El titular de la SENAF Gabriel Lerner adelantó que el decreto reglamentario “ya salió” y que “posiblemente sea oficializado en dos semanas” ante las consultas de ONGs presentes.
En un nuevo encuentro de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, su presidenta, la senadora nacional Clara Vega (Hay Futuro Argentina – La Rioja), señaló que la implementación de la ley “es una deuda que tenemos aún. A pesar de que el Congreso ya cumplió, seguimos esperando esta reglamentación”.
En ese sentido, destacó el trabajo del titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Gabriel Lerner, quien le dijo que “sus equipos estaban trabajando, respondiendo al compromiso que hay con la ley y con quienes llevan adelante esta lucha de visibilizar, no solamente lo que pasó Lucio en su momento, sino miles de chicos en el país y el mundo”.
“Contar la reglamentación es muy importante”, insistió la riojana y se mostró expectante de que “falta muy poco para que salga el decreto”. Además, resaltó que hay provincias “que ya han logrado que las Legislaturas aprueben la adhesión y otras están en proceso”.
Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, la diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro), afirmó que “los desafíos que tenemos en esta bicameral son muchos”, al tiempo que ponderó “el fuerte compromiso que tuvimos todos” para la sanción de la ley. Y, particularmente, reconoció a los abuelos de Lucio Dupuy por “haber acompañado todo ese proceso y seguir acompañando”. “Es importante que aceleremos la reglamentación e implementación de esta ley”, agregó.
En tanto, la secretaria de la bicameral, la diputada Paola Vessvessian (FdT), observó que este “es un tema que nunca se acaba, que permanentemente tiene una dinámica. Lo importante es entender que el eje son las infancias”. “Queremos que las vidas de los niños, niñas y adolescentes se definan en los espacios donde se dictan las políticas públicas, no en el Poder Judicial”, aseveró. Y destacó, puntualmente, la puesta en marcha del Censo Nacional de Dispositivos de Cuidado Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes.
Al tomar la palabra, el titular de la SENAF, Gabriel Lerner, informó que el decreto reglamentario “ya salió” del organismo y que dirige y, posiblemente, sea oficializado en dos semanas. Sobre ello, resaltó la rapidez con que se trabajó, dado que tenían tiempo hasta el 9 de septiembre.
Una vez aprobada la ley en Diputados, y antes de su sanción en el Senado, la SENAF abrió una ronda de consultas con la Defensoría del Niño, dos sindicatos del Estado Nacional, con las universidades UBA, UNLP y UNER, además de UNICEF, el INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública),
legisladores, los familiares de Lucio y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, donde “llegamos a la conclusión unánime de que esta era una enorme oportunidad para poder avanzar en donde había herramientas pendientes”.
El funcionario subrayó que hubo “una demanda de la ciudadanía de poner en primer lugar, no en el único, el tema de la detección temprana de violencias y abusos”. “No es que la ley se limita a eso, tiene un plan mucho más ambicioso”, aclaró, pero señaló que en el primer “recorte” se empezará por ese tema.
El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia detalló que el decreto reglamentario tiene cuatro ejes: el plan de capacitación obligatorio, campañas de sensibilización, protección de los denunciantes y sistema de información de la evolución del plan que esté accesible a la comunidad.
Sobre la protección de los denunciantes, Lerner contó que se han relevado “qué tipos de mecanismos ya están vigentes en algunas jurisdicciones para resguardar y proteger a los denunciantes”, de modo de “instar a las jurisdicciones a replicar las mejores prácticas” para “darle más seguridad a quien accede a la información y a veces teme represalias”.
En otro pasaje, informó que, aunque la ley los obliga, el decreto reglamentario no va a obligar a los poderes Legislativo y Judicial, de modo que para que realicen la capacitación se requerirán convenios.
“El incumplimiento del curso por parte de un agente del Estado se lo considerará sanción grave”, apuntó.
Sobre la primera etapa de implementación, el funcionario precisó que consistirá en “un curso inicial sencillo, autoadministrado, que nos permita una extensión rápida de formación en elementos muy básicos para ayudar al conjunto de la administración pública a convertirse en un actor que contribuya en la detección temprana y eventualmente en las denuncias”.
Eso comenzará el próximo 7 de agosto, y se tratará de un curso de “alrededor de 15 horas” que “no está pensado para quienes tienen vocación de saber mucho sobre el campo de la infancia, sino para aquel que atiende en ANSeS o PAMI, o en cualquier lugar de la administración pública”.
En tanto, “el plan integral lo vamos a terminar de discutir en el Consejo Federal” y una vez finalizado, desde allí “empezar a mandar esos contenidos a todos los organismos para que empiecen a diseñar sus propias capacitaciones”.
A su turno, Gisela Clivaggio, directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, habló de hacer un curso “amigable” para todos los que se desempeñan en el ámbito estatal, aclaró que “no por eso queremos restarle nivel académico, ni rigor conceptual; tenemos una intención clara con esta capacitación”.
Y enumeró: “Tenemos un primer módulo que es más conceptual, en donde a través de las temáticas, lo que buscamos es vincular las violencias contra los niños con un modelo conceptual de la infancia, que explica por qué existe hoy una naturalización de determinados niveles de violencia contra niños, niñas y adolescentes”.
El segundo módulo está vinculado al marco normativo. “Todo este bagaje conceptual que se trabaja en una primera etapa y después tiene actividades de evaluación, tiene textos, piezas audiovisuales, videos, distintas piezas pedagógicas que nos llevan a incorporar estos conceptos, pasamos al módulo 2 del marco normativo de la Ley 26.061, que nos habla fundamentalmente de dos conceptos que para quienes trabajamos en las infancias son muy familiares, pero para quienes no lo hacen quizá no es así, que es el sistema de protección y el concepto de la corresponsabilidad”, dijo. Y explicó: “Estos dos conceptos fundamentales son los que nos llevan a trabajar, el deber de comunicar, informar, cuando uno detecta una potencial situación de violencia, o lee una situación e identifica signos de que está siendo vulnerado el derecho de un niño, niña y adolescente”.
