Fue presentado por la diputada correntina Sofía Brambilla y propone una bonificación del 30% sobre el total, ampliado al 50% para sectores vulnerables.
La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) presentó un proyecto de ley que propone la tarifa diferenciada en energía eléctrica para las provincias del Norte Grande: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
La iniciativa establece una bonificación del 30% sobre el cuadro tarifario total de consumo de energía eléctrica para los usuarios residenciales, al tiempo que lleva a 50% el porcentaje en los casos de la población más vulnerable.
También establece beneficios para entidades de bien público y MiPyMEs de la región.
“El Norte debe tener tarifas diferenciadas como el sur del país”, afirmó la legisladora, quien señaló que “Corrientes es parte de la Argentina y es justo que sus habitantes tengan acceso a una tarifa eléctrica que les permita vivir con dignidad”.
La macrista destacó que esta medida beneficiaría a su provincia, que cuenta con la represa hidroeléctrica de Yacyretá, pero que aún así “debe pagar las facturas más caras de energía eléctrica del país”. “Para nosotros, la electricidad también es una necesidad básica”, agregó.
“La propuesta busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del Norte Grande argentino y reducir la brecha económica entre esta región y el resto del país”, sentenció.
El proyecto fue acompañado por sus pares de Juntos por el Cambio Marilú Quiroz (Chaco), Domingo Amaya (Tucumán), Carlos Zapata (Salta), Jorge Rizzotti (Jujuy), Martín Arjol (Misiones), Ricardo Buryaile (Formosa), Florencia Klipauka Lewtak (Misiones), Gerardo Cipolini (Chaco), Lidia Ascárate (Tucumán), Francisco Monti (Catamarca) y Miguel Nanni (Salta).
A instancias de la diputada radical Roxana Reyes, desde la bancada opositora sostienen que esa medida afecta “el derecho irrenunciable a la protección de los datos personales de los particulares, tutelado y amparado por el art. 43 de la Constitución Nacional”.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) presentaron un proyecto exigiendo al Gobierno que desista de imponer a los usuarios de los servicios públicos de gas y energía eléctrica la renuncia a oponer el derecho al secreto fiscal, financiero y bancario en los formularios para tramitar el mantenimiento de los subsidios en el marco del programa “Segmentación Energética”, por afectar el derecho irrenunciable a la protección de los datos personales de los particulares, tutelado y amparado por el art. 43 de la Constitución Nacional e implicar además de una exigencia impuesta aprovechando el estado de necesidad de los usuarios.
“Esta garantía se verá vulnerada por la potestad del Estado Nacional de cruzar los datos consignados en la Declaración Jurada con la base de datos de la AFIP, SINTyS (datos tributarios y sociales), la ANSES, y los registros de propiedad. Tal mecanismo pone en riesgo el efectivo cumplimiento de la ley citada más arriba”, expresaron.
En ese sentido, la diputada santacruceña afirmó que “más allá de que no sabemos hasta qué punto la seguridad informática y el Estado asegurarán el resguardo de nuestra información, nos sometemos a la incertidumbre de lo que podrán realizar los entes gubernamentales encargados del tema, a partir de la recolección, análisis y verificación de la información personal de cada usuario”.
“Ningún beneficio podrá suplantar, vulnerar ni omitir el derecho de un ciudadano, según establece el artículo 19 de la Constitución Nacional que indica: ‘ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe’”, concluyó Reyes.
Acompañan esta iniciativa los diputados de JxC Karina Banfi, Juan Martín, Lisandro Nieri, Jorge Vara, Gabriela Lena, Mario Barletta, Lidia Ascárate, Jorge Vara, Gerardo Cipolini, Gerardo Milman, Alberto Asseff, Laura Rodríguez Machado y Héctor Stefani.
En ese contexto, destacó la “contundencia” de la ministra de Economía para avanzar con la medida y remarcó que de esta manera el Gobierno “quiere seguir sosteniendo el subsidio en los hogares donde se necesite todavía la ayuda del Estado”.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (FdT) destacó y celebró la “contundencia” de la ministra de Economía, Silvina Batakis, para avanzar con la segmentación de tarifas y remarcó que el Gobierno quiere seguir “sosteniendo” el subsidio a los servicios de gas y energía eléctrica “en los hogares donde los ingresos necesiten todavía la ayuda del Estado”.
“Había que tomar esta decisión y celebro que Silvina Batakis haya llegado con esta contundencia, que diga el viernes a la mañana va a estar el formulario y eso finalmente sucedió”, resaltó Tolosa Paz sobre la medida anunciada por la ministra para que los usuarios que necesiten mantener los subsidios, soliciten el beneficio.
