Diputados de la oposición criticaron y repudiaron las medidas que tomó el Gobierno nacional en torno a los ferrocarriles argentinos. Por un lado, frenó la licitación del tren San Martín y, por otro lado, suspendió el ramal que conecta General Guido con Pinamar.

El Ministerio de Economía dejó sin efecto la licitación para la renovación de vías y señalamiento del Ferrocarril General San Martín, obra financiada originalmente por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La medida fue oficializada mediante la Resolución 343/2025, publicada el 26 de marzo en el Boletín Oficial.

El proyecto había sido impulsado por el entonces Ministerio de Transporte en 2022, y contemplaba trabajos en el tramo que une la estación Retiro con Pilar, a lo largo de casi 57 kilómetros de vías. La licitación anulada tenía como eje la obra de “Diseño y Construcción de la Obra de Renovación de Vías y Señalamiento del FC Gral. San Martín, Sector Estación Retiro (KM 0.000) a Estación Pilar (KM 56.440)”, financiada parcialmente por el préstamo de hasta 400 millones de dólares.

El diputado nacional Florencio Randazzo (Encuentro Federal) criticó la medida y recordó: “La línea San Martín podría estar electrificada, con vías nuevas y señalamiento moderno. Pero vinieron gobiernos de todos los colores… y no hicieron nada. La plata estaba. El crédito aprobado. El proyecto listo. Y lo dejaron dormir en un cajón como si no hubiera apuro. Ahora cancelan todo y la gente sigue viajando mal. ¿Cuántos trenes más tienen que descarrilar para se pongan a laburar?”.

Por su parte, a partir del 1 de abril, el servicio de la línea Roca que conecta General Guido con Divisadero de Pinamar quedará suspendido por cuestiones de seguridad operacional que impiden garantizar una normal prestación. La medida responde al estado de la infraestructura de vía que provoca movimientos irregulares en la formación durante la marcha; y al deterioro de los puentes, lo que representa un riesgo para la seguridad de los pasajeros que utilizan ese recorrido de 96 kilómetros.

Fue el diputado de UP y exministro de transporte Diego Giuliano quien comparó: “Mientras Milei cierra trenes, los países más avanzados del mundo hacen lo contrario: invierten en ferrocarriles como eje del desarrollo, la integración regional y la sustentabilidad”.

El gobierno de Javier Milei ha decidido interrumpir el servicio ferroviario que une General Guido con Divisadero de Pinamar, afectando directamente a las comunidades de General Madariaga y Pinamar. El último viaje está programado para este domingo, y a partir del martes, el tren… https://t.co/nge7WED2mm

— Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) March 27, 2025

“Reino Unido, Alemania, Francia, España y Japón amplían su infraestructura ferroviaria porque saben que es clave para el crecimiento económico y la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero en Argentina, el gobierno decide retroceder. Esta medida deja sin un medio de transporte esencial a miles de ciudadanos que dependen del tren para sus actividades diarias. Además, se suma a una serie de recortes en el sistema ferroviario que impactan negativamente en la conectividad y el desarrollo regional”, cuestionó.

Su par de bancada Marcela Passo sumó: “Repudio absoluto a la suspensión del tren con destino a Madariaga y Pinamar! No les alcanza con dejar de hacer que también destruyen lo que se logró con tanto esfuerzo y demanda de nuestras poblaciones. Ya habían reducido la frecuencia y así y todo, en 2024 más de 60.000 personas hicieron uso de este medio de transporte. Desde el 1 de abril, no se venden más boletos”.

Diputados nacionales de la UCR, encabezados por Soledad Carrizo, solicitaron que el Gobierno Nacional informe sobre la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner y obras complementarias a dicho emprendimiento.

Además pidieron, entre otros ítems, saber cuándo, a través de qué medios oficiales y en qué consistió, la solicitud efectuada por Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IESA) a la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero, para que indicara que empresas podían cumplir con los requisitos técnicos de los pliegos de contratación y cuál fue su respuesta.

