El proyecto de ley presentado por Sergio Massa recibió media sanción por unanimidad. Busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento.
Con 198 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que comprende deudas vencidas hasta agosto pasado, por un monto total inferior a $100.000.
Se trata de un alivio fiscal para impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento.
Miembro informante del mismo fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Heller, quien consideró que se trata de “un proyecto de gran importancia por la cantidad de personas que van a obtener un beneficio concreto”. “La idea es que los contribuyentes tengan los mecanismos necesarios para regularizar deudas que se han acumulado por la pandemia”, agregó.
El proyecto obtuvo dictamen el lunes durante una reunión de la Comisión de Presupuesto a la que concurrió el subdirector general de Recaudación de la AFIP, José Bianchi. A partir de los datos aportados por ese funcionario, Heller transmitió al recinto dicha información, abrumando con cifras que leyó durante su extenso y acelerado informe.
Habló de tres títulos comprendidos en la ley en marcha, puntualizando que en primer lugar se habla de condonación de deudas vencidas hasta el 31 de agosto de 2021. Son 6727 contribuyentes y entidades agrupadas en todos los títulos, con obligaciones adeudadas por un monto de 2.175 millones de pesos.
Citó puntualmente a 641 clubes de barrio, 43 bibliotecas, 84 cooperativas efectoras y 28 entidades de bomberos voluntarios, entre otros, señaló Heller. Asimismo condonan deudas a micro y pequeñas empresas que deban menos de 100 mil pesos. En comisión fueron incluidos en este rubro monotributistas. Heller cuantificó en 1.527 millones de pesos distribuidos entre micro y pequeñas empresas, que significan el 95,7% de microempresas y micro contribuyentes.
Habló luego de 1.035.600 contribuyentes, con un promedio de 16.887 pesos. “Esto da una idea de la necesidad de la normativa que estamos tratando -señaló el diputado Heller-. La deuda total es de 17.500 millones de pesos. Los monotributistas son el 70% de los beneficiados por este punto”.
Heller dijo que se acordó el lunes con la oposición que el alivio fiscal alcance a todas las deudas y no limitarlas solo a deudas posteriores al 1 de agosto, como decía el proyecto original. “Para atrás no tiene fecha de vencimiento entonces”, dejó claro Heller.
Este capítulo permitirá la rehabilitación de moratorias caducas y alcanzará a contribuyentes que entraron a la última moratoria pero que no pudieron hacer frente a los pagos y perdieron el beneficio. “Se les permitirá rehabilitar el plan con similares beneficios a la moratoria original”, agregó.
Heller detalló que al 31 de agosto de este año se registraban 105.901 contribuyentes, el 15,7% del total que presentaron moratoria, de los cuales el 60,2 son microempresas y el 1,5 pequeñas y empresas.
Luego habló de la ampliación de la moratoria par adeudas posteriores y deudas no regularizadas. “Se amplía la moratoria para los contribuyentes que acumularon deuda líquida posterior al 1 de agosto de 2020, pero también anteriores a la fecha y que no fue regularizada. También alcanza infracciones relacionadas con dichas obligaciones. “Este capítulo alcanza el 85% de los contribuyentes que no cayeron en caducidad, y a otros que no tenían deudas regularizadas”, puntualizó el legislador kirchnerista.
En este conjunto, dijo Heller, la deuda incluida es de 564 mil millones de pesos. También se establece la condonación total de los intereses resarcitorios y/o punitorios sobre multas y tributos aduaneros.
Dejó claro el legislador que no se aplicarán los beneficios para el caso de ajustes derivados de exclusiones o incumplimientos en anteriores blanqueos, entendiendo la lógica de que alguien que ya accedió al blanqueo ya fue beneficiado por una amnistía, no tendría lógica volver a beneficiarlos.
Asimismo, Heller dejó claro que quedan excluidas las deudas originadas en concepto del Aporte Solidario y Extraordinario, por cuanto esa era una ley que se aplicaba solo a las grandes fortunas, “y acá estamos hablando de pequeños contribuyentes”.
Finalmente, a instancias de un pedido de la oposición se incluyeron beneficios a contribuyentes cumplidores, alcanzando por ejemplo en el caso de los monotributistas a 571.390 de ellos.
Carlos Heller reiteró que le parecía una ley “de enorme importancia, pero esencialmente se trata de un esfuerzo fiscal importante que permitirá a una enorme cantidad de contribuyentes y entidades regularizar su situación impositiva evidentemente afectada por la reducción de la actividad durante la pandemia”.
Desde la oposición, el diputado Luis Pastori (UCR – Misiones) arrancó reclamando el pronto inicio del debate del Presupuesto 2022. Pidió la presencia del ministro Martín Guzmán en el Congreso para explicar su proyecto, pero él mismo atribuyó su ausencia a la situación imperante dentro de la coalición gobernante. “Seguramente vendrá cuando el oficialismo se ponga de acuerdo. Mientras tanto, Guzmán está esquivando venir a exponer”, estimó.
Más allá de ese reclamo, el legislador de Juntos por el Cambio ponderó el proyecto impulsado por el presidente de la Cámara baja: “Este proyecto tiene evidentemente las bondades que hacen que explique por qué tan rápido nos hemos puesto de acuerdo el lunes en la comisión”, señaló, ponderando también el informe brindado por el funcionario de la AFIP que los visitó ese día y que “aclaró muchos conceptos”.
Resaltó además la receptividad oficialista respecto de los cambios solicitados en el proyecto, “que fueron aceptados e incorporados al dictamen”.
Tras enumerar las modificaciones solicitadas, Pastori contó que “habíamos pedido también que se tenga en cuenta a los contribuyentes cumplidores, porque siempre está la injusticia, la inequidad con aquel contribuyente que fue cumpliendo mes a mes”.
“Todo esto ha sido contemplado, reconozco esta tarea rápida, eficiente que se ha hecho en una que consideramos absolutamente necesaria, imprescindible para que el contribuyente argentino tan castigado comience el 2022 sin esa pesada mochila que significa la deuda con la AFIP. Por eso adelanto el voto afirmativo del interbloque.
Al concluir el debate, el autor de la iniciativa, Sergio Massa, aclaró que no bajaría a una banca para dar un discurso, pero agradeció tanto el apoyo del bloque oficialista y el respaldo también de la oposición. Extendió también el agradecimiento del presidente Alberto Fernández “y de cada uno de nosotros. Gracias a todos los que trabajaron para darle rápida media sanción al proyecto”.
La iniciativa, que busca un alivio fiscal y dar una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a 100.000 pesos para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.
Además, se propone la condonación de deudas de mipymes y contribuyentes de ganancias e IVA pero que deban menos de $100.000.
También señala que “la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas y demás sanciones y no comprende los siguientes conceptos: aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales y las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.
Además, se amplía la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.
En los fundamentos se afirma que “hay 3 millones de contribuyentes (sin considerar los 4,1 millones de monotributistas), de los cuales 900 mil tienen deuda líquida y exigible con AFIP (es decir, deuda que está en condiciones de ser ejecutada) y, entre ellos, 600.000 tienen obligaciones inferiores a $ 100.000 y acumulan una deuda total de $ 13.000 millones”.
Con un esfuerzo fiscal proyectado de $ 13.000 millones se deja en cero la deuda líquida y exigible de 600 mil contribuyentes (un promedio de $ 21 mil por contribuyente) por lo cual “es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria”, y no se incluyen a los monotributistas que “fueron beneficiados con la reciente ley para el sector”, resaltaron.
A través de un proyecto, promueven que la nueva escala rija desde el 1 de julio y no el 1 de enero.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Luis Pastori, presentaron un proyecto de ley para que la nueva escala del Monotributo rija a partir del 1 de julio en vez del 1 de enero, como dispuso el Gobierno. “La mora del Gobierno en aprobar la ley no se le puede cargar a los contribuyentes”, señalaron.
