La misma tuvo una vida efímera durante la cual fue en su momento presidida por Magdalena Odarda, extitular del INAI. También caducó otra comisión especial.
En el marco de las medidas implementadas por las nuevas autoridades de la Cámara de Senadores, encabezada por la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, fueron dadas de baja dos comisiones especiales.
Así se decidió a través del decreto 12/24, según el cual se da por caduca la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas, creada por una resolución suscripta en 2017 y prorrogada al año siguiente.
Se trata de una comisión que fue presidida por la extitular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la exsenadora rionegrina Magdalena Odarda, que apenas registra dos reuniones: el 13 de julio de 2017 y el 30 de noviembre de ese mismo año. Del primer encuentro participaron representantes de las comunidades indígenas de todo el país.
El 11 de agosto de 2021, en vísperas del vencimiento de la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, se reunieron por Zoom la senadora nacional del Frente de Todos Nora Giménez, y la titular del INAI, Magdalena Odarda. En ese encuentro Giménez ambas dirigentes remarcaron la importancia de poner en funcionamiento la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas de la Cámara alta por considerarla “un espacio vital para que las demandas y necesidades de las comunidades originarias estén presentes en el Congreso”. Precisamente la senadora Giménez había presentado un proyecto de resolución para que la Comisión de Pueblos Indígenas tenga un estatus de permanente dentro del Senado.
Al ser creada esa comisión, el 27 de abril de 2017, se destacó que por primera vez el Congreso de la Nación tendría una comisión especial dedicada a trabajar por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Elegida para presidirla, Odarla consideró que “es un hecho histórico contar con un espacio en la Cámara alta para que se escuchen las voces de nuestros pueblos originarios”.
La parlamentaria rionegrina fue elegida por unanimidad, en reconocimiento a su trayectoria legislativa en defensa de los pueblos originarios. “Argentina tiene pendiente regular y hacer efectivo distintos derechos establecidos en la Constitución nacional y los tratados internacionales, como el derecho a la consulta previa, libre e informada. Esta comisión va a trabajar para saldar estas deudas, con un trabajo a puertas abiertas”, destacó la legisladora que por entonces pertenecía a la CC-ARI.
La otra comisión dada de baja es también especial, de Conmemoración del V Centenario de la Circunnavegación del Mundo de Magallanes-Elcano. Fue creada por el decreto 80/19 con el objeto de servir de marco institucional específico del Senado de la Nación en lo relativo a las acciones de conmemoración, tratamiento, estudio y difusión relacionadas con el quinto centenario de la primera circunnavegación del mundo llevada a cabo por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano entre los años 1519 y 1522.
La titular del INAI argumentó su salida en razones de salud. Su paso por el cargo estuvo caracterizado por las fuertes críticas por su postura respecto del conflicto mapuche.
La exsenadora nacional Magdalena Odarda presentó este jueves su renuncia al cargo de presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por razones personales, tal como hizo saber en el texto dirigido al ministro de Justicia y Derechos Humanos, el también rionegrino Martín Soria.
Así reza al menos el texto del comunicado de ese organismo en el que se informa sobre la salida de la ahora exfuncionaria. Empero, desde la Casa Rosada la explicación fue diferente: la echó el presidente Alberto Fernández. Como sea, la salida de la exlegisladora está ineludiblemente vinculada con las posturas que siempre asumió con relación al conflicto mapuche, donde jugó siempre abiertamente a favor de los grupos violentos. Razón por la cual la exfuncionaria era cuestionada por gobernadores patagónicos, sobre todo la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras.
Odarda expresó que su renuncia “está motivada en mi salud que se ha visto deteriorada estos últimos años, sobre todo por no haber tomado ni un solo día de vacaciones en varios años, ni haber realizado un solo viaje al exterior en pos de la búsqueda de la austeridad que ha caracterizado a nuestra gestión”.
La presidencia del INAI será asumida por Analía Noriega, licenciada en Trabajo Social, coordinadora nacional del Programa de Relevamiento Territorial Ley 26.160 y miembro fundadora de la fundación Napalpi, donde actualmente es secretaria.
Como dijimos, el paso de Magdalena Odarda por la función pública estuvo signado por sus polémicas posturas respecto del conflicto con los grupos violentos autodenominados mapuches. Razón por la cual en el Congreso de la Nación reclamaron constantemente su presencia.
El último proyecto que lleva su nombre fue presentado el 26 de julio pasado por la senadora radical santacruceña María Belén Tapia, quien citó a la ahora extitular del INAI, como así también a los ministros Aníbal Fernández y Eduardo “Wado” De Pedro a fin de informar sobre diferentes hechos de violencia, vandalismo y de otra índole ocurridos en la región andino patagónica.
