A 49 días de una media sanción que luego sería modificada en el Senado el 28 de septiembre, la Cámara baja volvió a votar un proyecto de ley de Alquileres. Y en esta oportunidad, a diferencia de lo sucedido el 23 de agosto, sonrió el oficialismo al ver convertida en ley la norma aprobada en la Cámara alta. El resultado se concretó pasadas las 5 de la madrugada, en una votación que concluyó con 128 votos a favor del dictamen de mayoría, 114 votos en contra y cero abstenciones. 

El texto aprobado mantiene en 3 años el plazo de los contratos (el tiempo actualmente vigente); los ajustes se podrán realizar con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 6 meses.

Se establece como índice para la actualización del precio el coeficiente de “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Éste estará “conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del Coeficiente de Variación Salarial publicado por el INDEC, y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina”. 

La norma aprobada aclara que el precio de los contratos debe fijarse en moneda nacional. En esta misma línea, dispone que “toda publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional”. 

Se elimina que se permitan pagos voluntarios anticipados por parte del inquilino, en tanto que los incentivos fiscales se mantienen sin cambios relevantes, salvo uno relacionado al monotributo, al establecer que “los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del monotributo”.  

Se mantiene la exención de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y que aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados” queden exentas del impuesto al cheque. 

Por otra parte, se incorpora que “las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación”.

El debate

Al filo de las 4 de la madrugada, cuando ya se llevaban más de 15 horas de debate, se aceptó alterar el orden del debate y adelantaron la discusión sobre la modificación de la Ley de Alquileres.

Habló en primer lugar el presidente de la Comisión de Legislación General, Lucas Godoy, quien arrancó diciendo que no hay una relación de igualdad entre las partes involucradas en el contrato de alquiler. “No hay una relación paritaria; la ley debe entonces legislar para equilibrar las condiciones de los contratantes. No estoy hablando de que haya buenos y malos; lo que hay son asimetrías”, señaló.

“La ley vigente ha recibido críticas, no ha sido la mejor; la estamos modificando por eso”, advirtió el diputado salteño, que de todas maneras aclaró que la norma no explica por sí sola la situación del valor de los alquileres; el aumento de los precios de manera exorbitante o la disminución de la oferta de las viviendas de alquiler. Citó al turismo, por ejemplo, para recordar también que deben legislar en torno a los alquileres temporarios, cosa que también pueden regular las provincias, aclaró.

“Hoy tenemos dos posibilidades: o insistimos con la media sanción que se aprobó en Diputados, o aprobamos las modificaciones, que en términos de protección son mejores las modificaciones del Senado”, sostuvo, citando por ejemplo el plazo mínimo de vigencia de 3 años, como así también el tiempo para hacer ajustes, que es de no menos de 6 meses para el caso del Senado y 4 para Diputados.

Citó como central el índice de actualización, teniendo en cuenta que lo aprobado en Diputados “no es un índice, libera la actualización”. “Ese sí es un gran problema para los inquilinos”, consideró.

Destacó también los incentivos fiscales que son similares en los dos dictámenes, aclaró.

A continuación fundamentó el dictamen de minoría el diputado del Pro Pablo Tonelli, quien consideró que la ley original 27.551 particularmente perjudicó a los inquilinos, por cuanto “provocó una enorme retracción de viviendas para alquilar. Al momento de sancionarse la ley, la oferta oscilaba entre unas 7 mil y 8 mil unidades de oferta; hoy en día la oferta se ha reducido a bastante menos de mil. Hoy por hoy está en el orden de las 500 unidades. Esto es evidente que perjudica a los inquilinos y dada la escasez de la oferta les impide negociar en igualdad de condiciones los términos del contrato”.

Así las cosas, consideró que el resultado negativo se debe a “la alteración del equilibrio entre las partes”. “Y la verdad es que hay que concluir que la Ley 27.551 alteró ese equilibrio y con la intención de proteger a los inquilinos, los terminó perjudicando”, dijo, para hablar luego de las modificaciones que comenzaron a  proponer para cambiar la ley. Primero, en el plazo de locación, que siempre había sido de 2 años y lo elevó a 3. “Además de extender tal vez excesivamente el plazo mínimo del contrato, prohibió los ajustes por períodos inferiores a un año. Y además, estableció la obligatoriedad de que esos ajustes se hicieran por un único índice de actualización, lo que produjo una enorme merma en la rentabilidad de los localizadores. Por supuesto, la consecuencia fue un retiro de la oferta”.

“En agosto pasado logramos una media sanción que en su momento nos dejó satisfechos”, señaló Tonelli, detallando lo que establecía el dictamen de minoría. Sin embargo, el Senado modificó ese proyecto, a su juicio asemejando la ley a la que había fracasado. “El Senado insiste en esa fórmula”, advirtió, citando como lo peor del caso que se establece un único índice de actualización que a su juicio será peor, porque estará por detrás de la inflación, del aumento de los precios y del aumento de los salarios.

“Esto va a afectar la rentabilidad de los locadores, y ya hemos visto lo que pasa cuando esto sucede”.

