La iniciativa fue presentada por el radical Julio Cobos con el objetivo de que el Ejecutivo “diagrame un nuevo esquema de convergencia”. Además, recordó que le solicitó a la Presidencia de la Cámara baja que se “retome y agilice el tratamiento en comisiones”.
El diputado nacional y vicepresidente tercero de la Cámara baja, Julio Cobos (UCR – Mendoza), junto a legisladores de su bloque, presentaron un proyecto que propone extender las condiciones establecidas en el DNU 767/20 -que venció el 31 de julio pasado- para evitar el impacto de la inflación en las cuotas de los créditos UVA, hasta que se encuentre una solución de fondo en el Congreso de la Nación.
En el proyecto de declaración presentado solicitan que el Poder Ejecutivo Nacional diagrame un nuevo esquema de convergencia, en condiciones similares a las establecidas en el artículo 3° del decreto 767/20, a partir del 31 de julio de 2022 a efectos de reducir el impacto negativo que la actualización de los créditos por Unidades de Valor Adquisitivo tiene sobre los deudores.
“Solicité a la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que se retome y agilice el tratamiento en comisiones de la problemática de los créditos UVA porque la inflación crece mes a mes y el vencimiento del DNU 767/20 que congelaba las cuotas y establecía un sistema de convergencia hasta el mes de julio de 2022, complican aún más a las familias tomadoras de crédito”, explicó Cobos.
En tal sentido, el legislador agregó: “La situación de los deudores y el constante aumento del índice de precios al consumidor exige disposiciones urgentes y es el PEN el que cuenta con las herramientas adecuadas para ello, hasta tanto se sancione una ley”, y agregó: “Esto es en forma temporal hasta que el Congreso de la Nación sancione una ley que prevea soluciones definitivas a esta situación”.
“Tanto desde el PEN como desde el Congreso se adoptaron algunas soluciones parciales y temporales que a la fecha no se encuentran vigentes, ya que la última de ellas, establecía desde el 1° de febrero de 2021 y hasta el 31 de julio de 2022 un nuevo sistema escalonado de convergencia para las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y estén ocupados y, asimismo, que las entidades financieras habiliten una instancia para considerar la situación de aquellos casos en los que el importe de la cuota a abonar supere el 35% de los ingresos”, sostiene el proyecto entre sus fundamentos.
En ese sentido, Cobos señaló que “estas disposiciones perdieron vigencia, así como el resto de los decretos referidos a la materia porque el aumento del Índice de Precios al Consumidor que para julio de 2022 es de 7,4% impacta directamente en un incremento sideral de las cuotas actualizadas por UVA; más aún sin un sistema de convergencia que reduzca ese impacto”, y ratificó: “Por eso y hasta que se logre una ley del Congreso -que debemos sancionar con celeridad- solicitamos esta prórroga al PEN”.
La iniciativa es acompañada por los diputados Mario Negri, Lisandro Nieri, Víctor Hugo Romero, Lidia Ascárate y Jimena Latorre.
La iniciativa de la diputada radical Lidia Ascárate busca dar respuesta al problema que afecta a los estudiantes que, por la inflación y pobreza, no pueden acceder a útiles escolares y ven así perjudicado su derecho a la educación.
Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Lidia Ascárate (UCR – Tucumán), proponen crear el Programa Nacional Pre-Escuela, para facilitar el acceso de los estudiantes a los materiales educativos que necesiten durante el periodo escolar, a través del reintegro del 50% del monto de cada operación de compras de útiles y herramientas escolares, artículos de librería y similares, para ser utilizado en compras posteriores del mismo rubro.
La iniciativa prevé el alcance a todos los alumnos que concurran a establecimientos educativos de gestión estatal o privada, de nivel inicial, primario o secundario en todo el territorio nacional, quienes podrán acceder al beneficio por intermedio de sus padres o representantes legales. También incluye como beneficiarios a los mayores de 18 años, que concurran a establecimientos educativos de gestión estatal o privada, de niveles primario o secundario.
“Con el proyecto se busca dar respuesta al grave problema que afecta a muchos niños que, por la inflación y pobreza, no pueden acceder a útiles escolares y ven así perjudicado su derecho a la educación, garantizado por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, fundamenta la iniciativa.
En ese sentido, la diputada tucumana afirmó que “durante 2020, más de un millón de estudiantes se desvincularon de las escuelas. Aún quedan más de 600.000 alumnos por revincularse. Son cifras que asustan. En este sentido, el programa Pre Escuela nace para eliminar cualquier barrera que impida que un chico continúe con sus estudios. El Estado tiene la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar y materializar el derecho a la educación a través de políticas públicas. Esta es una de ellas”, y destacó que los útiles aumentaron más del 80% respecto del último año.
“El proyecto brinda herramientas para una rápida implementación: reasignación presupuestaria y un amplio margen de acción. Nuestro objetivo es que este Programa sea una política de Estado y que trascienda cualquier bandera política y cualquier Gobierno”, concluyó la diputada radical.
Acompañan esta iniciativa los diputados Marcela Coli, Gabriela Lena, Jorge Vara, Miguel Nanni, Martin Arjol, Jorge Rizzotti, Marcos Carasso, Miguel Bazze, Roberto Sánchez, Roxana Reyes, Soledad Carrizo, Karina Banfi, Martin Berhongaray y Héctor Stefani.
Lidia Ascárate y Roberto Sánchez solicitan saber sobre políticas implementadas para combatir el narcotráfico.