“El proyecto de ley tiene por objeto solucionar un problema que afecta a casi 4 millones de adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), debido a la falta de actualización por parte del Estado en tiempo oportuno de los parámetros de categorización que debería haber entrado en vigencia el 1 de enero de 2021 y los montos de la correspondiente determinación de la obligación tributaria emergente.
Pastori recordó que “la actualización de las categorías del monotributo se da -conforme la ley- en el mes de enero de cada año de acuerdo a la variación de la movilidad previsional del año anterior. Pero el kirchnerismo suspendió esta movilidad por la ley de emergencia diciembre de 2019. En consecuencia, se dispuso que sólo para el año 2021, esta actualización se daría en función del incremento del haber previsional mínimo dispuesto por decretos durante 2020 por Alberto Fernández, lo cual da aproximadamente el 35%”.
“Sin embargo -continuó-, el proyecto presentado en enero se demoró injustificadamente hasta abril y se reglamentó recién a fines de mayo, disponiendo la AFIP que rija en forma retroactiva desde el 1 de enero, generando así injustas deudas de los contribuyentes en la mayoría de los casos. Por eso presentamos este proyecto para que el gobierno corrija esta situación, ya que no es justo cargarle al contribuyente con la demora inexplicable de no haber actuado en tiempo oportuno en enero pasado, como correspondía”.
“Se generó una deuda a cada monotributista no imputable a los contribuyentes sino a la mora injustificada del Estado primero en sancionar la ley y luego en reglamentarla”, remarcó el senador misionero.
Proyecto-de-Ley-modificacion-vigencia-actualizacion-pago-monotributo-2021-1El diputado misionero se refirió a los montos actuales a abonar según el régimen de pago de impuestos. Esto se ajustaría con la nueva modificación a la ley.
El diputado nacional Luis Pastori (JxC-Misiones) explicó el alcance de la Ley de Monotributo y admitió que “es un avance, no todo lo que hubiésemos nosotros preferido y sugerido en algunas cuestiones técnicas, pero sin embargo, no deja de ser un avance”. Parte del avance consiste en “suavizar” el pasaje del monotributo al régimen general.
El legislador opositor resumió las modificaciones a la ley, que son principalmente dos cuestiones. Por un lado, actualizar la escala del monotributo, ya que había quedado desactualizada. Al respecto, señaló que el incremento será de un “35,3%, entonces todas escalas del monotributo aumentan en sus valores hasta ese porcentaje”.
Por otro lado, se enfocó en el traspaso que se hace del régimen simplificado, es decir el monotributo, al régimen general -el correspondiente a las PyMES- donde hay que pagar IVA, ganancias, autónomos. “Esto que es pasar como del cielo al infierno, por la diferencia de costos que hay entre monotributo y el régimen general. Por eso ahora se buscó lograr un aterrizaje suave al que está obligado a pasar de un régimen al otro, en cierta forma facilitar de esta manera el traspaso”, reveló el diputado misionero en Radio Edición Calificada.
Además, agregó que “según un informe del Banco Mundial del año pasado, somos el país más gravoso del mundo en materia impositiva. De modo que no hay un aliento para que un contribuyente deje la comodidad del monotributo y pase al régimen general que debería ser lo normal. Ya que esto significa un mayor costo que hoy en Argentina nadie está en condiciones de poder soportarlo”.
“Hoy están amparados bajo el monotributo 3 millones 700 mil contribuyentes en Argentina, cuando inicialmente fue ideado para no más de 500 mil. Esto da cuenta que se han incorporado muchos a la economía formal a través del monotributo pero muchos que están en el límite entre pasarse del monotributo al régimen general por estar facturando más del tope que prevé la ley no lo están haciendo porque quieren evitar ese salto al vacío, que significa el régimen general, eso da lugar al enanismo fiscal, si permanecer chicos para no tener que soportar el costo del régimen general de impuestos en la Argentina”, puntualizó.
También opinó que “esta ley es un avance, no todo lo que hubiésemos nosotros preferido y sugerido en algunas cuestiones técnicas, pero sin embargo, no deja de ser un avance porque en algunos casos va a facilitar el traspaso de un régimen a otro, por eso también lo hemos acompañado, sin dejar de mencionar algunas cuestiones que necesitan ser mejorados”.
Pastori se quejó una vez más de la redacción del proyecto, que anteriormente había calificado de “farragosa” cuando el proyecto se aprobó en Diputados el sábado 27 de marzo.
Con 237 votos positivos, la Cámara baja avaló la iniciativa elaborada por la AFIP. Habrá incentivos para los monotributistas que se conviertan en autónomos.
Con 237 votos a favor y solo dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este sábado el proyecto de ley que facilita la transición entre el régimen de monotributo y el general, a través de un alivio en la carga tributaria que deben afrontar los contribuyentes.
El proyecto, que ahora deberá ser tratado en el Senado, fue elaborado por la AFIP, y en el Congreso se hizo presente el director de Recursos de la Seguridad Social del ente recaudador, Carlos Catagneto, quien celebró la aprobación.
Se trata de la iniciativa para atender la situación de los contribuyentes que fueron excluidos del régimen simplificado y que al pasar al régimen general acumularon deudas fiscales difíciles de afrontar, por un total de 20.000 millones de pesos.
Lo que se busca es resolver el problema transitorio de actualización del monotributo durante 2021 como consecuencia de la suspensión del índice de movilidad previsional, subsanando cualquier inconveniente referido a las recategorizaciones de manera automática.
Miembro informante del proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller señaló que el proyecto interviene sobre tres planos distintos: aliviar la carga de los contribuyentes excluidos del régimen simplificado y que al pasar al régimen general acumulan deudas fiscales cuya magnitud las hacen difíciles de afrontar. “Para eso genera un puente entre el régimen simplificado y el régimen general con la intención de ayudar a resolver uno de los problemas más complejos que plantea el montributo. La diferencia de la carga tributaria entre ambos, el régimen simplificado y el general termina en la práctica actuando como una traba para que los contribuyentes puedan asumir la transición entre ambos regímenes”, señaló.
Habló de beneficios fiscales por tres años para aquellos que decidan pasar voluntariamente al régimen general con el claro objetivo de inducir a los contribuyentes a no esperar ser detectados por la AFIPR para cambiar de régimen. En definitiva, “se intenta igualar mediante la reducción proporcional del IVA y del impuesto a las Ganancias los montos a pagar entre los dos regímenes, en especial si el contribuyente decide voluntariamente la transición, que es algo que aparece como un diferenciador significativo”, destacó.
A continuación, el radical Luis Pastori señaló que “se trata de un proyecto no tan bueno como sí necesario”. Aclaró que no es una reforma a la ley de monotributo, como podría interpretarse, sino “una suerte de blanqueo hacia el pasado para determinados contribuyentes que se han excedido en los límites de facturación de su actividad, y es una suerte de aterrizaje suave hacia el futuro, al pasar de un régimen, el simplificado, al régimen general, para aquellos que por la aplicación que se llama exclusión de oficio, al excederse en sus parámetros automáticamente quedan incorporados al régimen general”.
Pastori se quejó de una redacción engorrosa de este proyecto. “La verdad que quienes lo redactaron no tuvieron piedad alguna para con quienes después tenemos que interpretar las leyes. No digo los legisladores solamente, los liquidadores de impuestos, los empresarios, los estudiantes de universidades… La verdad que una redacción farragosa”, dijo y advirtió que “o el monotributista está pagado un tributo demasiado barato, o el del régimen general está pagando un tributo demasiado caro. O ambas cosas a la vez, y esto es lo que en la jerga se conoce como enanismo fiscal: nadie quiere pasar del monotributo al régimen general, porque es pasar desde el cielo del monotributo al infierno del régimen general. Es un salto al vacío sin paracaídas”.