“Nos preocupa que se haya cometido un delito de corrupción en el proceso de licitación del Gasoducto. Tras conocerse el chat donde se brindaba información en off, que involucran a funcionarios y autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo e IEASA desbordan desacuerdos de naturaleza política y se traducen en acciones delictivas y de gravedad institucional que no pueden ser resueltos con la renuncia de un ministro”, advirtió Carrizo.

Agregó: “La respuesta de IEASA fue vaga y ambigua, sin precisiones, pretendiendo desacreditar las supuestas irregularidades cometidas en el proceso de contratación de proveedores para adquisición de caños y válvulas para la construcción del gasoducto”.

“IEASA solo emitió ese comunicado más en términos políticos que para asegurar la transparencia, información y control de las obras a su cargo en el marco de los procesos licitatorios que lleva adelante. Pone en evidencia la preocupante situación política e institucional que atraviesa la gestión de Alberto Fernández”, destacó Carrizo, Secretaria Parlamentaria del Bloque UCR.

“Estos reiterados y desprolijos cruces mediáticos entre autoridades del estado nacional, no pueden contrarrestar ni invisibilizar la gravedad de los hechos delictuales involucrados en la gestión de IEASA”, remarcó Carrizo y añadió que “resulta preocupante la falta de precisiones técnicas y ejecutivas destinadas a promover la claridad y la transparencia de la gestión, siendo la obra de construcción del gasoducto para satisfacer el crecimiento de la demanda interna industrial, mejorar la calidad de vida de la población y permitir el acceso de más usuarios al servicio”.

Acompañan este proyecto los diputados de la UCR Lidia Ascárate, Roxana Reyes,  Jorge Rizzotti, Jorge Vara, Karina Banfi, Lisandro Nieri, Juan Polini, Marcela Coli, Hugo Romero, Ximena García, Juan Martín, Manuel Aguirre, Gabriela Lena, Roberto Sánchez, Miguel Bazze y Pedro Galimberti.

La diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, reclamó que el Gobierno informe sobre la compra de test rápidos para detectar Covid 19 que adquirió al laboratorio Abbott en una irregular licitación con fondos provenientes del Banco Mundial.

Al respecto, Ocaña advirtió que “existen indicios importantes que llevan a concluir que el Estado Nacional podría haber disfrazado una compra directa a través de un proceso licitatorio, incurriendo en un supuesto de corrupción por tratarse de un delito contra la administración pública y en perjuicio de los/as argentinos/as, las cuales llevan a la necesidad de requerir al ministerio que de urgente respuesta a estos interrogantes”.

Asimismo, la legisladora nacional señaló que “resulta altamente sospechosa la rapidez con la cual la ANMAT aprobó el test “Panbio Covid-19 Ag Rapid Test Device” del fabricante Abbot Diagnostics Korea Inc. (Corea) cuyo importador en la República Argentina es la empresa “Alere S.A”” y agregó que “esta aprobación en tiempo récord por parte de la autoridad regulatoria resulta completamente inusual, más aún cuando en otros países el producto no se encuentra aprobado”.

En ese sentido, Ocaña recordó el pasado 23 de septiembre el titular de la cartera de Salud, Ginés González García exhibió el test rápido durante una recorrida por Florencio Varela sin que concluyera el proceso licitatorio.

“Si bien la licitación pública aún no estaba adjudicada, es sugestivo que el propio Ministro de Salud muestre una marca específica del producto que casualmente tiene idénticas características que las requeridas en el pliego de bases y condiciones”, dijo.

Además, la diputada nacional alertó sobre un posible conflicto de interés ya que el actual director de Asuntos Gubernamentales de Abbott Argentina, José Priegue, fue Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Financiamiento Internacional del Ministerio de Salud, entre 2002 y 2007, y Coordinador General de la Unidad de Financiamiento Internacional del Ministerio de Salud de la Nación entre 2011 y 2015.

Acompañan el proyecto de resolución los diputados María Luján Rey, Omar de Marchi, Dina Rezinovsky, Diego Mestre, Victoria Morales Gorleri, Pablo Torello, Claudia Najul, Jorge Enríquez, Virginia Cornejo, Hernán Berisso, Lidia Ascárate, Rubén Manzi, Carolina Castets y Leonor Martínez Villada.