Luego de lo sucedido con la cocaína adulterada que dejó un saldo de 24 personas fallecidas y más de 80 intoxicados que tuvieron que ser internados, los diputados nacionales Lidia Ascárate y Roberto Sánchez, ambos de la UCR, presentaron un proyecto para solicitarle al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, detalles de las políticas implementadas por el Gobierno para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo.
En el texto, los legisladores tucumanos piden que se responda a los interrogantes sobre qué políticas se están implementando para reducir la comercialización y distribución de drogas; qué propuestas se abordaron para quienes son víctimas de este flagelo; y cómo se articulan estas medidas con otras instituciones del Estado.
En tanto, advirtieron: “Tucumán está sitiada por los narcos, junto a toda la región NOA del país, es una de las rutas de ingreso más importantes del narcotráfico en el país. En ese sentido, es que pedimos urgente al ministro que nos facilite los informes específicos relativos a las Fuerzas de Seguridad Nacionales apostadas en nuestra provincia, y todas las estadísticas relacionadas al consumo, la distribución y el delito vinculado al narcotráfico”.
Diputados reaccionaron por la decisión del jefe de Gabinete, Juan Manzur, de viajar a Nueva York en la aeronave de su provincia.
Diputados nacionales de Juntos por el cambio, encabezados por Lidia Ascárate (UCR – Tucumán), repudiaron la utilización del avión sanitario por parte del exgobernador Juan Manzur y, en el mismo sentido, presentaron un proyecto para que el jefe de Gabinete dé las explicaciones correspondientes por lo sucedido.
“La utilización del avión sanitario por parte del exgobernador Juan Manzur en un contexto de pandemia es inaceptable”, señaló Ascárate.
La diputada recordó que “hace tan solo un mes el entonces gobernador y ahora jefe de gabinete nacional, declaraba que el avión sanitario estaría disponible para cualquier tucumano o tucumana que lo requiera. Pero resulta que si hoy algún ciudadano necesitara la utilización del avión sanitario para traslados de emergencia, no podría hacerlo”.
Y agregó: “En definitiva, lo que hace el gobernador es decir una cosa a la prensa y después hace lo que se le antoja. El avión sanitario no es un juguete. Manzur no puede hacer uso de los bienes del Estado provincial como si fueran propios. Ya no es el gobernador”.
Es por esto que los legisladores presentaron un pedido de informes a través del cual exigen que el Poder Ejecutivo Nacional informe de manera precisa y detallada varias cuestiones relacionadas con el viaje de Manzur a la ciudad de Nueva York.
El Ejecutivo deberá explicar si es cierto que se utilizó el avión matrícula LV-CKA propiedad de la provincia de Tucumán para su viaje hacia Nueva York; cuáles fueron los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia, que sustenten la utilización de un vuelo privado hacia una ciudad con la que existen vuelos regulares diarios; si existió algún tipo de análisis de costes-beneficios, de necesidad y razonabilidad para el Estado Nacional frente a la posibilidad de utilizar vuelos de líneas; si conoce que la aeronave mencionada perteneciente al Estado Provincial tiene como objetivo prioritario el traslado de personas por cuestiones de salud y requerimientos del INCUCAI; en caso que así fuera, informe el instrumento jurídico utilizado para cubrir contingencias posibles; en caso que se haya alquilado al Gobierno Provincial, que informe la tarifa a abonar por el alquiler del avión y el proceso de licitación de alquiler utilizado. También deberá detallar los costos operativos del viaje y el listado de la comitiva que viajó en la aeronave.
“Mientras ellos toman vuelos privados de lujo que pagamos todos con nuestros impuestos, otros debieron atravesar fronteras a pie cargando a sus hijos enfermos para ser atendidos en hospitales públicos, muchos de los cuales murieron en el camino y hoy ya no están. Esto es otra muestra más de la indiferencia y el desprecio de un sector de la clase política dirigente con una sociedad abrumada, golpeada y angustiada por la pandemia. Sin ánimos de renunciar al lujo y a los privilegios, deciden mirar para el costado”, señalaron los legisladores.
Acompañaron esta iniciativa los diputados Fabio Quetglas, Claudia Najul, Lorena Matzen, Mario Negri, Gabriela Lena, Luis Pastoris, Karina Banfi, Gustavo Menna, Jorge Rizzotti, Camila Crescimbeni, Mariana Stilman, María Luján Rey, Mónica Frade y Rubén Manzi.
Presentaron un proyecto de declaración para rechazar las expresiones del procurador del Tesoro, que defendió su vacunación VIP y la de Horacio Verbitsky.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por los tucumanos radicales José Cano y Lidia Ascárate, presentaron un proyecto de declaración de repudio a las declaraciones del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien durante una entrevista defendió su vacunación irregular, al igual que la del periodista Horacio Verbitsky. De éste último, dijo que se trataba de una “personalidad” que merecía ese tipo de “protección de la sociedad”.
“El presidente de la Nación Alberto Fernández prometió que el suyo sería el gobierno de los científicos, no de los iluminados, de los ventajeros. Quizá sin notar las diferencias, ahora Carlos Zannini, procurador del Tesoro de la Nación, sale a marcar otras categorías sociales que no son ni la de personal de salud con la que se vacunó por izquierda, ni la de personal estratégico con la que luego quisieron justificar su vacunación exclusiva y acomodada”, manifestaron los legisladores.