De acuerdo con el artículo 81 de la Constitución hay dos posibilidades: insistir con la sanción originaria, la otra aceptar las modificaciones del Senado, que entendió sería volver a la ley 27.551 con “mínimos maquillajes”, por lo cual no habría que esperar demasiado. “Lo razonable, lo sensato entonces, si queremos un resultado distinto y volver a una situación de normalidad y que la oferta se amplíe, es entonces que insistamos en nuestra sanción, que es lo que propiciamos en nuestro interbloque”, concluyó.

Para la diputada Romina del Plá, ninguno de los dos dictámenes resuelve el problema, y reclamó en cambio  una solución integral que pasa por un plan de construcción de viviendas, con cuotas baratas. “Si no se da eso: la construcción de nuevas viviendas, el loteo de más tierras, vamos a tener siempre un cuello de botella cada vez mayor”, estimó. Recordó que en la sesión del 23 de agosto habían acompañado el dictamen del oficialismo, en tanto que ahora harían lo mismo con el dictamen que viene del Senado, sabiendo que no soluciona el problema, pero es el mal menor.

Por su parte, el oficialista Itai Hagman sostuvo que “hubo una campaña fuerte para establecer que la existencia de una ley de alquileres era la causa de todos los problemas en el mercado inmobiliario”. Al respecto contó que había estado leyendo un informe de la Fundación Ebert, sobre el estado de los alquileres en nuestra región y Europa, que deja claro que “la idea de que tener una ley de alquileres es un invento exótico de la Argentina es absolutamente falsa. Por acá tenemos un liberalismo bastante ignorante que en vez de mirar lo que se hace en el mundo proponen en la Argentina lo contrario”.

Según Hagman, en la ciudad de Buenos Aires la oferta de alquileres creció hasta el primer trimestre del año 2022, y la caída empieza en el segundo trimestre de 2022, mucho después de la sanción de la Ley de Alquileres. Es mucho más razonable pensar que tiene que ver con la situación macroeconómica y efectivamente con la incertidumbre que se generó con las expectativas de un cambio normativo”. Concluyó entonces que decir que la culpa del problema es que el Congreso sancionó una ley “es una posición interesada, que claramente no podría beneficiar a los inquilinos que se quite la regulación”.

A su turno, Alejandro Cacace aclaró que la situación de la Argentina con países como Alemania es muy distinta por ejemplo por la situación inflacionaria. “En un país que tiene estabilidad y no tiene inflación, no habría absolutamente ningún problema en tener contratos de 3 años, inclusive más largos. Lo que pasa es que acá tenemos 12% de inflación y acelerándose, cuando uno fija por 3 años el contrato y no puede actualizarlos, esa incertidumbre hace que los propietarios retiren las propiedades, vendan las propiedades, las pasen al alquiler temporario o traten de hacer actualizaciones más frecuentes”, explicó.

Cerró el debate la diputada del Frente de Todos Paula Penacca consideró que durante la discusión se instalaron “falacias” tales como que “el mercado de alquileres funcionaba bien y esta ley lo rompió”. Recordó la cantidad de votos con la que se aprobó en su momento la Ley Lipovetzky, que vino a resolver una “situación de abuso”. También rechazó el concepto de que “el mercado resuelve todo” e insistió en que “la ley no es el problema”.

“Este problema empieza cuando en el año 2018 se llega a una devaluación anual de 100% y por lo tanto la expectativa de propietarios e inmobiliarias no coinciden con lo que logran ganar. Y esto lo dice Reporte Inmobiliario, que no es  un pasquín kirchnerista”, y citó un texto que hablaba de una recuperación del mercado inmobiliario en 2021.

“Hay una última falacia, que es un contrato libre entre iguales; ni es un contrato libre, ni es entre dos partes, porque en el medio están las inmobiliarias y que esta desigualdad es manifiesta, porque las personas que tienen que buscar donde vivir, no pueden elegir no alquilar”, explicó.  

El diputado nacional y precandidato a renovar su banca Lucas Godoy (FdT – Salta), analizó la dirigencia del oficialismo a nivel nacional donde destacó el trabajo que realiza Sergio Massa a cargo del ministerio de Economía y criticó la gestión del presidente, Alberto Fernández: “No estuvo a la altura de las circunstancias”.

En declaraciones por el programa Día de Miércoles, el legislador salteño destacó la figura de Massa: “En todo momento el ministro de Economía está anunciando nuevas medidas. Está llevando adelante, con mucha firmeza, una negociación con el FMI”, y recordó: “Aclaremos que el Fondo no lo trajimos nosotros, se pudo hacer una renegociación que no fueron en las mejores condiciones y hoy esta en un nuevo proceso de renegociación”.

“Él agarró una situación muy compleja, una papa caliente. Sergio tomó el timón de la económica, juntando varios ministerios para manejarlos en su conjunto el sector económico público. Ha llevado adelante un buen trabajo, en particular con algunas cuestiones, la gran lucha es la inflación y eso lo sabemos todos. Ha empezado a descender, paulatinamente va a descender. No hay manera de bajar la inflación a un dígito en el corto plazo”, ponderó.

En esa línea, se refirió a la economía bimonetaria y la subida del dólar: “La debilidad del peso provoca eso. La importación se hace sobre el dólar oficial, pero el precio sube sobre ese dólar paralelo y ahí hay responsabilidad con la especulación. La Argentina viene en crecimiento en términos de producción, de trabajo formal, en capacidad industrial instalada y usada. El gran problema que genera un desorden económico es la inflación”.

