfatizó la senadora de UP y reclamó: “Esto es tremendo, nosotros no podemos no hacernos eco de lo que está sucediendo en nuestra Patria”. 

Al reclamar al Gobierno por el retiro de Argentina de la OMS, la catamarqueña Lucía Corpacci también hizo referencia al escándalo cripto. “Este presidente forma parte del mayor escándalo que recuerda el país. No voy a decir más de lo que dice la prensa, no voy a decir más de lo que vi en los medios. Cuando lo acusan a él de que pudo haber sido, él dice ‘ah no, bueno…’. No le importa, pero se destapa una olla mucho más grande porque, entre las cosas que yo escuché, en esta novela de la que estamos todos pendientes, del escándalo, de la vergüenza que nos da lo que sucedió, la esposa de un ministro (en alusión a la periodista Cristina Pérez) dice que a su oído le llegaron versiones de que el entorno del presidente cobraba para que haga esto”, señaló. 

En esa línea, la legisladora de UP le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “que siempre dice ‘el que las hace, las paga’, que la cite a esta periodista, esposa del ministro (de Defensa, Luis Petri), que diga quién le dijo que el entorno cobra y cuánto; porque mencionaron a la hermana del presidente”.

“Este presidente aplica la política de la bestialidad, ya no se trata de no tener empatía por el otro, se trata simplemente de cagar al otro, con tal de conseguir lo que quiero y eso es lo que hace el presidente. Imita como corderito a su jefe de Estados Unidos, es león para los que no tienen, pero cordero para los que no puede enfrentar. Va a quedar como un presidente bestial que nos atropelló a todos”, completó. 

Escueta defensa libertaria

Agotada la lista de oradores, después de Mayans se le dio la palabra a la oficialista Vilma Bedia, quien planteó -de forma leída- una cuestión de privilegio para los “colegas preopinantes”. Así, expresó su “preocupación por la cantidad de imputaciones que se han vertido en este recinto cuando el verdadero ámbito de discusión debe darse en la justicia”.

Para la jujeña, “esto no afecta el desarrollo de nuestra actividad como legisladores, convirtiendo la sesión en un show mediático y no en un debate de proyectos que mejoren la vida de la gente”. “El uso de acusaciones con fines políticos debilita la democracia y desvía el foco de las verdaderas responsabilidades. La justicia debe actuar con base en los hechos y no en campañas de desprestigio”, añadió.

Los diputados nacionales Karina Banfi y Fabio Quetglas (UCR-Buenos Aires) presentaron un pedido de acceso a la información pública, de acuerdo a la Ley 27.275, para que “el Poder Ejecutivo brinde a la sociedad toda la información necesaria” respecto del caso $LIBRA. 

Los radicales reclaman conocer “los vínculos del presidente con las personas y empresas a cargo de esta operación financiera, el dispositivo económico-financiero por el que se supone que se beneficiaría a la inversión privada nacional, y todo otro dato que conduzca a dimensionar correctamente la operación”. 

“Las investigaciones judiciales y parlamentarias que eventualmente se pongan en marcha deben ser respondidas por el Poder Ejecutivo con la imprescindible puesta a disposición, colaboración y apertura en la información”, enfatizó Banfi. Y agregó: “El Poder Legislativo, por su parte, también debe colaborar urgentemente en mostrar a la sociedad que de esta crisis las instituciones saldrán mejoradas”. 

A raíz de la promoción por parte del presidente Javier Milei de una criptomoneda que luego se desplomó, afectando a miles de inversores, y todos los reclamos de explicaciones que se sucedieron como consecuencia, Banfi y Quetglas aprovecharon para anunciar que este año propondrán una serie de iniciativas sobre transparencia. 

Entre esos temas enumeraron: una reforma de la Ley de Ética Pública, a fin de actualizar una norma de 1999 y detallar el alcance del desempeño de la función pública, las conductas incompatibles, conflictos de interés y gestión de intereses en mayor grado que la legislación vigente; una regulación de la autonomía de la Oficina Anticorrupción; y un proyecto sobre la protección de testigos y denunciantes de corrupción.

También, la derogación del decreto 780/2024 que limita el acceso a la información pública; y sumar la convocatoria a expertos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los gremios empresarios y de trabajadores, y otras instituciones, a participar activamente del proceso de reformas.

"Es importante que la sociedad sepa qué preguntas están aún sin responder por parte del presidente. Esta crisis debe ser una oportunidad fortalecer las instituciones de nuestra República" consideró Banfi.

El presidente Javier Milei creó por decreto la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que funcionará dentro del Ministerio de Justicia, con el objetivo de recabar la información relacionada con el criptoactivo denominado “$LIBRA”, a fin de “colaborar de forma rápida y expedita con Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal”.

En el mismo decreto, el mandatario instruyó a la Oficina Anticorrupción para que inicie las investigaciones necesarias a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción en la creación y presentación del criptoactivo denominado “$LIBRA”.

Se trata, nada más y nada menos, que del escándalo desatado cuando el propio presidente de la Nación promovió a través de un tuit que fijó en su cuenta personal de la red social X un token de criptomoneda.

El decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial lleva el número 114/25, y tendrá entre sus funciones la de requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional. También podrá pedir información, datos y documentación a organismos provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires; de estados extranjeros y/u organismos internacionales, como así también recibir y gestionar, con la asistencia de las áreas competentes, los requerimientos del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal relacionados con el criptoactivo denominado “$LIBRA”.

Una vez completada su tarea, la Unidad de Tareas de Investigación se dará por disuelta.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) se refirió al proyecto presentado por él y sus pares para interpelar a funcionarios clave a raíz del Libragate y enfatizó que desde el Gobierno “tienen una aversión a la explicación”. 

“Creemos que el Congreso puede servir institucionalmente para aclarar esta situación de una manera más rápida”, sostuvo este miércoles y, sobre las distintas propuestas de otros legisladores, opinó: “No estoy en contra de una comisión que investigue, pero la verdad que la investigación es una potestad del Poder Judicial”. 

En diálogo con Radio 10, el legislador resaltó que “el Ejecutivo hasta ahora no ha brindado explicaciones” y en la entrevista que dio por TN el presidente Javier Milei “no brindó explicaciones, jugó a la grieta. Básicamente el argumento fue ‘no me pueden decir nada los que tienen causas de corrupción’; entonces, es alarmante”. 

Para el diputado, “la envergadura del tema requiere que se haga en el recinto, no en una comisión. Es un lugar más formal, es más cuidado”. “La interpelación no es una figura contemplada para el propio presidente”, aclaró. 

En cuanto a los funcionarios que se incluyen en la iniciativa, consideró que “lo de (Guillermo) Francos y (Mariano) Cúneo Libarona es más aleatorio, lo de (Manuel) Adorni y Karina Milei creo que es ineludible, porque presuntamente son los que tenían el contacto permanente con los beneficiarios directos y estructuradores de esta moneda digital”. 

“Le estamos dando al Gobierno la posibilidad y el escenario ideal para que los funcionarios que lo han asesorado en esta aventura den las explicaciones que hasta ahora no ha dado nadie”, completó.  

Un grupo de diputados del bloque Encuentro Federal presentó un proyecto de resolución que pide por la interpelación a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, a raíz del escándalo cripto, desatado por la promoción que hizo el presidente Javier Milei de $LIBRA, el activo digital que alcanzó una alta cotización y luego se desplomó, generando pérdidas por 87 millones de dólares y afectando a múltiples inversores. 

La iniciativa incluye además al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y al portavoz presidencial, Manuel Adorni. 

En el texto, que lleva las firmas de los legisladores Nicolás Massot, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Natalia De La Sota, Mónica Fein y Esteban Paulón, se reclama que los funcionarios asistan al Congreso para responder sobre “las consecuencias económicas, institucionales y legales derivadas” de la situación. 

Además, en el proyecto plantean que “sin perjuicio de otras preguntas o repreguntas que resulte necesario efectuar al momento de la comparecencia”, deberán “mínimamente informar” respecto de “la participación del presidente en la promoción del activo digital; la relación con los promotores del activo; la posible existencia de beneficios indebidos; el impacto económico y financiero; y la responsabilidad institucional y medidas a futuro”. 

Dentro de las preguntas que incluyeron, los diputados consultan sobre los motivos que llevaron al presidente a promocionar públicamente el token $LIBRA; y si tuvo acceso a informes técnicos sobre los riesgos de dicho activo antes de su promoción. 

“¿Obtuvo usted o el presidente alguna remuneración como contraprestación a la opinión emitida? En caso afirmativo, indique cuánto y cómo se formalizaron dichos pagos”, indagan y también interrogan si alguno de estos funcionarios o el mandatario tienen o tuvieron “alguna relación laboral o contractual con las empresas involucradas”. 

