Diputados de JxC reclaman aumentar penas para quienes organicen usurpaciones

El legislador radical Luis Petri presentó un proyecto que prevé penas de hasta 8 años de prisión en los casos de figuras agravadas.

El diputado nacional Luis Petri, junto a legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto que aumenta las penas e incluye agravantes en el delito de usurpación. “Es imprescindible proteger y garantizar la propiedad de acuerdo al mandato constitucional, la reforma contribuirá a garantizar el estado de derecho y la seguridad jurídica”, consideró el legislador radical. 

El proyecto prevé penas de 1 a 4 años para el delito de usurpación simple, en el supuesto de que concurran agravantes de 2 a 6 años y si además hubiese ánimo de lucro la pena va de 4 a 8 años de prisión. 

Petri indicó que “el Código Penal vigente no prevé ni agrava los casos de usurpaciones, por ello el proyecto incorpora los siguientes supuestos: con armas de fuego, explosivos o sobre inmuebles del Estado o destinados a servicios públicos o inmuebles que integran el patrimonio cultural de la Nación o inmuebles pertenecientes a Parques Nacionales; o cuando el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad; o el hecho se cometiere en despoblado y en banda; o a quienes organicen, financien, faciliten o dirijan la realización de usurpaciones de inmuebles de propiedad pública o privada”. 

En ese sentido, aseguró que “es fundamental sancionar severamente a las bandas que organizan la toma de tierras y que lucran con las necesidades de la gente y venden los terrenos usurpados haciendo loteos clandestinos de los mismos”. 

En la actualidad, el delito de usurpación en nuestro Código Penal tiene una pena que va de los 6 meses a los 3 años, de aprobarse el proyecto, para la figura simple se incrementa a 4 el máximo y 8 años en el caso de las figuras agravadas que incorpora el proyecto. 

Petri consideró que “el Estado debe impedir las usurpaciones ya que consentirlas es admitir su fracaso y el rompimiento del contrato social que une a los argentinos. Es una grave afectación al derecho de propiedad protegido constitucionalmente”. 

“Para prevenir las usurpaciones es imprescindible una activa política de viviendas por parte del Estado Nacional, cumpliendo el mandato del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, garantizando el acceso a una vivienda digna. Cuando se cometen las usurpaciones, además de violar expresamente el Código Penal, violan el artículo 14 de la Constitución cuando dispone y consagra el derecho a usar y disponer de la propiedad y el artículo 17 cuando determina que la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley, solo autorizando restricciones a la misma por expropiación por causa de utilidad pública”, concluyó el diputado. 

Acompañan esta iniciativa los diputados Alfredo Cornejo, Soledad Carrizo, Sebastián Salvador, Juan Martín, Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Gustavo Menna,  Mario Arce, Luis Pastori, Victor Hugo Romero, Gerardo Cipollini, Estela Regidor, Ximena García y Fabio Quetglas. 

Diputados de Juntos por el Cambio citan a Kulfas y Moroni al Congreso

Quieren que informen sobre las medidas a implementarse para evitar la salida del país de empresas, o bien su cierre definitivo.

El diputado nacional Luis Petri, junto a Alfredo Cornejo, Alejandro Cacace y Hugo Romero, citaron al ministro de Producción, Matías Kulfas y al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía, Trabajo y Pequeñas y Medianas Empresas, a fin de informar detalladamente respecto de las medidas a implementar para evitar el éxodo de empresas del país o su cierre definitivo con la consiguiente pérdida de los puestos de trabajo y el deterioro de la situación social en el país.

“No hay voluntad política para avanzar en una agenda de producción y empleo, ya que las prioridades legislativas del Gobierno son otras, con solo revisar las últimas sesiones del Senado abocadas a avanzar sobre la Justicia de manera excluyente, se da cuenta de ello”, explicó el autor del proyecto.

Además, consideró que “el Gobierno toma medidas que generan incertidumbre e inseguridad jurídica, como el Decreto 522/20, que dispuso la intervención de una empresa privada o el 690/20 de Telecomunicaciones; o desalienta la inversión como es el caso de la Industria del Conocimiento, donde inexplicablemente suspendió su aplicación por una resolución del Ministerio de la Producción a comienzos de año, para posteriormente enviar una modificación al Congreso que aún no logra ser tratada en el Senado, como tampoco es tratada la modificación a la ley de Concursos y Quiebras, que evitaría el cierre definitivo de miles de empresas que atraviesan graves problemas para mantenerse en pie, pese a contar el oficialismo con una abrumadora mayoría, como quedó demostrado al momento de tratar la Reforma Judicial y la destitución de tres jueces federales”.

Por su parte, Cornejo manifestó que “las medidas que viene tomando el Gobierno destruyen el empleo privado y desalientan la inversión. En lugar de generar confianza se empecinan con atropellar las instituciones y el costo es altísimo, con empresas que cierran o se van y empleos trabajos que se pierden”.

En ese sentido Petri detalló que “la economía se desploma y el presupuesto anunciado por el Poder Ejecutivo contiene inconsistencias en torno a las expectativas de crecimiento, inflación y tipo de cambio. Un ejemplo de ello es la inflación donde el Ministerio de Economía calcula el 29%, mientras que el Banco Central, al medir las expectativas inflacionarias para el 2021, concluye que estarán en el orden del 46%”.

También, el presidente de la UCR aseguró que “el Gobierno repite sus propios errores con mucha carga sobre el sector privado, altos impuestos y cepo cambiario”.

Finalmente, Petri concluyó: “El Gobierno, así como carece de un plan sanitario para salir de una cuarentena interminable, que demuestra su ineficacia teniendo en cuenta los altos niveles de contagios y muertes que registra el país, carece de un plan económico y productivo post pandemia, que transmita confianza,  previsibilidad y seguridad jurídica a quienes deciden invertir en la Argentina y generar empleo”.

Legisladores de JxC comparan medidas con el modelo venezolano

Laspina señaló que la norma del BCRA es la misma que aplicó Venezuela por años. “Nivelan para abajo”, señaló Petri. Réplica de Leandro Santoro.

El diputado nacional y economista Luciano Laspina advirtió que “el mecanismo que está en la norma del Banco Central es el mismo que aplicó Venezuela por años. Prohibir la venta de bonos en dólares contra pesos para que el gobierno sea el único oferente. Eligen a quién, cuánto y a qué precio vender dólar financiero y se financian con eso”.

“Cepo al cepo”, agregó Laspina, quien sostuvo que el Banco Central “mandó a reestructurar todas las deudas del sector privado que vences de aquí a fin de año. Como si el 1 de enero se arreglara algo. A pocos días de salir del default soberano vamos a un default del sector privado”.

Por su parte, el diputado radical mendocino Luis Petri advirtió que “con la nueva disposición de la AFIP volvió el Relato al palo. Cuando el Gobierno dice Adelanto de Impuesto a las Ganancias debería decir Devaluación del 35% con dólar a $130. El bonus track es que lo anuncia el día que Martin Guzmán te aseguraba un dólar de $102 para el 2021”.

A través de una serie de tuits, Petri señaló que “el propio ministro de Economía dijo el domingo que no habrían más restricciones a la compra de u$s, pero ayer el BCRA dispuso que todos los pagos por consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito se tomarán a cuenta del cupo mensual de los u$s 200. El valor de la palabra!”.

“Estas y otras decisiones son las que generan una enorme desconfianza y llevan a las empresas a dejar país las que pueden o cerrar sus persianas las que no. Miles de puestos de trabajo dependen de ellas y pareciera que el Gobierno no lo entiende aún”, añadió Petri, para advertir luego: “Pero no son sólo las empresas, aumentan día a día los argentinos que, ante la falta de oportunidades, el desconcierto y la vuelta a lo peor de nuestro pasado, piensan emigrar de nuestro país en búsqueda de algún destino que les garantice un mínimo de previsibilidad y progreso. Ahora van por la creación de un impuesto inconstitucional, confiscatorio, que afecta la propiedad privada, es una doble imposición, viola el principio de legalidad, es discriminatorio y sigue concentrando recursos en el Estado ‘bobo’ nacional que gasta mucho y no administra nada”.

Petri puntualizó que “el Gobierno quiere hacer creer que con estas medidas hace progresismo, pero en realidad hace pobrismo. No sacan a millones de personas de la pobreza, nivelan para abajo, porque llevan a otros tantos a ella. Eso sí con la asistencia y subsidio del Estado. Así fue en Venezuela!”.

Desde la vereda de enfrente, el legislador porteño kirchnerista Leandro Santoro replicó que “los que tomaron deuda a lo loco, liberaron controles para habilitar la fuga, pusieron el cepo y declararon el default, deberían tener la dignidad de abstenerse de comentar las medidas cambiarias. El Jenga financiero que tiene que administrar el gobierno es responsabilidad de ustedes”.

Desde la UCR piden una respuesta inmediata a las protestas policiales

Legisladores radicales calificaron de “legítimo” el reclamo y cuestionaron tanto al Gobierno bonaerense como al nacional.

Los diputados radicales se refirieron tanto al reclamo por mejoras en el sueldo que piden los policías bonaerenses, como también al accionar de los funcionarios del Gobierno en relación al reclamo que hace la policía.

El diputado Álvaro de Lamadrid, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior dijo: “El reclamo salarial tiene que ser un derecho de todos los trabajadores. El reclamo salarial de la Policía Bonaerense es legítimo y entendible. No se lo puede vincular con una operación política de desestabilización”.

“Reclamar por mejoras salariales y condiciones dignas de trabajo tiene que ser un derecho de todos los trabajadores y no solo de algunos. El gobernador Kicillof tiene que garantizar las medidas de seguridad y de salubridad para que los policías puedan cumplir con su trabajo sin necesidad de cubrirlo con su salario”, dijo.

De Lamadrid señaló que “Berni tiene que dejar de hacer tanto show para la prensa y escuchar los reclamos de los empleados de su cartera gubernamental”.

El diputado Luis Petri, respecto al actuar de los funcionarios en relación al reclamo que hace la policía bonaerense dijo: “Su incapacidad, la inacción, el fuego cruzado entre Frederic y Berni, la ausencia de respaldo a la fuerza desde Chocobar para acá, la falta de equipamiento para enfrentar el delito y protegerse del Covid, los  magros sueldos, esas son las causas, no fue la oposición, fueron ustedes”, dijo apuntando al Gobierno.

“¿Berni? ¿Frederic? ¿Kicillof? ¿Fernández? Algún funcionario que atienda el reclamo de policías y penitenciarios. La solución debe ser inmediata, la seguridad de los bonaerenses depende de ello”, agregó.

“Liberan presos, desamparan a las víctimas, justifican usurpaciones, son indulgentes con delincuentes, arremeten y maltratan a la policía que cumple su deber. La desidia, el acting y la ausencia de políticas de seguridad tiene consecuencias”, concluyó Petri.

Frederic y la toma de tierras: enojo de la oposición y pedido de informes

Luego de que la ministra afirmara que el problema no constituye un asunto de seguridad, diputados de Juntos por el Cambio reclamaron garantizar los bienes, la vida y la seguridad de las personas afectadas.

Numerosos diputados de la oposición salieron al cruce de la postura de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que tomó distancia de la situación generada en el sur del país en torno a la toma de tierras. “¿Cómo puede decir, Sabina Frederic, que la toma de tierras no es un asunto de seguridad?”, se preguntó el presidente del bloque Pro de la Cámara baja, Cristian Ritondo. Y agregó: “Las usurpaciones se dan entre armas, incendios y descontrol; si el Estado no toma cartas en el asunto, los vecinos quedan completamente desprotegidos”.

Asimismo sostuvo que “las tomas de tierras en distintas partes del país son un avance sobre la propiedad privada. Las fuerzas de seguridad deben garantizar los bienes, la vida y la seguridad de las personas. La actitud de la ministra no ayuda a combatir el delito. Lo incentiva”.

En el mismo sentido, el diputado radical Luis Petri señaló que “la misma ministra que denuncia penalmente a quienes se movilizan por la toma de terrenos, ahora dice que las usurpaciones no son tema de seguridad. Cuando se incurre en un delito, es usted quien debe intervenir y combatirlo, de lo contrario es proteger a los delincuentes”. Para el legislador mendocino, “los dichos de la ministra de Seguridad demuestran su falta de conocimiento, el Ministerio de Seguridad de la Nación nació con la toma de otras tierras, las del Parque Indoamericano en la gestión del kirchnerismo. Mirá si no es una cuestión de seguridad la toma de tierras”.

Por su parte, el diputado nacional Alberto Asseff rechazó y repudió la denuncia penal presentada por Jonatan Firun, director nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de la cartera de Seguridad de la Nación, por orden de la ministra de Seguridad, sobre la posible comisión de los delitos de “instigación a cometer delitos”, “apología del crimen” y “asociación ilícita”, contra los vecinos de Villa Mascardi que se manifestaban en contra de la toma de tierras y demás hechos de extrema violencia que azotan a la localidad. Dijo “la decisión es insólita, absurda y vergonzosa. Es el país del revés”. Y agregó que “las autoridades deben garantizar la seguridad, el ambiente, los recursos naturales, la libre circulación y la propiedad privada -entre otros- ya que todo ello está siendo afectado por grupos violentos que atentan contra la soberanía nacional. Querer camuflar la improcedente denuncia bajo el argumento que posiblemente se ocasionen hechos de violencia por el reclamo legítimo es tan absurdo como la denuncia misma”, sostuvo.

Pedido de informes

A su vez, diputados del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron un nuevo pedido de informe al Ministerio de Seguridad de la Nación, para obtener información sobre la denuncia penal que iniciaron a ciudadanos que se manifestaban en contra de la toma de tierras en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro. Además, solicitaron la presencia de la ministra Sabina Frederic en la Cámara de Diputados.

Los legisladores opositores reclamaron que el Poder Ejecutivo Nacional “indique detalladamente los motivos y consideraciones que llevaron a Jonatan Firun, director nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, a realizar una denuncia penal contra ciudadanos que estaban ejerciendo su derecho de protesta”. También, solicitaron saber si la denuncia “se encuentra enmarcada en las tareas de ‘vigilancia y ciberpatrullaje en las redes sociales”’, mencionadas por la ministra Frederic.

Por otro lado, los diputados preguntaron si, desde que se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, “se encuentra suspendido el derecho de libertad de expresión”, y cuál es el marco normativo por el cual este derecho “está suspendido, limitado y/o regulado de forma especial” durante este período.

Por último, el proyecto de resolución efectúa un pedido de citación para que la ministra Frederic concurra a la Cámara de Diputados de la Nación “con el propósito de detallar los motivos de la denuncia formulada por la cartera que dirige contra los ciudadanos de Villa Mascardi” y para “explicar los fundamentos de la política del Ministerio de Seguridad de la Nación respecto de los acontecimientos ocurridos en esa localidad rionegrina y su vinculación con la protección del derecho de protesta”.

La diputada nacional Karina Banfi (UCR – Buenos Aires), una de las impulsoras de la iniciativa, afirmó que “necesitamos conocer en detalle toda la información sobre la denuncia que realizaron desde el Ministerio de Seguridad”. “La restricción del derecho a la libertad de expresión vulnera los principios sobre los cuales debe regirse una sociedad democrática. Exigimos saber en qué se basó el Ministerio de Seguridad para realizar esta denuncia”, señaló Banfi.

El proyecto presentado por Karina Banfi y Lorena Matzen cuenta con el apoyo de los diputados Claudia Najul, Federico Zamarbide, Gerardo Cipolini, Gonzalo del Cerro, Ana Carla Carrizo, José Luis Riccardo, Ximena García, Lidia Ascarate, Estela Regidor Belledone, Gabriela Lena, Gustavo Menna, Fabio Quetglas y Aida Ayala, entre otros.

Luis Petri volvió a apuntar contra la cláusula Parrilli

Anticipó la ampliación de una denuncia que ya hicieron ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA.

El diputado nacional Luis Petri aseguró en sus redes sociales que “la cláusula Parrilli que se incorporó a la reforma judicial es inconstitucional y viola el Pacto de San José de Costa Rica. Por eso vamos a ampliar la denuncia que hicimos ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA”.

En ese sentido, explicó que “es inconstitucional, ya que atenta directamente contra la libertad de prensa que está establecido en el Artículo 14 de la Constitución Nacional. Es una forma de intimidación y de provocar la autocensura del periodismo independiente”.

“Además, cercena el derecho a difundir información y es una forma de restringir la libertad de expresión de manera indirecta. De este modo viola el Artículo 13.3 del Pacto de San Jose de Costa Rica”, afirmó el legislador radical.

