A través de un proyecto de ley que firmaron la UCR y UP, le solicitan al Gobierno nacional una línea de subsidios para ayudar a los productores afectados por el fuerte temporal del pasado 6 de enero.
Un grupo de diputados mendocinos presentó un proyecto de declaración para exigirle al Poder Ejecutivo que declare el estado de emergencia y desastre agropecuario en los departamentos de la zona este y sur de la provincia, con especial atención sobre las localidades de La Paz, San Rafael y General Alvear, las cuales se vieron afectadas por un grave temporal ocurrido este 6 de enero. El texto lleva la firma de tres integrantes de Unión por la Patria y un radical.
Asimismo, solicitan al Ministerio de Capital Humano, al de Economía, a la Secretaría de Trabajo y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y sus organismos de asistencia técnica, articulando con el gobierno provincial y los municipios, que apliquen fondos destinados a agricultores familiares, pequeños y medianos productores y agropymes en forma de subsidios de rápida ejecución que permitan a los afectados sostener las fuentes de trabajo rural, recuperar los cultivos afectados y evitar el abandono de las explotaciones dañadas.
“La cosecha significa el único ingreso de estas familias y la pérdida de estos ingresos no sólo genera una situación de quebranto y rotura en la cadena de pagos, sino también obliga a las y los productores a abandonar las estructuras de producción lo que impacta en una drástica disminución de las fuentes de empleo rural”, sostuvieron en los argumentos.
Además, los legisladores consideraron que “sería importante tomar dimensión de esta problemática que se irá profundizando año tras año y requiere nuevas acciones", entendido "al sector agropecuario como indispensable en materia recaudatoria para nuestro país y en especial para las provincias”.
El proyecto de declaración lleva las firmas de Adolfo Bermejo, Liliana Paponet y Martín Aveiro, de Unión por la Patria; y de Julio Cobos, de la UCR.
Entre otros temas, se avanzó con un proyecto para crear el observatorio de la obra pública y un Registro Nacional de Protección a las Personas, Medioambiente y Bienes.
El presidente de la Comisión de Obras Públicas, diputado Bernardo Herrera (UP), encabezó este martes una reunión informativa para debatir la situación de trabajadores viales. Además, iniciaron el estudio de los expedientes que crean un observatorio de la obra pública y un Registro Nacional de Protección a las Personas, Medioambiente y Bienes.
También resolvieron citar a funcionarios responsables del área a una próxima reunión.
Invitada a la comisión, la secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales, Graciela Aleñá, habló sobre la situación del sector: “El problema nos atañe a todos. Hay una neutralización y paralización de las obras que tiene Vialidad Nacional, a la fecha son 62 obras, y se suma la falta de presupuesto y el desfinanciamiento”. “Para que una obra con peaje hoy funcione tenemos que hablar de 10 mil pesos de peajes”, puntualizó.
Julio Aralde, secretario general de la Federación de Personal de Vialidad Nacional, expresó que “Vialidad Nacional tiene presencia federal en todas las provincias y es necesaria, como ente regulador, para la organización y ordenamiento de las políticas viales dentro del país”. “Hay una mala política de inversión, no hay mantenimiento; las rutas no están en condiciones”.
Desde la Federación de Personal de Vialidad Nacional, el secretario Gremial, Fabián Cattanzaro, dijo que “la convocatoria a esta comisión da cuenta de la problemática del sector. Vialidad es el organismo que ejecuta casi el 80% del presupuesto de obra pública en Argentina y tuvo un recorte del mismo porcentaje. A eso se suma la subejecución presupuestaria, sobre un presupuesto de 600 millones de pesos hoy se han ejecutado 280 millones”.
Respecto al proyecto que crea el observatorio de la obra pública en el ámbito del Ministerio de Economía, como un “espacio de participación, destinado a contribuir a la evaluación y mejora continua del marco normativo, de las prácticas, herramientas y procedimientos de planificación, así como de la contratación, ejecución física y financiera de las obras públicas que lleve adelante el ministerio y sus entes descentralizados”. La autora del proyecto, diputada mendocina Liliana Paponet, explicó que se trata de “dinamizar, fomentar la obra pública y la transparencia. El objetivo es poder reactivarla dándole mayor eficiencia en la ejecución del gasto”.