En otra pregunta, reclaman que se informe “si existió una acción coordinada para efectuar la promoción de la criptomoneda en cuestión, toda vez que el token respectivo fue puesto en circulación escasos momentos antes de que el presidente hiciera el anuncio”. “En caso afirmativo, indique quien coordinó la acción. En caso de no existir una acción coordinada, informe quien solicitó que se publicara exactamente ese día y a esa hora”, agregan, en referencia a la publicación que Milei hizo desde su cuenta de X el viernes 14 de febrero. 

También buscan conocer cuál es la relación del presidente y los funcionarios con Mauricio Novelli, Hayden Davis y Julián Peh “o con algún otro promotor del activo”. 

“¿Conoce si algún funcionario público o persona de su entorno obtuvo beneficios económicos derivados de la promoción del activo $LIBRA?”, consultan los diputados, y también incluyen pedidos de explicación sobre “cómo responderá el presidente a las denuncias efectuadas en su contra. En particular exprese la postura en relación a las acciones legales iniciadas en los Estados Unidos de América”. “¿Utilizará recursos propios o del Estado Argentino para pagar los costos de su defensa?”, añaden. 

En los fundamentos del proyecto, los legisladores de EF señalaron que la citación a Francos “responde a su rol como principal coordinador del Gobierno nacional y responsable de su relación con el Congreso, por lo que debe rendir cuentas sobre la participación del Ejecutivo en este episodio”; mientras que Karina Milei, hermana del presidente, “es citada debido a su posible implicancia en la coordinación de reuniones o gestiones relacionadas con la promoción del activo digital”. 

“Por su parte, Manuel Adorni, como portavoz presidencial, debe explicar cuál fue el alcance de su participación en la promoción y respaldo institucional que se le dio al token $LIBRA desde el Ejecutivo”, consideraron. 

De acuerdo al artículo 71 de la Constitución Nacional, “cada una de las Cámaras (del Congreso) puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”. 

En tanto, el artículo 204 del reglamento de la Cámara baja establece que “todo diputado puede proponer la citación de uno o más ministros del Poder Ejecutivo y juntamente con ellos la de los secretarios de Estado que corresponda para que proporcionen las explicaciones e informes a que se refiere el artículo 71 de la Constitución”. 

A los proyectos que se multiplican en relación al caso $LIBRA, este martes se sumó una iniciativa por parte de la senadora nacional Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), que propone crear una comisión bicameral investigadora ante las “presuntas irregularidades que pudieran existir” en las publicaciones efectuadas por el presidente Javier Milei sobre la criptomoneda. 

De acuerdo al texto, la bicameral podría investigar “las posibles irregularidades en las publicaciones efectuadas por el presidente de la Nación y su rol y el de los funcionarios nacionales involucrados en la apreciación, retiro de fondos por unos pocos inversores y posterior depreciación de la criptomoneda”.

En los fundamentos, la legisladora señaló “la profunda preocupación que nos ha generado en la sociedad el actuar del presidente de la Nación el pasado viernes 14 de febrero cuando publicó en su cuenta de la red social X la promoción de una criptomoneda llamada ‘$LIBRA’ y que horas después se arrepintiera y borrara”. 

La iniciativa establece que la comisión estaría integrada por seis senadores y seis diputados, quienes elegirán un presidente, un vicepresidente y un secretario. 

La misma tendría por objeto “el estudio, conocimiento, investigación y esclarecimiento de posibles incumplimientos y la falta de debida diligencia y ética de los funcionarios públicos involucrados”. 

A través de esta propuesta se pretende “determinar cuál fue el proceso de evaluación y debida diligencia que se llevó a cabo antes de efectuar las publicaciones relacionadas con la criptomoneda Libra y cuál es el grado de compromiso del presidente con los promotores y/o creadores y/o captadores de fondos del token $LIBRA”.

Silva insistió que debe investigarse el grado de “participación en la promoción de dicho token” por parte del jefe de Estado y si hay “otros funcionarios públicos nacionales involucrados en las presuntas maniobras fraudulentas”. 

Mientras transcurre el Libragate, diputados radicales identificados como “pelucas” por su alineación con el Gobierno nacional salieron este martes a bancar al presidente Javier Milei con posteos en sus redes sociales. 

“Hoy más que nunca, apoyamos a @JMilei. Mientras algunos pretenden aprovechar cualquier situación para desestabilizar, nosotros blindamos la gobernabilidad. Trabajamos, todos los días, para que el Presidente continúe con el plan económico que lleve a la Argentina a la prosperidad”, escribió el tucumano Mariano Campero, cabecilla del quinteto que el año pasado fue a Casa Rosada en la previa de sostener el veto a la ley que aumentaba las jubilaciones. 

Hoy más que nunca, apoyamos a @JMilei
Mientras algunos pretenden aprovechar cualquier situación para desestabilizar, nosotros blindamos la gobernabilidad. Trabajamos, todos los días, para que el Presidente continúe con el plan económico que lleve a la Argentina a la prosperidad.…

— Mariano Campero 🇦🇷 (@mariano_campero) February 18, 2025

Además de Campero, compartieron mensajes el neuquino Pablo Cervi, el cordobés Luis Picat y el misionero Martín Arjol. El correntino Federico Tournier, quien no pertenece al partido de la UCR pero sí al bloque, fue el único que no posteó, aunque en su perfil de la red social X no muestra actividad desde junio del año pasado. 

“Mientras algunos pretenden aprovechar cualquier situación para desestabilizar al gobierno, nosotros somos un escudo para la gobernabilidad de @JMilei. Trabajamos todos los días para que el presidente continúe con el plan económico que lleve a la Argentina a la prosperidad”, publicaron Cervi, Picat y Arjol. 

Con un extenso mensaje se sumó -oficialmente, pues en los pasillos se sabía que compartía la visión de sus pares- el catamarqueño Francisco Monti. Luego de copiar y pegar el mismo mensaje de sus compañeros, agregó: “Sin dudas existió un error y el gobierno debe preservar el valor de la palabra del presidente y su investidura. Lo ocurrido no debe hacer mella en el proceso de cambio por el que transita la Argentina en el plano fiscal, desregulatorio y de tantas reformas estructurales necesarias para nuestro país”. 

Mientras algunos pretenden aprovechar cualquier situación para desestabilizar al gobierno, nosotros seguimos convencidos de la necesaria gobernabilidad.
Trabajamos todos los días para que el presidente continúe con el plan económico que lleve a la Argentina a la prosperidad.
Sin…

— Francisco Monti (@franmmonti) February 18, 2025

El jefe del bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Pichetto, se refirió este martes al escándalo cripto y opinó: “Esperaría que el Gobierno y el presidente hagan una depuración. Hay que tirar a algunos del camión”. 

En ese sentido, el legislador habló de un “daño autoinfligido" del mandatario, a partir de la promoción de $LIBRA y consideró que “llega el momento en donde es imprescindible arrojar por la borda lastre. ¿Qué significa esto? Algún colaborador importante del presidente tiene que irse del Gobierno, tiene que asumir las responsabilidades para preservar la propia imagen del presidente. Tiene que renunciar".

En ese sentido, Pichetto enfatizó que una medida de esas características "está en los manuales del proceso político, de la conducción y la preservación del líder. Pero bueno, aquí parecería que no, que no va a ocurrir esto". 

Por otra parte, se distanció de la herramienta del juicio político contra Javier Milei que plantea Unión por la Patria. "No vamos a acompañar un juicio político, me parece que es totalmente prematuro y no hay elementos todavía, y tiene que haber una toma de conciencia en la sociedad para emprender una medida de esa naturaleza", subrayó.

Aseguró que "el tema que requiere la Argentina y también el Congreso como ámbito de resonancia es, bueno, ¿qué pasó? (el presidente) ¿fue engañado?, ¿fue operado por estos personajes siniestros?".

Por ello, el diputado dijo que "estaría más cerca" de una comisión investigadora, "antes que eventualmente un juicio político que no se puede llevar adelante todavía porque no hay elementos de prueba".

En declaraciones a radio Rivadavia, Pichetto insistió con "el Gobierno y el presidente hagan una depuración". "Acá se está hablando mucho de los que perdieron plata, y lo importante, como me dijo un amigo hace un ratito, son los que ganaron. Acá lo que hay que ver es quiénes son los cuatro que ganaron", añadió. 

El diputado nacional Florencio Randazzo sostuvo este lunes que “pedir un juicio político es un disparate. Lo que necesitamos son explicaciones claras por parte del Gobierno. Es fundamental que expliquen ante la sociedad y el Congreso qué pasó con esta criptomoneda y por qué el Presidente la promocionaba”.

