El diputado de Juntos Luciano Bugallo presentó en la Legislatura provincial un proyecto de Ley de Aplicaciones de Fitosanitarios.

El legislador afirmó que busca terminar con el “desorden legislativo” causado por la diversidad de normativas municipales originadas con una Ley provincial 10.699, totalmente desactualizada.

La iniciativa presentada cuenta con más de 40 artículos en los cuales se establecen condiciones para el correcto uso de los fitosanitarios, sobre todo en las áreas periurbanas.

En la normativa, se dispone la forma de uso de los productos, el ámbito de aplicación, la creación de registros, fiscalización y la confección de un Manual de Buenas Prácticas, entre otras cuestiones.

Entre los puntos salientes, se destaca la eliminación de las zonas de exclusión y se establece un máximo de 500 metros para las denominadas áreas de amortiguación, incluso pudiendo ser menos si las características de la región así lo permiten.

A su vez, el proyecto deroga la Ley 10.699, actualmente vigente y dispone que el cumplimiento de la nueva normativa sea obligatorio en todo el territorio bonaerense, dejando sin efecto así la aplicación de las ordenanzas municipales que fueran en contra de la presente.

En sus fundamentos, Bugallo destaca la importancia productiva de la provincia de Buenos Aires en materia agrícola, ya que abarca una gran superficie de cultivos como trigo, girasol, soja y maíz, entre otros, al igual que las producciones periurbanas como los establecimientos frutihortícolas.

Sin embargo, el legislador manifiesta que la falta de ordenamiento legislativo y la profusión de normativas municipales “sin fundamento técnico ni científico” ha generado conflictos entre los vecinos y los productores, agravado por el miedo y la desinformación generada por movimientos políticos encubiertos bajo la figura de "agrupaciones ambientalistas".

“Mientras estos grupos ambientalistas politizados quedaron en el pasado encerrados en su combate al glifosato, ya no de Monsanto porque la firma fue adquirida por Bayer, desconocen que hay más de mil fitosanitarios aprobados en el mercado”, consideró el diputado de la Coalición Cívica en Juntos.

Y, en ese sentido, señaló que “hoy el campo habla de aplicaciones selectivas que aplican solo cuando un sensor verde detecta presencia de maleza y dependiendo el tipo y tamaño de ésta, la cantidad de producto que aplica o deja de aplicar”.

“En el campo ya hay equipos que en tiempo real transmiten datos a la nube, pudiéndose acceder a éstos en forma remota, con datos sobre pérdidas por deriva, evaporación, tamaño de gota, velocidad de avance del aplicador, condiciones climáticas, etc. Incluso, pudiendo suspender la aplicación si las condiciones climáticas cambian en forma imprevista”, agregó.

Y subrayó que “hoy el agro vive en el futuro, se habla de drones autopropulsados, nanotecnología en los productos, trazabilidad en los equipos mediante el uso de blockchain con uso de inteligencia artificial, mientras algunos activistas aún permanecen encerrados en su guerra contra Monsanto”.

Actualmente, existen 86 ordenanzas que regulan las aplicaciones de fitosanitarios en la provincia, generando un panorama fragmentado y confuso.

Algunas de estas ordenanzas fijan distancias de aplicación, cuando lo importante son las formas y condiciones en que estas se realizan, mientras que otras prohíben el uso de productos específicos, muchos de ellos aprobados por el mismo SENASA, provocando complicaciones al sector y conflictos por la falta de un marco regulatorio único.

Otro de los puntos importantes del proyecto es la designación del Ministerio de Asuntos Agrarios como autoridad de aplicación de la ley y la obligatoriedad de una receta agronómica firmada por un Ingeniero Agrónomo.

A su vez, se ordena que para la confección del manual de Buenas Prácticas se convoque a un comité de especialistas integrados por los Organismos Técnicos del Estado, entidades gremiales del sector rural y a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), entre otros.

Dicho manual podrá ser actualizado sin necesidad de una modificación de la ley, lo que permite una constante actualización.

En tanto, también deja expresamente prohibida la aplicación dentro del espacio destinado a establecimientos educativos. Habilitando su aplicación fuera del horario escolar, para zonas colindantes, con la presencia de un fiscalizador por parte de la autoridad de aplicación o del municipio autorizado.

Además, para los cursos de agua o lagunas permanentes se establece una distancia de prohibición de 10 metros para aplicaciones terrestres y 50 metros para aéreas, algo que en la práctica ya viene sucediendo.

