Al exponer ante el plenario de diputados, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, calificó de “prudente” el proyecto, y destacó que el mismo apunta a “la situación general del sistema previsional en su conjunto, atendiendo a los principios que hacen al sistema en su conjunto”. Aclaró también que “se ha cuidado mucho de no afectar garantías constitucionales y derechos adquiridos específicos”.

En ese sentido, destacó que se ha procurado respetar la “intangibilidad de las remuneraciones” que rige para los magistrados y recordó que “la jurisprudencia de la Corte ha señalado reiteradamente que esas garantías se extienden luego en lo que es el haber en pasividad”.

Bulit Goñi puntualizó que el proyecto mantiene la tasa de sustitución del 82% móvil, aunque modifica la base de cálculo. “Hoy es el 82% del último haber al momento que el funcionario cesa en sus funciones”, recordó el funcionario, precisando que el proyecto en discusión toma “120 remuneraciones hacia atrás para calcular el haber inicial”, y destacó que ese cálculo no hace más que aplicar a ese régimen principios vigentes en todo el mundo.

Para marcar que no hay ahora posturas extremas, el secretario sugirió retrotraerse a lo que fue el debate de las políticas previsionales durante la crisis de los años 2001 y 2002 en el Diálogo Argentino. “Había propuestas para ese régimen general para que se tomaran no solo los últimos 120 meses, sino toda la carrera del individuo”, recordó, asegurando que “no estamos innovando”.

También destacó que “no ha habido ninguna impugnación” planteada contra el proyecto presentado, y ante las críticas citó que se advirtió que podría quedar librado “al arbitrio del Poder Ejecutivo” la forma de calcular la movilidad hacia adelante. Lo descartó, mencionando que en ese sentido se presentó este miércoles una propuesta de modificación al proyecto -el artículo 17° inciso B- para aclarar que en el cálculo no habrá ninguna posibilidad de establecer una pauta que perjudique a los actuales o a los futuros magistrados.

Ante un pedido puntual posterior del diputado Pablo Tonelli, Bulit Goñi leyó la modificación, indicando que el cambio indica que “para los beneficios que se otorguen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se aplicará el porcentaje fijado en el artículo 10 de la ley 24.018 y sus modificatorias, y en el artículo 4° de la Ley 22.731, respectivamente, sobre el promedio de las remuneraciones que allí se refieren, actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese. Igual criterio se aplicará para determinar la movilidad de los haberes”.

Luego de aclarar que el 82% “en la Argentina es un régimen mágico que nunca ha estado vigente en la realidad”, dijo que “en ninguna parte del mundo existe una tasa de esa naturaleza”.

“Yo no recuerdo alguna otra crítica específica que se haga al proyecto, más que al haberse señalado que se afectan los derechos adquiridos de los magistrados en condiciones de jubilarse”, señaló Bulit Goñi en otro pasaje, recordando que hay innumerables casos de magistrados que al cumplir el período establecido por la ley han iniciado su trámite jubilatorio, pero lo han suspendido al momento del cese. Señaló que los que al día de hoy no han hecho el trámite, pero lo hagan hasta el día anterior de la promulgación de la ley, “conservarán sus derechos, no están afectados” a los alcances de la nueva ley.

Además, dijo que la modificación de la edad jubilatoria de 60 a 65 años es una elevación de edades de jubilación que se aplica a todo el mundo y lo que se ha hecho aquí “no es más que adecuarlo a las pautas”. Por último dijo sobre la cuestión e género que “en la actual ley no hay diferenciación para jueces y  juezas”, y se ha resuelto no innovar en ese concepto.