“Massa ha hecho mucho en la economía. Tomó una situación compleja, la acomodó. Toma constantemente decisiones que llevan alivio”, destacó el legislador nacional y agregó: “Venimos de un nivel de endeudamiento que habíamos terminado en default en pesos y en dólares en 2015 y con 45 mil millones con el FMI. Luego de eso vino la pandemia que puso el mundo patas arriba que encareció el precio de alimentos y combustibles que fue lapidario. La guerra también provocó aumento de precios. También la sequía que ha generado una pérdida de 20 mil millones de dólares. Todos esos sucesos deben analizarse para entender el presente, necesitamos reforzar las reservas del Banco Central y eso está tratando de hacer el ministro”.

De esta manera, planteó: “El próximo 23 de agosto los argentinos van a elegir entre dos modelos, uno que intenta salir de esta situación que el sueldo alcance, que haya redistribución de la riqueza, que se fortalezca el trabajo, que se invierta en producción, en valor agregado, en minería, en litio. Otros candidatos como (Patricia) Bullrich o (Javier) Milei te dicen que hay que ajustar, que hay que destrozar la economía”.

“Massa sigue con las negociaciones y ha planteado que no va a permitir un ajuste que genere mayor pobreza a quienes están pasándola mal y lo sostiene. Lo que propone Bullrich y Milei o (Horacio) Rodríguez Larreta es eso un ajuste, lo dijo incluso la propia Elisa Carrió”, comparó Godoy.

En ese sentido, consideró que “la campaña de Massa va a ser claramente la gestión. En JxC se están peleando como gatos y perros, pero eso es cosa de ellos”.

En relación a la gestión de Alberto Fernández, el diputado oficialista cuestionó el rol del mandatario al frente del país: “Hubo aciertos y desaciertos en la gestión. No creo que haya sido el mejor gobierno, claramente. Me parece que Alberto Fernández no estuvo a la altura de las circunstancias”. Sin embargo, aclaró que su gestión “no fue peor que la de De la Rúa, ni de la de Mauricio Macri entre 2015 y 2019”.

Por otro lado, Godoy analizó el panorama en el caso que los votos no le permitan renovar su banca en el Congreso de la Nación: “No importa quienes sean los diputados que ingresen, depende de la responsabilidad de cada uno y como toma el rol. Hoy somos parte de un proyecto”.

“En mi caso voy a estar donde sea necesario. Como militante y con mi experiencia entiendo que puedo estar trabajando un proyecto colectivo por la unidad”, afirmó y cerró: “Sergio Massa tiene espalda propia, en el caso de Alberto Fernández, antes que Cristina lo elija media un punto. Nosotros a nivel local también buscamos unidad en las listas”.

En Salta no pudieron consensuar una lista unidad ni Unión por la Patria ni Juntos por el Cambio, por lo que el 13 de agosto habrá internas para disputarse las cuatro bancas en Diputados que se renuevan a fin de año. Lo mismo hará el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), mientras que los partidos Salta Independiente, Ahora Patria, Libres del Sur, Política Obrera, el Movimiento al Socialismo (MAS) y Autonomista presentaron listas únicas de candidatos.

Los diputados a los que se les vencen los mandatos son Lía Verónica Caliva (Partido del Trabajo y del Pueblo), Lucas Godoy (Igualar), Virginia Cornejo (Pro) y Miguel Nanni (UCR).

El frente Unión por la Patria tendrá 3 listas, de las cuales “Unión por Salta” estará encabezada por el actual coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Pablo Ismael Outes, uno de los hombres de mayor confianza del gobernador Gustavo Saénz, que será secundado por la intendenta saliente de Cerrillos, Yolanda Vega, Lucas Godoy –quien buscará retener la banca- y Beatriz Blanco.

La segunda lista, denominada “Unión para la Victoria”, tendrá en primer lugar al exdiputado provincial Ramón Jesús Villa (Partido de la Victoria), seguido por Lía Caliva y Pedro Guzmán.

La tercera lista “Unión por la Felicidad de Salta”, como cabeza de lista a la actual delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales Miy, seguida por el referente del Movimiento Evita en Salta, Oscar Vila, y Fernanda Ramos.

De la vereda de enfrente, por JxC una de las listas estará encabezada por Inés Liendo (Pro), junto a Alberto Castillo, actual presidente de la empresa estatal Remsa, acompañando en la precandidatura a la presidencia del actual jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. La otra boleta posiciona al radical Miguel Nanni y Virginia Cornejo (Pro), que buscan renovar sus bancas y sumarán su apoyo a la postulación a la presidencia de Patricia Bullrich.

En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) también presentará dos listas. La primera acompaña a la fórmula presidencial integrada por Myriam Bregman y Nicolás del Caño, y se denominará “Unir y fortalecer la Izquierda”. Estará encabezada por la docente Daniela Planes (PTS), acompañada por Jesús Choque.

La otra lista acompañará a Gabriel Solano y Vilma Ripoll, como sus precandidatos a la presidencia, y tendrá a la dirigente del MST Andrea Villegas y al ex diputado provincial por Capital Pablo López (Partido Obrero), como sus precandidatos a diputados nacionales.