Para Bugallo, “lo que la sociedad debe tener claro, y en eso venimos trabajando desde lo comunicacional, es que los fitosanitarios son productos utilizados para prevenir y controlar organismos nocivos en los cultivos, siendo fundamentales para la salud vegetal y para el control de enfermedades. No utilizarlos es ir en contra de los estándares sanitarios vigentes”.

Finalmente, el diputado opositor expresó que “esta ley busca poner fin a estos enfrentamientos absurdos entre vecinos de la provincia, tomando en cuenta los intereses de todas las partes involucradas y, para ello, redactamos un proyecto muy completo y profesional que brinde seguridad jurídica para los próximos 50 años a la producción agropecuaria”.

Y para termina detalló que ser trata de una iniciativa “absolutamente libre de prejuicios ideológicos, comprometida con el ambiente, la producción sustentable, la preservación de los recursos naturales y sobre todo, la protección de la salud humana”, según concluyó.

El diputado de la Coalición Cívica Luciano Bugallo presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, con el fin de derogar el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, conocido también como Impuesto a la Herencia.

El legislador destacó que, “en la actualidad, sólo los bonaerenses lo pagan, mientras que en el resto de las provincias no existe”.

En sus fundamentos, el legislador proveniente del sector rural, explicó que “este impuesto es uno de los más injustos e injustificables que los contribuyentes de la provincia deben pagar desde su creación por parte del gobierno kirchnerista de Daniel Scioli, en el año 2011”.

“El tributo en cuestión viola el derecho de propiedad y la libre disposición del derecho real de dominio, lo cual posee jerarquía constitucional y muy específicamente a su regulación en el Código Civil de la Nación", afirma Bugallo en su proyecto de ley y agrega "no sólo es injusto e injustificable, sino que, sobre todo, es inconstitucional”.

Para el legislador de Juntos “el impuesto impacta indudablemente sobre las familias en razón de que no se trata de bienes recibidos sin esfuerzo, sino de bienes que ya eran gozados por la familia del causante o transmitente, con lo cual resulta nulo el crecimiento patrimonial" y así se está “tornando ilegítimo el impuesto".

“Este impuesto coacciona a los contribuyentes a buscar alternativas jurídicas no deseadas para evitar su pago, impidiéndoles ejercer plenamente su derecho de disposición de sus propiedades. La derogación de este impuesto es un acto de justicia, ya que permitiría que los habitantes de la provincia de Buenos Aires puedan disfrutar plenamente de su derecho de propiedad, promoviendo la inversión y la creación de más trabajo”, afirma Bugallo en su proyecto.

"Hoy en la provincia de Buenos Aires hay miles de sucesiones sin terminar, herederos sin poder disponer libremente de sus bienes, sobre todo familias de pequeños y medianos productores, porque se les hace imposible pagar el impuesto a la herencia, debiendo recurrir en la mayoría de los casos, a la venta de parte de la herencia para poder afrontar los costos, esto es inaceptable, sobre todo, que son propiedades que a su vez han estado tributando el Impuesto a los Bienes Personales", enfatizó Bugallo

En tanto, para el sector rural, Bugallo explicó que “la derogación del impuesto traerá algo de alivio al campo, ya que les permitirá contar con un mayor flujo de efectivo y reinvertir en sus tierras y negocios. Además, se espera que esta medida incentive la inversión, lo que a su vez generará empleo, revitalizará las economías regionales y aumentarán las exportaciones del sector más dinámico del país.”

Para el legislador que responde a Elisa Carrió, eliminar este tributo permitirá a los agricultores y ganaderos “competir de manera más justa con otros países, ya que en su mayoría no existe, lo que resultará en una mayor rentabilidad en los productos del sector rural; y esto, a su vez, generará mayores ingresos para los productores y una mayor contribución al crecimiento económico del país”, explicó.

“Esperamos que esta medida sea vista como una señal positiva de nuestro compromiso con la baja de impuestos, libertad individual y el respeto al derecho de propiedad", concluyó Bugallo.

Los legisladores de la Coalición Cívica Luciano Bugallo y Marcela Campagnoli ampliaron la denuncia contra el ex secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, por irregularidades en la administración de subsidios destinados a contener el precio del trigo, e incorporaron al ex secretario Guillermo Hang, por entender que continuó con el mecanismo irregular de beneficios económicos a la firma “Molinos Cañuelas”, con millonarios subsidios provenientes del Fondo Estabilizador del Trigo.