En ese sentido, Cano criticó que “las expresiones de Carlos Zannini justificando los vacunatorios VIP son una vergüenza. Usó su autoridad decisional para decidir salvarse rápido en un país que tiene 68.000 muertos por coronavirus”.
Por su parte, Ascárate sostuvo que “no hay valor alguno en sus dichos, sino responsabilidad penal y condena histórica en los hechos”. “El funcionario nacional no muestra el más mínimo arrepentimiento por haberle sacado las vacunas a los trabajadores de la salud, a los adultos mayores y a todos los argentinos con condiciones de riesgo preexistentes. Dio un mensaje prepotente y con claro abuso de un lugar de privilegio”, enfatizó.
Finalmente, agregaron que “a Zannini parece no haberle importado todos los argentinos que murieron por no poder recibir la vacuna con anterioridad. Ha confesado formar parte de una casta privilegiada que, como tal, tiene el derecho de apropiarse de las vacunas. Una postura soberbia e insensible”.
El proyecto fue acompañado por sus pares Atilio Benedetti, Hernan Berisso, Ana Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Ximena García, Leonor Martínez Villada, Lorena Matzen, Claudia Najul, Graciela Ocaña, Carmen Polledo, Fabio José Quetlas, Gisela Scaglia y Federico Zamarbide.
Entrevistado en C5N, Zannini justificó haberse vacunado bajo la categoría de “personal de salud” y dijo que lo único de lo que se arrepiente es “no haberse sacado una foto” cuando lo inocularon.
“Sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme”, manifestó el excandidato a vicepresidente y agregó: “Me arrepiento de no haberme sacado la foto. Ni yo ni mi mujer hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento de algo es de haberles dado la oportunidad de que nos critiquen, pero ellos no necesitan que yo cometa errores para que me critiquen”.
Además de aclarar que no siente culpa, reveló que le dijo lo mismo al periodista Verbitsky: ” ‘Vos tenés derecho a eso porque sos una personalidad que necesita ser protegido por la sociedad”.
La radical Lidia Ascárate encabeza el proyecto que busca intervenir el Poder Judicial por el “deterioro institucional en la provincia”.
Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Lidia Ascárate (UCR-Tucumán), presentaron un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial en Formosa. “En Formosa no hay división de poderes y para garantizar la forma republicana de gobierno, la independencia del Poder Judicial local y asegurar la recta administración de justicia, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, es necesario declarar la intervención federal del Poder Judicial”, afirmó Ascárate.
“El proyecto de ley pide la intervención del Poder judicial de Formosa, como remedio excepcional federal, que ponga fin a una administración de Justicia signada por la falta de independencia y sometida a los designios del poder político, y los escándalos motivados por reiteradas violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo y la policía”, señaló.
No es la primera iniciativa que se presenta en ese sentido. De hecho, este proyecto tiene como antecedente el pedido realizado por la Coalición Cívica en enero pasado para intervenir por 180 días los poderes Ejecutivo y Judicial debido a supuestas violaciones de derechos humanos por parte de la administración formoseña.
“La existencia de un Poder Judicial sometido al Poder Ejecutivo, sumado a la abrupta mayoría en el Poder Legislativo que tiene el oficialismo, provoca que todos los hechos y prácticas que afectan garantías consagradas por la Constitución Nacional no tengan enjuiciamiento ni fiscalización alguna por parte del Poder Judicial de la Provincia, quedando los ciudadanos desprotegidos, y rehenes, ante las autoridades provinciales” afirmó la diputada tucumana.
La legisladora radiacl recordó que “hace tiempo venimos advirtiendo, con el respaldo de la ONU y la CIDH, sobre el fuerte deterioro institucional en la provincia, ello probablemente patentizado por hechos emblemáticos, como fueron los numerosos casos de violaciones a los Derechos Humanos que son de público conocimiento, que reflejan la profunda crisis provincial”.
“En este sentido, sostenemos que debemos buscar los elementos necesarios para que se encuentren los remedios institucionales que permitan resolver la situación que afecta gravemente a los formoseños. Y uno de esos remedios lo establece nuestra Constitución Nacional, y es la intervención federal”, manifestó la parlamentaria.
“Formosa es una tragedia en la vida institucional en la Argentina. Lleva aproximadamente tres décadas sometida a la voluntad de su gobernador Gildo Insfrán, con una elevada pobreza estructural y con serios cuestionamientos sobre el funcionamiento de sus instituciones”, concluyó Ascárate.
Acompañan la iniciativa los diputados José Cano, Gustavo Menna, Karina Banfi Hernán Berisso, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Álvaro de Lamadrid, Omar de Marchi, Carlos Fernández, Ximena García, Dolores Martínez, Roxana Reyes, José Riccardo y Waldo Wolf.
La propuesta es impulsada por los diputados José Cano y Lidia Ascárate y busca garantizar el abastecimiento gratuito de un refuerzo alimentario para el nivel inicial y primario en todo el país.
Los diputados nacionales José Cano y Lidia Ascárate (UCR-Tucumán) presentaron el proyecto de ley Programa Nacional Copa de Leche Escolar, para asegurar el abastecimiento gratuito de un refuerzo alimentario para todos los niños estudiantes de establecimientos educativos de gestión estatal de nivel inicial y primario en todo el país.