Listas únicas

Por cuenta propia también anunciaron sus precandidatos Salta Independiente llevaría a su presidente, Felipe Biella, como principal figura a disputar una banca como legislador nacional, seguido por la concejala de Metán Sonia Villa.

Libres del Sur anuncio que el actual concejal por Capital Ignacio Palarik y Gladys Tinte, serían quienes se presentarán a competir por los puestos en la Cámara baja nacional. Por su parte, Política Obrera llevará como principales candidatos a la diputación nacional a Violeta Gil y Julio Quintana. En tanto, el MAS inscribió a Marcos Tognolini y María Ramos.

También se anotó el Partido Autonomista, que presentó a Lucio Paz Posse, Lorena Flores y Héctor Nieves, como sus precandidatos a diputados nacionales. 

Cuando todo el mundo daba por hecho que Alfredo Olmedo sería el hombre que encabezaría la lista de precandidatos a diputados nacionales de Ahora Patria, hubo un cambio de timón y le cedió el lugar a la actual concejal capitalina Emilia Orozco que representará el espacio La Libertad Avanza, de Javier Milei. La sigue en la lista Julio Moreno, Eliana Bruno y completa, Gustavo Pantaleón.

Mientras se rumorea que el Gobierno podría suspender la Ley actual de Alquileres y poner en vigencia el esquema que regía antes por 180 días, el diputado nacional y vicepresidente de la Comisión de Legislación General, el salteño Lucas Godoy, planteó la necesidad de que la nueva norma sea “más federal” y que se debería discutir “profundamente”. A su vez, se mostró en contra de una “desregulación” porque consideró que “no es la solución”.

En declaraciones por la AM 870, Godoy recordó: “Nosotros hemos discutido ya las reformas a la Ley donde surgieron los dictámenes, uno que pretendía un poco liberalizar la relación contractual de alquileres que era de JxC y se planteaba una actualización hasta trimestral por índices de inflación. Nosotros obtuvimos aquellos parámetros y planteamos distintos mecanismos para aumentar la oferta de alquileres con beneficios fiscales”.

En esa línea, reconoció: “Es cierto que hay un gran problema con la Ley de Alquileres que surgió en el 2019 que la impulsó JxC y no se discutió profundamente en términos federales y perjudicó a los inquilinos, eso es algo que hicimos en el planteo de reformas”.

“Con la anterior regulación, el interior siempre tenía porcentajes de actualización mucho menores que lo que sucedía en la Ciudad Autónoma y esto elevó la vara para arriba perjudicando en la actualización a los inquilinos”, comparó el salteño

Y planteó que “es un tema a discutir profundamente y creo que la desregulación no es la solución y hay que buscar las alternativas para una ley que provoque que haya más ofertas, porque el precio no se eleva y que existan regulaciones en lo contractual que se proteja más al inquilino por parte del Estado”.

Sobre la posible suspensión de la norma vigente, comentó: “Son trascendidos que se va a derogar, no hay nada concreto, pero si es un tema recurrente. Es volver a sentarse para analizar cuáles son los mejores mecanismos como si los contratos por 2 o 3 años ha sido perjudicial, actualizaciones anuales por la inflación que también resulta complicada para ambas partes, porque al ver esta regulación se aumentan los precios, que es el gran problema que se está viviendo”.

“Tampoco podemos pensar que el mercado inmobiliario está concentrado en dos o tres humanos, hay que atender esas circunstancias y lo que sucede en capital, porque cuando se reguló en su momento no se escucharon las voces de las distintas provincias, es un problema a nivel nacional”, manifestó el oficialista.

A su vez, manifestó que “la Ley de Alquileres no está destinada a resolver un problema habitacional, pero si tiene que tener una regulación en beneficios de la parte que precisa mayor protección ante la ley que es el inquilino, pero que signifique perjudicarlo porque si provocas la disminución de oferta, le van a subir los alquileres”.

“No puede haber una desregulación absoluta sobre el tema porque eso si va a ser un gran problema para los inquilinos, más allá que los contratos deben cumplir con la ley vigente pero no podemos no regular”, alertó Godoy y opinó: “Hay que lograr un punto de equilibrio para mejorar esta situación de oferta de alquileres”.

La Comisión de Legislación General, a cargo del diputado nacional Lucas Godoy (FdT – Salta) de la Cámara baja se reunió este miércoles para dictaminar en consenso diferentes proyectos entre los que se destacan el régimen para el ejercicio profesional de la obstetricia y la institución del 15 de noviembre de cada año como el “Día nacional por la memoria de los 44 héroes del Submarino ARA San Juan”.

Además, fueron dictaminados por mayoría las iniciativas sobre: el régimen de paridad de género en las empresas del Estado nacional; disposición de la colocación de señalética de carácter informativo referida al submarino ARA San Juan, en las ciudades con salida a ríos o Mar Argentino y en dependencias de las Fuerzas Armadas; la transferencia a título gratuito a la Universidad nacional que el Consejo nacional de Educación posee del predio excolonia Manuel Belgrano, de la ciudad de Tandil; declaración del 2023 como “Año del 40° aniversario de la restauración democrática”; e institución al 3 de noviembre como “Día de la memoria por las víctimas del atentado contra la fábrica militar Río Tercero”.