El año pasado, en octubre, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical – CABA) reclamó la presencia de Magdalena Odarda ante las comisiones de Legislación General, Población y Desarrollo Humano, y Seguridad Interior, para que brindara informes sobre los conflictos territoriales vinculados a pueblos indígenas.
Hubo previamente también un pedido de informes que para que informaran el entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, y Odarda, para informar sobre las medidas tomadas respecto a los actos de violencia institucional y obstétrica contra un grupo de mujeres wichi, en Formosa.
También reclamó en su momento su presencia la diputada Lorena Matzen, quien reclamó también la presencia de la exministra de Justicia Marcela Losardo, por la entrega de tierras usurpadas en Río Negro.
Magdalena Odarda fue senadora nacional hasta el 10 de diciembre de 2019, seis años después de haber ingresado a través de la Coalición Cívica en la provincia de Río Negro. De ese partido se fue a poco de asumir, formando un bloque unipersonal que más tarde ella alineó al entonces senador Fernando “Pino” Solanas. Un año antes del vencimiento de su mandato, en tiempos de Cambiemos, se alineó con el kirchnerismo, y fue candidata a vicegobernadora de Martín Soria, perdiendo entonces con Arabela Carreras.
Al asumir Alberto Fernánez y Cristina Kirchner, fue convocada para conducir el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
El legislador no duda en responsabilizar a la titular del INAI por hacer “apología del crimen al justificar y alentar incendios, tomas y ocupación ilegal de inmuebles”.
El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y titular del Partido UNIR denunció a Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por apología del crimen e instigación a cometer delitos, así como le atribuye incumplimiento de los deberes como funcionaria pública.
Asseff justificó su denuncia ante los graves hechos de violencia que vienen ocurriendo en el sur de nuestro país a cargo del grupo autodenominado RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). La funcionaria del INAI fue acusada por la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, de “alentar la violencia y no avanzar en políticas estatales para solucionar el conflicto”.
Asseff explicó que “la funcionaria inició una planificada y sistemática campaña por los medios periodísticos realizando apología del crimen al justificar y alentar incendios, tomas y ocupación ilegal de inmuebles, públicos y/o privados, por medio de la violencia, delitos que afecta derechos difusos o de incidencia colectiva al usar su cuenta de Twitter para acusar a la policía de una supuesta represión en un hecho que aún no se ha esclarecido”.
“Escuchar a funcionarios públicos responsabilizar al Estado no hace más que irritar a un sector de la sociedad golpeado por este lamentable suceso, generando más reacciones violentas”, dijo Asseff y agregó que “es increíble la falta de responsabilidad de estas personas, que sólo alimentan la violencia con discursos empaquetados con los que únicamente tratan de ocultar la ineficiencia en los cargos que ocupan”.
Por último el diputado de JxC hizo un racconto de los hechos y lamentó que “las palabras de Odarda solo sirvieron para enardecer a El Bolson”.
Por Magdalena Odarda. La presidenta de INAI llama a sancionar la ley que otorgue títulos comunitarios a todas las comunidades aborígenes sobre sus territorios.
Luego de finalizada la dictadura militar, y desde 1983 en adelante, la lucha de los pueblos indígenas en nuestro país fue dando paso a la confección de un marco normativo, alentados también por los diversos y contundentes pronunciamientos internacionales que avanzaban hacia el reconocimiento de derechos humanos para esos pueblos y comunidades.
La sanción de la ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (1985), durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, fue un paso trascendental en este camino. Esta normativa declara “de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra…”. Sin dudas, una decisión política preclara y un aspecto distintivo de un gobierno que hizo de la ampliación de derechos su bandera.
Dos años antes de la Reforma Constitucional, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- fue aprobado por la Ley Nº 24.071 en 1992, incorporando al Derecho Interno una normativa de avanzada que -entre otros derechos- reconoce el de la consulta libre, previa en informada hacia las comunidades indígenas cuando haya normativas o emprendimientos productivos que afecten sus derechos.
Ya en 1994, con la Reforma Constitucional, el Estado reconoció “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, el derecho a la educación bilingüe e intercultural, la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, regulando la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, asegurando la participación en la gestión referida a sus recursos naturales”.
