Para Elisa Carrió, es “imposible” acompañar al resto de Juntos por el Cambio para sumarse a una alianza que a su juicio mantiene “una vieja complicidad que destruyó a Santa Fe”.
La precandidata presidencial por la Coalición Cívica Elisa Carrió mantuvo este sábado en su casa un almuerzo con la exdiputada nacional por el mismo espacio en Santa Fe Lucila Lehmann, en cuyo marco resumió: “Es imposible integrar el Frente de Frentes y mantener una vieja complicidad que destruyó a Santa Fe, más allá del costo político que haya que asumir”.
“Hay que limpiar la provincia y eso no se puede hacer con los mismos que fueron parte de los problemas que hoy tenemos”, señaló la líder de la CC. “Estamos abiertos a integrar a todas las personas de buena fe y de principios de todos los espacios, sobre todo los independientes de las PyMEs, del sector agropecuario y a todos los santafecinos que quieran algo diferente para su provincia. Tenemos que iniciar un camino distinto para la provincia de Santa Fe”, añadió.
Lucila Lehmann, presidente de la Coalición Cívica de la provincia de Santa Fe planteó que “el narcotráfico atraviesa todos los poderes de la provincia y ser parte de eso es imposible para nosotros”. “Nuestro deber es dar una luz de esperanza para Santa Fe. Tenemos una provincia con un gran potencial exportador y muchas ganas de salir adelante, y tenemos que apuntar a eso, pero en contra de las mafias”, agregó.
El diplomático Ariel Basteiro participó de la marcha del MAS que era encabezada por Evo Morales. Los legisladores opositores presentaron un proyecto para su reemplazo porque consideraron que “no debió inmiscuirse en asuntos internos de Bolivia”.
Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Lucila Lehmann, Fernando Iglesias y Marcela Campagnoli, presentaron un proyecto de resolución solicitando el reemplazo inmediato del embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, ya que argumentaron que “no debe expresarse en cuestiones partidarias de otros países incumpliendo sus deberes como embajador”.
“Repudiar las expresiones realizadas por el señor embajador Ariel Basteiro, a cargo de la Embajada de Argentina en la República de Bolivia en el acto llevado a cabo el jueves 24 de noviembre relativas a cuestiones y liderazgos partidarios internos de dicho Estado e instar al Poder Ejecutivo su inmediato reemplazo”, fundamentan en el cuerpo del texto.
En tanto, la legisladora Lehmann sustentó que el Poder Ejecutivo “ha esgrimido repetidamente el argumento de no inmiscuirse en asuntos internos de otros países para evitar fijar una posición ante los repetidos atropellos contra la democracia y los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua que fueron condenados en gran parte del mundo”.
“Si hay algo que no admite lugar a dudas es que un diplomático (Basteiro) no debe expresarse en cuestiones partidarias de otros países incumpliendo sus deberes como Embajador, de acuerdo a la Ley del Servicio Exterior de la Nación, a que intervino en asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia”, afirmó en relación a la participación de Basteiro al reencuentro de la marcha política del MAS para expresar su apoyo en defensa de la democracia y los valores que llevaron a Evo Morales al Gobierno en 2005.
La diputada macrista Alicia Fregonese consideró que “el daño a la producción ganadera que no logró el Covid lo va a imponer el Gobierno”.
La diputada nacional Alicia Fregonese (Pro) se refirió a la publicación en el Boletín Oficial de la prórroga hasta el 31 de octubre del 50% del cepo a las exportaciones de carne vacuna. “La pésima gestión de la política ganadera no denota ignorancia, sino que hay intencionalidad”, consideró.
“El Gobierno persiste en el error, está empeñado en atacar a una de las pocas actividades que seguía funcionando a pesar de la cuarentena eterna que nos impusieron”, sostuvo la legisladora entrerriana.
Además, la macrista remarcó: “Desde hace meses venimos diciendo que con esta medida se pierden puestos de trabajo, se pierden mercados internacionales, se pierde nuestra credibilidad, se va a perder stock ganadero y todo esto se traslada al consumo”.
“Según el decreto, se observa cierta retracción en la cadena. Es la retracción que va a frenar la producción y el empleo, que va a contraer aún más el bolsillo de los argentinos, que ya está dañado por la inflación y por más de 180 impuestos vigentes a la fecha”, enfatizó Fregonese y afirmó que “el daño a la producción ganadera que no logró el Covid lo va a imponer el Gobierno”.
Por su parte, a través de Twitter, la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (Pro) opinó que “el cepo a las exportaciones de carne significa un freno a la producción y, como consecuencia, a la generación de empleo y al ingreso de divisas, además de ser una medida que no contribuye a detener la inflación”.
“Con estas políticas, el Gobierno no hace más que agravar la crisis, solo para mantener un relato en el que la culpa siempre es de los otros y nunca de las malas decisiones que ellos mismos toman”, agregó.