En una breve reunión, el presidente Godoy anunció: “Habiendo acordado la totalidad de los dictámenes, tanto en los despachos como en asesores, se pasan a la firma”.

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) explicó: “Con la diputada (Mónica) Litza acordamos unificar los cuatro proyectos sobre el homenaje a las víctimas y familiares del ARA San Juan”. Además, agregó: “Propusimos un texto que suma al 15 de noviembre como día de la defensa de los derechos soberanos del Mar Argentino”

En tal sentido, la diputada Mónica Litza (FdT – Buenos Aires) recordó que, entre los 44 tripulantes, “se encontraba la primera mujer al mando de un submarino”. Asimismo, añadió: “Quiero hacer foco no solo en las victimas, sino en las familias para reivindicar la lucha incansable por la memoria y la verdad del hundimiento del ARA San Juan”.

Respecto a la iniciativa sobre señalética del submarino hundido el 15 de noviembre del 2017, el diputado nacional Tomás Ledesma (FdT – Entre Ríos) sostuvo que, para fortalecer la historia de aquellos hombres y aquella mujer, “hay que poner en valor el proyecto de señalética que también hace a la memoria”. Asimismo, explicó: “Reivindicar estas luchas, genera en niños y niñas la curiosidad de saber y conocer lo que pasó”.

Por otro lado, la diputada Mónica Macha (FdT ) hizo referencia al proyecto sobre el ejercicio profesional de la obstetricia, y expresó: “Son marcos normativos que nos permiten ampliar derechos. La obstetricia es una profesión y tenemos la necesidad de actualizar esta ley con la posibilidad de mantener un ejercicio justo y honesto”.

“Es una profesión llevada adelante por mujeres, por eso debemos generar acompañamientos desde un lugar más saludable con prácticas y las emocionalidades correspondientes”, señaló.

En una breve intervención, la vicepresidenta de la Comisión de Legislación General, Carla Carrizo (Evolución Radical – CABA) apoyó todas las iniciativas y afirmó: “Construimos consenso en cada uno de los proyectos dictaminados y desde JxC lo valoramos “.

A su vez, agregó: “La iniciativa de obstetricia trae seis intentos fallidos y 14 años de espera. Por eso la apoyaremos, pero coordinamos unas modificaciones en el recinto”. Así también, habló sobre la iniciativa de paridad de género y advirtió que “viene retrasado porque en Europa se utiliza desde el 2015”.

En el final, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – CABA) sostuvo “estar de acuerdo” con la redacción del proyecto sobre paridad de género en empresas públicas, pero pidió “tratar el artículo 12” sobre la ley de obstetricia, ya que, consideró que “había algunas cosas que le hacían ruido”.

El presidente de la comisión reafirmó los siete dictámenes por mayoría, y entre los legisladores presentes acordaron tratar las modificaciones propuestas en el recinto de la Cámara de Diputados.

Presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, Lucas Godoy (FdT-Salta) fue uno de los miembros informantes del proyecto relativo al Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. “Tengo la grata tarea de ser uno de los miembros informantes de este proyecto de ley de reforma de la Ley 27.453, popularmente conocida como de Barrios Populares”, arrancó el legislador oficialista.

Godoy hizo primero un racconto de lo sucedido con esa ley y del relevamiento previo necesario que concluyó en su sanción. “Estamos hablando de una política pública que como tal se desarrolle a largo plazo y tienda a brindar las soluciones que propone la normativa: generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares, en aquellos barrios que merecen una atención profunda para su transformación por parte del Estado”, señaló el diputado salteño, que recordó además que en 2016 se realizó ese relevamiento que dio nacimiento al ReNaBaP.

Con ello “se reconoce la existencia de barrios populares en 2017 y se sanciona finalmente la Ley 27.453 en octubre de 2017”.

El diputado oficialista agregó que “esta ley planteaba la creación de un fondo, un fideicomiso”, y remarcó que “una norma de esta naturaleza cae en letra muerta si en definitiva no tiene los recursos para generar esas políticas, para implementarlas y transformar en la realidad la calidad de vida de miles y cientos de miles de personas”.

Detalló que “ese fondo se integra con el 9% del impuesto PAIS y el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas. Para implementar entre otras cosas lo que es la transformación, la integración urbana, la vivienda, el plan Mi Pieza, que significó que más de 170 mil mujeres fueran seleccionadas; una inversión de casi 39 mil millones de pesos y que se alcance a cerca de 4.200 barrios en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires”.

“En ese momento se relevaron más de 4.400 barrios populares –puntualizó-. Se conoció además que el 68% de esos barrios no accede a la energía eléctrica, que casi el 90% no accede al agua corriente. Casi el 100% no accede a red cloacal, con todo lo que significa eso para la salud de las familias que allí viven. Y el 99% no accede al servicio de gas natural”.

Lucas Godoy destacó además que “la ley planteó declarar de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares; suspendió los desalojos, pero previamente declara la utilidad pública y sujeto a expropiación de las tierras donde se encuentran asentados estos barrios. Suspendió los desalojos por 4 años, facultó la creación de un fideicomiso y estableció que al menos el 25% de la obra pública que allí se realice debe ser ejecutado por cooperativas y/o trabajadores de la economía popular. Pero también pensando en los que residen en los mismos barrios que se realicen”.

