La iniciativa propone crear la “Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires” (TAMBA), un gravamen que se calcularía según las emisiones de metano producidas por el ganado.
Un proyecto presentado por la diputada de UP Lucía Klug, desató un fuerte enfrentamiento político y rural. La iniciativa propone crear la “Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires” (TAMBA), un gravamen que se calcularía según las emisiones de metano producidas por el ganado en función del stock de animales de cada establecimiento.
Según la legisladora, la medida se enmarca en un esquema de “Responsabilidad Extendida del Productor” para reducir gases de efecto invernadero, recordando que la provincia de Buenos Aires aporta el 25% de las emisiones del país y que la ganadería es un factor relevante. Sin embargo, la propuesta fue recibida con rechazo inmediato por organizaciones del agro.
Pero ni bien presentado el proyecto la polémica se instaló en torno al mismo que recién está dando los primeros pasos en la Cámara baja.
En las últimas horas, el diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, salió con fuerza a cuestionar el proyecto presentado por su par de UP Lucía Klug, que propone crear la “Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires” (Tamba).
Bugallo sostuvo que el planteo de la diputada “llega al límite del absurdo” y denunció que la iniciativa implicaría “inventar un nuevo impuesto” sobre el gas metano que emiten las vacas durante su proceso digestivo.
En esa línea, el legislador afirmó que el proyecto intenta convertir al ganado “en un nuevo sujeto imponible” y que la propuesta carece de respaldo técnico y operativo.
El legislador que tiene relación con el sector rural aseguró que “no existe un método práctico, económico ni verificable” para medir la emisión de metano de cada animal, y que ningún establecimiento ganadero podría implementar sensores o controles permanentes, ni siquiera con tecnología de laboratorio, por eso, sostuvo que se trata de una tasa “que no se puede medir, ni auditar, ni comprobar”.
Para Bugallo, el proyecto abre la puerta a que el Estado bonaerense avance sobre un sector que ya enfrenta altos costos y dificultades productivas. En tanto que, el diputado advirtió que la medida implicaría una carga adicional para pequeños y medianos productores, con impacto directo en los costos y en los precios que pagan los consumidores.
La iniciativa de Klug propone crear un régimen de “Responsabilidad Extendida del Productor” y calcular el monto de la tasa según los kilogramos de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) generados por cada establecimiento en relación con su stock de animales. La legisladora argumenta que Buenos Aires aporta el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país y que la ganadería representa parte significativa del metano provincial.
En el proyecto se busca establecer un mecanismo provincial para gravar las emisiones de metano del ganado, bajo el argumento de que las políticas ambientales requieren instrumentos económicos para incentivar la reducción de gases de efecto invernadero.
La propuesta prevé la creación del Fondo Fiduciario Ambiental, que administraría lo recaudado para financiar programas de compensación y mejoras en la gestión de residuos.
Los fundamentos del proyecto detallan que el 27% de las emisiones bonaerenses corresponde al metano y que el 19% surge de la actividad ganadera, datos que la autora utiliza para justificar la implementación de una tasa específica.
También sostiene que otros sectores, como los basurales y rellenos sanitarios, representan porcentajes menores dentro del total provincial.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa manifestó también su rechazo al proyecto.
La posibilidad de una escisión del FPG del Frente de Todos mueve el tablero legislativo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aries.
El hecho de que desde Frente Patria Grande criticaran las medias económicas que anunció el flamante ministro nacional Sergio Massa y que Juan Grabois amenazara con abandonar el Frente de Todos, al llamar a “rediscutir la pertenencia” de sus legisladores a los “bloques oficialistas”, encendió la luz de alarma en la Legislatura bonaerense.
Si bien se trata de una discusión nacional, el planteo de ruptura en ese orden no cuenta con mayores detalles en el territorio gobernado por Axel Kicillof, pero en principio se estima un movimiento análogo en el Parlamento de la principal provincia Argentina.
“Sin medidas específicas para quienes no tienen empleo registrado ni beneficios sociales, no se resuelve la indigencia”, publicó la diputada provincial de Patria Grande Lucía Klug.
Y prosiguió: “Priorizar los intereses corporativos sobre los populares para nosotres no es opción. Convocamos a la militancia a discutir nuestra permanencia en el bloque del FdT”.
Así las cosas, la correlación de fuerza dentro de una ajustada conformación de la Cámara de Diputados varía en desmedro de las posibilidades del oficialismo en la Cámara que mayor control ostenta.
Se descarta por estas horas que haya mayores movimientos dentro de la Cámara de Diputados que conduce el diputado Federico Otermín. En definitiva, explican que será un movimiento “más simbólico que efectivo”.
En rigor, de romper con el bloque de FdT que conduce el diputado camporista César Valicenti, la diputada Klug no suma otra voluntad por ahora y solo tendría destino de monobloque.
De concretarse, ese pequeño movimiento estaría proporcionando un plenario de diputado donde el FdT y Juntos contaría con 41 diputados cada uno, luego que la bancada Avanza Libertad con tres, la possista con dos, y cinco monobloques, incluido el eventual nuevo bloque de Patria Grande.
La diputada bonaerense del Frente de Todos sostuvo que dentro del bloque “existe un consenso” para avanzar con el proyecto.
La diputada bonaerense del Frente de Todos Lucía Klug instó a “repensar la relación de las personas con el trabajo”, y respaldó el proyecto de implementación de un salario básico universal porque “hay un vacío que no puede cubrir el Estado ni el mercado”.
En diálogo con La Mecha por Radio Provincia, la legisladora sostuvo que “el nivel de pobreza y descontento de la gente trabajadora es muy grande, por eso debemos pensar una política de seguridad social para las personas que, aun trabajando (y quienes no tienen trabajo) no pueden llegar a cubrir sus necesidades básicas”.
Por esto, señaló necesario “repensar la relación de las personas con el trabajo” y “las nuevas formas de trabajo emergente”, como las que genera la economía popular, y consideró que “no es una locura” plantear la implementación del salario básico universal “porque hay un vacío que no puede cubrir el Estado ni el mercado”.
En tanto, la diputada explicó que “sería un ingreso que transferiría el Estado a través del sistema de ANSES” de $13 mil, a todas las personas que no pueden cubrir las necesidades básicas: “Tenemos que caminar hacia una naturalización de la transferencia de ingresos del Estado porque se subsidian un montón de actividades tanto en el ámbito público como privado, así que estigmatizar a aquellos que reciben una ayuda social del Estado no es el camino”, manifestó.
Klug aseguró además que el salario básico universal no se superpondría a las diferentes prestaciones que entrega el Estado: “Son cuestiones distintas. En el caso del programa Potenciar Trabajo es una complementación del salario para quienes trabajan en una cooperativa. Quienes sigan trabajando dentro de la economía popular van a seguir cobrando porque es un derecho que se ganaron”.
Por último, dijo que “dentro del Frente de Todos existe un consenso” para votarlo. “Ojalá se convierta en una realidad. Quiero ver cuántos millones de personas se anotan”, concluyó.