El programa tendrá como eje proteger la actividad lechera de cada región, sus derivados, otros productos alimenticios frescos y todo lo relacionado a la nutrición de los niños que concurran a establecimientos educativos de gestión estatal del nivel inicial y primario, mientras se fomentan las economías regionales de cada jurisdicción escolar que redundan en beneficios de costos de producción.
“La severa situación económica que vive nuestro país repercutió de manera considerable en todos los estándares de nuestra sociedad, principalmente en nuestros niños más vulnerables, generando niveles de pobreza récord en nuestra historia que se acercan al 58,6% de la población infantil, según datos extraídos de UNICEF”, señaló Cano.
En el mismo sentido, Ascárate indicó que “los efectos de la desnutrición en la primera infancia (0 a 8 años) pueden ser devastadores e irreversibles, imposibilitan el normal desarrollo conductual y cognitivo, el rendimiento escolar y la salud reproductiva, siendo uno de los principales núcleos de privación y exclusión, por sus consecuencias posteriores, y debe ser atacada integralmente por su influencia en el aprendizaje”.
“El proyecto es importante no sólo por su impacto inmediato en la salud y aprendizaje de millones de niños, sino que también exige un esfuerzo de múltiples organismos del Poder Ejecutivo Nacional, en conjunto con las provincias, para adaptar la política nutricional a las características de cada lugar; adecuando si fuese necesario el marco jurídico en cuanto corresponda”, señaló Cano.
El diputado tucumano indicó que “este programa busca establecer un nuevo paradigma de gestión integral focalizado en los niños más vulnerables en base a tres principios fundamentales: la importancia de la educación nutricional, el control de estipendio de alimentos saludables, y el servicio de calidad nutricional en el ámbito escolar, los cuales se condicen con los caracteres de sanidad, seguridad y salubridad del derecho a la alimentación”.
“El derecho a la alimentación no es el derecho a ser alimentado sino, primordialmente, el derecho a alimentarse en condiciones de dignidad”, concluyeron los legisladores.
Acompañan esta iniciativa los diputados Domingo Amaya, Gonzalo del Cerro, Gabriela Lena, Lorena Matzen, Gustavo Menna, Diego Mestre, Claudia Najul, Luis Pastori, Estela Regidor, José Riccardo, Víctor Romero, Jorge Vara y Federico Zamarbide.
Diputados de Juntos por el Cambio quieren que a partir de este caso los funcionarios brinden explicaciones en torno a cómo se está trabajando en la materia a nivel oficial.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Lidia Ascárate, presentaron un proyecto para solicitar la interpelación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, por el caso de la joven de 19 años Ursula Bahillo, quien el lunes pasado fue apuñalada y asesinada por su expareja en la localidad bonaerense de Rojas.
“Es necesario que los funcionarios nacionales nos expliquen a los representantes del pueblo cómo está trabajando en este flagelo, cuáles son sus políticas públicas y cómo utiliza su presupuesto en la lucha contra la violencia de género”, indicó la parlamentaria radical. El cuestionario incluye varias cuestiones relacionadas a la ejecución presupuestaria del área, las medidas de seguridad que se brindan a víctimas de violencia de género y las herramientas de monitoreo y seguimiento de estos casos, entre otras cuestiones.
“Nuestro país se encuentra en un inicio de año marcado por la violencia de género. A las 320 femicidios de 2020 se suman 26 muertes más solo en el mes de enero de este año. Entre ellas la de Úrsula, que a pesar de haberlo denunciado ante la Justicia 18 veces, su pedido de auxilio fue en vano. Hoy el país entero lamenta su muerte”, manifestó Ascárate.
La diputada radical comparó lo sucedido hace unos días, con el brutal femicidio de Paola Tacacho ocurrido en noviembre del año pasado en Tucumán: “En nuestra provincia lloramos el femicidio de Paola, quien denunció en 17 oportunidades a su acosador y asesino ante la Justicia, y que también, al igual que con Ursula, actuó con silencio e indiferencia. No podemos seguir viviendo con un Estado que hace oídos sordos a una realidad que lamentablemente padecemos”, finalizó la diputada.
Acompañaron la iniciativa los diputados Roxana Reyes, Mario Arce, Sebastián Salvador, Federico Zamarbide, Hernán Berisso, José Cano, Soledad Carrizo, Virginia Cornejo, Mónica Frade, Ximena García, Gabriela Lena, Claudia Najul, Cármen Polledo y José Luis Riccardo.
Diputados radicales, encabezados por los tucumanos Lidia Ascárate y José Cano, quieren que los funcionarios informen en el Congreso sobre hechos ocurridos en los últimos días.
Los diputados radicales Lidia Ascárate y José Cano presentaron un proyecto por el que solicitan citar a la Cámara de Diputados al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al canciller, Felipe Solá, para que brinden “información precisa de los hechos conocidos en los últimos días sobre pesca ilegal de buques extranjeros en el Mar Argentino”.
Estos hechos “resultan en una clara vulneración a la soberanía nacional, además de poner en peligro los recursos naturales de nuestro país”, enfatizó la diputada Ascárate.
Los legisladores tucumanos manifestaron su “preocupación” ante la noticia de que “un grupo de más de 500 embarcaciones abandonaron Chile y ya se encuentran en aguas argentinas de manera ilegal para la extracción y depredación de calamares y otras especies marinas”.