Petri concluyo diciendo que “nuevamente el Gobierno avanza sobre las libertades individuales con consagración constitucional, ahora le tocó el turno a la libertad de expresión que es imprescindible para la vida democrática”.

Petri le respondió a Santiago Cafiero

Luego de que el jefe de Gabinete cuestionara el rechazo opositor a la reforma judicial, el diputado radical sostuvo que la misma busca “someter y controlar a la Justicia”.

“Negarse a tratar una ley sin leerla debilita la democracia”, expresó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ante la decisión anticipada por la oposición parlamentaria de negarse a prorrogar el acuerdo para sesionar de manera virtual en Diputados, como manera de expresar su rechazo a la reforma judicial.

Ante ello, el funcionario se manifestó sorprendido de que “quienes siempre clamaban por el diálogo político e institucional ya anticipan que van a votar en contra antes de leer el proyecto”.

“El problema es que la hemos leído, Santiago Cafiero, y confirma que busca someter y controlar a la Justicia”, le respondió este lunes el diputado nacional Luis Petri. Agregó que “para tener un debate democrático, hay que hacerlo presencialmente, con amplitud y sin silenciar voces”.

En ese mismo sentido, explicó a través de Twitter que “si el objetivo no es controlar la justicia, explicame por qué las subrogancias son en Comodoro Py y no en el interior, o por qué será la Cámara Nacional de Apelaciones quien confecciona los listados”.

“Además, Santiago Cafiero, si la idea es mejorar la justicia y acelerarla. Por qué aumentamos cantidad de jueces en lugar de aumentar la cantidad de fiscales ya que en sus manos está puesta la investigación y, por lo tanto, la rapidez de los procesos”, concluyó el diputado Petri.

Tonelli mandó a callar a Sagasti y ardió Troya

Una polémica se generó en la Bicameral de Trámite Legislativo luego de un contrapunto entre el presidente de la comisión y el diputado del Pro. Críticas a la opiniones de Marcos Cleri durante el debate.

Santafesino y por lo tanto conocedor del caso Vicentin e interesado particularmente en el mismo, el presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo, el diputado Marcos Cleri, no dejó oportunidad de hacerlo durante el debate de este lunes en el que se analizó el decreto 636 que deroga la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo. En ese marco se sucedió un fuerte contrapunto que alteró el debate.

Fue cuando el diputado del Pro Pablo Tonelli concluyó su alocución ponderando la actuación del juez interviniente en el concurso de acreedores de Vicentin y señaló que “lo que el presidente debió haber hecho es decir: ‘Qué bueno, en la Argentina hay jueces honestos que respetan la división de poderes’”.

Antes de darle la palabra a María Teresa González, Cleri no perdió la oportunidad para hacerle una aclaración a Tonelli, señalándole que estaba discutida la competencia del juez de la ciudad de Reconquista: “Le diría que todos y cada uno de los acreedores están pidiendo que el juzgado de Rosario o jueces de la ciudad de San Lorenzo lleven adelante el concurso y quiebra por la imparcialidad (SIC) que demuestra el juez de Reconquista, atento a que cuando era abogado del Banco Nación habilitó la posibilidad de los créditos al grupo Vicentin, y había dado lugar a la intervención, y después los puso como veedores con una medida autoparticipativa que no está en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe y tampoco lo podía haber brindado. Fue una intervención jurisprudencial que hizo para beneficiar a los que en algún otro momento habían sido sus empleadores, con lo cual hay una incompatibilidad ética”.

Tonelli le contestó que el hecho de que estuviera discutida la competencia del juez “en nada afecta sus decisiones, porque está establecido en la jurisprudencia de todos los tribunales del país que los jueces, aun en el caso de ser declarados incompetentes, todas las decisiones que hayan adoptado hasta el momento de la declaración de incompetencia son válidas. De modo que no hay ninguna duda respecto de la decisión del juez, que en ningún momento convalidó la intervención (…) Tenemos que respetar las decisiones de los jueces, nos guste o no nos guste”. Por otra parte le aclaró al presidente de la bicameral que no correspondía que en el ámbito de esa comisión se criticaran las decisiones del magistrado, y sobre todo “de una manera ligera que a mi modo de ver ha hecho usted, señor presidente”.

El diputado camporista insistió en que muchos acreedores se habían sentido vulnerados “por la arbitrariedad del juez”, cosa que recogió el presidente de la Nación en los argumentos expuestos en el DNU en debate. Tonelli pidió contestarle, cosa que Cleri le concedió, diciendo amablemente que “esto es un ida y vuelta”, pero cuando Tonelli arrancó intervino la senadora Anabel Fernández Sagasti para adviertir que “esto no es una charla personal, presidente, dé usted la palabra”, a lo que el diputado del Pro, que había empezado a hablar, replicó: “Dígale a la senadora Fernández Sagasti que se calle, por favor”.

La reacción de la senadora mendocina cuando Tonelli la mandó a callar.

“¿¿¿Quéee???”, reaccionó la senadora mendocina. “No, no, no, espere, espere, espere, diputado Tonelli”, comenzó Cleri, mientras Fernández Sagasti se quejaba: “Esto no es una charla personal, ¿por qué esa agresión? Ay, Dios mío, ya empezamos mal…”.

Cleri le dio la palabra a Tonelli, quien dijo que “así como los acreedores pueden cuestionar al juez, también hubo mucha gente en la provincia de Santa Fe, y en muchas provincias…”, pero la situación estaba desmadrada y el senador Guillermo Snopek reclamó que se respetara la palabra de la presidencia.

“La presidencia tiene que respetarme a mí”, repuso Tonelli, y Marcos Cleri volvió a hablar: “Pensé que iba a pedir el uso de la palabra para pedirle disculpas a la senadora Fernández Sagasti y al resto de los senadores integrantes de la comisión… Pensé que iba a usar la palabra para pedirle disculpas de los modos que usted se expresó”.

“Yo no le voy a pedir disculpas a nadie; yo lo único que defiendo es mi derecho a hablar”, cerró el legislador del Pro.

Petri reprendió a Cleri

Más adelante, la intervención de la diputada del Frente de Todos Lucía Corpacci quedó interrumpida porque -luego explicó la propia catamarqueña-  se cortó la luz en su casa. La exgobernadora estaba cuestionando la posibilidad de que el Estado termine “estatizando una deuda de privados, como sucedió durante años…”. Y el presidente de la comisión quiso completar lo que pensó que Corpacci iba a decir: “Se interrumpió… Creo que estaba terminando su argumentación, justo estaba por mencionar la estatización de los privados en la dictadura. Parece que quería mencionar al grupo Macri… Justo tuvo mala conectividad. Perdió conexión justo en ese momento, cuando estaba argumentando lo que sucedió en otros momentos de la Argentina, y cómo el mismo grupo Vicentin se beneficiói también de una estatización durante la dictadura, como lo hizo la familia Macri. Cuando recuperemos, si quiere terminar su argumentación, se la daremos”, señaló Marcos Cleri, dándole la palabra al radical Luis Petri.

Pero antes de referirse al decreto 636, el legislador de Juntos por el Cambio cuestionó al presidente de la comisión al señalarle que, según el reglamento, no podía dar opinión desde su asiento sobre el asunto en discusión, “pero tendrá derecho a tomar parte del debate “invitando a ocupar la presidencia a su vicepresidente”. Ante lo cual, le señaló que “si usted quiere debatir, señor presidente, y está en todo su derecho de hacerlo, no lo haga mientras ejerce la presidencia. Porque se genera un efecto de cancha inclinada, porque usted, cuando quiere contradecir, cuando quiere desdecir, cuando quiere opinar, lo hace como acaba de completar el discurso de la diputada Corpacci… Y usted está ejerciendo la presidencia. Usted tiene que dar la palabra, tiene que ordenar el debate, y si quiere intervenir, y está en todo su derecho, ceda la presidencia y desde una banca dé las apreciaciones”.

Alertan que la reforma judicial busca “colonizar a la Justicia”

Es la advertencia que lanzó el diputado nacional Luis Petri, quien tildó el proyecto como “inconstitucional”.

El diputado nacional Luis Petri aseguró que la reforma judicial presentada el miércoles por el presidente “es inconstitucional, nada tiene de transparente y confirma que busca someter y controlar a la Justicia. El huevo de la serpiente está en las designación de jueces subrogantes”.

“Este proyecto sintetiza lo peor de la reforma judicial del menemismo, con el escandaloso proyecto de democratización de la justicia del kirchnerismo, que designó jueces subrogantes irregularmente. Y culmina con la ampliación de la Corte con la vuelta de la mayoría automática”, expuso el legislador mendocino.

También explicó que “el intento de control a la Justicia, a través del nombramiento de jueces amigos, es evidente cuando se desplaza a la Cámara Federal de Casación en la elaboración de  la lista de Jueces federales para subrogar en los Juzgados a crearse, y se designa a la Cámara Nacional que pertenece a otro fuero. La razón la Cámara Nacional es Justicia Legítima y es afín al Gobierno”.

“En limpio, corrieron a la Cámara que le correspondería por ley intervenir y eligen a una Cámara que controla el Gobierno para elaborar las listas que van a enviar al Consejo de la Magistratura, que también controla el Gobierno, para pasar el Senado donde tienen abrumadora mayoría” manifestó el radical.

En ese mismo sentido, sentenció: “así van a colonizar la Justicia con jueces amigos elegidos mediante un procedimiento irregular de subrogancia, que van a decidir en procesos judiciales hasta sean nombrados los definitivos, que van a tardar más o menos 3 años”.

Por último concluyó afirmando que “ese es el Caballo de Troya de la Reforma. El nombramiento de jueces subrogantes mediante la postulación de una Cámara “amiga de la casa” designada de manera irregular. La Corte ya se pronunció en el fallo Uriarte y estableció que es inconstitucional”.

Desde JxC prometen analizar con “rigor” el proyecto, pero no ocultan críticas

Recordaron el antedente de 2013, criticaron la oportunidad de la reforma judicial y alertaron contra un intento de buscar “impunidad”.

La oposición salió a sentar su postura en las redes sociales, poco después de concluido el discurso del presidente sobre la reforma judicial.

En ese marco, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, anticipó que su bancada analizará “con máximo rigor la reforma judicial, tal como lo hicimos en 2013 cuando se anunció la ‘democratización de la Justicia’, al que definió como “aquel intento burdo de politización de la misma”.

“Ese antecedente nos exige ser sumamente firmes en la defensa de la independencia de la Justicia”, concluyó.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Pro, Cristian Ritondo, se refirió a la reforma judicial anunciada señalando que “vivimos un momento de preocupación por la pandemia, la sociedad ya padece numerosos problemas como para abrumarla con temas que no son prioritarios. Creo que la prioridad pasa por superar los efectos nocivos de la cuarentena en el plano laboral, comercial, empresarial y financiero”.

Y afirmó: “Nosotros consideramos que la reforma judicial puede tratarse en otro momento, pero la economía y la seguridad no pueden esperar. Muchos menos pueden esperar los miles de trabajadores registrados que quedaron en la calle, las miles de empresas que quebraron, los miles de comerciantes que bajaron la cortina, no pueden esperar”.

Por último Ritondo sostuvo que “nosotros vamos a dar todos los debates y alcanzar todos los consensos que sean necesarios para mejorar el servicio de Justicia y de cualquier otra institución, pero siempre respetando los tiempos de la sociedad, y ocupándonos en cuestiones que merecen un tratamiento prudente porque debemos legislar para las próximas generaciones”.

A su vez, el radical Gustavo Menna consideró que “al presentarse la reforma judicial faltó autocrítica. La Justicia Federal actual la moldeó el peronismo, desde las leyes que del ’90 al ’92 ampliaron la Corte y, como se busca ahora, crearon juzgados. Comodoro Py es creación de esa reforma. Ahí comenzó la politización de nombramientos”.

“Muchos funcionarios de este Gobierno lo eran entonces. Arslanian era ministro de Justicia. La Justicia nacional tiene 999 jueces en todas las instancias. 741 están cubiertos. 502 fueron nombrados por presidentes del PJ, casi el 70%. En el Ministerio Público, sobre 235 nombraron 204, el 86%”, detalló el diputado radical chubutense. Y concluyó: “No hubo autocrítica por el resultado que generaron moldeando este sistema judicial. Tampoco genera confianza que los artífices de este esquema puedan ser los que lo mejoren. Menos si la receta parece ser la misma de los ’90: generar vacantes para cubrir los cargos”.

Por su parte, la diputada Carla Carrizo opinó desde otro plano: “Justo hoy cuando se anuncia una reforma del Poder Judicial sin la oposición es el natalicio de Ricardo Balbín y el mensaje de la Hora del Pueblo junto a Perón. ¿Qué parte de esa historia no aprendió la dirigencia de hoy? Repitámoslo: la democracia es mayoría; no imposición”.

A su vez, el mendocino Luis Petri consideró que “la reforma judicial busca consagrar la impunidad de la vicepresidenta, controlar y administrar la justicia a demanda de las necesidades del gobierno. 23 tribunales son 23 nuevos jueces. Adivinen quiénes los designan? El Senado. ¿Y quiénes tienen mayoría? Justicia ilegítima al palo”.

Por su parte, Graciela Ocaña consideró que “la reforma judicial apunta a conseguir que no llegue a juicio ninguna de las causas que acosa a la vicepresidenta. Nada puede empezar bien si quienes integran la comisión de notables son los abogados de principales imputados”.

Por su lado, el diputado Facundo Suárez Lastra señaló que “el problema de la reforma judicial es la intención de modificar la corte, es un claro paso hacia la degradación de la democracia. En lugar de construir puentes y abrir el debate, avanzan hacia la impunidad”.

Alvaro de Lamadrid estimó por su parte que “la reforma de la Justicia es la destrucción de la Justicia, nada tiene que ver con mejorarla, hacerla más transparente o brindarle más eficiencia, se busca aniquilar todo vestigio de independencia judicial, cooptarla y hacerla servil y domesticada. Ir al modelo de Santa Cruz”.

Desde la Legislatura bonaerense, la diputada provincial Alejandra Lordén señaló que “deberíamos estar todos juntos defendiendo la sustentabilidad de las cuentaspúblicas y el futuro de la Argentina. ¿La realidad? El Gobierno presenta una reforma judicial que divide, agudiza tensiones y busca impunidad. Se llevan prudencia y visión de país a marzo”.

Por último, el diputado Jorge Vara aseguró que “no vamos a avalar ningún proyecto de reforma que implique impunidad. Sabemos que el país debe mejorar su servicio de justicia, pero no a expensas de favorecer a quienes buscan sacar réditos personales con la reforma. Esto implicaría empeorar el servicio”.

Para Petri, “la reforma judicial está diseñada por la vicepresidenta”

El legislador mendocino sostuvo que la comisión que asesorará sobre los cambios en el sistema de justicia es “un barniz académico” para la decisión de “controlar la Corte”.

El diputado nacional Luis Petri criticó fuertemente la reforma judicial que impulsa el Gobierno: “Hoy Alberto Fernández es el testaferro político de su vicepresidenta. Con la reforma judicial busca garantizar su impunidad, pero antes se cansó de criticarla, llamando deplorable a su manejo de la Justicia”.

Además, explicó que “han gobernado el país 25 de los 37 años de democracia, desde el 83 tuvieron siempre mayoría en el Senado que nombra los jueces federales”, pese a lo cual culpan a la oposición de que “la justicia es una cloaca de la democracia”.

“La Comisión Asesora busca darle un barniz académico a una decisión ya tomada para hacerse del control de la Corte y garantizarse el resultado de las causas de corrupción. Apuesto a que sus integrantes mayoritariamente coinciden en qué hay que ampliarla”, manifestó el legislador mendocino.

También, aseguró que “la reforma judicial está diseñada por la vicepresidenta. Si no, es inexplicable que con pandemia y crisis económica quieran ampliar los tribunales. No pueden negar que la mayoría de los jueces los ha nombrado el peronismo. La cloaca de la justicia fue entubada y creada por ustedes”.

“No esperen más independencia, ni división de poderes, calidad institucional o fortalecimiento de la República, el objetivo final de la reforma judicial está cantado y no es un final feliz”, concluyó Petri.

Petri vuelve a presentar el proyecto de ley sobre juicio en ausencia

A 26 años del atentado a la AMIA, el diputado radical propone una vez más la iniciativa que permitiría una herramienta para “la búsqueda de la verdad y la justicia”.