Sobre el final pidió a la AFIP un plazo prudencial para la recategorización de los contribuyentes, como así también expresó sus dudas respecto de la eficacia de este proyecto en cuanto al futuro. “No estamos promoviendo el paso del régimen simplificado al general, porque le hemos dado muchas facilidades en el IVA, más que en Ganancias, y el problema está en Ganancias, más que en el IVA, porque eso incide de manera muy gravosa. Es buena la ley para solucionar problemas del pasado, no tan buena para solucionar problemas que van a seguirse presentando en el futuro”.
Por último, el diputado José Luis Ramón planteó consideraciones políticas sobre el proyecto y ya no técnicas como los diputados que lo antecedieron. Señaló que “el sistema impositivo de nuestra Argentina termina siendo una traba al comercio, porque tenemos dos sistemas distintos, en donde la verdad que cuesta mucho lograr la justa distribución de la carga impositiva. Y lo que queremos en la Argentina es que la mayoría de las empresas pasen al sistema general, porque eso significa que las empresas han estado ganando dinero, han progresado”.
Con todo, advirtió que no quería basarse tanto en la salida del monotributo, sino en la entrada. “Y la consideración política que quiero hacer es en relación a la precarización laboral, porque si hay algo que ha traído del monotributo es que se desvirtuó la manera en la que fue creado, que tenía que ver con el desarrollo de los emprendedores, las PyMEs”. Con el tiempo, dijo, “se fue desvirtuando, sobre todo a partir de los años 90” y consideró “injusto” el sistema, porque se precariza a las personas e incomoda en la competencia a las empresas que cumplen con sus obligaciones patronales y aquellas otras que no lo cumplen y tienen a sus empleados en monotributo. Se transformó en regla general y de evasión”. Asimismo alertó que “el principal precarizador es el Estado”.
En síntesis, el diputado mendocino llamó a replantear el monotributo.
El proyecto contempla que los monotributistas que se conviertan en autónomos podrán experimentar un ahorro significativo en su carga tributaria con relación al monto que deberían pagar si no se introducen los cambios propuestos.
Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en hasta un 25% tendrán la opción de mantenerse en el monotributo por el período 2021.
En tanto, quienes tengan una facturación excedida en más del 25% y que pasaron voluntariamente al régimen general tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, del 30% en el segundo y del 10% en el tercero.
Presente en el Congreso, Castagneto destacó que “la iniciativa beneficiará a miles de contribuyentes ya que ‘subsidia’ el paso de los monotributistas al régimen de autónomos a través de un ahorro significativo en su carga tributaria”.
“Lo que planteamos beneficia a todos los monotributistas porque establece un régimen permanente que hace menos gravoso pasar al régimen general y, al mismo tiempo, beneficia al Estado ya que se dispondrá de más información”, señaló el director de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP.
Finalmente, sostuvo: “Estamos convencidos de que es a través, no de la rebaja de impuestos, sino a través del canal del gasto y la inversión pública donde se logra los objetivos redistributivos de la riqueza, también en términos de desarrollo”.
El radical misionero lo informó a través de las redes sociales. Cómo fue su participación en la última sesión.
La pandemia sigue y los casos van en aumento. Prueba de ello la acaba de dar el diputado nacional radical Luis Pastori, que confirmó este jueves, último día del año, que contrajo Covid-19.
Lo hizo a través de la red social Twitter, donde informó que “acabo de recibir el resultado de un PCR que resultó positivo detectando genoma del SARS-Cov2”.
“Estoy bien, con pesadez en la cabeza y tos seca. Me aislaré a partir de ahora. Que tengamos un mejor año y a cuidarse!”, concluyó el legislador de la provincia de Misiones.
El diputado nacional participó de la última sesión de la Cámara baja, el martes pasado, incluso haciendo uso de la palabra. Pero fue uno de los que estuvo de manera remota.
Fue uno de los principales planteos de Juntos por el Cambio, y también lo pidió Nicolás Del Caño, del FIT. Moroni, en cambio, habló de la necesidad de desindexar la economía.
Diputados de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda exigieron este lunes que el proyecto de movilidad jubilatoria incluya una cláusula para que los aumentos no queden por debajo de la inflación, aunque el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, defendió la propuesta oficial.
Fue en el marco del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda donde comenzó a debatirse, con la presencia de funcionarios, la iniciativa que establece un nuevo cálculo de actualización de los haberes.
“Ahora estamos discutiendo si se incorpora o no inflación. Y partiendo de la base de que el presupuesto plantea una inflación del 29% y que todos los consultores hablan de una inflación superior al 50%, quisiera saber cómo van a hacer para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo”, preguntó Negri.
El legislador habló de “las contradicciones del relato kirchnerista” al señalar que en el acto del último viernes, la propia vicepresidenta Cristina Kirchner pidió “alinear inflación y jubilaciones, pero hoy debatimos en Diputados una ley para desenganchar jubilaciones del índice de precios”.
En el mismo sentido, los radicales Alejandro Cacace y Luis Pastori lamentaron que “está claro que no se quiere agregar ninguna cláusula que al menos garantice que no van a perder con la inflación”.
Para subsanar ese aspecto, Pastori pidió modificar el artículo primero del proyecto estableciendo que “en ningún caso” la aplicación del índice podrá significar la disminución del haber “real” (y no nominal) que percibe el beneficiario.
Por su parte, Nicolás Del Caño alertó que el proyecto “está pensado desde un criterio fiscalista, no desde la suficiencia del haber”.
“Si el Gobierno plantea que quiere cuidar el poder adquisitivo de las jubilaciones, ¿cuál es el problema de establecer una cláusula para que, si los aumentos que se dieron durante un año quedan por debajo de la inflación, no puedan ser compensados de manera automática?”, cuestionó el representante del PTS.
Al momento de las respuestas, Moroni llamó a “desindexar la economía”, ya que con este fenómeno “se termina generando mayor nominalidad y terminan afectados los sectores de ingresos fijos, que es a los que decimos que queremos proteger”.
“Lo que corresponde es que los jubilados sigan la situación de los (trabajadores) activos, que va a mejorar, porque ese es nuestro proyecto”, insistió el ministro de Trabajo.
Ante el inicio del debate en comisiones del tema previsional, legisladores del radicalismo reiteraron sus duras críticas.
Comenzará este lunes en comisiones de Diputados el tratamiento de la nueva movilidad jubilatoria, proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. Diputados nacionales de la UCR que integran las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, donde se tratará el proyecto, anunciaron ya su rechazo al proyecto del oficialismo por “profundizar el ajuste que viene realizando el Gobierno sobre los jubilados”.
Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, remarcó que “la fórmula de movilidad propuesta por el gobierno es para seguir ajustando a los jubilados, como pasó durante todo este año. En 2020 los jubilados perdieron en valor de sus haberes entre 5000 y 140000 pesos por los aumentos por decreto. Esto significa que los aumentos fueron de entre 7 y 18 puntos menos de lo que correspondía por la Ley de movilidad, que hubiera sido de un 42% para todos los jubilados. Eliminar la variable de inflación de la fórmula es quitarle previsibilidad a la movilidad de los haberes, y prevenir de cumplir su principal objetivo, que es preservar el valor adquisitivo de las jubilaciones”.
Por su parte, Luis Pastori, secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se refirió a la complejidad y la falta de transparencia alrededor de la fórmula que propone el oficialismo: “El Gobierno es el único que maneja los datos que se aplicarán a la fórmula de actualización, por lo que para conocer cuál será el porcentaje de ajuste que corresponde a cada trimestre habrá que esperar el anuncio oficial, ya que es muy difícil poder hacer los cálculos previos con esa fórmula. Por ejemplo, el dato sobre la recaudación tributaria, que no es el total sino la que va al sistema previsional, lo maneja exclusivamente el Gobierno, la manera en la cual se calculará va a estar fuera del alcance del común de la gente y solo quedará esperar el anuncio oficial, lo cual le quita transparencia al sistema”.