Agregó el legislador de Encuentro Federal que “a la Justicia le pedimos celeridad en sus investigaciones. No podemos hacernos los distraídos, ya que este hecho daña la confianza pública y la transparencia es esencial para mantener la credibilidad de las instituciones”.

“Esto nos recuerda la importancia de invertir en la economía real y productiva, en lugar de apostar a soluciones mágicas con esquemas especulativos”, agregó. Para Randazzo, “en Argentina tenemos referentes importantes en proyectos financieros basados en criptomonedas. No podemos permitir que este episodio manche el trabajo de tantos profesionales y emprendedores que buscan construir un futuro financiero sólido y transparente para nuestro país”.

En un intento de coartada hábilmente diseñada, el Presidente dijo que no tiene nada que ocultar. De eso se trata, señor Presidente: de decir la verdad y nada más que la verdad.

Dicho esto, quiero decirle que ocultó algo central que lo saca de su autopercepción de simple “difusor” del proyecto. La verdad es que $LIBRA no había sido lanzada públicamente en las redes antes de su posteo. Solo usted y los insiders con información privilegiada disponían del enlace de compra del token, lo que queda demostrado por la sincronía de su publicación con las operaciones especulativas de las billeteras sospechosas que ganaron.

Sepa que usó su posición de poder para apalancar el valor de $LIBRA en el mercado. Esto no solo es irresponsable, sino que implica un claro uso de su investidura en beneficio privado o ajeno a la función pública. Usted, Presidente, no es un influencer; junto a su equipo no pueden desconocer las consecuencias que sus acciones y manifestaciones pueden tener, sobre todo sabiendo que podía estar vendiendo pescado podrido -como lo manifestó en la entrevista- con la promoción de un activo financiero tan volátil.

Ninguna persona ni empresa promociona inversiones sin evaluar los riesgos. Es básico. Sin embargo, “difundió” globalmente una inversión financiera sin dimensionar las consecuencias que esto tiene ahora por su investidura y legitimidad. El problema no es solo lo que dijo, sino cómo lo dijo y desde qué lugar lo hizo. Vale recordarle que sus anteriores “difusiones” no fueron realizadas de la misma manera que ahora: fueron retweets o citas con comentario. Aunque se autoperciba como un ciudadano común con trabajo de Presidente, ya no puede ser el influencer que cobraba por sus opiniones o retweets promocionales. Ahora tiene el poder de mover mercados y afectar patrimonios, y la responsabilidad de “defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad”.

“Don’t cry at the casino” es una trivialización peligrosa que no aplica a los hechos. No estamos hablando de apuestas menores ni azarosas; esto, más bien, fue una ruleta rusa financiera, pero una ruleta donde ganaron los que conocían la información antes de su publicación y perdieron los que invirtieron luego de ella.

De más está decir que sus comparaciones con el casino y la ruleta rusa son poco felices e irresponsables, sobre todo en un país como el nuestro, donde los suicidios afectan a miles de familias y la ciberludopatía hace estragos.

Hay mucho por explicar, Presidente. La sociedad tiene derecho a saber la verdad de manera completa. Para evitar el oportunismo y el carancheo de quienes, como usted dijo, han estafado a todo el pueblo argentino, lo mejor es que haga dos cosas cuanto antes: brinde explicaciones frente a toda la prensa en una conferencia libre y sin condicionamientos, y preséntese voluntariamente ante la Justicia para aportar toda la información y documentación.

Le dejo un tip más: deje de alegar su propia torpeza y, ahora, su tecno-optimismo.

Tal como lo habían anticipado, el bloque de diputados de Unión por la Patria confirmó este lunes la presentación del expediente del pedido de juicio político contra el presidente de la Nación, Javier Milei, a raíz del escándalo de promoción de criptomonedas de $LIBRA a través de sus redes, un token que alcanzó una cotización récord pero luego se desplomó. Además, criticaron a los aliados del Gobierno por no apoyar la decisión de abrir la Comisión de Juicio Político.

Así lo comunicó la bancada que conduce Germán Martínez durante una conferencia de prensa que brindaron en el tercer piso del Palacio Legislativo de la que participaron los diputados Carolina Gaillard, Vanesa Siley, Ramiro Gutiérrez, Eduardo Toniolli y Eduardo Valdés.

Martínez expresó: “Lo sucedido para nosotros es gravísimo, al menos desde el punto de vista legal, político, institucional que puede tener consecuencias graves para la Argentina. Es un escándalo que trasciende la frontera, que tiene una gran repercusión puertas adentro, pero también en el plano internacional. Esta estafa es una noticia que hoy se está analizando en forma global”.

“La gravedad se va incrementando a medida que van apareciendo nuevos actores, nuevos hechos, nuevas denuncias. Cuando tomamos la determinación de avanzar en un pedido de juicio político el sábado, en ese momento no sabíamos la cantidad de denuncias que ya había radicada en la justicia”, comentó.

El jefe del bloque se mostró asombrado al enterarse que “el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI están también sobre la denuncia”, y planteó: “Da la sensación de que este escándalo va a dar un nuevo capítulo cada día y, por lo tanto, esa dimensión del escándalo requiere una respuesta institucional en el Congreso argentino de la misma proporción”.

“Esto no es un tema partidario, hay que correr eso de lado. Es un tema claramente institucional para nosotros. El tema merece una enorme responsabilidad institucional por cada uno de nosotros. Responsabilidad que el presidente de la Nación no tuvo”, apuntó.

Así, expresó y compartió el deseo de “llevar a fondo una investigación” junto con los espacios y organizaciones políticas, particulares que han radicado denuncias de tipo penal. “Hay bloques parlamentarios que han presentado recientemente proyectos de creación de comisiones investigadoras, hay otros que han planteado interpelaciones para tener toda la información por parte del Ejecutivo”, comentó.

En ese sentido y sin hacer mención, criticó al bloque Pro que “no quieren que se investigue y eso llama mucho la atención, los comunicados de prensa de algunos bloques parlamentarios que pareciera que, en vez de ser oposición del oficialismo, hacen oposición de la oposición, un hecho insólito. En momentos donde este Congreso no discutió la Ley de Presupuesto, que no está discutiendo temas sensibles para la vida cotidiana como la moratoria previsional y en momentos donde el presidente dice que va a sacar nuevos actos administrativos, invocando facultades que el propio recinto le dio a través del voto de algunos diputados que decidieron darle ‘herramientas’”.

Martínez sostuvo: “Vamos a profundizar el diálogo político con los diferentes partidos y estamos convencidos que la herramienta institucional, que para algo la prevé la Constitución Nacional y lo que más se adapta, es el instituto del Juicio Político y vamos a avanzar en ese sentido”.

De cara a la entrevista que dará Milei en la noche de este lunes, le pidió que “no se victimice”, y que se haga cargo de lo que hizo y que dé explicaciones. “El lugar para dar explicaciones es el Congreso. Algunos parecen que se conforman con la auto investigación. Este es un tema que requiere la profundización de las acciones que tenemos que hacer cada uno de los poderes del Estado”, resaltó el santafecino.

“Nosotros nos tenemos que hacer cargo de analizar a fondo las responsabilidades de tipo políticas que tiene este tema y el instituto del juicio político va justamente en ese sentido”, reiteró y afirmó: “Los 47 millones de argentinos y argentinas tienen que saber si tienen un presidente al cual le pasa una estafa por delante de sus narices y no se da cuenta, o si tienen a un presidente estafador. Me parece que a un presidente que siempre se para en una posición moral superior al resto, que ha descalificado a los medios de prensa y a los periodistas, que ha descalificado a los artistas hasta llevarlos a la censura, que ha descalificado a los científicos, que ha descalificado a legisladores nacionales diciéndole las peores barbaridades de alcance global, porque esta estafa es un escándalo de alcance global”.

Comisión de Juicio Político

Fue la diputada Carolina Gaillard, quien supo ser titular de la comisión en la gestión anterior y llevar adelante el Juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, explicó que “es la herramienta institucional que establece la Constitución Nacional en el artículo 53 para determinar responsabilidad cuando obrare el presidente de la Nación con mal desempeño o cometer delitos en el ejercicio de la función pública o crímenes comunes”.

“En ese sentido la Constitución es muy clara y es la que habilita a investigar y determinar las responsabilidades en el marco del juicio político que está regulado en el reglamento de la Cámara de Diputados que establece que la Comisión de Juicio Político se abocará a su competencia principal y este es el artículo 90 del reglamento”, precisó.