Ascárate fustigó que desde el Gobierno “lo único que hicieron fue modificar los regímenes de infracciones y sanciones contemplados en la Ley Federal de Pesca N°24.922. El tope de multa alcanzado, en el caso de que las agencias abocadas al control del espacio marítimo intercepten un buque extranjero ilegal, hace que el valor a pagar por cada buque capturado sea ínfimo e irrisorio, teniendo en cuenta que la pesca ilegal es una actividad que genera unos 15.000 millones de dólares por año”.
Por su parte, Cano explicó los hechos que suceden actualmente en aguas soberanas argentinas. “El modus operandi de estas embarcaciones es lo que se denomina ‘alambrar’, que consiste en que los barcos pesqueros navegan al borde del límite y aprovechan cuando no hay vigilancia, para ingresar a pescar ilegalmente dentro del Mar Argentino que es donde se producen las mayores capturas de calamar”, señaló.
El diputado aseguró que “es de extrema necesidad que el Gobierno nacional adopte medidas de prevención para evitar la pesca ilegal en nuestro Mar Argentino y, de ser necesario, proteste ante los países que subsidian la pesca ilegal, y recurra a organismos internacionales para buscar una solución definitiva. La defensa de nuestra soberanía nacional es un derecho y obligación irrenunciable del Estado Nacional”.
La iniciativa fue acompañada por los radicales Estela Regidor, Gabriela Lena, Claudia Najul, Lorena Matzen, Gustavo Menna, Gerardo Cipolini, Álvaro de Lamadrid, Luis Pastori, Roxana Reyes, Carla Carrizo, Sebastián Salvador, Gonzalo del Cerro y Karina Banfi.
La legisladora nacional Lidia Ascárate advirtió que “se está ajustando por un monto que ronda los $1.085 millones de pesos”.
La diputada nacional radical Lidia Ascárate presentó un proyecto por el que solicita al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, información precisa sobre diversos aspectos relacionados a la Ejecución Presupuestaria específicamente para las Universidades Nacionales. “Desde el Gobierno nacional se estaría instrumentando de manera irregular un fuerte ajuste en la educación universitaria”, advirtió.
Ascárate manifestó que “el pedido de informes surge a raíz de que desde el Gobierno nacional no devengaron los créditos en gastos de funcionamiento del presupuesto 2020 para el mes de diciembre, generando un déficit realmente importante en las universidades”. Según el texto enviado al Congreso “al no darle los créditos a las universidades, las están obligando a cerrar el año con ajuste. Claramente lo que el Gobierno está imponiendo es una sub-ejecución presupuestaria, dispuesta por un instrumento desconocido y comunicada de forma anómala”.
Según la legisladora tucumana, “esto significa lisa y llanamente un recorte que afecta no solo a los gastos de la función educación, sino también a lo referido a ciencia y técnica, y salud. En este sentido se está afectando la autonomía y autarquía de las Universidades Nacionales consagrada y protegida en la Constitución Nacional. Se está ajustando por un monto que ronda los $1.085 millones de pesos”.
Agregó: “Es preocupante lo que les están haciendo con las Universidades. Estamos ante un escenario alarmante porque tenemos un presidente que dice no creer en la meritocracia y que consecuentemente quita los fondos a las Universidades”.
Según la parlamentaria: “Los países que lograron desarrollarse fueron aquellos que apostaron por la educación, ciencia y técnica, y salud. La mayoría de los argentinos y argentinas sabemos, por nuestros padres y nuestros abuelos que la educación universitaria fue, es, y será la única y verdadera herramienta que genere igualdad de oportunidades para el progreso de la sociedad”, concluyó Ascárate.
Acompañan la iniciativa los diputados Mario Negri, José Cano, Brenda Austin, Mario Arce, Albor Cantard, Gerardo Cipolini, Álvaro de Lamadrid, Gonzalo Del Cerro, Gabriela Lena, Josefina Mendoza, Gustavo Menna, Claudia Najul, Luis Pastori y Estela Regidor.
La iniciativa fue presentada por los diputados Lidia Ascárate y José Cano, y busca dotar a los jueces de herramientas que otorguen mayor rapidez a la hora de resolver cualquier situación en la cual se pongan en riesgo las garantías y el derecho a la propiedad privada.
Los diputados nacionales Lidia Ascárate y José Cano presentaron un proyecto de ley que apunta a garantizar el derecho a la propiedad privada en menos de 72 horas para todos los casos de intrusión o usurpación. La iniciativa fue presentada por los diputados tucumanos con el apoyo de una veintena de diputados del bloque radical en la Cámara baja y busca dotar a los jueces de herramientas que otorguen mayor rapidez a la hora de resolver cualquier situación en la cual se pongan en riesgo las garantías y el derecho a la propiedad privada.
“Las modificaciones que proponemos en el Código Procesal Civil y Comercial, y la incorporación de nuevas herramientas en el Código Penal Federal son medidas cautelares genéricas o innominadas, y tienen la finalidad de posibilitar a que el titular damnificado obtenga la restitución de su inmueble en menos de 72 horas aun cuando siguiera en curso el juicio por desalojo o usurpación. Es decir que, ante un hecho de usurpación, el juez tendrá un plazo de no más de 3 días para restituir la propiedad a sus legítimos dueños”, explicaron los diputados. En este sentido, Ascárate aseguró que “La celeridad en la protección de los derechos es fundamental para afianzar la Justicia”.
Según dichos de Ascárate, “la propiedad privada vive momentos complicados en la Argentina. El Estado de derecho empieza a agrietarse a partir de acciones que ponen en jaque principios fundamentales, resultando necesario hacer un alto, exigir mesura, compromiso y responsabilidad”.