“No tener en cuenta como variable de la movilidad jubilatoria la inflación es muy perjudicial para los beneficiarios del sistema. Prácticamente todos los países ajustan los haberes teniendo en cuenta la inflación, ya que es justamente lo que evita la caída del poder adquisitivo. Más aún en un país como el nuestro, en que la inflación es el peor flagelo para el bolsillo de trabajadores activos y jubilados desde hace décadas”, señaló por su parte Albor Cantard, integrante de la Comisión de Previsión Social.
Atilio Benedetti, integrante de Presupuesto y Hacienda remarcó que “luego de tantas promesas de recomposición el gobierno no está ni siquiera manteniendo el nivel de los haberes jubilatorios. La fórmula del oficialismo atenta contra la posibilidad de mantener el nivel adquisitivo. Cuesta comprender por qué el Gobierno avanza con un proyecto de estas características, que cuando hay dificultades agrava el deterioro de los ingresos. En este contexto de aceleración del proceso inflacionario, caída del empleo y caída del PBI una fórmula de estas características es condenar a los jubilados a peores ingresos. Abandonar en esta situación la salvaguarda de la actualización por inflación no se entiende”.
“Vamos a insistir con el sostenimiento de la fórmula tan criticada que aprobamos a fines de 2017 y que contemplaba el aumento del costo de vida”, amplió Benedetti.
Para el diputado radical misionero, “no cabe ninguna duda que estamos en presencia de un nuevo impuesto, por cumplir con todos los conceptos que lo integran”.
El diputado radical Luis Pastori fue particularmente duro contra el aporte solidario y extraordinario propuesto por el Gobierno, al que consideró lisa y llanamente un impuesto.
Arrancó parafraseando a Marta Nercellas, exabogada de la DAIA en el juicio por el atentado a la AMIA, al señalar que “este proyecto en tratamiento es uno más de los tantos agravios a la Argentina por parte de un Gobierno que recurre a los eufemismos para vestir de épica todo lo que acomete, y en especial aquellas cuestiones cargadas de un absurdo neologismo, con un sesgo claramente antiempresas y antiinversiones”.
Para Pastori, “no cabe ninguna duda que estamos en presencia de un nuevo impuesto, por cumplir con todos los conceptos que lo integran: surge de la ley, es coactivo, obligatorio, no es voluntario y está destinado a un fin público”. Así las cosas, concluyó que “es un impuesto, no le busquen la vuelta, es un impuesto”.
“Empezamos muy mal si arrancamos pretendiendo engañar desde el título: que esto no sería un impuesto, sino un pariente cercano que vino de visita por única vez y al que tenemos que cobijar tolerando sus buenas intenciones”, ironizó, remarcando que “estamos ante un actuar malicioso y tramposo” de parte del Gobierno.
Además, el misionero agregó: “Siendo un impuesto de tipo directo, cuya potestad originaria corresponde a las provincias -artículo 75, inciso 2 de la Constitución nacional-, en este caso todo lo recaudado, contrariando el principio general de que todo impuesto es coparticipable va a ir a Nación, Es un impuesto grosero, mal diseñado, con serias falencias de técnica legislativa tributaria, que grava capital de trabajo”.
Asimismo, el diputado de Juntos por el Cambio adelantó que “para las PyMEs y el empleo, este impuesto es una segunda pandemia: le pega de lleno a las PyMEs agroindustriales, fabriles, industriales y de servicios, motores fundamentales de la generación de empleo. Le pega al campo, al gravar los inmuebles rurales sin mínimo no imponible que quede exento, y sin desgravar tampoco las viviendas de uso familiar”.
“¿Qué están buscando? ¿Qué se sigan yendo las empresas y los empresarios de la Argentina? ¿No se dan cuenta que están conspirando contra el éxito de su propio Gobierno, al que dicen defender, ralentizando la recuperación económica?”, se preguntó el legislador.
El diputado radical criticó varios aspectos del Presupuesto, aunque adelantó que Juntos por el Cambio acompañará algunos artículos.
Luis Pastori, diputado nacional por la UCR, cuestionó en la sesión de este miércoles los montos asignados al pago de jubilaciones y pensiones, universidades nacionales y transporte público del interior, aunque resaltó algunos artículos que Juntos por el Cambio acompañará.
Respecto del reparto para universidades nacionales, denunció que “se han cometido muchas inequidades” y puso como ejemplo la Universidad Nacional del Alto Uruguay, ubicada en su provincia, Misiones, la cual “es la más castigada, con la peor asignación presupuestaria sin ningún sentido”.
Por otra parte, el legislador dijo que, si bien los subsidios al transporte del interior del país ascendieron de 13.500 millones de pesos previstos en el proyecto original a 20.000 millones contemplados en el dictamen, “la relación con el AMBA sigue siendo abismal, en una proporción de 80% contra 20%”.
Pastori también señaló en cuanto a las jubilaciones y pensiones que “no hay cálculo para una fórmula de movilidad que va a incidir a partir del 1ro de enero y que impacta nada más ni nada menos que sobre el 50% del gasto público”.
“No va a alcanzar la partida presupuestaria para pagar jubilaciones y pensiones”, alertó Pastori, presente esta vez en el recinto de la Cámara baja.
En otro orden, criticó el incremento de impuestos internos a los artículos electrónicos, como aire acondicionado, radiograbadores, televisores y teléfonos, del 7% al 17%.
Asimismo, sobre el impuesto a los juegos de azar, aceptó la suba de la alícuota del 2% al 5%, pero cuestionó que ésta se reduzca en un 50% para apuestas en las que intervengan sujetos con inversiones genuinas en el país. “¿No será esta otra cláusula a favor de Cristóbal López?”, se preguntó, y denunció una “delegación de facultades inadmisible en la AFIP”.
Por último, anticipó que Juntos por el Cabio acompañará en la votación algunos artículos, como el que establece una zona aduanera especial para Misiones y el que establece la automaticidad de las transferencias del Fondo Especial del Tabaco a las siete provincias productoras.
El ministro respondió preguntas al finalizar su exposición sobre el Presupuesto 2021. Luis Pastori y Luciano Laspina cuestionaron las proyecciones.
A diferencia de años anteriores, la presentación del proyecto de ley de Presupuesto tuvo un espacio para preguntas de los diputados al ministro de Economía. Fue así que Juntos por el Cambio hizo una serie de planteos a Martín Guzmán, basados en la falta de un “programa económico”, las dudas en cuanto al gasto previsional y las proyecciones de inflación.
El primero en preguntar por el principal bloque de la oposición fue Luis Pastori (UCR), quien sugirió que “pareciera ser que un programa integral no lo vamos a tener por un buen tiempo”.
Pastori le consultó a Guzmán “si descree de los programas económicos tal como lo ha manifestado el presidente, que prometió 60 medidas que todavía estamos esperando”. “El Presupuesto no tiene proyecciones fiscales más allá de 2021. Se habla de una ‘guía’, carece de información relevante presentada en presupuestos anteriores, como el detalle de los subsidios económicos, principalmente a la electricidad y al transporte”, señaló.
El legislador misionero también indicó que “se promete una reforma tributaria pero no está contemplado qué incidencia va a tener en el cálculo de recursos”, y por otra parte, en materia previsional, observó que no se incluye el futuro cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria, que “impactará muy fuertemente en el gasto”, mientras que “tampoco se contemplan partidas presupuestarias para cumplir con el programa de Reparación Histórica”.
Por otro lado, Pastori cuestionó la proyección del 29% de inflación interanual. “Suena muy optimista. Si erramos en este cálculo, todo el Presupuesto queda en un cono de sombras y de falta de credibilidad”, apuntó, e insistió en que “lo principal que tiene que tener un Presupuesto es la credibilidad, y es lo que aquí está faltando”.
También Luciano Laspina (Pro) sembró dudas sobre el Presupuesto: “Quedó claro que hay que pasar el verano para pasar a una política económica distinta, pero me da la impresión de que todavía no están claras las herramientas, la política con que se va a darle sustento a estas proyecciones macroeconómicas”.
Al momento de responder, Guzmán habló de una “confusión semántica” respecto de la necesidad o no de un programa económico.