Gaillard resaltó que se trata de una comisión investigadora de este Congreso que investiga y dictamina en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución y, dentro de los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución en el artículo 53, está el presidente de la Nación, la vicepresidenta u otros ministros. Luego procedió a explicar el funcionamiento de la comisión.

“La Comisión de Juicio Político en Diputados lo único que hace es investigar.  Una vez que se recaba la prueba se determinará la responsabilidad y se definirá la acusación o no, pero eso después de realizar la investigación y le quedará al Senado definir cuáles son las sanciones correspondientes para el caso que son las que establece la Constitución”, cerró.

Aspecto judicial

A su turno, el diputado Ramiro Gutiérrez ratificó: “Estamos en presencia un hecho muy grave. Ese hecho tiene gravedad institucional porque el presidente de los argentinos se encuentra en posición de garante. Esa posición de garante nace de la Constitución Nacional artículo 99 el presidente tiene la responsabilidad política de administrar el patrimonio de la Nación”.

“El presidente es una persona que hoy está confundiendo su rol, lo ha desvirtuado y nosotros necesitamos en esta casa, frente a una persona políticamente expuesta que ha gerenciado un puente de oro para que muchas personas puedan ingresar a lo que a todas luces parece ser una acción defraudatoria, dé todas las explicaciones”, señaló Gutiérrez.

En tanto, planteó: “Hay que abrir la caja negra que son todas las conductas precedentes, todas las reuniones, todas las personas que quieren declarar en estas horas. Por eso este Congreso que tiene facultades implícitas tiene que agotar todas y cada una de ellas”.

Así, respaldó la idea de crear una comisión investigadora, las acciones penales que se puedan hacer y todas las que están incurriéndose en estas horas para “tratar de dilucidar ese hecho grave”.

DEBEMOS INVESTIGAR AL PRESIDENTE JAVIER MILEI A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE JUICIO POLÍTICO POR MEGA ESTAFA

La Comisión de Juicio Político de la HCDN es el único ámbito que la Constitución prevé para investigar el desempeño del Presidente de la Nación (Art. 53 de la CN y Art. 3° de… pic.twitter.com/DHLHfjP9fZ

— Vanesa Siley (@Vsiley) February 17, 2025

Luego, la diputada Vanesa Siley indicó que ante la evidencia primera que hay son dos tuits de Milei y precisó que en uno invita a participar de “esta estafa con un destino que, era el destino económico de la Argentina de inversores, para hacer un beneficio productivo de emprendedores y de pequeñas empresas y fija el contrato en ese es un tweet”.

“Ese es un primer tweet este sería el Milei economista máster en ciencias económicas. En el otro es el que sale a desmentir, donde borra el tweet anterior donde ya no habla de un emprendimiento o una empresa, sino de un supuesto emprendimiento y donde dice que no se había interiorizado en la materia”, agregó

Siley aclaró: “Este bloque quiere aportar a eso, a dilucidar con los mecanismos institucionales que tenemos a mano en este Congreso en la Nación y, en particular, en la Cámara de Diputados que sea por juicio político o sea por comisión investigadora que lo único que hace es investigar”.

La diputada apuntó: “En el segundo tweet es el Milei ignoto que invita al argentino, usando la investidura presidencial, a participar de una estafa. Nosotros tenemos que denunciar cuál de los dos presidentes tenemos en la Argentina y lo tenemos que hacer acá no lo puede hacer la oficina anticorrupción. No lo puede hacer una comisión investigadora del propio Poder Ejecutivo no se puede estar de los dos lados del mostrador nunca cuando se está frente a un escándalo”.

“Esto pone a nuestro país en un estado de gravedad muy importante. Es gravísimo lo que está pasando. También hay que preguntarse si es propio que sigan vigentes las facultades delegadas establecidas en la Ley Bases, es decir si este presidente que no sabemos si es un estafador o un ignoto timbero de redes sociales, no sabemos cuál tenemos, va a seguir teniendo súper poderes en la Argentina”, remató.

Por último, Martínez ratificó que en las próximas horas estarán ingresando el expediente que reúne todas las características propias de los pedidos de juicio político tal cual indica, no solamente el reglamento la Cámara de Diputados, sino el reglamento de la propia Comisión de Juicio Político.

Al respecto, precisó que harán una descripción pormenorizada de los hechos, que los van a vincular con los causales de juicio político tal cual dice el artículo 53. “Vamos a expresar también los cargos que nosotros planteamos para las personas involucradas y también vamos a hacer un ofrecimiento y una solicitud de generación de pruebas que respalden cada una de los cargos y que después se transforme las causales de juicio político, por lo tanto, vamos a estar trabajando en ese sentido”, resumió.

“Nuestro bloque va a trabajar con una enorme responsabilidad política, con una enorme sobriedad institucional, con una gran vocación de acuerdos y de consenso transversal con otras fuerzas políticas”, afirmó y aclaró: “No queremos meter este tema en ninguna grieta, al contrario, queremos impulsar una investigación que claramente en el ámbito de la Comisión de Juicio Político de respuesta a esta demanda que hay en 47 millones de Argentina que es querer saber eso”.

Al ser consultado por la prensa, si ven la posibilidad de que la comisión se ponga en marcha, Martínez recordó: “14 meses después de conformada la Cámara baja de que tenga sus autoridades que inclusive fueron ratificadas en la última sesión preparatoria, hay una comisión que la Comisión de Juicio Político donde todavía hay un tironeo puertas adentro de La Libertad Avanza respecto a sus autoridades”.

“Es un dislate que la comisión no esté ordenada del punto de vista de sus autoridades. Nosotros vamos a insistir en la solución de este problema, vamos a insistir incluso en la famosa presentación del 109 por los integrantes de comisión para que el tema se ponga en tratamiento y, también creo, que esta va a ser una cuestión que va a requerir un fuerte compromiso colectivo de toda la Cámara de Diputados, inclusive con la posibilidad de llegar al recinto”, confirmó.

El jefe de la bancada señaló que “hay otros espacios políticos, otros bloques que han ido por las comisiones investigadores especiales, otros por el proyecto de interpelación. Han ido por distintos caminos y nosotros, insisto, vamos a seguir dialogando con todos, aunque creamos que nuestra propuesta de juicio político es claramente la que le da una jerarquía institucional a la investigación que requiere este tipo de cosas”.

Al ser consultado por la postura del bloque Pro, opinó: “No me extraña que digan que ‘en esa instancia’ no van a participar de la comisión, casi que me parece un apriete, una extorsión”.

“Queremos que la investigación se realice en el ámbito del Congreso y, a partir del instituto que lo dice la Constitución Nacional que exista para este tipo de casos, nosotros creemos que la gravedad en términos jurídicos políticos institucionales de lo que pasó, y de lo que todavía está pasando, estamos en un escenario claramente dinámico, de un tema sumamente complejo en y nos parece que el instituto juicio político por las capacidades investigativas que le da esa comisión es la que mejor expresa esa posición de querer echar luz sobre esto”.

Ante la conmoción que generó la participación de Javier Milei el viernes por la noche en la promoción de $LIBRA, un token que alcanzó una cotización récord pero luego se desplomó, desde el Congreso se siguen sumando proyectos de resolución pidiendo explicaciones al Ejecutivo por lo ocurrido.

En esta ocasión, el bloque de diputados de Democracia para Siempre, conducido por Pablo Juliano, presentó dos proyectos de resolución. El primero de ellos propone la creación de una comisión investigadora en medio del escándalo cripto que envuelve al máximo mandatario del país.

"La conducta del Sr. Presidente de la Nación Javier Milei que derivó en la promoción de la criptomoneda $LIBRA y en la generación de millones de dólares en ganancias para unos pocos y desconocidos inversores iniciales a costa de quienes siguieron el mensaje de la cuenta presidencial nos obliga a promover la creación de una comisión investigadora. La Cámara de Diputados debe hacerlo en cumplimiento de sus facultades constitucionales de fiscalización y control", argumentaron.

En la iniciativa establecen que la comisión tendrá como objeto principal investigar y analizar la referida conducta y sus consecuencias legales; estará integrada por 15 miembros, elegidos a propuesta de los respectivos bloques parlamentarios de acuerdo a la proporcionalidad; dictará su propio reglamento y se regirá por él; la presidencia de la Comisión será desempeñada por un diputado designado por la Comisión a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores.

“La gravedad institucional de lo acontecido por el accionar el primer mandatario nos convoca para investigar y concluir si se han cometido delitos o si estamos en presencia de mal desempeño o de conductas contrarias a la ética pública o al conflicto de intereses”, fundamentaron.

La otra iniciativa solicita que el Ejecutivo responda si el presidente Milei tiene algún vínculo con los creadores de la criptomoneda $LIBRA; Cuál fue la razón por la cual el Presidente el día viernes 14 de febrero de 2025 a las 19 horas, la promocionó a través de un posteo propio; recibió el presidente Milei alguna retribución por la promoción realizada a favor del proyecto mencionado, entre otras cuestiones.