En el tercer módulo tiene que ver con ver “cómo hago para darme cuenta, cuáles son los indicadores que nos hablan de que un niño, niña o adolescente está siendo víctima de violencia. Qué factores de riesgo tengo que detectar”, detalló. Y frente a esto, cómo proteger a las infancias de lo que muchas veces son situaciones muy traumáticas.
El cuarto y último módulo corresponde a qué hacer cuando uno se encuentra con la situación en cuestión. “Entonces este módulo es el que nos lleva a un circuito de intervención. Desde el ámbito donde me desempeño, qué tengo que hacer, cuál es mi rol dentro del sistema de protección, con quién tengo que articular, cuál es el circuito institucional que debo recorrer”, precisó.
También de la SENAF, Mariano Luongo, subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, expuso sobre el Censo Nacional de Dispositivos de Cuidado Residencial y manifestó: “Nuestro objetivo es tratar de conseguir información que nos permita deconstruir ideas que hay sobre estos temas y poder mejorar las políticas públicas con información científica y validada”. Además, agregó que “buscamos elevar estándares de calidad para las niñas y niños sin cuidados parentales”.
“En la actualidad hay más de 8000 niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales que viven en cuidados alternativos residenciales en todo el país y hay más de 1000, mayores de 18 años, que aún viven en los dispositivos”, informó el funcionario.
Para finalizar, la titular de la bicameral Clara Vega retomó la palabra, agradeció a los presentes (en especial a los abuelos de Lucio Dupuy) y enfatizó: “Levantemos la bandera en defensa de los derechos de las niñas y niños”.
Gabriel Lerner, titular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, brindó detalles ante las integrantes de la Comisión Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La exposición estará a cargo del titular de la SENAF, Gabriel Lerner, en una reunión que se realizará este martes a las 12 en el Salón Illia.
A tres meses de su sanción, se presentará en el Senado la puesta en marcha de la ley de Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, más conocida como “Ley Lucio”, ante la presencia de los abuelos de Lucio Dupuy.
Será en el marco de una reunión de la Bicameral del Defensor de NNyA, presidida por la senadora riojana Clara Vega, durante la que expondrá sobre la reglamentación de la norma el titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner. También participarán representantes de ONG’s.
El encuentro se realizará este martes, a partir de las 12, en el Salón Illia de la Cámara alta. Además, se informará sobre el Censo Nacional de Dispositivos de Cuidado Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes.
La “Ley Lucio” estuvo inspirada en distintos casos de maltrato infantil, pero el más resonante fue el de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que falleció en el Hospital Evita de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, el 26 de noviembre de 2021, luego de una brutal golpiza por parte su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ésta, Abigail Páez, ambas actualmente con cadena perpetua.
Tras la aprobación de la ley de capacitación en los derechos del niño, la presidenta del Senado recibió a la familia del nene pampeano asesinado.
Muy activa en la sesión del Senado de este jueves, que volvió a presidir luego de siete meses, la vicepresidenta Cristina Kirchner recibió en su despacho a familiares de Lucio Dupuy, luego de la sanción que establece un Plan Federal de capacitación en los derechos de niñas, niños y adolescentes, inspirada en el caso.
El encuentro fue difundido por la propia titular de la Cámara alta a través de su Twitter: “Hoy en el Senado con los abuelos y las tías de Lucio Dupuy. Su amor y compromiso lograron la sanción de la Ley que lleva su nombre. Mucha emoción”.
Lucio Dupuy falleció el 26 de noviembre de 2021, a los 5 años, en el Hospital Evita de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, tras recibir una brutal golpiza por parte de su madre Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez. En varias ocasiones previas al fatídico desenlace, el niño había sido asistido por politraumatismos en distintos centros de salud. En febrero pasado, las asesinas fueron condenadas a prisión perpetua.
El proyecto fue aprobado por unanimidad y establece la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
Tras una larga lucha de reclamos constantes y con los abuelos de Lucio Dupuy observando y escuchando desde los palcos, el Senado aprobó este jueves por unanimidad -65 votos afirmativos- el proyecto por el cual se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa fue impulsada a raíz del asesinato de Lucio Dupuy, el niño de cinco años de La Pampa que murió tras ser golpeado en reiteradas ocasiones por parte de su madre y la pareja de la misma. El proyecto, denominado originalmente como “Ley Lucio”, no se llamará así pues los legisladores acordaron que la iniciativa no llevará el nombre del niño.
El proyecto había recibido la media sanción el 9 de noviembre de 2023 y rápidamente tuvo tratamiento en la Cámara alta, pero no llegó nunca a tratarse hasta el día de hoy. Incluso, tras el pedido de familiares del niño, legisladores y hasta la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el presidente de la Nación incluyó el texto al temario de extraordinarias durante el mes de febrero.
Abrió la ronda de debate el pampeano oficialista Daniel Bensusán quien explicó que el proyecto que “puede convertirse en una herramienta que se sume a la lucha para la protección de nuestras infancias y adolescencias y evitar la vulneración de sus derechos”.
“Este proyecto se genera a través de un crimen aberrante producido en mi provincia, el crimen de Lucio Dupuy en manos de dos personas adultas con las cuales convivía”, relató y siguió: “A fines del mes pasado finalizó el juicio penal que determinó la condena a prisión perpetua a ambas homicidas”.
Bensusán remarcó que “la violencia y la vulneración de los derechos de las infancias atraviesa a toda la sociedad y nos interpela a todos los que tenemos responsabilidades políticas institucionales”. Al respecto, sostuvo que la violencia que “se ejerció sobre Lucio no fue un hecho aislado. Estamos seguros que la importancia de legislar sobre estos temas para evitar hechos como el que ocurrió”.
