Una ley que fue aprobada en el año 2019, en diputados y luego en 2020 fue sancionada en el Senado, sin votos negativos, y con el apoyo de diversos bloques partidarios.

Es que esta ley trajo muchas controversias a nivel nacional. Algunos de los puntos más relevantes eran, que el plazo mínimo de locaciones sería de 3 años y no de dos, como en la anterior, dándole así más certeza al inquilino; las expensas extraordinarias pasarían a ser gastos del propietario y la posibilidad de presentar diferentes alternativas de garantías. Otro punto importante fue la actualización del valor locativo, que pasó a ser calculado por la inflación y por el índice de salarios.

“Como dijo Patricia (Bullrich), esta ley no fue sólo mía, nosotros como Gobierno la impulsamos, pero fue votada en el Congreso por muchos partidos, sin ningún voto negativo. Hoy la ley no funciona, y cuando algo no funciona hay que cambiarlo. Los políticos debemos hacer autocrítica”, consideró el legislador opositor, que al momento de ser sancionada la norma en cuestión era oficialista.

“Tenemos que reconocer nuestros errores”, continuó el legislador provincial y dijo “es que fue pensada para otra economía, una economía creciente, con una inflación mínima y con un país estable”.

“Hoy no se puede alquilar, pero tampoco comer ni vestirse. La inflación está en los niveles más altos de los últimos 30 años y no hay salario que aguante. El Gobierno nacional destruyó la economía de todos los argentinos. Por eso es muy importante que el Congreso trate la derogación de la ley de alquileres”, completó el legislador del PRO Daniel Lipovetzky.

El proyecto surgió del propio sector gastronómico sobre todo de la región de La Plata que plantearon “los abusos que hoy sufren de parte de las plataformas digitales de reparto a domicilio”.

En este contexto de pandemia, los operadores de plataformas digitales de reparto a domicilio “se aprovechan de las necesidades de los comerciantes” que dependen de los deliverys, tal como es el caso del rubro gastronómico,

Ante esta situación según se informó estas aplicaciones están imponiendo comisiones de hasta el 40 % de cada operación de venta donde intervienen, cuando antes de la pandemia, las comisiones alcanzadas eran de hasta el 20 %.

“Por eso hemos propuesto un tope del 20 % para evitar abusos sin dejar de reconocer el lucro de los operadores de las plataformas”, dijo el autor de la inciativa, el diputado de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky.

“En este momento es clave ayudar a las pymes bonaerenses que se ven expuestas a las condiciones abusivas que les imponen las grandes empresas de plataformas digitales, muchas extranjeras”, completó el diputado provincial.

Además, el proyecto de ley que llamó la atención de los legisladores establece la obligación de las plataformas de poseer un canal de atención de reclamos, muy necesario para los usuarios y/o consumidores.

Se considera que este proyecto de ley es “una herramienta de ayuda al sector gastronómico”, que es mano de obra intensiva y hoy sufre una caída de la actividad muy importante por la pandemia.

Según el autor de la iniciativa “las plataformas de reparto a domicilio pretenden quedarse con gran parte del margen de rentabilidad que hoy posee el sector gastronómico”.

A su vez, y siempre según relató el diputado Lipovetzky, el proyecto también establece “un plazo máximo de 10 días para el pago a los comerciantes” de las operaciones realizadas a través de las plataformas, “ya que hay muchas quejas porque las plataformas han demorado hasta 40 días en transferir el dinero que le corresponde al comerciante”.

El proyecto de ley presenta la particularidad de haber sido presentado en ambas Cámaras y por un senador oficialista y un diputado opositor.

Pues la iniciativa fue rubricada por el senador del Frente de Todos, Francisco Durañona, y el diputado de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky.

Allí, se proponen modificar una serie de artículos del Código provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, con el objetivo de darles mayor poder a los municipios en las tareas de control y sanción.

La iniciatiativa plantea entre otras cuestiones elevar el límite de las multas desde los $500.000 actuales hasta $10 millones.

“Es necesario empoderar a los municipios porque son el ámbito más cercano a la ciudadanía”, explicó el senador del FdT Paco Durañona.

En relación a la iniciativa, Lipovetzky explicó que “es necesario parar con los aumentos de precios abusivos en forma urgente”, añadiendo que se trata de “un deber de todos, sin diferencias partidarias ni especulaciones de ningún tipo”.

Específicamente, el proyecto de ley propone reformar la ley provincial 13.133 o Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.

La iniciativa incorpora al cuerpo de la ley el artículo 1° bis, que tendría la siguiente redacción: “Las disposiciones de la presente ley serán aplicables, en cuanto sea pertinente, a las infracciones enmarcadas en la ley nacional 20.680, de abastecimiento, facultándose a los municipios a la inspección, juzgamiento y sanción de las mismas”.

La intención de esta modificación, según explicó Durañona, es “poner a la provincia y a los municipios a trabajar en el sentido que indicó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández”.

“Se trata de colaborar en el control de los precios máximos y también resolver de fondo, de manera práctica, concreta y operativa la aplicación de la Ley de Abastecimiento, aprovechando estructuras vigentes en cada una de los municipios de nuestra provincia”, agregó el ex intendente de San Antonio de Areco.

En esa dirección, el diputado opositor evaluó que “la ley provincial actual no es clara respecto a que la violación de los precios máximos configure una falta grave en perjuicio del consumidor”, razón por la cual “con este proyecto aclaramos la normativa, lo que es muy importante para que los intendentes controlen y protejan a la gente contra los abusos”.

Se destaca también la importancia de actualizar los montos de las multas contemplados en el artículo 73° de la normativa, aumentándolas desde los límites entre $100 y $500.000 que tienen actualmente hasta un rango que vaya desde los $10.000 a los $ 10 millones.

Finalmente, se establece la necesidad de cambiar el artículo 77° de la ley 13.1333, que es aquel en el que se especifican las cuestiones que serán tenidas en cuenta al momento de implementar las aplicación y graduación de las sanciones previstas.

Sobre el particular, el proyecto incorpora el inciso i), que adoptaría la siguiente forma: “En el contexto de situaciones de emergencia declarada por autoridad competente, la infracción a los regímenes de protección de los consumidores y de abastecimiento, en particular lo relativo a los acuerdos de precios y la violación de precios máximos que pudieran determinarse para situaciones de excepción, se considerarán faltas graves”.