En cuanto al proyecto del diputado radical Julio Cobos de creación del Registro Nacional de Protección a las Personas, Medioambiente y Bienes establece “las condiciones de seguridad que deberán cumplir las presas, diques y embalses, definiendo las obligaciones y responsabilidades de sus titulares, la creación de un registro nacional con la finalidad de proteger a las personas, al medio ambiente y a los bienes”. Cobos comentó que el objetivo es “resguardar la vida de las personas”.
El ingeniero civil especializado en Geotécnica Oscar Varde explicó el expediente: “El tema seguridad de presas es dominante y transversal”. “Los daños que podría causar la falla de una presa, sea de defensa o de embalse, es tremenda”. “Es un tema dinámico que necesita control porque el cambio climático hace cambiar la hidrología”.
En otro orden del temario, los diputados analizaron una serie de pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional referente a obras específicas y a nivel nacional.
Para los diputados Aveiro, Bermejo y Paponet, la “única salida” es el consenso para dejar atrás “definitivamente estas situaciones irreconciliables generadas en las últimas semanas”.
“Oportunidad histórica para un recomienzo”. Así titularon los tres diputados de Unión por la Patria por la provincia de Mendoza un documento difundido en vísperas de la Asamblea Legislativa.
Allí señalan los diputados Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet que “las palabras del presidente Javier Milei en el inicio de sesiones ordinarias se presentan como una oportunidad ineludible y necesaria para avanzar hacia un sendero de diálogo fraterno, que respete las diferencias para que las pongamos a trabajar para el bien de los argentinos”.
“Como diputados de la Nación en representación de Mendoza deseamos profundamente que la apertura de sesiones tenga como eje la ‘Cultura del Encuentro’, desterrando descalificaciones que no conducen a ningún lado y poniendo en el centro de nuestras acciones el sufrimiento de nuestro pueblo”, plantearon los legisladores de UP, para quienes “el respeto, el diálogo y el consenso son imprescindibles para mantener y mejorar nuestra Argentina. La gente espera y nos pide garantizar la paz. Siendo esa nuestra principal tarea como autoridades”.
Aveiro, Bermejo y Paponet se manifestaron “convencidos de que esta Asamblea Legislativa debería ser un punto de inflexión entre lo vivido en estos meses y lo que sería un óptimo futuro para nuestro país”. A su juicio, “esto no debería continuar siendo una guerra de egos, sino por el contrario una muestra constante de humildad y solidaridad personal y de conjunto, para el crecimiento y desarrollo de Argentina y principalmente de nuestro pueblo”.
En ese marco, los diputados mendocinos anticiparon que “escucharemos expectantes y con esperanzas las palabras del presidente, con el deseo que aproveche la oportunidad para buscar la paz y que esta nueva exposición no se transforme en oportunismo desde donde profundizar el odio.
Dejamos de lado los agravios vertidos sobre los legisladores para continuar trabajando en beneficio de los argentinos”.
“Seamos conscientes que desde los poderes del Estado y en coordinación con los gobernadores de nuestras provincias debemos tender puentes para generar las políticas públicas que el país necesita”, agrega el comunicado difundido por los diputados de UP, que sostienen que la provincia de Mendoza “necesita que esta apertura de sesiones marque un cambio de rumbo, anime a construir relaciones maduras y que en un trabajo en conjunto con el Poder Ejecutivo Nacional se concreten medidas que: le pongan límite a la inseguridad que estamos sufriendo a diario en cada rincón de Mendoza, que garanticen el subsidio necesario para que los trabajadores y estudiantes puedan hacer uso del transporte público, que los municipios vuelvan a ejecutar las políticas nacionales de promoción del empleo genuino y que las PyMES de nuestra provincia no se vean amenazadas a cerrar”.
El texto concluye con los diputados Aveiro, Bermejo y Paponet declarando que “desde Mendoza, la tierra donde el Padre de la Patria inició la enorme gesta libertadora del sur del continente, hacemos votos para que logremos entender que la única salida es dialogar y trabajar en la construcción de consensos, dejando atrás definitivamente estas situaciones irreconciliables generadas en las últimas semanas”.
Fue en el marco del debate que surgió por el episodio que el diputado Ricardo López Murphy vivió en la Facultad de Derecho hace dos semanas atrás. Faltazo del periodista Jorge Rial y el empresario Daniel Vila.
Una discusión que arrancó moderada, pero fue subiendo de tono con el correr de los minutos, se dio este jueves entre oficialistas y opositores en el marco de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, presidida por Waldo Wolff (Pro).