En esa línea, recordó que en el trámite del dictamen en comisión “fueron muchos los legisladores de muchas provincias que relataron hechos, no de la gravedad de Lucio, pero sí similares en cuanto a la vulneración de los derechos de las infancias y adolescencias en diferentes provincias”.
“Hechos tan aberrantes como este nos deben interpelar para seguir legislando de esta manera para evitar esto”, planteó Bensusán.
Sobre el proyecto, mencionó que el plan de capacitación “es de carácter continuo, permanente y obligatorio para cada uno de los agentes de los tres poderes del Estado Nacional que formen parte corresponsable del sistema integral de protección y promoción de los derechos de niños y adolescentes”.
También informó que, posteriormente, podrán sumarse a la capacitación los agentes de los estados municipales, provinciales, de organizaciones sociales, deportivas, culturales a través de diferentes convenios que puedan firmar con la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia que será la autoridad de aplicación.
En ese sentido, precisó que la Secretaría elaborará los contenidos del plan federal de capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. “El proyecto establece la posibilidad de convenios con universidades nacionales, entidades de la sociedad civil, organizaciones de la comunidad para que de forma conjunta puedan asistir al diseño del plan, a la homologación y el monitoreo de las distintas instancias”, explicó.
Además, contó que “la autoridad de aplicación llevará a cabo campañas de concientización para la protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La revisión periódica del contenido del plan y su eficacia en la implementación de la ley”.
“No tengo dudas que esta ley se convertirá en una importante herramienta, pero no podemos dejar de reconocer que Argentina es un país de avanzada en la legislación de la protección de las infancias y adolescencias”, destacó el pampeano y agregó: “El andamiaje legal e institucional existe, pero obviamente podemos mejorarlo, modificarlo y fortalecerlo. Es evidente que con las leyes solas no alcanzan no con la voluntad de los Estados”.
“Ese es un tema que nos atraviesa a todos y tenemos que tener en claro un actor fundamental que sin la participación de él todo lo otro no sirve que es el compromiso social que necesitamos en contra de la violencia de las infancias. Hay que hablar de un nuevo pacto social, lo charlé con los abuelos de Lucio, porque no podemos naturalizar estos hechos y que solo ocurren adentro de los hogares y muchas veces se mira hacia el costado”, reclamó.
En ese marco, destacó la reserva de identidad que plantea el proyecto para aquellas personas que denuncian situaciones de violencia y vulneración de derechos de infancias.
“En ese pacto social hay muchos actores que tienen que rever esas prácticas porque mientras existan medios de comunicación que utilicen los homicidios de niños para sumar audiencia, mientras exista el uso de estos hechos aberrantes para intereses electorales, mientras se siga escondiendo bajo la alfombra estas cuestiones y se mire hacia otro lado, no estaremos respondiendo en forma madura como sociedad”, denunció y pidió no “revictimizar a los niños”.
Por último, planteó que parte de la solución “es hacer lo que estamos haciendo hoy, legislando en el Congreso. Dando herramientas para que el Estado y los agentes del Estado puedan actuar y tengan mejor y mayor información para advertir situaciones como le ha pasado a Lucio y como les pasa a muchos niños”. Y destacó que, desde que ingresó al Senado, tan solo se tardó una semana en sacar dictamen con dos proyectos, al tiempo que ponderó la “voluntad del interbloque FdT para tratar todos estos temas que son trascendentes para la sociedad”.
“Tenemos que seguir encontrando los consensos necesarios para avanzar con los temas que requiere la sociedad y son herramientas que el Estado necesita para seguir avanzado y mejorarle la calidad de vida a los argentinos. Que esta iniciativa fortalezca los canales institucionales de denuncia y comunicación para garantizar una intervención inmediata para que cesen cualquier vulneración o violencia de derechos de niños”, cerró Bensusán.
Al finalizar expresó su solidaridad con la familia de Lucio Dupuy -presente en los palcos- y le habló al abuelo del pequeño: “Su lucha y perseverancia es algo que debemos utilizar para que de una vez por todas dejen de suceder hechos que le pasó a Lucio y que Argentina pueda avanzar en la protección y promoción de los derechos de las infancias”.
La senadora María Belén Tapia disintió con Bensusán respecto de la celeridad con la que habían tratado el tema en esa Cámara. Si bien aclaró que, una vez aprobado el tema en Diputados, no dudaron un segundo en convocar a una reunión plenaria para avanzar hacia el dictamen y dieron “un respaldo contundente en que estábamos todos de acuerdo en que esta ley se debía tratar”, recordó que eso no sucedió y ni siquiera había sido incluido originalmente en el temario de extraordinarias.
Más allá de eso, la santacruceña recordó que la senadora pampeana María Victoria Huala, autora de una iniciativa que va en el mismo sentido que la ley aprobada en Diputados, convocó a una reunión a la que asistió el abuelo de Lucio, Ramón, a quien definió como “un ejemplo”. Dijo que él “pedía justicia para su nieto y que nosotros hiciéramos algo más”.
Al respecto, Tapia aclaró que “tenemos en ambas cámaras iniciativas de todos los espacios, con lo cual es una gran muestra de que teníamos intención de legislar” sobre el tema. Precisó en ese sentido que en Diputados se unificó un texto de los diputados Martín Maquieyra y Roxana Reyes, también de Paola Vessvessian y otros; y en el Senado había uno de María Inés Pilatti Vergara y otro de la senadora (MC) María de los Ángeles Sacnun, además del de la senadora Huala.
No obstante, consideró que “es insuficiente” lo que se ha legislado sobre el tema y citó a especialistas que advierten que por ejemplo no hay una ley de protección integral contra el maltrato infantil. “Me parece que la sociedad está demandando que tratemos urgentes herramientas para tratar este flagelo”, señaló, para plantear luego iniciativas en ese sentido que han perdido estado parlamentario.