“Lo que el presidente ha manifestado es que no es de mucho sentido presentar un programa sobre la base de proyecciones de plazos medianos y largos basados en supuestos que consisten más en ilusiones que en una lectura apropiada de la realidad. Eso se ha hecho varias veces y no ha funcionado”, explicó el ministro, y añadió: “Lo que estamos presentando es un esquema macroeconómico integral; si se lo quiere llamar ‘programa’, estamos bien”.
Asimismo, destacó que “muchas de las 60 medidas (anunciadas por Alberto Fernández) están presentadas en este Presupuesto, y hay cuatro que ya anunció el presidente junto al ministro de Desarrollo Productivo”.
Sobre el tema de los subsidios, sostuvo que “el supuesto que se hace es que en términos del Producto, el ratio de subsidios se mantiene constante, y toda la política tarifaria se enmarcara en ese esquema”.
Ante otra de las preguntas de Pastori, aclaró que la reforma tributaria se plasmará en otro proyecto de ley que será sometido a discusión en el Congreso, donde se contemplarán medidas que “se basan en los principios de sostenibilidad fiscal, generación de incentivos a la producción y el empleo, y reducción de la informalidad”.
Guzmán explicó además que “el gasto de la seguridad social está cubierto, aún en lo que corresponde a las erogaciones de la Reparación Histórica”, y que “se contempla un aumento de los haberes jubilatorios en términos reales” ya que el gasto previsional ascendería al 30,5%, una proyección mayor a la de la inflación.
Respecto de la inflación, el funcionario recordó que “durante los cuatro años que precedieron a nuestro gobierno, sistemáticamente, las expectativas de mercado fueron más optimistas que lo que la realidad deparó”, mientras que en los nueve meses que lleva esta gestión “las expectativas han sido más pesimistas”.
En líneas generales, el miembro informante de Juntos por el Cambio ponderó la ley elaborada, pero cuestionó duramente una serie de artículos, sobre todo el 11°, que consideró “un traje a medida” de Oil Combustibles.
Si bien el miembro informante de Juntos por el Cambio, el radical misionero Luis Pastori, se mostró muy de acuerdo en líneas generales con la moratoria propuesta, detalló una serie de elementos que hicieron que ese bloque tomara la decisión de abstenerse de votar favorablemente el dictamen de mayoría.
El legislador comentó que siempre consideraron que las moratorias constituyen “un premio a los vivos incumplidores, en desmedro de los tontos pagadores de impuestos”, pero en esta oportunidad consideró que “esta moratoria es una necesidad imperiosa para tantos contribuyentes que por efecto de la cuarentena prolongada que va a cumplir 150 días, se ven en serias dificultades para cumplir no solamente con sus obligaciones fiscales, sino también para con proveedores, compromisos bancarios, pago de sueldos, y por eso hemos aprobado hoy esta necesaria modificación que requería la Ley de Concursos y Quiebras”.
Al referirse puntualmente a la ley de moratoria, recordó el contexto que establece que entre febrero y abril de este año, alrededor de 15 mil empresas, el 2,8 del total, dejaron de presentar las declaraciones juradas ante la AFIP, y 193 mil empleadores recibirán este mes el auxilio de la ATP para cumplir con 2.040.000 salarios.
Asimismo, Pastori señaló que se registró en este contexto un incremento del 50% de la deuda tributaria del universo de contribuyentes.
El legislador por Misiones señaló que en esta ley se agregan, a instancias de la oposición, aportes que benefician a los contribuyentes cumplidores, “siguiendo la línea que durante el Gobierno de Cambiemos introdujimos en la moratoria de 2016, que premió a los cumplidores”. En este caso, aclaró que “los beneficios no tienen la dimensión que pretendemos, más bien suenan a pobres, pero no dejan de señalar un aspecto que creemos es de estricta justicia. Y vamos a acompañar esos artículos de premios a los contribuyentes cumplidores”.
Con todo, Juntos por el Cambio terminó presentando un dictamen de minoría. ¿Por qué? Pastori explicó que la norma “adolece de serios problemas que tienen que ver con su insuficiencia, que tienen un sesgo antiempresa, cargado de ideologismo, y lo más grave: el escandaloso artículo 11 que conduce a la impunidad de los autores de uno de los más grandes fraudes al fisco de los últimos tiempos. Me refiero a Oil Combustibles SA”.
“¿Por qué decimos insuficiente? Si bien han modificado la ventana del 30 de junio al 31 de julio, eso no soluciona la incorporación en la moratoria de los vencimientos para personas humanas para el impuesto a las ganancias y bienes personales correspondientes al año 2019”, señaló. Por el contrario, dijo, las personas jurídicas sí lo pueden incorporar, generando así lo que consideró “una gran inequidad en desmedro de las personas humanas”.
Al detallar las “insuficiencias” de la ley, agregó que no incorpora las deudas por aportes y contribuciones al sistema nacional de obras sociales, porque no amplía la ventana temporal de acceso a la moratoria prevista al 31 de octubre, siendo su propuesta la de llevarla al 30 de noviembre. Entre otras cosas, tampoco amplía el plazo de espera para el pago de la primera cuota. “Nuestra propuesta es llevarla al 1° de febrero de 2021; también porque no establece topes a la AFIP para la imposición de pagos a cuenta.
Con relación al sesgo antiempresa, Pastori mencionó dos artículos. Por el 8°, “se imponen distintas situaciones que pueden llevar a la caducidad del plan para aquellas grandes empresas que distribuyan utilidades a sus accionistas o socios, cuando accedan al mercado único y libre de cambios para realizar pagos de beneficios a sujetos vinculados en el exterior, por transferencias al exterior o compras de activos financieros por todo tipo de personas, poniéndole trabas así al funcionamiento a operatorias que son normales”.
Mencionó también el artículo que Carlos Heller acababa de señalar que habían modificado. El 2°, que excluía del beneficio a entidades financieras, compañías de seguros, y empresas de telefonía. “Pero dejan la limitación a las personas humanas y jurídicas que posean activos financieros en el exterior. Y acá viene lo insólito: excepto lo repatríen en un 30% del producido de su realización en un plazo de 60 días”, apuntó Pastori, que recordó luego que con la ley de emergencia aprobada en diciembre se buscó premiar a aquellos que repatriaran hasta un 5% de sus activos en el exterior, y resultó un fracaso. “Ahora se les pide un 30%. Esto, y decir que no pueden entrar a la moratoria es lo mismo”, apuntó.
Una vez concluido su discurso, Heller aclaró que en el apuro no había alcanzado a leer una modificación en ese punto, que quedó estableciendo “personas humanas o jurídicas que no revistiendo la condición de MyPEs, entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, etcétera, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el 30%”.
El diputado Luis Pastori apuntó luego al artículo 11, que definió como “la cláusula Cristóbal López”. Recordó el diputado que es práctica habitual en los regímenes de regularización impositiva la exclusión de los sujetos declarados en quiebra. “No existen razones de índole comercial, fiscal, ni legal, para ofrecer el beneficio de un plan de pago extraordinario para quien no cuenta con un flujo de fondos que garantice su cumplimiento en el tiempo”, apuntó el diputado, agregando que “no obstante el proyecto de ley prevé que accedan al régimen de regularización”.
El diputado recordó que Oil Combustibles presentó este año un pedido paga pagar su deuda que la AFIP dictaminó que debía ser rechazado. En ese sentido, Pastori advirtió que “con esta ley, la AFIP va a estar renunciando a cobrar 100 millones de dólares”, pasando a cobrar 130 o un poco más en casi diez años.
“Si a esto agregamos que se incorporan a la moratoria los impuestos a combustibles, juego, apuestas online, la verdad que si no es un traje a medida, que alguien diga exactamente qué es…”, concluyó Pastori, que advirtió que la ingeniería legal aplicada “luce como un traje a medida para una sola empresa. Esto imposibilita acompañar el dictamen de mayoría”.