Como invitado figuraba el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), a pedido de su par Alberto Asseff (Pro), con el objetivo de relatar el episodio del que fue protagonista hace dos semanas atrás en la Facultad de Derecho de la UBA, cuando un grupo de estudiantes militantes de La Cámpora le impidieron el acceso a una sala para dar una charla.
El porteño explicó que su exposición -organizada por jóvenes adeptos a él- "era de intercambio, formativa" y "no alteraba clases, porque la Facultad estaba prácticamente vacía" ya que eran vacaciones de invierno. Relató que quienes lo invitaron le informaron que un grupo de estudiantes "ha copado la entrada del salón, las chicas están tiradas en el piso".
A lo que él respondió que iba a ir a hablar con ellos para "ver de qué se trata esto". "Me acerqué al grupito este que estaba muy organizado y sostuvimos un debate sobre si ellos tenían la potestad de actuar en una suerte de matonaje", expresó López Murphy ante sus pares. "Empezaron a agredir, como está claro en los vídeos, y a decir que yo estaba escondido. Yo no me escondo, doy la cara todo el tiempo", continuó.
Para el legislador de Juntos por el Cambio, esos estudiantes estaban "tergiversando la historia; agrediendo valores esenciales de la vida universitaria" y "asociándose a épocas muy oscuras de la humanidad como era la Inquisición, los regímenes totalitarios, donde hay un pensamiento único".
"Procure evitar la violencia y cuando vi que los ánimos se habían caldeado decidí dar la exposición en otro aula de la Facultad", contó.
Luego del apoyo que le manifestaron Asseff y Fernando Iglesias (Pro), desde el oficialismo recogió el guante el cordobés Pablo Carro (FdT), quien lamentó "el mal momento que habrá pasado", pero señaló: "La charla se pudo dar en otro aula, por lo tanto no podemos considerar censura. Censura es cuando un poder impide que haya una expresión, y esa expresión se dio institucionalmente".
"Yo tengo 25 años de docencia universitaria, de hecho he sido uno de los que encabezó en Córdoba las movilizaciones para lograr su renuncia como ministro contra el recorte presupuestario que llevó en ese momento. Y la verdad que estoy orgulloso", le enrostró.
El oficialista consideró que "hay que defender la libertad de expresión en el sentido amplio; cuando los estudiantes se manifiestan también tienen derecho a hacerlo. Chicas acostadas en el piso como describió no me parece ni matonaje, ni patota, ni odio".
"Me solidarizo porque a nadie le gusta pasar por un mal momento de ese tipo", dijo, pero insistió que "parte de la libertad de expresión es que todos los sectores puedan expresarse" y, en definitiva, "no se impidió que se realizara la actividad".
En respuesta a Carro, el diputado Miguel Bazze (UCR) subrayó que "el país tiene un pasado demasiado doloroso como para relativizar cualquier intento de impedir la libertad de expresión". "Hay una responsabilidad de parte de los militantes políticos que trataron de impedir que se desarrollara esa conferencia", afirmó y aseveró que el hecho de que "se le impida a alguien que se exprese" sea del partido que sea "es tremendamente peligroso" y "absolutamente inaceptable".
"Me solidarizo con el momento incómodo que el diputado vivió", arrancó la porteña Mara Brawer (FdT). Sin embargo, pidió analizar el contexto en el que se dio el hecho: "No estamos en un momento político donde no estamos exentos de tensiones". En esa línea, recordó que en la sesión de este martes la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT), y ella también, aunque no había revelado, vivieron "una situación totalmente violenta en la puerta del Congreso" con un grupo de manifestantes que "ya los estamos viendo en varios lugares".
Sobre el clima político, la oficialista reclamó que "cada vez que estamos en las sesiones Iglesias no nos deja hablar y está todo el tiempo insultando, interrumpiendo nuestras alocuciones".
A López Murphy "se lo dejó hablar, tenía toda la Universidad, la protesta fue: en este aula no. Estamos poniendo una conducta, que no reivindico, en un nivel de gravedad que para mí personalmente no lo tuvo", señaló y llamó a la reflexión de que "estamos en un contexto donde además de repudiar lo que le pasó al diputado Ricardo López Murphy, hay que empezar a pensar qué estamos haciendo para generar este clima político".
Al cruce le salió entonces Iglesias, mencionado por la diputada, quien comenzó: "Yo no sé que es más grave, si lo que sucedió en la Facultad o lo que sucede acá con diputados de la Nación justificando".