El diputado nacional Luis Petri (UCR) volvió a presentar este viernes -por tercera vez desde 2014- el proyecto de ley de juicio en ausencia, que posibilita juzgar a imputados por delitos de lesa humanidad luego de no haber comparecido y habérsele declarado su rebeldía sin lesionar su derecho de defensa.

“A 26 años del atentado a la AMIA renovamos el compromiso con la memoria, verdad y justicia, presentando nuevamente el proyecto de juicio en ausencia. En el año 2014 lo hice por primera vez para permitir el juzgamiento de los responsables del atentado”, señaló el mendocino.

El radical explicó que “nuestro Código Procesal Penal no regula la continuación del proceso ante la ausencia del imputado, por el contrario, lo suspende”. “A través de esta iniciativa promovemos la realización del juicio en ausencia para lograr el juzgamiento y la búsqueda de la verdad en aquellos casos de crímenes de lesa humanidad”, dijo.

“La soberanía argentina fue víctima en dos oportunidades de hechos aberrantes: el 17 de marzo de 1992, en la Embajada de Israel en la Argentina; y el atentado terrorista del 18 de julio de 1994, ocurrido en Buenos Aires a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)”, indicó Petri y completó que ambos episodios fueron de “gravedad absoluta” y “como consecuencia del terrorismo internacional reclaman aún hoy herramientas que permitan la búsqueda de la verdad y la justicia que condenen los delitos de lesa humanidad cometidos”.

Diputados de JxC proponen una fórmula de movilidad jubilatoria transitoria

Sugieren elaborar un cálculo transitorio, en base al IPC y el RIPTE en partes iguales, hasta tanto se expida la comisión que trabaja en hacer una nueva fórmula.

Legisladores de Juntos por el Cambio, encabezados por Luis Petri, proponen restablecer la movilidad jubilatoria suspendida desde diciembre, disponiendo una fórmula transitoria, compuesta por el IPC y el RIPTE en partes iguales, hasta tanto cumpla su cometido la Comisión mixta creada por la Ley 27.541 y se sancione una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, receptando el reciente fallo de la Cámara Federal de Salta en el Fallo “Caliva”.

“La movilidad jubilatoria es un derecho garantizado por nuestra Constitución y es deber de este Congreso asegurarla. Prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria es consentir y convalidar un ultraje al bolsillo de nuestros jubilados, que nada tiene de redistributivo y solidario y es imprescindible restablecerla”, subrayó Petri.

Asimismo, el proyecto dispone que las diferencias de haberes adeudados como consecuencia de los decretos 163/20, 495/20 y 542/20 dictados por el Poder Ejecutivo, deberán ser pagas en su integridad retroactivamente conforme a la fórmula consagrada por el artículo 32 de la Ley 27.426, atento a no violar lo dispuesto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Alfredo Cornejo a su turno dijo: “como lo sostiene el fallo, en la emergencia es cuando más se debe velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales, que para eso están establecidas y la movilidad jubilatoria es una de ellas. No hay excusas para no cumplir con la Constitución”.

Por su parte, Alejandro Cacace resaltó que “la Cámara Federal de Salta ha ratificado en su fallo los principios que venimos sosteniendo en la discusión parlamentaria, que la movilidad es un derecho constitucional y que debe en todo momento haber un índice fijado por el Congreso que le otorgue previsibilidad a los jubilados sobre cuánto va a ser su haber”.

Además, Petri explicó que “es indispensable que luego de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, haya una recomposición íntegra en los haberes de los jubilados y pensionados, a fin de impedir la pérdida de su poder adquisitivo”.

Gustavo Menna por su parte manifestó: “Es un ajuste confiscatorio sobre los ingresos de los jubilados, que ya ha demostrado que les hizo perder más de la mitad de los incrementos. Esto se agrava por la prórroga de la suspensión dispuesta por decreto hasta fin de año.

Acompañan a los mencionados Petri, Cornejo y Cacace los diputados Cristian Ritondo, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Gustavo Menna, Albor Angel Cantard, Juan Martin, Martín Grande, Mario Arce, Luis Pastori, Roxana Reyes, Ximena Garcia, Jose Nuñez, Jose Luis Patiño, Gabriela Lena, Lorena Matzen, Dina Rezinovsky, Lidia Ascárate, Jimena Latorre, Federico Zambarbide, Pablo Torello, Alberto Asseff, Victoria Morales Gorleri, Gerardo Cipolini, Jose Ricardo, Claudia Najul, Diego Mestre, Hugo Romero, Soledad Carrizo, Estela Regidor, Hernan Berisso y Héctor Antonio Stefani.

Quieren IFE hasta septiembre y actualizado por inflación

La iniciativa busca evitar que la devaluación deteriore el poder adquisitivo de ese beneficio y atender al tiempo de afectación que se estima para la pandemia.

El diputado nacional Luis Petri (UCR-Mendoza) presentó un proyecto solicitándole al Poder Ejecutivo que actualice mensualmente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último mes disponible,  y extienda el mismo hasta el mes de septiembre del presente año, atento al estado actual de la pandemia en el país.

“Considero fundamental que el IFE sea actualizado conforme a la inflación que se viene registrando en el país, para que esta ayuda paliativa no se devalúe mes a mes por el impacto de la inflación”, afirmó Petri.

Explicó que “en lo que va del año, según informa el INDEC, la tasa de desocupación cayó 10,4%, la actividad económica a abril del presente año fue de 17,5%, la inflación en abril y mayo fue de 1,5% en ambos casos, la de junio se estima que sea de 1,6% y el IPC acumulado desde enero hasta mayo fue del 11,1%. Según el propio el INDEC el costo de la Canasta Básica Total (CBT) en mayo para no caer debajo de la línea de la pobreza fue de $43.080, en una familia integrada por dos adultos y dos menores”.

“La extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio y la profundización de la crisis económica en el país, hacen sumamente necesario que el Ingreso Familiar de Emergencia sea indexado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta el mes de septiembre”, sostuvo el legislador radical.

Fernández habló de federalismo y le contestaron desde Mendoza

Durante un acto desde Olivos, el presidente cuestionó que los gobiernos hayan actuado hasta ahora como “unitarios”. Luis Petri le recordó lo que pasa con su provincia.

El presidente Alberto Fernández anunció este martes un plan de obras de infraestructura para 19 municipios de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en el marco del programa Argentina Hace, por una inversión de 2.270 millones de pesos para este año.

Lo hizo a través de una videoconferencia realizada desde la residencia de Olivos con los intendentes de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, General Pico, Santa Rosa, Centenario, Cutral Có, Neuquén, Cipolletti, General Roca, San Carlos de Bariloche, Viedma, Caleta Olivia, Pico Truncado, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia.

Durante la comunicación, el mandatario señaló: “Somos una sola Argentina y tenemos que lograr el desarrollo de todo el territorio. Nosotros ya estamos pensando en cómo va a ser el día después porque Argentina tiene un horizonte y sabemos cuál es ese horizonte que tenemos que alcanzar”. Y en ese marco resaltó la condición “federal” que establece para nuestro país la Constitución nacional, por lo que llamó a hacer “lo que la Constitución manda, simplemente”.

“Ser un país federal es atender a todos, a todo el país, y darle a cada rincón del país lo que le corresponde. Eso es ser un país federal. Nosotros decimos ser federales, pero muchos años actuamos como unitarios”, señaló en un pasaje. Fue lo que motivó la respuesta del diputado nacional del radicalismo Luis Petri: “Eso dígaselo a mi provincia, Mendoza, que recibió un tercio de los recursos que necesita, $1.9mil millones”.

Y a continuación, el diputado de Juntos por el Cambio detalló: “A Tucumán le dio $6 mil millones y a Santa Cruz $3 mil millones con menos población.”, tras lo cual se preguntó: “¿De que federalismo habla? ¿Del de amigos? ¿Del de la billetera? Federalismo de cotillón”.

Reclaman un Programa de Protección de Testigos y Arrepentidos en el ámbito de la Corte

Desde la oposición insisten con esa propuesta para casos de corrupción. De lo contrario, advierten, los que se animan “terminan siendo perseguidos, acosados y amenazados por sus denunciados”.

Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Luis Petri, presentaron un proyecto de ley que propone la creación de un sistema especial de protección para testigos y denunciantes de casos de corrupción, para que el mismo quede en el ámbito de la Corte y fuera del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, el legislador mendocino aseguró que “la falta de un sistema de protección de testigos y denunciantes por hechos de corrupción, genera dos graves problemas: por un lado, el peligro al que se exponen quienes denuncian a funcionarios públicos, por otro y como consecuencia del anterior, se desalientan testimonios incriminadores de actos de corrupción, generando un círculo de impunidad que es necesario romper”.

Este proyecto ya había sido presentado reiteradas veces desde el 2014 a la fecha. Petri explicó que es fundamental proteger a quienes colaboran con la justicia ya que de lo contrario “quienes con valentía se animan a denunciar hechos de corrupción, terminan siendo perseguidos, acosados y amenazados por sus denunciados, colocándose en una situación de riesgo de su vida y la de su familia”.

El diputado radical concluyó considerando que es “un rotundo retroceso la derogación de la Agencia que se había creado a través del decreto 795/2019, particularmente en las causas donde se investigan delitos de corrupción. Es necesario tener en cuenta que el decreto 168/20, de febrero de este año, disuelve la Agencia e incrementa la  desprotección hacia los colaboradores con la Justicia porque la protección de testigos y arrepentidos vuelve a quedar en manos del poder denunciado”.

También, manifestó que “en menos de un año 123 personas se fueron del Programa y eso habla de la desconfianza que tienen quienes lo integran de que pueda garantizar su protección efectiva”.

Además de Luis Petri, suscribieron el proyecto Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Ingrid Jetter, Fabio Quetglas, Claudia Najul, Jorge Enriquez, Lorena Matzen, Brenda Austin, Gabriela Lenna, Federico Angelini y Albor Angel Cantard.

Petri salió al cruce de Alberto Fernández

Fue por el calificativo de “canallesco” que utilizó el mandatario al referirse al documento de Juntos por el Cambio sobre el crimen de Fabián Gutiérrez.

El presidente Alberto Fernández consideró “canallesco” buscar sembrar “dudas sobre la muerte” del exsecretario privado de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, y lo calificó como “una actitud miserable”.

Ante ello, el diputado radical Luis Petri le contestó a través de Twitter. “Dice el presidente que Juntos por el Cambio es miserable y canallesco por firmar una declaración reclamando el esclarecimiento un asesinato de un arrepentido”, observó el legislador mendocino.

Y agregó: “Este Gobierno concentra poder, debilita la República y sueña con una oposición complaciente y un periodismo amordazado”.

“Preguntarnos sobre la desaparición y posterior asesinato del arrepentido Fabian Gutiérrez a horas del hecho no es canallesco, es imprescindible para el esclarecimiento, canallesco es seguir insistiendo en el asesinato de Santiago Maldonado”, remarcó el legislador.

Petri adelantó que presentará una denuncia ante la OEA por “la persecución a periodistas”

El diputado radical dijo que realizará la presentación junto a su par Waldo Wolff, titular de la Comisión de Libertad de Expresión.

El diputado radical Luis Petri adelantó, a través de su cuenta de Twitter, que realizará una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), por “la persecución a periodistas” en Argentina, a raíz de las versiones sobre la posibilidad de que periodistas sean detenidos en el marco de la causa sobre espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Vamos a presentar una denuncia ante la @OEA_oficial por la persecución a periodistas en el país, con @WolffWaldo, Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y diputados de Juntos por el Cambio. No hay República ni Democracia posible sin una prensa libre!”, escribió el mendocino.

Las declaraciones de Marcelo Longobardi al canal TN, sobre la posibilidad de la detención de “uno o dos periodistas”, encendió las alarmas de la oposición. “Que se entienda de una vez, el periodismo investiga, consulta fuentes, chequea datos y hace notas, eso no es espionaje, eso es libertad de prensa en un país democrático. No a la persecución de periodistas!”, agregó Petri.

Además, criticó al Gobierno nacional y lo comparó con Venezuela: “Persecución y escarches a periodistas; intervención y expropiaciones de empresas; ataques al campo; Superpoderes y restricción a Derechos constitucionales por DNU. Asfaltando el camino a Venezuela!”.

En tanto, referentes de Juntos por el Cambio firmaron un comunicado en el cual manifestaron su “preocupación ante la posibilidad de que la Justicia impute a periodistas en una causa que investiga supuestos actos de espionaje ilegal” y sostuvieron que “la persecución penal de miembros de la prensa constituye un atropello que no tiene precedentes desde el regreso de la democracia en 1983”.

Juntos por el Cambio pide aclaraciones al Banco Central

En consonancia con otras iniciativas en ese sentido, un grupo de diputados encabezados por Luis Petri pidieron explicaciones por la norma que permite la compra de dólares a argentinos residentes en el exterior.

El diputado nacional Luis Petri (UCR Mendoza), acompañado por sus pares de Juntos por el Cambio, solicitó que “el Banco Central de la República Argentina dicte una norma aclaratoria de la comunicación “A” 7052 atento a los confusos términos en los que se encuentra redactada, precisando los conceptos y/o rubros alcanzados por el beneficio otorgado en la misma. En caso que las transferencias no estén asociadas a los montos de los beneficios, solicitan la derogación de la comunicación”.

En ese sentido, el diputado nacional  Gustavo Menna (UCR Chubut) solicitó esta semana, que el jefe de Gabinete de explicaciones sobre la determinación del BCRA de exceptuar a argentinos no residentes en el país, de los límites para la compra de moneda extranjera que rigen para los que sí son residentes. “El BCRA no tiene potestad para dictar normas tributarias”, afirmó Menna.

Por su parte Petri explicó que la disposición establece que el acceso al mercado de cambios por parte de clientes no residentes para la compra de moneda extranjera,  requerirá la conformidad previa del BCRA, excepto por las siguientes operaciones: “3.12.6.  transferencias a cuentas bancarias en el exterior de personas humanas que percibieron fondos en el país asociados a los beneficios otorgados por el Estado Nacional en el marco de las leyes 24.043, 24.411 y 25.914 y concordantes”.

Por eso, el diputado mendocino alertó que “existe una diferente redacción, que puede dar lugar a distintas interpretaciones respecto de la posibilidad de acceder al mercado de cambios sin autorización del BCRA, sin encontrarse limitado al monto del beneficio, lo que rompe el principio de igualdad y lo transformaría en un privilegio arbitrario”.

“La comunicación A 7052, no establece si aquellos que percibieron fondos en el país asociados a los beneficios otorgados por el Estado Nacional -en el marco de las leyes 24043, 24.411 y 25.914 y concordantes-, pueden realizar compras de divisas ‘por hasta el monto abonado por dicho organismo en el mes calendario y en la medida que la transferencia se efectúe a una cuenta bancaria de titularidad del beneficiario en su país de residencia registrado’, como así lo exceptúa para aquellas transferencias al exterior a nombre de personas humanas que sean beneficiarias de jubilaciones y/o pensiones abonadas por la ANSES; o bien si la compra de divisas a dólar oficial es ilimitada cuando se trata de una persona alcanzada por las mencionadas leyes”, destacó Petri.

Así consideró “fundamental que el BCRA dicte una norma aclaratoria, precisando los límites y alcances como lo hace en el caso de jubilados no residentes. De no ser así, no encontrándose asociadas exclusivamente a los montos de los beneficios acordados a personas no residentes en el país por las mencionadas leyes, solicitamos la Derogación de la comunicación efectuada por el BCRA, por ser violatoria del principio de igualdad ante la ley consagrado en el Artículo 16 de la Constitución Nacional”.

Acompañan con sus firmas esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Gonzalo del Cerro, Roxana Reyes, Gabriela Lena, Jorge Vara, Diego Mestre, Ximena Garcia, Juan Martín y Carlos Fernández.

Piden derogar el congelamiento de las jubilaciones

Diputados de Juntos por el Cambio cuestionan la prórroga de la suspensión de la movilidad jubilatoria y quieren eliminar el artículo de la Ley de Emergencia Pública que suspendió de la aplicación de la fórmula aprobada durante la gestión Cambiemos.

Este jueves ingresó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados de la Nación que prorroga, hasta el 31 de diciembre, la suspensión de la movilidad jubilatoria que estableció el Congreso de la Nación en el año 2017, mediante la reforma al artículo 32 de la Ley 24.241.