Se quejó también de la mediatización de casos de abuso infantil y citó al colectivo #NoMatarás, consideró “preocupante el mensaje que quieren instalar algunos medios, periodistas y artistas. La pedofilia no es una orientación sexual; el abuso sexual es un caso de poder y no se necesita ser psicópata o mentalmente enfermo para llevarlo a cabo”.
“Nunca es ‘una calentura momentánea’, como dijo Roberto Piazza; nunca es ‘un tema que pertenece a la vida privada’, como dijo Robertito Funes Ugarte… El abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes, es un delito y debe ser tomado como tal”, cerró, citando el documento del colectivo “NoMatarás. Tapia cerró aclarando que “estamos dando un paso importante, no suficiente”.
Autora de una de las iniciativas, la senadora María Victoria Huala (Pro – La Pampa) expresó: “Como pampeana es un día muy importante porque en medio de este contento de tratar esta ley tan importante, quiero no dejar pasar algunas como las que ocurrieron cuando un exfuncionario de mi provincia dijo que JxC utilizaba esta causa por una cuestión electoral”.
En esa línea, amplió: “Celebro que, aunque sea para pegarnos, hable de Lucio Dupuy”, y agregó: “Las familias como la de Lucio luchan en soledad y silencio porque en La Pampa las cosas se tapan por debajo de la alfombra”.
Además, mencionó la desaparición de un joven de 24 años -que luego fue encontrado muerto- en La Pampa y aseveró que “ocurrió mientras salían datos de un Indec paralelo”. “Parece más fácil mirar para otro lado que ocuparse de los problemas”, señaló.
“Estamos sentados para legislar y esta ley comenzó su recorrido hace un año y medio con el asesinato de un nene de cinco años. No voy a nombrar lo que Lucio tuvo que sufrir, pero si voy a recordar que cinco veces Lucio debió ser atendido por golpes y quemaduras, y nadie hizo nada”, relató.
Del mismo modo, responsabilizó al gobierno provincial de La Pampa y a la justicia por “no ver las alarmas”. Así también, relató que el médico forense que recibió el cuerpo de Lucio Dupuy afirmó que “en 30 años jamás vio algo así”.
En el final, detalló cuestiones del proyecto que consideró “lo más importantes”, respecto a capacitaciones en niñez y adolescencia para personas en las funciones públicas de los tres poderes, y los protocolos para las fuerzas de seguridad para la intervención de la justicia.
“Hace más de un año la familia Dupuy lucha para que ningún niño sufra lo que le pasó a Lucio. No le tengamos miedo al no te metas”, finalizó.
Cerró la ronda de oradores la vicejefa del interbloque FdT, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), quien amplió que el proyecto de ley Lucio “va más allá de una cuestión partidaria e ideológica”, y añadió que “llega tarde porque Lucio, ni Zoe no están. Muchos niños y niñas son víctimas de abuso y precariedad”.
En esa idea, expresó que “lo importante es que se aplique rápido y bien”, y lo explicó con datos de UNICEF Argentina: “En nuestro país, más de un millón de niños se privan de una comida diaria, más del 14 por ciento tiene sobrepeso, solo el 58 de adolescentes termina el secundario, un 24 padeció Bulliyng y el 4 personalmente, lasa de suicidios es de 6 por ciento por 100.000 habitantes, 6 de cada 10 hogares usa métodos violentos y el 35 castigo físico, el 80 por ciento de mujeres es víctima de violencia sexual y el 60 en menores de 18 años”.
“Debemos atacar desde lo Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero necesitamos una aplicación rápida y bien”, indicó Sagasti. Del mismo modo, relató que cuando se recibió y era voluntaria de la Casa Cuna de Mendoza, en la Ley 26.061 de Protección Integral “veía la diferencia de los postulados de la ley con la aplicación en la provincia de Mendoza”.
Para cerrar, manifestó que “hay que alamar a niños, niñas y adolescentes sobre los temas de abuso y maltrato en el ámbito familiar”, y concluyó: “Ojalá que este compromiso no se termine en este recinto y que nos comprometamos en nuestras provincias adhieran a esta ley”.
La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes
Podrán también ser destinatarios del citado Plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.
En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.
La autoridad de aplicación de la ley será la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
El diputado nacional señaló que en la Legislatura de La Pampa se va a abrir el jury de enjuiciamiento y reiteró la importancia de la Ley Lucio, de la cual es autor.
Tras la condena a prisión perpetua de las autoras del crimen de Lucio Dupuy, el diputado nacional Martín Maquieyra (Pro) aseguró que no tiene “dudas” de que “se va a investigar a la jueza” Ana Clara Pérez Ballester, quien le había dado la tenencia del niño a la madre.
“Una vez que ya tenemos la condena de las asesinas, tiene que seguir el abogado de la familia con toda la cadena de responsabilidades”, señaló y reclamó que “se vea en qué falló, porque más allá de haber dado a Lucio a la madre, no se hizo un informe socioambiental para ver si era un buen hogar”.
Asimismo, anticipó que este viernes el legislador provincial del Pro Martín Ardohain presentará el pedido de jury en la Legislatura de La Pampa, donde también lo impulsa el Frente de Todos, agregó.
En declaraciones a Radio Del Plata, el pampeano, autor de uno de los proyectos que se consensuó para dar forma a la denominada “Ley Lucio”, que espera ser tratada en el Senado, destacó que “uno de los puntos principales” de la iniciativa “es la reserva de identidad en la denuncia” para los docentes, médicos y todo el personal del Estado en contacto con menores, de modo que puedan “hacer su trabajo de forma más protegida”.
“Nos encontramos con muchos docentes que no se sienten respaldados y escuchados” cuando denuncian, apuntó el diputado, quien también resaltó que se establece “la capacitación a los médicos, docentes y funcionarios en lo que es la detección de las alertas tempranas”.
