Por unanimidad, la Cámara baja aprobó y giró al Senado el proyecto que crea el Programa Argentina Inclusiva, que alcanza a los tres poderes del Estado y que busca incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.
En un marco de discursos que defendieron la presencia del Estado y críticas hacia un candidato presidencial que aboga contra el mismo, la Cámara de Diputados aprobó este martes y giró al Senado un proyecto que establece la creación del “Programa Argentina Inclusiva”, el cual propone un Régimen de Capacitación en Discapacidad en la Función Pública.
El proyecto -unificado entre distintas propuestas, uno de la cordobesa Natalia de la Sota– logró 243 votos afirmativos y ninguno negativo y fue el primer tema aprobado durante la sesión.
Defendió el proyecto el presidente de la Comisión de Discapacidad, el rionegrino Luis Di Giacomo, que destacó inicialmente a quienes presentaron las iniciativas que definieron el proyecto aprobado y que a su juicio “de alguna manera habla a las caras de que es un tema transversal”. Citó entonces que esta iniciativa contempla proyectos de las diputadas De la Sota, Silvana Ginocchio, Héctor Baldassi, Graciela Parola y Dina Rezinovsky.
“Este proyecto tiene elementos tan importantes como la búsqueda de la capacitación de todo el personal de los tres poderes en lo que hace a la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal”, dijo Di Giacomo, resaltando que esta iniciativa “tiene la posibilidad de que a partir de una autoridad de aplicación se establezcan los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares que va a tener que tener esta capacitación”.
A continuación, valoró “la importancia que adquiere esta ley en este momento particular de la Argentina, un momento crítico en el que lamentablemente escuchamos voces que tienen la posibilidad de regir los destinos de nuestra patria, que frente a la pregunta sobre la atención de los derechos de las personas con discapacidad, asegurándoles a todos las posibilidades de cubrir su atención… desde esos sectores dicen que de ninguna manera van a permitir que se les robe el dinero desde el Estado para ser distribuido así”.
Di Giacomo advirtió que “esa concepción individualista en extremo nos está poniendo frente a un momento crucial para la Argentina”, y remarcó que “el Estado es la forma de la organización de la sociedad”. Ante ello, aclaró que “si dejamos a cada individuo liberado a su absoluta decisión, vamos a tener con el paso del tiempo la organización de individuos para someter a otros individuos. Los individuos cuando se organizaron dieron lugar al nacimiento del Estado como esa forma de organización social que permite organizar la convivencia, equilibrar aquel que no tiene poder con aquel que por distintas situaciones puede tenerlo”.
A continuación advirtió que “hoy ciertos representantes del capitalismo salvaje nos vienen a hablar de una supuesta liberalidad, un posicionamiento filosófico que es inmoral, injusto e inviable: no hay ninguna sociedad que no tenga el Estado presente”.
Di Giacomo sostuvo entonces que “para nosotros es inviable iniciar el camino de la destrucción de la sociedad que sea conducida por representantes de un ideario discriminador. Por eso la capacitación de los representantes del Estado en comprender la discapacidad y ser solidarios y tener en cuenta la buena fe humana es importante eso que nos hace humanos y debemos defender. Darle el sí a este proyecto que parece menor, pero tiene un mensaje claro para quienes están en función de ciertos individualismos extremos, dejando de lado la posibilidad de convivir dentro de las diferentes ideas como ser es humanos que somos”.
A continuación, Natalia de la Sota resaltó que ese programa “viene a cubrir una gran falencia que tenemos todos, que es el desconocimiento y nos va a marcar un camino para seguir adelante”. La legisladora destacó que “ninguno de nosotros es ajeno a tener algún tipo de discapacidad en algún momento de su vida, por eso este proyecto nos anima a conocer, a aprender, porque lo que no conocemos y asumimos como parte nuestra, no nos interpela”.
La diputada cordobesa habló de la necesidad de tener “un gran baño de humildad y reconocer los ignorantes en la materia”. En ese marco afirmó que a partir de esta norma, “hasta el presidente de la Nación deberá formarse en trato adecuado: cómo tratar a una persona con discapacidad y solamente un Estado comprometido con la integración verdadera puede aplicar políticas públicas transformadoras”.
“Creo en un Estado presente, en el rol fundamental que debe cumplir el Estado en la materia, que vele por los sectores de la sociedad excluidos”, dijo, abogando también por “un Estado eficaz”, y admitió que “nos asombra que a pesar de todo este recorrido largo, aún tengamos que escuchar algunas manifestaciones que rayan lo grotesco. En mi provincia (Córdoba), en las últimas elecciones un candidato acompañó a su hija a votar por primera vez (en referencia al senador Luis Juez) y escuchamos a otra candidata (de La Libertad Avanza) que decía por qué la mostraba, por qué no la dejaba en su casa…”. Cuestionó también a otro candidato por “comparar la discapacidad con la homosexualidad (en referencia a Ricardo Bussi), y a otro integrante de esta Cámara (por Javier Milei) utilizar el término mogólico para intentar agredir o defenestrar a un oponente político. Vaya si tenemos que aprender”.
En su intervención, la oficialista Graciela Caselles (San Juan) habló como “mamá de Agustina, que cumplió hace poquito 19 años que tiene el síndrome de Down. Que se haya comprendido que la vida pasa por la unidad, por los consensos, por evitar grietas y mirar para adelante, a mí me hace sentir mucha esperanza, sobre todo en un ámbito como es la discapacidad tantas veces discriminado, como seres fuera del sistema”.
Así, coincidió con los diputados preopinantes porque “esta es una ley que viene a fortalecer lo que significa un proceso educativo y cuando uno educa a un ser humano intenta sacar lo mejor de sí. Los mejores valores e ir dejando de lado lo peor. Lo mejor del ser humano es tener empatía con el otro, entender, escuchar, abrazar, facilitar caminos, no poner piedras por ponerla”.
“Es una ley que seguramente a un empleado público, a un diputado o a un presidente le hará reflexionar y hasta pensar ‘miércoles, cuántas veces me equivoqué’”, consideró y ejemplificó: “Quizás una persona en silla de ruedas consigue un pasaje de colectivo, pero lo mandan arriba con lo que significa para una persona con discapacidad acceder por escaleras. O si consiguen un remedio gratuito, pero lo trabamos con burocracia”.
“Esta ley se trata de empezar a entender, de formarnos en valores y como personas y seguramente va a ayudar, no solo a las personas con discapacidad, nos va a enriquecer como seres humanos”, analizó y coincidió con De la Sota de que un 15% de la población es o tiene discapacidad, “pero a eso hay que sumarle la mamá, los abuelos, las instituciones. ¿Por qué hacerle más difícil la vida a esa mamá o papá que todos los días peleamos por nuestros derechos?”, expresó, tras un breve aplauso del recinto para con sus palabras.
Por último, Caselles señaló: “Se sabe que no va a aparecer un candidato a presidente tratando de mogólico a otra persona con ese odio, esa bronca, ese sentido de discriminación que nos tira para atrás y nada menos que a esa comunidad de síndrome de Down junto con todas las discapacidades los seres más nobles y más humanos e inteligentes que tiene el mundo”.
“Es un día clave para mirar para adelante, para entender por qué hay un candidato que habla de compatibilidad de haberes; por qué una persona que tiene una pensión, no puede acceder al derecho a trabajar en blanco. Esas son las cosas que marcan este proyecto de ley. Vale la pena ser buena gente, incluir, abrir puertas y no trabarles la vida a la gente”, cerró tras un fuerte aplauso de todos los bloques que resonó en todo el recinto.
La porteña Carla Carrizo (Evolución Radical) adelantó el acompañamiento de la ley que “se ha trabajado”, pero hizo algunas reflexiones: “Celebro que estemos hablando aquí en la Cámara de Diputados de discapacidad porque la verdad que tuvimos el debate presidencial obligatorio y la verdad es para sacar una tarjeta roja a los miembros de la Cámara Nacional Electoral porque ni niños ni adolescentes ni personas con discapacidad fueron temas prioritarios en la política social de los dos debates financiados con los sueldos de todos los ciudadanos”, expresiones que nuevamente hicieron que todo el Cuerpo aplaudiera.
Carrizo detalló que “los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son casi el 30% de la población y el 60% pobre y no le dieron el derecho a hacer al menos tres preguntas a los adolescentes de Argentina. No esta bien”, y planteó que “hay que visibilizarlos y las autoridades tienen que aprender a respetar y a escuchar. Esta ley es muy importante”.
“Esta ley es necesaria porque no pasa que la olvidamos solo en situaciones excepcionales como el debate presidencial”, señaló Carrizo y recordó que durante la pandemia “cualquier familia que tenía a una persona con discapacidad los agentes de salud no sabían cómo tratarlos y sabíamos que iban a estar solos, hubo una gran cantidad de denuncias por maltrato en los sistemas de salud porque no sabían cómo comunicarse. Fue una tortura para las familias porque nadie los iba a ayudar”.
En esa línea, remarcó: “Necesitamos que se sepa cómo se tratan, eso no se puede suponer, se tiene que enseñar. Es necesaria esta ley porque tampoco se sabe en la escuela por eso es importante que se forme a los docentes cómo es la educación inclusiva, cómo se trata, cómo se cuida, porque a veces no saben. Todas las personas que están en el ámbito de la escuela deben saber cómo tratar, cuidar, acompañar a una persona con discapacidad”.
“Tenemos que enseñarles a los funcionarios públicos que no se olviden de reglamentar las leyes a tiempo”, apuntó Carrizo contra el Gobierno al recordar la falta de reglamentación del Certificado Único de Discapacidad “que estamos esperando hace más de un mes una ley que se sancionó en ambas cámaras por unanimidad y es necesario que sea un derecho”.
También padre de un chico discapacitado, José Luis Gioja habló sobre su hijo y usó el término “mogólico” al admitir su condición y referir que “lamentablemente ese término se usó despectivamente como si fuese el último rango en esta sociedad en la que vivimos”. Agradeció a quienes trabajaron en esa ley, “porque la discapacidad no es que haya una escala inferior o superior, es una escala de igualdad con los que nos sentimos normales”.
Admitió que tal vez esas serían sus últimas palabras en el recinto tras su extensa carrera legislativa y señaló que “los que tienen alguna discapacidad, creo que todo lo que les falta de raciocinio, de poder hablar bien, lo reemplazan con una sonrisa, un abrazo, un apretón de manos… Lo reemplazan con el corazón”.
A su turno, el diputado Eduardo Valdés dijo esperar que quienes sean los elegidos en las próximas elecciones “sean los primeros capacitados en este tema, porque uno ve que demagógicamente se empieza a tirar que las pensiones por discapacidad se van a revisar porque son muchísimas”.
Aclaró que las personas con discapacidad en nuestro país son el 12,9%, es decir 5.114.000 personas. “¿Saben cuántas personas tienen certificado de discapacidad? 1.700.000”, detalló, para sumarse al pedido de Carla Carrizo y reclamarle al Poder Ejecutivo que de manera urgente reglamente la ley aprobada sobre el Certificado Unico de Discapacidad. Y sobre el final, contó que muchos padres de personas con discapacidad suelen decir “qué va a ser de mi hijo el día que yo no esté”. Por eso, enfatizó, “es tan importante lo que estamos votando en cuanto a capacitar, pero fundamentalmente capacitemos a los que toman decisiones para que nunca más digan que van a caer las pensiones por discapacidad, porque no queremos que un padre se pregunte ‘qué va a ser de mi hijo cuando no esté’”.
La iniciativa promueve la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada de la Administración Pública Nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos. También busca la difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.
La Autoridad de Aplicación, que será elegida por el Poder Ejecutivo, creará la Mesa de Coordinación Administrativa del Programa Argentina Inclusiva, establecer, conjuntamente con los órganos de implementación, las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación; monitorear los datos estadísticos a los fines de facilitar la verificación y el cumplimiento de las capacitaciones y desarrollar indicadores anuales de evaluación; implementar campañas de difusión y de concientización.
La comisión que encabeza Luis Di Giacomo trató una serie de proyectos que incluyen la capacitación obligatoria en temática de discapacidad para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
La iniciativa, que cuenta con la media sanción del Senado, formaba parte del temario de la Comisión de Discapacidad que iba a reunirse este jueves.
Promediando la tarde de este miércoles se supo que la reunión de la Comisión de Discapacidad de Diputados, que estaba prevista para este jueves a las 10 para tratar el proyecto que propone la capacitación obligatoria en Lengua de Señas, finalmente se suspendió.
La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado en abril pasado, fue presentada por la diputada Gisela Marziotta (FdT), que busca establecer la capacitación obligatoria en LSA como idioma viso-gestual para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los tres poderes del Estado nacional.
La comisión que preside el rionegrino Luis Di Giacomo, también tenía previsto debatir un proyecto que propone crear un programa de reconocimiento a las empresas que incluyen prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, que podrán contar con el “Sello Nacional de Equidad Laboral (SENELDIS)”.
También se iba a debatir sobre un régimen de capacitación de personal para tratar con personas con Trastorno del Espectro Autista; y la creación de un sistema integral de prioridad y contención para personas con TEA -y síndromes relacionados- en los medios de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial.
Por último, estaba en el temario tratar modificaciones a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061), a la de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad (24.901); a la de Turismo accesible para personas con capacidades restringidas (25.643); y proyectos de resolución y declaración.
En la provincia patagónica competirán ocho listas con precandidatos a diputados nacionales. Este año se renuevan tres escaños.
En las PASO de este domingo competirán ocho listas de precandidatos a diputados nacionales en Río Negro. Este año, la provincia renueva tres de sus cinco bancas en la Cámara baja, que actualmente ocupan Luis Di Giacomo (JSRN), Pedro Dantas (FdT) y Susana Landriscini (FdT).
Precisamente Di Giacomo buscará su renovación, al encabezar la lista “corta” -sin categoría presidencial- que llevará Juntos Somos Río Negro. El segundo lugar de la nómina que propone el oficialismo local lo ocupa Julia Fernández, actual legisladora provincial, y el tercero es Mariano Lavin, intendente de General Fernández Oro.
Por su parte, Unión por la Patria lleva una lista única encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria. Al exintendente de General Roca lo secundará la actual diputada Susana Landriscini -que irá así por un nuevo mandato-, y en tercer lugar estará Marcelo Mango, dirigente del Frente Grande.
Juntos por el Cambio, con dos listas
En Juntos por el Cambio habrá dos nóminas de precandidatos a diputados nacionales. La que irá anexada a la boleta de Patricia Bullrich-Luis Petri será la que encabece el abogado barilochense Sergio Capozzi, seguido por la presidenta del Comité de la UCR de Viedma, Genoveva Molinari; y el director de la Asociación Civil Estudios Populares de General Roca, Jorge Padin.
Por su parte, impulsado por el sector del Pro que comanda el diputado Aníbal Tortoriello, el excandidato a intendente de Viedma Roberto Brusa, encabezará la lista en la boleta de Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales. El segundo puesto es para Adriana Fenouil y el tercero para José Acosta.
Además competirán el Frente de Izquierda-Unidad, el Movimiento al Socialismo y el Partido FE.
El diputado rionegrino estuvo presente en la inauguración del Gasoducto de la Región Sur acompañando al gobernador Weretilneck.
Tras la inauguración Gasoducto de la Región Sur, el diputado nacional Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) habló este jueves y reclamó que, éste quien éste en el Poder Ejecutivo, “siempre se olvidan de Río Negro”.
“Cuando hablamos de tener representación genuinamente rionegrina, estamos diciendo que se debe dar respuestas efectivas y concretas a aquello que los vecinos de la provincia demandan. Esa es nuestra premisa de trabajo”, expresó el rionegrino en su perfil de Twitter.
En diálogo por FM Nativa, Di Giacomo expresó: “Las cuestiones que hacen a nuestras riquezas y a nuestras posibilidades de trabajo siempre son dejadas de lado en el plano nacional”. “Nosotros esto lo defendemos. Por ejemplo, cada vez que se discute presupuesto somos los que exigimos la obra para la provincia”, señaló.
Del mismo apuntó contra los últimos tres presidentes: “Lo que uno ve es que, a nivel nacional, no importa el gobierno que esté porque acá ni (Mauricio) Macri, ni Cristina (Kirchner), ni (Alberto) Fernández arreglaron el puente Nahuel Niyeu”. Asimismo, agregó: “Ninguno de los tres terminó la Ruta 23 como deberían terminarla ya hace años y ninguno está terminando la Ruta 22, ni arreglando la Ruta 40, ni la 151 y vos vas a Buenos Aires y ves que cada vez hay más autopistas, pero de los que vivimos acá se olvidan”.
Finalmente, opinó que “no es lo mismo votar a alguien que va a ir allá y va a levantar la manito, para agachar la cabeza, cada vez que se lo diga Cristina o se lo diga Macri a votar a alguien que va a ir allá y va a decir, “bueno a ver, qué hacemos para los rionegrinos”. Esto es lo que vamos a defender”.
En las últimas horas, Di Giacomo estuvo presente en la inauguración del Gasoducto de la Región Sur, la obra que fue financiada gracias al Plan Castello. “Estamos convencidos del camino que trazó nuestro gobernador electo, Alberto Weretilneck”, finalizó.
La iniciativa es impulsada por los diputados Victoria Morales Gorleri y Luis Di Giacomo. Según los datos, el 30% de las personas con discapacidad no tramitan el CUD.
La diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro), junto a su par Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), otros diputados y un grupo de ONGs propusieron el cambio de denominación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) por Certificado Único de Acceso a Apoyos (CUDAA).
Según los datos, el 30% de las personas con discapacidad en nuestro país no tramitaron el CUD, muchas de ellas porque lo consideran una barrera, temen no conseguir trabajo o sufrir discriminación, lo que genera que se vea diezmado en el acceso a apoyos tales como asistentes sociales, medicación, transporte, entre otros.
Durante el encuentro, Morales Gorleri destacó el trabajo hecho en la Cámara: “Hemos tenido grandes debates en la Comisión de Discapacidad, con muchos desafíos y hemos logrado grandes consensos”.
Al respecto, explicó que “quitarle la palabra discapacidad al nombre del certificado no significa que no aceptemos la discapacidad o pretender que no exista, sino todo lo contrario, como sabemos que está y es una condición, tenemos que generar acciones para que las personas con discapacidad y sus familias puedan vivir de la mejor manera. Este cambio significa que nos estaremos posicionando en lo que necesitan, en garantizarles el acceso a los apoyos para poder garantizar su educación, salud, inclusión laboral y no en la condición que tienen”.
En el cierre del encuentro, la diputada del Pro invitó a las organizaciones y a la sociedad civil a que se sumen al debate: “Sigamos peleando con esperanza porque vamos a seguir dando pasos con convicción, reflexión y de una vez por todas abrazar la convención que este país ratificó con rango constitucional. Estas son las discusiones que tenemos que dar para efectivamente pensar en una Argentina con oportunidades reales para todos en la construcción de su proyecto de vida”.
En los últimos meses, se inició en Change.org una campaña para impulsar el cambio de denominación de CUD a CUDAA. Durante el encuentro representantes de la plataforma entregaron un certificado en reconocimiento a que la petición superó las 20 mil firmas.
Acompañaron el proyecto los diputados María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Merceder Joury, Sabrina Ajmechet, María Sotolano, Leonor Martínez Villada, Ricardo López Murphy, María Caselles y Jimena López.
En mayo el Gobierno promulgó la Ley 27.711 por medio de la cual se flexibiliza la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La lista será encabezada por Luis Di Giacomo, quien buscará renovar su banca en la Cámara baja, y estará secundado por la legisladora provincial Julia Fernández. El suplente será el intendente Mariano Lavín.
A tan solo un día del cierre de listas, Juntos Somos Río Negro presentó su nómina de unidad y sus candidatos a diputados nacionales son Luis Di Giacomo, cuyo mandato vence el 10 de diciembre e irá en busca de renovar su banca, y Julia Fernández, actual legisladora provincial.
Como suplente irá el intendente de General Fernández Oro, Mariano Lavin, quien tiene mandato hasta el 10 de diciembre y como candidato al Parlasur irá el legislador provincial Marcelo Szczygol.
La dirigencia partidaria se reunió en Fernández Oro para definir las candidaturas de cara a las PASO y acordaron en conjunto presentar una lista de unidad en las elecciones nacionales.