En diálogo con Radio 10, la diputada aseguró que desde el Gobierno se busca “seguir sosteniendo el subsidio a las facturas de luz y de gas en los hogares donde los ingresos necesitan todavía la ayuda del Estado”.
También, explicó que la segmentación tarifaria implica “tratar de quitar el subsidio”, pero a su vez, garantizar “que no haya una restricción en el consumo de hogares”.
De esta manera, consideró que la aplicación de los subsidios será más “eficiente”, ya que “hace años” que la asistencia estatal se aplica a “toda la Argentina”, cuando hay “hogares con capacidad económica para pagar las tarifas de luz y de gas”.
En tanto, volvió a explicar que “la quita de la asistencia se realiza sobre aquellas viviendas con ingresos superiores a 350 mil pesos por mes en la provincia de Buenos Aires, y advirtió que deberán pagar aquellas personas que tienen capacidad económica para pagar” por la totalidad del servicio”.
De esta manera, se busca que “el subsidio se le entrega a otra persona que en este país va a seguir necesitándolo, no solamente para llegar a fin de mes sino para no restringir el consumo”, agregó.
Consultada por la posibilidad de que se falsifiquen datos en el ingreso de la solicitud, la legisladora remarcó que “la persona está declarando que esa información es verídica” y exhortó a que la carga se realice con “compromiso” y “solidaridad”.
Además, recordó que la medida se va a emplear de forma “progresiva” a partir del mes de agosto, donde las facturas de los servicios le aumentarán a todos aquellos que dejen de percibir el beneficio, a “razón de 1.500 pesos y en tres cuotas hasta llegar a la tarifa plena”.
La iniciativa impulsada por la diputada Jimena López alcanza a los beneficiados sean o no titulares del suministro. Sucede que hasta ahora, si un familiar directo cuenta con certificado de discapacidad pero no es el titular del suministro, no lo recibe.
La diputada nacional del Frente de Todos Jimena López presentó un proyecto de ley que establece un Régimen de Tarifa Inclusiva para Personas con Discapacidad con el fin de garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas natural en red a los hogares en los que resida una persona con discapacidad sea o no titular del suministro.
Fue elaborado en conjunto la Subcomisión de Salud y Discapacidad del Enargas, integrada por asociaciones civiles e instituciones y el diputado nacional José Luis Ramón, presentado el 3 de noviembre del año 2020.
Para darle un impulso y lograr que avance, se viene difundiendo un video en las redes sociales del que participaron los actores Gustavo Garzón, Julieta Díaz, Teto Medina; Marcela Gómez y Leticia Escalante, de la Asociación Argentina de Electrodependientes; Silvina Santa Cruz, de la Asociación tu Aire Mi Esperanza; Ariel Camacho, de la Secretaría de Discapacidad de ATE Congreso; Milagros Pedro, Karina, Florencia, Natalia, Estefanía y María, de Fibrosis Quística Argentina.
Las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro del servicio por falta de pago a los beneficiarios del presente Régimen. En los casos en que el servicio haya sido suspendido con anterioridad a la promulgación de la ley por falta de pago, se les reconectará automáticamente. Los costos de reconexión tendrán que ser asumidos por los prestadores. Respecto a la deuda de las facturas impagas de los beneficiarios del Régimen generada con anterioridad a la promulgación de la presente ley, se calculará a valores históricos, sin intereses ni cargos punitorios, y será abonada en planes de financiación adecuados a la capacidad de pago de los usuarios.
Actualmente el beneficio de la tarifa social de gas por red alcanza a 100.000 usuarios por “contar con certificado de discapacidad”, criterio de inclusión establecido en la Resolución N° 28/16 del Ministerio de Energía y Minería (MINEM). Considerando que el subsidio mencionado alcanza a un millón de hogares, el colectivo de personas con discapacidad representa solamente el 10% del registro de beneficiarios.
La diputada López expresó que “entre los motivos de tan bajo alcance, nos encontramos con que solo alcanza al titular del suministro, es decir que, si un familiar directo cuenta con certificado de discapacidad, pero no es el titular del suministro, no lo recibe. Al mismo tiempo, desde enero de 2019 solamente se otorga mediante solicitud a través del portal “MI ANSES”, anteriormente se realizaba el cruce automático mediante bases de datos (SINTYS), y se redujeron los subsidios mediante la Resolución 474/2017 del MINEM y la Resolución 14/2018 de Secretaría de Gobierno de Energía”.