“Todo podríamos haberlo consensuado, pero lo que no podemos de ninguna manera consensuar es la incorporación del artículo 11, un escándalo que hará que -ojalá me equivoque- esta ley sea recordada en el tiempo como la Ley Cristóbal. Nos vamos a abstener en votar el dictamen de mayoría, entonces, sino hay cambios”, cerró.
Desde la oposición insistieron en que esa medida, contemplada en la ampliación presupuestaria, traerá aparejado un aumento en el precio del producto.
Uno de los temas más polémicos del proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Gobierno al Congreso es el que propone la aplicación del 10,5% del IVA para la leche común, cuestión sobre la que salió a alertar la oposición, mientras que el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, negó que esa medida vaya a tener un efecto en el precio final del producto.
Durante este miércoles, en la reunión que se citó para dictaminar la iniciativa, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió este punto, basado en un informe del Ministerio de Economía.
El legislador del Frente de Todos leyó el documento -en formato de preguntas y respuestas-, donde se afirma que el precio de la leche “no subiría y en un contexto normal incluso podría llegar a bajar”. También señala que la medida “no aumenta la recaudación tributaria” y “de hecho tiene costo fiscal, ya que hay leches que pasan de tributar 21% a 10,5%”.
Para la cartera que dirige Martín Guzmán, esta propuesta “corrige iniquidades en el sector lácteo, generadas por el gobierno anterior”. “Dichas iniquidades se reflejan en los eslabones de la cadena láctea que afectan el precio al consumidor”, remarca el texto, al tiempo que niega que vaya a peligrar “el consumo de leche en los sectores más vulnerables” y, asimismo, destaca que “el Estado destina recursos a suplir el consumo de leche en estos sectores”.
“Cuando se produjo la rebaja del IVA en el eslabón final, que es el consumidor, el sector industrial siguió pagando el 21% en la compra del insumo a los tambos, pero comenzó a acumular créditos fiscales sin poder descargarlos en otros eslabones de la cadena productiva”, explicó Heller, siempre haciendo referencia al informe.
Y amplió que en enero de este año volvió el IVA del 21% para las leches con aditivos, pero “mediante el decreto 418/2020 se estableció la compensación de IVA a las ventas por menor en hipermercados, supermercados y autoservicios para mantener estable el precio al consumidor”.
“Hoy en día existen distintas variedades de leches que están exentas de IVA; para estos casos el aumento de 0% al 10,5% no debería tener efecto en el precio final de góndola, ya que los comerciantes deberían dejar de cargar como costo el crédito fiscal que no podían descargar por la excepción del IVA en la venta al consumidor final”, se argumentó en el documento del Ministerio.
En ese sentido, el diputado indicó que “el comerciante recibía el IVA y no lo podía poner como IVA, lo ponía como precio”. “No es una medida para aumentar la recaudación o que tiene como objetivo una meta fiscal”, insistió y precisó que el costo fiscal es de “1.800 millones de pesos por año”.
“La medida que importa es la reducción del IVA de las leches que sí pagan el 21%, pero que el Estado Nacional complementa con compensaciones”, dijo el titular de la Comisión de Presupuesto y completó que la medida servirá para “evitar las distorsiones de acumulación de crédito fiscal, eliminar el régimen de compensación y mantener el precio al consumidor”.
En contra de este tema, el radical Luis Pastori enfatizó que “la leche común, en polvo o fluida, está exenta desde siempre”, por lo cual el año pasado “nunca podría haber bajado de precio, porque simplemente no hubo ningún descuento; no era así con las llamadas leches aditivadas”.
“No es cierto que la leche común sea menos consumida que las leches aditivadas, que seguramente las consume un sector de la población, pero no es el consumo más generalizado de los sectores populares”, expresó el misionero, quien planteó que un comerciante tendrá dos opciones: “Con el 10,5%, o absorbe el impuesto o lo carga al consumidor final”. “Lo va a trasladar al consumidor final porque es lo que todo el mundo hace”, pronosticó.
El legislador pidió entonces que “no nos mientan, no nos traten de engañar” y lanzó: “No nos parece que un Gobierno que venía a gravar con un impuesto a los recontra, recontra ricos de la Argentina termine gravando la leche común”.
“Quédese tranquilo diputado, dentro de pocos días va a tener la posibilidad de opinar, espero que a favor, de ese gravamen que le vamos a poner a los ricos, recontra ricos, de la Argentina y su ansiedad como la de tantos otros se va a ver satisfecha y espero que un sentido positivo”, le respondió Heller, autor de esa iniciativa -hasta ahora no presentada- junto al jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner.
Por su parte, durante el debate, el radical José Cano recordó las propuestas de campaña del presidente Alberto Fernández en relación al hambre y citó al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, cuando declaró: “Bajó el consumo de leche porque a las familias no les alcanza la plata, hay que bajar el IVA a los productos de la canasta básica”.
El tucumano consideró que “es muy difícil interpretar o creer que los precios vayan a bajar a partir de gravar con el 10,5%”. Y mencionó “números del INDEC” que indican que “en marzo las leches de larga vida tuvieron una caída interanual del 30,1%, frente a una baja del 3,3% de la leche en sachet”, además de que, en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, el precio de la leche “se incrementó en un 31,5%”.
Ante una inquietud de Juntos por el Cambio sobre el proyecto de ampliación presupuestaria, el secretario de Hacienda sostuvo que la leche que más se consume es la aditivada, cuya alícuota bajará.
Ante la polémica generada en torno a la aplicación del 10,5% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la leche común, actualmente exceptuada de ese tributo, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, negó que esa medida “tenga un efecto de incremento del precio” y dio las razones del Gobierno.
Durante el debate del proyecto de ampliación presupuestaria en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Rigo respondió a un planteo de Juntos por el Cambio, expresado por el radical Luis Pastori, acerca del artículo 7 inciso “f” de la iniciativa oficial.
Pastori advirtió que mediante esa modificación se busca eliminar del IVA “la exención de la cual hoy goza la leche, ya sea en polvo o fluida, entera o descremada”, que es “la leche de consumo masivo de los sectores populares”, para sumarla al lote de productos gravados con el 10,5%.
Paralelamente, señaló, todas las leches aditivadas pasarán del gravamen actual del 21% al 10,5%. “En eso estamos de acuerdo, pero no así en que la leche común pase del 0% al 10,5%. Será un impuesto que impactará directamente en el precio del producto”, alertó el misionero.
Pero al momento de responder, Rigo contradijo a Pastori y aclaró que “la mayor parte del consumo de leche en el país es de leches aditivadas y fortificadas”, y destacó que “para esa porción se está promoviendo una reducción” de la alícuota.
El secretario de Hacienda reconoció que “es verdad” que en el caso de la leche hoy exenta se incrementa la alícuota al 10,5%, pero consideró que la decisión de no gravar esa leche (efectivizada a través de un decreto en 2019) “no logró un efecto de reducción de precios, sino más bien un incremento”.
Además, observó que “la medida también tenía dificultades técnicas” ya que “al tener que trabajar en la última etapa de la cadena con el producto exento, esto produce en las empresas comercializadoras una acumulación de crédito fiscal, que no puede aplicado justamente por esa razón”.
“Al llevar la alícuota al 10,5%, va a ser posible para esas empresas descargar esos créditos fiscales y eso evitará presiones”, señaló Rigo, y agregó: “No compartimos que esta medida tenga un efecto de incremento en los precios”.
“Consideramos que es un paso que avanza en mejorar y perfeccionar técnicamente una medida (la tasa cero) que se tomó de manera apresurada y que también tuvo planteos de inconstitucionalidad”, concluyó.
En su artículo 17, el proyecto del Poder Ejecutivo enviado a la Cámara baja elimina la exención del IVA a la leche fluida o en polvo, entera o descremada.
El diputado radical Luis Pastori advirtió que el proyecto de ampliación presupuestaria incluye en uno de sus artículos la propuesta de eliminar la exención de IVA a la venta de leche en polvo y fluida, entera o descremada. De tal manera, dijo, la lleva del 0% al 10,5%, “lo cual impacta directo en el precio a consumidor final”.