Del encuentro, presidido por el presidente del partido y gobernador electo Alberto Weretilneck, participaron también la gobernadora Arabela Carreras, el vicegobernador Alejandro Palmieri, el diputado nacional Agustín Domingo, el presidente del bloque de JSRN en la Legislatura, Facundo López, y el legislador y presidente del MPP, Elbi Cides.
El legislador rionegrino adelnató que los gobernadores de su provincia y de Neuquén (electos este año) podrán definir el futuro a de las cuencas hidroeléctricas a partir de la definición de las elecciones presidenciales.
En vísperas del vencimiento formal de las concesiones de las represas del Limay (El Chocón, Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila, en distintas fechas), el diputado nacional Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) remarcó que después de la modificación de la Constitución Nacional en 1994 “las provincias tenemos un derecho indelegable para decidir sobre su explotación”.
Sin embargo, Di Giacomo alertó que los gobernadores de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, respectivamente, “son dos de las tres partes que deben ponerse de acuerdo”, pero al ser año electoral deberán esperar quién estará al frente de la Nación a partir del 10 de diciembre de 2023.
En declaraciones a Radio Patagonia, el diputado rionegrino explicó que la explotación de las represas hidroeléctricas genera mucho dinero por la producción y venta de energía. “Creemos que tenemos que discutirlo con todas las partes en igualdad de condiciones”, afirmó.
Para Di Giacomo, “se debe decidir con criterios técnicos y estrategias políticas”. Así también, no descartó la posibilidad de que continue una concesión o se estatice, siempre y cuando Río Negro goce del 33 por ciento de las ganancias. “Las mesas de decisiones debemos tener la tercera parte de las ganancias, junto a Neuquén y Nación”, remarcó.
“En ese juego de decisiones pretendemos tener opinión y ya hemos charlado con Rolando Figueroa. Además, en el Congreso estamos defendiendo la bandera de nuestras provincias”, indicó.
En la actualidad, explicó que las provincias “tenemos nulas decisiones con relación a concesionarios”, por lo que agregó: “Queremos ir a la cuestión de núcleo porque el banco son las represas que es lo que genera dinero concreto a partir de su utilización como rio hidroeléctrico”.
Del mismo modo, añadió: “No tenemos la posibilidad de decir queremos que esto se haga de una manera”, pero advirtió que “a partir de la nueva concesión queremos tener el derecho indelegable de tomar decisiones a la par de Nación”.
En el cierre, sostuvo que el año electoral “va a ralentizar la discusión”, y cerró: “Con Cambiemos y el peronismo hemos charlado sobre el tema, te dicen que están de acuerdo, pero tienen que ver que les dicen desde las autoridades de su partido”.
El diputado nacional exigió a la Nación “tener voz” en el debate por las concesiones de las represas de Rio Negro y Neuquén.
El diputado nacional y titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Rio Negro), reclamó a través de sus redes sociales que los rionegrinos tengan más participación en las discusiones sobre el uso del agua.
En su red social de Twitter, Di Giacomo expresó: “Los rionegrinos pedimos tener participación en las discusiones sobre el uso de uno de nuestros recursos más estratégicos: el agua”, y reclamó: “Exigimos a Nación tener voz en el debate por las concesiones de las represas de Río Negro y Neuquén”.
“No podemos permitir que se impongan decisiones de manera inconsulta, que no respetan la autonomía y libre determinación de las provincias”, planteó.
En esa línea, destacó: “Recientemente, la Legislatura de Rio Negro aprobó -en defensa de nuestros intereses- un proyecto para exigir la creación de un ente tripartito de administración de las hidroeléctricas. Además, declaró a las aguas de los ríos como propiedad de los rionegrinos”.
“Somos una región con un gran potencial energético, capaz de abastecer a todo un país. Pero tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro. Debemos afrontar un rol decisivo en cómo se disponen nuestros recursos”, subrayó.
El diputado rionegrino se refirió a la comitiva encabezada por las legisladoras Natalia Zaracho y Ofelia Fernández a Bariloche en favor de las mujeres mapuches detenidas. “Vienen a hacer excursiones mediáticas a favor de la anomia”, fustigó.
El diputado nacional y titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), repudió la visita que hizo una comitiva encabezada por las legisladoras Natalia Zaracho y Ofelia Fernández a Bariloche en favor de las mujeres mapuches detenidas.
A través de su red social de Twitter, Di Giacomo manifestó: “Los rionegrinos repudiamos que nos pretendan tutelar desde Buenos Aires”, porque “defendemos la convivencia y la paz social”. Al respecto, consideró que “es vergonzoso que quienes forman parte del Estado Nacional pidan la impunidad para quienes lo desconocen y agreden a nuestros vecinos”.
“En nuestra provincia convivimos más de cien comunidades originarias, migrantes internos y de gran cantidad de países, argentinos y extranjeros que amamos Río Negro, respetamos sus símbolos y somos iguales ante la Ley”, describió y agregó: “Quienes los desconocen, emplean la violencia y atacan bienes y personas, deben ser juzgados por la justicia. El delito es delito y ante el mismo no hay excusas de género o identidad”.
“El conflicto en Villa Mascardi fue agravado primero por la violencia de Bullrich y luego por la inoperancia de Frederic”, denunció y cuestionó: “Ahora las diputadas porteñas en la misma línea de desconocimiento de lo que pasa más allá de la General Paz, vienen a hacer excursiones mediáticas a favor de la anomia, faltando el respeto a todo el pueblo rionegrino”.
Eso manifestó el diputado rionegrino Luis Di Giacomo quien opinó que “la transición al nuevo gobierno se dará en buenos términos y el Ejecutivo presentará un plan para arreglar lo que se hizo mal”.
El diputado nacional y titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), habló de la actualidad de su partido y destacó la importancia del Plan Castello para el desarrollo de la provincia y consideró que “en materia energética y agropecuaria, Río Negro tiene un nivel de desarrollo próspero”.
En una entrevista en AM740, en relación al Plan Castello Di Giacomo admitió que “hubo dificultades en cuanto a los pagos”, pero afirmó que “hay alternativas para refinanciar la deuda y cumplir sin inconvenientes pagando los intereses”. El diputado destacó que JSRN sigue viendo “los frutos del desarrollo que generó el plan” y lo consideró como un “hito importante para la provincia”.
En cuanto a las críticas dentro del “Gran Acuerdo” a la gestión de JSRN, Di Giacomo reconoció que “existen diversas visiones dentro del conglomerado de frentes”, pero sostuvo que “se tienen en cuenta todas las opiniones”. Además, destacó que “los conflictos sociales en la provincia se pudieron resolver antes y los sectores conflictivos incluían gente involucrada en listas opositoras”. A pesar de ello, el diputado no consideró que el gobierno de Arabela Carreras haya fracasado.
El legislador rionegrino, también habló sobre las riquezas de la provincia y su potencial para liderar en la producción de recursos. “En materia energética y agropecuaria, Río Negro tiene un nivel de desarrollo próspero con todo por venir, y podría mostrar el camino a una salida económica”, explicó.
El diputado concluyó que la transición al nuevo gobierno “se dará en buenos términos y el ejecutivo presentará un plan para arreglar lo que se hizo mal”.
La iniciativa fue debatida en la reunión de la Comisión de Discapacidad. Además, pasó a la firma el proyecto sobre la adopción del Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal que había logrado la media sanción del Senado, pero perdió estado parlamentario en 2021.
La Comisión de Discapacidad de Diputados, a cargo del rionegrino Luis Di Giacomo, se reunió este miércoles en la Sala 2 en donde debatieron un paquete de proyectos de ley y de resolución, entre ellos la adopción del Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal y la incorporación de un artículo a la ley de personas con TEA.
El primer proyecto analizado fue el que propone la adopción del Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal, una iniciativa que llegó a ser aprobada en el Senado y avanzó en 2021 hasta ser dictaminado en comisión de Diputados, pero terminó perdiendo estado parlamentario. Este cambio de logo obedece a una adecuación que se hizo en 2019 a nivel internacional.
El logo inicial se focalizaba sólo en la prótesis (silla de ruedas), luego fue incorporado y representado también el ser humano. Con el tiempo se diseñó un nuevo logo, eliminando la connotación pasiva, representando al ser humano en su movimiento en el espacio. Pero como la silla de ruedas no representa todos los desafíos en cuanto a accesibilidad para la sociedad, sólo representa a un colectivo, nace el nuevo Símbolo Internacional de Accesibilidad, pensado ya no desde la discapacidad, sino pensado para todos.
El diseño del nuevo logo representa al ser humano de pie con los brazos y piernas extendidas rodeado de un círculo (su contexto). Representa la armonía entre todos los seres humanos en la sociedad, simboliza la inclusión de todas las personas de todos los niveles, en todas partes, y la esperanza de acceso para todos.
Pone en la agenda social el desafío de lograr, desde la educación, el trabajo y la innovación, un mundo donde la comunicación, los servicios, el diseño de los espacios y productos sea pensado para todos desde el inicio, siempre que sea posible.
Al respecto, Di Giacomo acotó: “Este proyecto ya tuvo dictamen positivo. Se cayó luego y ahora vuelve a ser presentado sin cambios. Creo que no hay dificultades en su aprobación”. Tras lo cual se pasó a la firma.
La siguiente iniciativa que pasó a la firma y giró a la Comisión de Presupuesto y Hacienda plantea una modificación en el artículo 12 de la Ley de sistema Federal de la vivienda – Ley 24.464 – sobre criterios indicativos de selección y cupo referente destinado a personas discapacitadas.
Otra de las iniciativas -unificada- propone la incorporación del artículo 1 bis sobre detección temprana del TEA: “Artículo 1 bis°.- Impúlsese, en el marco del abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA), un plan de detección temprana en el marco de la educación en todos los niveles y modalidades a fin de garantizar la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo. El Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación, en forma conjunta y con la participación de aquellas organizaciones y actores de la sociedad civil que consideren pertinente, deberán trabajar de forma coordinada a fin acordar un plan de detección temprana en el ámbito educativo”. También busca la sustitución del artículo 2.
Sobre este punto pidió la palabra la diputada y autora de uno de los proyectos Danya Tavela (Evolución Radical) quien agradeció y celebró el trabajo de la comisión que “trabajó en la unificación de los proyectos”.
“Esto da respuestas a una de las demandas de las familias, de las distintas ONG, de docentes que nos planteaban la necesidad de incorporar el Trastorno del Espectro Autista y su detección en las instancias educativas”, explicó y ponderó el “esfuerzo” que hicieron los equipos para unificar los proyectos. También destacó el “valioso aporte y el trabajo de las diputadas (Natalia) De La Sota y (Rossana) Chahla con quienes hemos unificado el proyecto”.
Por otro lado, contó que “este proyecto fue el primero que trajimos desde mi equipo al Congreso reflejando el compromiso que nuestro espacio tiene con la educación argentina y pública en momentos de tanto debate y confusión que se va generando de volver a poner en el centro de la agenda de manera transversal el rol de la escuela, de los docentes y la importancia que la educación tiene para todos los chicos”.
A su vez, precisó que los motivos por los cuales impulsaron el proyecto tenía que ver con “impulsar el plan de detección en el marco de la educación en todos los niveles y modalidades para garantizar la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo. Aquellos padres que tienen hijos con TEA saben de las dificultades que enfrentan en la escolarización. Un sistema inclusivo de educación garantiza el ingreso irrestricto de todos los niños a la escuela, pero también su permanencia y graduación que, finalmente, les va a permitir mejorar su calidad de vida y poder desarrollar sus propias trayectorias”.
Tavela explayó que la segunda idea “central” del proyecto se basa en la articulación del Ministerio de Educación y de Salud y remarcó que “es imprescindible para mejorar la vida de los argentinos que todas las áreas del Estado trabajen de manera mancomunada, articulada y con objetivos claros y la educación es una de ellas y la inclusión de nuestros chicos en las escuelas también”.
También incorpora dos cuestiones más, una sobre la autoridad de aplicación y la otra tiene que ver con la mirada interdisciplinaria social e integral del abordaje del diagnóstico. Al cierre de su intervención, Tavela pidió el acompañamiento de sus pares y concluyó: “Un Ministerio de Educación que aborde el TEA, con escuelas que realicen una detección de las condiciones, es decir, que identifiquen las señales de alarma y actúen a tiempo y acompañen a los niños en su escolaridad, puede marcar una diferencia enorme en el pronostico y futuro de cada chico, en la calidad de vida familiar y en el desarrollo de la sociedad inclusiva.
“No hay estadísticas que reflejan el TEA en el país”, expresó con pesar la diputada de JxC y sumó: “Proyectos como estos avanzan en esas posibilidades. Tampoco el CENSO 2022 nos va a poder arrojar cifras sobre el mismo porque no se incluyó la consulta, pero siempre mirando con optimismo la labor que tiene que ver con tomar la agenda del día a día que pesa y duele. Hemos hecho un avance con este proyecto, pero todavía nos toca trabajar mucho porque la educación en el país requiere de muchos proyectos que garanticen la inclusión y la calidad de innovación”.
De forma breve, el oficialista Eduardo Valdés manifestó con orgullo poder aprobar este proyecto y adelantó el acompañamiento de su bloque. Mientras que el presidente de la comisión sostuvo que “este tipo de proyectos efectivamente colaboran y, más que su grano de arena, ponen un elemento más y dan un paso más en la posibilidad del reconocimiento que merece la concientización que debe hacerse de este tipo de problemáticas donde hoy, lamentablemente, a pesar de los avances de la ciencia y las posibilidades de diagnóstico temprano y precoz, tenemos padres y madres deambulando por años en busca de un diagnóstico y me parece que esto, sumado a la capacitación de docentes que se lleva a cabo en el Senado. Son todos proyectos que ponen sobre el tapete que tenemos que hacernos cargos de esta problemática y que se ejerza la coordinación entre Salud y Educación va a ser algo positivo”.
A continuación, se puso a consideración el proyecto que plantea modificar la Ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad, incorporando a las prestaciones la recreación y socialización. Al respecto, el autor de la iniciativa Eduardo Valdés pidió que quede en asesores hasta que la Comisión de Salud dictamine sobre los acompañantes terapéuticos y sumó: “El proyecto es muy bueno y sería mejor”.
Por su parte, el exministro de Salud Daniel Gollan (FdT) mencionó “hay un consenso generalizado entre todos los bloques que presentaron proyectos de unificar en un solo proyecto. Así que es muy probable Valdés que casi seguro que tu proyecto va a tener un trámite satisfactorio en la Comisión de Salud”, y propuso “plantear un tratamiento en conjunto”.
También debatieron sobre el texto que establece modificaciones en el artículo 22 de la Ley 22.431 sobre el acceso gratuito de personas con discapacidad a cualquier servicio de transporte público, incluido el fluvial y aéreo de cabotaje.
Al respecto, Dina Rezinovsky (Pro) mencionó que ha presentado un proyecto igual que perdió estado parlamentario, pero que especifica que las modificaciones son por “cuestiones médicas porque tenemos que ser responsables con los fondos que tiene el Estado que no son ilimitados”, y solicitó que los proyectos vuelvan a asesores para que ambas iniciativas sean tenidas en cuenta.
También se puso en consideración un proyecto de ley para modificar el artículo 6 de la Ley del Consejo Federal de Discapacidad incorporando un representante titular y un suplente de las organizaciones sociales de o para personas con discapacidad de cada una de las provincias del país; y otro que propone modificar el artículo 3 de la Ley 22.431 Sistema de protección integral de discapacitados sobre cambio de denominación de CUD- certificado único de discapacidad- a CUDAA – Certificado Único de Acceso a Apoyos.
Sobre este último, la autora del texto la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) manifestó que “hay que ajustarnos a cambiar la normativa a los nuevos paradigmas en donde el pasar del paradigma médico de protección a entender a las personas con discapacidad como sujetos con derechos”.
“No debemos centrarnos en la discapacidad, sino en el apoyo que el Estado debe dar para garantizar los derechos que son vulnerados por las barreras que tenemos. Muchas personas no sacan el CUD por miedo a ser estigmatizados. Solo 1 millón y medio han accedido al certificado. También tiene que ver con otras cuestiones, pero es un factor más y es necesario poder acercar los beneficios que trae el Certificado. El cambio de nomenclatura es un avance más en el cambio de paradigma y va a ayudar ya a colaborar para que muchas personas accedan al mismo. El Estado debe eliminar las barreras y ayudar a las personas a acceder a sus derechos”, explayó.
De la vereda de enfrente, la santafecina Alejandra Obeid propuso que se haga una consulta a COFEDIS por una “cuestión de respetar la opinión de las provincias”. “Me parece muy bien hacer la consulta”, resaltó Morales Gorleri.
“Es un pedido de la gente, de las organizaciones, más que de los profesionales de la salud. No es una jerga cerrada ni algo forzoso, sino que cambia el eje central que es la cuestión de discapacidad, por la cuestión de acceso a apoyos que me parece que habla de algo a un derecho a conseguir. Se puede hacer el pedido al mismo tiempo de dar el dictamen porque esto pasa a Derechos Humanos y no tratarlo hasta tener la respuesta”, propuso Di Giacomo a lo que adhirieron ambos bloques.
La reunión de la comisión será este miércoles a las 15.30. También analizarán un proyecto para incorporar al sistema de prestaciones la recreación y la socialización, el acceso gratuito a cualquier transporte público, la modificación del nombre del CUI, entre otros.
La Comisión de Discapacidad de Diputados, a cargo del rionegrino Luis Di Giacomo, convocó a una reunión este miércoles a las 15.30 en la Sala 2 a fin de considerar un paquete de proyectos de ley y de resolución.
Uno de los proyectos busca incorporar a la Ley 27.043 de salud pública y Abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA) el siguiente artículo: “Artículo 1 bis°.- Impúlsese, en el marco del abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA), un plan de detección temprana en el marco de la educación en todos los niveles y modalidades a fin de garantizar la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo. El Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación, en forma conjunta y con la participación de aquellas organizaciones y actores de la sociedad civil que consideren pertinente, deberán trabajar de forma coordinada a fin acordar un plan de detección temprana en el ámbito educativo”.
Otro de los proyectos a considerar plantea modificar la Ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad, incorporando a las prestaciones la recreación y socialización.
También se tratará la adopción del Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal, una iniciativa que llegó a ser aprobada en el Senado y avanzó en 2021 hasta ser dictaminado en comisión de Diputados, mas terminó perdiendo estado parlamentario. Este cambio de logo obedece a una adecuación que se hizo en 2019 a nivel internacional.
El logo inicial se focalizaba sólo en la prótesis (silla de ruedas), luego fue incorporado y representado también el ser humano. Con el tiempo se diseñó un nuevo logo, eliminando la connotación pasiva, representando al ser humano en su movimiento en el espacio. Pero como la silla de ruedas no representa todos los desafíos en cuanto a accesibilidad para la sociedad, sólo representa a un colectivo, nace el nuevo Símbolo Internacional de Accesibilidad, pensado ya no desde la discapacidad, sino pensado para todos.
El diseño del nuevo logo representa al ser humano de pie con los brazos y piernas extendidas rodeado de un círculo (su contexto). Representa la armonía entre todos los seres humanos en la sociedad, simboliza la inclusión de todas las personas de todos los niveles, en todas partes, y la esperanza de acceso para todos.
Pone en la agenda social el desafío de lograr, desde la educación, el trabajo y la innovación, un mundo donde la comunicación, los servicios, el diseño de los espacios y productos sea pensado para todos desde el inicio, siempre que sea posible.
También se debatirá sobre el acceso gratuito de personas con discapacidad a cualquier servicio de transporte público, incluido el fluvial y aéreo de cabotaje; la modificación a la denominación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) por Certificado Único de Acceso a Apoyos (CUDAA) y proyectos de resolución.
Durante el debate la situación en Santa Fe, el rionegrino alertó que ante la falta de éxito en la guerra contra el narco, “surge la voz de los legalizadores, que suponen ilusoriamente que una vez que legalicemos, se acaba el narcotráfico”
El rionegrino Luis Di Giacomo presidió en su momento la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara baja, y atento a ese expertise en la materia. Así habló durante el debate del proyecto sobre fortalecimiento de la justicia penal federal de Santa Fe, donde se refirió a lo que consideró como “rimbombante” manera de referirse a la lucha contra el narcotráfico. “Combate”, “guerra”, son los términos utilizados y, según sus palabras, “si analizamos el paso del tiempo, más se consume en el mundo”.
