Con la ausencia del bloque de UP, un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado le dio tratamiento este miércoles a tres proyectos que establecen presupuestos mínimos de protección ambiental en el cierre de minas.

Una de las iniciativas es de la exsenadora Gladys González, otro es de autoría de Antonio Rodas y el tercero de Lucia Corpacci.

La reunión, que se llevó a cabo en el Salón Illia en minoría, contó con la disertación del Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, quien expresó: “El tema es de importancia para la industria. El cierre de minas es desde hace algunos años de preocupación de la industria porque hace a la sustentabilidad de las áreas en las cuales las operaciones mineras ocurren”.

“Es conocido que la industria provoca impacto ambiental y la forma en que los espacios donde algunas partes de la infraestructura minera fueron ocupadas, tienen que ser rehabilitados de alguna forma ambientalmente responsable. Ese es el primer aspecto sustancial del cierre de minas”, planteó.

Lucero agregó: “La legislación suele incluir un aspecto que tiene que ver con la constitución de garantías o una satisfacción por parte de las autoridades ambientales provinciales de que la compañía minera contará, llegado el momento al fin de la operación minera cosa que puede ocurrir a los 15 o 20 años de actividad, con los recursos financieros suficientes para llevar adelante esos trabajos de rehabilitación. De eso se trata cualquier legislación de cierre de minas”.

El funcionario comentó que en la República hay dos normas vigentes. Una resolución ministerial en la provincia de Catamarca que fue “pionera en la sanción de este tipo de legislación en buena medida porque se iba a llevar a cabo el cierre parcial debajo la Lumbrera. A nivel ministerial emitieron una resolución que establecía la progresividad de los trabajos de cierre y de la Constitución de las garantías y cuáles eran los instrumentos financieros adecuados para que las garantías sean constituidas. La provincia de Santa Cruz también dictó su propia ley”.

“Llegar a un punto en que Nación tenga incorporado en el Código de Minería un capítulo que, a mi modo de ver personal, complementaría el capítulo existente de protección ambiental para la actividad minera sería un paso adelante”, destacó.

“En ese sentido comparto que uno de los trabajos que estaba sometido a tratamiento fue un trabajo conjunto de la Secretaría de Minería de la Nación y el Consejo Federal Minero integrado por las máximas autoridades de cada provincia elaboraron uno de los proyectos en tratamiento”, ponderó y sumó: “La minería es una industria que tiene que acercarse más a la mayoría de la población que está lejos de donde se hace minería”.

Lucero informó que el proyecto que trabajó el COFEMIN con la Secretaría años atrás apunta a estar en línea con las mejores prácticas internacionales. “Se trabajó para compararlo con regímenes de la región como Chile y Perú que tienen industrias avanzadas y estándares ambientales avanzados, y con Canadá y Australia que son países con geografías parecidas y recursos parecidos y estándares ambientales muy altos”, explicó.

“El proyecto ha intentado reflejar las mejores prácticas de, por lo menos, cuatro jurisdicciones que es el camino que tenemos que seguir que consideremos para poder reformar la legislación para adecuarnos a lo que el mundo está haciendo. Hemos mirado otras legislaciones para estar a todo con ello”, agregó.

Al cierre comentó que “el propósito era analizar, trabajar y debatir un proyecto sobre cierre de minas. Los espacios donde la infraestructura minera fue ocupada tienen que ser ambientalmente responsables y esto hace algunos años es una preocupación de la industria”, y cerró: “El mundo tiende a que la industria minera adopte estándares que la instalen como segura y, definitivamente, sostenible con institutos internacionales fondeados por compañías y gobiernos para eso”.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), María Laura Delgado, comentó que el proyecto viene trabajándose desde 2017 y “se empezó a asesorarnos como órgano de qué se trataba todo esto. Se realizaron charlas internacionales con expertos durante varios años y el resultado fueron las dos normativas vigentes en el país”.

“En El 2021 seguimos trabajando y se hizo una capacitación específica de cierre de minas donde se trabajó puntualmente el tema de las garantías que dentro del proyecto es muy importante para que el estado provincial tenga los medios suficientes para solventar los gastos para remediar o mitigar en post uso ese lugar que tuvo una actividad extractiva”, contó.