Muy crítica también, la diputada nacional Lucila Lehmann (CC-ARI) escribió: “Cerraron las exportaciones de carne con la excusa que el precio iba a bajar, lo cual nunca sucedió, ni va a suceder”.
“Hoy volvieron a extender la medida, absurda e inconstitucional, que castiga principalmente a Santa Fe, al país y a los consumidores”, fustigó la santafesina.
Se presentó proyecto de ley Mimi, que refleja el caso de una niña separada de la familia que la acogió tres años.
Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto para modificar el Código Civil y Comercial de la Nación, con el objetivo de que una familia de tránsito pueda, eventualmente, convertirse en una familia adoptante.
La iniciativa fue presentada por la diputada nacional de la CC ARI Lucila Lehmann, luego de conocerse el caso de Mimi, una niña de 3 años de edad que fue separada de su familia de acogida. “Que Mimi sea la última. Se trata de una historia de afectos. Los derechos de nuestros niños no pueden ser vulnerados”, destacó Lehmann.
“El caso Mimi es una realidad. Sucede en Argentina. Fallas del sistema de adopción que hacen que personas de buena voluntad que se ofrecen como hogares de tránsito terminen constituyendo vínculos familiares con los niños por los errores de los funcionarios responsables o limitaciones presupuestarias que llevan a desatender el seguimiento de sus casos y prolongan los tiempos más de la cuenta”, indica en la iniciativa la diputada por Santa Fe.
El proyecto busca incorporar el artículo 611 bis que establece que “ningún niño, niña y/o adolescente permanezca al cuidado de personas sin vínculo de parentesco por un plazo mayor a seis meses. Vencido ese plazo sin que se hubiere podido ejercer la reivindicación del niño, niña y/o adolescente con su familia biológica o demostrado el desinterés de los mismos por el niño, niña y/o adolescente, el juez competente deberá disponer un nuevo de residencia transitorio distinto del anterior, salvo que mediante resolución fundada decidiera extender de manera excepcional, el plazo máximo previsto, basado en la existencia de un orden fundante en el ámbito donde se encuentre el menor y considerando que su posible traslado sería perjudicial para su evolución biopsicoespiritual, debiendo arbitrar las medidas necesarias para otorgarle al menor una familia definitiva en el lapso más breve posible”.
En caso de que el menor permanezca más de 24 meses al cuidado de las mismas personas conformando así un vínculo familiar, podría otorgarles a los adultos la guarda con fines de adopción.
El proyecto fue acompañado por los diputados Maximiliano Ferraro, Mariana Stilman, Juan Manuel López, Alicia Terada, Leonor Martinez Villada, Jorge Enríquez, Karina Banfi, Dina Rezinovsky, Federico Zamarbide, Paula Oliveto, Ximena Garcia, Lidia Ascarate, José Luis Patiño, Carla Piccolomini, Hector Flores, Mariana Zuvic, Ruben Manzi, Carolina Castets, Gonzalo del Cerro, Pablo Torello, Juan Martín, Julio Sahad y Camila Crisembeni.
“Tres años atrás, una niña de solo 30 días de vida, a la que todos conocen por ‘Mimi’, fue acogida de manera transitoria por una familia que integra el programa de Acogimiento Familiar del Gobierno porteño”, indica en la iniciativa y agrega que “lamentablemente, por diversas causas la experiencia demuestra que estas limitaciones temporales a veces fallan. Los tiempos se prolongan y los vínculos se construyen. Así pasó con Mimi. Ella solo conoció a Mariana y Marcelo, los llama papá y mamá ya que convivió tres años con ellos y se formó un vínculo familiar”.
En el proyecto, Lehmann indica que “tristemente, ha sido noticia reciente que la Justicia la separó de los que ella considera sus padres y desoyendo el reclamo de estos de adoptar a quién de hecho, ya consideran su hija, fue entregada a otra familia adoptante. Esta postal no es un caso aislado. En Argentina la jurisprudencia cuenta numerosos fallos relativos al tema por causas similares y si bien en la mayoría el juez interviniente se aparte de la rigidez del actual texto legal, en casos como el de Mimi no lo hizo hasta el momento”.
Diputados de JxC solicitaron información sobre la gestión de este corredor vital para la región.
Los diputados Juan Martín, Lucila Lehmann y Albor Cantard (JxC-Santa Fe) solicitaron que el Poder Ejecutivo Nacional explique el proceso licitatorio y la labor del Consejo Federal creado para gestionar la hidrovía Paraguay-Paraná, vital para la provincia y la región. Además, manifestaron su preocupación por la situación del puerto de la ciudad de Santa Fe “ante la falta de liderazgo local” para ponerlo entre las prioridades de esta iniciativa, y remarcaron la necesidad de que sea en general un pliego “dinámico”, pensado no solo para la coyuntura actual sino en función de proyecciones de expansión productiva.