Es más, dijo, el problema se ha ido complejizando, con nuevas drogas, sintéticas. “Evidentemente este combate, esta guerra, ha sido un fracaso”, sintetizó, advirtiendo que frente a eso “surge la voz de los legalizadores, que suponen ilusoriamente que una vez que legalicemos, se acaba el narcotráfico”.
Para Di Giacomo, “la experiencia de alguna forma de legalización es que en los países que han dado ese paso, lo que se multiplica instantáneamente es la cantidad de consumidores. El narco siempre lleva las de ganar, porque no tiene (que lidiar con) la cuestión del control de calidad, la cuestión impositiva; no tiene ninguna regulación, por lo tanto ofrece siempre drogas mucho más fuertes y más baratas, que le otorgan más ganancias. Por lo tanto, la fantasía legalizadora empeora la situación”.
El diputado rionegrino destacó que estaban analizando la situación en Santa Fe, pero se preguntó qué hacer en Córdoba, el Gran Buenos Aires, los sectores fronterizos y la Patagonia… “Y podría mencionar a todo el país, que está siendo lentamente inundado por toda esta problemática -agregó-. ¿Cómo continúa esto? Mientras no haya estudios epidemiológicos que nos puedan ir mostrando quién consume, qué consume, dónde se consume, nada de esto se está haciendo… Lo que se hace es sarasa”.
Reclamó finalmente “limitaciones a la propagandización del consumo indiscriminado de alcohol, de fármacos”, como así también “una concientización sobre la marihuana, ahora planta sagrada que nos va a dar decenas de miles de puestos de trabajo”.
“Mientras el sindicalismo, el deporte, sigan ligados a barrabravas, narcos, punteros de esos sectores, mientras en las cárceles no haya inhibidores, mientras no ataquemos el lucrativo negocio en todo sentido, seguramente es poco lo que hagamos. Este es un paso adelante, esperemos continuar dando más pasos”, concluyó, lamentando que “lo que se hace es cada vez menos”.
La iniciativa del diputado Luis Di Giacomo pretende ampliar los beneficios del sistema a los jubilados y pensionados provinciales.
El diputado por Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo presentó este jueves ante el Congreso un proyecto de resolución para que se incluya a los jubilados y pensionados de estados provinciales entre los beneficiarios del 70 por ciento de reintegro estipulado en el Programa “Previaje”. La iniciativa busca equiparar las condiciones con respecto a los afiliados de PAMI.
“Hemos presentado un proyecto de resolución para comunicar al Ministerio de Turismo, y de hecho, vamos a solicitar una entrevista con su titular, Matías Lammens, para que se incorpore a los afiliados de las obras sociales provinciales”, comentó Di Giacomo.
Y en la misma línea agregó: “Aquellos que pertenecen a las cajas provinciales merecen tener, en un sentido federal, los mismos derechos que los afiliados de PAMI”.
El proyecto, que también cuenta con la firma del legislador Agustín Domingo, surgió en medio del anuncio de la ampliación del Previaje 4 para la temporada baja, dónde el Gobierno nacional pretende ampliar la oferta en los destinos turísticos menos conocidos.
En 2020, la Ley 27.563 estableció el Régimen de “Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales” con el objetivo de “fomentar y potenciar la demanda del Turismo Interno”. En su última edición, el programa benefició a 6 millones de personas, con un impacto económico cercano a los $200 mil millones para el sector turístico.
Por medio del Previaje, los turistas reciben un reintegro del 50% de lo gastado -70% para jubilados de PAMI- de forma anticipada en productos y servicios turísticos.
Una iniciativa largamente reclamada por organizaciones de la comunidad sorda se aprobó por unanimidad en la sesión de este jueves. Pasa al Senado.
Con la presencia en el recinto de una intérprete de señas del plantel que tiene la Cámara de Diputados, que participó durante todo ese debate transmitiendo en ese lenguaje lo que se estaba diciendo, el Cuerpo dio media sanción este jueves, por 229 votos, a un proyecto que reconoce a la Lengua Señas Argentina (LSA) en todo el territorio nacional, una iniciativa reclamada desde hace años por organizaciones de personas sordas.
Ni bien fue aprobada, la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, adelantó que esa media sanción sería inmediatamente girada al Senado para comenzar allí su rápido trámite.
El texto que llegó al recinto fue producto de un consenso entre propuestas impulsadas por los diputados Lucila Masin (FdT), Leonardo Grosso (FdT) y Julio Cobos (UCR).
A través de la iniciativa se reconoce a la LSA como una lengua natural y originaria que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio de la Nación Argentina, y que garantiza su participación e inclusión plena, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua.
En cuanto a su definición, se señala que “la LSA posee una estructura gramatical completa, compleja y distinta del castellano” y “al ser visual, es completamente accesible desde el punto de vista perceptual para las personas sordas, como así también para todas las personas”.
Serán organismos legítimos de consulta sobre la LSA aquellas organizaciones constituidas íntegramente por personas sordas que las representen en todo el territorio de la República Argentina y que se encuentren oficialmente constituidas e inscriptas con reconocimiento de los Estados nacional, provincial y municipal.
El proyecto, que ahora deberá ser tratado en el Senado, faculta al Poder Ejecutivo para “fomentar e impulsar en los distintos ámbitos de su competencia el acceso y el uso de la LSA de todas las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua”.
Esto será bajo los objetivos de tener una accesibilidad efectiva y plena a la vida social; eliminar barreras comunicacionales y actitudinales; equiparar oportunidades tendientes a impulsar y fortalecer la independencia, autonomía personal y toma de decisiones; y diseñar y ejecutar estrategias que aseguren la accesibilidad comunicacional en todas las políticas públicas dirigidas a la sociedad.
El primer orador de este tema fue el presidente de la Comisión de Discapacidad, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), quien resaltó la importancia del tema que se debatía. Al respecto, comentó que cuando le preguntaron por qué se le había dado tan poca importancia al tema en la previa de este debate, él respondió: “Por ignorancia”.
También se admitió “ignorante” respecto de su falta de conocimiento sobre el idioma de señas hasta ahora. En su discurso explicó la importancia de “entender la necesidad de que la lengua de señas argentinas debe estar oficializada, jerarquizada, y tiene que tener todo un código para que se pueda reproducir a partir de la propia comunidad sorda y poder entonces sí a partir de ahí producir adultos en capacidad de comunicación, como las tenemos el resto que no tenemos la problemática de ser sordos”.
“Esta ley apunta al reconocimiento de la lengua de señas argentina, con la finalidad de eliminar las barreras comunicacionales, remover barreras actitudinales y otorgar visibilidad social a un medio de comunicación no verbal”, enfatizó Di Giacomo, quien también resaltó la tarea del grupo de intérpretes de lengua de señas de la Cámara de Diputados.
A continuación, la sanjuanina Graciela Caselles (Frente de Todos) valoró la importancia de aprender la lengua de señas y se comprometió a emprender esa tarea. También resaltó el acuerdo alcanzado para avanzar con el tratamiento de lo que definió como “un reclamo histórico de muchísimas asociaciones”, para lograr que “la lengua de señas argentina sea una lengua más”.
“Poder tener un lenguaje natural y propio evidentemente es un camino de inclusión social, de desarrollo intelectual, de desarrollo afectivo”, aseguró.
Desde el Pro, Dina Rezinovsky comenzó su discurso pidiéndole perdón a la comunidad sorda por haber tardado tanto en reconocer su lengua. Y lo hizo precisamente en la lengua de señas.
“Lo que estamos tratando hoy es un tema de derechos humanos”, remarcó la legisladora. “No es un tema de discapacidad”, precisó luego. Destacó también que el proyecto presentado contó con la participación de todos los sectores que componen el Congreso.
Lucila Masín (FdT-Chaco) agradeció los aportes hechos por las asociaciones que colaboraron en la elaboración del dictamen unificado, y afirmó que “es un deber de este Parlamento poder sancionar una ley que espera hace más de 20 años, y que las personas sordas lo están esperando. Nos debemos desde la democracia dar estas discusiones y generar este reconocimiento”.
A su turno, Nicolás del Caño pidió que luego de su sanción, esa ley “tenga los recursos necesarios para que se pueda aplicar. Porque muchas veces se votan leyes y los recursos hay que garantizarlos con la lucha”.
Ya sobre el final del debate, Ana Carla Carrizo (Evolución Radical-CABA) destacó el trabajo legislativo y al respecto remarcó: “escuchar es mejor que oír”, y aclaró que “esto es un punto de partida, no la llegada. Esto tiene que continuar”.
“La primera barrera está en la casa, antes de salir a la escuela. Ahí tenemos que ingresar, tenemos los adultos que hacer el esfuerzo de aprender”, remarcó la legisladora al enumerar cosas en las que hay que avanzar. También se debe “formar” en la escuela, y aclaró que esta lengua “no compite con el español”. “Hay que enseñar y comunicar muy bien, para que esa empatía que empieza a tener un enfoque de derechos humanos en la Argentina con esta comunidad empiece a entenderse en todos los ámbitos públicos: en los funcionarios y en las escuelas. Y finalmente que llegue al Senado y que salga antes de cerrar este año”.
Por su parte, Eduardo Valdés (FdT-CABA) dijo que “hoy es un día en el que venimos a consagrar derechos inalienables de toda persona humana y su dignidad. Estamos hablando de una ley que le da derechos a una gran parte de la población argentina: 1.120.000 compatriotas sordos, que si sumamos a su grupo familiar, son 3.300.000 personas afectadas”.
“En el mundo se calculan 368 millones de personas sordas que usan la lengua de seña como medio de comunicación”, detalló también.
En el cierre, el diputado Leonardo Grosso (FdT) pidió a sus pares que no lo escuchen y que solo lo vean en la pantalla y habló en lenguaje de señas para explicar que “esto que están sintiendo los diputados en este momento sienten todos los días los miembros de la comunidad sorda cuando no se puede usar la lengua de señas, cuando no garantiza el Estado la accesibilidad”.
“Por eso este tratamiento de la ley, esa demanda de la comunidad sorda Argentina es muy importante para que deje de sentir esto que sentimos nosotros en esos minutos”, remarcó.
A su vez, celebró el debate y resaltó que “es una ley de consenso, la trabajamos con todos los bloques. No es una ley que nace de un partido político, sino que nace de la comunidad sorda organizada en nuestro país y que llega al Congreso por el impulso de ellos”.
A continuación, explicó qué dijo en lengua de señas: “Dije gracias presidenta, estamos debatiendo acá la ley de lengua de señas Argentina y esto nos permite construir un piso de derechos y de igualdad en la Argentina distinto, que no teníamos”.
Por otro lado, contó que “en 2006 en la ONU se propició un cambio de paradigma para dejar de ver a las personas sordas desde una perspectiva médica y rehabilitadora, y promover una mirada que tenga que ver a las personas sordas como sujetos de derechos. En Argentina hace 15 se acordó en impulsar un instrumento legal que proteja y fomente y respete a la lengua natural Argentina”.
El diputado rionegrino recordó que ya se habían presentado otros proyectos en este sentido. Advirtió que este cambio no debe aprobarse el año que viene.
Luego de presentar un proyecto para derogar las elecciones PASO, el diputado nacional Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) argumentó este lunes que “la propuesta es derogarlas porque no han quedado validadas y legitimadas por el sistema electoral. Esto no impide que los partidos hagan internas abiertas”.
Además, el legislador advirtió que “esto hay que resolverlo este mes y no es un tema para resolver el año que viene”, cumpliendo con la regla de que las reformas electorales se traten en años pares. “Por sí o por no, hay que resolverlo ahora”, afirmó.
“El fundamento principal para derogar las PASO es que no se dieron nunca. Lo que sucedió es que los partidos siguieron eligiendo de diversas maneras a sus candidatos y llegaron en la mayoría de los casos con el candidato definido. No había una participación total”, sostuvo.
Además, en diálogo con Radio Provincia, habló de elementos que “tergiversan la voluntad electoral”, como cuando la polarización de elección del 2019 (Alberto Fernández–Mauricio Macri) afectó a otros partidos “que hubieran tenido otra participación y esas PASO funcionaron como una primera vuelta”, observó.
Por otro lado, Di Giacomo recordó que en los últimos años hubo proyectos del Pro, la izquierda y otros partidos para derogar las primarias, y mencionó el factor del costo de realizarlas. También reconoció conversaciones con diputados de todos los sectores “de manera informal”, y puso la responsabilidad de si se trata o no en las grandes coaliciones: “Que se trate para que salga o para que no se trate ya no depende de nosotros”.
Diputados provinciales habitualmente aliados al oficialismo presentaron la iniciativa para terminar con el sistema de primarias abiertas creado por ley en 2009.
Tal cual lo había anticipado oportunamente, el diputado nacional de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo concluida la aprobación del Presupuesto 2023 presentó el proyecto para derogar las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Acompañan la iniciativa sus compañeros del interbloque Provincias Unidas, un interbloque que suele jugar alineado con el Gobierno nacional. Lo integran Diego Sartori, Agustín Domingo y Carlos Fernández, y la iniciativa se funda en que “se ha desvirtuado la finalidad de las PASO (porque mientras que algunos ven a las PASO como una ‘interna’ financiada por el Estado, otros la critican por configurar una elección general ‘anticipada’). De tal modo, se cuestiona que las PASO no sirven a su finalidad cuando los partidos políticos se presentan con ‘lista única’, e incluso se objeta que las PASO interfieren en la vida interna de los partidos políticos, porque los ‘no afiliados’ pueden alterar el resultado de dicha ‘interna’ (afectándose la ‘autonomía’ de los partidos políticos y de sus miembros, que es esencial para su funcionamiento)”.
Quienes impulsan la iniciativa consideran que el sistema atenta contra la gobernabilidad, e incluso le atribuyen características inconstitucionales, por cuanto el artículo 95 de la Constitución nacional dispone que las elecciones presidenciales deben realizarse dentro de los 60 días anteriores a la finalización del período en el que se desarrolla la gestión del presidente que culmina su mandato. Agregan que al extenderse el plazo del período electoral “más allá de lo razonable”, de esa manera se “licúa el poder del Gobierno hasta el traspaso del mando”.
Según el texto al que accedió parlamentario.com, proponen que, con el ahorro que generará la derogación de las PASO se cree un Fondo de Fortalecimiento de las Políticas de Lucha contra las Adicciones, como así también un Fondo de Fortalecimiento para el Pago de Prestaciones Básicas a personas con discapacidad.
5666-D-2022El legislador denunció un “lobby empresario” que “ejercen sobre esta Cámara una influencia que no es buena ni para los trabajadores ni para la democracia”.
El diputado Hugo Yasky pidió un apartamiento del reglamento para dejar constancia que en la orden del día estaba estipulado para la presente sesión incorporar la modificación al artículo 88 de la Ley de Contrato de Trabajo, la 27.744.
El legislador señaló que se suspendió el tratamiento de esta modificación, “en un momento, donde muchos trabajadores y trabajadoras se ven obligados por las circunstancias que todos conocemos, los salarios, en la mayoría de los casos que no cubren el costo de la canasta básica, a incursionar en lo que conocemos como el pluriempleo. Es decir, muchos hombres y mujeres en el país trabajando en más de un empleo”.
En este sentido, explicó que el artículo de la Ley del Contrato de Trabajar que iban a tratar hoy era una modificación muy simple, “era extender el sentido de la no concurrencia. En el contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador, cuando una actividad desarrollada en el contrato de trabajo vigente entre en competencia con el segundo empleo, en esos casos, el trabajador no puede desarrollar ese segundo empleo. Es decir, si hay otro empleo que la patronal considera entra en competencia con el primer contrato, el trabajador está inhibido, no puede desarrollarlo”.
“La modificación que se proponía hoy es que, cuando no haya esa competencia, el trabajador quede liberado de tener que pedir la autorización a la patronal, como en este caso se plantea. Porque se dan situaciones donde, arbitrariamente, las patronales niegan la posibilidad de ese segundo empleo, aunque no haya competencia. Era una modificación muy simple”, desarrolló el legislador.
Por esto, para el legislador “lamentablemente”, y por “una circunstancia ajena a la voluntad original de los diputados y diputadas”, ya que advirtió que cuando en la Comisión de Trabajo se aprobó por unanimidad, “por un lobby empresario, a último momento, se decidió que este tema no cuente con el apoyo que de los que originalmente lo habían hecho”.
“Quiero dejar constancia, creo que es un tema muy importante, y esto demuestra, lamentablemente, que hay corporaciones que ejercen sobre esta Cámara una influencia que no es buena, ni para los trabajadores ni para la democracia”, concluyó su intervención el legislador Yasky.
Quien recogió el guante por parte de la oposición, fue el diputado rionegrino Luis di Giacomo: “Quiero aclararle al diputado preopinante que viene acusando de lobby empresario y no sé cuántas cosas más que no correspondía, que hoy en labor parlamentaria se le prohibió a otro diputado que quería argumentar, y se dijo que esto no se argumentaba, o se discutía o no se discutía”, señaló.
En este sentido, advirtió que ellos “no fuimos notificados de ningún acuerdo para que ese tema fuera incluido, no han sido notificados nuestros secretarios parlamentarios y pido por favor que cuando se van a incluir temas de aquí en adelante se notifique a todos los secretarios parlamentarios de todos los bloques y no se haga un arreglo entre un grupo y otro porque ahí consideran que tienen los números”.
Y respecto al tema en cuestión, aseguró que “por supuesto que cuando esto se debata y se discuta vamos a argumentar como corresponde porque no estamos de acuerdo con este proyecto. Pero creo que ha sido fuera de lugar la argumentación y la acusación del diputado preopinante de la cual quiero dejar constancia”.
Finalmente, la presidenta del cuerpo Cecilia Moreau zanjó el asunto aclarando que “la OD estaba en el temario de convocatoria a la sesión, con lo cual estábamos todos informados”.
Las comisiones de Discapacidad, y Acción Social y Salud Pública avalaron las iniciativas que contaron con consenso unánime, y quedaron listas para su tratamiento en el recinto.
En reunión de Comisión Conjunta, Discapacidad, y Acción Social y Salud Pública dictaminaron favorablemente sobre los proyectos de Protección Integral de las Personas Discapacitadas – Ley 22.431-, modificación del artículo 3, sobre el Certificado de Discapacidad; y el proyecto por el cual se garantiza la contención y acompañamiento de las personas que reciban un diagnóstico de Trisonimia 21 / Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido.
Al comienzo del debate, la diputada por Evolución Radical Carla Carrizo celebró los acuerdos alcanzados en comisión respecto al proyeco de modificación del Certificado de Discapacidad: “En un momento donde todo el mundo está descalificando a la dirigencia política, creo que la Comisión de Salud, como la de Discapacidad son dos comisiones donde tenemos una estrategia incisiva para lograr cosas inter-partidarias, y eso generalmente es una excelente noticia. Y este es un caso, con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.
Sobre la iniciativa señaló que “es sobre todo es un proyecto que atraviesa todas las provincias y muchísimas familias argentinas, es intergeneracional, familias que están atravesadas por una vida más difícil, que es convivir y llevar una vida con personas con discapacidad. La clave para vivir mejor es el Certificado Único de Discapacidad, y ha sido un aprendizaje cómo hacerlo mejor”.
En el mismo sentido, se manifestó la vicepresidenta 2° de la Comisión de Discapacidad, la diputada Graciela Caselles, quien sostuvo que el proyecto es “un paso más en la historia de la evolución de la discapacidad. De haber sido ocultados, o personas que eran condenadas a la mendicidad, y demás, que ahora los distintos actores políticos nos pongamos de acuerdo, sobre todo en haber escuchado una realidad tan difícil que viven las familias a la hora de encontrar derechos”.
Seguidamente, la diputada del Pro Victoria Morales Gorlieri también celebró haber llegado a este dictamen: “Las complejidades las vimos en las distintas organizaciones que vinieron al Congreso, y fue muy importante también el dialogo que hubo entre las distintas fuerzas políticas que integramos la Comisión para llegar a hoy. Todos, sin banderas partidarias, estábamos con la convicción de encontrar una solución a este problema, y se ve reflejado en este dictamen”, manifestó.
Respecto a la renovación automática del CUD, señaló que “estamos incorporando el paradigma de la convención, que hace tanto tiempo que como país la hemos firmado, y que aún tenemos grandes deudas pendientes. La discapacidad es un fenómeno dinámico, y así debemos verlo. Creo que estamos dando un paso muy importante, y me sumo al pedido de poner el dictamen en el Congreso cuanto antes”, concluyó.