Maquieyra añadió que “lo que se busca con esta ley es que no haya excusas para que un médico o un docente digan que no vieron nada” y lamentó: “Lucio entró cinco veces a guardias distintas y no se hizo ni siquiera un seguimiento de historia clínica”.
Legisladores de distintos bloques se manifestaron a través de Twitter, respecto a la sentencia a prisión perpetua de la progenitora de Lucio y su pareja.
Este jueves salió el veredicto por el crimen de Lucio Dupuy que declaró culpables a Magdalena Espósito Valenti -progenitora del niño- y Abigaíl Páez -la madrastra- por lo cual se prevé una condena a prisión perpetua, aunque la condena saldrá el 13 de febrero.
El crimen del menor causó conmoción en todo el país y, de hecho, hay un proyecto de ley (con media sanción en Diputados y dictamen de comisión en el Senado) sobre capacitación en los derechos de niños, niñas y adolescentes -conocido como “ley Lucio”- en base al horror que transitó el niño asesinado. La iniciativa se encuentra en el temario de sesiones extraordinarias.
Legisladores de diferentes bloques hicieron eco de la declaración de culpabilidad de la madre del menor y su pareja. Desde el oficialismo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, le envió un cálido saludo al abuelo y al padre del menor asesinado.
La diputa nacional María Eugenia Vidal (Pro – CABA) expresó: “Perpetua para Esposito y Páez. La pena máxima de nuestro Código para los monstruos que torturaron, violaron y asesinaron a Lucio”.
Con una foto del niño y la leyenda “justicia por Lucio”, el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos – CABA) manifestó: “Nada va reparar la falta de Lucio, pero espero que las culpables se pudran en la cárcel”.
De la misma manera, la diputada radical Roxana Reyes (Santa Cruz) escribió en su cuenta de Twitter: “¡Basta de niños y niñas que mueren por desidia del Estado! Debemos dejar de actuar en la emergencia y trabajar en la capacitación, prevención y concientización. Que Lucio nos deje una esperanza de un país más humano y con más derechos para los más vulnerables”.
El jefe de bloque Pro, Cristian Ritondo, también se expresó respecto a la condena: “Esperamos una condena ejemplificadora para que nunca más haya otro Lucio en nuestro país. Un fuerte abrazo a su papá y a sus abuelos. Deseo que este fallo les traiga un poco de paz ante tanta tristeza y desconsuelo”.
También desde el Pro, las diputadas Soher El Sukaria y María Luján Rey remarcaron su repudio contra Espósito y Páez y celebraron la condena a perpetua. El diputado Fernando Iglesias apuntó contra la titular del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, por sus declaraciones respecto al caso.
Al igual que Iglesias, la diputada nacional Paula Oliveto (Coalición Cívica – ARI – CABA) mando sus condolencias al abuelo y papá de Lucio, y arremetió contra Mazzina: “Lamento las palabras de la ministra de la Mujer que politiza este atroz asesinato. El dolor no tiene partido, pero los responsables tienen nombre y apellido y deben ser sancionados”.
Así también, la diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) posteó en su perfil una foto de Lucio con la leyenda “La justicia de los hombres hoy declaró culpables a tus verdugas. Descansa en paz angelito y perdón”.
Desde la Cámara alta, el senador nacional Martín Lousteau (UCR – CABA) se manifestó respecto a la sentencia y reflexionó: “Se hizo justicia por Lucio. La violencia contra niños y niñas existe y los adultos debemos estar atentos e involucrarnos. Quienes trabajan en centros de salud, educación y seguridad son fundamentales para detectar la violencia”.
El proyecto sobre capacitación en los derechos de niños, niñas y adolescentes fue aprobado en Diputados por unanimidad y tuvo despacho de comisión en el Senado el 29 de noviembre, pero jamás llegó al recinto. El Gobierno no la incluyó en el temario de extraordinarias
A una semana de que se conozca el veredicto en el marco del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy, el niño de cinco años de La Pampa que murió por golpes cuyas acusadas por el crimen son su madre y la pareja de la misma, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se sumó al reclamo de distintos diputados y le envió una nota al Gobierno para que incluya el expediente en el temario de extraordinarias.
En la nota, la oficialista le solicita al presidente que “tenga a bien incorporar en el temario de sesiones extraordinarias el tratamiento de la ley que tiene por objeto la creación del Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Cabe recordar que el temario de extraordinarias cuenta con 27 proyectos, entre ellos el paquete judicial. Además de la ley inspirada en el caso Lucio, tampoco se encuentran Humedales ni Ley de Alquileres.
Además, Moreau remarca que dicha iniciativa fue aprobada en la Cámara que preside por unanimidad y, a través de ella, “se genera una política de estado para trabajar en la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes”.
“Entendiendo que una de nuestras mayores responsabilidades es asegurar el desarrollo pleno y armonioso de las infancias, por ello la urgencia, ya que cada día cuenta en la protección de los más vulnerables”, concluye el pedido la massista.
El proyecto obtuvo la media sanción en Diputados por unanimidad el 9 de noviembre. Inmediatamente comenzó su tratamiento en el Senado en donde logró despacho de comisión veinte días después, pero jamás llegó al recinto y la ley está encajonada.
Para este miércoles una senadora pampeana organizó un evento en el que presentarán el proyecto que hace dos semanas fue aprobado en Diputados.
El pasado 9 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que establece la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Es ese proyecto que si bien sus promotores en la Cámara baja se propusieron no ponerle nombre propio, es bien conocido por el de Ley Lucio.
Es que refiere al crimen del pequeño Lucio Dupuy, una criatura de apenas 5 años que murió por los castigos que durante largo tiempo le aplicaron su madre y la pareja de esta. Ese hecho ocurrió en La Pampa y por eso uno de los autores de la iniciativa que obtuvo media sanción de Diputados es un diputado de esa provincia, Martín Maquieyra (Pro). Ahora una senadora de ese mismo espacio y esa provincia, Victoria Huala, se propone buscar la atención de sus pares para que lo conviertan en ley próximamente.