También pidieron conocer “el estado de elaboración de pliegos, si contemplan necesidades del centro norte santafesino y cuál es el cronograma previsto para su concreción y el llamado a licitación”, si “la licitación prevé continuar con el régimen de concesión de obra pública por peaje a riesgo empresarial, sin aval del Estado” y “si la futura concesión abarca los servicios de dragado, redragado, balizamiento y señalización”.
Sobre el Puerto de Santa Fe preguntaron “si se encuentra contemplado el incremento en la profundidad de dragado a 33 pies hasta el Puerto de Santa Fe”. Y en ese mismo sentido, “si está prevista la incorporación en el próximo contrato del dragado, la señalización y balizamiento del Canal de Acceso a dicho puerto”.
Los legisladores señalaron ante la Mesa de Entidades Productivas de la ciudad de Santa Fe la necesidad de que el Puerto sea incluído en el plan de obras y recordaron que “la ciudad se encuentra en un punto estratégico del desarrollo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, y en el cruce con el corredor Bioceánico Central Porto Alegre-Coquimbo. El conglomerado del Gran Santa Fe y su región necesitan un puerto activo al servicio de las Pymes, que les permita mejorar su competitividad e insertarse a costos razonables en el mercado global”.
Preguntaron, además, “si se encuentra prevista la extensión de la concesión hasta Confluencia (en el kilómetro 1.238 de la hidrovía), “para garantizar un desarrollo federal e integrado de la Hidrovía, ampliando las oportunidades de desarrollo productivo de una vasta región al norte de la provincia de Santa Fe y las de Chaco y Corrientes”.
Los legisladores destacaron la relevancia de la actividad pecuaria en el norte santafesino, principalmente bovina, dado que la hidrovía configura un escenario cercano de oportunidad para el sector. Una planificación en perspectiva debe considerar estas variables.
Por otra parte, pidieron saber “si se encuentra prevista la constitución de una tarifa plana, con el fin de sostener un sistema virtuoso, favorecedor del desarrollo agropecuario del interior del país” y “si se cuenta con estudios detallados sobre el impacto económico, social y ambiental de la hidrovía”.
Por último, indagaron sobre “cómo se garantizará la navegación de la hidrovía durante el tiempo comprendido entre la extinción del contrato vigente -el 30 de abril próximo-, y el inicio de la explotación de la nueva concesión”, y “cómo se realizará el mantenimiento de la hidrovía durante dicho período”.
La diputada nacional de la CC ARI advirtió también que Alberto Fernández “no hizo mención al mayor destrozo económico que sufrió la Argentina”.
La diputada nacional Lucila Lehmann se refirió al discurso de apertura de sesiones legislativas del presidente Alberto Fernández, y consideró que se trató de un discurso “confrontativo que aumenta la polarización”.
La legisladora de la CC ARI, participó de forma presencial de la Asamblea Legislativa advirtió que el presidente “no hizo mención al mayor destrozo económico que sufrió la Argentina en relación al resto del mundo y tampoco planteó un plan económico con una mirada hacia el futuro”.
En ese sentido, indicó que “Fernández llevó la pobreza al 46% pero parece que tampoco tiene la culpa y deliberadamente llama ‘errores’ al Vacunatorio Vip. No es un delito para el presidente quitarle la vacuna a quién lo necesita para hacer política, es sólo un ‘error’. Causa indignación y preocupación”, concluyó.
Se presentaron en el inicio del debate en Diputados sendas mociones de orden con distintos motivos para que la discusión del aborto se diera más adelante.
En el inicio del debate sobre el aborto, justo cuando estaba por arrancar el discurso de la miembro informante del dictamen de mayoría, hubo un intento de la Coalición Cívica por aplazar el debate. Fue algo simbólico, pues estaba claro que no tenía ninguna posibilidad de prosperar el intento de conseguir los dos tercios para la moción de orden que presentó la diputada santafesina Lucila Lehmann.
Fue para que el debate de la interrupción voluntaria del embarazo se postergara hasta después del 6 de enero de 2021. “El motivo de la moción, aunque es obvio me veo en la necesidad de aclararlo -dijo-. Represento a los ciudadanos del pueblo de la Nación, pero una gran cantidad de esos ciudadanos son católicos. Estamos viviendo un momento muy especial en el año los católicos, que justamente está vinculado con la concepción y con la vida”.
“Es por eso que la decisión de tratar este proyecto en estos tiempos es una ofensa para el culto católico y el culto cristiano en general”, enfatizó.