A su turno, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés se manifestó en el mismo sentido: “Me parece que es un día muy importante para nosotros que estamos resolviendo esta situación. Ojalá las cámaras de televisión registren que el Parlamento trabaja sobre estas cuestiones que son muy importantes en la sociedad. Se calcula que en la Argentina hay 5 millones 400 mil personas con discapacidad y solo tenemos 1 millon 300 con CUD, algo está pasando que no logran acceder”.
“El CUD es la posibilidad de tener derechos, que todos puedan acceder es el comenzar a tener derechos. Lo que tenemos que hacer es que junto a lo que estamos resolviendo, es que también fortalezcamos el presupuesto para las personas con discapacidad. Que el acuerdo político, junto a este CUD, sea que en las políticas para discapacidad haya proactividad, haya la posibilidad de que esto y la garantía de los derechos que significan el CUD puedan plasmarse”, agregó.
La diputada por el Frente de Todos Paola Vessvessian acompañó el pedido de Valdés, y consideró que el tema del presupuesto es clave: “Si esta ley no la acompañamos con una mirada de territorialidad y de accesibilidad se nos va a hacer muy complicado, porque a veces queda en las grandes ciudades y no podemos llegar al interior del interior o a lo profundo de lo profundo de nuestro país. Por eso es importante la capacitación continua y permanente de quienes forman parte de las Juntos Medicas, porque a veces está el desconocimiento para llegar realmente al diagnóstico que habilite el CUD”.
En el mismo sentido se manifestó la diputada, también oficialista Lucila Masin, quien celebró la nueva redacción del proyecto, y resaltó que “solamente con la modificación de esta ley no alcanza, si no también tenemos que pensar de qué manera podemos generar mejor accesibilidad comunicacional y difusión del alcance del CUD porque eso implica definitivamente mejorar las prestaciones y derechos de las personas con discapacidad”.
Respecto al proyecto de Diagnóstico y Pronóstico Humanizado, Soledad Carrizo señaló la urgencia de su tratamiento: “Es una ausencia de nuestra legislación que otros países, incluso vecinos, lo tienen y que es urgente que en la Argentina avance. Es regular esta relación entre los profesionales y los pacientes. Muchos acá son médicos, seguramente han tenido algún momento donde las malas noticias son difíciles de manifestarlas y de preparar a esa familia que va a recibirla. Como profesional tal vez no estén preparados tampoco, y esto es lo que el proyecto tiende a arreglar”.
En este sentido, celebró la posibilidad de que esto avance, y que “venga con media sanción por unanimidad en el Senado. Entiendo la necesidad y la urgencia de que Argentina avance con esta legislación, de no poner ninguna modificación”.
“Quería manifestar la alegría de saber que en estas comisiones hemos hecho un esfuerzo claramente de primero encontrar los puntos de encuentro, y dejemos atrás las discusiones. Porque hay mucha sociedad civil que nos está mirando que está necesitando esta reglamentación”, concluyó.
Finalmente, el diputado por la Coalición Cívica Rubén Manzi consideró que más que lo punitorio habría que revisar los procesos de formación de profesionales: “Creo que esto es una tarea, de plantear los contenidos de formativos que tienen nuestras facultades del Gobierno actual, del que viene, y probablemente del otro. Tenemos que revisar nuestra formación”.
El diputado del bloque Juntos Somos Río Negro explicó los fundamentos de su proyecto para eliminar las PASO de cara a las próximas elecciones y remarcó que “no se ha conformado como un sistema electoral legitimado”.
El diputado nacional y titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Rio Negro), ratificó este lunes su postura respecto a eliminar las elecciones PASO de cara a los próximos comicios del año 2023 al asegurar que “no garantizan la apertura democrática”, y que “no se ha conformado como un sistema electoral legitimado”.
En declaraciones por la AM 990, el legislador rionegrino recordó: “Yo he presentado esta semana un proyecto. Ya habíamos presentado uno en el 2020 acompañado en ese momento por compañeros misioneros, por el diputado Yedlin que ahora es senador”.
“Nosotros teníamos un pensamiento alrededor de las primarias que nunca se han cumplido en Argentina tal como las usan en otros países en donde todos los candidatos se someten a un determinado día a una concursa electoral”, expresó el diputado.
Al respecto, consideró que “acá no las usaron ni los espacios que las promovieron. Algunos a veces están en contra, otros no”, y remarcó que “cada vez son menos provincias que utilizan las PASO o sea que evidentemente no se ha conformado como un sistema electoral legitimado”.
A su vez, precisó que “proponemos eliminar las PASO porque hacer un gasto tremendo para la población, que el año próximo va a estar alrededor de los 25 mil millones de pesos por un tema que soluciona la interna de algún sector, no me parece atinado”.
“Me parece que son cuestiones más bien oportunistas porque en esta coyuntura creo que las PASO podrían beneficiar tanto a Mauricio Macri como a Cristina Kirchner. Pienso que hay que resolverlo este año para saber cómo van a ser las elecciones del próximo año porque suponen un gasto para toda la sociedad”, insistió Di Giacomo.
Por otro lado, explicó que “de esta manera se vuelve a las elecciones internas de cada partido porque pueden llevar a cabo su selección interna de diversas maneras, no tenemos porqué obligar al elector a una elección más”, y remató: “Es un funcionamiento que no garantiza para nada lo que en un principio se propuso las PASO de apertura democrática, por eso queremos su eliminación”.
Al ministro de Economía le fue bien en la presentación del proyecto de Presupuesto 2023. Más lo preocupa la conflictividad social y sindical. No estaría de acuerdo con la movida para suspender las elecciones primarias.
Por José Angel Di Mauro
No sorprendió que fuera el diputado rionegrino Luis Di Giacomo quien tomara el estandarte de la eliminación de las PASO. Presidente del interbloque Provincias Unidas (4 diputados) que suele ser afín al Gobierno, pareció ser una jugada “de manual” la emprendida por el diputado de Juntos Somos Río Negro: que no fuera alguien del oficialismo el que se ocupara de encabezar esa movida cada vez más previsible y deseada por el Frente de Todos, sino un supuesto “neutral”, que además cuenta con antecedentes en la materia.
Es que ya Di Giacomo mostró ese objetivo hace casi dos años, cuando el 11 de noviembre de 2020 presentó una moción de apartamiento de reglamento en plena sesión para tratar un proyecto en ese sentido. No uno propio, sino del diputado del Pro Pablo Tonelli, que un año antes había presentado una iniciativa para derogar las elecciones primarias. El influyente diputado del partido amarillo -palabra autorizada en cuestiones judiciales y reglamentarias- nunca estuvo a favor de las PASO y en 2019 impulsó una iniciativa para eliminarlas luego de que el resultado del 11 de agosto de ese año definiera prematuramente la suerte del gobierno de Mauricio Macri. Si bien a Cambiemos le fue en octubre mejor que en agosto, todo el mundo sabía ya desde las elecciones primarias que el próximo presidente sería Alberto Fernández,y ese resultado adelantado generó la última gran devaluación de la gestión macrista.
Esa vez, la moción de Di Giacomo no prosperó: ante el peligro de que la sesión se desmadrara, la entonces vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau, pidió un cuarto intermedio y con el presidente del Cuerpo, Sergio Massa, lo convencieron al rionegrino de retirar la moción.
Cuentan que algo parecido habría sucedido ahora. Que a Sergio Massa, que a pesar de ya no encabezar la Cámara de Diputados sigue manejando esos hilos, no le habría gustado el anuncio del rionegrino; que “se cortó solo”. Otros sugieren que “se fue de boca”, cuando anticipó en el canal Diputados TV que impulsaría una iniciativa en ese sentido. Ya se verá si esta semana Di Giacomo presenta como dicen finalmente ese proyecto, que replicaría bastante del texto del de Tonelli. Dicen también que lo presentaría de manera conjunta con los diputados de Schiaretti, que fueron los que pusieron en agenda el tema al anunciar su disposición a dejar de lado las PASO.
El argumento que esgrimen los que las denuestan es que “nadie las usa”. Es erróneo; la verdad es que la ley impulsada en 2009 durante la gestión de Cristina Kirchner, a instancias de su esposo Néstor, suele favorecer a la oposición. Al menos, a la principal oposición, léase Juntos por el Cambio o peronismo. Los partidos intermedios suelen ser víctimas de la polarización que deviene tras las primarias, de ahí que resulten ser los más refractarios al sistema.
La verdad es que al oficialismo decididamente le conviene dejarlas de lado al menos para esta elección, pero no hay una decisión unánime en ese sentido, sobre todo porque una derogación no tendría vuelta atrás. Muchos en La Cámpora se preguntan si no sería una mala medida que obture su objetivo mediato de ir desplazando al pejotismo de sus cargos. Pero está claro que afectaría fuertemente a un Juntos por el Cambio que sin las PASO se las vería de figurillas para dirimir sus múltiples internas.
En ese espacio ya está decidido que el plan B si se levantan las PASO será una elección interna abierta. Han sugerido en ese caso que quienes vayan a votar se inscriban previamente, pero al tratarse de algo muy engorroso que desalentaría la elección, otros lo descartan. Como el diputado Luciano Laspina, integrante de los equipos técnicos de Patricia Bullrich, que piensa que “habrá que correr el riesgo”. Y el riesgo es que el peronismo mande a votar al candidato “más conveniente”, en desmedro de otros más taquilleros.
También podría resolverle un problema a la principal oposición, donde referentes como Miguel Pichetto no se cansan de repetir que lo mejor sería tener para fin de año resuelto el liderazgo en JxC, de modo tal de garantizar el triunfo en 2023. Como sea, en caso de que en lo que resta del año se dejen de lado las PASO, una eventual elección interna en ese espacio no se podría hacer sino en marzo o abril.
Y en tren de analizar pros y contras de ambos lados, la pregunta es: ¿soportaría el Gobierno, en caso de que la crisis no se estabilice, tener enfrente a un líder que tal vez pueda ser visto como el seguro sucesor, a ocho meses de la entrega del poder? Sucedería entonces que el probablemente futuro presidente se dedicaría a armar un gabinete y el síndrome del pato rengo expondría de manera dramática a Alberto Fernández. Una tentación para que en una espiralización de la crisis se sugiriera un adelantamiento de las elecciones y una entrega anticipada del poder, cosa en la que ya tenemos bastante experiencia.
También es cierto que evitar las PASO le conviene muchísimo a Javier Milei, cuyo voto será decisivo si la cuestión se dirime en el recinto. El líder libertario se muestra misterioso en la materia, a partir de la convicción de que su bloque decide. Nada dirá entonces hasta el momento de la votación, por lo que la pregunta es si se atreverá a quedar alineado aunque sea en ese tema al kirchnerismo, por más que el fin lo beneficie tanto. Mientras que el oficialismo también corre el riesgo de llegar al momento de la votación ignorando el resultado final, cosa desaconsejable para cualquier gobierno.
Un oficialismo que avanza hacia un año electoral con la necesidad de ajustar. El presupuesto enviado por Sergio Massa al Congreso da señales en ese sentido. Las puso en duda el viernes el diputado macrista Pablo Torello, al recordar que “el único presidente que ajustó en un año de elecciones fue Macri”. Y así le fue.
Como sea, Massa se fue del Congreso el miércoles pasado con la convicción de que no tendrá problemas en lograr la aprobación del presupuesto que acababa de presentar ese día. Por el tenor de las preguntas que le hicieron, y el tono utilizado, se descuenta que la ley de leyes tendrá una aprobación por amplio margen. Admitió el karma de haber sido el único presidente de Cámara al que le rechazaron el Presupuesto, y también sobreactuó un poco al asegurar que sentía estar dando las últimas pisadas de su vida política. “Lo dijo para que se pongan a hablar de eso y no del presupuesto mismo”, interpretaba un diputado del Frente de Todos al día siguiente. No es descabellado pensar que el ministro de Economía postergue su ambición presidencial guardándose en la próxima elección, pero su obsesión sigue intacta y será candidato en 2023 si no le va mal en sus funciones y tiene alguna chance.
El mismo día que presentó el Presupuesto se conocieron los datos de la pobreza, y en ese contexto Cristina Kirchner volvió a opinar de economía, cosa que no hacía desde la salida de Martín Guzmán, limitándose a hablar de sus causas y de la justicia. Le contestó el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, que también volvió ese día a tuitear. A diferencia de los dichos de la vicepresidenta, negó que las empresas tuvieran culpa de la crisis y asumió las propias del Gobierno. Pero aclaró que no le contestaba a nadie, sino que repetía lo que había dicho en el Congreso el día anterior. Sí admitió “márgenes empresariales más altos que los normales”. Es lo que dijo la vicepresidenta y parece ser una obsesión del oficialismo: las “ganancias extraordinarias” de las que habló por ejemplo “Cachorro” Godoy, líder sindical de un gremio estatal.
Cristina Kirchner está inquieta, ya no solo por el atentado que la tuvo como destinataria, sino por el desborde en las calles. La izquierda aún celebra como un gran triunfo el acuerdo alcanzado por el gremio del neumático, pero sobre todo la difusión que tuvo y el efecto expansivo que pueda lograr. En el Gobierno temen eso y le recriminan a Claudio Moroni el papel que tuvo en ese conflicto. Cada vez es más solitario el apoyo que le sigue dispensando el presidente Alberto Fernández.
Exministra de Trabajo entre 2002 y 2003 -tiempos conflictivos si los hay-, Graciela Camaño se mostró muy sorprendida por lo que definió como “una falta de compromiso de las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo en la solución del problema”. “Cuando usted ve que el tema se le pone difícil, una autoridad superior del ministerio tiene que estar presente” en la negociación. “Me da la impresión que eso no está sucediendo”, señaló por radio Mitre cuando todavía el conflicto no había sido resuelto.
En ese contexto de conflictividad creciente, el kirchnerismo hizo su aporte con el fin de distribuir caos, motorizando la toma de decenas de colegios en el distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta. Por aquello de la mejor manera de esconder un elefante en la calle…
El comunicado del bloque le pidió al Estado Nacional que “aborde el problema porque corren peligro la seguridad y el orden de la localidad”.
Los legisladores Alberto Weretilneck, Luis Di Giacomo y Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) responsabilizaron a la Justicia Federal y al Gobierno Nacional por “la falta de respuestas e inacción” ante el ataque incendiario que sufrió la posta de seguridad de Gendarmería en la localidad de Villa Mascardi. “Es tiempo de dejar atrás la tibieza cómplice. Exigimos que avancen los procesos penales y que se tomen medidas de protección de personas y bienes”, lanzaron.
Desde Juntos Somos Río Negro, a través de Twitter, manifestaron que “los hechos repetidos de violencia extrema que ocurren en territorio, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, pertenecen a la jurisdicción del Gobierno Nacional”. Del mismo modo desligaron de responsabilidades a la gobernación provincial y al municipio de San Carlos de Bariloche.
“Corre peligro la vida de los vecinos y los bienes en Mascardi. Necesitamos políticas claras y que se establezcan medidas para frenar el avance de estos grupos violentos”, enfatizaron el senador y los diputados, quienes mostraron preocupación por el conflicto geopolítico que tiene sus raíces en la Patagonia Chilena desde hace un tiempo.
A su vez, remarcaron la falta de acción por parte de la Justicia Federal, tras “un sinfín de denuncias” emitidas por su bloque y por el Gobierno provincial rionegrino. “El orden y la seguridad están en juego. El Gobierno Federal debe abordar el problema con los demás poderes del Estado y las provincias”, señalaron los legisladores.
En el final, los rionegrinos pidieron por “procesos penales abiertos” y que “se enjuicie a los delincuentes sancionados conforme a la ley”. “No se puede seguir mirando para otro lado. Mantener la paz es la primera misión de un gobierno. Es tiempo de hacernos responsables”, concluyeron.
Lo adelantó el diputado de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo, y desde Juntos por el Cambio ya salieron a cruzarlo.
Tanto va el cántaro a la fuente… Finalmente se confirmó la presentación de un proyecto para suspender o eliminar las PASO. En rigor, no es un proyecto que se haya presentado ya, sino que está en elaboración, lo que es prácticamente lo mismo en estas circunstancias.
Y no es desde el oficialismo que lo van a presentar, sino desde uno de los bloques del medio, de esos que habitualmente están alineados con el Frente de Todos.
Lo adelantó el diputado nacional de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giácomo, quien por Diputados TV anunció este martes que “estamos pensando en un proyecto para que (las PASO) sean suspendidas o eliminadas”.
Y ante la pregunta de si van a presentarlo en los próximos días, dio a entender que sí, por cuanto “creemos que hay que resolverlo este año, por una o por otra vía hay que resolverlo este año”, precisó.
Prestamente le salió al cruce el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, quien tuiteó: “Estaba cantado. Aliados del kirchnerismo presentarán un proyecto para eliminar las PASO. Para el oficialismo nacional y sus amigos de siempre el derecho de los ciudadanos a elegir a quienes serán candidatos es sólo un insumo. Martingalas de los que le temen a la voz del pueblo”.
Por otra parte, la iniciativa para eliminar la renovación del Certificado Único de Discapacidad en casos irreversibles o permanentes, se tratará la próxima semana en un plenario de comisiones.
Durante una reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), se discutió el proyecto de ley que reconoce oficialmente la Lengua de Señas Argentina como idioma natural de las personas sordas en todo el territorio argentino.
La norma, entre otros puntos destacados, busca “eliminar las barreras comunicacionales y remover las barreras actitudinales facilitando el acceso a la comunicación e información por parte de las personas que, por su discapacidad, se comunican en Lengua de Señas Argentina en su interacción con el entorno”.
La diputada Dina Rezinovsky (Pro) explicó que hay otra iniciativa en el mismo sentido, por lo cual pidió un cambio de giro de ese proyecto para que, pueda ser tratado conjuntamente con el de autoría de la diputada Lucila Masin (FdT). La moción fue votada afirmativamente.
El otro punto del temario, que era una modificación a la Ley 22.431 para que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no se renueve en los casos de discapacidad irreversible, sino que sea permanente, no hubo consenso para un dictamen unificado y además se acordó que se trate en un plenario la semana próxima con la otra comisión a la que tienen giro los proyectos, que es la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
Autora de una de las iniciativas, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical-JxC) expresó que “el proyecto que traemos a discusión sobre el Certificado Único de Discapacidad propone un Estado más presente, que cuide y tenga una relación de empatía a la hora de solicitar el trámite”.
“Las demoras en el CUD son un tema invisibilizado”, resaltó y cuestionó: “Hay algo en que el Estado y el Consejo Federal de Discapacidad fallan y que no están haciendo bien desde hace tiempo”.
Por su parte, la legisladora Victoria Morales Gorleri (Pro-JxC) coincidió con Carrizo y sostuvo que “la persona con discapacidad debe hacer pleno ejercicio de sus derechos, y eso se logra quitando esta renovación constante del certificado. Si esto se logra, estamos dando un paso adelante como sociedad”.
De la vereda de enfrente, la diputada Victoria Tolosa Paz (FdT) se diferenció de sus colegas preopinantes y afirmó que “el tema discapacidad ha estado presente en la agenda del Estado, que es quien interviene y quita barreras”. A su vez, la oficialista argumentó que “llevar a la discapacidad dentro del sistema hegemónico de salud es un avance porque establece un dinamismo para el acceso pleno a la salud con soluciones definitivas para la discapacidad”.
Sin embargo, el diputado Eduardo Valdés (FdT), autor de un proyecto en igual sentido, fue autocrítico y aseguró: “Estamos en deuda como Gobierno. Más de un millón y medio de personas que deben renovar de los cinco millones con discapacidad que hay en la Argentina. Es urgente dictaminar la semana que viene. Debemos resolver urgente, y le digo a mi Gobierno que estamos demorados”.
En tanto, la diputada Virginia Cornejo (Pro-JxC) enfatizó que actualmente “se somete a la burocracia a personas estigmatizadas”, y reclamó que “si están todos de acuerdo que el proyecto no sea frenado por una redacción”.
En medio de una controversia de legisladores que pedían un dictamen favorable este mismo miércoles, la diputada Jimena López (FdT) reconoció que “surgieron cuestiones que se deben seguir retocando respecto a las articulaciones”. “Firmar por apuro no es dar soluciones”, aseveró.