En ese marco, varios legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para derogar el congelamiento de las jubilaciones. La iniciativa pretende derogar el artículo 55 de la Ley 27.541, que establece la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley 24.241, modificado por la Ley 27.426.

“Mantener y prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria es, a la luz de los aumentos otorgados por decreto, consentir y convalidar un ultraje al bolsillo de nuestros jubilados, que nada tiene de redistributivo y solidario. Es un ajuste fiscal, liso y llano, que recae e impacta sobre sus haberes”, sostuvo el legislador mendocino Luis Petri, autor del proyecto.

Petri aseguró que “siguen metiéndole la mano en el bolsillo a los jubilados. Antes de asumir les prometieron un aumento del 20% en campaña, asumieron y enviaron un proyecto congelando las jubilaciones. Ahora, prorrogan nuevamente la suspensión de la movilidad jubilatoria”.

Además, el proyecto señala que “como destacamos  en el fugaz tratamiento de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la misma no obtuvo su debida evaluación en la Oficina de Presupuesto para que haga las estimaciones respecto del costo presupuestario de la norma, el cual creemos que hubiese revelado que la misma se trataba de un formidable ajuste fiscal y que tenía una clara finalidad recaudatoria”.

Por último, el legislador mendocino reclamó que “los aumentos por decreto de Alberto Fernández le han causado un grave perjuicio a los jubilados. Si la fórmula de movilidad no hubiese estado suspendida, en junio les hubiera correspondido un incremento de 10,9%, casi el doble del 6,12% que se fijó”.

Además del diputado Petri, suscriben el proyecto sus pares Alejando Cacace, Gustavo Menna, José Cano, Silvia Lospennato, Sofía Bambrilla, Fabio Quetlas, Hernán Berisso, Federico Angelini, Mario Arce, Claudia Najul, Federico Zamarbide, José Luis Patiño, Jimena La Torre, Mario Arce, Ximena Garcia, Tito Stefani, Brenda Austin, Lorena Matzen, Albor Cantard, Ingrid Jetter, Martín Maquieira, Omar de Marchi, Roxana Reyes, Virginia Cornejo, Estela Regidor, Victoria Morales Gorleri, Sebastián Salvador.

Petri pidió no dar quórum y rechazar el “ajuste” a los jubilados

El diputado Cacace sostuvo que se está violando la pauta constitucional que señala que la movilidad jubilatoria debe estar establecida y protegida por ley.

Finalmente, y a pedido de la comisión creada por la Ley de Emergencia aprobada en diciembre, el presidente Alberto Fernández envió un proyecto de ley para prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días más hasta diciembre.

El diputado nacional Luis Petri estalló en las redes sociales luego de que ingresara a la Cámara de Diputados la ley que prorroga hasta el 31 de diciembre la suspensión de la movilidad jubilatoria. “Un año de discrecionalidad y pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, donde el Gobierno establece aumentos por debajo de la inflación”, remarcó el mendocino.

Además, señaló que “los ‘aumentos’ por decreto de Alberto Fernández le han causado un grave perjuicio a los jubilados. Si la fórmula de movilidad no hubiese estado suspendida en junio, les hubiera correspondido un incremento de 10,9%, casi el doble del 6,12% que se fijó”.

“Según Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el Gobierno entre enero y agosto se va a ahorrar 34.000 millones de pesos por el brutal ajuste a los jubilados. Toda la oposición debe decir #NoAlAjuste de Alberto Fernandez a los Jubilados y no dar quórum para que se trate”, exigió el legislador radical.

Por su parte, su correligionario Alejandro Cacace expresó su oposición a “que se le quite previsibilidad a nuestros adultos mayores sobre los aumentos que tendrán”.

“Con esta iniciativa se viola la pauta constitucional que señala que la movilidad jubilatoria debe estar establecida y protegida por ley, sumado además al perjuicio a los aumentos de marzo y de junio, que otorgaron entre 540 y 14.000 pesos por mes menos por beneficio de lo que hubiera correspondido de acuerdo a la Ley de Movilidad”, agregó el legislador puntano, para quien “la movilidad es un derecho constitucional amparado en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna. Dicha cuestión debe estar establecido por ley, así lo ha indicado la Corte Suprema de Nación, y hasta tanto discutamos una nueva ley de movilidad debe regir la actual y no debe haber discrecionalidad absoluta por parte del Ejecutivo”.

Cafiero calificó de “falta de respeto” la carta contra la “infectadura” y un diputado lo cruzó

Luego de que el jefe de Gabinete reaccionara de manera crítica contra el documento de un grupo de personalidades, Luis Petri le aclaró que es la reacción “ante las cuarentenas eternas”.

“El documento sobre la ‘infectadura’ es una falta de respeto a toda la sociedad”, dijo este sábado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respecto de las críticas de un grupo de científicos, intelectuales y otras personalidades públicas que salieron a cuestionar la extensión de la cuarentena. El funcionario sostuvo que “la militancia anticuarentena y todo esto de la ‘infectadura’ es una falta de respeto, no al Gobierno, sino a toda la sociedad argentina, que es la que está haciendo el esfuerzo y un sacrificio enorme”.

El diputado nacional Luis Petri le salió al cruce, afirmando que “infectadura no es un insulto a la sociedad, como dice Santiago Cafiero, es el pensamiento de millones de argentinos ante las cuarentenas eternas, la asfixia de los sectores productivos, el proceso de concentración de poder, los embates a la Justicia y el sometimiento del Congreso”, expuso el legislador en sus redes sociales.

Además, aseguró que el documento “expresa el hartazgo de una sociedad que mira atónita la falta de consecuencia de su presidente, que pide sacrificios a los privados, pero nombra a más de 617 funcionarios desde el inicio de la pandemia; que obliga a todos a aislarse, pero anda a los besos y abrazos por el país”.

Por último, Petri reclamó: “El Gobierno no debería enojarse con los que piensan distinto, con los que salen a los balcones cuando  liberan presos, ni con los que reclaman poder trabajar. Debería recoger el guante y escuchar el mensaje de gran parte de la sociedad”.

Petri apuntó contra las declaraciones del presidente en torno a la justicia

Salió al cruce de los dichos de Alberto Fernández en un canal de cable en las que habló del andar judicial.

El diputado nacional Luis Petri respondió en Twitter a las declaraciones de Alberto Fernández en C5N en las que dijo querer “una mejor justicia, eso no es buscar impunidad”.

En ese sentido Petri aseguró: “Querer ampliar el número de la Corte, desarmar la Agencia de Protección de Testigos, transferir las escuchas de la Corte a la Procuración, pedir la domiciliaria de condenados por corrupción, hablar de detenidos arbitrarios, es buscar impunidad”.

Además, explicó que “La mejor contribución que se le puede hacer a la Justicia es garantizar su independencia Presidente, cualquier otra intromisión la acerca al poder hasta hacerla adicta a él, como ya ocurrió en el pasado en el país, no repitamos las malas experiencias de la historia”.

“Vamos a rechazar todo intento de someter a la Justicia al poder de turno. La República se construye con instituciones fuertes. No vamos a acompañar ningún proyecto de ley que encadene a la Justicia para impedir que investigue la corrupción en la Argentina”, sentenció el legislador mendocino.

Juntos por el Cambio busca impedir que el Estado se quede con una porción de las empresas a las que asiste

El radical Luis Petri presentó un proyecto de ley, a raíz de la idea que planteó en este sentido la kirchnerista Fernanda Vallejos.

El diputado nacional Luis Petri, junto a un grupo de sus pares del interbloque Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para prohibir que las ayudas que otorga el Gobierno nacional a diferentes empresas sean un condicionante para la participación en el capital social por parte del Estado.

“El Estado involucrándose en los planes de negocios de las empresas y quedándose con parte de sus acciones a cambio de ayuda, es atentar contra el derecho de propiedad, una confiscación de bienes encubierta”, aseguró el legislador mendocino.

Para el radical, las declaraciones realizadas por la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos -quien propuso esta idea- “no son aisladas y ha sido el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el que calificó como ‘interesante’ la idea de que el Estado se quede con parte de las empresas que asiste”.

“No vamos a permitir que, aprovechando el estado de necesidad, se vulneren los derechos consagrados constitucionalmente”, agregó Petri.

El proyecto fue acompañado por Waldo Wolff, Alfredo Cornejo, Fernando Iglesias, Roxana Reyes, Ricardo Buryaile, Álvaro de Lamadrid, Jimena Latorre, Estela Regidor, Lidia Ascárate, Ximena García, Gonzalo Del Cerro y Gabriela Lena.

Salen al cruce de la propuesta de una diputada kirchnerista

Diputados de la oposición rechazaron la participación del Estado en el capital de las empresas a las que asiste con subsidios durante la pandemia.

Luego de que la diputada nacional Fernanda Vallejos sugiriera este domingo que si el Estado brinda subsidios a los grandes grupos empresarios, pueda hacerlo “a cambio de una participación en el capital de las compañías”, el diputado nacional Luis Petri le salió al cruce. Sin nombrarla, expresó en Twitter que “no es posible que el Gobierno, aprovechando el estado de necesidad de las empresas, intente quedarse con su paquete accionario a cambio de ayuda”. Con un grupo de legisladores voy a presentar la prohibición de condicionar la ayuda estatal a la participación accionaria del Gobierno”.

“Con esta medida de tomar por asalto empresas, el Gobierno comienza a señalizar la autopista que nos conduce a Venezuela. Vamos a defender la República y la Constitucion! No pasarán!”, aseguró el legislador mendocino en un hilo en Twitter.

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Además, manifestó que “es una locura populista, solo así puede describirse la propuesta de aprovechar la pandemia y la crisis económica para apropiarse de las empresas que propone el kirchnerismo”. Y concluyó: “El Gobierno, que por razones sanitarias obliga a las empresas a cerrar sus puertas, ahora busca apropiárselas cuando les ofrece ayuda para mantenerlas a flote. Es psicótico”.

Más sintético, su correligionario José Cano señaló que “el deseo de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos: querer adueñarse de las empresas que el Estado ayuda en este momento de pandemia. Y eso que ya intentaron con Ciccone y les fue mal”.

Por su parte, Jorge Enríquez (Pro) sostuvo: “Ni en medio de la pandemia aflojan su voracidad. El Estado incapaz de generar riqueza, quiere quedarse con lo que producen los demás”.

“Esto es lo que se juega en la Argentina, mientras algunos siguen anesteciados por el coronavirus, mientras el presidente Alberto Fernández les pide dibujitos a los niños y nos aconseja bebidas calientes, el Kirchnerismo esta vez, sí, va por todo, concluyó el diputado.

Por su parte, el diputado radical Alvaro de Lamadrid afirmó: “Reforma Agraria, Reforma Judicial, Ciberpatrullaje, Junta Nacional de Granos y ahora esté proyecto que implica ni más ni menos que expropiaciones. El Coronavirus acelera el vamos por todo. Esto es un disparate”.

En tanto la diputada jujeña Gabriela Burgos afirmó: “Diputada del Frente de Todos expresó que el Estado podría participar en el capital de las compañías a las que ayude financieramente. Aunque le cambien los atuendos sigue siendo el ‘Modelo Populista’ implementado en ‘Venezuela’”.

Finalmente, el formoseño Ricardo Buryaile remarcó: “Con la plata de todos los argentinos, buscan extorsionar al sector privado con créditos subsidiados a través de los impuestos que pagamos todos, para lograr cargos de directores para los militantes en empresas asfixiadas por la crisis. Volvieron peores!”.

Impulsan la creación de un registro que reúna todos los datos de las cárceles

Se trata de un Registro Nacional de Estadísticas Penitenciarias y Beneficios acordados, donde figure el número de proesados, condenados, prisiones domiciliarias y salidas transitorias.

El diputado nacional Luis Petri propone crear el Registro Nacional de Estadísticas Penitenciarias y de Beneficios acordados (ReNEPeB), para internos alojados en unidades carcelarias de todo el país, por aplicación de la Ley de Ejecución de la Pena. Es para contar con información actualizada y sistematizada de la situación en la que se encuentran las personas en contextos de encierro en aplicación de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad.

Actualmente, “hay baja información de los sistemas penitenciarios respecto de la cantidad de personas que alberga, en qué condiciones, cuántos se encuentran procesados, cuántos condenados, cuántas prisiones domiciliarias se otorgaron, cuántas prisiones preventivas o salidas transitorias, entre otras variables. Es necesario tener mayor información para tomar medidas adecuadas y, es por ello, que propongo la creación de este Registro”, indicó Petri, a quien acompañan en esta iniciativa sus pares Alfredo Cornejo y Waldo Wolff, entre otros.

“La pandemia no puede utilizarse como excusa para liberar masivamente a condenados por delitos violentos. Empoderar a delincuentes con la anuencia del Gobierno trae como consecuencia un espiral de violencia e inseguridad para toda la sociedad”, destacó Petri.

La iniciativa prevé que los juzgados de Ejecución Penal, estarán obligados a enviar al Registro testimonio de la parte dispositiva de los siguientes actos procesales, debiendo indicar si se trata de: Salidas Transitorias; incorporación al Régimen de Semilibertad; Prisión discontinua, Semidetención, Prisión diurna y nocturna; Prisión domiciliaria; Libertad asistida; Otorgamiento de libertad condicional; Constancia del cumplimiento del artículo 11 bis de la ley 27.375 respecto de la víctima del delito; y en general todos los beneficios comprendidos en el período de prueba previsto por la ley de Ejecución de la pena.

Además, deberán asentarse los datos pertenecientes al condenado, tales como, domicilio o residencia fijado para gozar del beneficio y/ libertad condicional; profesión, empleo, oficio u otro medio de vida denunciado; números de prontuarios; condenas anteriores y tribunales intervinientes; el tiempo de la condena fijado por el Tribunal; la fecha de la sentencia, el tribunal que la dictó y el número de causa; los antecedentes penales, los dictámenes del Organismo Técnico Criminológico y el Consejo Correccional del Establecimiento Penitenciario y las normas que el condenado debe observar.

Presentan un proyecto para garantizar corredores sanitarios para varados

La medida impulsada por un grupo de diputados de JxC apunta a atender la situación de los varados dentro y fuera del país para cuando deban atravesar el territorio argentino.

Tal cual habían anticipado en el marco de una teleconferencia con varados en el exterior que plantearon la cuestión como un verdadero problema, diputados nacionales presentaron un proyecto solicitándole al Poder Ejecutivo que garantice la existencia de corredores sanitarios seguros aéreos, fluviales, marítimos y terrestres. Los mismos deberán reunir las mejores condiciones sanitarias y de seguridad, en el marco de la pandemia de Covid-19, dispuestos por el decreto 331/20, para posibilitar el ingreso y retorno a sus residencias habituales, a todas las personas que se encuentran varadas, sea dentro del país como fuera.

La iniciativa fue presentada por los diputados nacionales Luis Petri, Waldo Wolff, Brenda Austin y José Cano, quienes además solicitaron que, en los casos de viajes en transporte de colectivo de media y larga distancia autorizados a circular, los pasajeros tengan la posibilidad de aprovisionarse de agua y alimentos, como así también el acceso a sanitarios en lugares preestablecidos del itinerario en cada de una de las provincias del país por las que circulen.

Petri explicó que “actualmente, un problema que se les presenta es en torno a lo que sucede una vez que ingresan al país, ya que cuando llegan del exterior demoran, muchas veces, hasta 50 horas en arribar a su destino final, después de pasar por provincias que no están en su ruta normal y habitual. Por ejemplo, tomamos conocimiento de muchos mendocinos que eran llevados a Tucumán previamente”.

También, aseguró que en muchos casos “deben pasar por retenes y controles provinciales, donde además se encuentran imposibilitados a bajar del colectivo a comprar alimentos, agua o acceder a los sanitarios”.

“Es fundamental garanticen la fluidez del tránsito autorizado y se coordine con las provincias para que estas hagan los respectivos controles, pero que en ningún caso demoren injustificadamente a quienes transitan por rutas nacionales de jurisdicción federal. Permitiendo de este modo que, de una vez por todas, los argentinos varados dentro y fuera del país puedan retornar a sus hogares”, finalizó el legislador mendocino.

El drama de los miles de argentinos varados en el exterior

Por iniciativa de un grupo de diputados de la oposición, se realizó una videoconferencia, en la que desde los parajes más lejanos contaron la grave situación en la que se encuentran y la incertidumbre que sufren.