La representante de COFEMIN expresó: “Para nosotros es urgente pensar en el cierre de minas y para eso se necesita tener una normativa nacional que permita a las autoridades nacionales poder reglar y accionar sobre esta problemática”, y cerró: “En los planes de cierre de minas es muy importante saber qué se hace con la infraestructura instalada, pero también es relevante tener en cuenta la sustentabilidad y el sostenimiento económico de la comunidad que está alrededor cuando el proyecto no esté”.

Por último, el titular de la Comisión de Energía, el catamarqueño Flavio Fama, remarcó que los proyectos tratados son de “senadores que no están presentes. Hubiese sido bueno que se pueda discutir en una sesión. Agradezco a las autoridades por ponerse a disposición y el esfuerzo del COFEMIN porque una incorporación al Código de Minería de aspectos generales que resuelva o defina aspectos que tienen que ver con el cierre de minas es necesario”.

“Vamos a seguir trabajando para algún día tener un dictamen y poder reformar el Código de Minería y tener ese marco normativo que las provincias necesitan y esto no invade las facultades de cada provincia. Esto es un marco de certeza a las provincias y empresas porque la minería en el país son elementos y palancas que van a permitir un desarrollo de la Argentina”, cerró.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Ambiente, la chubutense Edith Terenzi, lamentó no haber conseguido quórum y resaltó la necesidad y urgencia de contar con “un proyecto de estas características porque desde la visión de ambiente hablamos de desarrollo sustentable y ahí cae el tema del cierre de minas. Que todo proyecto tenga la previsión al comienzo de cómo va ser el cierre de las minas tratando de cubrir todos los aspectos de la explotación porque todas las provincias necesitan la previsibilidad de un cierre de minas para que las explotaciones sean sustentables”.

Los próximos días martes 20 y jueves 22 de agosto se llevará a cabo en el Congreso de la Nación un seminario organizado por la Secretaría de Minería, que contará con la presencia de las comisiones homónimas de ambas cámaras. El evento tendrá lugar en el Salón Auditorio de la Cámara baja, ubicado en el primer subsuelo del Anexo A.

Los temas propuestos para el encuentro son: La importancia de la minería en la transición energética; el rol del cobre, litio y otros; Estados de situación de los proyectos mineros en Argentina; la situación impositiva de la minería en Argentina, Chile y Perú; y la Minería en la Patagonia.

Los disertantes serán personas calificadas del SEGEMAR (Servicio geológico minero argentino) y personal jerárquico de la Secretaría de Minería de la Nación. La idea es incorporar a la agenda parlamentaria temas de interés como los “principios del negocio minero”.

La primera jornada tendrá como expositor al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; y Julio Bruna Novillo, del SEGEMAR; luego, se ampliará el debate sobre el “estado de situación de los proyectos mineros en Argentina”; y finalmente, Carlos Cuburu, subsecretario de Política Minera, expondrá sobre “Minería en la Patagonia”.

Respecto a la segunda reunión, primero expondrá el funcionario Jorge González sobre la “situación impositiva de la minería en Argentina, Chile y Perú”; después, Martin Gozalvez respecto a “Minerales críticos para la transición energética”; y cerrará el Cuburu en discusión con legisladores nacionales.

El martes, la reunión se desarrollará entre las 10 y las 13; y el jueves, desde las 9 a las 12.

La Comisión de Minería de Diputados, presidida por el sanjuanino Walberto Allende (UP), se reunió este miércoles para recibir al titular del sector Luis Lucero quien explicó las proyecciones del sector para el 2024 y, al ser consultado por la el RIGI que se encuentra en el proyecto de ley Bases, afirmó que “la Nación no puede tener injerencia sobre el ejercicio de las atribuciones impositivas provinciales”.

Al inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo “C”, Allende manifestó que habrá que hacer un replanteo del horario de reunión porque “en el interior tenemos menos vuelos y se nos ha complicado muchísimo para venir. Varios diputados han tenido que ir a Mendoza y en algunas provincias recién tenemos vuelos por la tarde”, y adelantó: “Seguramente el cambio de horario va a complicar el trabajo en las distintas comisiones”.