Tras las exposiciones de los diferentes diputados, el presidente de la Comisión de Discapacidad señaló que “dentro de los acuerdos hay controversias”, al tiempo que reafirmó su intención de que se escuche antes al Consejo Federal de la Discapacidad y a la Agencia Nacional de Discapacidad.
Luego, la diputada Dina Rezinovsky (Pro-JxC) fue la que propuso que el proyecto pase a un plenario en conjunto con la Comisión de Salud para continuar el tema el jueves que viene. Di Giacomo llamó a la votación, que dio como resultado por unanimidad, y se cerró la discusión.
El tema será debatido en el seno de una reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Además, debatirán el reconocimiento del lenguaje de señas como idioma en todo el territorio nacional.
En medio de los reclamos por los recortes en el área de discapacidad que llevó a cabo el Ministerio de Economía, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, a cargo del rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), se reunirá para debatir la modificación de un artículo de la Ley 22.431 sobre la obtención el certificado único de discapacidad.
El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 22 a las 12 en la Sala 2 de la Cámara baja, para darle tratamiento en conjunto a los seis proyectos presentados que proponen modificar el artículo 3 de la Ley de Protección Integral de los Discapacitados eliminando la renovación del certificado único de discapacidad para casos permanentes e irreversibles.
Además, se analizará un proyecto del oficialismo que propone el reconocimiento del lenguaje de señas como idioma viso gestual en todo el territorio nacional.
Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja en la que diversas organizaciones plantearon el panorama complicado que vive el sector.
Con la presencia de diferentes organizaciones del ámbito de la discapacidad y la cuestión de los recortes y problemas con los pagos, se reunió este miércoles la Comisión de Discapacidad que preside el diputado nacional Luis Di Giacomo (Juntos Somos Rio Negro).
“Hay varias aristas a tratar: prestadores, Estado, instituciones y personas afectadas”, señaló a modo de anticipo el rionegrino Di Giacomo en el inicio de la reunión. Por su parte, la vicepresidenta primera Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica – Córdoba) pidió “acompañar soluciones, porque conocemos la crítica situación del sector. Sabemos que hay retrasos en los pagos de los prestadores, el cual es un sector que viene golpeado desde la pandemia. Por ello venimos a empalmar los retrasos en los pagos para tener datos bien definidos”.
A su vez,la vice segunda, Graciela Caselles (FdT – San Juan) estimó que “se empieza a ver el tema discapacidad, que en Argentina estuvo oculto, estamos ante un momento oportuno para ordenarnos, bajo la honestidad y valores humanos. Es un paso más para resolver los problemas de discapacidad”.
La lista de invitados que participaron de la reunión estuvo conformada por Ana Donis (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad ); Pedro Crespi, Alejandra Belyin y Rosa Scioti (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina); Verónica Vera (Red de Padres de TGD); Lucas Larocca y Julia Valmarrosa (Confederación Argentina de Sordos); Daniel Masuzzo y Marcela Kriskovich (Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos); Daniel Ramos (Concejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad); y virtualmente, Cecilia Palacio (Centro de Rehabilitación Dean Funes).
Abrió el juego Ana Donis (REDI), quien explicó: “Desde nuestra organización pensamos que lo fundamental era generar leyes que hagan cumplir la convención que tiene carácter constitucional”.
“Luchamos por una ‘Asignación Universal por Discapacidad’ que no sea menor a un salario mínimo, y pedimos que los cuidados pasen a formar parte de la agenda pública. Las personas con discapacidad son cuidadoras, pero no lo son a la hora del pago, hay que remediar que personas con Síndrome de Down pueda acceder a un pago por cuidar”, desarrolló la representante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Pedro Crespi (ASDRA) detalló que trabajan con redes de familias con Síndrome de Down y tienen alcance nacional. Además, planteó dos cuestiones: “Necesitamos un diagnóstico claro de cómo viven las personas con discapacidad; pedimos al INDEC que para 2023 haya datos precisos sobre la situación educativa, económica y laboral de las personas con discapacidad”.
Asimismo, Crespi consideró una segunda cuestión: “Queremos conocer detalles de esta nueva ley de discapacidad. Necesitamos saber qué pasará con los aportes, es importante discutir cuestiones estratégicas y leyes con argumentos, información y datos fehacientes”.
Desde la misma organización, Alejandra Belyin destacó “la importancia de que el Certificado Único de Discapacidad tiene que ser definitivo y no que tenga la obligación de ser renovado cada dos o tres años. Nuestros hijos deben pasar por especialistas constantemente. A las familias de bajos recursos se le complica”, explicó.
También Rosa Scioti habló del conflicto que persiste con “las prestaciones en salud sobre discapacidad”, y deslizó: “Estamos pagando a profesionales, cuando no nos corresponde. Pensemos que debe haber acuerdos, pedimos responsabilidad para que no se use la situación de discapacidad para tapar otros problemas”.
En representación de la Red de Padres TGD, estuvo Verónica Vera, quien inició su discurso solidarizándose con prestadores y familias para que se retomen las terapias, y agregó: “Esto marca una falta de equidadm porque tenemos una situación gris sin claridad y se está mezclando todo. Responsabilizo al Estado por no haber claridad”.
Por otro lado, Vera advirtió que “nuestra mayor lucha es contra los monopolios del autismo, quienes son los únicos beneficiados a la hora de participar en leyes. Abrimos un centro gratuito en Merlo, organizado por familias, si el Estado hubiese ayudado sería aun mejor”, sostuvo.
A través de una videollamada por zoom, Cecilia Palacio expuso desde Córdoba que “hay más de cien pacientes con diferentes diagnósticos que no cuentan con equipos interdisciplinarios que logren responder a la alta demanda de análisis y tratamiento con gratuidad”.
“Nos sumamos al reclamo del derecho de acceso a la salud”, afirmó Palacio, quien agregó: “En el ámbito privado, el transporte no cuenta con rampas, hay faltante de información a las familias y carecemos de transporte. La falta de pagos vulnera derecho al transporte, el derecho a la educación y el derecho a la salud”, desarrolló la cordobesa.
En representación de la Confederación Argentina de Sordos, Lucas Larocca comunicó a través de una vocera que “tenemos como objetivo el reconocimiento de personas sordas para que sean reconocidas como ciudadanos. Quedan dos países sin reconocer la ‘lengua de señas’, Argentina es uno; necesitamos que se reconozca nuestro lenguaje lingüístico para la vida cotidiana”.
Julia Valmarrosa (CAS) informó: “Soy parte del 5% de personas sordas. Queremos desarrollar lenguas visuales para niños sordos con educación bilingüe para personas sordas. Queremos el desarrollo para el reconocimiento de personas sordas en todo el país”.
Marcela Kriskovich (ACPDU) tomó la palabra y enfatizó: “Pedimos inclusión real, el ajuste está cuando los médicos de auditoría de obra social recortan, el ajuste está cuando los padres de un niño con discapacidad deben pedir amparo. Le decimos no al ajuste”.
Además Kriskovich explicó que “la situación real es que la obras sociales sindicales están brindando un servicio para nuestros hijos. Queremos un país más inclusivo. la inclusión no es solo la ‘e’ y la ‘x’, la inclusión es la lengua de señas y el braille. Queremos dejar de ser un colectivo invisible, la carpa blanca en Plaza de Mayo logró visibilizar y poner el tema en agenda”.
Así también Daniel Masuzzo (ACPDU) pidió que “la política baje y escuche del tema”, y añadió: “El Gobierno dice que no es ajuste ni recorte, pero hay una agencia nacional de discapacidad que no funciona, si no cambia el directorio no va a funcionar, ellos dicen que está todo bien, y estamos viviendo un ajuste brutal, el sistema de prestaciones a nivel nacional esta vacío”.
En último lugar, Daniel Ramos (CAIDIS) planteó: “Estamos preocupados respecto a la problemática de incumplimientos con la discapacidad y nos solidarizamos con las personas que no han podido cobrar desde hace meses. Hay que sentarse a modificar el sistema de prestaciones”.
En el cierre de la reunión informativa, el presidente del Comisión de Discapacidad manifestó: “Daremos continuidad al tema en las próximas reuniones”, y agradeció a los diputados y diputadas, secretarios, y representantes de organizaciones por “haber participado de la reunión”.
Las cuestiones habían quedado pendientes en la sesión de la Comisión de Discapacidad de la semana pasada. Los legisladores presentes pudieron presentar cuestionamientos y dudas que fueron respondidas por el titular del ANDis.
Por segunda semana consecutiva, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, asistió a la comisión homónima de la Cámara de Diputados. En esta ocasión, en la reunión que se realizó en la Sala 1 del Anexo, respondió preguntas de los legisladores, cuestión que quedó pendiente en su exposición del miércoles pasado.
La sesión comenzó pasadas las 9.30 cuando el presidente de la comisión, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), presentó al funcionario de la ANDIS, que asistió para aclarar todo tipo de dudas y cuestiones vinculadas a la temática.
La primera en consultar fue la diputada nacional Dina Rezinovsky (Pro-CABA), quien presentó dudas sobre el “Programa AccesAr”, los criterios de selección de municipios beneficiados, importación de insumos y cuestionó que “no se haya designado un funcionario al frente del Observatorio”.
Galarraga le respondió: “Hicimos una selección de municipios que venían trabajando con la Agencia, planteamos cambios de esquemas y desafíos del plan AccesAr. No se trata de un financiamiento exclusivo, sino que es un abordaje integrado entre la Agencia y los municipios, por eso se necesita el máximo involucramiento”.
En tal sentido, el funcionario explicó que “actualmente hay 43 municipios que recibieron importes para adquirir mobiliarios, computadoras y señalética”. Además mencionó “la idea de sumar 100 municipios más al plan y capacitar a más de 500 trabajadores municipales que forman parte del programa”.
Respecto a complicaciones en la importación de insumos, el titular de la ANDIS explicó que “no hay reportes con denuncias sobre que sea obstáculo. Se habló con AFIP y Aduana para facilitar la importación porque sabemos que el faltante es una barrera para las personas con discapacidad”.
La legisladora Rezinovsky cuestionó la falta de un funcionario al mando del Observatorio de la Discapacidad, por lo que Galarraga contestó: “La renuncia de la última directora fue en septiembre del 2021 y no designamos a nadie porque entendemos que el Observatorio no debe funcionar en la órbita de la Agencia y por eso no designamos, debe ser independiente y lo creemos así”, y concluyó: “El organismo que monitorea y controla no debe estar dentro del que debe controlar”.
Respondidas las primeras cuestiones, llegó el turno de la diputada nacional Ana Carla Carrizo (Evolución Radical – CABA), quien expresó: “El 88 por ciento de los municipios beneficiarios del ‘Plan AccesAr’ son del Frente de Todos, buscamos que sea transparente y sin asimetrías partidarias”. Por otro lado, propuso “ampliar licencias por discapacidad”.
Ante estos cuestionamientos, Galarraga respondió: “Las designaciones son trabajadas a partir de los datos del INDEC previos al último Censo Nacional, con el cual tenemos convenios de recopilación de datos”, además anunció que “hay convenios con el Ministerio de Trabajo para lanzar medidas que alcancen a todo el universo de la discapacidad respecto a la ampliación de licencias”.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) planteó que “debe haber criterios de calificación de municipios para que nada quede bajo sospecha respecto a las transferencias”, y manifestó que “los programas ‘Turismo Accesible’ y ‘Pre-Viaje’ no cumplen temas pautados respecto a discapacidad”.
El director de la Agencia Nacional de Discapacidad manifestó que “el Sistema es mucho más amplio de lo que se conoce”, y agregó: “Si se han detectado casos de atrasos en las transferencias nos ponemos a disposición, pero son casos aislados”.
Con relación al turismo, Galarraga explicó que “la Ley de Turismo no está reglamentada, entonces muchas de las cosas establecidas no están siendo cumplidas. Se está avanzando en una articulación fuerte para pensar a la persona con discapacidad como trabajador o trabajadora, y no solo como usuario”.
Por otro lado, el diputado nacional Héctor Baldassi (Pro – Córdoba) declaró: “En ningún momento escuché la palabra Deportes” y preguntó “si desde el ANDis y la Secretaría de Deportes están buscando algún programa en conjunto”.
En ese sentido, Galarraga expuso que “es un programa que fusionó distintos organismos con recursos que están a disposición del Plan AccesAr para que sea una decisión más estratégica de cada municipio”.
“En deportes hay un trabajo enorme por hacer, estamos trabajando en mejoras en la parte normativa en cuanto al acceso de las personas con discapacidad, firmamos convenios con clubes (Boca, Racing, Belgrano de Córdoba) de todas las categorías para desarrollar actividades y con la Secretaría de Deportes financiamos delegaciones deportivas en participaciones internacionales”, destacó el titular del ANDis.
La diputada nacional María Victoria Tejeda (Evolución Radical – Santa Fe) consultó por “el acceso a prestaciones de personas con discapacidad”, por lo que Galarrga le manifestó que “es un proceso no se cierra poque aún se está debatiendo”. Además advirtió que “si desde otros sectores quieren acercar sugerencias van a encontrar la voluntad de diálogo”.
La última legisladora en presentar cuestiones fue Victoria Morales Gorleri (Pro – CABA), la cual expuso sus consultas sobre “dispositivos de acompañamiento para la educación a lo largo de los años y la formación laboral de personas con discapacidad”.
“Hay desafíos como sociedad, la educación especial requiere constantes debates y por eso estuvimos asesorando al Ministerio de Educación respecto al plan Conectar Igualdad para la adquisición de computadoras con líneas Braille, pero que esos dispositivos cuestan 2.000 dolares cada uno”, explicó Galarraga.
Al finalizar la sesión, Galarraga ratificó que “en el proyecto de ley (de Discapacidad), que será enviado la próxima semana, estará incluido el programa Incluir Salud”, y concluyó: “Quedan por delante rondas de consultas e intervenciones de las organizaciones que giran alrededor de la discapacidad”.
Fue en el marco de la comisión homónima, a la que asistió para dar un informe de su gestión. No hubo intercambio de preguntas y respuestas.
El director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, asistió este miércoles a brindar un informe de gestión a la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro).
Tras su exposición, que duró un poco más de una hora y en la que prometió el envío del proyecto de la nueva Ley de Discapacidad en las próximas semanas, no se produjo intercambio de preguntas y respuestas con los legisladores. De esta manera, hay consultas que serán enviadas por escrito o se contestarán en una eventual nueva visita del funcionario.
En el arranque de su exposición, el titular de la ANDIS destacó que el tema de la discapacidad se haya puesto en agenda. En ese sentido, ejemplificó que en las preguntas relacionadas la temática a través de los informes del jefe de Gabinete “siempre recibíamos un número reducido de inquietudes, cuatro, cinco, seis”, dijo, y comparó que en el próximo informe, tras más de dos años de gestión, “recibimos más de 50 consultas”.
“Ha crecido en el interés, la preocupación, la ocupación, la tarea y el trabajo”, resaltó, y aseguró que el objetivo de la ANDIS es impulsar “una nueva ley, simplificarles los trámites y la vida a las personas con discapacidad, y acompañar a todo el sector involucrado en la temática”, la cual “había sido fuertemente invisibilizada durante mucho tiempo”.
Habló entonces del “doble reto” de “por un lado, administrar los programas y las acciones del Estado”, pero también “hablar de las barreras, del entorno y empujar la transformación social que es tan indispensable” de manera de “cambiar prejuicios por información, estigma por oportunidades” y “crear una conciencia colectiva”.
Galarraga recordó que la ANDIS “es un organismo reciente” que “fue creada por decreto en 2017”, pero al asumir en su cargo “todavía no reunía las condiciones como organismo público descentralizado para dar las respuestas que la sociedad demanda y el Estado requiere”. Así, subrayó que se dieron “pasos para el fortalecimiento de la Agencia”, que hoy día “se ha transformado en un referente de la sociedad”.
“Es fundamental que sepamos y reconozcamos que falta muchísimo para que podamos decir que la inclusión está asegurada, que el Estado gestiona con perspectiva de discapacidad, que la sociedad derriba barreras”, aclaró, pero ponderó “lo mucho que hemos hecho”.
Las cifras
Al brindar el informe, el funcionario detalló que en lo que va de su gestión se han entregado 216 mil pensiones no contributivas, mientras que a la fecha están vigentes más de 1.100.000. La pensión “es una respuesta del Estado que tiene que estar para las personas con discapacidad que están en situación de vulnerabilidad social”, afirmó, al tiempo que remarcó: “Hemos trabajado mucho para poder restituir pensiones, avanzar con trámites que llevaban mucho tiempo retrasados, y poder simplificar los trámites para llegar a esa pensión”.
No obstante, apuntó que la pensión “no puede ser la única respuesta” y “no resuelve todos los problemas”, pero “si no está, la situación es mucho más grave”. Además, poseer este beneficio, habilita a las personas con discapacidad al acceso al Programa Federal Incluir Salud, a través del cual se transfieren a todas las jurisdicciones “902 millones de pesos mensuales”. También, se destinan recursos por 3 mil millones de pesos a 1.200 instituciones. “En lo que va del año ya hemos invertido en el Programa Federal Incluir Salud 35 mil millones de pesos. Y entre 2020 y 2022 hemos invertido 122 mil millones de pesos”, precisó.
Más adelante, Galarraga dijo que el Fondo Nacional para la Inclusión “este año tiene un presupuesto estimado de 1.315.000 de pesos” y “ya se está arriba de los 900 millones de pesos recaudados”. Además, indicó que actualmente se financian 294 proyectos por 504 millones de pesos, algunos referidos al mejoramiento de la infraestructura escolar o la creación de centros de rehabilitación. Y en lo que va de su gestión, “hemos financiado más de 1.500 proyectos por un total de 2.300.000 de pesos”.
En cuanto a los certificados de discapacidad (CUD), señaló que en lo que va del año se otorgaron 157.692, de los cuales el 30% correspondían a renovación. El director de la ANDIS reconoció los reclamos por “el atraso en los turnos y la burocracia de papeles que se demandan”, pero valoró que “lentamente vamos recuperando la atención y la posibilidad de que las personas certifiquen a los niveles anteriores a la pandemia”. Actualmente hay 1.488.700 personas con CUD vigente.
Entre varios temas a los que se refirió en su extensa presentación, el funcionario hizo referencia a la demanda de la inclusión laboral. Para atender esta cuestión, “se creó dentro de cada organismo público una figura, que no es un nuevo cargo, un nuevo sueldo, un nuevo trabajador, sino una nueva función asignada a alguien del área de recursos humanos” que se encargue del seguimiento de la persona con discapacidad, porque “no es solo asignarle un puesto” sino que “la inclusión laboral lo dignifique, asignándole tareas, viendo qué barreras hay que eliminar, y que se piense en su evolución”.
Agregó que mientras se sigue “avanzando con más designaciones”, también se impulsan las capacitaciones; al tiempo que apuntó que existe un “histórico incumplimiento del cupo laboral del 4%”. De acuerdo a los últimos datos, “solo seis organismos (del Estado) cumplen el cupo laboral, y diez están por arriba del 3%”, expresó.
Respecto a las versiones sobre un DNU que introduciría cambios en el financiamiento de las prestaciones dirigidas a personas con discapacidad, el titular de la ANDIS aseguró que “una respuesta que hay que dar es mejorar el financiamiento de las prestaciones básicas”. Sin embargo, aclaró: “Lo que quiero dejar bien en claro es que desde la Agencia y desde nuestro Gobierno no va a salir ninguna medida que signifique complejizar los trámites y perjudicar a las personas con discapacidad”.
“Nunca se cambia a la obra social por el Estado y no se les va a pedir hacer trámites extra”, ratificó, y añadió que “las medidas que se están evaluando” tienen que ver con “el sistema que financia las prestaciones; en eso es en lo que estamos trabajando”.
Nueva Ley de Discapacidad
Al recordar que el presidente Alberto Fernández anunció en la Asamblea Legislativa del pasado 1ro. de marzo una nueva Ley de Discapacidad, Galarraga informó que desde ese momento se lanzó “un proceso histórico de apertura para el diálogo y la recepción de aportes”, porque este tema “no es un tema de una gestión, de un gobierno, es un tema que nos tiene que encontrar trabajando juntos a todos los actores políticos y de la sociedad”.
A través de un formulario web se recibieron “más de 12 mil aportes”, mientras que en diferentes regiones del país se desarrollaron siete audiencias públicas, en las que se escucharon a casi 1.500 oradores. De esta manera, la ANDIS se encuentra “rescatando todos los aportes, en una tarea realmente compleja pero muy rica”, sostuvo, y anticipó que “en pocas semanas más vamos a tener cerrado este proceso para enviar al Parlamento este proyecto de ley, que reemplazará a la 22.431”.
