Junto a especialistas, referentes internacionales, ONGs, y legisladores, las diputadas nacionales Carla Carrizo (Evolución radical) y Mabel Caparrós (FdT) encabezaron este martes en el Salón Blanco del Palacio Legislativo una jornada de debate para avanzar en un nuevo marco regulatorio sobre los derechos en niñez y adolescencia en servicios digitales.

El proyecto busca ubicar a la Argentina como líder regional imitando la legislación que se utiliza actualmente en el Reino Unido, y los Estados Unidos, y que propone establecer parámetros en el diseño de servicios digitales para fijar cómo se pueden recoger, procesar y compartir los datos de niños y adolescentes.

El encuentro, organizado por Carrizo y Caparrós, contó con la participación de Leanda Barrington-Leach de la Fundación 5Rights; María Rosa Muiños, defensora del Pueblo de CABA; Juan Corvalán, director laboratorio de innovación e inteligencia artificial de la UBA; Daniela Dupuy, fiscal especializada en delitos informáticos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Facundo Hernández, defensor adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Sdolescentes de la Nación, y Nahuel Arias, oficial de Comunicación Digital de Unicef Argentina.

La primera en hacer uso de la palabra fue Carla Carrizo, anfitriona y autora del proyecto de ley regulatorio que cuenta con 36 firmas y el apoyo de 11 bloques legislativos. “La ley para cuidar el entorno digital de los niños y adolescentes está desactualizada. Se necesita un nuevo enfoque que construya ambientes digitales cuidados para proteger los derechos digitales de la infancia”, dijo.

“La primera cuestión que vamos a debatir hoy, no es solamente datos que queremos proteger, es construir ambientes cuidados. Nuestra pretensión es tener un nuevo enfoque. Y acá vamos a tener el diálogo con nuestras diputadas que nos acompañan y   la visión más de tecnología y de data. Y además queremos saber un poco qué se está haciendo en el mundo”, añadió la diputada radical.

“Hoy el tiempo no tiene límite y los límites geográficos, que antes teníamos, no están en las redes. De modo que la idea es otro enfoque, transitarlo. La buena noticia es que tenemos el enfoque inter partidario de un proyecto que lleva la firma de 36 diputados y 19 provincias acompañando. Así que tenemos casi una nacionalización completa”, finalizó Carrizo.

Luego fue el turno de Mabel Caparrós, diputada nacional del Frente de Todos. “El encierro, la interrupción de la vida social, de las relaciones han producido un cambio que nos preocupa a todos, particularmente en las infancias, en los niños, niñas y adolescentes y no hay ley que pueda controlarlo hasta ahora, Por eso para mí es tan importante la palabra de quienes tienen la experiencia en territorio y de quienes están trabajando en tecnologías”, dijo.

“Estoy preocupada, ese sería el eje de mi participación en estos temas, la gran preocupación que me genera, el gran asombro que me genera, porque además sé que puede ser de una utilidad enorme todo este desarrollo de plataformas y nuevas tecnologías, pero me parece que son ustedes los que nos pueden ayudar transversalmente a los partidos políticos. Hoy esto me parece que afecta a todas las fuerzas políticas, no puede haber una sola mirada”, cerró Caparrós.

Después, habló Leanda Barrington-Leach de la Fundación 5Rights que aportó la mirada internacional del tema. “Estamos aquí para discutir algunos de los detalles de enfoque. Primero debemos reconocer que la infancia está en línea y que tengan todos los cuidados acordes a su madurez.  En segundo lugar, los niños ya tienen derechos, ya existen. No necesitamos inventar nuevos derechos. Y tercero, los niños ya son sujetos de derecho. Y, por último, los derechos de los niños son holísticos. Deben cubrir todos los riesgos como el contenido, de contacto, de conducta y de contrato. La solución debe ser implementada inicialmente integrando los derechos de los niños por defecto. Es fundamental reconocer que la alfabetización digital y el control parental son complementos, pero no reemplazan la necesidad de seguridad del producto”, finalizó.   

La fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy señaló que “en la Argentina, la Fiscalía Especializada es la que recibe a nivel nacional toda esa cantidad de reportes de imágenes inapropiadas de niños que hoy, año 2022, superaron los 90.000 reportes anuales. En lo que va del 2023, ya superamos los 50.000, haciendo una proyección, pensamos que vamos a superar ampliamente lo del 2022. Pero esto lo vengo analizando desde el año 2014 y más allá de la pandemia, las cifras aumentan escandalosamente”, expresó.

“Lo que a mí me toca, como fiscal especializada en cibercrimen, es trabajar para generar políticas claras o líneas claras, lineamientos claros de política criminal. ¿Cómo lo hago? Como fiscal persigo a los delincuentes, pero no puedo dejar de ver lo que pasa con las víctimas. Porque va mutando esto, se van poniendo de moda las diferentes plataformas y ya termina. Y obviamente el legislar, y es aquí donde pido ayuda, porque hay muchas cosas que no se pueden hacer, y celebro realmente este tipo de iniciativa en donde se protejan los datos personales y decirles que cuentan conmigo y con mi equipo para todo lo que necesiten en cuanto a poder potenciar y llevar adelante este proyecto”, cerró.

A su turno, hizo uso de la palabra Juan Corvalán, director del laboratorio de innovación e inteligencia artificial de la UBA. “El paradigma digital ha evolucionado con el deep learning y la inteligencia artificial generativa, lo que puede tener un impacto negativo en la infancia y la adolescencia en entornos digitales, tanto en la manipulación de datos personales como en la distorsión de la realidad y la creación de avatares ultra realistas. Es importante que se tomen medidas para prevenir su uso indebido”, expresó.

La jornada contó con la presencia de las diputadas Dolores Martínez, Camila Crescimbeni, Mariana Stilman y Ana Clara Romero, Marcela Ántola y Karina Banfi. Clara Vega, senadora nacional por La Rioja y presidenta de la Bicameral Niñas Niños Adolescentes y Victoria Morales Gorleri diputada nacional del Pro y vicepresidenta de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros.

Las diputadas nacionales Carla Carrizo (UCR) y Mabel Caparrós (Frente de Todos) encabezarán una jornada de derechos de niñez y adolescencia en el diseño de servicios digitales con invitados a exponer sobre el tema.

El evento se llevará a cabo este martes 30 desde las 10 en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados.

En el mismo expondrán Leanda Barrington-Leach de la fundación Rights, María Rosa Muiños defensora del pueblo de CABA; Juan Corvalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA; Daniela Dupuy, Fiscal especializada en delitos informáticos -MPF CABA; Facundo Hernández, defensor adjunto de los Derechos de NNYA de la Nación; y Paula Wachter de la ONG Red por la infancia.

Luego del pedido del interbloque Juntos por el Cambio para realizar una sesión presencial la próxima semana en la Cámara de Diputados, la fueguina Mabel Caparrós (Frente de Todos) salió a rechazar enfáticamente esa posibilidad y dijo que se presentará ante la Justicia en contra de esa solicitud.

A través de una serie de tuits, la oficialista sostuvo: “Frente a la solicitud del presidente del bloque de Cambiemos de realizar una sesión presencial en la Cámara de Diputados, me veré obligada a presentarme ante la justicia“.

La diputada señaló que se encuentra cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio en su provincia, que está “a 3.000 km. de la Ciudad de Buenos Aires” y “sin conectividad aérea” en este momento.

Además, Caparrós enfatizó que, al ser mayor de 70 años, pertenece “a un grupo de riesgo en el actual contexto de pandemia” y entiende que “de procederse del modo requerido se estaría cercenando mi derecho a sesionar como diputada de la Nación”.

La fueguina mencionó al radical Mario Negri en sus mensajes y le “recordó” que “la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores obliga a los Estados firmantes (entre los que se encuentra la República Argentina que la ha ratificado por vía de la Ley 27.360 durante la gestión del presidente Macri) a promover políticas laborales dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente de trabajo, horarios y la organización de las tareas sean adecuadas a las necesidades y características de la persona mayor (grupo al cual ambos pertenecemos)”.

Y agregó la recomendación recinete de “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha sugerido que en épocas de pandemia debe promoverse la organización de trabajo remoto o teletrabajo”.

“El Congreso de la Nación debe ser garante de participación democrática y no verdugo de libertad de participación”, concluyó.