Además, solicitaron que la Justicia dicte una medida cautelar para detener el giro de fondos.

Bugallo y Campagnoli volvieron a presentarse en la Justicia para ampliar la denuncia iniciada el mes pasado contra Feletti, a quien acusaron de favorecer a Molinos Cañuelas con subsidios provenientes del Fondo Estabilizador del Trigo, creado para “contener el alza de precios internacional de los cereales”. El fondo es financiado con nuevos impuestos al aceite y derivados de la soja.

Ahora, la diputada nacional y el legislador provincial de la CC ARI señalaron que durante la breve gestión de Guillermo Hang al frente de la Secretaría de Comercio, “se continuó girando millonarios fondos a una empresa concursada, que claramente no cumple con los requisitos para contratar con el Estado y, en su paso por la administración pública, no hizo nada para transparentar ni para frenar el envío de dinero. Por eso también lo hemos incorporado a nuestra denuncia”, aseguraron.

“Como ya hemos denunciado con anterioridad, muy alejado del supuesto propósito, los objetivos reales habrían sido beneficiar a pocos molinos, y en particular a Molinos Cañuelas, otorgando 'compensaciones' del Estado Nacional, a través de un festival de subsidios con la excusa de disminuir el valor de mercado de la harina”, indicaron.

En otros de los puntos señalados por la querella, Bugallo y Campagnoli refieren que “originalmente por resolución 426/2022 se establecía que el beneficiario del subsidio no debía mantener juicio contra el Estado Nacional -Molinos Cañuelas habría tenido a esa fecha juicios contra el Estado Nacional-, hecho que fue modificado a posteriori por la resolución 439/2022, modificando la anterior y fijando que ahora `los beneficiarios no deben tener conflicto de interés con el Estado Nacional’, favoreciendo claramente la posición de la firma denunciada”.

Para la diputada nacional Campagnoli, “sería un disparate que el gobierno siga girando esas sumas exorbitantes a Cañuelas, más aún cuando ya se encuentra un juez y un fiscal investigando la causa, y han imputado al ex secretario Feletti”.

Por su parte, el legislador provincial dijo que “es muy burda la estructura armada por Feletti para direccionar fondos públicos a Molinos Cañuelas, con el único objeto de 'rescatarlos de la quiebra', generando una situación de competencia desleal en desmedro de toda la industria molinera nacional. La continuidad del FETA después de la renuncia de Feletti, de Hang y ahora en manos de Pollera, demuestra que la orden de crear este fideicomiso a la medida de Cañuelas, viene directamente del Instituto Patria y de uno de los principales operadores del molino, hoy al frente de FAIM”.

“La excusa de la guerra de Ucrania y del precio internacional del trigo, les vino como anillo al dedo, pero no es más que una brutal mentira y el borrador del fideicomiso circulaba desde el año pasado por varios pasillos, buscando la firma que lo pusiera en vigencia. Las pruebas del relato de garantizar el precio del pan, están hoy a la vista, ya que el precio del trigo cayó un 40% en el último mes, pero el pan aumentó un 3,4% al público. ¿Pero cómo, no era que el pan subía por el alto precio del trigo? Hoy el trigo cuesta lo mismo que en febrero, pero el pan está un 38% más caro”, describió Bugallo.

Finalmente, los diputados de la CC ARI solicitaron a la Justicia que dicte una medida cautelar para frenar la transferencia de dinero “a fin de evitar que se continúen abonando sumas millonarias desembolsadas desde las arcas públicas a empresas que se encuentran en flagrante violación de los requisitos para contratar con el Estado”.

El diputado bonaerense de Juntos, Luciano Bugallo, presentó un proyecto en la Legislatura provincial con el objetivo de que la Provincia de Buenos Aires declare la “emergencia o desastre agropecuario” en los Partidos de Dolores y Pila, que ha sido sumamente afectados por las inundaciones.

Las abundantes lluvias precipitadas en las últimas semanas dejaron como resultado que unas 330.000 hectáreas productivas de los partidos bonaerenses de Pila y Dolores se vieran gravemente afectadas por inundaciones que dejaron importantes daños en áreas urbanas y rurales de ambas localidades.