“Últimamente nuestro país estuvo sufriendo serias violaciones contra la propiedad privada, específicamente las usurpaciones de tierras llevadas a cabo en todos los puntos del país. Se trata de una situación que nos preocupa, porque quienes injustamente son privados de su propiedad, naturalmente buscarán la protección del Estado, y si este los abandona o si justifica a los perpetradores, ello llevará ineludiblemente a que los argentinos nos encaminemos hacia la violencia”, finalizaron los diputados.
El proyecto lleva también la firma de los diputados Migue Bazze, Diputada Ximena García, Juan Martin, Gustavo Menna, Diego Matías Mestre, Claudia Najul, Miguel Nanni, Luis Mario Pastori, Fabio Jose Quetglas, Roxana Reyes, José Luis Riccardo, Jorge Rizzotti y Federico Raúl Zamarbide, entre otros.
La legisladora nacional radical solicitó al Gobierno “que no ocurra lo sucedido con otros sectores, como comercios y gastronómicos, cuando se tomaron medidas de retroceso de fases”.
Ante el inminente inicio de la temporada turística de verano, la diputada nacional Lidia Ascárate (UCR – Tucumán) solicitó al Gobierno nacional previsibilidad para el sector turístico en el contexto de la pandemia, “para que no ocurra lo sucedido con otros sectores, como comercios y gastronómicos, cuando se tomaron medidas de retroceso de fases”.
A la incertidumbre por la fecha de apertura, para la legisladora se suma el problema de la falta de un anuncio oficial acerca de los protocolos que permitan que los operadores puedan adaptarse con antelación. “Porque aún no se sabe si cada jurisdicción dictará sus propias reglas o si los protocolos sanitarios serán homogéneos en todo el territorio nacional”, indicó al respecto.
“El 95% del sistema turístico está compuesto por PyMEs y, de acuerdo con datos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el turismo regional ya perdió más de $78 mil millones de pesos entre marzo y agosto. En este sentido es que resulta fundamental establecer una fecha concreta de apertura de la actividad para dar previsibilidad al sector”, aseguró Ascárate.
Según manifestó la diputada, “luego de 7 meses sin trabajar, el margen de maniobra para las empresas del sector es muy acotado. Las PyME turísticas no soportarían afrontar los costos de iniciación de la actividad y que a las 2 semanas tengan que cerrar nuevamente las persianas por medidas de aislamiento en el marco de la pandemia”.
El proyecto presentado por la diputada Ascárate lleva también la firma de José Cano, Álvaro de Lamadrid, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Gabriela Lena, Juan Martín, Lorena Matzen, Josefina Mendoza, Claudia Najul, Mario Pastori, Estela Regidor, Roxana Reyes, Jorge Rizzotti y Sebastián Salvador.
Es a raíz de la muerte a golpes de una nena de 3 años en Tucumán, cuando había habido datos suficientes del maltrato que sufría de parte de familiares.
La diputada Lidia Ascárate (UCR-Tucumán) solicitó al Gobierno nacional que garantice de manera inmediata el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, establecidos en la Ley 26.061 y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Y se refirió al caso concreto de Erica, la niña de tres años que el 3 de julio ingresó sin vida a un hospital de la capital tucumana, producto de una feroz golpiza ejercida por sus abuelos. Presentaba golpes en todo el cuerpo, cicatrices de cortes y quemaduras en sus partes íntimas, signos de haber sido torturada, gran parte de su cabellera arrancada a tirones y su cuerpo denotaba un alarmante grado de desnutrición.
La legisladora remarcó que “la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Tucumán (DINAyF) tenía conocimiento del maltrato sufrido por la menor. De hecho, hay denuncias por maltrato contra la menor registradas en el WhatsApp de la DINAyF apenas unos días antes de su muerte, sin embargo no pudieron evitar su trágico desenlace”.
“En la Argentina hay miles de niños en las mismas condiciones de Érica que, durante la pandemia, fueron sacados de las instituciones donde estaban alojados para ser ubicados temporalmente en familias y hogares de tránsito y, debido al acotado tiempo destinado a las evaluaciones, pusieron en riesgo la integridad física y psicológica de los menores”, destacó la diputada.
Acompañan esta iniciativa los diputados Domingo Amaya, Brenda Austin, Karina Banfi, Adriana Cáceres, José Cano, Soledad Carrizo, Álvaro De Lamadrid, Maximiliano Ferraro, Silvia Lospennato, Josefina Mendoza, Gustavo Menna, Diego Mestre, Roxana Nahir Reyes y Facundo Suárez Lastra.
Ante los hechos registrados en la provincia de Tucumán, diputadas buscan que las fuerzas de seguridad realicen una capacitación obligatoria en DD.HH.
En virtud del incremento en los acontecimientos de violencia policial e institucional ocurridos en el país desde el inicio de la cuarentena, las diputadas Lidia Ascárate y Josefina Mendoza presentaron un proyecto de ley para establecer la capacitación obligatoria en temática de Derechos Humanos para todos los miembros de las fuerzas de Seguridad y de Defensa de la Nación, en todos sus niveles y jerarquías, y para todas las fuerzas de seguridad de las unidades subnacionales que adhieren a la ley. El proyecto lleva también la firma del presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, entre otros legisladores que acompañan la iniciativa.