En el final de su exposición, el funcionario manifestó que “hay factores irreversibles y nosotros entendemos que esos factores tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de la certificación y de la renovación, pero hay otros factores que son más dinámicos, que tienen que ver con la inclusión laboral, el acceso a prestaciones, el acceso a determinados bienes, la vivienda, la salud”.
Sobre esto último, “el Estado debe y tiene que hacer un acompañamiento a lo largo de la vida de las personas con discapacidad, porque el acceso a esos factores pueden mejorar o empeorar”, enfatizó el funcionario, que prometió: “Vamos a simplificar el trámite, eliminar todos los obstáculos que existen a la hora de la renovación, vamos profundizar los operativos para llevar la certificación a todos los rincones de la Argentina. Y estamos trabajando en un proyecto de financiamiento internacional para conseguir recursos para el fortalecimiento de las Juntas”.
Intervención de los legisladores
En el tramo final, aunque no hubo preguntas, algunos legisladores hablaron. En su caso, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) señaló que “era una expectativa poder escucharlo, así que espero que el informe lo manden” y dijo que hubiera sido bueno “poder haber hecho un intercambio” porque “no es unilateral el vínculo”. “A mí me parece muy interesante la mirada del Ejecutivo, con quien hemos trabajado muy bien en pandemia”, agregó.
Y planteó que continuará impulsando su proyecto relacionado a la renovación del CUD, el cual “tiene que ser un derecho de las personas, no una imposición del Estado”. “Vamos a sostener ese proyecto con todas las ONG’s que lo vienen planteando”, cerró.
En tanto, el jujeño Gustavo Bouhid (UCR) pidió “tomarnos el tiempo necesario” en una próxima reunión porque se trata de “un tema demasiado sensible a la sociedad” y “hay mucho para debatir”. Sobre el organismo que conduce Galarraga, el exministro de salud provincial señaló que tiene que “tomar decisiones federales que después son inaplicables” porque “en la práctica tenemos un país muy injusto”.
En contra de la gestión de Cambiemos, la tucumana Rossana Chahla (FdT), quien fue también ministra de Salud, recordó que en los años anteriores “hemos tenido muchas dificultades con el Programa Federal Incluir Salud”. “Los que estuvimos de ministro de Salud hemos padecido que no se hacían los depósitos en tiempo y forma, no nos daban a las provincias los recuperos”, reveló y anunció que presentará un proyecto para darle jerarquía de ley a ese programa y “que no dependa de los gobiernos que vengan”.
En el final, el misionero Héctor Bárbaro (FdT) fustigó a la oposición al recordar que, en 2018, el hoy senador nacional Martín Lousteau dijo: “Hay 800 mil pensiones por invalidez demás, son más que los muertos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Polonia, Grecia y los Países Bajos en la Segunda Guerra Mundial”.
El oficialista aseguró que esa expresión “no coincide con lo que es la realidad de la Argentina” donde “no es lo mismo nacer en Buenos Aires, en Capital, con todos los lujos” que “nacer en un lugar pobre y ser hijo de un tarefero que a los 8, 9 años está trabajando en la chacra y a los 60 está prácticamente destruido. Esos son los que dice Lousteau que están pensionados de más”.
Finalmente, la vicepresidenta de la comisión, la cordobesa Leonor Martínez Villada (CC-ARI) dio por cerrada la reunión, no sin antes pedir: “No politicemos la comisión, porque no llegamos a ningún buen puerto. La discapacidad es un tema que trasciende esto”.
El director de la Agencia Nacional de Discapacidad participará de una reunión de la comisión homónima, que se llevará a cabo el próximo miércoles a las 9.30.
El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, asistirá el próximo miércoles a las 9.30 a exponer ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro). El encuentro se realizará en la Sala 3 del Anexo de la Cámara baja.
El funcionario expondrá ante los legisladores luego de que este viernes participara de un acto junto al presidente Alberto Fernández, durante el que se entregó la pensión no contributiva a personas con discapacidad número 200 mil.
En esa misma actividad, Galarraga hizo referencia al proyecto de una nueva Ley de Discapacidad, que fue anunciado por Fernández en la Asamblea Legislativa de marzo pasado. Un tema que seguramente se abordará en la reunión de la comisión.
“Estamos terminando el proceso para la redacción de una nueva Ley de Discapacidad. Lo hicimos yendo a buscar a todo el país, a las personas con discapacidad, a las organizaciones, a las universidades”, reveló el director de ANDIS.
Y agregó: “En pocos días más le vamos a entregar, como usted nos pidió, el proyecto para cambiar la vida de las personas con discapacidad y hacerlos parte de la historia que ellos merecen”.
La iniciativa propone la aplicación de un tipo de cambio “competitivo y sostenible”, con el objetivo de “promover la producción y el desarrollo sostenible en todas las cadenas agroindustriales del país”.
Los diputados nacionales por Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo -presidente del interbloque Provincias Unidas- y Agustín Domingo, presentaron un proyecto de ley de “Promoción y Fomento de Economías Regionales Argentinas”, con el cual pretenden garantizar el acceso a un tipo de cambio competitivo e introducir beneficios tributarios para las diferentes regiones productivas.
“Entendemos que el fomento y estímulo de las economías regionales debe darse como una política integral, que permita su crecimiento y desarrollo. Tanto en beneficio del sector exportador, como del mercado interno, que también brinda y genera empleo genuino e intensivo”, comentó Di Giacomo, coautor del proyecto.
Por su parte, Domingo destacó que “las economías regionales de Río Negro que exportan, como la fruticultura o la lana, puedan acceder al mismo valor del dólar que se dispuso para la soja”, y agregó que el proyecto “propone otros beneficios como la disminución en cargas patronales”.
Según el texto de la iniciativa, busca promover “un régimen de promoción para los sectores del área extrapampeana, que presentan condiciones de competitividad y crecimiento desigualitarias frente a las economías de la Pampa Húmeda”, y también “el avance tecnológico y el nivel de empleo”.
En su artículo 5 establece la aplicación de un tipo de cambio competitivo y sostenible. Por lo cual se fija la cotización más alta para liquidar las exportaciones, tal como se aplicó con el cambio “mejorado” para la industria sojera.
Además, prevé una reducción de las cargas patronales y del costo energético. Establece bonificaciones en las tasas por trámites de exportación para las empresas en su primer año de vinculación con el exterior y una exención total del pago por derecho de exportación.
Por último, brinda la posibilidad a las empresas de hacer frente al pago de impuestos y obligaciones de la seguridad social con saldos a favor previstos por la ley del Impuesto al Valor Agregado. Y dispone planes de pago con tasas bajas y un plazo no menor a 48 cuotas para saldar deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El proyecto coloca al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca como autoridad de aplicación. Organismo que deberá promover y difundir los beneficios de los productos generados por estas economías regionales, para fomentar así su consumo.
“Se inicia ahora un largo proceso de discusión con el fin de garantizar un apoyo sostenido por parte del Estado que podría proporcionar amplios beneficios para las frutas del Alto Valle, la lana de la meseta patagónica, entre otras industrias”, expresaron en el proyecto.
PDL-ECONOMIAS-REGIONALES-v2A instancias del titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo, y su par Agustín Domingo, la iniciativa propone cambiar los artículos 23 y 181 con el fin de “fijar penas más duras, celeridad en los procesos de restitución y una solución de fondo a este delito”.
El presidente del interbloque Provincias Unidas y diputado nacional, Luis Di Giacomo, junto a su par rionegrino Agustín Domingo presentaron un proyecto de ley para reformar los artículos 23 y 181 del Código Penal, con el fin de “fijar penas más duras, celeridad en los procesos de restitución y una solución de fondo a este delito” y tratar de brindar “una solución de fondo y un acompañamiento efectivo a los propietarios de inmuebles afectados por las tomas y usurpaciones”.
“Entendemos la dificultad del acceso a los inmuebles, pero de ninguna manera podemos avalar un delito, sobre todo en casos donde grupos violentos se benefician de manera sistemática y dejan a los propietarios sometidos a desgastantes litigios”, explicó Di Giacomo.
En ese sentido, remarcó: “Proponemos la modificación del art. 23 para permitir al Juez la capacidad de disponer el inmediato reintegro de los bienes afectados en los casos donde se presenten posibles demoras”.
Y sumó: “En el art. 181 fijamos dos agravantes, como lo es el número de personas partícipes en la usurpación y la alegación injustificada de un ‘derecho tradicional’ para fundamentar su cometido. La pena mínima se establece en 4 años de prisión”.
“Claro que existe una necesidad de dar una solución al acceso a tierras, siendo el Estado el que debe garantizarlo. Pero no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente”, fundamentó el presidente del Interbloque Provincias Unidas.
A su vez, Domingo explicó que de convertirse en ley “quien sufre el despojo del fruto de su esfuerzo sabrá que puede contar con la justicia, como ahora no sucede”, y explicó que los cambios propuestos apuntan a “garantizar el derecho de propiedad”.
3401-D-2022Durante la reunión se resolvió citar a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad, para conocer el estado actual de la nueva ley de discapacidad.
La Comisión de Discapacidad de la Cámara baja que encabeza el rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) realizó este miércoles una reunión destinada a diseñar una agenda de trabajo y analizar los distintos proyectos que cuenten con estado parlamentario.
En ese sentido, el pleno de la comisión acordó el tratamiento de distintos proyectos relacionados con la nueva Ley de Discapacidad, así como también, el certificado único y la inclusión educativa.
Por su parte, la vicepresidenta segunda de la comisión, la sanjuanina Graciela Caselles (FdT) propuso que “se realice un seguimiento continuo de las personas con discapacidad”, en relación a las propuestas sobre la renovación automática del certificado único de discapacidad.
En tanto, la diputada María Masin (FdT) consideró “importante dotar al Estado para que pueda garantizar los derechos de las personas con discapacidad”. Y añadió: “Tenemos que analizar la situación de cada provincia para que sea una Ley en función de las demandas de cada individuo”.
La diputada de la UCR Soledad Carrizo pidió citar al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, y en otro sentido, solicitó a sus pares “avanzar en el tratamiento de las Licencias para padres con niñas y niños con discapacidad”.
En la misma línea, su par de la UCR Ricardo Buryaile instó a que “la nueva Ley de Discapacidad tenga un concepto global de inclusión”.
El titular del interbloque Provincias Unidas se expresó en redes sociales y renovó el pedido de “respeto hacia las normas de tránsito”. Además, envió un reconocimiento a familiares de víctimas de siniestros.
En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial el diputado nacional y titular del interbloque Provincias Unidas, el rionegrino Luis Di Giacomo, se expresó en redes sociales y renovó el pedido de “más conciencia” y “respeto hacia las normas de tránsito”. Además, envió un reconocimiento a familiares de víctimas de siniestros.
“Más conciencia”, comenzó su posteo en su cuenta de Twitter y expresó: “En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial quiero enviar mi reconocimiento a los familiares de las víctimas de siniestros de tránsito”, e informó: “Hechos que se cobran la vida de al menos 11 personas cada día”.
En ese sentido, renovó el pedido de “respeto hacia las normas”, e insistió en “el carácter evitable de estos incidentes de contarse con una regulación adecuada sobre el consumo de sustancias, aspecto que abordamos en el proyecto de Dependencia con y de Drogas que presentamos”.
En el marco de los 11 años de la Ley de Salud Mental, la iniciativa del diputado rionegrino Luis Di Giacomo busca “mejorar la atención y disminuir el sufrimiento de tantas familias y personas drogadependientes”.
En el marco de los 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental, el diputado nacional y titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo, presentó este viernes un proyecto de ley para la “prevención y atención de la dependencia con y de drogas”.
“Finalmente y luego de muchos meses de trabajo con un equipo multidisciplinario y el aporte de profesionales y académicos de larga trayectoria en el tema, presentamos la ‘Ley para la Prevención y Atención de la Dependencia Con y De Drogas”, celebró el diputado del bloque Juntos Somos Rio Negro.
Y sumó: “Esto es sólo el comienzo de un debate que pretendemos que pueda permitir aportes, críticas, correcciones y agregados que la mejoran y conviertan en una ley que represente ese reclamo sobre ‘La ley que falta’ para mejorar la atención y disminuir el sufrimiento de tantas familias y personas”.
Así lo enfatizó el diputado Luis Di Giacomo para expresar su rechazo a la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial.
El diputado nacional Luis Di Giacomo expresó su rechazo a la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial, al alertar que con esta norma “estamos abriendo la puerta a la legalización de la marihuana y a un negocio extraordinario”.
“Queda claro que ante este proyecto de ley hay diputados que están intentando, o pensando, que es muy probable con esto desarrollar tanto el cáñamo industrial como el cannabis medicinal. Eso es una parte del proyecto, la otra parte es claramente la legalización de la marihuana”, apuntó.
El jefe del interbloque Provincias Unidas consideró “inaceptable” que “se haya metido en la misma bolsa el cáñamo industrial y el cannabis medicinal, porque si bien los dos responden a una misma especie, el cáñamo industrial proviene de una cepa que tiene características particulares”. “Lo que hay que controlar es que no se meta gato por liebre, que sea cáñamo y no marihuana lo que se está sembrando”, continuó.
Para el legislador de Juntos Somos Río Negro, al autorizar que sea el Poder Ejecutivo el que determine las cantidades que se sembrarán, “estamos delegando una cuestión que a nivel internacional de ninguna manera se delega”.
“Nos quieren vender sensiblemente, con buenas palabras y con un lenguaje atractivo hasta que es un planta sagrada”, criticó y advirtió que “detrás de esta marea legalizadora hay poderosísimos intereses internacionales, porque con esto se calcula que para el 2025 este negocio va a mover más de 60 mil millones de dólares”.
Tras quejarse del “debate exprés”, Di Giacomo consideró que “falta un debate serio para poder decir hasta qué punto estamos hablando de lo que se quiere decir en la ley, y hasta qué punto lo que en realidad estamos haciendo es abriendo la puerta a la legalización de la marihuana y a un negocio extraordinario que va mucho más allá del cáñamo industrial y el cannabis medicinal”.
Para el diputado, al “abrir el juego a miles de cultivadores”, más “lo que ya se está produciendo en los laboratorios estatales”, tendremos “un poderoso excedente” que “lo que va a pasar es que va a ir al consumo, que la industria cannábica multinacional llama recreativo o adulto, y nosotros lo llamamos por su nombre: el consumo narcótico”, alertó.
Además, anticipó que “cuando acá se se animen a discutir la legalización, nosotros vamos a traer también a la tribuna a todos esos jóvenes humildes que viven en las villas, que son hoy atendidos por las iglesias, por la gente que trabaja en los barrios, por la militancia por la vida. Y estos jóvenes son presos de lo que hoy significa el negocio del narcotráfico”.
“Hoy la marihuana no es más la plantita sagrada que tenía 5% a 7% de THC, hoy es un transgénico; le digo a esos progres porteños que hoy la plantita sagrada tiene 20% a 30% de THC, y eso significa psicosis, significa esquizofrenia, significa muerte”, lanzó el legislador, de profesión médico psiquiatra. Y sumó que “en Uruguay o algunos estados de Estados Unidos se quintuplicó la cantidad de consumidores de marihuana” a partir de su legalización.
Finalmente, Di Giacomo dijo: “Yo no hablo desde la moral ni desde la religión, ni desde ideas de derechas o izquierdas; yo hablo desde la problemática de la salud en la Argentina que nos está diciendo que cada vez tenemos más adictos para los cuales no tenemos un sistema de atención”.
El rionegrino planteó en las redes sociales los fundamentos de su postura contraria al proyecto.
El diputado de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo adelantó en su momento su rechazo al proyecto del “Marco regulatorio para el desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial”, que se debatirá este jueves en el recinto. Así las cosas, en vísperas de ese debate quiso dejar en claro “los fundamentos de nuestra postura en contra”.
“¿Por qué decimos NO a la marihuana?”, planteó desde su cuenta de Twitter, y enumeró:
1- La falta de pertinencia. “Disentimos en que dos cuestiones de categorías diferentes, como lo es el cultivo para uso industrial y el ‘medicinal’, sean tratados en una misma normativa”, señaló.
2- El fomento narcótico. “La aparente legalización trae aparejada la esperanza de su industria por alcanzar el camino al consumo narcótico. Además propone plantaciones industriales e hibridaciones con efectos cada vez más adictivos”, sostuvo.
3- El oscuro juego de la semántica. “Atrás se deja el término ‘marihuana’ y se lo reemplaza por ‘cannabis’, por carecer de un valor connotativo negativo. Y de su mano aparece el relajo por las consecuencias de su consumo, fomentado desde campañas de comunicación”, disparó.
4- El drástico efecto nocivo para la salud. “El consumo de marihuana en América Latina se triplicó en la última década, y consigo el número de sus efectos en las habilidades cognitivas. Se comprobó un marcado impacto en la memoria, el juicio y el desempeño escolar”, agregó.
5- La peligrosa ausencia del Estado. “Plantea una débil capacidad estatal para controlar y garantizar la producción. Solo se habla de la ‘reconversión de las tabacaleras’, al mismo tiempo que menciona cuantiosas ganancias y focaliza en la generación de puestos de trabajo”, planteó Di Giacomo.
6- No disminuye el narcotráfico. “La legalización aumenta el consumo pero no anula el tráfico ilegal, al contrario, aumenta la clientela por la ausencia de cargas impositivas”, concluyó.
La iniciativa fue presentada por el bloque Juntos Somos Río Negro en la cual fundamentaron que la Ley 27.432 fijó gravámenes dirigidos a financiar institutos culturales, pero con un plazo hasta el próximo 31 de diciembre.
Los diputados nacionales del bloque Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo y Agustín Domingo, presentaron un proyecto de ley para extender de forma ilimitada los “Fondos con Asignación Específica para Industrias e Institutos Culturales”.
“La Ley 27.432 de 2017 fijó gravámenes directamente dirigidos a financiar los institutos de cine, teatro, música y bibliotecas populares, pero también estableció un plazo de vigencia de los mismos hasta el 31 de diciembre próximo, poniendo en peligro al sector”, explicaron.
En ese sentido, remarcaron su respaldo a la “la continuidad de estos impuestos destinados a financiar áreas importantes para la identidad y el desarrollo del país”.
En el proyecto fundamentaron que el propósito es “asegurar el fomento a las industrias e instituciones culturales que se encuentra establecido en las Leyes de Fomento de la Actividad Cinematográfica, de Servicios de Comunicación Audiovisual, de Bibliotecas Populares y del Instituto Nacional del Teatro”.
“Consideramos que dichas industrias e instituciones cumple un rol fundamental en la construcción de la cultura nacional, fortaleciendo la marca del país que se proyecta al mundo”, agregaron.
proyecto-jsrnEl interbloque participó de la reunión con la Mesa de Enlace que se llevó a cabo este miércoles en el Congreso.
La Mesa de Enlace encabezó este miércoles una serie de reuniones con la oposición en la Cámara de Diputados tras el aumento de retenciones anunciado por el Gobierno nacional para el aceite de soja y la harina. El interbloque Provincias Unidas participó de la jornada y expresaron que “el campo no puede se visto como un enemigo” y enfatizaron la importancia que tiene para el país.
“Verdaderamente fue una conversación muy fructífera”, destacó el presidente del interbloque Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) y remarcó: “Nosotros desde el bloque Provincias Unidas pertenecemos justamente a provincias muy ligadas a la producción, a la exportación, a la generación de riquezas y por supuesto estamos convencidos que de ninguna manera el campo puede ser considerado un enemigo o tenemos que caer en esas antinomias campo-ciudad, de productores a industrial”.
En ese sentido, agregó: “Sabemos que todo el complejo tiene contradicciones dentro de si mismo, pero creemos que tenemos que defender a aquellos que de alguna manera terminan aportando la cuota más importante que hace a la posibilidad del desarrollo en la Argentina. Tenemos la responsabilidad de escucharlos y equilibrar los intereses que hay entre esos sectores y no estemos nada más pensando en cuánto podemos sacar a esos sectores para contribuir a este país macrocéfalo en el AMBA y las necesidades que son sociales y electoralistas y se generan éstas antinomias”.