Allende comentó que la visita de Lucero es para que “explicara las decisiones y perspectivas desde el Gobierno en una actividad tan importante como la minería”. Contó que días atrás se reunieron con la mesa directiva, por lo que le agradeció la presencia, y precisó que el funcionario “lleva más de 30 años trabajando en la actividad de la minería.

El sanjuanino informó que se festejó en Córdoba el día de la minería y agregó: “La provincia tiene una actividad importante en segunda y tercera categoría. Es la provincia que más volumen tiene anualmente el manejo”.

En su exposición, el titular de minería expresó: “Nuestra principal misión es contribuir a generar riqueza para nuestro país en muchos ámbitos y por sobre todo en aquellos donde, por geografía y por desarrollo económico y cultural no hay otras oportunidades”.

“La minería ocurre en, gracias a y en beneficio de las provincias que son dueñas de los recursos naturales. Soy consciente como autoridad nacional que tengo un área en la cual las autoridades que verdaderamente trabajan y contribuyen son las provincias día a día. Estamos para ayudarlos y, en lo posible, guiar los debates y promover las medidas que nos parezcan oportunas para ese desarrollo”, manifestó.

“Tenemos que destrabar algunas realidades que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Todos sabemos lo que pasa en el litio en Salta, Jujuy y Catamarca. Es una enorme oportunidad de generar riqueza que ya estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos 2 a 4 años si hacemos las cosas bien. También hay una enorme oportunidad en el cobre en San Juan, Catamarca, Salta y hay mucha riqueza por destrabar. En eso queremos trabajar”, precisó.

A la hora de las preguntas, el primero en hacerlo fue el catamarqueño Francisco Monti (UCR) quien consultó por dudas e incógnitas en torno al artículo 162 y 163 sobre las competencias de las jurisdicciones locales de las provincias que está en el proyecto de ley Bases y sobre un código tributario de un municipio de su provincia.

Lucero le respondió: “Yo no puedo ni debo opinar sobre un código tributario municipal. No tengo atribuciones para hacerlo”, y agregó: “Las atribuciones impositivas entre Nación y provincia están establecidas en la Constitución, es una decisión nacional y provincial respetarla y aplicarla con prudencia. También me excede porque las provincias en nuestra Constitución tienen un margen para competir entre ellas por las inversiones o cooperar entre ellas para capturar inversiones. Presentar a inversores nacionales o extranjeros marcos jurídicos e impositivos distintos, puede o no contribuir a capturar inversiones. La Nación no puede tener injerencia sobre el ejercicio de las atribuciones impositivas provinciales”.

“Cada provincia es dueña de hacer lo que decida mejor para su territorio y su economía según la Constitución Nacional, nosotros seremos siempre respetuoso de eso. Pueden decidir cooperar o competir, está en las provincias que tienen la capacidad de inversiones”, resaltó.

El titular de la comisión comentó que “los grandes emprendimientos siempre están en las pequeñas localidades. Nos encontramos que teníamos una cantidad importante para invertir, pero no teníamos proyectos y sigue siendo la gran discusión de dónde van los recursos de la minería y eso se fue modificando con leyes provinciales”. En esa línea, pidió a las autoridades que se explayen en el tema del RIGI que “no habla de las inversiones necesarias que necesita la minería en electricidad, caminos, etc.”

Al respecto, el secretario de Minería contó que “la empresa de la provincia nos ha compartido su preocupación por algunas de las infraestructuras que son necesarias y estamos trabajando con ellos sobre los requerimientos de energía eléctrica. El inversor suele tener absoluta consciencia de que seguramente le va a tocar hacerse cargo del costo de la infraestructura. Así ocurrió en varios grandes proyectos con aportes de grandes inversores privados para construir líneas de alta tensión, mejorar equipo ferroviario y comprar”.

“En cuanto a los proyectos, el inversor sabe que hoy Argentina y sus provincias están sin capacidad de financiar esos trabajos, por eso debemos proveer herramientas jurídicas para que pueda aportar el capital necesario de esa infraestructura con un esquema inteligente que quede en buen estado para la provincia y tener la garantía que el acceso y el uso de esa infraestructura va a ser la que necesita. Si no le damos esa garantía no lo va a invertir, el proyecto no se llevará adelante y vamos a perder mucho dinero en tasas, contribuciones y sueldos”, explayó.