El diputado nacional Martín Tetaz (UCR) opinó este lunes que el escándalo cripto en el que quedó envuelto Javier Milei "erosionó la confianza del presidente y la sensación de que era el Messi de la economía taclea".

"Me sorprendió el propio tuit, nadie lo podía creer. Me pareció muy poco profesional por parte del presidente", expresó sobre el mensaje en la red social X que el mandatario compartió el pasado 14 de febrero promocionando $LIBRA.

Pero además, el radical dijo que algo que le llamó "mucho la atención" fue "la falta de reacción del Gobierno ante lo que ya era evidente". "Si esto que pasó hubiera pasado con un tema importante, como de seguridad nacional, la falta de capacidad de reacción del Gobierno no puede tardar cinco horas, cuando todo el mundo y especialistas le decían que esto estaba mal", señaló.

"Es una posibilidad que el presidente no sepa cómo funciona el mercado cripto; puede ser un economista muy bueno en la teoría económica, pero no tener mucha idea respecto de esto que es relativamente nuevo", manifestó.

No obstante, Tetaz observó que "aún si la Justicia admite la explicación del presidente de 'me estafaron', eso dinamita mucho la debilidad del presidente hacia adelante. Ya no es la figura de economía que iba a recibir el Nobel y le decía a todos que no sabían nada y eran todos burros; ahora tiene que asumir que el burro era él y eso es complicado para la figura del presidente".

Por otra parte, en diálogo con radio La Red, el legislador de la UCR consideró que hablar de juicio político, como piden desde Unión por la Patria "es muy prematuro". "Me parece que, hasta tanto se aclare todo y avancen las denuncias en la Justicia, es un poco exagerado, y además genera una crisis institucional de proporciones gigantescas. Es un mecanismo de última instancia", aseguró.

En la ola de repercusiones por el escándalo cripto protagonizado por el presidente Javier Milei, el diputado nacional Ricardo López Murphy (Encuentro Federal) opinó que se trata de "un hecho muy desgraciado, que le va a ser daño a la reputación del país" y tendrá "un costo enorme, muy negativo".

Además, expresó su preocupación por "cómo se controla la comunicación presidencial". "Me pareció un error inexcusable que se promueva una operación de estas y luego se diga que uno no estaba interiorizado. Es un error que no había necesidad de cometer", dijo el porteño.

En declaraciones a radio Rivadavia, el legislador agregó: "Mi impresión es que fue una cosa no pensada, eso no quiere decir que haya habido personas alrededor del presidente que hayan actuado de manera incorrecta; todo eso va a generar un manto de duda y se va a resolver a medida que tengamos más información".

Para López Murphy, "es natural que el Congreso de la Nación reaccione buscando que haya una respuesta" y consideró que el jefe de Gabinete debería asistir "a explicar qué pasó".

Consultado sobre el pedido de juicio político que promueve Unión por la Patria, el diputado señaló que "para eso se requiere un procedimiento complejo; no creo que estén todavía cumplidos los extremos para una medida de esa naturaleza".

El diputado nacional Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) criticó con dureza la promoción de una criptomoneda por parte del presidente Javier Milei, calificándola como “un acto de irresponsabilidad mayúscula”.

"El presidente no puede comunicar beneplacitamente sobre un tema financiero”, enfatizó y dijo que su accionar "deja dudas sobre si fue parte de una estafa o simplemente actuó sin conocimiento". “Si lo sabía, está siendo parte de la estafa. Y si no lo sabía, no lo tendría que haber hecho”, afirmó.

Además, el legislador consideró que la Justicia debería investigar el caso “de manera natural y oficial” y que el Congreso debería avanzar con una interpelación.

“Me parece grave lo que está pasando y no se puede hacer como que no pasa nada”, advirtió el santafesino y cuestionó la reacción del mandatario ante las críticas: “Se defiende atacando, insulta y diciendo barbaridades”.

Con motivo del escándalo en el que quedó envuelto el presidente Javier Milei a partir de promocionar desde sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA, que subió en su cotización en tiempo récord pero luego se desplomó, el kirchnerismo anunció que presentará un pedido de juicio político, mecanismo previsto en la Constitución Nacional pero que, por las mayorías que requiere, muy difícilmente -por no decir imposible- prospere. Sumado a ello que sectores de la oposición dialoguista prefirieron hablar de otro tipo de estrategia para investigar lo ocurrido.

El juicio político está previsto en tres artículos de la Carta Magna. En el 53 se refiere a la competencia de la Cámara de Diputados para iniciar la acusación: "Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes".

En tanto, el 59 señala que "al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto". Y aclara que "cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema". "Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes", establece sobre el número que se requiere para hacer efectiva una destitución.

Mientras que el artículo 60 señala que "su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios".

De acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Juicio Político, compuesta por 31 miembros, le compete "investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución y los previstos en la ley 24.946 y en las quejas o denuncias que contra ellos se presenten en la Cámara". "Cuando el pedido de remoción se dirige contra un funcionario público no sujeto a juicio político, la comisión podrá disponer su archivo o remisión al órgano competente", agrega.

La comisión deberá resolver sobre cuáles denuncias son admisibles y cuáles no, y a partir de allí se abrirá la investigación, en la que se podrá citar a testigos y requerir información al Poder Judicial. Concluida la investigación, en caso que corresponda, se podrá arribar a un dictamen acusatorio con la firma de la mitad más uno de los miembros de la comisión.

En caso que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen acusatorio con los dos tercios de los votos, la misma Cámara deberá elegir a uno o dos diputados que serán los que presenten la acusación ante el Senado. La Cámara alta, por su parte, decidirá por dos tercios de los presentes si destituye o absuelve al acusado. La Constitución establece, además, que si el acusado es el presidente de la Nación, el Senado no deberá ser presidido por el vicepresidente, miembro del Poder Ejecutivo, sino por el presidente de la Corte Suprema.

El último antecedente de trabajo de la Comisión de Juicio Político fue durante todo el año 2023, cuando el Frente de Todos impulsó una acusación contra los jueces de la Corte Suprema, llegando -con mayoría propia- a firmar un dictamen acusatorio que, por la falta de votos, nunca se llevó al recinto.

Mientras reina la incomodidad en los aliados y otros sectores dialoguistas piden una comisión investigadora, el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados reclamará que se ponga en marcha la Comisión de Juicio Político a raíz del escándalo cripto protagonizado por el presidente Javier Milei.

La bancada que conduce Germán Martínez convocó a una conferencia de prensa este lunes, a partir de las 17.30, en el tercer piso del Palacio Legislativo.

Prontamente, ante la conmoción que generó la participación del mandatario el viernes por la noche en la promoción de $LIBRA, un token que alcanzó una cotización récord pero luego se desplomó, UP salió a horas después a anunciar que presentaría un pedido de juicio político.

"La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación", se comunicó.

El camino del juicio político -que ya algunas voces salieron a rechazar, entre ellas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como así también algunos referentes no oficialistas- requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, sumado a que la comisión debería ser puesta en marcha por el oficialismo y la presidencia de la misma quedó en un limbo por la propia interna libertaria.

Los diputados nacionales de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño y Miguel Ángel Pichetto, junto a otros miembros del bloque, presentaron un pedido de informes que exige al Poder Ejecutivo Nacional aclarar los hechos vinculados a la promoción y posterior desplome del activo digital “$Libra”, difundido por el presidente Javier Milei en sus redes sociales. La iniciativa busca determinar qué funcionarios o asesores participaron en la estrategia de difusión, si existieron contactos previos entre los promotores del token y el entorno del Gobierno, y si allegados al oficialismo obtuvieron beneficios económicos.

“El propio presidente, en uso de su investidura y de su llegada masiva al público, promovió un activo financiero sin regulación ni respaldo, lo que pudo haber inducido a error a pequeños inversores”, señala el documento, que advierte que la caída del token habría provocado pérdidas de al menos 87 millones de dólares, perjudicando a numerosos ahorristas que confiaron en su recomendación.

Los legisladores preguntan si el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores detectaron irregularidades en la difusión de este activo y si se prevé la renuncia o el despido de funcionarios involucrados. También subrayan que este episodio no solo impacta en la confianza de los inversores, sino que también compromete la credibilidad de las instituciones nacionales y afecta la imagen del país en el exterior.