A continuación, puntualizó que la modificación propuesta tiene que ver con ampliar de 4.416 barrios a 5.687; incluir más de 1.200 nuevos barrios que fueron también relevados y determinados en el decreto 88/21. Agregó que la modificación prorroga la suspensión de desalojos por el plazo de 10 años, que ese el plazo que se determina que dura la declaración de utilidad pública.

Declarar la emergencia socio sanitaria y ambiental en los barrios identificados por el ReNaBaP por 2 años, a los fines de agilizar los distintos procedimientos administrativos.

Además, incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de la vivienda y una asignación específica al destino de los fondos.

“Se trata de una política pública”, enfatizó Godoy, que concluyó precisando que “el propio fideicomiso está creado por 30 años. Que no pare, que continúe, que sigan estas medidas tendientes a generar condiciones dignas de calidad para cientos de miles de familias argentinas”.

En el marco de una reunión de la Comisión de Legislación General, presidida por el legislador del Frente de Todos, Lucas Godoy, obtuvo dictamen favorable el proyecto de ley que propone crear el Parque nacional y Reserva nacional “Laguna El Palmar”, en torno a la superficie de este depósito acuífero de extensos palmares, contiguo al río limítrofe Paraná-Paraguay.

De cara a posibilitar la concreción del proyecto por parte de la Administración de Parques Nacionales, el orden del día concentró la aprobación de las iniciativas tendientes a garantizar la transferencia del territorio en poder del Gobierno de Chaco, a jurisdicción del Estado Nacional.

La autora del proyecto, diputada María Lucila Massi (FdT), detalló que el Parque y Reserva comprenderá una superficie de 5.600 hectáreas, relevadas en agosto de forma pormenorizada por la Administración de Parques Nacionales. El estudio arribó a la conclusión de que lo habitan un total de 121 especies, entre aves, peces, mamíferos, reptiles y anfibios, a lo que cabe añadir una gran diversidad de flora autóctona, encabezada por el palmar blanco o caranday.

Finalmente, Massi dimensionó la trascendencia ambiental del proyecto en la medida que su cristalización “permitirá proteger y preservar la biodiversidad de los humedales de los ríos Paraná – Paraguay, y la existente en los del departamento Bermejo, posicionando a la provincia de Chaco como una de las provincias con mayor cantidad de áreas protegidas – tanto en parques provinciales o nacionales, como el Impenetrable -, de todo el país”.

En una breve reunión, que duró apenas 10 minutos, el diputado oficialista Lucas Godoy fue designado este miércoles como el nuevo presidente de la Comisión de Legislación General, tal como lo adelantó parlamentario.com.

El salteño, que hasta ahora había sido vicepresidente segundo, asumió en reemplazo de Cecilia Moreau, quien dejó ese cargo vacante al convertirse en presidenta de la Cámara de Diputados.

La encargada de proponer a Godoy fue la diputada formoseña Graciela Parola, quien primero tuvo palabras para con Moreau, a quien felicitó “por esta nueva responsabilidad que asume”. “Es un honor para nosotras como pertenecientes a este espacio político y también como mujeres este nombramiento”, dijo la legisladora del Frente de Todos.

Asimismo, le agradeció su trabajo en la comisión, el cual consideró fue “fructífero”. “Esta es una de las comisiones que más trabajó durante la pandemia”, resaltó y agregó: “Nos deja la vara muy alta para su reemplazo”.

Al proponer a Godoy, Parola lo definió como “un compañero que consideramos reúne todas las capacidades para presidirla” y que “tiene muchísima experiencia legislativa y una pasión por la técnica legislativa que va a permitir un trabajo de excelencia en esta comisión”.

“Es una persona que va a lograr los consensos que se necesitan para que avancen las leyes importantes, pero también va a defender con uñas y dientes aquellos proyectos que consideramos que realmente nuestro pueblo necesita”, sumó y valoró que también “es del interior y eso va a teñir de federalismo esta comisión”.

Al asumir la conducción, Godoy agradeció “por las palabras que me honran y espero estar a la altura de satisfacerlas”. También a sus compañeros de bloque y a Moreau “por la confianza brindada” y “a los legisladores de la oposición por respetar la decisión de la primera minoría”.

El legislador coincidió en que “se hizo un gran laburo en pandemia, a distancia y también de manera presencial” en base “a acuerdos y donde se respetó el disenso”. Por eso, aseguró que buscará “continuar con esta mecánica de trabajo, donde se busquen las concordancias que permitan avanzar en dictámenes de leyes que resuelvan problemas de los argentinos, respetando las regiones y fortaleciendo el federalismo”.

En tanto, para la vicepresidencia segunda el oficialista propuso a la fueguina Carolina Yutrovic, quien manifestó sentir “orgullo y gran responsabilidad” y prometió “acompañar a mi compañero Lucas en su presidencia”. Además, abogó por “tratar de colaborar en la construcción de consensos” y que “rápidamente se pueda retomar la agenda legislativa de la comisión” a fin de “lograr las mejores herramientas desde esta comisión para nuestro pueblo”.

Finalmente, a solicitud de la secretaria de la comisión, la radical Karina Banfi, se reincorporó en una de las secretarías el oficialista santiagueño Bernardo José Herrera.