Respecto a la reunión, contó: “Hablamos sobre leyes agroindustriales, sobre retenciones, sobre proyectos que el Congreso tiene que tratar en relación al presente y al futuro. Les comunicamos que se está resolviendo la temática de las comisiones y que próximamente van a ser tratados. El diálogo debe continuar porque el sistema democrático está garantizado a través de un parlamentarismo activo”.
Por su parte, el vicepresidente del interbloque de Provincias Unidas, el misionero Diego Sartori, precisó: “Escuchamos a todos y cada uno de ellos, sus posiciones inclusive sus inquietudes y varios proyectos de ley que hay en este congreso y que deberían ir tomando forma”.
“En ese conjunto de leyes pendiente también se habló de la necesidad que tenemos de trabajar juntos porque la Argentina nos necesita justamente a todos. Nosotros como legisladores tenemos el compromiso de escuchar a todas las partes, este es un sector muy importante para nuestro país, que justamente tiene que ver con el campo, con la producción donde nosotros como legisladores tenemos que ir buscando las soluciones con leyes en favor a de un país federal”, concluyó.
El diputado de Juntos Somos Río Negro lamentó que se sigan “promocionando políticas de reducción de daño y discursos que disminuyen la percepción del riesgo” sobre el consumo.
El diputado nacional Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) advirtió que “todas las drogas envenenan” sean “legales e ilegales”, en referencia al caso de la cocaína adulterada en la provincia de Buenos Aires, que ya provocó 20 muertes y más de 70 internaciones de personas intoxicadas.
“¿Cocaína envenenada? ¿Consumos problemáticos? Son los sofismas del discurso legalizador funcional a que las drogas sigan inundando nuestra sociedad. ¿Hay entonces una cocaína buena? ¿Un consumo de drogas no problemático? Todas las drogas envenenan, legales e ilegales”, escribió en su cuenta de Twitter el titular del interbloque Provincias Unidas.
Además, Di Giacomo, quien presidió en el último año la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, resaltó que “todos los días mueren muchos, de a uno y no son noticia”.
“Hoy los medios y ciertos responsables políticos de todos los sectores se conmocionan como lo hicieron con Time Warp, pero las fiestas electrónicas siguieron, como seguirá el narcomenudeo, sostén logístico del narcotráfico”, lamentó el legislador, de profesión psiquiatra.
En su mensaje, el legislador rionegrino estimó que así seguirá también “mientras sigamos promocionando políticas de reducción de daño y discursos que disminuyen la percepción del riesgo que significa consumir cualquier tipo de droga legal o ilegal, sin comprender que son mercancías que dan fabulosas ganancias a costa de la salud de nuestra gente”.
“No hay ninguna duda que Alberto tiene un liderazgo que trasciende lo partidario”, afirmó el diputado rionegrino.
Para las candidaturas presidenciales 2023 ya han trascendido varios nombres, y ahora se suma uno más que lo anunció el diputado nacional Luis Di Giacomo (JSRN – Río Negro): “Alberto Weretilneck va a ser candidato en 2023, para poder consolidar definitivamente a Juntos Somos Rio Negro como un partido provincial”, lo cual marca una clara posición respecto del liderazgo del exgobernador dentro del bloque y dentro del esquema provincial.
En una entrevista realizada por TodoRoca.com, el legislador rionegrino afirmó que “ya no somos un pequeño grupo de dirigentes, somos un nucleamiento que tiene intendentes importantes, gente que ha ocupado cargos importantes durante años y que tiene mucha juventud, y eso es una gran responsabilidad y es importante en esta argentina el tema de los liderazgos, y no hay ninguna duda que Alberto tiene un liderazgo que trasciende lo partidario.”
En ese sentido, agregó que “el senadores el autor de esta historia que lleva a lo que significa la inauguración de un partido propio de Rio Negro, es joven y tiene mucha experiencia”.
Por su parte, Di Giacomo analizó la situación de General Roca, reivindicando la gestión de Carlos Soria y marcando cuestiones en las gestiones locales de sus hijos Martín y María Emilia y, respecto de una posible candidatura a intendente de Roca, expresó que “esa idea no está dentro de su esquema personal. Les abre el juego a los jóvenes, considera que se requiere dinamismo para el rol, por la demanda que conlleva el cargo, pero que todas las fichas puestas en el 2023, ya que Juntos Somos Río Negro se encuentra ante una gran oportunidad”.
“Empezamos con un concejal, y estábamos a 20 puntos, hoy tenemos 3 concejales y estuvimos a 1600”, señaló el exministro de gobierno de Weretilneck y agregó: “Tenemos que buscar en Roca a los vecinos que estén interesados en que la ciudad progrese y convocarlos. El liderazgo regional se consigue con el consenso entre varios sectores”.
El legislador de Juntos Somos Río Negro y el interbloque Provincias Unidas anticipó su apoyo al proyecto de Presupuesto por considerar que se trata de una “herramienta formal” que deben proporcionarle al Gobierno nacional.
El diputado rionegrino Luis Di Giacomo confirmó el apoyo al proyecto de presupuesto, señalando que tienen responsabilidad de darle el Presupuesto al Gobierno, como así también hizo votos porque pudiera conseguir “un consenso amplio con todos los sectores de la oposición”.
Arrancó reconociendo la legitimidad de todos los discursos, algunos que tienen que ver con posturas ideológicas “de quienes no tiene responsabilidad de gobernar y legítimamente lo plantean desde ese espacio. Otros vuelven a darnos clase habiendo sido quizá responsables de esa situación de 2001 y haber tenido incluso papeles preponderantes en las decisiones económicas que se tomaban, y que como siempre estos gurúes del liberalismo vuelven a darnos clases sin hablar de la crisis de la cual fueron protagonistas”.
“Venimos de una provincia en la que en la última elección tuvimos excelentes resultados, porque sí sabemos qué le tenemos que decir a los rionegrinos -señaló más adelante-. Les decimos que los hacedores de la grieta en este país lamentablemente nos tienen en esta situación de permanente inflación, devaluación, desocupación y crisis periódicas. Entonces, tenemos que tener la ética de la responsabilidad de quienes nos toca gobernar y traer nuestro posicionamiento a la hora de tratar algo tan serio como es el Presupuesto”.
Di Giácomo habló de una “doble crisis”, en relación a la situación heredada en 2019, que los llevó a aprobar con el resto de la Cámara la situación de emergencia. Y luego admitió que “esto no nació en 2015 de la nada; hacia 2019 se venían acumulando desequilibrios en el período 2011-2011, agudizados en ese período”.
Reconoció que en 2019 había cepo y no había acceso al crédito, pero “el valor del dólar era todavía competitivo, con tarifas que a costa del sacrificio de la sociedad estaban casi cubriendo los costos. Hoy estamos de nuevo retrasados, y seguramente deberán ser acomodadas próximamente”.
“Teníamos también una cuenta corriente cercana al equilibrio en ese momento; teníamos un déficit de 3 mil millones y tenemos que acordarnos que el año anterior había sido de 27 mil millones y en 2015 había un negativo de 17 mil millones”, señaló.
El diputado rionegrino advirtió que a todas esas situaciones se agregó la pandemia. “Y a partir de eso nos encontramos que la teníamos que enfrentar sin ahorros, sin crédito. Frente a esa realidad, era inevitable que buena parte de los paliativos se tuvieran que hacer con emisión”, apuntó.
Sobre el final de su discurso confirmó que “tenemos que dar un apoyo de tipo institucional, porque somos Gobierno y en general los gobiernos provinciales, el de la Ciudad de Buenos Aires, el nacional, pretenden tener un presupuesto. Y nosotros desde esa óptica creo que tenemos la responsabilidad de dárselo, darle al Gobierno la herramienta formal, independientemente del signo político”.
Asimismo observó que “sería importante para fortalecer a nuestros negociadores que hubiese un consenso amplio con todos los sectores de la oposición, pero debemos pedir que el propio gobierno y los propios sectores de la coalición gobernante deberían dar algún tipo de señales que no fueran ambigüedades. Esta especie de duelo de Pimpinela que al pueblo no le hace nada bien”.
Di Giácomo concluyó reconociendo que en el marco de las negociaciones habían logrado incorporar al presupuesto una importante cantidad de obras para su provincia, y rechazó de plano el término “plan canje” que otro legislador había usado en tono despectivo.
En el marco de la sesión preparatoria de este martes, un legislador patagónico pidió que se les permita a hablar a todos en cada sesión el tiempo necesario.
Entre las particularidades de la sesión preparatoria de este martes, a la hora de opinar sobre la propuesta para que Sergio Massa siga conduciendo la Cámara baja, hubo apoyo generalizado -menos de la izquierda, como de costumbre a la hora de votar las autoridades-, pero los presidentes de bloques que hablaron aprovecharon para sugerir algunas cuestiones puntuales.
Graciela Camaño pidió respetar el reglamento, además de reclamar por la ausencia de mujeres en la conducción del Cuerpo, otros pidieron que las sesiones no sean especiales, y el rionegrino Luis Di Giacomo solicitó modificar el reglamento de modo tal que “nos permitamos tener espacio de discursos lo suficientemente amplios, para que todos los diputados puedan tener el tiempo que necesiten para expresar las ideas con claridad y contundencia”.
Aclaró que no pretendía con ello sesiones maratónicas, sino poder sesionar en horarios acotados, “a lo largo de dos o tres días seguidos”. Esto es, insistió, “no hagamos esas sesiones que a las 3 de la mañana el que habla se escuche solo a sí mismo”.
Los rionegrinos confirmaron su acuerdo con los legisladores misioneros, sumando a otro partido provincial.
Tal cual se anticipaba desde que tras las elecciones se reunieron los exgobernadores Carlos Rovira (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro), los legisladores de los partidos provinciales que gobiernan ambas provincias formalizaron este lunes un acuerdo para conformar un interbloque que tendrá cinco integrantes.
En efecto, formarán parte del mismo los dos diputados misioneros, los dos de Río Negro, pero también lograron sumar al diputado electo del MPN por la provincia de Neuquén.
El nombre del mismo será Provincias Unidas, y así se distribuyeron los cargos entre sus integrantes: Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) será el presidente del interbloque y Diego Horacio Sartori (Frente de la Concordia Misionero) el vicepresidente. Completan el interbloque Rolando Figueroa (diputado electo por el Movimiento Popular Neuquino), Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) y Carlos Fernández (Frente de la Concordia Misionero).
De cara a la nueva conformación de la Cámara baja, la bancada pasará a estar comandada por el diputado del oficialismo rionegrino. Sale José Luis Ramón, quien concluye su mandato el próximo 10 de diciembre.
Todavía no se definió la nueva composición del Congreso pero los movimientos ya comenzaron. En la Cámara de Diputados, se conoció este viernes que el rionegrino Luis Di Giacomo será el nuevo presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, compuesto actualmente por seis miembros.
El diputado de Juntos Somos Río Negro, fuerza gobernante en esa provincia, reemplazará así al mendocino José Luis Ramón, a quien se le vence el mandato el próximo 10 de diciembre y espera a acceder a una banca como legislador provincial, tras un acuerdo electoral que su partido (Protectora Fuerza Política) selló con el Frente de Todos en Mendoza.
Actualmente, esta bancada -apodada gracias al apellido de su extitular como “los ramones”-, está compuesta los citados Di Giacomo y Ramón, más el bonaerense Pablo Ansaloni y los tres misioneros Flavia Morales, Ricardo Wellbach y Diego Sartori, quienes responden al oficialismo provincial del Frente de la Concordia Misionero.
De esos seis miembros, a cuatro se les vence el mandato y solo dos son los que continuarán hasta 2023 en la Cámara baja: Di Giacomo y Sartori.
Según se expresó en una nota firmada por todos los integrantes del espacio, atentos a la experiencia de trabajo que como interbloque han transitado y con la intención de continuar funcionando constituidos como tal para el próximo período de sesiones, se decidió el recambio.
“La perspectiva es la de poder sumar, a partir de la nueva composición de la Cámara, a la mayor cantidad de diputados posibles”, aseguraron desde el interbloque, que a lo largo de estos dos años funcionó como aliado del Frente de Todos.
En tanto, Di Giacomo sostuvo que “la unidad de representantes federales que se encuentren por fuera de la grieta es absolutamente necesaria”. “La recuperación de la Argentina va a empezar a verse cuando el crecimiento se dé desde el interior hacia el AMBA, y no como hasta ahora”, agregó.
El diputado rionegrino se expresó en su cuenta de Twitter sobre los incendios provocados en la provincia y acusó a Odarda y Pilquimán por “ser cómplices de los Jones Huala, por promover la usurpación a productores”.
Tras los episodios de violencia que tuvieron lugar en la zona cordillerana, el diputado nacional Luis Di Giacomo (JSRN – Rio Negro) utilizó su cuenta de Twitter para referirse al tema y apuntó fuertemente contra el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandié; a la presidenta y al vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda y Luis Pilquimán a quienes acusó de “no resolver el tema Mascardi” y de ser “ser cómplices de los Jones Huala, por promover la usurpación a productores”.
El ex ministro de Gobierno de la provincia, lanzó duras críticas luego de los hechos ocurridos este domingo y explicó que “es muy difícil para el Gobierno provincial trabajar en el tema Mascardi porque eso es Parques Nacionales, es una incumbencia nacional desde el punto de vista de la Justicia”.
“Magdalena Odarda, Luis Pilquiman y Juan Cabandié deberán responder ante los rionegrinos por no resolver tema Mascardi, por ser cómplices de los Jones Huala, por promover la usurpación a productores”, denunció el legislador de Rio Negro en un tuit luego de los incendios provocados en el predio de Vialidad Rionegrina de Bariloche y la oficina de Informes Turísticos de El Bolsón.
A su vez, manifestó que “en la provincia de Rio Negro hay más de cien comunidades originarias rurales y urbanas y migrantes llegados de todas las latitudes. La convivencia entre todos los que la habitamos se da en un clima de paz y trabajo”, y agregó: “Repudiamos a los violentos y a quienes fomentan violencia por acción u omisión desde sus cómodos despachos del Gobierno central”.
Lo hizo en respuesta a una solicitud hecha temprano por un diputado aliado de la provincia de Río Negro. Juntos por el Cambio celebró la decisión.
Paralelamente a que trascendiera la intención del oficialismo de sesionar en Diputados el próximo martes 5 de octubre, se conoció este viernes la resolución del presidente de la Cámara, Sergio Massa, que pone fin a la discusión con la oposición en torno a la presencialidad en las sesiones. Es que la misma enmienda la resolución conocida la semana pasada y dispone el regreso de la presencialidad absoluta; esto es, sin contemplar excepciones como originalmente se establecía y cuestionaban desde Juntos por el Cambio.
La resolución de Massa se conoció como respuesta no a los planteos de Juntos por el Cambio, sino al pedido que este mismo viernes había elevado el diputado nacional de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo, quien a través de una carta solicitó convocar a una reunión de Labor Parlamentaria y poner en marcha el trabajo dentro de las comisiones y el recinto.
Si bien el rionegrino -un aliado habitual del oficialismo- se mostraba de acuerdo con la resolución firmada el pasado 23 de septiembre por Sergio Massa, solicitaba “su reconsideración y revisión de algunos de sus puntos”.
Si bien Di Giacomo estaba de acuerdo “con que se consideren excepciones como las señaladas en el artículo 4°, que permitan como hasta ahora el funcionamiento pleno de la Cámara con metodología adaptada (presencial/remota/mixta)”, advertía que “esto implica una modificación reglamentaria que merece, a mi entender, que sea resuelto en consenso de Labor Parlamentaria, entre los bloques que componen la Cámara”.
En respuesta a esos planteos, la nueva resolución firmada por el presidente de la Cámara de Diputados establecía nuevas medidas generales de prevención expresadas a través de tres artículos. En el primero se ratifica que los legisladores “podrán estar presentes en todas las sesiones que sean convocadas respetando las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias y siempre que posean resultado negativo de Covid-19, lo cual se podrá constatar a través de las maneras establecidas en el artículo 2° de la RP N° 672/2021”.
El artículo 2° establece que “las excepciones comprendidas en los artículos 4° y 5° de la RP N° 672/2021 serán consideradas exclusivamente al solo efecto de la acreditación de las licencias y las ausencias en sesiones del H. Cuerpo y en las reuniones de comisiones”.
Por último se modifica el artículo 6° de la citada resolución de acuerdo con el siguiente texto: “Dado que a la fecha se establece la presencialidad para la realización de las sesiones y las reuniones de las comisiones, las solicitudes de licencias y las ausencias se regirán por lo normado en los artículos 16 a 28 del reglamento interno”. Fuentes de la oposición consultadas por parlamentario.com expresaron su beneplácito con la nueva resolución emitida por las autoridades de la Cámara baja y celebraron de tal manera la “vuelta a la presencialidad plena” tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado.
2021734El rionegrino Luis Di Giacomo le envió una carta al presidente del Cuerpo, Sergio Massa, donde coincide con algunos puntos de la resolución sobre “Recinto Protegido”, pero reclama consenso con todos los bloques.
El diputado nacional Luis Di Giacomo, del monobloque Juntos Somos Río Negro, le envió una carta al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para solicitarle que se convoque a una reunión de Labor Parlamentaria y se ponga en marcha el trabajo dentro de las comisiones y el recinto.
En su nota, el legislador expresa su acuerdo con la resolución que firmara el pasado 23 de septiembre Massa sobre “Protocolo para el Funcionamiento Parlamentario con Recinto Protegido”, aunque también le solicita “su reconsideración y revisión de algunos de sus puntos”.
“Coincido en su totalidad con los vistos y considerandos de la mencionada resolución, y lo indicado en los artículos 1° y 2°, teniendo en cuenta que como allí se asevera ha mejorado sensiblemente la situación sanitaria por Covid-19, pero estamos aún bajo los efectos y posibles consecuencias de la pandemia, no pudiéndose descartar futuros recrudecimientos de la misma como de hecho viene sucediendo a nivel mundial”, sostuvo el diputado, de profesión médico psiquiatra.
En ese sentido, el integrante del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo -aliado del oficialismo- advirtió que “esto obliga a seguir teniendo consideraciones especiales para la presencialidad con régimen de Recinto Protegido que se garantiza con los requerimientos detallados” en dicha resolución.
Por otra parte, agregó que también está de acuerdo “con que se consideren excepciones como las señaladas en el artículo 4°, que permitan como hasta ahora el funcionamiento pleno de la Cámara con metodología adaptada (presencial/remota/mixta)”. Sin embargo advirtió que “esto implica una modificación reglamentaria que merece, a mi entender, que sea resuelto en consenso de Labor Parlamentaria, entre los bloques que componen la Cámara”. “Solicitándole en consecuencia considere esta petición”, completó.
En tanto, a través de su cuenta de Twitter, Di Giacomo reveló que le envió una nota a Massa “solicitando que se convoque a la correspondiente reunión de Labor Parlamentaria, necesaria para que podamos consensuar las consideraciones planteadas en la Resolución 0672/21 para el funcionamiento del recinto”.
Y enfatizó que “la Cámara baja debe funcionar y se deben evitar los posibles oportunismos políticos de cualquier bloque. Hay temas en agenda que esperan ser tratados, como la Ley de Etiquetado Frontal y la Ley Ovina y, por supuesto, es necesario que se trate en comisiones el Presupuesto 2022”.
El tiro recibido por el ex cantante de Tan Biónica por parte de un policía en un confuso episodio abrió el debate sobre la necesidad de una ley específica sobre el tratamiento y abordaje de las adicciones.
¿Se viene la ley Chano? Ante la movilización al Parlamento de distintas organizaciones para reclamar una ley específica para el tratamiento de las adicciones, el diputado rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) recibió a varios representantes y recibió los petitorios.
“Recibí sus petitorios y voy a tomar los aportes para el proyecto de ley que estamos preparando” explicó Di Giacomo, quien preside la Comisión de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara baja y se encuentra desarrollando con su equipo de asesores un proyecto de ley que promueve el abordaje integral de la droga dependencia.
En este sentido, afirmó: “Asumí el compromiso de impulsar encuentros, congresos y actividades que enriquezcan el proyecto y sumen a todos los actores de la Nación”.
“Lo que queremos es que este proyecto contemple acciones preventivas, control de oferta de drogas lícitas e ilícitas y la creación de un Sistema Nacional de Atención a personas droga dependientes”, explicó.