El pedido de informes cuestiona, además, la relación de Milei con Mauricio Novelli, Hayden Davies y Julian Peh, principales figuras detrás del activo digital, y consulta si estos empresarios accedieron a información privilegiada o si influyeron en la decisión del mandatario de promocionar la criptomoneda. Se exige, asimismo, información sobre quiénes fueron los beneficiarios y damnificados de la operatoria, incluyendo un listado detallado de personas y empresas involucradas en las transacciones. “Si el presidente fue inducido al engaño, como sugiere el Gobierno, se deben tomar medidas inmediatas para recuperar la confianza antes de que abran los mercados”, sostienen los diputados.

Otro de los puntos sensibles del pedido es el motivo por el cual las reuniones con asesores y empresarios vinculados a las criptomonedas se llevaron a cabo en el Hotel Libertador de la Ciudad de Buenos Aires, y si su propietario, Eduardo Elsztain, conocía la naturaleza de estos encuentros. También se consulta si el Ministerio de Justicia solicitará una investigación judicial para determinar responsabilidades, no solo de funcionarios, sino también de los operadores financieros que estuvieron detrás del colapso del activo.

El proyecto también busca esclarecer si el Gobierno prevé comunicarse con organismos internacionales como la GAFI o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para solicitar mayores investigaciones sobre lo ocurrido y determinar responsabilidades. Los diputados exigen conocer qué medidas adoptará el Ejecutivo para evitar que desde el Gobierno se vuelvan a promocionar activos financieros sin regulación ni respaldo. “Es imperioso y urgente que se investigue lo sucedido y que se tomen decisiones ejemplares para prevenir futuros escándalos que socaven la credibilidad de nuestras instituciones”, concluye la iniciativa.

Al segundo día del escándalo por la promoción presidencial de una criptomoneda y todas las consecuencias que el hecho tuvo, el principal aliado de La Libertad Avanza, el Pro, se pronunció a través de un comunicado. Y no lo hizo para defender al Gobierno, sino para expresar su preocupación y pedir una explicación profunda y las explicaciones pertinentes.

“Desde el PRO expresamos nuestra preocupación por los hechos que sucedieron en las últimas horas y que afectaron a la confianza en nuestro país. Lo que pasó es grave. No solo por el impacto económico en quienes creyeron en esta inversión, sino también por la credibilidad del país y la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial”, expresó el partido amarillo a través de un comunicado.

Para el partido que preside Mauricio Macri resulta “fundamental que se investigue a fondo cómo pudo suceder esto y que se esclarezcan todas las dudas”. Agregan que “el Gobierno anunció una investigación profunda, lo cual es un paso necesario, pero esperamos que este proceso sea riguroso y transparente, que responda todas las preguntas que hoy se hacen los argentinos y que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan”.

“Y en esto queremos ser claros: denunciamos la utilización oportunista de esta situación por parte del kirchnerismo, que no tiene ninguna credibilidad para dar lecciones de moral y transparencia”, remarcaron desde el Pro. Asimismo aclararon no estar a favor de un juicio político en esta instancia. Y cerraron: “Argentina no necesita más grieta ni maniobras políticas irresponsables, sino respuestas claras y justicia para quienes fueron afectados”.

El viernes por la tarde, el presidente utilizó su cuenta de X para publicitar $LIBRA, token que alcanzó rápidamente altos valores y con la misma velocidad se devaluó. Los administradores de $LIBRA ganaron fortunas estimadas en unos 87 millones de dólares a expensas de los inversores. Para el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, los acontecimientos revisten una “gravedad institucional indisimulable”.

A través de un comunicado, el radicalismo planteó que “la investidura presidencial es un activo fundamental del país, de las instituciones y de cualquier plan económico. La palabra presidencial no puede administrarse con semejante irresponsabilidad”.

“Las declaraciones de un presidente en materia económica-financiera, en lo que hace a inversiones, deben ser formuladas cuando resulten estrictamente necesarias, hagan a la cosa pública, promuevan el interés general y beneficio colectivo. En caso contrario, se pueden producir beneficios excesivos y concentrados y miles de perjudicados, como se desprende  de lo sucedido. Incluso en el contexto de vulnerabilidad que sufre la estabilización económica se pone en riesgo el esfuerzo y sacrificio de todos los argentinos que soportan el peso del cambio de rumbo económico”, agregó la UCR.

La bancada que conduce Rodrigo de Loredo cerró anticipando que “desde el bloque de la Unión Cívica Radical exigimos la inmediata determinación de los hechos y la investigación para identificar responsabilidades legales, civiles y penales. Urgen aclaraciones oficiales sino será el parlamento quien deberá proceder al respecto”.

En medio del escándalo por la estafa con la cripto $LIBRA, que involucra directa y seriamente al presidente de la Nación, un dispositivo de poder libertario -encabezado por el asesor Santiago Caputo- ya puso en marcha el plan de emergencia para evitar que la Justicia avance sobre Javier Milei.

El objetivo es construir un escudo que blinde al jefe libertario o que, como mínimo, demore casi eternamente su comparecencia ante los tribunales.

Al otro día del hecho que ya es un escándalo histórico, la Casa Rosada hizo viralizar el argumento que será una piedra angular para la defensa: “un tuit no es delito”.

La cara visible de esa particular interpretación es el abogado Jorge Grispo, que en las últimas horas inundó los medios con la invitación a tratar todo como un mero debate sobre los límites de la comunicación institucional del presidente.

Ese debate, afirma Grispo, “debe darse en el ámbito de la política, no en los tribunales penales”.

Pero el plan también incluye que Milei aparezca con una “fuerte iniciativa por someterse a investigaciones”; no comenzando por la Justicia, sino por el propio Gobierno que él conduce.

En ese marco, ya se comunicó que “el presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente”.

Sin embargo, en su información de presentación institucional, la OA destaca:

- “No estamos obligados a intervenir en todos los hechos que puedan constituir un acto de corrupción, porque esa es una actividad propia de la Justicia en el ámbito penal”.

- “Tampoco imponemos sanciones penales. Esa es una actividad de los fiscales y los jueces”.

No conformes con la maniobra distractora, desde el Poder Ejecutivo también anunciaron que “el presidente de la Nación ha decidido crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación”.

Nada más idéntico a una autocracia. El titular del Poder Ejecutivo usurpa competencias del Poder Judicial, se investiga a sí mismo y, para hacerlo, usa estructuras estatales que están atadas a su propia decisión.

No hacen falta más evidencias. Ya está en ejecución; es un plan de emergencia que camina hacia la impunidad.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Y un día la dedicación obsesiva del presidente Javier Milei en las redes sociales le trajo problemas. Su posteo en la red social X y en Instagram promocionando a la criptomoneda $Libra durante más de seis horas generó una repercusión mundial que no es aquella que él suele replicar en las mismas redes, y sobre todo en el plano interno, donde la oposición salió masivamente a cuestionarlo y por primera vez llegó a esgrimir como amenaza el juicio político.

Es lo que anunció este fin de semana el bloque de diputados de Unión por la Patria que conduce Germán Martínez. Tres días después de una sesión en la que las tensiones entre esa bancada y el oficialismo quedaron más que nunca expuestas a cielo abierto -amenaza boxística incluida-, UP difundió un mensaje en el que considera que “la participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes”, por lo cual anunció la decisión de “avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación”.

Los senadores de Unión por la Patria se alinearon con sus pares de la Cámara baja, a través de un comunicado difundido en las redes en el que anticipan que “el Senado de la Nación no puede permanecer ajeno a los hechos de público conocimiento que tienen como protagonista al presidente de la Nación, Javier Milei. La ciudadanía debe estar informada de que es esta Cámara la encargada de juzgar en juicio político a quien PRIMERO es acusado por la Cámara de Diputados, conforme lo establece el artículo 59 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, los senadores y las senadoras deben actuar con prudencia respecto de este instituto”.

El interbloque que encabeza José Mayans instó a que “la Cámara de Diputados de la Nación intervenga en este caso ejerciendo las atribuciones que le confiere la Carta Magna”, considerando que “la gravedad de los hechos amerita que las instituciones funcionen rápidamente y sus miembros estén a la altura de las circunstancias”.

Desde el viernes por la noche que el tema está dando vueltas en las redes sociales, donde legisladores de todos los sectores de la oposición -menos el Pro- salieron a cuestionar de la manera más dura al presidente Javier Milei. Picó en punta Esteban Paulón, que presentó en sus redes un pedido de informes que redactó para que el jefe de Gabinete conteste sobre lo que considera como “la posible comisión de múltiples delitos por parte del primer mandatario”. Pero más tarde, el propio diputado socialista dijo que los diputados de diversos bloques “estamos trabajando para presentar el lunes a primera hora el pedido de juicio político a Javier Milei”.