El propósito de esta ley es potenciar la implementación de políticas de seguridad y de defensa efectivas en el marco del Estado de derecho y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, y a su vez generar e implementar políticas de prevención de violencia institucional, y los procedimientos de resolución pacífica de conflictos.
El Programa Nacional de Formación Continua en Derechos Humanos, tal como lo indica su nombre, entiende que la capacitación en Derechos Humanos debe formar parte del proceso formativo continuo de las Fuerzas de Seguridad y de Defensa, y que tienen que estar enmarcadas dentro de un enfoque interdisciplinario e integral que genere espacios de aprendizaje y reflexión. Es decir, que las tareas y responsabilidades de las fuerzas de seguridad no deben estar limitadas a la prevención o persecución del delito, sino también a promover la tutela y garantía de todos los derechos humanos.
Lo ocurrido en Tucumán con Luis Espinoza y Ceferino Nadal, los ataques a comunidades indígenas en Chaco y el asesinato de Magalí Morales en San Luis, entre otros tantos hechos lamentables, pone en evidencia que, con mucha frecuencia, el accionar de las fuerzas de seguridad no se ajusta a los principios constitucionales y a los tratados de derechos humanos. En este sentido, las diputadas Ascárate y Mendoza aseguran que esta ley va a otorgar las herramientas necesarias para que en el ejercicio de sus funciones las autoridades no incurran en violaciones a los derechos humanos, el abuso de poder, el uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones ilegales y arbitrarias, y los actos de tortura.
Ante el evidente incremento en delitos basado en el rechazo, desprecio, u odio hacia personas en razón de su identidad de género, raza, u orientación sexual, es imprescindible generar mecanismos para la prevención de la discriminación y la violación de los derechos de personas históricamente vulneradas.
Acompañan con su firma el proyecto los diputados José Cano, Álvaro de Lamadrid, Claudia Najul, Gustavo Menna, Carla Carrizo, Lorena Matzen, Ximena García, Roxana Reyes, Diego Mestre, Jorge Vara, Gabriela Lena, Atilio Benedetii, Karina Banfi, Estela Regidor, Adriana Ruarte, Camila Crescimbeni.
La legisladora nacional Lidia Ascárete presentó un proyecto para generar protocolos que permitan el libre tránsito entre destinos libres de coronavirus para personas que sean residentes de las mismas.
La diputada nacional radical Lidia Ascárate junto a su par del bloque José Cano, presidente de la Comisión de Turismo, presentó un proyecto por el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional, la generación de protocolos que permitan el libre tránsito entre destinos libres de coronavirus para personas que sean residentes de las mismas.
El proyecto contempla además una exención impositiva para la industria turística durante todo el año 2020, en lo que se refiere al impuesto al cheque, IVA, bienes personales, entre otros impuestos específicos de la industria.
Los legisladores advierten que esta iniciativa se da “enorme gravedad para el sector turístico” para el sector turístico, a raíz de las disposiciones del Aislamiento Social, Preventivo, y obligatorio (ASPO) en el marco de la pandemia, poniendo en riesgo a miles de puestos de trabajo que, según estimaciones oficiales, emplea a 1.9 millones de trabajadores de manera directa.
Acompañan esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio José Cano, Domingo Amaya, Atilio Benedetti, Alvaro De Lamadrid, Jorge Enriquez, Gabriela Lena, Lorena Matzen, Diego Mestre, Claudia Najul, Graciela Ocaña, Luis Pastori, Roxana Reyes, Jorge Rizzotti y Hugo Romero.
Legisladores de la oposición quieren que pueda volver a haber conexiones aéreas entre distritos donde ya no haya circulación del virus.
La diputada nacional Lidia Ascárate (UCR Tucumán) presentó un proyecto solicitando al Gobierno nacional el adelanto de la apertura gradual dispuesta para los vuelos comerciales únicamente entre destinos nacionales sin circulación comunitaria de Covid-19 y bajo estrictos protocolos, en vuelo y tierra, cumpliendo con todas las normas sanitarias vigentes y necesarias para evitar la propagación del virus.
La diputada aclaró que este proyecto no solicita puntualmente la apertura de los vuelos que conectan Tucumán con la Ciudad de Buenos Aires, ni pretende el transporte de personas para fines que no estén contemplados en el decreto de Aislamiento Preventivo y Obligatorio. La medida es general para vuelos dentro de toda la Argentina, pero únicamente para vuelos entre ciudades en donde no haya circulación comunitaria del virus, tal cual lo comunica oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación.
La iniciativa pretende brindar dinamismo a la economía de manera gradual, tal como se viene haciendo con otros sectores, cumpliendo con las normas más estrictas de sanidad tanto en procedimientos en aeropuertos como dentro de la aeronave. “La apertura gradual de vuelos no debe ser únicamente asociada al transporte de pasajeros sino que abarca también el transporte de bienes, mercadería, e insumos esenciales tales como medicamentos, insumos sanitarios, insumos médicos, entre otros”, explicó Ascárate.
Destacó que “la crisis en el sector aerocomerical es generalizada y desde el Estado tenemos que dar soluciones y garantías de cumplimiento de las reglas de juego para la viabilidad de las operaciones. En nuestro país, Aerolíneas Argentinas ya suspendió el pasado mes a más de 4.000 empleados, LATAM anunció el cierre de su filial argentina dejando a más de 1.750 trabajadores sin empleo y también, por un pedido de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 para cerrar definitivamente el aeropuerto de El Palomar, hay más de 1.000 empleos directos y 9.000 puestos indirectos que corren peligro de desaparecer”.