A este oscuro panorama se le suma que, en los últimos diez días, en la región se acumularon, según las zonas, entre 200 y 250 milímetros y el agua comenzó a circular a gran velocidad por canales que ya se saturaron y desbordó en los campos.

Ante esta catástrofe, el pasado 24 de septiembre, se realizó una reunión en la sede de la Sociedad Rural de del Partido de Dolores, en la que estuvieron presentes funcionarios del Municipio e integrantes de la Sociedad Rural de Dolores, como así también los Gerentes de las Sucursales de Dolores del Banco de la Provincia y del Banco Nación entre otros.

En la asamblea se hizo un análisis sobre las pérdidas por problemas de parición, la mortandad de terneros, por la gran cantidad de animales aislados y la imposibilidad de ingreso a las zonas inundadas, concluyendo en la elevación de un pedido de declaración de Emergencia o Desastre Agropecuario para la totalidad del Partido.

En virtud de lo solicitado por los productores y entidades de la región, el diputado de origen rural, el “lilito” Luciano Bugallo, presentó un proyecto en el que requiere que el gobierno de Axel Kicillof tome cartas en el asunto y decrete la Emergencia Agropecuaria en las jurisdicciones comprometidas por el desastre climático.

Para el autor de la iniciativa “en este momento tan difícil para los productores de la zona, es fundamental que el gobierno del Frente de Todos, en lugar de hacer lo de siempre, es decir castigar y expoliar al campo, tienda una mano y ayude a los sectores afectados por las inundaciones con medidas especiales de apoyo económico y con obras hidráulicas, de acuerdo a la magnitud de los perjuicios soportados por los vecinos de Dolores y Pila”, afirmó Bugallo.

El proyecto ahora deberá ser debatido en comisiones y será potestad del Ejecutivo a través del Ministerio de Agroindustria, considerar lo planteado por la oposición, en virtud del reclamo de centenares de productores que esperan una respuesta urgente del gobierno.

Luego de que el gobierno nacional aplicará un cese a las exportaciones de carne por 30 días, el intendente de Castelli, Francisco Echarren, anunció un acuerdo de precios entre “productores, frigoríficos y carniciarias” para fijar el precio del asado a “$399” en las góndolas de su distrito.

Desde la oposición, el diputado Luciano Bugallo, de Juntos por el Cambio, salió a cuestionar al jefe comunal y lo tildó de “payaso”.

“En Castelli vamos a juntar a productores, frigoríficos y carniceros y vamos a poner el kilo de asado a 399 pesos. Va a bajar casi 50% el precio de la carne porque queremos que la gente coma. Hay que rediseñar toda la cadena cárnica en la Argentina, urgente.”, publicó Echarren en su cuenta de twitter.

La respuesta no tardó en llegar y desde Juntos por el Cambio salieron a cruzar duramente al alcalde peronista.

Fue el diputado de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo que expuso sus críticas: “si eliminas al Estado de la cadena formadora de precios en la industria cárnica, bajas el precio de la carne de la noche a la mañana, mínimo en un 30%. Y un 50% en el resto de los alimentos en góndolas”.

“Lo demás es humo, típico de un payaso”, ironizó el legislador bonaerense a través de sus redes sociales.

Y continuó: “un tipo que nunca laburo en el sector privado, que jamás género nada, ni contrató a nadie que no sea con cargos públicos ¿qué podés esperar? ...Igual, es posible bajar entre 30 y 50% el costo, si eliminas al Estado del medio. Gana la cadena y gana el consumidor”.

Así las cosas, la disputa entre el legislador referente del agro y el intendente de Castelli suma un nuevo capítulo, después de la contienda judicial que tuvieron en el 2020, en la que Bugallo buscó frenar el cobro de una “tasa especial Covid” a productores rurales del distrito.

Después de que dos concejales del oficialismo local, el Frente de Todos, recibieran la primera dosis de la vacuna Sputnik V por “fuera del cronograma de vacunación” establecido, en el Municipio de San Andrés de Giles se disparó la polémica.

Tal como se sabe, en una primera etapa de vacunación se está priorizando la inoculación del personal sanitario, por lo que el diputado de Juntos por el Cambio Luciano Bugallo, presentó un pedido de acceso a la información pública con el objetivo de conocer los motivos por los cuales la comuna encabezado por el intendente Carlos Puglelli, decidió vacunar a las ediles Laura Branchini y Mariana Cané.