Por José Angel Di Mauro

“A 50 días, somos todos vulnerables”, señaló uno de los argentinos varados en el mundo que participó de la teleconferencia organizada por un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, cuando la misma llevaba más de dos horas. Y la frase sintetiza un factor común que comparten los miles y miles de connacionales que viven desde hace casi dos meses una pesadilla de la que no pueden despertarse. Una experiencia inédita que ofrece miles de historias de todo tipo, en las que los padecimientos son constantes y donde la frase del principio viene a cuento de la premisa establecida por el Gobierno argentino, respecto de que “serán priorizados en los vuelos de repatriación aquellos que estén en situación más delicada”.

Varados de más de 32 países  participaron de la extensa videoconferencia organizada por los diputados nacionales Luis Petri, Waldo Wolff y Fernando Iglesias, que sirvió para que quienes alcanzaron a hablar pudieran exponer su situación, en una suerte de catarsis interminable que tuvo por objeto visibilizar la situación de quienes sufren el peor tipo de aislamiento: muy lejos de su país, expuestos a la pandemia, sometidos a una sangría de recursos y embargados por la incertidumbre de no saber cuándo podrá terminar ese calvario.

Muchos son turistas que vieron interrumpidos sus viajes soñados cuando descubrieron que las aerolíneas que habían contratado ya no podrían traerlos de vuelta; otros son argentinos que trabajaban en el exterior y se quedaron sin empleo, viendo truncados sus sueños de vivir afuera; hay miles que están con becas de trabajo o estudio; todos cargan con el sayo que malintencionadamente algunos quisieron endilgarles, en algunos casos responsabilizándolos por “traer el virus a la Argentina”, o por haberse ido cuando se insinuaban las restricciones para regresar. Aunque la mayoría está afuera desde antes, y como sea, todos tienen derecho a regresar. Es lo que deslizó al principio de la reunión por Zoom el diputado Wolff, que aclaró que “esto no tiene banderías políticas, no nos importa a quién votaron: todos tienen que ser ayudados”.

No nos están dando ninguna opción para salir de Alemania; solo que nos jorobemos por no haber vuelto antes”, señaló Yohana.

Yohana Díaz habló en representación de los varados en Alemania y reclamó un vuelo desde Frankfurt a Ezeiza. “El último vuelo salió hace un mes; nosotros estamos en contacto constante con los tres consulados y la embajada acá en Alemania, pero la respuesta que tenemos es que ‘ya hubo tres vuelos de repatriación’, que ‘no va a volver a haber vuelos’; que por qué no nos fuimos en su momento…”. Con la voz quebrada, se confesó angustiada y contó que “tenemos gente que es paciente oncológica, que estuvo algunos días sin medicación y esa medicación se obtuvo por otros medios, no por el consulado”. Ante la ausencia de vuelos a la Argentina, sugirió vuelos comerciales a San Pablo, y de allí tomar otro avión a la Argentina, pero en ambos casos debería mediar una autorización del gobierno argentino que no hay. “No nos están dando ninguna opción para salir de Alemania; solo que nos jorobemos por no haber vuelto antes”, concluyó.

Desde Bangkok, Mariano lleva 34 días varado allí, sin vuelos de repatriación, informó que hubo los últimos días algunas detenciones de argentinos. “Vemos que están saliendo vuelos con compatriotas desde América y Europa, pero de Asia no tenemos ninguna respuesta de nadie. Hay gente que está en estado de desesperación absoluta, muchos en tratamiento y ya sin medicación”. Relató además que hay una lista de argentinos que se envió a Buenos Aires, donde determinan quiénes son vulnerables para recibir ayuda. “Si no estás en esa lista, no tenés ninguna ayuda económica, ni de medicación”.

El diputado Luis Petri comentó como novedad para Africa y el sudeste asiático que la aerolínea Ethiopian ha ofrecido la posibilidad de volar hacia la Argentina y que lo único que esperaban era la autorización del Gobierno nacional. Todavía no ha habido respuesta.

Magalí Grass habló desde Andorra, donde hay una comunidad muy grande de argentinos que fueron a trabajar. Son 2.040 y si bien han tenido cinco vuelos, no alcanzaron pues solo viajaron 170 argentinos. En su testimonio también hizo un aporte respecto de los que sí han podido viajar y se han encontrado con una “desorganización” que le atribuyen al Ministerio de Transporte en cuanto al destino de los pasajeros que deben viajar desde Ezeiza al interior. “Cada provincia tiene una regla especial”, señaló, para detallar luego casos de gente trasladada en micros en los que les cobran para hacer paradas, como así también les cobran los testeos y los hoteles donde deben hacer cuarentena.

Petri anticipó entonces la presentación de un proyecto de ley para habilitar corredores sanitarios seguros para quienes deben trasladarse al interior una vez retornan al país, para que puedan tener tramos directos y no lo que sucede ahora. Puso como ejemplo su provincia, Mendoza, donde el traslado demora 50 horas.

Desde Australia, Agustina Pini pidió un “cronograma” que les permita planificar el futuro y saber cuándo podrán regresar, y remarcó que con el impuesto del 30% que se les aplica a las tarjetas se hace más difícil la situación de los argentinos en el exterior. Allí hay más de medio millar de argentinos.  Muchos de ellos estaban por trabajos que con la pandemia perdieron. “Quieren que nos vayamos… El primer ministro nos echa de Australia, pero nadie nos da certezas”, comentó Agustina, para contar luego el caso de una argentina embarazada de 5 meses. “Tiene que volar ya”, señaló, advirtiendo que más adelante no podrá hacerlo y tener a su hijo allí podría llegar a costarle 10.000 dólares.

Desde Dinamarca, una varada que se presentó como Day consideró que quienes están en los países nórdicos “estamos olvidados”. Habló de un chárter organizado por chilenos para volver desde España, pero para sumarse ellos necesitarían el visto bueno de Cancillería. Allí hay 400 argentinos, muchos ya a punto de transformarse en ilegales. Y si bien en la embajada mostraron disposición para extender las visas, “por más que puedan hacerlo, acá en estas condiciones ya no hay trabajo para nosotros”.

Claudio e Ileana hablaron de la situación de los argentinos en Colombia, que estimaron en unos 700. Ella está embarazada y preocupada por ello pues “la sanidad acá no es pública”. Advirtió que “hay gente que no está comiendo” y cuestionó el papel de la embajada. La ayuda económica fue “discontinua y limitada a 20 dólares por semana”, aseguró. “Nosotros estuvimos en situación de calle; hace tres días conseguimos un departamento vacío, sin luz… estamos en una situación muy vulnerable”. Ileana contó que hubo un vuelo de Aerolíneas Argentinas que les costaba 600 dólares, a pagar en 1, 3 o 9 cuotas. “Nosotros nos quedamos sin recursos, no pudimos pagarlo”, señaló, para cargar luego contra el cónsul: “A muchos los bloqueó en el whatsapp”, señaló, para sugerir luego la posibilidad de recurrir a micros que necesitarían contar con un salvoconducto para poder llegar.

Quieren que nos vayamos… El primer ministro nos echa de Australia, pero nadie nos da certezas”.

En Canadá, las autoridades argentinas les dijeron que “esperen a septiembre”. “Es una locura, estamos desesperados”, señaló Carolina.

Anabela habló desde Emiratos Arabes. Allí son 70 los argentinos que quieren ser visibilizados. Comentó que el 15 de abril existió la posibilidad de un vuelo desde Dubai, que finalmente se canceló pues Argentina no les permitía arribar. Un vuelo desde ese país cuesta entre 400 y 600 dólares, pero les ofrecieron uno a u$s 2.500, hasta Brasil, donde deberían pasar dos noches en un hotel de San Pablo y después pagar otro vuelo a Buenos Aires. 29 argentinos lo aceptaron y volaron.

Hay destinos muy complicados en materia de seguridad, como Sudáfrica, donde Mariano comentó desde Johannesburgo que esa es la ciudad más insegura del país. Habló de tiroteos y saqueos. “La situación se agrava cada vez más”, aseguró.

Hay también casos como el de Alfredo Alba, que contó la situación de 93 argentinos que están en Perú con 41 vehículos, desde marzo. Pero no pueden volver porque necesitan que los dejen circular por ese país, pasar por Chile, e ingresar luego a la Argentina.

Otra argentina embarazada es Elina, que está en la India y también necesita regresar ahora, pues más adelante será más difícil, por su estado. Desde Egipto, Johana admitió que “somos una minoría. Llevamos 50 días acá, pagando un alojamiento”. Quieren poder regresar con sus pasajes originales, porque “no tenemos posibilidad de pagar nuevos vuelos; no tenemos ninguna ayuda económica”. Y hasta cuenta con ironía que les llegó un correo electrónico para ver si podían “juntar ayuda para los varados”.

Miami es otro destino lleno de argentinos. Ha habido vuelos, pero es muy difícil comprarlos, cuenta Fernanda, al ejemplificar que cuando hay uno, solo se habilita la página para comprarlo 10 minutos. “No sabemos en qué momento se va a abrir la posibilidad, esto nos causa un daño psicológico inmenso. Poder viajar es como ganarse la lotería y para eso tenemos que estar las 24 horas mirando el celular.

Otra argentina embarazada es Elina, que está en la India y también necesita regresar ahora, pues más adelante será más difícil, por su estado.

Hay casos como el de Eliana Martínez, que viajó el 14 de marzo a Ucrania, para asistir al parto de úteros subrogados. Así está allí varada con sus dos bebés recién nacidos. “Nosotros tenemos obra social, pero los bebés no”, comentó, detallando que hay otros matrimonios en la misma situación. En total hay otros seis bebés recién nacidos. Son en total 27 argentinos sin asistencia económica, entre los cuales hay 12 menores, contando a quienes fueron a conocer a sus hermanitos.

Estocolmo es una de las ciudades más caras del mundo, y allí está Juan Alonso, quien  se quejó pues ha habido vuelos locales que fueron vacíos a la Argentina y retornaron con ciudadano suecos. “Sentimos que no tenemos el respaldo de saber si están trabajando para nosotros”, lamentó, para agregar luego con despecho: “No somos un grupo de chetos; somos muchos los que vinimos a formarnos”.

Muy enojado, Emilio Otturri afirmó desde Indonesia que “la ayuda no llega” y por eso reclamó al presidente que “le pida la renuncia al canciller”. Biólogo, de 60 años, lamentó haberse equivocado cuando les dijo a los demás chicos que la Argentina iba a ocuparse de ellos. “Me equivoqué”, afirma resignado.

A propósito del ministro de Relaciones Exteriores, el diputado Iglesias no descartó la posibilidad de denunciarlo penalmente por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de personas”.

Micaela Moisés está en la región del Venetto, en Italia. Se quejó por tener que pagar con su tarjeta el 30% del impuesto País y que haya argentinos en ese país que están recibiendo ayuda de Cáritas, cuando el Estado argentino no los ayuda. Habló de un vuelo de Alitalia en el que les cobraban 1.800 euros; el vuelo de Aerolíneas Argentinas costaba 1.200 euros, comentó, y se preguntó dónde quedan las personas vulnerables que no tienen medios para volver. “Van a decirnos que los que no volvimos es porque no quisimos, pero no es verdad… Soy de los que no podemos pagar esa cifra y voy a tener que seguir esperando mi vuelo de Iberia”.

Japón es otro destino donde se hace muy caro vivir. “Todos pasamos a ser vulnerables”, admite Fernando, que cuenta que hubo un vuelo para retornar que costaba 3.000 dólares. “Es oneroso y poco realista para la mayoría de los varados, y había solo diez plazas”, comentó, y dijo sentir que “somos rehenes”. Contó además que “los que pueden están escapándose de Japón como sea”, yendo a destinos donde puedan tener más posibilidades de regresar, como México. Es por eso que Darío contó que allí “sigue llegando gente”, porque ese es uno de los países donde más vuelos de repatriación ha habido. Pero por eso es que sigue manteniendo el número de 3.000 varados. “Esto es una bomba de tiempo”, advirtió.

Diputados de JxC presentan un proyecto para impedir la liberación masiva de presos

Un grupo de legisladores nacionales buscan limitar las reclusiones domiciliarias para una serie de tipos de condenas.

Los diputados nacionales Luis Petri, Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y varios legisladores de Juntos por el Cambio presentan un proyecto para prohibir las salidas anticipadas, fundadas en situaciones de emergencia, fuerza mayor, superpoblación o razones sanitarias, de forma masiva y/o generalizada.

La iniciativa exceptúa de eventuales beneficios a los condenados por homicidios agravados; delitos contra la integridad sexual; privación ilegal de la libertad coactiva y secuestro extorsivo “si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida”, y tortura seguida de muerte”, entre otras causales.

En otro pasaje, el proyecto prohíbe el otorgamiento de salidas transitorias; régimen de semilibertad; libertad condicional; prisión domiciliaria; prisión discontinua o semidetención, o libertad asistida, fundados esos casos en situaciones de emergencia, fuerza mayor, superpoblación o razones sanitarias, de manera masiva y/o generalizada.

“El Estado debe garantizar el cumplimiento de las condenas, la seguridad de la población, los derechos de las víctimas y también las condiciones sanitarias de quienes se encuentren privados de la libertad, sin que exista conflicto o incompatibilidad entre ellos”, aseguró Petri. Además, agregó: “La pandemia no puede transformarse en una excusa o salvoconducto que permita a condenados recuperar su libertad so pretexto de este en peligro su salud”.

Por otro lado, el legislador mendocino explicó que “frente al hacinamiento y la pandemia existen otras posibilidades distintas a la liberación. Podría reubicarse a condenados por delitos leves en cuarteles o establecimientos en desuso, que sólo necesitarían reforzar su custodia, control y vigilancia. Garantizando la distancia social, la atención médica y los protocolos de seguridad, orden, alimentación y saneamiento”. En ese sentido, Petri advirtió que “no podemos perder de vista que el fin y justificación de las penas es, en definitiva, proteger a la sociedad frente al crimen.

“Cuando se incumplen las condenas, cuando se libera anticipadamente presos desprotegiendo a la sociedad, no hay otra cosa que impunidad. Esa es, nuestra pandemia de todos los días”, concluyó Petri.

A pedido de la oposición, postergan el aval de los DNU firmados por la pandemia

En una reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo, Juntos por el Cambio advirtió que el quórum virtual no es legal. La comisión pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles, a la espera de la reforma reglamentaria en Diputados.

Por Carolina Ramos

A pedido de Juntos por el Cambio, el oficialismo aceptó posponer un día la firma de los dictámenes sobre una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia del Covid-19.

En una reunión remota de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, la oposición cuestionó la validez del quórum virtual y pidió aguardar el avance del protocolo en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que se reunirá este miércoles a las 16.

Si bien el presidente de la bicameral, el diputado Marcos Cleri, aclaró que el Frente de Todos estaba en condiciones de avanzar este mismo martes con los dictámenes -por contar con mayoría numérica-, aceptó la solicitud de Juntos por el Cambio de pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 18.

Para ese entonces, tanto el oficialismo como la oposición esperan contar con el protocolo de funcionamiento de las sesiones virtuales, que será definido durante la mañana, a las 11, en la Comisión de Modernización Parlamentaria, y luego dictaminado en la de Peticiones.

Al inicio de la reunión, el senador santacruceño Pablo González (Frente de Todos) sostuvo que el reglamento del Senado “habilita a tratar los expedientes y a suscribir los dictámenes” en modo online. “Entendemos que la interpretación de los alcances del reglamento la hace la comisión, y están dadas las condiciones jurídicas para que esta reunión tenga validez”, enfatizó.

Cleri aceptó posponer un día los dictámenes sobre los DNU (Foto: Comunicación Senado)

González señaló que “el aislamiento es la única herramienta que se conoce hasta ahora para poder controlar la pandemia, y aquellos legisladores con problemas de salud tienen la obligación de respetar el DNU del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por lo cual se recurre a la modalidad online.

Sin embargo, el diputado radical Luis Petri cuestionó la validez legal de la reunión. Si bien celebró que se haya convocado, aclaró que se trata de un encuentro “informal” como los que se celebraron en las comisiones unicamerales de ambas Cámaras para escuchar a ministros del Poder Ejecutivo.

Petri consideró que “no hay una sola referencia en los reglamentos sobre la posibilidad de contabilizar el quórum de manera virtual”. “Nuestro reglamento hace mención a la presencia y no podemos validar el contabilizar el quórum de manera virtual”, insistió el legislador de Juntos por el Cambio.

La senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) salió al cruce de Petri y recordó que “en Mendoza hace más de un mes que se está sesionando virtualmente” porque hubo un acuerdo político unánime, aunque a diferencia de lo ocurrido en el Congreso Nacional, “ningún funcionario” del gobierno del radical Rodolfo Suárez “ha ido a dar explicaciones de lo que están haciendo”.