Lo hará este miércoles a partir de las 11, en el Salón Auditorio Emar Acosta, edificio Alfredo Palacios, piso 5. Allí realizará un evento en el que hablarán de esa iniciativa que espera el inicio de su tratamiento en las comisiones del Senado.
La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes
Podrán también ser destinatarios del citado plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente ley.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.
En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.
La autoridad de aplicación de la ley será la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que establece la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
Entre aplausos y lágrimas, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (228 votos afirmativos) en la sesión de este miércoles el proyecto por la cual se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa fue impulsada a raíz del asesinato de Lucio Dupuy, el niño de cinco años de La Pampa que murió por golpes cuyas acusadas por el crimen son su madre y la pareja de la misma. El proyecto, denominado originalmente como “Ley Lucio”, no se llamará así pues los legisladores acordaron que la iniciativa no llevará el nombre del niño.
Tras la media sanción, todo el recinto se puso de pie para aplaudir a los familiares de la víctima que se encontraban presente en el mismo. La presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, bajó del estrado para darles un fuerte abrazo.
Autor del proyecto inspirado en el caso de Lucio, el pampeano Martín Maquieyra (Pro) arrancó su discurso: “Abigail era una beba de Santa Cruz que murió luego de varios días de estar internada. Estaba institucionalizada, había un seguimiento por parte de funcionarios que sabían de su situación, nada de esto sirvió y nadie vio nada. Salomón era un niño de apenas dos años cuando su padrastro lo mató. Hubo varias alertas, hubo llamados de los vecinos, incluso ingresó varias veces a la guardia, pero nadie hizo nada. Tahiel era un niño de Entre Ríos, fue varias veces con golpes al centro de integración comunitaria en Gualeguaychú. Los vecinos también escucharon y denunciaron, pero nadie hizo nada en el Estado para evitar este asesinato. La madre de Sebastián y Valentina, de Mar del Plata, denunció seis veces a su expareja por acosos y maltratos. La Justicia archivó la causa las seis veces y las víctimas fueron sus hijos. Una vez más nadie hizo nada”.
“Lucio Abel Dupuy asistía a un jardín en Santa Rosa, entró cinco veces a una guardia durante tres meses. Era un niño dentro del sistema institucionalizado, el Estado lo tendría que haber tenido en cuenta. En esas cinco veces que entró con traumatismos nunca se dio una alerta, nunca se hizo una denuncia. El gobierno y la Justicia nuevamente no hicieron nada”, reclamó.
Luego de contar que ocurrido el caso se reunió con los familiares de Lucio, el legislador reveló: “Me encontré con una familia con una actitud que quiero resaltar, la de querer hacer algo; de transformar el horror que habían vivido en acción”. Fue así que presentó el proyecto, que, durante este año, gracias a las consultas con especialistas y funcionarios, se alcanzó un texto de consenso con otros que había presentados.
“No es un proyecto de un legislador o un partido, sino es el proyecto de una familia que quiere que esto no vuelva a pasar”, remarcó Maquieyra y sostuvo que se trata de una ley que busca ayudar “a que ningún chico tenga que sufrir y sus derechos no sean vulnerados”. Asimismo, explicó que se trata de que todos los funcionarios que trabajan en niñez, docentes, médicos, entre otros, no solo estén capacitados en los derechos y la legislación vigente, “sino también en las alarmas y alertas tempranas”. “La importancia de la obligatoriedad implica que nadie pueda no ver lo que está pasando”, agregó.
Finalmente, hablándole al abuelo de Lucio, presente en el recinto, el diputado dijo que no solo se estaba “cumpliendo con la palabra”, sino “sobre todo, llevando un poco de alivio a una familia que ha pasado por tanto dolor”.
A su turno, la santacruceña Paola Vessvessian (FdT) hizo extensiva el agradecimiento a la familia del niño y la presencia del secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que “ha ayudado mucho en la conformación de la ley”.
“Esta ley se trata a pocos días a que se cumplan los 33 años de la Convención de los Derechos de los Niños. Un tratado que es el de mayor vigencia a nivel mundial y es también a 17 años de la Ley 26.061 que fue producto de una fuerte lucha y desafío de nuestro expresidente Néstor Kirchner, es una ley que estuvo 10 años parada en el Congreso que cambió significativamente el paradigma de los derechos de los niños”, contó.
Además, remarcó que “necesitamos que sea una sociedad más justa, más equitativa y de mejor redistribución”. Retomando la Ley 26.061 sostuvo que “cambió un andamiaje, cambió una realidad y una transformación institucional clave en la mirada de las infancias que dio institucionalización y jerarquía a un organismo rector en políticas públicas de infancia. A su vez, nos permite constituir un Concejo Federal de Niñez donde se discuten los protocolos, las acciones y las políticas que se llevan a cabo en el tema de infancias”.
“Es importante esto porque parecía que tenemos un vacío legal, y tenemos distintas leyes porque un proyecto de ley de capacitación si no tiene un Estado que sea rector y no tiene una buena plataforma de política pública, no basta con una capacitación porque el cuidado y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, implica un trabajo mancomunado de los estados provinciales, organizaciones sociales, organismos de protección de derechos, etc.”, remarcó la oficialista.
Y cerró: “Tenemos que mejorar, fortalecer la familia y generar procesos que nos permitan la restitución de los derechos porque no queremos más vulneración de los derechos. Esta ley, no solamente va a trabajar la vulneración de derechos, sino también, la política de infancia en general a lo largo y ancho del país. Va a fortalecer los sistemas de protección de derechos y necesitamos que la justicia de familia llegue más rápida y sea más eficaz”.
A su turno, su coterránea Roxana Reyes (UCR) advirtió que “estamos viviendo un momento de emergencia en cuanto a los derechos de la niñez. Es una emergencia económica con los niveles de pobreza infantil, indigencia y es una emergencia social”.