“En lugar de utilizar como corresponde las escasas dosis de la vacuna rusa que trajo con relato épico el gobierno nacional, se dedican a vacunar concejales y militantes”, dijo el diputado mientras agregó “en cualquier lugar del mundo estos son motivos suficientes para que tanto las concejales, el secretario de salud y el intendente renuncien, pero claramente la ética de los funcionarios kirchneristas es nula”, cuestionó Luciano Bugallo.

El altercado sanitario y político se desato a partir de la denuncia realizada por el bloque de concejales de la oposición que lidera Mercedes Condesse, quienes acusaron a sus pares del oficialismo de sacar ventaja de su condición de funcionarias para acceder con prioridad a la vacuna. A través de un comunicado, los ediles expresaron su más enérgico repudio, toda vez que en violación a los protocolos existentes y con total falta de respeto a los vecinos de nuestra ciudad, haciendo uso de su posición política arbitraron los medios necesarios tendientes a obtener un beneficio personal con la colocación de la vacuna.”

A las acciones realizadas por los concejales de Juntos por el Cambio, ahora suma el respaldo brindado por el diputado bonaerense Luciano Bugallo, quien por medio de un acceso a la información pública, pretende que la comuna ”detalle la cantidad de Dosis que recibió el municipio de San Andrés de Giles de la vacuna Sputnik V;  informe cantidad de Personal de Salud vacunado hasta el momento; se remita copia de la lista de personas vacunadas que NO forman parte del personal de Salud municipal, y especifique el criterio por el cual se optó por vacunar a personas ajenas a esta etapa del plan; se Indique al funcionario responsable de la implementación de la campaña de vacunación en San Andrés de Giles.”

En otros de los puntos, el legislador expresa que ”ante el reconocimiento de las concejales Laura Branchini y Mariana Cané, del bloque del Frente de Todos del Concejo Deliberante, de ser beneficiadas con la vacunación, sin pertenecer al personal de salud, se indique criterio optado para vacunar a las mismas, se identifique al funcionario responsable de conceder la vacunación a las nombradas, se detalle los hechos mediante los que obtuvieron el beneficio y si el municipio realizo denuncia penal pertinente y ante que fiscalía.”

“Lamentablemente ya no nos sorprende que el kirchnerismo utilice los recursos del Estado en beneficio propio. Es lo que han hecho siempre. Pero lo sucedido en San Andres de Giles, que dudo que sea un caso aislado, es realmente repugnante. Querer sacar ventaja con cuestiones tan sensibles como la salud de la gente y del personal sanitario que está trabajando desde hace un año expuesto al virus, es muy bajo”.

Finalmente, Bugallo señala que “esta situación de manejo clientelar de la campaña de vacunación la denunciamos hace dos semanas junto a mi colega diputada Maricel Etchecoin Moro, cuando detectamos y denunciamos que organizaciones afines al gobierno estaban gestionando en paralelo a los municipios la entrega de las vacunas. Evidentemente las acciones inescrupulosas del kirchnerismo no han cesado”, sentenció el diputado que responde a Elisa Carrió en la Cámara baja bonaerense.

Los dirigentes de las filas de Elisa Carrió solicitaron a la Justicia que se investigue al intendente Leonardo Boto y al secretario de Economía, Ignacio Pedotti, por la posible comisión de los delitos de "incumplimientos de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, estafas y otras defraudaciones, en la adjudicación de compras directas millonarias a dos proveedores del municipio de Luján".

La presentación realizada este lunes a la Fiscalía Nº  10 de Luján, va en consonancia con lo realizado a por el interbloque de concejales de Juntos por el Cambio de esa localidad bonaerense, que a través de un proyecto de comunicación requirió que el gobierno municipal informe sobre “191 órdenes de compra efectuadas a los proveedores Marcela Guadalupe Goldsztaud y Mariano David Rossi, ante la sospecha de estar ante un proceso de desdoblamiento de contrataciones, lo cual está expresamente prohibido en la Ley Provincial N°13.981”.

Sobre la denuncia, el diputado Luciano Bugallo informó que "Tomamos conocimiento del proyecto presentado por los concejales de Juntos por el Cambio a través de nuestro referente local, Jeremias Rodriguez, y decidimos respaldarla en sede judicial porque entendemos que los hechos denunciados son realmente graves y merecen ser investigados por la Justicia."