“La Corte Suprema ya se expidió y la voluntad que estamos demostrando es tener toda la predisposición para que el Congreso funcione”, remarcó Fernández Sagasti.

En sintonía con Petri, el diputado de la UCR Gustavo Menna propuso que la comisión se aboque solo al análisis de los decretos, y sugirió postergar para este miércoles la firma de los dictámenes, con el protocolo de funcionamiento virtual ya avalado en la Comisión de Peticiones, Poderes y reglamento de Diputados.

De esa forma, Cleri aceptó limitar la reunión al mero debate sobre los DNU del temario, que fueron defendidos por el oficialismo. “La Constitución Nacional afirma en el artículo 99, inciso 3, que el Poder Ejecutivo Nacional puede emitir Decretos de Necesidad y Urgencia en circunstancias imprevisibles, y entendemos que eso se da en las actuales circunstancias”, argumentó el senador González.

A su vez, el diputado Pablo Yedlin remarcó que “estamos viviendo una situación de gravedad que puso en vilo la salud, la vida y la economía de todo mundo”, y pidió “entender el contexto en el que estamos”. “Querer llamar a los legisladores a venir al Congreso en este momento es absolutamente innecesario”, insistió el tucumano.

Por su parte, el diputado Pablo Tonelli (Pro) reconoció que “estamos ante una situación excepcional que efectivamente habilitaba al presidente a dictar DNU”. “No han sido muchas las ocasiones en las que verdaderamente podíamos sostener que estábamos ante una situación excepcional. El presidente ha cumplido con los recaudos formales”, admitió.

Sin embargo, Juntos por el Cambio criticó algunos DNU, como el 313/20, por el cual se amplió el cierre de fronteras a las personas residentes en el país y argentinos residentes en el exterior a través de todos los pasos internacionales, puertos, aeropuertos y centros de frontera.

Al respecto, Petri señaló que “el derecho a ingresar, permanecer y salir del territorio argentino está consagrado en la Constitución y en el pacto de San José de Costa Rica”, y habló de la situación que viven los varados en todo el mundo, que “son más de 21.000 y aun no tienen fecha de retorno”.

Otro de los DNU que objetó la oposición fue el 329/20, que prohibió por 60 días “los despidos sin justa causa y por las causales de disminución de trabajo y fuerza mayor, como también aquellas suspensiones por las causales de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo”.

En este caso, Tonelli consideró que “hay un exceso” y “una contradicción”, ya que “no se reconoce que esa situación de fuerza mayor también abarca a los empleadores”, que por el DNU se vieron impedidos de reducir el personal a su cargo.

Los 20 DNU tratados

DNU 260/20, del 12 de marzo de 2020, sobre ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus Covid-19 por el plazo de un año.

DNU 274/20, del 16 de marzo de 2020, por el cual se establece la prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo de 15 días corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso.

DNU 287/20, del 17 de marzo de 2020, por el cual se modifica el Decreto 260/20 sobre ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus Covid-19 por el plazo de un año.

DNU 297/20, del 19 de marzo de 2020, mediante el cual, a fin de proteger la salud pública, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos indicados en el presente decreto, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año.

DNU 311/20, del 24 de marzo de 2020, mediante el cual se establece que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión.

DNU 312/20, del 24 de marzo del 2020, mediante el cual se suspende hasta el 30 de abril de 2020, inclusive, la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y a disponer la inhabilitación establecidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.730, como así también la aplicación de las multas previstas en dicha norma.

DNU 313/20, del 26 de marzo de 2020, por medio del cual se amplían los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de fronteras y cualquier otro punto de acceso dispuesto por el decreto 274 del 16 de marzo de 2020, esta ampliación estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive.

DNU 316/20, del 28 de marzo de 2020, por medio del cual se prorroga hasta el 30 de junio de 2020 inclusive el plazo establecido en el último párrafo del artículo 8 de la Ley Nº 27.541 para que los contribuyentes puedan acogerse el Régimen de Regularización establecido en el Título IV de esa ley.

DNU 319/20, del 29 de marzo del 2020, por medio del cual se establece la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y el congelamiento, hasta el día 30 de septiembre del corriente año, del valor de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino.

DNU 320/20, del 29 de marzo del 2020, por medio del cual se suspende en todo el territorio nacional hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los individualizados en el artículo 9 y el congelamiento de precios de alquileres.

DNU 325/20, del 31 de marzo de 2020, por medio del cual se prorroga la vigencia del decreto 297/20 con las modificaciones previstas en el presente decreto hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.

DNU 326/20, del 31 de marzo de 2020, por medio del cual se instruye a la autoridad de aplicación y al Comité Administrador del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), creado por el artículo 8 de la Ley Nº 25.300, constituir un Fondo de Afectación Específica, con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las MiPyMES.

DNU 329/20, del 31 de marzo de 2020, mediante el cual se prohíbe por el plazo de 60 días a partir de su publicación los despidos sin justa causa y por las causales de disminución de trabajo y fuerza mayor, como también aquellas suspensiones por las causales de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo.

DNU 331/20, del 1º de abril de 2020, mediante el cual se prorroga el plazo establecido por el artículo 1º del decreto 274/20 (prohibición de ingreso al territorio nacional), hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive.

DNU 332/20, del 1º de abril de 2020, por medio del cual se crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectado por la emergencia sanitaria.

DNU 347/20, del 5 de abril del 2020, por el cual se crea el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que estará integrado por los titulares de los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

DNU 355/20, del 11 de abril del 2020, por el cual se prorroga la vigencia del decreto 297/20, prorrogado a su vez por el decreto 325/20 sobre Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

DNU 365/20, del 11 de abril de 2020, por el cual se prorroga la vigencia del decreto 274/20, prorrogado a su vez por el decreto 331/20, sobre el cierre de fronteras hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

DNU 367/20, del 13 de abril de 2020, sobre considerar la enfermedad Covid-19 producida por el coronavirus SARS-COV-2, presuntivamente, una enfermedad de carácter profesional (no listada) en los términos del apartado 2 Inciso B) del artículo 6 de la Ley Nº 24.557.

DNU 376/20, del 19 de abril de 2020, sobre la ampliación del decreto 332/20, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

Exigen al Gobierno un cronograma de repatriación de los varados

El radical Luis Petri reclamó precisiones para los argentinos que no pueden regresar al país y llevan semanas o meses esperando saber cuándo podrán retornar. Exigió además que el Congreso sesione.

El diputado nacional Luis Petri reclamó que el Gobierno argentino “muestre su cronograma de repatriación para los más de 21 mil argentinos que hoy se encuentran varados en el exterior, que no saben cuándo van a volver”.

Recordó que el Gobierno argentino se había comprometido a establecer un cronograma para el ingreso paulatino de esos argentinos y que los mismos llevan semanas o meses esperando saber cuándo podrán retornar.

En diálogo con Parlamentario TV, Petri detalló los padecimientos de los argentinos que no pueden regresar y señaló que de concretarse el cronograma de repatriación que se conoce hasta el día 26 de abril “simplemente se estaría repatriando a un 15% de esos 21.000, quedando el 85% de los argentinos en condición de varados, lo cual es absolutamente injustificado, porque se podrían haber repatriado con antelación, tal cual lo ha hecho la inmensa mayoría de los países”.

“Se da la paradoja de que muchísimos vuelos de repatriación del exterior, por ejemplo de Iberia, que el Gobierno español contrataba para repatriar españoles que se encontraban en la Argentina, llegaron al país vacíos, producto de que no fueron autorizados por parte de las autoridades argentinas para que repatriaran argentinos”, apuntó.

En otro orden, Petri sostuvo que “en momentos de crisis se requiere que el Congreso esté sesionando de manera permanente”, y puso como ejemplo lo sucedido en otros Parlamentos del mundo, con esta pandemia y en la historia. En ese sentido puso como ejemplo que “el Día D, Winston Churchill concurrió a la Cámara de los Comunes a dar explicaciones sobre el desembarco en Normandía, pero los diez minutos iniciales los destinó a hablar de la recuperación de Italia. Tan importante es el Parlamento que no se le ocurrió decir: ‘Miren, como estamos en el momento más importante de la guerra, no vamos a rendir cuentas’; al contrario, porque estaban en el momento más importante  de la guerra era cuando se necesitaba mayor acuerdo político y más conocimiento por parte del Parlamento de lo que estaba ocurriendo”.

Diputados se presentan ante la CIDH reclamando por los varados en el exterior

Luis Petri, Fernando Iglesias y Waldo Wolff alertan ante el organismo internacional el “paulatino y sistemático deterioro de las condiciones de vida” de los argentinos varados fuera del país.

Los diputados nacionales Luis Petri, Waldo Wolff y Fernando Iglesias se presentaron como peticionantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamando por los argentinos varados en el exterior. “Hemos hecho pública nuestra posición respecto a la necesidad de que los residentes en el país y los argentinos residentes en el exterior, puedan regresar a Argentina, dada la precariedad en la que se encuentran y el enorme riesgo para su vida, salud e integridad física por las condiciones en las que sobreviven”, manifiestan en el petitorio, donde solicitan hacerse parte de la Medida Cautelar 517/20.

Asimismo, ponen a disposición las reuniones que tuvieron “con miles de varados en más de 30 países, mediante videollamadas en salas virtuales” en caso de ser necesarias para dar cuenta de la situación por la que atraviesan los argentinos varados en el exterior.  También, afirman que “la República Argentina comenzó negando la posibilidad de que la pandemia llegara a nuestro país y, posteriormente, minimizó sus consecuencias”.

En ese marco, Petri asegura que “no sólo se nos ha privado del derecho a ingresar al país, derecho humano garantizado por la Constitución y los Tratados Internacionales, sino que también ha generado la restricción y el cercenamiento de muchos otros derechos, como es el acceso a la salud, la alimentación, la seguridad y nuestra integridad personal, encontrándonos a miles de kilómetros del país y colocándonos en una situación de extrema vulnerabilidad”. Asimismo, el diputado Wolff explica que “para nosotros no hay categoría de argentinos. Todos gozan del derecho de regresar a su país consagrado en la constitución y el estado tiene que dar respuestas certeras”.

Los legisladores solicitan “la adopción de medidas urgentes, en atención al paulatino y sistemático deterioro de las condiciones de vida y el ejercicio de los más elementales derechos de los argentinos varados en el exterior” y consideran “imprescindible dar estricto cumplimiento a la Resolución 1/20 “Pandemia y Derechos Humanos” de la Comisión Interamericana, insta a garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno, a través de la cooperación, intercambio de información y apoyo logístico con atención a los protocolos sanitarios. Es imprescindible que Argentina y todos los países que han ratificado el Pacto de San José de Costa Rica cumplan con dicha Resolución”.

Petitorio CIDH – Petri, Wol… by Parlamentario on Scribd

Desde la oposición respaldaron el protocolo para garantizar el traslado de varados dentro del país

Los radicales Brenda Austin y Luis Petri destacaron la resolución del Ministerio de Transporte, pero pidieron además facilitar el regreso a sus hogares de las personas que cuentan con movilidad propia.

La diputada Brenda Austin (UCR-Córdoba), quien días atrás, junto a su par Luis Petri, presentó un proyecto requiriendo al Poder Ejecutivo que estableciera un protocolo para permitir que las personas varadas en el país puedan regresar a sus hogares, destacó que el Ministerio de Transporte de la Nación haya receptado las demandas de estas personas que, desde la vigencia del aislamiento obligatorio, estaban en “situaciones de angustia y extrema incertidumbre”.

Los radicales habían impulsado días atrás un formulario digital para relevar la situación, el cual, según informaron, “lleva más de 7.500 personas registradas con diversas necesidades de traslado”. “Celebramos este anuncio, que va a requerir el esfuerzo de todos los gobernadores e intendentes. Es un gran avance para las miles de personas que están esperando respuestas”, remarcó la legisladora.

A partir de la resolución 90/2020 del Ministerio de Transporte, “el Gobierno nacional reconoció la magnitud del problema y estableció el procedimiento para autorizar traslados excepcionales de personas por razones humanitarias”, señaló la radical.

En ese sentido, agregó que “para ello se requiere la coordinación de los gobiernos locales y las gobernaciones provinciales, quienes deben acreditar los motivos de traslado, cantidad de personas, origen y destino, y el estado de salud de cada solicitante como así también la fecha y hora del traslado.

Este último debe efectuarse a través de una empresa de transporte habilitada y contratada a tal fin. Por último, es el Ministerio de Transporte nacional quien emite la autorización que debe portarse durante todo el trayecto”.

“Sin embargo, surge de la resolución que la autorización de traslados excepcionales no contempla los supuestos de personas que se encuentran varadas pero que cuentan con vehículos propios para movilizarse”, subrayó Austin.

Para la diputada, “si bien se avanzó en un plan concreto, aún quedan situaciones por incluir, como la de aquellas personas que cuentan con movilidad propia”. “De los datos que hemos relevado surge que casi el 30% cuenta con vehículo propio para volver y un 11% adicional cree poder conseguirlo. Para agilizar su retorno, solicitamos que se agregue a la resolución un permiso especial para estas personas”, pidió.

Por esa razón, Austin y Petri junto al presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara baja, José Cano, elevaron una nota al ministro de Transporte, Mario Meoni, para remarcar “la necesidad de contar con un protocolo especial para estos casos, a fin de obtener autorizaciones de circulación válidas y reconocidas en todo el territorio nacional, o la posibilidad de establecer corredores sanitarios con horarios y rutas preestablecidas”. Se señaló también, que todo esto, debe hacerse garantizando los debidos controles de salud y el posterior cumplimiento del aislamiento en los lugares de residencia.

Además de exigir un abordaje integral de la problemática, le enviaron a Meoni los datos relevados de las personas que se encuentran dispersas por todo el país, con la intención de colaborar con las autoridades nacionales y los gobiernos locales en la agilización de los traslados y el pronto regreso de las personas varadas.

“No son varados, son abandonados por este Gobierno”

Así lo expresaron diputados de Juntos por el Cambio que mantuvieron una reunión por videoconferencia con argentinos que no pueden regresar al país.

Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Luis Petri y Waldo Wolf se reunieron con argentinos varados en el exterior a través de una plataforma digital donde también participaron periodistas de distintos medios. “Estar en el exterior en estos momentos ya representa una complejidad, teniendo en cuenta el avance de la pandemia, y a esto se le suma la vulnerabilidad sanitaria que viven al no contar con cobertura médica”, señaló el legislador mendocino.

“El Poder Ejecutivo se comprometió a través de los decretos 313 y 331 a armar un Plan de Repatriación que aún no existe”, manifestó Petri. También, los argentinos varados reclamaron sobre la escasa comunicación con los consulados, la necesidad de medicamentos, las dificultades habitacionales que sufren y sobre todo la incertidumbre de no saber cuándo volverán y con ello, la imposibilidad de planificar su economía para mantenerse fuera del país.

Por su parte, el diputado Waldo Wolff reivindicó el derecho de los argentinos varados en el exterior a regresar, y reclamó del Gobierno mayores certezas para encontrar soluciones para ellos.

“Hay una constante que es la desinformación, por un lado, y la incertidumbre, por el otro. Es importantísimo que quede claro que los varados no están prolongando, de ningún punto de vista, las vacaciones y que, por el contrario, día a día se está precarizando cada vez más su situación”, explicó Petri quien ya ha tenido contacto previamente con los varados en más de 30 encuentros.

Luego de casi tres horas de reunión, Petri afirmó que “no son varados, son abandonados por este Gobierno”.

Participaron de esa reunión virtual argentinos varados en Aruba, Honduras, España, Dinamarca, Sudáfrica, Tailandia, Estados Unidos, México, Italia, Japón, Indonesia, Andorra, Costa Rica, Suecia y Perú.

Solicitan garantizar el regreso a sus hogares de personas que quedaron varadas en distintas provincias

Se trata de aquellos que, cuando se decretó el aislamiento, estaban en otros puntos del país. El proyecto es impulsado por los radicales Brenda Austin y Luis Petri.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR-Córdoba) junto a su par Luis Petri (UCR-Mendoza) presentaron un proyecto por el que solicitan al Poder Ejecutivo la implementación de un permiso especial para la circulación por el territorio nacional de aquellas personas que, al tiempo de establecerse el aislamiento social preventivo y obligatorio, se encontraban lejos de sus lugares de residencia habitual.