“Esta va a ser una ley que no tiene nombre en particular, porque son muchísimos los casos y variados los niños vulnerados, violados, maltratados, ultrajados. Los más vulnerables. ¿Imagínense lo que significa para un niño o una niña decir ‘me están tocando’, ‘me están abusando’, ‘me están golpeando’? y todos los tipos de maltratos que puede sufrir un niño. La violencia física, emocional, económica”, agregó Reyes.
Y siguió: “Acá se mencionó el caso Lucio, y realmente fue inspirador. Fue un antes y un después. Nosotros recibimos al abuelo que nos pidió que nos ocupáramos y nos preocupáramos del tema”. Al igual que el miembro informante, la radical se refirió al caso Abigail que “era una beba de 7 meses, solo 7 meses cuando falleció en Rio Gallegos en 2014. Los médicos del hospital regional fueron alertados por el progenitor de un supuesto accidente hogareño. La beba se había caído y estaba sin signos vitales. Fue trasladada de urgencia y en el camino se trató de reanimarla. Al día siguiente el nosocomio determina que había sido brutalmente golpeada”.
“No había sido un accidente. Se ordeno la detención de los progenitores y un allanamiento en la dirección de Niñez y Adolescencia donde secuestraron el expediente de Abigail que estaba guardado en un cajón”, continuó el relato y explicó: “Digo esto porque estamos tratando la capacitación en materia de derechos de niñez. Nosotros necesitamos gente capacitada abordando este tipo de temas. Abigail estaba judicializada. Imagínense que la beba, que estaba siendo abordada por una situación de violencia, no pudimos salvarle la vida, lo que puede llegar a pasar con los niños que no llegan al sistema de protección”.
“Necesitamos imperiosamente, no solamente tener esta perspectiva, sino que desde los organismos estén trabajando en que haya presupuesto para esto a una capacitación obligatoria no podemos tener un niño que no esté abordado en todas las problemáticas que lo atraviesan”, insistió Reyes y enumeró: “Estas capacitaciones tienen que ser en el sistema del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los jueces tienen que tener esa mirada transversal de niñez rapidez, celeridad, vocación, trabajo, conciencia, capacitación de que los más vulnerables no pueden ir a ejercer sus derechos por si solos, necesitan que nosotros seamos su voz”.
En el uso de la palabra, la diputada Myriam Bregman (PTS/FIT-U) señaló que “el Estado es responsable”, y remarcó que “ya hay leyes que defienden los derechos de las infancias y los casos que se relatan conmueven”, al tiempo que preguntó: “¿Por qué esas leyes siguen ahí y la realidad sigue siendo tan diferente? ¿con una capacitación eso se va a modificar?”.
“El Estado es responsable y tiene que adoptar un tratamiento integral preventivo cuando hay señales, signos que requieren atención. Esta discusión se da en el marco de un país que tiene la mitad de los niños menores de 14 años en la pobreza, con cifras alarmantes”, advirtió y pidió que “se trate en serio la situación de las infancias en el país”.
Por La Pampa, la radical Marcela Coli expresó: “Vamos a dar un paso importante y sumamente necesario. Aprobar los proyectos que nacieron desde el dolor, desde la pérdida, en este caso de Abigail y de Lucio bajo un contexto de violencia”.
“En ambos casos se hicieron llamadas, alarmas, pero no lo vimos, no lo escuchamos. El Estado falló. El sistema falló. Fallamos todos. El Estado le corresponde promocionar, prevenir y garantizar los derechos humanos”, cuestionó Coli y agregó: “Es fundamental, velar cuando ocurren estos contextos de violencia a quien denuncia, cuidarlos para poder llegar a tiempo donde la violencia avanza”.
Y cerró: “Soy de La Pampa, igual que Lucio y hasta hoy seguimos estremecidos. Nos duele mucho. Como Lucio seguramente en al país hay casos iguales o peores. Ya nada nos devolverá la vida de cualquier niño que se fue en contexto de violencia, pero con esta ley podremos salvar vidas, pero sobre todo vamos a poder prevenir situaciones y acompañar y sostener”.
A su turno, el liberal José Luis Espert (Avanza Libertad) remarcó que “la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 19 obliga a los Estados partes a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente o malos tratos, explotación o el abuso sexual”.
“Esta nueva ley viene a reforzar esa deuda con los chicos que sufren violencia, abusos. Cuando lo vemos a Lucio, y está bien ponerle cara a esta ley, con esa sonrisa que esconde atrás una vida de maltrato, cuando uno se entera de las denuncias de los familiares y decenas de signos que fueron pasados por alto por tantas instituciones y personas que podían haber salvado su vida”, denunció Espert y detalló: “Cuando uno piensa que 5 de cada 10 niños sufren pobreza y víctimas de castigo físico, y el 73% son víctimas de cualquier otra práctica violencia infantil, se acuerda de Lucio”.
Además, informó que en cuanto al abuso sexual infantil según Naciones Unidas “a de cada 5 mujeres, y 1 de cada 3 varones, han sufrido abusos sexuales en la infancia”, y añadió: “Seguimos sumando leyes que no se cumplen. Que no haya más Lucios ni niños que sufran violencia ni abusos”.
Luego, Gabriela Lena dijo que “las diferentes formas de violencia contra niños y niñas representan un problema grave, frecuente y multidimensional. Y el sistema actual es errático y descoordinado, y no garantiza el pleno de derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia”.
“Sabemos que solo con un cambio de ley no vamos a erradicar la violencia o el abuso de niños y niñas – continuó Lena-, pero debemos empezar a capacitar a todos los actores involucrados en su defensa, otorgarles un marco legal, proteger la identidad del denunciante y garantizar que sus derechos se cumplan, algo en lo que el Estado no puede seguir mirando para el costado cuando hay cualquier tipo de violencia”.
La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes
Podrán también ser destinatarios del citado Plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.
En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.