Y como prolongaba su argumentación, el presidente de la Cámara la interrumpió para aclararle que las mociones no debían ser fundamentadas, solo pedidas. “Que se aplace la moción para después del mes de enero”, sintetizó entonces, e insistió en que le parecía “un disparate que en las vísperas de Navidad estemos debatiendo el aborto… Es un atropello para el culto católico y cristiano en general”.
Pero antes de que se votara su pedido, intervino otro diputado de su bloque, Javier Campos, quien pidió “si no podríamos hacer un esfuerzo para tratar previamente un proyecto de ley de consulta popular” sobre el tema del aborto, presentado oportunamente por el diputado José Luis Ramón. La moción era entonces “acordar tratar este tema en una consulta popular”.
Previsiblemente las mociones no prosperaron. Se votaron a mano alzada y ni siquiera fue necesario contar las manos dispuestas a aplazar el debate.
A continuación, sí arrancó el histórico debate.
“El Estado debe ayudar, colaborar y establecer puentes para aprovechar todo ese potencial”, indicaron legisladores de JxC. Además, valoraron el rol del INTA.
Diputados de Juntos por el Cambio salieron al cruce de las expresiones del secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Diego Hurtado, quien dijo que el modelo agroexportador “no necesita ciencia y tecnología porque la demanda de conocimiento la produce la industria”. Juan Martín y Lucila Lehmann destacaron que el sector agropecuario es el más innovador y competitivo del país, y enumeraron desarrollos locales, desde vacunas hasta avances en nanotecnología.
Tras las declaraciones de un funcionario nacional kirchnerista contra el sector agropecuario nacional, los diputados de Juntos por el Cambio manifestaron su repudio y exigieron que “el Estado y en particular los funcionarios con responsabilidades de gestión, en vez de formular este tipo de declaraciones, ayuden, colaboren y establezcan puentes para aprovechar todo el potencial del campo y desplegarlo en la senda del desarrollo estratégico en nuestro país”.
El cuestionamiento de los legisladores santafesinos fue expresado mediante un proyecto de declaración como réplica a los dichos del secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Diego Hurtado, quien manifestó en una disertación que el modelo agroexportador “no necesita ciencia y tecnología porque la demanda de conocimiento la produce la industria”.
Para Juan Martín y Lucila Lehmann estas declaraciones “no representan la realidad de nuestro país, que integra su desarrollo económico mediante la participación sinérgica de los sectores agropecuario, industrial y de servicios, y en el que interactúan la economía del conocimiento o la bioeconomía, la agroindustria, etc”. “Se trata de un sector que pese a las sucesivas trabas e impedimentos que le coloca el sector público de forma sistemática, va a la vanguardia en materia de innovación y desarrollo tecnológico a nivel mundial”, enfatizan.
En ese sentido, recuerdan que “el sector agropecuario argentino ha mostrado en los últimos años un gran dinamismo y una alta capacidad para la innovación y adopción de nuevas tecnologías. Sabemos que invertir en ciencia, tecnología e innovación (CTI) es fundamental para el desarrollo económico y el progreso social, y así lo viene haciendo el sector agropecuario con inversiones públicas y privadas en I+D (Investigación y Desarrollo)”.
El diputado radical y su par de la Coalición Cívica destacan que “la promoción del cambio tecnológico y la inversión en investigación agropecuaria pública es principalmente desarrollada en Argentina a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) mediante una amplia red de actividades de extensión, información y comunicación”. “El INTA en particular y todo el sistema en general han desarrollado múltiples programas y actividades con el objetivo de promover la adopción de tecnologías y mejorar la productividad y eficiencia del sector agropecuario. Podemos citar entre los casos relevantes el desarrollo de la vacuna anti – aftosa, la mejora genética del trigo, el desarrollo de cultivos resistentes a herbicidas, vacunas y prevención de enfermedades, nuevas técnicas de manejo agronómico, tecnologías de mapeo de suelos, agricultura de precisión, silobolsas, agrobótica y nanotecnología”.
Además, y profundizando en esa argumentación, Juan Martín y Lucila Lehmann ponen acento en que “en semillas se invierte el 4% del total la inversión privada en I+D; las asociaciones técnicas privadas CREA y Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa forman redes de creación y difusión de conocimientos con fondos totalmente privados y en colaboración con INTA; hay una fuerte la inversión en hardware y software de compañías privadas y desarrollos de soluciones para el agro en maquinarias agrícolas o ingeniería genética”.
A diferencia de lo expresado por Hurtado, Juan Martín y Lucila Lehmann proyectan que “el futuro de nuestra economía estará en focalizar nuestros esfuerzos en agregarle el mayor valor posible a nuestra soja y maíz, y exportar cada año más productos avícolas, carne bovina, carne de cerdo y productos lácteos; y para ello serán esenciales las nuevas tecnologías aplicadas sobre la base de la investigación científica para elevar la productividad sin dejar de mantener e incluso mejorar la sostenibilidad de los recursos naturales y el medio ambiente”.