"Me alegro que haya un cambio en la presidencia de la Cámara porque cada vez que yo digo algo mientras habla un diputado del oficialismo, el anterior presidente empezaba a gritar: "Cállese diputado Iglesias, respete". Mientras hablo yo ladra la jauría. Ustedes se insultan a sí mismos cuando adoptan la actitud de ladrido", lanzó.
Además, el macrista cuestionó que "el clima político se genera cuando una parte de la población, que legítimamente representa algunas ideas, se considera la expresión única de la Nación y que los otros son cipayos, gorilas o vendepatria". "Impedir la entrada a un aula no es libertad de expresión, es patoterismo", añadió.
Por su parte, la legisladora Sabrina Ajmechet (Pro) enfatizó que "la defensa de la libertad de expresión como la defensa de los derechos humanos hay que repudiarla siempre y de forma total, sin importar quién lo hace y cómo lo hace. No puede haber dos varas como el kirchnerismo nos acostumbró en la Argentina a que hubiera".
Retomó luego la palabra López Murphy, que lamentó "lo que ha ocurrido. Yo creía que íbamos a tener una actitud tradicional en esta cuestión, que era rechazar un hecho deleznable y no buscarle atenuantes, justificaciones". "Lamento que hayan expresado que la víctima explica el accionar del victimario, eso es inaceptable en derecho, en términos de libertades y en la Universidad pública", completó.
Ya en el cierre, la vicepresidenta de la comisión, Liliana Paponet (FdT), se solidarizó con López Murphy, pero advirtió que "muchas de las cosas empiezan por casa" y "muchas veces las maneras que tenemos de expresarnos en Twitter" son "conductas que llevan de alguna manera a decirle a los demás que se puede hacer lo mismo".
"Pensé que desde hace seis meses (cuando asumió) había visto todo, pero veo que ahora el diputado se victimiza y digo 'wow'", disparó sobre la intervención de Iglesias.
La mendocina sumó que "es importante que nos respetemos", pero no creer que porque se forma parte de esa comisión "podemos decir cualquier cosa ofendiendo al resto sin tener en cuenta que por ahí se vulnera otro derecho".
Finalmente, Wolff celebró el intercambio, al manifestar que le parecía "fantástico" porque "esto es el Congreso, está es la discusión, celebro que se puedan exponer las diferencias". Y anticipó que el debate no está cerrado porque la semana próxima convocará a tratar el proyecto de repudio sobre el caso que anticipó Asseff.
Faltazo de Rial y Vila
El otro punto del temario de la comisión este jueves era la convocatoria del periodista Jorge Rial y el empresario Daniel Vila, quienes mantienen un conflicto judicial luego que el conductor de Argenzuela (Radio 10, C5N) denunciara por amenazas al presidente del Grupo América.
En el comienzo del encuentro, Wolff detalló cómo fue el proceso de citación, más precisamente a Rial, quien "empezó a requerir la atención de la comisión". El macrista contó que se comunicó con él por las redes sociales y le explicó que "nosotros no teníamos funciones jurídicas", pero "esta comisión estaba abierta para escuchar su versión".
"Hay una causa judicial entre las partes, entonces me parece absolutamente razonable que el tema se resuelva en la Justicia si así lo creen conveniente", opinó Paponet sobre la ausencia de ambos.
Inmediatamente después, Wolff informó que Rial había tuiteado justo en ese momento y leyó los mensajes. "Me invitaron a la Comisión de Libertad de Expresión. No voy por varias razones, la principal que invitaron para la misma reunión a Daniel Vila. Intentaron juntar a víctima con el victimario dándole la misma importancia y espacio", publicó el conductor.
"Eso solo lo haré en la justicia, ámbito que corresponde dirimir la amenaza de muerte contra un periodista. Pero, además, los diputados desconocen que existe una orden de restricción sobre el empresario. Por lo que haría imposible ese extraño encuentro", agregó.
Y, duro, Rial cuestionó: "En resumen. No les importo en el momento y tampoco ahora. Lo intentaron cumplir burocráticamente y poner en el mismo plano al empresario de medios poderoso que amenaza con la víctima. Una locura que no sorprende de ignorantes con carné".
Tras leer los tuits, Wolff dijo que "como esta es la Comisión de Expresión leemos esta expresión hacia nosotros del señor Jorge Rial, que por supuesto tiene derecho a hacerlo, lamento el dispendio de tanto tiempo porque él fue quien solicitó esto". Y aseguró que "las puertas están abiertas cuando quiera. A pesar de la agresión de él nosotros tenemos funciones institucionales y no personales".
