La decisión del Gobierno de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, tras una denuncia de la Casa Militar por presunto espionaje ilegal, provocó un fuerte impacto en la conversación pública y abrió uno de los frentes de mayor fricción institucional entre el Poder Ejecutivo y los medios desde el inicio de la actual gestión. Así lo señala un informe de la consultora Enter Comunicación, que relevó el pulso social digital durante las primeras 24 horas posteriores al anuncio.

Según el estudio, el cierre de la Sala de Periodistas y la baja de las acreditaciones desbordaron rápidamente el ámbito mediático y se instalaron como un tema de preocupación ciudadana generalizada. En ese lapso, la conversación alcanzó a unos ocho millones de personas, con más de 53.000 menciones generadas por 31.000 usuarios únicos, un volumen que el informe define como “crítico” y que refleja la amplitud del debate.

El análisis de sentimiento muestra un predominio claro de reacciones negativas: el 67% de las menciones expresa rechazo a la medida, principalmente bajo la interpretación de un retroceso democrático “sin precedentes”. En ese universo, se repite con fuerza la idea de que es la primera vez en la historia reciente que se clausura físicamente el espacio de trabajo de la prensa en Casa de Gobierno, lo que alimenta la narrativa de censura y la contradicción entre el discurso oficial en favor de la libertad y una restricción concreta a la libertad de prensa.

Un 18% de la conversación, en cambio, avala la decisión presidencial. Ese apoyo se concentra en el núcleo digital del oficialismo, donde la denuncia por la supuesta detección de dispositivos de grabación oculta es presentada como un argumento suficiente para justificar la intervención de la Casa Militar y la expulsión de los cronistas bajo el paraguas de la seguridad nacional. El informe también detecta un tono de “revanchismo” contra los medios tradicionales, celebrando lo que algunos usuarios describen como el fin de los “privilegios de la casta periodística”.

El resto de las menciones, alrededor del 15%, adopta una postura neutral y se limita a difundir los hechos administrativos del conflicto: la cancelación de huellas dactilares, la baja de acreditaciones y el contenido de las denuncias judiciales. Aunque sin carga emocional, este segmento expresa incertidumbre sobre cómo continuará la cobertura cotidiana en la sede del Gobierno.

En paralelo, el tema escaló con fuerza en la red social X, donde se ubicó entre las principales tendencias nacionales durante más de un día. “Casa Rosada” se mantuvo como tendencia número uno durante 18 horas, acompañada por palabras clave vinculadas a la denuncia, a la Casa Militar y a figuras del periodismo involucradas en el conflicto. La periodista Luciana Geuna concentró gran parte de la atención tras ser denunciada penalmente por haber filmado áreas de uso común del edificio, mientras que Antonio Laje se destacó por ser uno de los pocos comunicadores que defendió públicamente la restricción, una postura celebrada por usuarios libertarios.

El informe también identifica los principales ejes que explican la negatividad dominante. El más relevante es la comparación con la dictadura, presente en alrededor del 35% de las menciones críticas, con consignas que buscan deslegitimar la medida por su carácter excepcional. Le siguen las referencias a la libertad de expresión, las sospechas sobre la coincidencia de la decisión con visitas de alto perfil económico y tecnológico a la Casa Rosada, y la idea de que la figura del “espionaje” funcionó como una excusa para una decisión política previamente tomada.

Para Enter Comunicación, el episodio marca un punto de inflexión en la dinámica histórica de la comunicación presidencial y expone una tensión no resuelta entre los argumentos de seguridad nacional esgrimidos por el Gobierno y una narrativa de censura que, al menos en el plano digital, logró imponerse con claridad en la opinión pública.