Finalmente, los diputados aprovecharon la ocasión para reiterar el pedido-si es que el oficialismo efectivamente quiere apoyar a las empresas de base tecnológica- para que el Senado que preside Cristina Kirchner avance con el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero que está cajoneado en la Cámara alta.
Fue en la Comisión de Agricultura, cuando el oficialismo rechazó un proyecto por solo un voto de diferencia, con un diputado opositor sin poder sumar el suyo por teléfono.
La primera reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja celebrada bajo la modalidad remota no ofrecía a priori elementos para la discordia. Más bien lo contrario. Apenas había un proyecto que exhibía discrepancias y por eso se dejó para el final, tal cual anticipó al inicio de la reunión el titular de la comisión, el oficialista José Ruiz Aragón.
Lo cierto es que esa iniciativa y su tratamiento dio tela para cortar.
Por tener que retirarse luego por cuestiones personales habló al principio el diputado riojano Danilo Flores, autor de un proyecto que beneficia al sector olivícola. Valoró que esa área “representa materia exportable y fuentes de trabajo para muchas familias”, y en ese sentido contó que su iniciativa atiende la cuestión del riego, que tiene un “altísimo costo, sobre todo energético, con tarifas dolarizadas”. Algo que hace de esa actividad “inviable”, sino fuera por la asistencia provincial para pagar las facturas. Así las cosas, el proyecto propone la creación de un Registro Nacional de Regantes Olivícolas Electrointensivos, a fin de relevar la cantidad de productores y beneficiarlos. Una iniciativa que en la comisión de asesores fue modificada, atendiendo a que a productores de provincias vecinas les pasaba lo mismo y se terminó haciendo “más inclusiva”.
Otras dos iniciativas relacionadas con la actividad apícola fueron fusionadas. Las mismas atienden a promocionar la producción de un producto que favorece la necesidad de exportación que tiene la Argentina. Se recordó en ese sentido que nuestro país es el segundo exportador a nivel mundial y tercero en producción a nivel mundial.
Entre las iniciativas propuestas, una de la diputada Norma Abdala de Matarazzo, que pide al Ejecutivo se disponga el emplazamiento de una delegación del Instituto Nacional de Vitivinicultura en la provincia de Santiago del Estero, fue objetada por el exministro de Agroindustria Ricardo Buryaile. Conocedor del área, valoró la importancia del INV y preguntó a la autora la finalidad de ese pedido, atendiendo a los problemas presupuestarios del mismo. Como no estaba presente la diputada para defender su iniciativa, se atendió un pedido de Facundo Suárez Lastra de “ver qué opina el Instituto” y verificar si presupuestariamente es viable lo que pide la diputada santiagueña, por lo que se decidió hacer las consultas pertinentes antes de dictaminar.
Se llegó finalmente al proyecto que presentaba diferencias, que consistía en que la Cámara de Diputados expresara su pesar por el fallecimiento de Emilio Juan Gimeno, un referente argentino de la sanidad animal, que en los 90 fue presidente de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Falleció el pasado 14 de febrero, y el homenaje es impulsado por el diputado del Pro Hernán Berisso.
Tomó la palabra la diputada del Frente de Todos Florencia Lampreabe, quien compartió con sus pares “algunas omisiones en las que cae el proyecto”. Aclaró que lo hacía “sin desmedro de la persona en cuestión, sin desmedro de que sus familiares, colegas y seres queridos puedan penar su fallecimiento, o incluso sin dejar de considerar sus conocimientos y aportes científicos”, se estaba omitiendo que “fue director del Senasa en el 80, plena dictadura cívico militar, presidencia de Jorge Rafael Videla”. La diputada kirchnerista aclaró que el Senasa recién en 1996 se estableció como un organismo descentralizado, destacó que “la dictadura cívico-militar fue sostenida también por actores de la sociedad civil” y recordó además que ese organismo tiene trabajadores desaparecidos.
“No me parece una omisión menor y lamento que no haya constado en el proyecto de resolución; por eso el Frente de Todos no va a acompañar este proyecto de resolución”, concluyó.
Intervino entonces el diputado radical Facundo Suárez Lastra, quien aclaró que tenía la disposición de acompañar a su bloque, “si no surge ninguna imputación directa a la acción personal (de Gimeno) que no sea su participación en un período determinado de la historia como funcionario”. De tal manera pidió conocer si había “una imputación directa. Quisiera saber si hay algo más concreto. Por lo que está planteado por Floerncia, me da para acompañar a mi bloque, pero no quisiera acompañar si hay alguna participación directa. Algún cargo específico y concreto”.
Luego de que Florencia Lampreabe aclarara que había quedado “explícito” que el cargo que se le hacía era haber sido “un funcionario designado por la dictadura” y que no estaba haciendo “una imputación directa”, se procedió a la votación.