Al asumir Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara de Diputados, dos cargos que ocupaba quedaron por resolver para el Frente de Todos: la vicejefatura del bloque y la presidencia de la Comisión de Legislación General. Precisamente esta última se definirá en una reunión que fue citada para este miércoles a las 12.

En el encuentro, que se realizará en el Anexo “C” de la Cámara baja, el oficialismo propondría en reemplazo de Moreau al diputado salteño Lucas Godoy, según pudo saber parlamentario.com.

Godoy, con mandato hasta diciembre de 2023, fue hasta ahora vicepresidente segundo de Legislación General, una de las comisiones más importantes dentro de la Cámara y donde el Frente de Todos cuenta con la mitad más uno de la composición.

En caso de que el legislador sea designado al frente de la presidencia, el oficialismo también deberá proponer a alguien para la vicepresidencia segunda -la vicepresidencia primera está en manos de Carla Carrizo (Evolución Radical)-, al tiempo que deberá sumarse un integrante nuevo ante la salida de Moreau.

En medio de fuertes rumores que vinculan al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, dentro del Gabinete del Gobierno Nacional, precisamente como ministro de Economía, el diputado nacional Lucas Godoy (FdT – Salta) le dio el visto bueno al expresar que el tigrense es “una persona indicada para asumir un rol dentro de nuestro gobierno que tenga una mayor responsabilidad”. Por otro lado, apuntó contra la oposición porque “busca obturar el funcionamiento del Frente de Todos y de un gobierno”.

En diálogo por la FM 91.1, el legislador cuestionó a “un sector de la oposición que busca obturar el funcionamiento del Frente de Todos y de un gobierno”. “Hablo con muchos diputados de diferentes sectores y tienen ganas. Pero hay sectores más reducidos, que levantan la voz más alto y buscan el fracaso de quien la gente ha elegido que gobierne”, aseveró.

Al respecto, Godoy señaló que desde el Pro “no quieren aprobarle nada al gobierno, lo dijo (Mauricio) Macri y sus referentes”. Sin embargo, aseguró que se insistirá en trabajar para buscar consensos.

En ese sentido, destacó la necesidad de “revolver cuestiones internas del Frente de Todos”, aunque consideró que “en términos institucionales hay un montón de leyes que tenemos que discutir para ver qué hacemos respecto al desarrollo de la Argentina”.

Así, y pese al contexto de crisis, consideró que Alberto Fernández terminará su mandato, aun cuando “se busca desestabilizar”. “Estamos en momentos de toma de decisiones. Hay hombres y mujeres que tienen responsabilidad institucional, que deben tomar un rol más protagónico”, dijo el diputado salteño y en alusión a Massa subrayó: “Me parece una persona indicada para sumir un rol dentro de nuestro gobierno que tenga una mayor responsabilidad”.

Entre otros temas, se refirió a la legislación en materia de litio, respecto a lo cual consideró que “debe haber un control más férreo”. Igualmente, aclaró que ello “no significa sacar el litio a las provincias” ya que, constitucionalmente, los recursos naturales les pertenecen.

“Hay que pensar una estrategia, es una cuestión de ahora. Tenemos que buscar que las riquezas de nuestro país sirvan para el desarrollo de la región, y REMSa tiene que demostrar cual es el plan del litio y de otro tipo de minerales”, enfatizó.

Y agregó: “No creo que sea una política que deba fijarse por la provincia, debe fijarse a nivel regional, y pensar en un futuro en una mesa donde estratégicamente se tomen decisiones con Chile, Bolivia y Argentina”.

ELECCIONES 2023

Por otro lado, consultado por las próximas elecciones el legislador oficialista consideró que “no es un tema central en cuanto a los recursos”, y remarcó que “las elecciones no son gastos, sino inversiones”.

Asimismo, sobre la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, sostuvo: “No me parece que es lo neurálgico. Si se eliminan ¿cómo hacemos para resolver las internas? Es una propuesta que debe llevar adelante quienes pretenden la eliminación”. Además, consideró que “especular con las elecciones es medio mirarse el propio ombligo”, y subrayó que “ser oposición te tiene que dar ciertas responsabilidades”.

En este punto, enfatizó: “Desde que asumí como diputado nacional me he preocupado por tener un diálogo sincero con el Gobernador y sus funcionarios en la búsqueda de ir generando soluciones para Salta. Ese diálogo debe ser constante, las diferencias no pueden taparnos el bosque. Hay una crisis que, si seguimos pensando en nuestros propios intereses, la sociedad te va a llevar puesto. Los lugares que uno ocupa son circunstanciales”.

El diputado del FdT anticipó: “Vamos a ir avanzando paso a paso, formamos parte del frente que electoral de las últimas elecciones nacionales. El partido Igualar tiene una visión popular, pero principalmente federal”.

El diputado nacional Lucas Godoy (Frente de Todos – Salta) se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y recordó que el Gobierno de Alberto Fernández tiene que hacerse cargo de una deuda que contrajo Mauricio Macri cuando el líder del Pro fue presidente. En este sentido, aseguró que no aceptará un ajuste contra la mayoría, pero afirmó que “el acuerdo al que llegó Nación con el Fondo Monetario Internacional es el mal menor”.