Acompañan con sus firmas esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Domingo Amaya, Alberto Asseff, Aída Ayala, Gerardo Cipolini, Camila Crescimbeni, Gonzalo Del Cerro, Ximena García, Gabriela Lena, Juan Martin, Lorena Matzen, Claudia Najul, Luis Pastori, Estela Regidor, Roxana Reyes, José Riccardo, Héctor Stefani y Federico Zamarbide.
Impulsan a través de un proyecto garantizar el servicio en universidades estatales nacionales. Es una iniciativa de los diputados tucumanos Lidia Ascárate y José Cano.
Los diputados nacionales Lidia Ascárate y José Cano (UCR-Tucumán) presentaron un proyecto de ley para crear el Programa Universal de Acceso a la Educación e Igualdad de Oportunidades Universitarias (A-E-I-O-U) para garantizar el servicio gratuito de guarderías, jardines maternales, lactarios y comedores en instituciones de Educación Superior Universitarias de gestión estatal y jurisdicción nacional.
Prevé la financiación de construcción, refacción, equipamiento, mantenimiento, funcionamiento y personal de guarderías, jardines maternales, lactarios y/o comedores y alcanzará a estudiantes, a docentes y a no docentes. Brindará servicio de desayuno, almuerzo, merienda dentro del comedor o mediante el servicio de viandas. La autoridad de aplicación será ejercida por el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias.
“La iniciativa tiene como objetivo construir capacidades estatales esenciales que muchos universitarios necesitan para lograr su plena formación académica, y sin guarderías, jardines maternales, lactarios y comedores, excluimos a miles de argentinos que hoy no pueden elegir comenzar una carrera universitaria o continuar con sus estudios”, explicó Ascárate.
Manuel Belgrano, gran precursor de la educación y de la enseñanza pública y gratuita, consideraba a la mujer como “la primera persona que instruye a los chicos, que son el futuro de cualquier Nación”, destacaron los legisladores. “En este sentido es que impulsamos este proyecto que dará una solución a miles de madres y padres que hoy se ven ante el dilema de optar entre el cuidado de sus hijos o el pleno desarrollo profesional futuro”, afirmaron.
Ascárate y Cano buscan contar con el apoyo de todo el arco político con “propuestas que promueven el bienestar general y garanticen la igualdad de oportunidades, un paso ineludible en la búsqueda de la sociedad igualitaria y equitativa. Esta iniciativa debiera trascender cualquier bandera política porque se trata del futuro de todos los habitantes de nuestro país”, remarcaron.
Los tucumanos Lidia Ascárate y José Cano proponen una serie de medidas para que los profesionales puedan continuar con la atención de pacientes.
Los diputados nacionales Lidia Ascárate y José Cano (UCR-Tucumán) presentaron un proyecto por el cual solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que adopte diversas medidas tendientes a dar alivio económico a los odontólogos, “quienes con el fin de actuar con responsabilidad, han visto incrementar sus costos sustancialmente poniendo en riesgo a toda la actividad”.
Las medidas que se proponen son la bonificación del impuesto integrado hasta diciembre de 2020, incluido los pequeños contribuyentes adheridos al régimen de monotributo, suspender la exclusión del régimen de monotributo hasta el 31 de diciembre; eliminar el IVA y desgravar el derecho de importación para la compra de materiales odontológicos durante 180 días, y garantizar que las obras sociales cubran el costo de los kits de protección.
“La odontología es una de las profesiones con mayor riesgo y exposición al contagio, y así lo indican las asociaciones que los agrupan, tanto para los profesionales como para la salud pública, dado que pueden actuar los odontólogos como vector de contagio de la enfermedad respiratoria entre pacientes”, explicó Ascárate.
La diputada destacó: “Además, solicitamos medidas que permitan la adquisición por parte de los profesionales de elementos al menor precio posible dado que, en caso contrario, la prestación del servicio por parte de los odontólogos se encarecerá más allá de lo que los mismos cobran a cada obra social, y simultáneamente medidas paliativas en términos económicos que no ahoguen a los profesionales para no colocarlos ante la disyuntiva perversa de optar entre la propia salud de quienes se encuentran en la primera línea de atención con mayor riesgo y su subsistencia económica”.
Asimismo, los legisladores recodaron que “el Ministerio de Salud de la Nación, según recomendaciones actualizadas el 22 de abril, dispuso un protocolo de actuación en conjunto con la Confederación Odontológica de la República Argentina y la Asociación Odontológica Argentina para la adopción de una hora de diferencia entre turnos, con un máximo de atención de cinco horas”.
Los tucumanos señalaron que la iniciativa responde a una carta que “nos envió el Colegio de Odontólogos de Tucumán, trasmitiéndonos la difícil situación que atraviesa la profesión como consecuencia de las nuevas regulaciones impuestas en el marco de la pandemia del Covid-19”.
Acompañaron el proyecto los diputados Martín Antonio Berhongaray, Sofía Brambilla, Álvaro De Lamadrid, Ezequiel Fernández Langan, Rubén Manzi, Gustavo Menna, Diego Mestre, Claudia Najul, Graciela Ocaña, Estela Regidor, José Luis Riccardo, Jorge Rizzotti y Emiliano Yacobitti.
