La Cámara alta se reunirá este jueves desde las 11 para debatir una serie de proyectos que no presentan en general mayores reparos, aunque se espera un momento tenso cuando UP busque tratar la movilidad jubilatoria.
En la que será la quinta reunión del presente período ordinario, la Cámara de Senadores sesionará este jueves a partir de las 11 para tratar pliegos militares y diplomáticos, la declaración de duelo nacional por el atentado contra la AMIA y un tema muy caliente como la comercialización de menores de edad.
El temario previsto para este jueves incluye la aprobación de una serie de pliegos miliares y diplomáticos, tras lo cual se abocarán a proyectos de ley sobre la modificación del Código Penal en lo que respecta a sustracción y/o comercialización de menores de edad y sobre la declaración de duelo nacional en homenaje a las víctimas del atentado a la sede de la AMIA.
En el caso del proyecto que modifica el Código Penal para agravar penas por el robo de menores, cuyo tratamiento coincide con la conmoción que ha generado en todo el país la desaparición del chico de 5 años Loan Peña, se trata de un proyecto de la senadora radical Carolina Losada.
A través del mismo se modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad. Cuando se trataba de funcionarios públicos o profesionales de la salud, se añadía la inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena.
El cambio propuesto prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.
Asimismo incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.
En el caso de la declaración de duelo nacional en homenaje a las víctimas del atentado a la sede de la AMIA, el proyecto cuenta con media sanción de diputados y por el mismo se declara el 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) contra la República Argentina.
Asimismo se dispone que todos los 18 de julio la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos.
Para el inicio de la sesión se esperan los habituales homenajes y cuestiones de privilegio, pero también una movida que el interbloque Unión por la Patria ya adelantó que llevará a cabo: el intento de provocar el tratamiento del proyecto de ley proveniente de Diputados para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria.
El tema comenzó este miércoles a ser tratado en comisiones y no tiene dictamen, pero desde Unión por la Patria anticiparon la intención de tratarlo este jueves en el recinto, para lo cual necesitarían contar con dos tercios de los presentes. Si bien el tema consiguió los dos tercios al ser votado en Diputados, no se espera que la oposición pueda conseguir ese porcentaje, dado que el radicalismo ya adelantó que no están de acuerdo con acelerar tanto el tratamiento.
A través de un comunicado en X, el diputado Eduardo Toniolli recordó su preocupación por el DNU 195 de febrero pasado que disponía que el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas pasara a manos del Ministerio de Seguridad.
Tras cumplirse once días desde la desaparición de Loan, causa por la cual hay imputados bajo el delito de trata de persona, el diputado nacional Eduardo Toniolli acusó al presidente de la Nación, Javier Milei,a través de un comunicado en X, de “destruir” las políticas contra la trata con el DNU 195.
El decreto presidencial fue publicado el lunes 26 de febrero pasado, por el cual el Poder Ejecutivo dispuso que el Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas pasen a depender del Ministerio de Seguridad, que actualmente comanda Patricia Bullrich. “Desde ese momento todas las políticas del área fueron degradadas”, afirmó el santafesino.
“En ese marco el Gobierno Nacional abandonó las políticas de prevención (dejando de actualizar las redes sociales oficiales y frenando las campañas de difusión), y de asistencia a víctimas (no más altas en programas, no entrega más viviendas, desmantelamiento de CDR's)”, relató el diputado de Unión por la Patria.
También limitó la persecución de estos delitos, resintiendo la capacidad de inspección del Estado, con el desmantelamiento de áreas en Trabajo y AFIP, el incumplimiento de convenios con UATRE, RENATRE y SENASA, y la falta de articulación con UIF y AFIP para cruzar información.
— Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) June 24, 2024
Del mismo modo, Toniolli señaló que “limitó la persecución de estos delitos, resintiendo la capacidad de inspección del Estado, con el desmantelamiento de áreas en Trabajo y AFIP, el incumplimiento de convenios con UATRE, RENATRE y SENASA, y la falta de articulación con UIF y AFIP para cruzar información”.
Agregó también que el DNU “cesanteó a 30 trabajadores de la Línea Nacional Anónima y Gratuita 145 - Programa Nacional de Rescate (PNR), que hoy atiende con el 50% del personal necesario para su funcionamiento”, y aseveró que “se cortaron todas las acciones de coordinación con otros niveles y poderes del Estado, y con países limítrofes”.
En esa línea, el diputado de UP destacó la labor que venían haciendo gestiones anteriores y manifestó: “A contramano de lo que venía haciendo la Argentina en la materia, desde el 26 de febrero la elaboración de políticas públicas en materia de trata es abordada desde una perspectiva meramente policial, excluyendo el resto de las dimensiones que la problemática requiere para su abordaje”.
Finalmente, el diputado Eduardo Toniolli remarcó que el 30 de mayo pasado había presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo para exigir un plan de acción en relación a la acuciante problemática sobre la lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.