El texto que buscan impulsar esta semana habla de “promover juicio político contra el presidente de la Nación, sr. Gerardo Javier Milei, por el mal desempeño y eventuales delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Nacional de la República Argentina”.

El primer artículo habla de constituir a la Comisión de Juicio Político a los fines de investigar y dictaminar sobre la responsabilidad del presidente de la Nación por su posible participación en la presunta defraudación vinculada a la cripto/token/memecoin $LIBRA”.

El siguiente artículo solicita información que consta en la Comisión Nacional de Valores como órgano regulador del mercado de cripto activos según resoluciones 994/2024 y 1025/2024”.

Los siguientes artículos piden información a la Unidad de Investigación Financiera, como así también piden la intervención de la Oficina Anticorrupción para dictaminar sobre esos hechos.

La defensa de Marcela Pagano

Votada como presidenta de la Comisión de Juicio Político, pero nunca reconocida como tal por el presidente de la Cámara, Martín Menem, la diputada oficialista Marcela Pagano salió en defensa de Milei. Oficiando en el rol de titular de la citada comisión, Pagano lanzó: “¡No se hagan los rulos! El tweet de @JMilei no fue en el ejercicio de sus funciones (Art. 99 CN) por lo que los diputados y senadores no tenemos jurisdicción para evaluar un mal desempeño de la función”.

“El juicio político es una herramienta extrema y excepcional que no debe ser bastardeada para ganar títulos de diarios”, agregó la diputada.

Para los ignorantes que opinan sin leer la CN les recomiendo que lean de qué se tratan las facultades de un presidente antes de hablar de incumplimiento de sus deberes… pic.twitter.com/PgnyTqHKkI

— Marcela Pagano (@Marcelampagano) February 15, 2025

El constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo por su parte que “el episodio de las criptomonedas que protagonizó el presidente exige la actuación de una comisión investigadora que aclare lo sucedido. Se deberían tomar las medidas que resulten necesarias. De lo contrario, se estaría avalando un accionar no transparente del primer mandatario”.

Para la diputada kirchnerista Julia Strada, “Milei fue partícipe necesario de una cripto estafa y potencial acto de corrupción por un valor de casi 100 millones de dólares, al promover la inversión en un criptoactivo valiéndose de su rol en la primera magistratura de la Nación”. La legisladora anticipó que “desde el Congreso, quienes integramos el bloque de Unión por la Patria, impulsamos el pedido de Juicio Político al presidente. Queremos que se conozca y castigue a quienes se enriquecieron con la estafa cripto y vamos a acompañar a todos los damnificados. Para eso también nos presentamos con una correspondiente denuncia penal en la justicia”.

“Ojalá los diputados que cacarearon por twitter el viernes a la noche después no finjan demencia a la hora de votar. Yo lo viví: con Ley Bases, con jubilaciones, con Universidades y la semana pasada con Ficha Limpia. Acá son guapos pero a Milei le votaron TODO. Espero que esta vez no tengan miedo”, tuiteó Strada.

Reclamo de explicaciones

Economista y presidente del radicalismo, el senador Martín Lousteau señaló que “es la segunda vez que, como funcionario, Milei publicita activos del mundo crypto que terminan siendo una estafa. ¿Le cabría la penalidad por reiterancia que propone en el proyecto que Patricia Bullrich envió al Senado?”

“Vamos a exigir que los organismos responsables auditen para que se pueda saber quiénes son los que lucraron a costa de argentinos que creyeron en el posteo del Presidente”, advirtió Lousteau.

Doce bolsos de López se llevaron con una estafa cripto y el presidente, como mínimo, fue partícipe necesario.

Esta es la segunda vez que el presidente recomienda una estafa. No fue una simple torpeza. pic.twitter.com/6pPFKWvcFc

— Martín Lousteau (@GugaLusto) February 15, 2025

Este sábado, desde esa bancada de Encuentro Federal difundieron un comunicado en el que exigen “explicaciones inmediatas sobre la promoción de un activo financiero altamente cuestionable por parte del presidente Javier Milei”. Para el bloque conducido por Miguel Pichetto, se trata de “un hecho de una gravedad institucional sin precedentes”. El mensaje hace referencia a que el token Libra que publicitó el presidente argentino “se desplomó tras una liquidación masiva de un grupo reducido de tenedores que controlaban el 84% de los activos, retirando al menos 87 millones de dólares y dejando a cientos de compradores con pérdidas millonarias”.

“El presidente debe explicar con claridad lo que hizo en lugar de cuestionar a la oposición -expresa el comunicado difundido este sábado-. Milei es economista y no puede desconocer las consecuencias de promover un activo de estas características”.

Preguntas que quieren que conteste Milei de inmediato: “¿Quiénes están detrás de la emisión y comercialización del token Libra? ¿Qué vínculos tienen con el Gobierno o con el entorno personal del presidente? ¿Algún funcionario o allegado al oficialismo obtuvo un beneficio económico de esta promoción? ¿Por qué se utilizó la investidura presidencial para impulsar una inversión que resultó en un brutal perjuicio para la ciudadanía de buena fe?”.

Para Encuentro Federal, “lo ocurrido es inaceptable” y el presidente debe “dar explicaciones y asumir las consecuencias de sus actos”.

A su vez, desde el bloque Democracia Para Siempre anticiparon la decisión de insistir con la creación de una comisión investigadora en el Congreso. “Esto sin perjuicio de realizar la oportuna denuncia ante la Justicia”, señalaron a través de un comunicado en el que advierten que “Javier Milei fue elegido para defender a todos los argentinos, no para favorecer los intereses inescrupulosos de un grupo de personas allegadas y de dudosos antecedentes”.

“Durante cinco horas el Presidente promovió en sus redes sociales la compra de acciones de una nueva criptomoneda, que en poco tiempo se desvalorizó provocando una enorme estafa”, continúa el bloque que encabeza Pablo Juliano, que pregunta quién se benefició económicamente y quién salió perjudicado. "El Congreso y la Justicia deben actuar como contrapeso de un Poder Ejecutivo que todos los días transgrede la ley”.

LOS TUITS SE BORRAN, LAS ESTAFAS NO

Las explicaciones del presidente sobre la criptomoneda Libra, que se desplomó tan rápido como creció, son insuficientes. Si no estaba interiorizado del proyecto, ¿por qué lo promocionó desde sus redes sociales y fijó el tuit durante horas, aun… pic.twitter.com/Do1FdMNN9s

— Facundo Manes (@ManesF) February 15, 2025

Flamante presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora nacional Alejandra Vigo, consideró que el caso del presidente y la criptomoneda $Libra “reviste gravedad institucional”. Dijo que “no es un asunto que deba resolverse en el ámbito político, sino en los tribunales dado que -según la información- fueron perjudicadas miles de personas”, y posteó en su cuenta de X: “Corresponde que la Justicia investigue si -el hecho que involucra al Presidente- constituye un delito penal. LA JUSTICIA DEBE ACTUAR DE INMEDIATO”.

Decir que no estaba “interiorizado en los pormenores” no alcanza, el Presidente tiene que rendir cuentas.

Usar su posición para promover inversiones privadas de alto riesgo es un hecho muy grave. 87 millones de dólares son casi 10 veces los bolsos de López: los delitos no los…

— Mariela Coletta (@marielacoletta) February 15, 2025

Por su parte, desde la izquierda anticiparon que pedirán la interpelación de Milei en el Congreso. “Que se transmita por cadena nacional. Es un escándalo que el presidente reconozca que promocionó una estafa millonaria y después diga que no estaba interiorizado. ¿Va a dar la cara o se va a esconder como el ministro Caputo?”, expresó en las redes sociales Nicolás del Caño, al tiempo que su par Mónica Schlottahuer clamaba en las redes: “¡Milei es un facho, un miserable y un timbero! ¡No puede quedar impune!”.

Luego de más de seis horas de haber mantenido a la vista un tuit fijado en el que promocionaba un token de criptomonedas, generando una gran polémica entre propios y extraños, el presidente Javier Milei lo borró y aclaró no haber estado “interiorizado de los pormenores del proyecto”, ante lo cual decidió “no seguir dándole difusión”. Fue lo más cerca que estuvo de admitir un error propio, pero trascartón utilizó su estrategia de atacar como defensa. “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”, lanzó.

Uno de los que primero salió el viernes a cuestionar que promocionara $LIBRA fue el diputado Maximiliano Ferraro, quien este sábado hizo hincapié en el tiempo transcurrido entre la publicación y el momento en el que finalmente se desligó de lo que definió como una “estafa crypto que él mismo había compartido y promovido”. Y consideró que tantas horas de silencio “no solo alimentan el mito sobre la realidad que lo rodea: su supuesta infalibilidad, su mandato incuestionable y su omnipotencia”.