Quince diputados adhirieron al homenaje -los de los integrantes de Juntos por el Cambio y el exCambiemos Pablo Ansaloni- y 16 negativos, sobre 31 diputados. “El expediente entonces queda en comisión”, señaló el presidente de la comisión, justo cuando el diputado Buryaile le informó que el diputado Alfredo Cornejo reportaba por teléfono su apoyo, pues tenía problemas de conectividad. Como ya había sucedido con la anterior votación, Ruiz Aragón recordó que tanto el mendocino como el resto de los que no habían podido registrar su voto “van a tener todo el día para adherir”.
Sin embargo intervino ahí el subdirector de Comisiones, para aclarar que “si el resultado es que no se dictamina, el proyecto no se va a subir para la firma”. Luego aclaró que el protocolo prevé que el voto se registra “a viva voz o por firma digital”. Y agregó: “Como el proyecto no estaría llegando con la cantidad de firmas”, quedaba archivado. Y respecto de Cornejo, recordó que “tampoco tiene firma digital. En el caso de que no pueda hacer su voto a viva voz, no será registrado”. Buryaile preguntó si no había posibilidad de postergar la firma y el funcionario le aclaró que para subir el proyecto a la plataforma tiene que haber acuerdo.
“Lo que esto está demostrando es que hay gente que quiere votar y no puede, hay que tener en cuenta eso”, apuntó entonces el diputado Pablo Torello, a lo que el subdirector de Comisiones le aclaró que “el protocolo no lo hizo la dirección”.
Antes de concluir la reunión de Agricultura y Ganadería, pidió la palabra la diputada Lucila Lehmann (Coalición Cívica-ARI) para advertir que en esa comisión se estaba obviando el “contexto muy hostil con el sector agropecuario” que se está viviendo y más allá del valor de las iniciativas analizadas no se habían abordado los proyectos de repudio a hechos de vandalismo que se vienen registrando. Eso a pesar de ser casos que van “en contra del Estado”, pues “el 80% de la producción que se vandalizó era para las arcas del Estado. Es importantísimo que esta Cámara repudie lo que viene sucediendo y que el Gobierno ponga los elementos que puedan tener para proteger la vida”.
Se quejó Lehmann también de que el Gobierno había anunciado al mantener las retenciones que habría segmentaciones, pero eso no sucedió. Preguntó entonces cuándo van a reintegrar el dinero que se le está sacando a los pequeños y medianos productores, y concluyó: “Reunirnos en estos momentos y no tocar esos elementos que son de fondo, no es bueno y no es un buen mensaje para nuestros ciudadanos”.
El diputado Javier Campos preguntó entonces si había “alguna razón de fondo” para no hacer lo que pedía su compañera de bancada. Esto es, expresar su repudio hacia lo que son hechos delictivos.
“Usted presenta un proyecto y se trata en la comisión”, le dijo el diputado Ruiz Aragón, a lo que Lehmann volvió a intervenir para insistir en que había varios proyectos presentados a los que no se les había dado lugar para tratar en la comisión. “Bueno, los tratamos en la próxima”, cerró el presidente de la comisión.
La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial bonaerense Luciano Bugallo y la diputada nacional Lucila Lehmann, ambos referentes de la Coalición Cívica.
Productores agropecuarios de todo el país vienen padeciendo hechos de inseguridad y vandalismo. Sucesivos ataques a la propiedad privada rural, expresada principalmente en roturas de silobolsas, incendios y robos, mantienen al sector en alerta.
Tan es así, que el diputado provincial bonaerense Luciano Bugallo, junto a la diputada nacional Lucila Lehmann, han diseñado un mapa denominado “Registros de daños en Establecimientos Agropecuarios”, que señala las localidades afectadas ante los reiterativos ataques a la propiedad privada rural.
“Con Lucila Lehmann, armamos un mapa que señala las localidades donde se han detectado ataques a la propiedad privada en el interior del país. Se agradece el aporte de datos que puedan faltar o estar mal”, señaló el legislador en sus redes sociales.
El acceso al registro es mediante un link que dirige a la plataforma Google Maps y el mismo ya cuenta con más de 50 establecimientos afectados. Según el color, se diferencian los tipos de daños ocasionados, tales como verde para las roturas de silobolsas, bordó para los incendios y violeta para los robos de cosechas, maquinarias o herramientas. Las zonas más afectadas por este tipo de delito, son Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.
Por su parte, la diputada nacional Lucila Lehmann repudió las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín, quien sostuvo que los atentados al campo son “un gran verso montado por Clarín”.
“¿Más de 50 atentados solo este año son “un verso”? Santa Fe tiene récord de homicidios y violencia. No hay plan de seguridad alguno y encima Marcelo Saín nos toma el pelo. Hágase cargo y ponga límites a la delinKuencia que ataca a nuestros productores”, expresó la diputada en su cuenta de Twitter.