Y agregó Lopez: “El Régimen de Tarifa Inclusiva para Personas con Discapacidad (TIPCD) tiene por objetivo mejorar los derechos actuales de las personas con discapacidad, dotándolos de previsibilidad en la facturación hogareña de los servicios públicos supra mencionados, a los cuales accederán a un cargo fijo y variable que son los más económicos de los usuarios residenciales.
El proyecto fue girado para su análisis a las comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda.
Los legisladores solicitaron al Poder Ejecutivo que “fundamente técnicamente” las declaraciones del secretario de Energía, Darío Martínez.
Diputados nacionales del bloque Pro presentaron un pedido de informes al Gobierno para que “fundamente técnicamente las declaraciones del secretario de Energía de la Nación (Darío Martínez), que afirmó que habrá cortes de electricidad en los próximos meses”.
Un grupo de legisladores, encabezados por el neuquino Francisco Sánchez, pidieron “cautela a la hora de realizar pronósticos catastrofistas como el del titular de Energía”, y recordaron “el punto crítico de la última crisis energética”. “En 2013 el promedio de horas sin servicio por usuario llegó a las 32,6 horas”, indicaron.
Los diputados explicaron que, tal como afirmó el funcionario del área, “es cierto que hay un aumento en el consumo eléctrico del segmento residencial. Pero también es verdad que hubo una gran disminución del uso de energía de grandes clientes, que incluso podría compensar ese aumento”.
“Queremos saber si se realizaron informes técnicos que lleguen a esta conclusión. Y si es así, cuál es el plan de energía para evitar, y en el futuro solucionar de raíz el problema”, señalaron.
Por último, los macristas manifestaron su preocupación particular por el impacto que los pronosticados cortes tendrán en las personas que trabajan a distancia como parte de las medidas adoptadas para evitar la propagación del Covid-19, y de las personas electrodependientes.
Acompañaron el proyecto Jimena Latorre, Héctor Stefani, María Luján Rey, Martín Grande, José Luis Patiño, Pablo Torello, David Schlereth, Ingrid Jetter, Dina Rezinovsky, Natalia Villa, Gustavo Mena, Omar De Marchi, Marcelo Orrego, Fernando Iglesias, Jorge Enríquez, Alberto Asseff, Soher El Sukaria, Graciela Ocaña, Julio Sahad y Osmar Monaldi.
Vuelve al ruedo un proyecto de la senadora kirchnerista Pilatti Vergara que había perdido estado parlamentario y que pretende procurar el acceso universal a los servicios públicos.
En su presentación inicial, en tiempos de Cambiemos, el proyecto no pudo avanzar. Ahora, y a manos de su autora, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, la idea regresa con un amplio acompañamiento y en el marco de una pandemia que visibiliza aún más el incumplimiento de las prestadoras, según enfatiza su propia autora.
El proyecto, que había perdido estado parlamentario y fue presentado nuevamente por la legisladora chaqueña, obliga al Estado, a los fines del desarrollo económico nacional y “la más justa distribución del ingreso y de resguardar la salud y dignidad humana”, asegurar que los servicios públicos sean prestados en forma económicamente eficiente y satisfactoria, cumpliendo estándares de calidad y seguridad; procurando el acceso universal a los servicios públicos a los que se hizo referencia.
Asimismo, compromete a fomentar la educación para el consumo responsable, asegurar acceso a la información adecuada y veraz sobre todo lo referente a los prestadores de estos servicios públicos y a adoptar los recaudos necesarios para que se efectúen inversiones que aseguren el suministro de las prestaciones a largo plazo con la más apropiada tecnología, entre otras cuestiones.
En su iniciativa, Pilatti Vergara explica que, cuando el Gobierno de Mauricio Macri decidió “reducir considerablemente los subsidios a las empresas prestatarias con sus bien conocidos tarifazos con alzas de hasta el 500 %, anuló la asequibilidad de los servicios para gran parte de la población”.
Además, afirmó que “la garantía de acceso a los servicios no se logra estableciendo tarifas sociales por excepción, sino consagrando tarifas accesibles en general y, en todo caso, regímenes selectivos para quienes gozan de una posición económica privilegiada”.
“Buscamos otorgar a las instituciones y a la ciudadanía en general, una herramienta que sirva para establecer de manera irrefutable el acceso posible de estos servicios esenciales, para protegerlos y garantizarlos. No se trata de una mera prestación de un servicio público, se trata de la dignidad y a la salud de nuestros ciudadanos, de lograr una más justa distribución del ingreso y mayores niveles de equidad social e igualdad de oportunidades. Aquí no pueden primar solamente las leyes del mercado”, señaló al respecto la senadora.