Lucero explicó que el desafío que tienen es “encontrar en modelos que ya existen esquemas que permitan que el privado financie y tenga acceso privilegiado para satisfacer las necesidades del proyecto y que esa infraestructura quede para beneficios de la provincia”.

“Argentina tuvo un boom minero entre los 90’ y el 2000 por una serie de factores como apertura de mercados internacionales y libre flujo de capital y la suba de commodities en cobro y oro. Eso permitió un desarrollo minero en esos años muy importante que todavía disfrutamos porque todavía quedan unas 6 o 7 minas en Santa Cruz y en San Juan produciendo y no había RIGI, pero si había una ley de inversiones mineras sancionada por unanimidad en el 93’ que tiene importantes beneficios para el inversor como la estabilidad fiscal y el régimen cambiario y eso está vigente. Esa es la ley con la que contamos”, explayó.

En ese sentido, opinó que “tenemos que tener minería de gran nivel y explotar nuestros recursos con las herramientas que hoy disponemos. De cara al futuro tenemos que reconstruir credibilidad para el inversor. Tenemos que tener minería. La ley de inversiones minera vigente sufrió dos ataques en esta estabilidad cuando se les empezó a cobrar derechos de exportación a proyectos que tenían estabilidad fiscal”.

Así, acotó que “sería una realidad muy gratificante que parte del empresariado nacional empiece a invertir en minería porque casi todo lo que hemos visto desarrollo fue por inversores extranjeros, sería deseable ver inversores argentinos apostando por la minería de la nación”.

“El litio es una ventana de oportunidad por los próximos 2 o 3 años. Sabemos que, en países avanzados, mirando al futuro, está siendo superado por otras posibles fuentes de energía. Es una realidad y tenemos que aprovecharla, pero el mundo ya está mirando otras fuentes como el hidrógeno para generar electromovilidad”, alertó.

En cuanto a la situación del cobre, informó que “parece ser algo más necesario en el largo plazo para las soluciones de electromovilidad y los yacimientos de cobre tienen vida de los 30 a 40 años. En nuestro territorio la mina Aguilar funcionó más de 90 años”, y resaltó que “cuando hablamos de minería, hablamos de proyectos que van a vivir entre 30, 40 a 50 años y van a dar trabajo y generar impuestos por décadas. Necesitamos tener una mirada de largo plazo en esta industria”.

Lucero volvió a destacar que “no hay proyectos mineros que puedan lanzarse sin la aprobación provincial porque el proyecto minero para empezar requiere de la presentación y un estudio del impacto ambiental”, y detalló que de cada 100 intentos de exploración que una compañía hace uno solo se convierte en mina de explotación y “esa primera actividad ya tiene que hacerse con la aprobación del Estado y las provincias y las etapas sucesivas”.

“Lo que pasó en los últimos años es que el país no logró traer inversiones. Tenemos que trabajar para encontrar una solución. Tenemos cobro, litio, oro y plata”, enfatizó y alertó que las minas de oro y plata de la Patagonia “se están extinguiendo, y necesitamos explorar porque son fuentes de ingresos que vamos a perder”.

“La potencialidad que tenemos en la Argentina es la de recursos donde conocemos los yacimientos. El paso crítico es que se den las condiciones, producimos commodities donde el precio se lo pone la demanda”, planteó.

En su intervención, el salteño del bloque Innovación Federal Pablo Outes opinó: “Creo que a la minería hay que estimularla, pero también creo que hay que regularla, sobre todo, en las regiones que son más pobres para compensar”.

La jujeña Leila Chaher (UP) cuestionó: “Según la Constitución, los recursos de los bienes naturales son de las provincias. Pero específicamente en el RIGI, en los artículos 162 y 163, entendemos que se avasalla las autonomías locales y provinciales”.

A su turno, el cordobés Carlos Gutiérrez aseguró: “Estoy de acuerdo con que a las leyes hay que mejorarlas; creemos que hay que dar una vuelta de tuerca en este país y que no sirve seguir manejando la realidad con consignas de hace 50 años que atrasan en todos los frentes”.