Al mismo tiempo, los Productores Autoconvocados de la Provincia de Santa Fe exigieron mediante un comunicado enviado al Gobernador santafesino, la renuncia del Ministro de Seguridad, Marcelo Saín.
“Este pedido expreso, se fundamenta en la necesidad de dar cumplimiento de la seguridad como un derecho de toda la población, y de dar respuesta efectiva del Estado ante delitos cometidos, robos y actos vandálicos. Sumada a la inoperancia y total inacción del Ministro, creemos que no cuenta con la capacidad necesaria como para encolumnar a la fuerza por lo que nos preocupa el reconocimiento de los hechos de inseguridad en el sector agropecuario, los mismos que Saín niega y calumnia al decir barbaridades inventadas para difamarnos”, expresaron los productores autoconvocados, quienes además recibieron el apoyo de los legisladores por la Coalición Cívica, Luciano Bugallo y Lucila Lehmann.
La iniciativa de Lucila Lehmann dispone que quien se encuentra condenado por un delito contra la administración pública no perciba ningún haber de privilegio por el doble de tiempo previsto en la condena.
La situación del exvicepresidente de la Nación Amado Boudou en relación a los haberes que en su momento ANSeS había denegado, reflotó antiguas controversias legales y éticas que deben ser resueltas definitivamente.
“Resulta moralmente reprochable que el funcionario que fue condenado por delitos contra el Estado, perciba de este mismo Estado beneficios de privilegio en razón de su función, cuando fue precisamente por ella que cometió un delito contra la administración en perjuicio de la sociedad toda; estoy convencida de que las normas legales no pueden prescindir de correctos encuadres éticos”, afirmó Lehmann.
El proyecto es acompañado por los diputados Leonor Martinez Villada, Javier Campos, Alicia Terrada, Ruben Manzi, Paula Oliveto, Laura Carolina Castets, Maximiliano Ferraro, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli y Mariana Zuvic.
Como una opción contra la crisis económica, la diputada Lucila Lehmann sugiere utilizar una constancia única, personal e intransferible para personas inmunes, para “beneficiar a más personas de la restricción que padecen todas”.
En momentos que crece la polémica en torno a la extensión de la cuarentena que afecta fuertemente la actividad económica, la diputada nacional Lucila Lehmann, junto con el resto del bloque de diputados de la Coalición Cívica-ARI al que pertenece y otros diputados de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de ley que tiene como finalidad la creación de un certificado de inmunidad para personas con poco o ningún riesgo de infección de Covid-19.
En los fundamentos del proyecto, Lehmann destaca que existen evidencias científicas y antecedentes a nivel global de estudios serológicos que permiten identificar las poblaciones inmunes al Covid-19 y que, al mismo tiempo, no tienen capacidad de contagiar a otras personas.
En ese sentido destaca que hoy esta evidencia es tan contundente en ese sentido, que se está pidiendo a los ciudadanos que hayan padecido la enfermedad y se hayan curado, que donen suero o plasma para poder ayudar con sus anticuerpos a quienes están padeciendo la enfermedad. “Si puedo donar anticuerpos. ¿Cómo entonces no van a poder circular para realizar tareas básicas y necesarias?”, cuestionó la diputada.
“Frente a la situación económica imperante en nuestro país, con agobiantes restricciones sin miras de finalización, a la espera de una vacuna contra el virus Covid-19 y existiendo herramientas que permiten relajar el confinamiento, es que proponemos este régimen de licencias sanitarias de inmunidad para evitar mayores daños económicos y sociales, sin poner en juego la salud pública de los argentinos. Es una vía para beneficiar a más personas de la restricción que padecen todas”, destacó.
“Los beneficios son superiores a las desventajas desde todos los puntos de vista, atento que estos ‘licenciados’ podrán trabajar desacelerando la caída de la economía, ser admitidos en las instituciones sanitarias y geriátricos, colaborando de esta manera con la población más vulnerable sin ponerse ni ponerlos en riesgo (‘yo te cuido, vos me cuidas’)”, completó Lehmann.
Legisladores de la principal bancada opositora cuestionaron a sus compañeros de otros bloques. El macrista Fernando Iglesias y la cívica Lucila Lehmann le mandaron especial mensaje a tres exmiembros del interbloque.
Al interbloque Juntos por el Cambio le faltó este jueves el apoyo de cinco legisladores para conseguir el quórum en una sesión especial de la Cámara de Diputados, donde tenía la intención de derogar el DNU 457/20, que amplió las facultades del jefe de Gabinete respecto a la reasignación de partidas presupuestarias sin aval del Congreso.
