Presentaron un proyecto de ley para modificar el Código Penal, incorporando sanciones más severas contra la producción y difusión de contenido sexual digital que involucre a menores de edad o a mayores sin consentimiento, incluyendo materiales generados por inteligencia artificial.
La diputada nacional de Unión por la Patria Luciana Potenza presentó un proyecto de ley que busca actualizar el Código Penal argentino para abordar la creciente problemática de la violencia sexual digital, con un foco particular en la protección de menores de edad y en la penalización de contenidos no consentidos que involucren a mayores.
La iniciativa propone modificaciones a los artículos 128, 129 y 169, e incorpora un nuevo artículo, el 128 bis, para sancionar la creación, difusión y tenencia de representaciones sexuales explícitas generadas mediante inteligencia artificial (IA) u otras tecnologías, así como actos de exhibicionismo y extorsión en entornos digitales.
El proyecto establece penas de prisión de 3 a 6 años para quienes produzcan, financien, ofrezcan, comercialicen, publiquen o distribuyan representaciones sexuales de menores de 18 años, incluyendo aquellas generadas por IA que imiten sus características físicas o personales. Además, se contemplan sanciones de 4 meses a 1 año por tenencia de este material y de 6 meses a 2 años si el propósito es su distribución o comercialización.
Las penas se agravan en un tercio si la víctima es menor de 13 años. Para mayores de 18 años, el artículo 128 bis introduce castigos de 1 a 3 años de prisión por la difusión de contenido sexual sin consentimiento, con penas que se elevan a 3 a 6 años si se producen lesiones, violencia de género, o si el agresor tiene o tuvo una relación afectiva con la víctima.
En cuanto a los actos de exhibicionismo digital, el proyecto modifica el artículo 129 para sancionar con multas de 4 a 10 salarios mínimos, vitales y móviles a quienes realicen o hagan ejecutar exhibiciones obscenas en medios electrónicos que puedan ser vistas involuntariamente.
Si las víctimas son menores de 18 años, la pena será de 6 meses a 4 años de prisión, y se aplicará sin considerar la voluntad de la víctima si esta es menor de 13 años. Además, el artículo 169 eleva las penas por extorsión a 3 a 8 años cuando se amenace con difundir contenido sexual explícito, real o falso, generado con IA u otras tecnologías.
Un contexto alarmante
Los fundamentos del proyecto destacan la urgencia de legislar ante el aumento de la violencia digital, especialmente contra niñas, niños y adolescentes (NNyA). Según datos de Bullying Sin Fronteras, Argentina ocupa el quinto lugar mundial en casos de bullying y ciberbullying, con 50.250 casos registrados en 2022-2023.
Las Pruebas Aprender 2021 revelaron que el 42,9% de los estudiantes de sexto grado sufrió difusión de mentiras, y el 12,6% recibió amenazas o insultos en redes sociales.
Por su parte, un informe de UNICEF de 2022 señaló que el 19% de los hogares conoció casos de bullying en escuelas, y un 13% de NNyA lo padeció directamente.
En el caso de las mujeres, un estudio de BTR Consulting (2024) indicó que el 65% de las usuarias argentinas de redes sociales sufrieron agresiones digitales, como acoso o difusión no consentida de contenido sexual. Estas conductas, agravadas por el uso de tecnologías como la IA, pueden tener un impacto devastador en la salud mental y la vida social de las víctimas, subrayando la necesidad de un marco legal actualizado.
Una respuesta legislativa a los desafíos tecnológicos
El proyecto se inspira en avances internacionales, como la Ley Olimpia de 2023 en Argentina, que reconoció la violencia de género en entornos digitales, y en legislaciones de países como España, Canadá, Brasil y México, que están regulando el uso indebido de la IA.
La propuesta busca alinear el Código Penal con los pactos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Potenza enfatiza que la digitalización y el acceso masivo a internet han facilitado la proliferación de estas conductas, que afectan desproporcionadamente a menores y mujeres. “Es el deber del Estado anticiparse a estas problemáticas y brindar herramientas eficaces para que las víctimas no queden desamparadas frente a un agresor que puede dañar su vida desde el anonimato digital”, sostiene en los fundamentos.
Con esta iniciativa, el Congreso tiene la oportunidad de fortalecer la protección de los derechos digitales, combatiendo nuevas formas de violencia que, potenciadas por la tecnología, representan un desafío creciente para la sociedad argentina. La aprobación de este proyecto, según la diputada, sería un paso crucial para garantizar justicia y prevención en un mundo cada vez más conectado.
Presentaron un proyecto para fortalecer el financiamiento de esos colegios quitándole beneficios fiscales a empresas tecnológicas argentinas.
La diputada nacional UP Luciana Potenza presentó un proyecto para fortalecer el fondo destinado a las escuelas técnicas eliminando los beneficios fiscales a empresas como Mercado Libre o Globant, trasladando el 100% de esos fondos recaudados al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.
El proyecto de la diputada matancera prevé eliminar los beneficios fiscales que reciben las empresas más grandes del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y destinar ese dinero a las escuelas técnicas. La iniciativa surgió de una serie de encuentros con la Federación de Estudiantes de Colegios Técnicos de La Matanza (FECT).
“Nos venimos juntando desde hace un tiempo, porque se acercaron con ganas de trabajar propuestas legislativas que permitan mejorar la realidad de sus escuelas, en un contexto de abandono total por parte del gobierno de Milei”, comentó Potenza.
En los fundamentos del proyecto se detallan los beneficios que reciben estas empresas, que van desde las exenciones impositivas hasta la formación de los profesionales que trabajan en ellas. “Solamente en subsidios y beneficios fiscales, en los últimos tres años, Mercado Libre se benefició con 247 millones de dólares que equivale a la construcción de por lo menos 30 escuelas técnicas nuevas”, detalló.
Sobre el destino del fondo, explica Potenza: “Va a servir para construir nuevas escuelas, mejoras edilicias, comprar equipamiento, comprar materiales para los talleres y computadoras nuevas, entre otras cosas”. “Además para mejorar y potenciar las prácticas profesionalizantes, las herramientas de trabajo que necesitan y así tener unos mejores profesionales para el futuro”, agregó.
“Este Gobierno aplica un ajuste feroz en todas las áreas del Estado y en especial sobre las espaldas de los jubilados y los estudiantes. Es momento de que el tipo más rico de la argentina, Marcos Galperin, devuelva a los argentinos algo de todo lo que recibió para hacer crecer su empresa”, concluyó Luciana Potenza.