Con todo, Ferraro consideró que “esto no es un simple error. Es una negligencia grave, una posible ilegalidad y una muestra de irresponsabilidad por parte de quien ocupa la máxima investidura del país. No estamos hablando de un hecho menor, sino de transacciones por miles de millones de dólares”, dijo.

Para el titular de la Coalición Cívica, “el problema no radica solo en la promoción que hizo, sino en su incapacidad para reconocer el daño causado”. A su juicio, “un presidente que comete un error de esta magnitud debe asumirlo con responsabilidad. En cambio, elige una vez más la soberbia, la vulgaridad y la violencia”.

“¿Cómo es posible que no entendiera los pormenores? ¿No intentó asesorarse con su equipo económico? ¿No comprendía el riesgo al que sometía a miles de argentinos y a personas de todo el mundo?”, se preguntó el diputado nacional, que recordó que “en Derecho existe un principio claro: ‘nadie puede alegar en su favor su propia torpeza’. Mucho menos un presidente”.

Por último, Ferraro aclaró estar muy lejos de cualquier actitud destituyente, y remarcó que “no se trata de socavar su gobierno, sino de exigirle la responsabilidad que le corresponde como primera magistratura. Porque la investidura presidencial no es un escudo contra la crítica, sino un compromiso ineludible con la verdad y el bienestar de los ciudadanos”.

Gran revuelo generó este viernes el presidente de la Nación, Javier Milei, cuando al caer la tarde respaldó enfáticamente una criptomoneda. Lo hizo a través de un tuit fijado ponderando a Libra, un token que a partir de ello subió exponencialmente su cotización… para después derrumbarse.

Legisladores nacionales reaccionaron prestamente, calificando el hecho como “gravísimo” y anticipando pedidos de informes.

Dijo Milei en el tuit en cuestión: “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Vivalalibertadproyect.com. $LIBRA”.

La Argentina Liberal crece!!!
Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.
El mundo quiere invertir en Argentina.https://t.co/BtUJSdQXWy

Contrato:…

— Javier Milei (@JMilei) February 14, 2025

En las propias redes sociales alertaron que varias billeteras asociadas a $LIBRA habían retirado millones, dejando algunos saldos en $0. Ese comportamiento era consistente con un posible rug pull, por lo que se recomendaba precaución y verificar antes de interactuar con el proyecto. El rug pull es un modelo de fraude en torno a las criptomonedas, mediante el cual desarrolladores buscan atraer inversionistas para un nuevo criptoactivo y luego abandonan el proyecto con los fondos recaudados.

En un primer momento se especuló con un hackeo de la cuenta del presidente de la Nación, pero como desde la Rosada mantuvieron el silencio y con el correr del tiempo el posteo se mantuvo, eso fue descartado. De hecho, la diputada libertaria Lilia Lemoine, muy cercana al presidente, posteó: “Para que quede claro... no es un hackeo”, y replicó el tuit presidencial.

No era un hackeo, claro está, y en el propio espacio libertario se advirtió gran revuelo. A cielo abierto, las redes libertarias mostraban su perplejidad ante lo sucedido, hasta que cerca de las 2 de la madrugada el presidente volvió a escribir en sus redes. El citado tuit fijado ya no estaba. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna”, arrancó diciendo Milei, que aclaró que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

Pero a continuación planteó, bélicoso: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Reacciones desde el Poder Legislativo

“Milei debe ser investigado en el Congreso”, alertó el diputado nacional Maximiliano Ferraro. A través de un extenso posteo, el presidente de la Coalición Cívica advirtió que “si esto no fue un hackeo (hace tres horas, el presidente mantiene un post fijado en su cuenta oficial de X y, hasta el momento, ningún funcionario ni el propio Milei han salido a desmentirlo), entonces estamos ante un hecho gravísimo y escandaloso: el presidente Javier Milei lanzó o respaldó una criptomoneda ($LIBRA) que, en menos de dos horas, movilizó millones de dólares, generó ganancias extraordinarias y, finalmente, se desplomó, estafando a un número indeterminado de ciudadanos.

“El presidente  podría haber violado abiertamente la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos (art. 19). Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF no puede ignorar”, reseñó el legislador nacional. Para Ferraro, “esto no fue libre mercado. Fue una maniobra especulativa que podría estar apalancada en el poder político del presidente y en el uso de información privilegiada”.

Ante ello, Ferraro sostuvo que “el Congreso no puede dejar pasar este hecho. Debe constituirse una Comisión Especial Investigadora con las facultades necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”.

En las propias redes sociales alertaron que varias billeteras asociadas a $LIBRA habían retirado millones, dejando algunos saldos en $0. Ese comportamiento era consistente con un posible rug pull, por lo que se recomendaba precaución y verificar antes de interactuar con el proyecto. El rug pull es un modelo de fraude en torno a las criptomonedas, mediante el cual desarrolladores buscan atraer inversionistas para un nuevo criptoactivo y luego abandonan el proyecto con los fondos recaudados.

El socialista Esteban Paulón fue más allá al presentar un pedido de informes para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informe en la Cámara de Diputados sobre “la posible comisión de múltiples delitos por parte del primer mandatario”.

En su pedido de informes reclamó entre otras cosas conocer la vinculación del presidente con los creadores y promotores del memecoin $Libra, incluyendo su conocimiento personal de dichos individuos y la eventual vinculación comercial con los mismos.

Asimismo, pidió saber “si el presidente personalmente o el Gobierno nacional han recibido o tienen pautados beneficios económicos o compensaciones por promocionar la memecoin”.

PRESIDENTE JAVO PONZI MILEI

Ante la promoción de la memecoin $Libra por parte del Presidente @JMilei presentamos un pedido de informes para que el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk informe en @DiputadosAR sobre la posible comisión de múltiples delitos por parte del primer mandatario pic.twitter.com/V3RUd8a9FG

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) February 15, 2025

“Que un presidente de la Nación promueva una inversión cual influencer ya de por sí es un delito. Que encima lo haga en una estafa de corto plazo para que 10 vivos ganen millones de dólares en cuestión de minutos, no solo habilita una investigación por parte del Poder Judicial, son también a que hagamos una desde el Congreso”, planteó desde Unión por la Patria Itai Hagman. En otro posteo, continuó Hagman: “¿Un presidente dando recomendaciones de inversiones cripto de dudosa procedencia?  Aca hay tongo y estafa de acá a la china. Lo hizo como candidato con CoinX, y su titular terminó en cana. Ahora lo hace como presidente. ¿Algún fiscal o juez va a hacer algo?”.

A su vez, el senador nacional pampeano Daniel Bensusan no tiene dudas de que “nos encontramos con uno de los casos de corrupción más grandes de Argentina. Milei promocionó una estafa en sus redes sociales y logró que 10 personas le robaran millones de dólares a miles de inversores”.

“Un grupo de personas, que se desconoce su identidad, armaron un sitio web claramente falso y lograron que Milei lo promocione en sus redes sociales. Una vez que el precio se disparó, vendieron todo y la moneda se desplomó estafando a miles de personas”, agregó el pampeano, para concluir: “Nadie del Gobierno aclara nada. Estamos desamparados ante un MILEI que no le interesa la gente y se asocia con estafadores y criminales internacionales. Javier Milei tiene que dar explicaciones urgente”.

“Insólito”, posteó por su parte Victoria Tolosa Paz. “Un presidente promocionando criptomonedas, pidiéndole al pueblo que cargue sus datos personales en una página anónima escrita en inglés -continuó-. ¿La semana que viene qué nos va a querer vender, paquetes a la luna?”. Y en una post data le recordó al mandatario que “su ministra favorita”, por Sandra Pettovello, cerró la Conami, que se encargaba, con total transparencia (los datos eran públicos y publicados) de financiar pequeños proyectos productivos”.

Algunas ballenas ganaron unos cuantos palos verdes… quienes serán ? Funcionarios públicos ? El mismo presidente? pic.twitter.com/IDW1yo5MWd

— Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) February 15, 2025

Gravísimo el presidente promocionando una estafa!!! https://t.co/wwoV6l8QuV

— Paula Penacca (@PaulaPenacca) February 15, 2025

El exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez posteó por su parte: “Presidente, si a usted no le han hackeado la cuenta, sepa que está violando el Artículo 2do inciso G de la Ley de Ética Pública: 'g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa'. Deje de hacerse el transgresor. No aliente el quiebre de las leyes. Una brisa de la historia no es la historia”.

Presidente, si a usted no le han hackeado la cuenta, sepa que está violando el Artículo 2do inciso G de la Ley de Ética Pública:

"g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas… https://t.co/VwyAAIj5oM

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) February 15, 2025