Durante las expresiones en minoría, varios legisladores de la principal bancada opositora -que impulsó la sesión- le reprocharon su ausencia al resto de sus pares.
“Que la oposición no esté toda presente en esta sesión especial es imperdonable porque los que no dieron quórum están cediendo la facultad principal que tenemos que es controlar al Gobierno”, sostuvo durante su discurso el jefe del interbloque JxC, Mario Negri.
Por su parte, el macrista Waldo Wolff, nombró particularmente a Beatriz Ávila, Pablo Ansaloni y Antonio Carambia, quienes formaban parte de Cambiemos, pero tras el recambio de gobierno se fueron al interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón.
Tanto durante la sesión, como una vez finalizada, las quejas de Juntos por el Cambio continuaron por las redes sociales. En Twitter, el diputado del Pro Fernando Iglesias le pegó duro a los tres exmiembros de su interbloque, compartiendo incluso una foto con sus rostros.
“Buscados. Diputados que entraron por la oposición y no dan quórum para abolir superpoderes. Si los vio, avise en @DiputadosAR. URGENTE!!!”, los escrachó.
Y agregó en otro tuit: “Sesión fracasada. 124 presentes. Todos los de @juntoscambioar +8. Saludos al gringo (Juan) Schiaretti y a (Roberto) Lavagna por las ausencias de sus diputados. Felicitaciones a nuestros tres panqueques, Carambia, Ávila y Ansaloni. Bien por Ramón, que vino, aunque ninguno de su bloque lo acompañó”.
También cargó contra esos legisladores la cívica Lucila Lehmann, quien escribió: “Los 3 panqueques que fugaron una vez electos por las listas de @juntoscambioar están AUSENTES. Funcionales como siempre al autoritarismo del kirchnerismo. Eternamemte repudiables”.
Sin mencionarlos, pero en alusión a los cuatro integrantes de Córdoba Federal -Paulo Cassinerio, Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Alejandra Vigo-, el macrista Héctor Baldassi repudió que “algunos diputados de Córdoba no consideren importante controlar al Poder Ejecutivo. Hoy, no dar quórum es mañana avalar impunidad”.
“No hubo quórum pero acá estamos, señalando que no hay República si no funcionan los tres poderes y que el presupuesto es una atribución constitucional del Congreso. Es difícil pero entendible que no defiendas tu poder siendo oficialista, pero inexplicable si pediste el voto como opositor”, fue el mensaje en Twitter de la diputada del Pro Silvia Lospennato.
La diputada nacional Lucila Lehmann presentó un proyecto para establecer más mecanismos de control en el sistema de contratación directa.
Diputados de la oposición proponen la creación de una Comisión de Seguimiento y Monitoreo de las Contrataciones Directas.
El proyecto, impulsado por la diputada nacional de la Coalición Cívica, Lucila Lehmann surge a raíz de las recientes compras con sobreprecios realizadas por parte del Gobierno nacional y tiene como finalidad la creación de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de las Contrataciones Directas en el marco de emergencia, la cual tendrá el carácter de Comisión Unicameral Especial.
Las principales atribuciones de la Comisión serán
En cuanto a los sobreprecios, Lehmann anunció que también se realizaron denuncias penales, para que la justicia investigue el accionar de PAMI en la compra de algunos productos a más del doble del valor de mercado minorista.
“Concretamente las denuncias son sobre las recientes compras realizada por PAMI de vasos descartables, bidones de agua y alcohol en gel, en los que se ha pagado más del doble que el costo minorista y basándose en la única oferta presentada de un proveedor que ni siquiera estaba inscripto en el Registro de Proveedores habituales”, subrayó Lucila Lehmann.
La iniciativa cuenta con el apoyo de sus pares del bloque, Marcela Campagnoli, “Toty” Flores, Alicia Terada, Monica Frade, Rubén Manzi y Leonor Martínez Villada.
La legisladora de Juntos por el Cambio le pidió a Alberto Fernández que “escuche al interior, tome conciencia y entienda que el país sale adelante produciendo”.
A doce años de la resolución 125, la diputada nacional de Juntos por el Cambio Lucila Lehmann acompañó a productores autoconvocados, y le pidió al presidente Alberto Fernández que “no castigue al que produce”.
“Esperamos que el presidente Fernández escuche al interior, tome conciencia y entienda que el país sale adelante produciendo, no castigando al que produce” afirmó la diputada nacional por la Coalición Cívica Lucila Lehmann, junto a productores autoconvocados reunidos a 12 años de la resolución 125.
“Estamos en un contexto lamentablemente, peor que en aquel 2008”, agregó Lehmann, quien participó, junto a otros dirigentes del encuentro organizado por Elisa Carrió.
Después de esa reunión la líder de la Coalición Cívica público en su cuenta de Twitter una foto del encuentro junto al texto “¡Sin el campo no hay Nación!”.