“Ya otro gobierno K, el de Néstor, había hecho lo mismo con el pan común o francés, gravándolo de 0 al 10,5% a partir del 1/11/2006”, agregó el diputado misionero.
A través de una serie de tuits, el legislador de Juntos por el Cambio agregó: “Encarecen los productos de consumo popular masivo cuyo fin -el de estar exentos- es no dificultar su acceso a los sectores de menores ingresos. Y esto, en medio de la pandemia. Les queda solo ir por el agua y medicamentos”.
“Le pedimos al Gobierno que revea su proyecto, la recaudación de impuestos no puede ser de cualquier manera y menos afectando los consumos populares básicos”, concluyó.
Por su parte, el diputado José Cano afirmó que “la gente tiene hambre y no tiene trabajo. Y la respuesta que se le ocurre al Gobierno en el proyecto de ley de ampliación del Presupuesto es ponerle IVA a la leche, como en 2006 que gravaron el pan. Catorce años después hacen lo mismo. Desde Juntos por el Cambio no vamos a permitirlo”.
En tanto, la diputada Claudia Najul señaló que “ayer ponían frases de Evita en twitter y hoy mandan al Congreso una ley para subirle el IVA a la leche. Nunca los juzgues por lo que dicen, mirá antes qué es lo que hacen”.
El legislador nacional radical presentó un proyecto de resolución requiriendo al PEN que “de forma inmediata” cancele los compromisos adeudados con el sector sanitario, por la falta de pago de dos programas nacionales.
El diputado nacional Luis Pastori presentó un proyecto de resolución para requerir al Poder Ejecutivo Nacional que, “en forma inmediata” cancele los compromisos adeudados con el sector sanitario, por la falta de pago de dos programas nacionales del Ministerio de Salud Pública, a saber, el Programa de Equipos Comunitarios, y el Programa de Salud Familiar y Comunitaria.
El legislador radical señaló que se trata de la falta de pago correspondiente a todos los meses del año 2020 (enero – junio), que equivalen a unos 30 millones de pesos, y que solamente para la provincia de Misiones se está afectando a 600 trabajadores que se desempeñan en 400 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en seis zonas sanitarias.
Pastori recordó que, según el subsecretario de Recursos Humanos de la cartera sanitaria provincial, Rodolfo Fernández Sosa, “el Plan Equipos Comunitarios funciona desde hace doce años en la provincia, y el Programa de Salud Familiar desde hace un año. Todavía la Nación no realizó ningún tipo de transferencia y eso está trayendo muchas dificultades, la gente no está cobrando desde enero”. Asimismo, Sosa precisó que “con respecto a los haberes del programa, los médicos ganan $25.000 por mes, los enfermeros $20.000 y los promotores $10.000”.
Finalmente, indicó el legislador indicó que desde la provincia se han hecho reclamos a la Nación en reiteradas ocasiones y que la situación “resulta ya insostenible”, y que por eso “se justifica este pedido desde la Cámara de Diputados de la Nación”.
Se trata de la que analiza las normas tributarias y previsionales, presidida por el radical Luis Pastori. La semana próxima se enviarán preguntas por escrito a la titular de la AFIP.
La Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales de la Cámara de Diputados acordó este miércoles citar para una próxima reunión a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.
Durante la primera reunión del año, el presidente de la comisión, el misionero Luis Pastori (UCR), informó que tanto en abril como en mayo se enviaron notas a la Secretaría de la Presidencia solicitando la presencia de Marcó del Pont. Sin embargo, pese a las respuestas con visto bueno, nunca se pudo concretar una visita “virtual” de la funcionaria.
Ante esto, Pastori propuso que cada legislador que tenga consultas o preguntas pueda presentarlas ante la secretaría de la comisión y la semana próxima se evalúen, y posteriormente se envíen a la titular de la AFIP. En tanto, volverán a solicitar su presencia, al igual que la de Raverta, a quien todavía no se había invitado.
El vicepresidente primero de la Cámara, el macrista Álvaro González, advirtió sobre los temas de las preguntas, dado que “ingresaría al Congreso un proyecto de amplia moratoria” y, si muchas de las consultas tratan sobre eso, luego “nos vamos a chocar, en el medio, con que viene el proyecto” y algunas perderían sentido.
Por su parte, la oficialista Hilda Aguirre aseguró: “No tengo dudas que Mercedes Marcó del Pont podrá hacerse un tiempo para que nosotros podamos evacuar todas nuestras dudas”. La vicepresidenta de la comisión argumentó el retraso en la visita debido a que no se había puesto en marcha la comisión, e insistió: “Para nosotros es indispensable contar con su informe, al igual que el de Raverta”.
“Tenemos que ver entre todos como paliamos estos momentos tan duros, producto de la pandemia, pero también de un país que ya venía con problemas económicos muy grandes”, agregó la riojana.
Por la oposición, el macrista Omar De Marchi señaló que “al no haber enviado el Gobierno el Presupuesto estamos a ciegas sobre cuál es la estrategia recaudatoria”. “Una súper moratoria implica un súper paquete de recursos que dejan de ingresar al Estado”, añadió, y por eso coincidió en que se necesita la exposición de Marcó del Pont para “recibir información mayor de cómo se va a sostener lo que el Gobierno anuncia”.
En tanto, el oficialista Germán Martínez sugirió “armar una sinergia” con las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Previsión y Seguridad Social, y de la bicameral especial mixta de movilidad jubilatoria, al tiempo de conformar “una hoja de ruta propia” para la agenda de trabajo.
El legislador nacional radical Luis Pastori presentó un proyecto para suspender hasta el 31 de diciembre, o hasta 90 días después de finalizado el ASPO el inicio de los juicios de ejecución fiscal que la AFIP realiza a los contribuyentes con deudas vencidas.
El diputado nacional radical Luis Pastori presentó un proyecto de ley para suspender hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta 90 días después de finalizado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el inicio de los juicios de ejecución fiscal que la AFIP realiza a los contribuyentes con deudas vencidas vigentes ante dicho organismo recaudador.
“A través de estos juicios, la AFIP cobra a los contribuyentes, de manera judicial, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras cargas cuya aplicación, fiscalización o percepción, esté a cargo de dicho organismo”, explicó el diputado.
En este sentido, el legislador por Misiones señaló que “AFIP, en fecha 4 de junio pasado y a través de la Resolución General 4730, postergó el inicio de las ejecuciones fiscales hasta el 30 de junio de 2020, pero ante la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio, dicha fecha resulta a todas luces insuficiente, ya que los contribuyentes no habrán recuperado capacidad de pago y de cumplimiento de sus obligaciones tributarias vencidas y vigentes, teniendo en cuenta además que el ASPO se ha extendido hasta el 28 de junio próximo y la posibilidad latente de su extensión ya fue anunciada por diversos voceros oficiales”.
Además, propuso “suspender por el mismo lapso la prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar impuestos y exigir su pago, así como para aplicar y hacer efectivas las sanciones de multas y clausuras, porque hasta tanto no finalice el actual aislamiento, los contribuyentes no recuperarán capacidad de pagar las obligaciones tributarias vencidas vigentes”.
El proyecto fue presentado por el diputado radical Luis Pastori, quien advirtió que muchos de estos beneficiarios podrían irse del régimen especial.
El diputado nacional Luis Pastori (UCR) presentó un proyecto por el que solicitó a las autoridades de la AFIP y la ANSeS que “resuelvan la falta de pago de asignaciones familiares a aquellas personas adheridas al monotributo especial para pequeños productores de la caña de azúcar, yerba mate, té y tabaco”.
El radical señaló que “por falta de coordinación entre la AFIP y la ANSeS, hay pequeños productores adheridos al monotributo especial que han dejado de cobrar las asignaciones familiares; entonces, muchos quieren darse de baja de este régimen que tiene muchos beneficios, pero que una vez dado de baja, solamente podrán volver a reingresar a este régimen luego de tres años”.