En el programa Hablemos de Política en la FM 91.1 Godoy sostuvo que “este acuerdo es básicamente el mal menor, de acuerdo a los parámetros informados”, y agregó: “Si esto el menor perjuicio para la gente, claramente lo acompañaremos”.

Además, recordó que la Argentina se encuentra en esta situación porque “Macri cuando era presidente, tomó un crédito stand by de U$S57 mil millones, de los cuales llegaron al país U$S45 mil millones que se fugaron”.

“La Argentina tiene que pagar U$S19 mil millones este año y el año que viene U$S20 mil millones”, explicó y finalmente aseguró que “el Frente de Todos no va a aceptar un acuerdo que signifique un ajuste sobre la mayoría”.

Con el objeto de descomprimir la concurrencia a los centros de testeo en el marco de una tercera ola de Covid que está marcando cifras récord de contagios, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió autorizar el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-Cov-2.

Ante ello, y considerando que estos test y autotest aprobados por la ANMAT deben ser económicamente accesibles para todos los ciudadanos, el diputado nacional del Frente de Todos Lucas Godoy (Salta) presentó un proyecto tendiente a que el Estado asegure la provisión de esos elementos.

El mismo busca que dichos métodos sean operativos y prácticos y para tal fin considera “imprescindible” la intervención del Estado Nacional en la fijación de precios de referencia, “a fin de garantizar la disponibilidad de los productos a cada usuario y usuaria, sin limitaciones económicas y financieras de ningún tipo y para evitar, además, abusos y prácticas desleales”.

De tal manera, Godoy propone que el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Secretaría de Calidad en Salud, y el Ministerio de Desarrollo Productivo por medio de la Secretaría de Comercio Interior, establezcan los precios de referencia de los test PCR, de antígenos, de amplificación isotérmica mediada por bucle o Lamp y los autotest de coronavirus de venta libre en farmacia, mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541.

Tras la aprobación de la ANMAT a la venta en farmacia de los test de detección de Covid-19 y con la suba de casos, el diputado nacional Lucas Godoy (Frente de Todos – Salta) presentó un proyecto de ley para que el Gobierno nacional establezca precios de referencia para regular el valor en el mercado de los test con el objeto de que sean accesibles a toda la población.

“Estas pruebas son fundamentales para conocer el diagnóstico, decidir aislamientos preventivos y evitar nuevos contagios”, destacó el diputado en el proyecto, presentado junto al Partido Igualar, cuya secretaria general es la dirigente Carmela Moreau.

A través del texto, el diputado pidió al Ministerio de Salud que por medio de la Secretaría de Comercio Interior se “establezcan los precios de referencia de los Test PCR para SARS-CoV-2 y los autotest de venta libre en farmacias”.

Asimismo, destacaron que desde que se declaró la situación de emergencia el Estado “fortaleció el sistema de salud” por lo que “se pudo dar respuesta a las personas que necesitaron atención médica y hospitalaria”.

En sus fundamentos, el proyecto hace referencia a “la gran cantidad de reactivos” que lleva aprobados la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica la cual autorizó el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2”.

En ese sentido, remarcaron que “dicha medida busca descomprimir la concurrencia a los centros de testeo”, ante el aumento de casos de Covid-19 en las últimas semanas. Según el proyecto, el objeto de la iniciativa es que “estas herramientas de autocuidado en contexto de pandemia, sean accesibles para toda la población”, por lo que solicitaron la “intervención del Estado Nacional en la fijación de precios de referencia a fin de garantizar la disponibilidad de los productos a cada usuario, sin limitaciones económicas y financieras”.

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El diputado nacional Lucas Godoy (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley que propone la creación de un régimen especial de “Licencia por Día Menstrual” para estudiantes.

La iniciativa, trabajada con la asesora de la Jefatura de Gabinete y referente nacional de Igualar, Carmela Moreau, busca que las personas menstruantes que cursen como estudiantes en los establecimientos públicos de gestión estatal y privada, en todos los niveles y modalidades, tengan un día libre cada mes, sin que eso afecte la regularidad.

Otro de los ejes contemplados es que la persona pueda recuperar los contenidos dictados y las evaluaciones realizadas durante el uso de la licencia.

“El Estado debe garantizar condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para el acceso y la permanencia en los establecimientos educativos, en un marco de bienestar y en consonancia con el desarrollo humano en todas sus esferas”, remarcó Moreau.

En los argumentos del proyecto se consigna que “la cultura del ocultamiento de los síntomas y de los procesos que se desencadenan en los cuerpos menstruantes responde a una de las manifestaciones de la cultura patriarcal”.

Para Godoy y Moreau, es “imperativo reconocer que un gran porcentaje de las mujeres sufren de síndrome premenstrual, trastorno disfórico y otras patologías que en muchos casos se atraviesan con un dolor que puede ser invalidante”.

Advierten, además, que muchas veces “la falta de bienes y servicios adecuados para una gestión menstrual digna obliga a las personas en edad menstrual a incurrir en inasistencias a sus establecimientos escolares”.

Godoy evaluó que el régimen propuesto “tiende a consolidar la igualdad y a una mejora de la salud psicofísica de las personas menstruantes y en su desarrollo académico”, al tiempo que consideró que constituye otra forma de “promover la ESI y prevenir y erradicar la violencia, los estereotipos y la discriminación vinculados con el ciclo menstrual”.