La autoridad de aplicación de la ley será la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
Al proyecto de capacitación para detección de violencia en niños le falta pasar por Presupuesto y Hacienda, y ese trámite se cumplirá este martes.
En el temario previsto para este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados está incluido el proyecto de ley de capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes (Ley Lucio). Pero como le falta todavía tener dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la misma ha convocado a reunirse este martes a las 14 para tratar ese tema, entre otros.
Entre esos otros proyectos figura el referido a procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, el de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios (Ley 26.835), que establece una capacitación obligatoria de la comunidad educativa, y el régimen para la detección, atención temprana y cobertura integral de la pubertad precoz, entre otros temas.
El proyecto para capacitar sobre la detección de violencia en niños tuvo dictamen en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes el pasado 13 de octubre. Ese día se avanzó con el dictamen de una norma fue impulsada a raíz del asesinato de Lucio Dupuy, un niño de 5 años asesinado en La Pampa por su madre y la compañera de la misma.
El proyecto, denominado originalmente como “Ley Lucio”, no se llamará así pues los legisladores acordaron que la iniciativa no llevará el nombre del niño.
En La Pampa, la exgobernadora se reunió con la familia de Lucio Dupuy, el niño víctima de su madre y la pareja de la misma, en un caso que conmovió al país hace unos meses.
La diputada nacional María Eugenia Vidal continúa su recorrida por el interior y así es que se encuentra en La Pampa, donde este martes se reunió con los familiares de Lucio Dupuy, encabezados por el papá, Christian, y el abuelo, Ramón, con quienes se comprometió a impulsar el proyecto de ley que en los últimos días llegó al Congreso.
“Ya hay 29.000 argentinos que pidieron por la ley Lucio, les pedimos que firmen, que entren en el foro para que esta ley salga cuanto antes”, señaló Vidal junto al abuelo de Lucio en un video desde la localidad de General Pico.
Del encuentro también participó el diputado pampeano del Pro Martín Maquieyra, quien ha participado activamente en la causa desde que el pequeño perdió la vida.
En otro orden, la referente el Pro aseguró que “estamos llegando a niveles de inflación intolerable; pensar que la inflación puede llegar a tres dígitos hacia fin de año, es la inflación más alta de los últimos 30 años”. Para Vidal, “lo que hay que hacer es tener un plan económico serio y consistente, que contemple una política fiscal equilibrada”.
“Argentina no resiste más parches y el vamos viendo… Argentina necesita un plan de largo plazo y hay que empezar hoy un plan serio, consistente y tiene que haber una misma mirada desde el oficialismo”, señaló.
Asimismo Vidal resaltó el trabajo que se viene haciendo desde Juntos por el Cambio: “Tenemos un equipo de más de 70 economistas que está trabajando sobre un plan económico serio y consistente para proponerle a los argentinos y eso es lo que tenemos que hacer desde todas las fuerzas políticas; dar respuestas y devolverles la tranquilidad a los argentinos que están tan angustiados y que viven con tanta incertidumbre”.
“No es que no hay con qué, la Argentina tiene con qué, y en cada lugar que recorro me encuentro lo mismo: mucho potencial productivo para poder generar trabajo y si el Estado acompaña no gastando más de lo que lo ingresa, generando baja de inflación, con una política monetaria seria, si podemos lograr eso, todo ese potencial va a generar el trabajo y desarrollo que necesitamos”, finalizó.
Tras el crimen de Lucio Dupuy, la legisladora indicó que en su provincia “hace años se vienen lamentando muertes de niños que han vivido situaciones de vulnerabilidad en sus hogares”.
El crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado a golpes en La Pampa por el que están detenidas la madre de la víctima y su pareja, expuso las falencias respecto de la protección de menores ante la violencia. Desde la Cámara baja, se presentó un proyecto de ley de “prevención y detección temprana contra la violencia de los niños, niñas y adolescentes” que llevara el nombre del menor.
En este marco, la senadora nacional Clara Vega remarcó la necesidad de visibilizar que en La Rioja “hace años se vienen lamentando muertes de niños que han vivido situaciones de vulnerabilidad en sus hogares” y, la mayoría de ellos aún con intervención del Estado, terminaron de forma trágica.
“Es muy duro ver que este tipo de casos se replican en todo el país y que nuestra provincia no es la excepción. Hace muy poco llorábamos la muerte de Zoe, una nena de tan solo 4 años que la encontraron calcinada, con muchos sueños y una vida que le fue arrebatada de la peor manera”, agregó la legisladora.
“Más allá de que la madre está detenida junto a su pareja, Zoe no va a volver y su familia paterna y toda una sociedad pide justicia porque acá si intervino el Estado, pero no tomó la decisión correcta. No hubo seguimiento, no escucho a Zoe que no quería volver con su mamá”, afirmó Vega.
Asimismo, la senadora se refirió a casos anteriores “al margen del proyecto presentado por los diputados, el Estado tiene una deuda muy grande con esos niños que ya no están y me voy a tomar el atrevimiento de nombrarlos: Alan Suárez, 11 años, se quitó la vida. Había alertado sobre la angustia que sentía por no poder vivir con su padre. El nene pidió ayuda en la escuela, en la Comisaría de la Mujer, donde acudió en cuatro oportunidades. Ingrid Sandoval, 12 años, se quitó la vida luego de un largo proceso que tuvo que pasar tras ser víctima de abuso sexual por su abuelo”.
“Es una vergüenza que la Justicia de la provincia no cuente con recursos para contratar a un perito que pueda vincular las causas. Y podría seguir nombrando muchos casos más, en los que -reitero- intervino el Estado, pero la Justicia falló una y otra vez”.
Para finalizar, dejó en claro “hay que trabajar duro para que no haya más Lucio, Zoe, Ingrid, Alan, y todos esos niños que hoy son víctimas de diferentes tipos de violencias y víctimas del sistema. Hoy todos debemos gritar ¡con los niños no!”, concluyó.