El legislador de Juntos por el Cambio expresó que este régimen fue “un logro” de la gestión anterior, y explicó que “para cobrar esta asignación familiar, los monotributistas tienen que estar siempre al día, y seguramente como el pago de este régimen no es mensual, la ANSES no está liberando los pagos de las asignaciones familiares”.
“Por eso pedimos a las autoridades una pronta coordinación y respuesta positiva, para evitar que más pequeños productores abandonen el monotributo especial que tantos beneficios les genera”, insistió Pastori.
El misionero recordó que la ley fue sancionada en 2018, reglamentada en 2019 y “se trata de un régimen optativo que brinda facilidades para el pequeño productor, como la eximición del pago del componente impositivo del monotributo, y el pago de un 50% del componente previsional y de la obra social. Además, tiene otra gran ventaja, que es que el pago de dichos componentes se realiza no de manera mensual, sino en el momento donde el pequeño productor vende su producción. Recién allí se le retiene el 5% para abonar los componentes previsionales y de obra social”.
En el marco de la crisis por el coronavirus, la medida alcanzaría los pagos correspondientes a pymes, monotributistas y autónomos.
El diputado nacional Luis Pastori (UCR Misiones), conjuntamente con legisladores de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley solicitando alivios fiscales para los pequeños y medianos contribuyentes.
La iniciativa apunta a suspender los vencimientos de los pagos de siete obligaciones tributarias de monotributistas, autónomos y MiPyMes, desde el 20 de marzo, hasta 10 días hábiles después de finalizado el aislamiento, que se estima para el 12 de abril.
Las obligaciones tributarias que Pastori propone suspender, son:
a) Trabajadores Autónomos
b) Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)
c) Empleadores, Sistema de Cálculo de las Obligaciones de la Seguridad Social (SICOSS)
d) Impuesto a las Ganancias de Sociedades
e) Anticipos del Impuesto a las Ganancias de Sociedades y de Personas Humanas, Impuesto sobre los Bienes Personales y Fondo Cooperativo
f) Impuesto al Valor Agregado (IVA)
g) Impuestos Internos.
Acompañan a Pastori en esta iniciativa los diputados Mario Arce, María Lucila Lehmann, José Núñez, Lorena Matzen, David Schlereth, Jorge Vara, Alicia Terada, Estela Regidor, Albor Cantard, Lidia Ascárate, Alfredo Schiavoni, Gonzalo Del Cerro, Ignacio Torres, Pablo Torello, Jorge Enríquez y Julio Sahad.
El diputado misionero propone modificaciones a la Ley 25.564, con el objetivo de mejorar la productividad.
El diputado nacional Luis Pastori (UCR-Misiones) presentó un proyecto para modificar la Ley 25.564, de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
La iniciativa establece, en primer lugar, la actualización del valor de la estampilla (tasa de inspección y fiscalización del organismo) en torno al 1% del precio promedio de venta al consumidor del kilogramo de yerba mate.
Además, propone destinar un 25% del total recaudado para promover la productividad y el bienestar de los trabajadores rurales (tareferos) durante el período de interzafra.
“El aumento de recursos que traerá aparejado la actualización de la tasa, fortalecerá los objetivos actuales del INYM, entre los que se destaca, la promoción nacional e internacional del consumo de la yerba mate y, a su vez, permitirá generar excedentes para financiar programas destinados al sector más débil de la cadena, como son los tareferos”, explicó Pastori.
El radical explicó: “Por eso proponemos que un 25% del total recaudado por la tasa de inspección y fiscalización se destine a financiar programas que mejoren la productividad de los trabajadores rurales durante el período de ‘interzafra’”.
“La actual ley del INYM no cuenta con un artículo que mencione explícitamente al tarefero, por ello, es sumamente importante que reconozcamos su invalorable esfuerzo y trabajo, a partir del financiamiento de programas de capacitación y entrenamiento laboral y de incentivos educacionales, para poder mejorar su productividad y bienestar como un actor más de la cadena”, concluyó el misionero.
El diputado radical consideró que, al no incluir una cláusula aclaratoria en el proyecto, el oficialismo “está buscando que los jueces se vayan”.
El diputado nacional Luis Pastori (UCR) afirmó que está a favor de modificar las jubilaciones de privilegio, pero insistió que en le proyecto debe aclararse que “se respetará a los jueces los derechos adquiridos por la actual ley”.
“El proyecto, como está escrito, incentiva a jueces y fiscales a renunciar y a dejar vacantes que harían colapsar la justicia y posibilitarían al oficialismo designar jueces afines”, señaló en la previa de la sesión en la Cámara baja.
El radical enfatizó que “hay jueces que tienen derechos adquiridos para jubilarse más adelante con la ley actual, sin que se les afecte en la totalidad de su haber, una nueva ley de jubilación si es que se aprueba. Esto debe aclararse en el texto”.
En ese sentido, el legislador ratificó que para el Juntos por el Cambio “es determinante que esté aclarado, porque somos muchos los diputados que entendemos que la negativa del Poder Ejecutivo a acceder a esta cuestión, da lugar a pensar que, en realidad lo que quiere, es que no se tenga en cuenta la ley actual para las futuras jubilaciones y lograr así una renuncia masiva de jueces, para reemplazarlos por nuevos jueces afines”.
“Todos sabemos que cuando llega el momento de jubilarse cada uno se jubila por la ley vigente al momento del cese, y si se quiere hacer valer algún derecho adquirido por una ley anterior, es posible que muchos terminen litigando contra el Estado para que se le reconozcan esos derechos”, advirtió.
Y continuó: “Esto se puede salvar con un simple artículo que aclare la cuestión, sino tenemos derecho a sospechar que el Poder Ejecutivo no lo quiere hacer porque está buscando otro objetivo, que es que se vayan los jueces actuales que cumplen los requisitos para jubilarse, y así puedan surgir nuevas vacantes”.
Pastori también cuestionó que la iniciativa “establece una discriminación incomprensible, rayando la arbitrariedad para los derechohabientes de los diplomáticos o funcionarios del Poder Judicial fallecidos. La arbitrariedad se plantea en el caso de la pensión por fallecimiento, al pasar el derechohabiente, llámese esposa viuda, esposo viudo, los hijos menores o los hijos discapacitados, de un régimen especial atenuado al régimen general, viéndose reducido el haber de manera incomprensible”.
El diputado radical se refirió a la presentación de Martín Guzmán ante Diputados, y consideró que dejó “mucha incertidumbre y dudas”.
El diputado nacional Luis Pastori consideró que “la estrategia (económica) del gobierno no está funcionando. Quieren negociar rápido pero sin explicitar un plan, y vienen de fracaso en fracaso en todos los canjes voluntarios que plantearon hasta ahora, por lo que nos preguntamos si no es el momento oportuno de que cambien de estrategia”.
“Nosotros aportamos racionalidad desde la oposición, pero la confianza y la credibilidad se la tiene que ganar el gobierno y no nos parece que con este tipo de presentaciones lo logren”, señaló el legislador en referencia a la exposición que brindó en la Cámara baja el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Para el radical, “quedaron muchas cuestiones sin contestar, mucha incertidumbre y dudas. No presentaron un programa económico, ni de política fiscal que tiene que ver con el Presupuesto 2020. Estamos transitando mediados de febrero y todavía no tenemos noticias de cuándo vendría este Presupuesto al Congreso”.
“El ministro Guzmán dijo que este año no va haber superávit primario y planteó varios escenarios, algunos de ellos que van hasta el año 2026. Esto agrega más incertidumbre a su presentación”, sostuvo el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Y concluyó: “Desde el bloque de Juntos por el Cambio vamos a seguir apostando a la gobernabilidad y al éxito de la gestión, pero no creemos que con este tipo de presentaciones en donde poco se aclara se pueda lograr ese éxito”.