Con respecto a la reunión, señaló: “Pudimos tener un interesante intercambio y recibí sus petitorios que tienen que ver más que nada con una ley específica de adicciones, enfatizando en las dificultades que tiene el actual marco normativo para las persona afectadas”, y adelantó que “los pedidos serán tomados en cuenta en el desarrollo del proyecto de ley”.
Los petitorios fueron firmados por las organizaciones: Madres Territoriales (Nacional); Madres contra el Paco; Madres del Ser; F.O.N.G.A. (Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas); Programa Vida. (Red Nacional Cristiana de Rehabilitación; Capacitación y Prevención de Adicciones); A.E.A. (Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones); Cámara CIPRA (Cámara de Prestadores de atención en adicciones y Vulnerabilidad Social); CAAVS (Cámara Argentina de Adicciones y Vulnerabilidad Social); Pastoral de adicciones, Diócesis de La Plata, Pastoral de Adicciones, Diócesis de Lomas de Zamora, Pastoral de Adicciones Diócesis de Morón, presente Pastoral de Hurlingham; A.C.I.E.R.A. (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina); Foro de Habitantes a Ciudadanos. Equipo de Adicciones; Foro Provincial de Adicciones. Provincia de Santa fe.
Relato en primera persona del diputado de Juntos Somos Río Negro y su experiencia con la enfermedad.
El diputado de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giácomo se recuperó hace pocos días del Coronavirus y difundió una carta en la cual relata en primera persona lo que vivió mientras transitaba la enfermedad.
Mi pelea con el Covid
Si sirve para alentar a alguien que está sufriendo quedo satisfecho.
Cuando el COVID entra quedas como una moneda revoleada al aire, que puede caer cara o cruz. La sensación de poder morir empieza a ser una realidad tanto sensorial como emocional; y en la lucha interior la racionalidad, el autocontrol y la auto observación son los elementos necesarios frente a la desesperación.
Tengo la suerte de que mi carrera profesional como médico psiquiatra me haya llevado a manejar estas técnicas, pero también sé que para el común de la gente las palabras y los métodos son aislamiento, soledad y ausencia de contacto con sus seres más queridos.
Los equipos médicos se lo están replanteando y actúan positivamente. Hay momentos que son cruciales: cuando el frío invade los huesos, cuando una posición se torna insoportable pero no podes moverte, cuando sentís que perdés la dignidad. En ese momento, una mano que te tape o te acomode, alguien que diga una palabra con cariño se convierte en un refugio.
Hace un mes que empezó mi lucha, había viajado a Buenos Aires para cumplir con mis tareas en el Congreso cuando en la primera semana de abril llamaron para avisarme que entraba en el próximo listado de vacunación, destinado a los menores de setenta años. El jueves 8 llegué a Roca, sin saberlo ya infectado pero aún sin síntomas, y con los hisopados negativos que cada semana me hacían para integrarme a la oficina. Me vacunaron, y el sábado 10 empecé con síntomas de cansancio y sueño, que atribuí en principio a una reacción propia de la vacuna.
El domingo los síntomas aumentaron y luego de un hisopado positivo, el lunes 12 el equipo médico decidió que lo mejor era internarme para poder aplicar medicación, realizar una tomografía y análisis de laboratorio, no solo por mi edad, sino también por tener patologías previas. Así estuve internado en la Clínica Roca hasta el viernes 16, en el que fui trasladado a mi casa para permanecer aislado en una habitación. En eso también mi esposa dio positivo, con síntomas leves.
El lunes 19 por la noche comencé a levantar temperatura y noté algo nuevo. Mi cuerpo empezó a librar una batalla en la que sentía que mi sangre empezaba a hervir adentro mío cada seis horas, tenía temblores imparables, frío y una transpiración intensa que terminaba con un estado de agotamiento absoluto. Luego de unos estudios virales y bacteriales apareció una sobre infección bacteriana clínicamente evidente. Nuevamente internación con dos vías parenterales que suministraban un cóctel de antibióticos, corticoides, anticoagulantes, antifebril cada seis horas y así, pasadas las 48 horas, empezó a ceder el cuadro que ya estaba empezando a afectar la función renal.
Mientras esto sucedía, sin advertirlo el COVID hizo su trabajo invasor. El cuadro que parecía mejorar con el correr de los días, me encontró necesitando oxígeno que me suministraron primero con una bigotera, después con máscara común al 100% y con baja de saturación al menor movimiento, a lo que siguió una máscara con cámara de reserva para bolsear si lo necesitaba.
Cuando el declive amenazaba con llevarme a terapia apareció el casco Helmet, que funciona como una escafandra de buzo dentro de la cual la máquina inyecta una mezcla de gases, aire y oxígeno puro, con el que tuve sesiones de cuatro horas dos veces por día. Ya llevo siete días con esta escafandra y parece que empiezo a doblar la cuesta hacia la mejoría, no lo se, pero creo que voy bien.
Considero que es de gran importancia considerar el hecho de que nos hemos acostumbrado a eliminar las molestias de manera pasiva, cuando nos duele algo tomamos una pastilla y listo, en el proceso no hay acción por parte de quien adolece. En el tratamiento del COVID los métodos no invasivos como el casco Helmet, los ejercicios de respiración y relajación, nos pueden fortalecer y dar autoconfianza, esto debe ser contemplado por el equipo de salud. El personal más sofisticado debe ser quien lo dirija, pero hay una infinidad de personas preparadas para estas tareas que no son menores, sino más simples y que hacen un enfoque integral del abordaje del problema.
A modo anecdótico quiero decir que los únicos varones en este cuento somos el kinesiólogo Fernando Ponce y yo, el resto es un equipo de mujeres auxiliares y profesionales que tienen ya más de un año de experiencia, sacrificio y aprendizaje donde “las dejaron solas” y llevan la tarea adelante arrolladoramente, con capacidad y amor.
Agradezco a mi esposa y a mis hijos por poder seguir acá, al maravilloso equipo de la Clínica Roca, mi ciudad, a los amigos, los compañeros de la política, los adversarios que envían saludos y a la gente de las distintas iglesias que aún sabiendo que soy agnóstico me han llenado de oraciones y buenos deseos, mostrando que la humanidad es posible si el afecto permite, aunque sea por un momento, hacer a un lado los intereses y las ideologías.
Simplemente quiero decir gracias, y me atrevo a abordar esta nueva etapa de mi vida pensando en los próximos veinte años que tengo por delante, teniendo la suerte de poder hacer lo que me gusta y finalmente dedicarme a descansar llegada la senectud de los noventa.
A propósito de los incendios en su provincia, el diputado nacional rionegrino Luis Di Giacomo presentó un proyecto de ley que eleva las penas hasta 25 años de prisión, en caso de pérdidas de vidas humanas.
El representante de Juntos Somos Río Negro en la Cámara baja del Congreso de la Nación, Luis Di Giacomo, presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal en lo referente a incendios y la Ley 26.815 de Manejo del Fuego.
En este sentido, dijo que “es necesario abordar la problemática penal de la conducta negligente o culpable en estos casos”. El proyecto propone las siguientes penas de reclusión o prisión:
* De tres a diez años a quien cause incendios forestales.
* De cuatro a 12 años si el objetivo es obtener un lucro o beneficio económico.
* De cinco a 15 años si el incendio forestal fuera producido o alcanzare áreas de Interfase, Parques y Reservas Naturales tanto Nacionales, Provinciales, Municipales, Reservas del Patrimonio de la Humanidad o de la Biosfera o áreas protegidas.
* De cinco a 15 años si hubiere peligro de muerte para alguna persona.
* De ocho a 25 años si se produjera la muerte durante el incendio o en forma inmediata de alguna persona a causa del mismo.
Además, si el culpable fuera funcionario público, sufrirá inhabilitación especial de cinco a quince años.
En cuanto a las sanciones, propone elevar las multas que serán de entre diez y quinientos sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional, para aquellas jurisdicciones que no cuenten con un régimen sancionatorio. Y se incluye el trabajo comunitario “como una forma de reparar el daño realizado a la comunidad”.
“Los incendios intencionales suceden constantemente, tanto en Rio Negro como en otras provincias, y provocan enormes destrozos en términos ecológicos y ambientales, además de costosas pérdidas materiales y posibles pérdidas de vidas humanas”, explicó.
El rionegrino Luis Di Giacomo quiso poner en tratamiento un proyecto del macrista Pablo Tonelli para la suspensión de las primarias. Finalmente, retiró la moción, que no encontró apoyo del Frente de Todos ni de Juntos por el Cambio. Fuerte cruce entre Sergio Massa y Mario Negri.
Mientras crece el pedido de los gobernadores para suspender las elecciones PASO del próximo año, el tema se metió este miércoles en la sesión en la Cámara de Diputados y hubo legisladores que pidieron arrancar con ese debate en el seno del Congreso.
La cuestión se introdujo con un pedido de apartamiento que planteó el diputado Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro, quien solicitó tratar un proyecto que había presentado el macrista Pablo Tonelli para suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.
El legislador mencionó que en los últimos días “se van suscitando diversas especulaciones respecto de su realización o no realización” y hay “expresiones de diversos sectores que hasta ahora lo único que están llevando es a confusión”.
El miembro del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo consideró que “es posible que si hay un consenso y un acuerdo” se pueda “resolver positivamente” el tema.
En su experiencia como exministro de Gobierno en Río Negro, Di Giacomo aseguró que por lo que vio “no sólo en nuestra provincia, sino en el plano nacional” las PASO “no terminaron cumpliendo con el objetivo y la idea de democratización y participación masiva de la ciudadanía”.
Finalmente, el diputado expresó que “no” cree que “sea lo más oportuno y lo más correcto” que “en una situación de crisis” la población vea que “se van a gastar entre 12 mil y 14 mil millones de pesos en unas elecciones que terminan siendo una encuesta previa” a los comicios generales.
Tomó entonces la palabra el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien remarcó que este “es un tema que lleva mucha discusión hacia adentro y hacia afuera de los partidos”. “Nosotros tenemos una posición, pero me parece que no es el momento”, señaló y recordó que en Labor Parlamentaria se había acordado que no hubiera apartamientos del reglamento.
“Justamente eran las cosas que queríamos evitar”, en una sesión en la que “tenemos un 100 por ciento de acuerdos en las cosas que vamos a tratar”, completó.
Por el Frente de Todos, la vicejefa del bloque, Cecilia Moreau, coincidió: “Le vamos a pedir con el mayor de los respetos al diputado Di Giacomo que retire la moción de apartamiento del reglamento porque no estaba dentro de lo acordado”. Y opinó que la cuestión “no puede tomarse sin debate, sin discusión y sin el conjunto total de los actores que hacen a este tema”.
El presidente del cuerpo, Sergio Massa, pidió entonces un breve cuarto intermedio en el que junto a Di Giacomo, Ritondo y Moreau resolvieron que se retire ese pedido.
Antes que Di Giacomo volviera a tomar la palabra, la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño reivindicó “para el Congreso la decisión electoral”. “Es de las competencias que la Constitución descansa en nosotros”, subrayó y sostuvo que “no es un tema menor, es un tema importante, máxime cuando uno advierte que hay gobernadores que están solicitando que las elecciones PASO no se realicen”.
“Es un tema que lo tenemos que tratar nosotros”, insistió y añadió: “Es cierto que no lo podemos tratar en esta sesión, pero deberíamos empezar seriamente a pensar en conformar una comisión para conversar sobre este tema”.
Finalmente, Di Giacomo retiró su pedido y dijo que aunque “no” pretendía que “una cuestión como esta hoy se resuelva”, hay que “ponerlo en debate en la Cámara” para “decidir si finalmente se suspenden o no se suspenden” y analizar “qué resultado han tenido en el país (las PASO) y si tiene sentido que hoy en esta situación de emergencia se insista con las mismas”.
Fuerte cruce entre Massa y Negri
Visiblemente molesto, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, se quejó del tiempo que llevaba el asunto y mencionó que “se había acordado en Labor Parlamentaria que no había apartamiento de reglamento”. “Entonces si el colega pide un apartamiento del reglamento, nosotros no tenemos ningún inconveniente, que se vote, no queremos pedirle ningún favor”, siguió.
Y manifestó que su bancada iba a pedir entonces también un apartamiento porque “se acaba de romper el acuerdo que había en Labor Parlamentaria, y usted debería hacerlo cumplir. No deberían haber hablado, porque usted fue el que presidió Labor Parlamentaria y usted dispuso esa norma”.
Massa argumentó que antes de que empiece la sesión Di Giacomo le informó que iba a pedir un apartamiento y él se lo comunicó a Ritondo y a Moreau. Y que, durante el cuarto intermedio, “le pedí gentilmente al diputado que un tema de semejante envergadura no fuera planteado en un apartamiento del reglamento”.
Negri negó que las circunstancias se hayan dado así y lanzó: “Yo no falto a la verdad”. “Si hay apartamiento para él, hay para los demás”, continuó. A lo que Massa le replicó que estaba “faltando a la verdad porque la diputada (Brenda) Austin me pidió el apartamiento del reglamento mientras el diputado Di Giacomo estaba hablando”.
“Pida el apartamiento si quiere así termina con su show”, le respondió Massa, a lo que el radical acusó: “No, yo no estoy haciendo show, usted no preside la Cámara como corresponde”. “Tiene la posibilidad ahora cuando viene la elección de autoridades de elegir otro”, contestó el tigrense y el cordobés cerró asegurando “por supuesto que sí, que lo voy a ejercer”.
Tras la votación del primer paquete de proyectos consensuados, el radical Emiliano Yacobitti decidió no realizar el apartamiento.
El diputado de Juntos Somos Río Negro advirtió la necesidad de los productores de prorrogar la ley, pero consideró que tiene que ser “un régimen mucho más federal que el actual”.
El representante en la Cámara baja del Congreso Nacional por Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo presento un proyecto de modificación del régimen de la ganadería ovina, regulado en la Ley 25.422. El 5 de abril de 2021 se cumple el plazo de vigencia de la Ley, es por eso que en el proyecto dispone su prórroga por 20 años, con actualización de la partida presupuestaria a 1.500 millones de pesos anuales.
“Tomamos como base el informe de la Mesa Ovina Nacional (MON) y desarrollamos una norma más federal que la vigente. Además, incluimos no solo a los productores, sino también a los derivados, la transformación y la comercialización, comprendiendo a todo el complejo relacionado con la producción”, manifestó al respecto el diputado rionegrino. El régimen establecido por medio de la ley consiste en un sistema de créditos y subsidios administrados en las provincias, mediante un Fondo para la Recuperación de la Ganadería Ovina.
En este sentido, Di Giacomo argumentó que se plantea darles un mayor protagonismo y peso a las autoridades de aplicación provinciales, fortaleciendo el rol de la Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina (CAT), ya que “son estas las que tienen el contacto directo con los miembros del sector”.
“El proyecto de ley que impulsamos pretende consolidar los objetivos alcanzados, y a la vez fomentar el crecimiento de la actividad, como también el desarrollo de toda su potencialidad en las distintas regiones”. Al referirse particularmente a la producción en la provincia de Río Negro, que este invierno fue intensamente golpeada por las fuertes nevadas, dijo que “aquí la continuidad de los beneficios que otorga esta ley adquiere especial significación ya que el sector viene de sufrir contingencias negativas durante varios años y debemos asegurar el sostenimiento de su recuperación”.
La modificación a la ley propuesta “busca mantener las virtudes del régimen y al mismo tiempo mejorar ciertos aspectos, para darle mayor impulso al sector”. Es así que las políticas que se pretenden fijar incluyen la aplicación de una operatoria diferencial para pequeños productores ovinos, la inclusión en la ley de los programas PROLANA y CARNES, la operatoria con Planes de Trabajo y Proyectos de Inversión, la implementación de aportes provinciales, el desarrollo de proyectos de inversión con asistencia y supervisión técnica obligatoria y la aplicación de lineamientos obligatorios para aplicar pautas de bienestar animal, y las buenas prácticas laborales y ambientales, incluyendo las de pastoreo.
Por Luis Di Giacomo. El diputado nacional de Juntos Somos Río Negro rechazó el pedido de juicio político contra el titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y pidió que “se respete la independencia de poderes”.
El pueblo argentino está viviendo horas críticas donde la incertidumbre es dominante. La salud y la vida misma que ya le ha sido arrebatada a más de 20.000 amigos, familiares y vecinos, todos seres con nombre y apellido, a quienes debemos respeto y nos obligan a redoblar los esfuerzos para combatir la pandemia con la responsabilidad del autocuidado y la coordinación de las acciones entre quienes tenemos obligaciones de conducción.
Incertidumbre en lo económico y social por la crisis sin precedente, donde a la caída mundial de la economía se agrega la particular situación de un país endeudado, paralizado productivamente, sin perspectivas de soluciones mientras nuestra moneda se hunde y la inflación se dispara.
Creemos que es un deber acompañar al Gobierno nacional en las batallas contra la pandemia y en la recuperación de la producción y el crecimiento económico, con miras a mejorar la calidad de vida de los argentinos, y lo venimos haciendo con responsabilidad. En lo que nos toca como bloque en el Congreso, bregamos por asegurar el funcionamiento del mismo en plenitud. Nos hemos opuesto a maniobras que sabotean su funcionamiento con la mezquina idea de que las cosas vayan mal para obtener réditos electorales por parte de quienes no aceptan que son minoría, producto de sus propios errores de gestión. Acompañamos las iniciativas de emergencia para dotar al Ejecutivo de los instrumentos que necesita para la gobernabilidad.
La obligación de ahora para la política es ponerse a trabajar en la situación de crisis, y es por eso que vemos con profunda preocupación y rechazamos que sectores de las coaliciones tanto oficialista como opositora se hayan embarcado en confrontaciones jurídico-mediáticas alrededor de temas secundarios que, sin importar quien salga triunfante o derrotado, en nada cambian la triste realidad que estamos viviendo.
En ese sentido, rechazamos las presiones que en ambos sentidos se realizan pretendiendo torcer la voluntad de las decisiones judiciales a beneficio de uno u otro bando. Rechazamos en todos sus términos el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, y solicitamos se respete la independencia de poderes como la mejor forma de respetar la institucionalidad.
Luis Di Giácomo es diputado nacional por Juntos Somos Río Negro.
El legislador nacional de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo encabezó una reunión virtual con la Mesa Nacional de Organizaciones que trabajan en drogodependencia para establecer una agenda común, escuchar opiniones y recibir reclamos del sector.
El diputado nacional por Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo se reunió en forma virtual con la Mesa Nacional de Organizaciones que trabajan en drogodependencia para establecer una agenda común, escuchar opiniones y recibir reclamos del sector.
Fue durante una concurrida videoconferencia, en carácter de presidente de la Comisión de Adicciones de la Cámara baja del Congreso nacional. Contó con la participación de más de 20 referentes de distintas asociaciones civiles, ONG e instituciones que atienden la problemática del consumo a lo largo y ancho del territorio nacional.
Allí, se plantearon temáticas que “podrían sintetizarse en la necesidad de mayor presencia del Estado en todo lo que significa el trabajo preventivo y asistencial con respecto a las adicciones”, según explicó Di Giacomo, médico psiquiatra de profesión especializado en la materia.
En este sentido, se compartieron distintos puntos de vista, inquietudes y se presentaron solicitudes que continuarán siendo tratadas a través del trabajo conjunto y el establecimiento de una agenda común.
Las temáticas planteadas se relacionan con la necesidad de elaboración de una ley específica que contemple a las adicciones de manera integral, teniendo en cuenta su prevención, promoción y tratamiento; y, por otro lado, la urgente resolución de una situación que se plantea a partir de agosto, en la que si se sigue adelante con lo que plantea el art. 4 de la Ley de Salud Mental, hay muchas instituciones que no podrán seguir prestando servicios. “Esta problemática es legal, jurisdiccional y económica”, explicó Di Giacomo.
“Atendiendo a las distintas inquietudes que se plantearon, lo que transmitimos es que en cuanto pueda ponerse en marcha, incluso de forma presencial la Comisión de Adicciones y podamos recibir a todas estas instituciones lo vamos a hacer de forma inmediata. Además, nos comprometimos a dialogar e interceder ante las autoridades nacionales, tanto de SEDRONAR como de Salud Mental para ver cómo los problemas que se plantearon”, detalló.
Algunas de las organizaciones que integran la mesa están compuestas por familiares de adictos o exadictos, pacientes recuperados, otras pertenecen a iglesias o comunidades terapéuticas de distintos tipos.