“Así como ocurrió con los argentinos varados en el extranjero, hay muchas personas que quedaron en distintos puntos del país e imposibilitadas de movilizarse y llegar a sus hogares”, explicaron los legisladores, que lanzaron un relevamiento nacional por medio de un formulario para empadronar a las personas que se encuentran en esta situación.

Austin expresó que “al momento de establecerse la cuarentena no se otorgó un tiempo adicional para que aquellas personas que se encontraran lejos de sus hogares pudieran tomar los recaudos necesarios para regresar”.

“La disposición del aislamiento social preventivo y obligatorio se realizó de manera intempestiva y concomitante con la suspensión de todos los vuelos y los traslados de larga distancia, provocando que miles de personas no pudieran llegar a sus hogares. El alargamiento de la cuarenta y la incertidumbre sobre la fecha de finalización amerita buscar una solución que sea compatible con el cuidado de la salud”, señaló.

En la iniciativa se solicita al Poder Ejecutivo que autorice la circulación a través de un permiso especial para quienes cuentan con medio de transporte y que establezca un plan de traslado para los restantes, aplicando protocolos de control de la cuarenta desde sus hogares, tal como ha ocurrido con quienes retornan del exterior.

A su vez, el diputado Petri señaló: “Necesitamos que cada argentino, esté donde esté, tenga la posibilidad de hacer la cuarentena en su casa, bajo su techo y con su familia. En tiempos de aislamiento y cuarentena, de cierre de cruces interprovinciales y fronteras, volver a casa es un derecho esencial que debemos garantizar”.

En tanto, con respecto a las personas varadas en el exterior, el mendocino resaltó que “no ha existido por parte del Gobierno un plan para repatriarlos ni tampoco para permitir que quienes estaban en tránsito en el interior del país puedan llegar a sus provincias de origen. Este hecho queda evidenciado en la violación por Gobierno Nacional del decreto 331 que él mismo redactó, donde se autoimpone la elaboración de cronograma y la determinación de corredores sanitarios seguros que al día de hoy se desconocen”.

Los diputados de Juntos por el Cambio aseguraron que sus pares de distintas provincias “han recibido pedidos angustiantes de familias desmembradas, adultos mayores con patologías de salud fuera de su domicilio, y personas en situaciones financieras insostenibles al encontrarse fuera de su domicilio”.

El proyecto fue acompañado por los radicales Ximena García, Lorena Matzen, Estela Regidor, Albor Cantard, Carlos Fernández, Juan Martín, Gonzalo del Cerro, Claudia Najul, Alejandro Cacace, Dolores Martínez, Soledad Carrizo, Hugo Romero, Federico Zamarbide, Carla Carrizo, Mario Arce, Gabriela Lena, José Riccardo, Lidia Ascarate y Luis Pastori.

Desde la oposición avalaron la ampliación de la cuarentena

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio dialogó con el presidente una hora antes de los anuncios.

Tal cual sucediera cuando se anunció el primer tramo de la cuarentena general obligatoria, el presidente del principal bloque opositor en la Cámara baja, Mario Negri, respaldó la extensión del aislamiento. “Si los profesionales consultados por el Gobierno aconsejan la extensión de la #cuarentena debemos acompañar”, expresó el diputado cordobés a través de Twitter.

Con todo, advirtió que “también hay que pensar ya entre todos cómo vamos a ir saliendo. Deben haber soluciones para la economía que preserven a las pymes, al empleo y protejan la informalidad”.

Cabe consignar que, según pudo saber parlamentario.com, Alberto Fernández le avisó a Negri a las 20 lo que iba a anunciar, a través de una breve comunicación telefónica que mantuvieron. El pasado lunes ya habían hablado por teléfono y quedaron en volver a hacerlo durante la semana-

Por su parte, el diputado radical Luis Petri habló específicamente de la cantidad de testeos, a propósito del hecho de que el presidente hizo hincapié en la comparación entre nuestro país y otros que están siendo afectados por el coronavirus. “Hay que hacer test presidente para aislar a los infectados y sus entornos”, sugirió, preguntándose “cómo comparar con otros países los niveles de contagio sin tener en cuenta la cantidad de testeos”.

“Para el Gobierno la única salida parece ser la cuarentena, pero sin testeos es un callejón sin salida”, concluyó el diputado mendocino.

Carla Carrizo, por su parte, celebró la decisión presidencial de ayudar “a sectores de la clase media: los monotributistas de las categorías C y D, que es lo que desde Diputados veníamos pidiendo”, dijo, advirtiendo que esperaban el decreto correspondiente.

Exigen convocar a una sesión para tratar medidas sanitarias

Lo hizo el diputado radical Luis Petri, al afirmar que en esta situación de “extrema gravedad” los diputados y senadores deben estará activos.

El diputado Luis Petri aseguró en sus redes sociales que “si trabaja un médico, un enfermero, un recolector de residuos o un policía, con más razón deberíamos sesionar los diputados y senadores en estos momentos de extrema gravedad. Pido se convoque a una sesión para tratar medidas sanitarias y económicas”.

Además, consideró que “es necesario que el Ministerio de Salud, como ha ocurrido en Alemania, habilite específicamente hospitales para tratar a pacientes de Covid-19, separados de los demás en los hospitales, para evitar un contagio innecesario”.

“Para salir gradualmente del aislamiento y no tener picos de contagio, es imprescindible que se efectúen test rápidos a gran escala. Argentina compró 200 mil, es menos de la mitad de los test que Alemania utiliza semanalmente para controlar el coronavirus y evitar muertes”, manifestó el legislador mencocino.

También, aseguró que “uno de los recursos más valiosos para enfrentar una pandemia, es el TIEMPO, que el Gobierno viene desaprovechando sin planificar y evitar situación como la de hoy con los jubilados en los bancos, o abastecerse de test, kits, respiradores e insumos. Todo requiere planificación”.

Diputados mendocinos donan la mitad de sus sueldos

Son legisladores de la oposición que pidieron al presidente de la Cámara baja deducir de sus haberes el 50% para derivarlo a hospitales de su provincia.

Los diputados nacionales por Cambia Mendoza enviaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, donde expresaron su decisión de donar el 50 por cientos de sus sueldos para la compra de kits y test rápidos para ser distribuidos en hospitales públicos mendocinos.

En la nota, los legisladores explicaron esta decisión “teniendo en cuenta la evolución de la pandemia de Covid-19 por la que atraviesa el país y la crisis económica que se ha profundizado por ella”.

Los diputados mendocinos tomaron como modelo de austeridad el asumido por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez y, por consiguiente, donar los 50% del sueldo rápidos para ser distribuidos en hospitales públicos mendocinos.

La nota aclara que “en caso de hacerse una deducción menor a dicho porcentaje por las autoridades de la Cámara de Diputados la donación será completada hasta dicho porcentaje”.

Asimismo le solicitaron a Massa que toda deducción en sus haberes sea afectado al sistema de salud de la provincia de Mendoza.

La nota lleva las firmas de Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Luis Petri, Claudia Najul, Federico Zamarbide y Omar de Marchi.

Reclaman al Gobierno repatriar a los argentinos varados

Un día después de que el presidente anunciara la decisión de suspender el regreso de compatriotas en el exterior, desde la oposición solicita al Ejecutivo traerlos y garantizar asistencia y ayuda económica mientras tanto.

Inmediatamente después de que el presidente de la Nación anunciara que al menos por un tiempo no habrá más vuelos de repatriación de pasajeros argentinos que quedaron varados en el exterior, legisladores radicales reclamaron atender la situación de esos compatriotas.

El diputado nacional Luis Petri solicitó a través de un proyecto de declaración que el Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para repatriar a todos los argentinos en el exterior y garantice durante su estadía asistencia y ayuda económica en atención a las inhumanas condiciones por las que están atravesando.

“Existen miles de argentinos varados en el exterior que necesitan volver al país. Exigimos saber cuál es el Plan de Repatriación y que recursos va a destinar el Gobierno para su auxilio y asistencia. Más que nunca hay que garantizar sus derechos ante la situación de desamparo”, exigió el legislador mendocino.

Además, Petri manifestó que “el Estado argentino que debe ser garante de los derechos de los argentinos en el exterior, les impide el ingreso al país y los coloca en una situación de indefensión y vulnerabilidad extrema ante la pandemia y las medidas adoptadas por otros países por el coronavirus”.

También hizo referencia a que “las crisis ponen a prueba los Tratados Internacionales y su vigencia: la Declaración Universal de los Derechos del Hombre establece que ‘toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país’. Tenemos la obligación de repatriarlos”.

En el mismo sentido se expresó el también radical Alvaro de Lamadrid: “Le pedimos al presidente Alberto Fernández que no abandone y dejé sin medios a los miles de argentinos que están en el extranjero”. Y le advirtió al mandatario: “Pueden enfermarse y no ser atendidos. Es un tema de solidaridad. No los castigue”.

“Hay que asegurar el regreso de nuestros compatriotas a salvo y que realicen el protocolo de salud. Ningún país abandona a sus ciudadanos”, remarcó el legislador, quien recordó que ni bien comenzaron los inconvenientes de nuestros compatriotas para regresar al país presentó un proyecto solicitando que todos pudieran regresar de manera gratuita a través de nuestra línea de bandera Aerolíneas Argentinas.

Por su parte, Gonzalo Del Cerro (UCR-Santa Fe) dijo que “el Gobierno decidió frenar el regreso de quienes no pudieron volver antes de la cuarentena, el presidente dijo que los traerán cuando el riesgo sea menor, hay  unos 15.000 compatriotas que están desesperados y que acuden a buscar auxilio a embajadas y consulados, que están desbordados frente a la demanda, por eso es imperioso que las delegaciones cuenten con recursos para  ayudarlos”.

Del Cerro, junto a sus pares de Juntos por el Cambio de Santa Fe Albor Cantard, Ximena García y  Juan Martín,  pidieron  a la Cancillería que “disponga de partidas presupuestarias especiales para  que  los consulados y embajadas puedan atender las necesidades urgentes, mínimas y básicas  de los miles de argentinos que quedaron varados en el exterior por la pandemia del corona virus”.

En el proyecto destacan que “debe existir un compromiso de reembolso por parte de quien recibe la ayuda, cuando se normalice la situación se deberá reintegrar al Estado la totalidad del dinero adelantado o el monto de  las tarifas de alojamiento y comida”.

“Los medios destacan que hay gente tirada en los aeropuertos, en la calle, que no tienen qué comer ni dónde alojarse y que además ya han excedido el límite de gastos de sus tarjetas, por las que deben abonar el recargo “solidario” del 30%”, explicaron.

Preocupación por la situación de las Pymes

Un proyecto para postergar los vencimientos de impuestos ante la AFIP para las pequeñas y medianas empresas será presentado por el diputado Luis Petri.

El diputado nacional Luis Petri preparó un proyecto de ley para postergar por 60 días los vencimientos de impuestos de la Afip, la presentación de declaraciones juradas y las obligaciones del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

“Esta postergación será abonada luego de los 60 días en un plan de pago que establezca la AFIP”, explica el legislador.

Además, Petri destacó que “necesitamos cuidar a nuestras PyMES, por eso vamos a pedir que se incluya en el tratamiento este proyecto que va a aliviar la carga que tienen que enfrentar los sectores productivos del país y del que depende el trabajo de millones de argentinos”.

Pedido para suspender el pago de alquileres de locales obligados a cerrar

La iniciativa de Luis Petri y Alfredo Cornejo tiene en cuenta la situación de los espacios destinados a eventos masivos que atento a las recomendaciones oficiales deben cerrar sus puertas.

Ante la pandemia de coronavirus que tiene en vilo al mundo, donde nuestro país no es la excepción, el Gobierno ha establecido una batería de medidas priorizando la salud de la población que, más allá de las consecuencias positivas desde el punto de vista sanitario, genera un impacto colateral negativo en los sectores de productivos y de servicios, que es necesario paliar con todas las herramientas con las que cuenta el Estado, a fin de impedir el quiebre de las pequeñas y medianas empresas y la consecuente pérdida del empleo.

Esa es la interpretación que hacen los diputados mendocinos Luis Petri y Alfredo Cornejo, que junto a otros colegas presentaron y proyecto proponiendo la suspensión del pago de los alquileres por 60 días correspondientes a los períodos en los cuales la autoridad pública, en sus respectivas jurisdicciones, disponga el cese de actividades consideradas como “eventos masivos”.

Es importante aclarar que “los montos adeudados deberán prorratearse en los restantes meses del año, una vez levantado el cierre dispuesto por la autoridad pública”, detalló Petri.

El decreto 260/2020 que amplía la emergencia sanitaria, en su artículo 18 expresa: “Podrá disponerse del cierre de museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público; suspender espectáculos públicos y todo otro evento masivo; imponer distancias de seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones”.

“En ese sentido, es imprescindible aliviar las cargas y obligaciones que pesan sobre quienes se vean afectados por el artículo 18 del decreto 260/20”, explicó el legislador mendocino.

Por otro lado, Cornejo aseguró que “estamos refinanciando los meses en donde, por cuestiones sanitarias, el Gobierno obliga a cerrar los establecimientos. De esta manera, protegemos las fuentes de trabajo, cuidamos a los inquilinos -que de otra forma no podrían pagar- y garantizamos a los locatarios el cobro de los alquileres prorrateados en el año respecto de estos 60 días”.

Además, Petri manifestó que “la emergencia no es solo sanitaria, los sectores productivos y de servicios en nuestro país también están en riesgo”.

La oposición pedirá este lunes la suspensión de las clases

Así lo anticipó el diputado radical Luis Petri. La medida debería abarcar a todo el país, ante el avance de la pandemia coronavirus.

El diputado nacional radical Luis Petri anticipó que este lunes presentará un pedido de suspensión de clases en todo el territorio nacional, en todos sus niveles educativos, tanto públicas como privadas, a fin de prevenir y evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) y en atención a su carácter de pandemia de esa enfermedad.

El legislador anticipó este fin de semana esa solicitud que presentará “teniendo en cuenta lo sucedido en China, Italia y actualmente en España”.

“No podemos subestimar los efectos y consecuencias del virus en la salud de la población, debiendo tomar todas las medidas a nuestro alcance para evitar que nuestro sistema de salud colapse. Por ello es imprescindible suspender el dictado de clases por 14 días en todo el país”, señaló el legislador mendocino.

Las autoridades nacionales han señalado que de momento no se evalúa la suspensión de las clases en todo el país, aunque algunos distritos como Jujuy adoptaron esa medida por las próximas dos semanas, ante la aparición de casos puntuales.

Solicitan que el PAMI garantice alcohol en gel gratuito

También jabón, barbijos y repelentes para jubilados y pensionados. La iniciativa fue presentada por el diputado radical Luis Petri.

El diputado nacional Luis Petri (UCR) presentó un proyecto de declaración por el cual propone que el PAMI garantice de manera gratuita el acceso al alcohol en gel, jabón, barbijos y repelentes para jubilados y pensionados.

La iniciativa apunta a que las personas de mayor edad son una de las poblaciones de mayor riesgo a sufrir consecuencias graves en su salud por el padecimiento de los virus del dengue y el coronavirus.

“Actualmente hay más de 121 mil casos en el mundo y se han producido alrededor de 4.300 muertes. En Argentina ya hay confirmados 30 casos hasta el momento, pese a los iniciales pronósticos efectuados por el Ministro de Salud respecto del ingreso y propagación del virus”, señaló el radical en relación al Covid-19.

Además, el mendocino cuestionó que “la subestimación inicial por parte de las autoridades locales ha impedido que se tomaran medidas en tiempo oportuno”.

“No obstante ello, desde la oposición no debemos caen en el lugar común de la sola crítica y creemos que es imprescindible colaborar con propuestas que minimicen el impacto de estas enfermedades”, expresó el legislador.

El proyecto fue acompañado por sus pares radicales Ricardo Buryaile, Lorena Matzen, Claudia Najul, Roxana Reyes y Fabio Quetglas.

Petri apuntó contra el DNU relacionado a la actuación de los agentes de la AFI

El diputado radical dijo que comparte lo dispuesto en la medida, pero señaló que el Congreso “se encuentra en pleno funcionamiento y en el período de sesiones ordinarias”.

El diputado radical Luis Petri se refirió al DNU 214/20, publicado este jueves, y dijo que “más allá de compartir la prohibición de actuación de los organismos de inteligencia en investigaciones criminales, nada justifica el dictado del decreto ya que el Congreso se encuentra en pleno funcionamiento y en el período ordinario de sesiones”.