"Nosotros vemos que hubo una maniobra clara por parte del gobierno municipal de evadir las licitaciones públicas para favorecer a dos proveedores con compras millonarias en mecanismos de contrataciones directas. Tenemos la grave sospecha y fundada en pruebas que estamos ante un hecho escandaloso de corrupción". Y agregó: “Lo decimos con esta contundencia porque es realmente muy burdo. La configuración de la maniobra es realmente llamativa, tanto por la falta de antecedentes de las empresas contratadas (dos) como por el mecanismo poco transparente que se usó, cuando se trata de montos significativos para lo que es un municipio"., afirmó Bugallo

En ese sentido, el legislador bonaerense explicó que "Es por estas razones que pedimos a la fiscalía que investigue los casos de los proveedores Marcela Guadalupe Goldsztaud, a quien se le habrían realizado compras por casi 19 millones en 128 órdenes de compra emitidas en menos de cuatro meses, y de Mariano David Rossi, quien figura con situación de morosidad cinco (irrecuperable) en un informe del Banco Central de la República Argentina y se le emitieron 63 órdenes de compras en 48 días por 12.457.689 pesos”.

Finalmente, el abogado Jeremías Rodríguez, asesor y letrado de Bugallo, expresó que: "el fraccionamiento de las órdenes de compra para evitar la licitación pública y beneficiar directamente a dos proveedores que carecían de antecedentes comerciales, que no contaban con habilitación Municipal y por montos millonarios, es más que evidente”.

“Por eso requerimos al Juez que ordene de manera urgente el allanamiento inmediato a la secretaria de economía y finanzas de la municipalidad de Luján, para proteger cualquier tipo de pruebas que puedan aportar claridad a la causa y se pueda obtener la información, que hasta el momento se les negó a los Concejales de Juntos por el Cambio y se le ocultó a todos los vecinos de la ciudad de Lujan", dijo el diputado.

Productores agropecuarios de todo el país vienen padeciendo hechos de inseguridad y vandalismo. Sucesivos ataques a la propiedad privada rural, expresada principalmente en roturas de silobolsas, incendios y robos, mantienen al sector en alerta.

Tan es así, que el diputado provincial bonaerense Luciano Bugallo, junto a la diputada nacional Lucila Lehmann, han diseñado un mapa denominado “Registros de daños en Establecimientos Agropecuarios”, que señala las localidades afectadas ante los reiterativos ataques a la propiedad privada rural.

“Con Lucila Lehmann, armamos un mapa que señala las localidades donde se han detectado ataques a la propiedad privada en el interior del país. Se agradece el aporte de datos que puedan faltar o estar mal”, señaló el legislador en sus redes sociales.

El acceso al registro es mediante un link  que dirige a la plataforma Google Maps y el mismo ya cuenta con más de 50 establecimientos afectados. Según el color, se diferencian los tipos de daños ocasionados, tales como verde para las roturas de silobolsas, bordó para los incendios y violeta para los robos de cosechas, maquinarias o herramientas. Las zonas más afectadas por este tipo de delito, son Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.

Por su parte, la diputada nacional Lucila Lehmann repudió las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín, quien sostuvo que los atentados al campo son “un gran verso montado por Clarín”.

“¿Más de 50 atentados solo este año son "un verso"? Santa Fe tiene récord de homicidios y violencia. No hay plan de seguridad alguno y encima  Marcelo Saín nos toma el pelo. Hágase cargo y ponga límites a la delinKuencia que ataca a nuestros productores”, expresó la diputada en su cuenta de Twitter.

Al mismo tiempo, los Productores Autoconvocados de la Provincia de Santa Fe exigieron mediante un comunicado enviado al Gobernador santafesino, la renuncia del Ministro de Seguridad, Marcelo Saín.

“Este pedido expreso, se fundamenta en la necesidad de dar cumplimiento de la seguridad como un derecho de toda la población, y de dar respuesta efectiva del Estado ante delitos cometidos, robos y actos vandálicos. Sumada a la inoperancia y total inacción del Ministro, creemos que no cuenta con la capacidad necesaria como para encolumnar a la fuerza por lo que nos preocupa el reconocimiento de los hechos de inseguridad en el sector agropecuario, los mismos que Saín niega y calumnia al decir barbaridades inventadas para difamarnos”, expresaron los productores autoconvocados, quienes además recibieron el apoyo de los legisladores por la Coalición Cívica, Luciano Bugallo y Lucila Lehmann.