“En el 2015 se reformó la Ley de Inteligencia, a través de la Ley 27.126. En aquel entonces la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) envió un proyecto de ley y habilitó el tratamiento en extraordinarias sin recurrir al DNU”, recordó.

Y continuó: “Cristina Kirchner en ese momento justificaba la reforma para terminar con ‘la calesita’ entre el Poder Judicial, periodistas y ‘servicios de inteligencia’. No obstante, se mantuvo la posibilidad de intervención de organismos de inteligencia en investigaciones criminales”.

Lea también: El Gobierno limitó la injerencia de la AFI en investigaciones judiciales

“La pregunta es ¿por qué dictan un DNU? Porque no quieren que se debata en el Congreso el rol de los organismos de inteligencia en democracia, solo buscan abonar el relato del lawfare y el ‘armado’ de causas entre jueces, espías y periodistas”, cuestionó el mendocino.

Por último, el legislador de JxC reclamó que “así los organismos de inteligencia que deberían estar al servicio de la defensa nacional y la seguridad interior, terminan siendo la coartada de los políticos que se sirven de ella para justificar sus fechorías”.

Diputados cuestionaron la liberación de De Vido: “Van por todo”

Fuertes críticas desde Juntos por el Cambio tras la decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal 1. “Están consiguiendo lo que buscan, la impunidad”, advirtieron.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio se manifestaron de manera crítica tras la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de dejar en libertad al exministro Julio De Vido. “Van por todo”, coincidieron al manifestar su rechazo a través de las redes sociales.

“La liberación de Julio De Vido no es otra cosa que una señal tremenda sobre la impunidad que busca el Gobierno y sus maniobras contra la Justicia”, señaló el diputado y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.

Su comprovinciano Luis Petri expresó por su parte: “Liberan a De Vido, piden intervención del Poder Judicial de Jujuy, eliminan la Agencia de Protección de Testigos, anuncian reformas a la Justicia estrictamente vinculada a casos de corrupción. Estamos asistiendo a la ejecución del ‘Plan Impunidad 2020’”.

Otro radical, el diputado Alvaro De Lamadrid, sostuvo que “la corrupción ha sido la partera de todas nuestras desgracias. Hay dos países: el que clama por justicia y oportunidades y los que asociaron la política al delito y buscan impunidad. El Gobierno recompensa la corrupción. Sobraron bolsos faltó República”.

“Siguen liberando delincuentes, ahora le toca el turno a un peso pesado de la corrupción K, Julio De Vido”, dijo por su parte la diputada Gabriela Burgos (UCR – Jujuy), mientras que el radical santafesino Gonzalo Del Cerro señaló: “Siendo candidatos empezaron con amenazas, siendo gobierno fueron más allá, y están consiguiendo lo que buscan, la impunidad de los delitos de corrupción. La libertad de Julio De Vido es un cachetazo a la sociedad, a las víctimas de la masacre de once. Solo falta que los jueces que lo investigaron tengan que ponerse ellos la tobillera electrónica y presentarse una vez por mes a su lujoso country”.

Otros dos radicales mendocinos salieron a criticar la liberación del exministro. “Julio De Vido sale en libertad. Un daño enorme a la República y una señal inequívoca de lo que busca el Gobierno: otra vez, la independencia judicial está en peligro”, señaló Claudia Najul, en tanto que Federico Zamabride dijo que “De Vido aprovecha las trampas del sistema para zafar. El día que entendamos que la corrupción mata cambiaremos la Argentina”.

Enojo en la Coalición Cívica

La Coalición Cívica ARI sostuvo que “el fallo del Tribunal Oral Federal número 4 sobre Julio de Vido es una liberación política”.
“No deja alertarnos que, a ochenta días de iniciado el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se haya ordenado la liberación de De Vido, un ícono de la corrupción kirchnerista”, señalaron desde la CC ARI.

“Éramos los locos, cuando allá por el año 2004 lo llamábamos el cajero de (Néstor) Kirchner. Lo denunciamos, lo investigaron y lo condenaron. Y ahora que volvieron, lo liberaron”, afirmaron. “De Vido nunca fue un preso político, pero su liberación claramente sí lo es”, agregaron.

Asimismo señalaron que “desde la Coalición Cívica ARI seguiremos luchando contra la corrupción, como lo hizo Elisa Carrió desde el inicio de su participación política, y nuestro partido desde su fundación”.

El comunicado concluye diciendo que “a dos años del juicio por la tragedia de Once seguimos esperando que la Justicia confirme la condena del tribunal oral a De Vido por su responsabilidad en el hecho”.

Desde Juntos por el Cambio piden convocar al ministro de Salud al Congreso por el coronavirus

Diputados del Pro y de la UCR reclaman que Ginés González García explique ante los legisladores las medidas que se están tomando, luego de conocerse el primer caso en Argentina.

Un grupo de diputados del Pro presentó este martes un proyecto de resolución para pedir la interpelación del ministro de Salud, Ginés González García, a raíz del primer paciente infectado por coronavirus en Argentina.

El proyecto, redactado por el diputado Fernando Iglesias y acompañado con las firmas de Soher El Sukaria, Adriana Ruarte y Waldo Wolff, pide que se cite “de forma urgente” a González García para que pueda “informar y rendir cuentas verbalmente y por escrito acerca de las medidas en relación a la llegada del coronavirus” a nuestro país.

El pedido de interpelación, que incluye varias preguntas sobre los protocolos aplicados hasta ahora, se funda en que las autoridades sanitarias de la Argentina “subestimaron de manera insólita y alarmante la probable llegada del virus a nuestro territorio”.

“La falta de competencia por parte de la máxima autoridad sanitaria y la alarmante ausencia de protocolos de prevención colocan al país en una situación de extrema vulnerabilidad frente a un fenómeno que se expande a velozmente en todo el mundo”, cierra el proyecto en sus fundamentos.

Por su parte, el diputado de la UCR Luis Petri también anunció que solicitará “de manera urgente” que la Comisión de Salud de la Cámara baja convoque a González García. 

El legislador advirtió la necesidad de que el ministro “explique las medidas que se van a adoptar para impedir la propagación y contagio del virus en el país”, y sostuvo que “los argentinos necesitamos saber cuál es el plan de contingencia”.

Este martes, en conferencia de prensa, González García anunció que “se está trabajando cumpliendo todos los protocolos y en absoluta sincronía con todas las jurisdicciones”.

También aseguró que se trata de “un caso importado”, y que el paciente “ha colaborado intensamente con todas las autoridades”.

La persona afectada es un hombre de 43 años que la semana pasada volvió de vacaciones de Milán, Italia, vía vuelo directo de Alitalia. El ministro explicó que se encuentra internado, y que su diagnóstico es “de una complejidad leve”.

Petri: “El triunfo electoral no puede suponer absolución judicial”

El diputado radical se sumó al rechazo del proyecto de un senador oficialista para intervenir el Poder Judicial de Jujuy.

El diputado radical Luis Petri se sumó al rechazo del proyecto presentado por el senador Guillermo Snopek (FdT), quien propone intervenir el Poder Judicial de Jujuy.

“El triunfo electoral no puede suponer la absolución judicial consagrando la impunidad de aquellos que cometieron delitos de corrupción en el país”, sostuvo el mendocino.

Para el legislador de JxC, la iniciativa “tiene su correlato con las declaraciones de Raúl Zaffaroni, quien fuera juez de la dictadura y jurara por los Estatutos para el proceso de Reorganización Nacional. Ambos reclaman la intervención del Poder Judicial”.

“Existe una fuerte presión sobre aquel Poder Judicial para lograr la liberación arbitraria de quien ha sido condenada y tiene procesos judiciales abiertos por ser líder de una asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, entre otros delitos”, señaló Petri en referencia a Milagro Sala.

Finalmente, analizó que “estos hechos no son aislados y son contestes con los dichos del presidente que abona la teoría del lawfare y las detenciones arbitrarias, sosteniendo que se produjeron armado de causas y detenciones arbitrarias y expresando que hubo ‘sistemáticas violaciones al Estado de Derecho’”.

Petri alertó sobre la marcha atrás con la Agencia de Protección a Testigos

El diputado se refirió a la derogación dispuesta por el Gobierno y apuntó que la medida tendrá “consecuencias directas en las causas de corrupción”.

El diputado nacional Luis Petri (UCR) apuntó al decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, donde se deroga la creación de la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dispuesta por el gobierno macrista poco antes de su salida. 

“Esta derogación tiene consecuencias directas en las causas que investigan hechos de corrupción”, advirtió. 

El radical, quién recordó que en 2014 presentó un proyecto para crear este programa por fuera del Poder Ejecutivo, señaló que “es un contrasentido que el encargado de brindar protección sea el mismo Poder denunciado”. 

“Argentina, por mandato de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, tiene la obligación de contar con sistemas para proteger a los funcionarios y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción”, enfatizó el radical.

Además, Petri sostuvo que “la falta de un sistema de protección específico por hechos de corrupción, genera dos graves problemas: por un lado, el peligro al que se exponen quienes denuncian, y por otro se desalientan testimonios incriminadores generando un círculo de impunidad que es necesario romper”.

“El decreto publicado tiene una insuficiente justificación, cuestiona que la Agencia fue creada por DNU, alude a un comentario de la Cámara de Casación Penal que manifestó preocupación por la compatibilidad con sus funciones y critica el momento de su dictado. Casi infundado”, finalizó. 

En el DNU 168/20, publicado este jueves, el Gobierno consideró que “no se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia” del decreto por el cual Macri dispuso  la creación de la agencia, “máxime cuando el funcionamiento del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se mantuvo sin variación durante más de 16 años, hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior”.

Para el Ejecutivo, “corresponde derogar el Decreto N° 795/19 y restablecer el diseño institucional” del programa “tal como fue creado por la ley que le dio origen y sus normas complementarias”.

Piden desactivar medida de la ANSeS sobre la ayuda escolar

El diputado nacional Luis Petri, junto a otros legisladores, solicitaron dejar sin efecto la medida dispuesta por Resolución 28/20 que elimina el requisito de la presentación del certificado de alumno regular del año anterior para el cobro de asignaciones por ayuda escolar en forma automática. “No hay herramienta que genere más movilidad social que la […]

El diputado nacional Luis Petri, junto a otros legisladores, solicitaron dejar sin efecto la medida dispuesta por Resolución 28/20 que elimina el requisito de la presentación del certificado de alumno regular del año anterior para el cobro de asignaciones por ayuda escolar en forma automática.

“No hay herramienta que genere más movilidad social que la Educación. La decisión de la ANSeS va a repercutir negativamente en la deserción escolar y en la baja de la matrícula. Esta asignación fue creada como un estímulo para continuar estudiando”, expuso el legislador mendocino en twitter.

La resolución 28/20 en uno de sus considerandos argumenta: “Que en función del contexto económico y social de emergencia y ante el inminente inicio del ciclo lectivo, corresponde derogar el punto 5, del Apartado ‘Asignaciones De Pago Mensual’….con el fin de garantizar que los niños, niñas y adolescentes de CUATRO (4) a DIECISIETE (17) años inclusive, que presenten el certificado correspondiente hasta el 31 de diciembre, perciban en forma masiva, al inicio del ciclo lectivo, la Asignación por Ayuda Escolar”.

En la resolución 203/19 anterior, la ANSeS establecía: “cuando la acreditación de la escolaridad no se efectuara en el plazo conferido en el artículo 2° del Decreto N° 433/2015, la Asignación por Ayuda Escolar del ciclo lectivo siguiente no se pagará en forma masiva, sino cuando se acredite la escolaridad”

Petri consideró que “es incomprensible la decisión de eliminar el requisito del certificado de alumno regular, ya que el objetivo es promover la educación y garantizar la permanencia en el sistema, eliminando todos los obstáculos que puedan impedir ese cometido”

Cabe aclarar que desde el Gobierno salieron a desmentir este martes que la ANSeS haya eliminado el requisito de presentación del certificado de alumno regular para el cobro de la ayuda escolar, aclarando que lo que se decidió, atendiendo “a la emergencia social”, fue prorrogar su presentación hasta diciembre de este año. “Esta medida permitirá que, muchas chicas y chicos, reciban la ayuda que necesitan para comenzar las clases. El derecho a la educación y a la seguridad social es una de nuestras prioridades”, sostuvo el titular de la Anses, Alejandro Vanoli.

No obstante, Petri, a quien acompañan con sus firmas en esta iniciativa los diputados Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña, Pablo Torello, Gustavo Menna, Estela Regidor, Roxana Reyes, Atillio Benedetti, entre otros, insistió en que “la ayuda escolar, como su nombre lo indica, está directamente vinculada a la trayectoria escolar de los alumnos, y tiene por finalidad establecer una asignación de recursos en el momento de mayores gastos vinculados con la escuela que es al comienzo de cada ciclo y, para ello, es necesario que el Estado verifique la condición de alumno del beneficiario”.

Piden dejar sin efecto la eliminación del requisito de certificado para cobrar la ayuda escolar

El radical Luis Petri consideró que la decisión de la ANSeS “va a repercutir negativamente en la deserción escolar”.

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Luis Petri, solicitaron dejar sin efecto la medida dispuesta por resolución 28/20 que elimina el requisito de la presentación del certificado de alumno regular del año anterior para el cobro de asignaciones por ayuda escolar en forma automática.

“No hay herramienta que genere más movilidad social que la educación. La decisión de la ANSeS va a repercutir negativamente en la deserción escolar y en la baja de la matrícula. Esta asignación fue creada como un estímulo para continuar estudiando”, expresó el legislador mendocino.

En la reciente resolución, el Gobierno argumentó la derogación de este requisito en virtud “del contexto económico y social de emergencia y ante el inminente inicio del ciclo lectivo”, para que niños de cuatro hasta adolescentes de 17 años “presenten el certificado correspondiente hasta el 31 de diciembre” y “perciban en forma masiva, al inicio del ciclo lectivo, la Asignación por Ayuda Escolar”.

En la resolución 203/19, dictada por la gestión anterior, se establecía que la ayuda económica “no se pagará en forma masiva, sino cuando se acredite la escolaridad”.

Petri consideró que “es incomprensible la decisión de eliminar el requisito del certificado de alumno regular, ya que el objetivo es promover la educación y garantizar la permanencia en el sistema, eliminando todos los obstáculos que puedan impedir ese cometido”.

“Es importante dimensionar el impacto de esta medida y tener en cuenta que actualmente la asignación es percibida por 6,3 millones de beneficiarios, según cifras de ANSeS”, señaló.

Además, el legislador aseguró que “la ayuda escolar, como su nombre lo indica, está directamente vinculada a la trayectoria escolar de los alumnos, y tiene por finalidad establecer una asignación de recursos en el momento de mayores gastos vinculados con la escuela que es al comienzo de cada ciclo y, para ello, es necesario que el Estado verifique la condición de alumno del beneficiario”.

El proyecto fue acompañado por los diputados Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña, Pablo Torello, Gustavo Menna, Estela Regidor, Roxana Reyes, Atillio Benedetti, entre otros.

Petri cargó contra Frederic por la resolución de la Comisión Permanente de Seguridad Bancaria

El diputado nacional de JxC pidió retomar “el camino de generar políticas de Estado que profundicen las acertadas medidas de la gestión anterior”.

El diputado nacional Luis Petri criticó duramente a la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Fréderic, a quien acusó de querer solucionar los problemas de inseguridad “modificando la Comisión permanente de Seguridad Bancaria”.

El legislador cruzó a la ministra a través de su cuenta de Twitter: “Matan a un empleado bancario, el lunes hubo paro nacional y la respuesta del Ministerio de Seguridad es modificar la integración de la Comisión de Seguridad Bancaria! No debería revisar sus últimas decisiones la Ministra? Allí quizás está el problema”, manifestó.

Es que, a cinco días del asesinato del cajero Germán Chávez, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la ministra Sabina Frederic resolvió la restitución de la Comisión Permanente de Seguridad Bancaria.

Se trata de una comisión que buscaba cumplir con las exigencias que requería la Ley 26.637, que establece las medidas mínimas de seguridad que deben adoptar las entidades financieras, y que fue puesta en funcionamiento desde 2009 hasta 2017.

“Ni culpando a Macri ni creando Comisiones vamos a resolver los problemas de seguridad que tiene el país. El camino es generar políticas de Estado que profundicen  las acertadas medidas de la gestión anterior en la lucha contra el delito y el crimen organizado”, concluyó Petri en un segundo tweet.