Vale la pena recordar muchos de los discursos pronunciados durante la Convención Constituyente celebrada en Santa Fe aquella noche del 11 de octubre de 1994, bajo el orden día N°10, cuando más de trescientas hermanas y hermanos de distintos pueblos indígenas, viajaron desde todos los puntos del país con la esperanza del volver a sus territorios con el reconocimiento constitucional de sus derechos bajo el brazo. Para ello habían trabajado mucho desde hacía mucho tiempo. Es que estos derechos también fueron concebidos por la lucha de sus ancestros y ancestras. Volver a su tierra con ellos, significaba que el sacrificio y los años de lucha no habían sido en vano. Significaba también tener la certeza de que el Estado y sus representantes no les daban la espalda, como sucedió durante las matanzas en la mal llamada Campaña al Desierto de finales de siglo XIX, o la masacre producida en Napalpí (Chaco) en 1924 o en Rincón Bomba en 1947, en territorio de lo que hoy es la provincia de Formosa.
Fue Carlos “Chacho” Álvarez quien esa noche en Santa Fe pidió que se concrete por fin la votación: – “Sr. presidente: Nosotros creemos que ha sido un hecho muy importante, que todos los bloques nos hayamos puesto de acuerdo en un tema tan trascendente y que tiene que ver con la reivindicación de derechos muy postergados en nuestro país. Por eso, porque producimos un hecho político fuerte, importante, se retiraron los despachos de minoría, hay una voluntad política muy fuerte de esta Convención, votemos este despacho, leamos el despacho único y votemos por aclamación, por unanimidad, que es lo que quieren estas poblaciones postergadas argentinas”.
En ese momento, el presidente de la Convención constituyente, el Dr. Eduardo Menem, llamó a votación a todos los bloques ante la expectativa de los hermanos y hermanas indígenas que seguían el debate desde los palcos que ocuparon tan unidos como esperanzados.
Así, uno por uno, los distintos bloques fueron apoyando la propuesta de que el Art. 75 inciso 17 de nuestra Constitución Nacional, sea votado por aclamación.
Al finalizar los discursos emocionados de cada legislador y legisladora, la presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, la radical Elva Roulet, visiblemente sensibilizada, comenzó la lectura del texto consensuado entre legisladores y los pueblos indígenas. Entre los centenares de hermanos y hermanas de todos los pueblos indígenas, se destacaba la presencia del recordado abogado Kolla, defensor de los Derechos Indígenas, el Dr. Eulogio Frites.
Decía finalmente Elva Roulet: “Sr. presidente, Sres. Convencionales: considero un honor poder trasmitir este consenso, esta unanimidad en la aprobación de este texto que trabajé con tanto amor. Se trata de la modificación del art. 67 – inciso 15”, y continuó leyendo uno a uno los derechos consagrados de allí en más en nuestra Carta Magna.
Han pasado muchos años desde aquel momento histórico. Y si bien celebramos los pasos adelante que se fueron dando, ciertamente muchas cuestiones han quedado en el plano del deseo, muy distantes del día a día que viven las comunidades indígenas. La famosa frase del Dr. Alfonsín “tenemos la libertad, nos falta la igualdad”, debe hacernos reflexionar a todos acerca de las limitaciones que hemos tenido para avanzar en este plano. Pero también, es la gran oportunidad que tenemos para modificar la realidad.
En la víspera del tratamiento de la media sanción de la nueva prórroga de la ley 26160 en la Cámara de Diputados de la Nación, pedimos que esta vez la historia se repita y quizás podamos ser testigos de un nuevo voto “por aclamación y unanimidad de todos los bloques legislativos”.
Los abrazos y lágrimas entre hermanos y hermanas indígenas con sus representantes, de todos y cada uno de los partidos políticos, consagraron esa noche fría de 1994 en Santa Fe, la clara presencia del Estado consciente de la necesaria reparación histórica por tanto despojo, por tanta muerte, por tantos siglos de vulneración de derechos.
Quizá esas lágrimas y esos abrazos puedan replicarse hoy, cuando todos los partidos políticos dejen sus diferencias de lado y los legisladores comprendan que somos un país intercultural, y protejan de desalojos violentos a las 1.760 comunidades indígenas a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina. Y en ese momento, quizás, asumamos juntos el compromiso de una gesta colectiva, el objetivo irrenunciable de saldar una deuda que ya cumple 27 años: sancionar la ley que otorgue títulos comunitarios a todas las comunidades aborígenes sobre sus territorios.
La titular del INAI sostuvo que el organismo se sumó al pedido de prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena.
La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, calificó como “muy positivo” el apoyo manifestado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al sumarse al pedido de prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.
La titular del organismo nacional afirmó que “en esta instancia en que el proyecto de ley ya cuenta con media sanción en el Senado de la Nación, aunque aún resta la aprobación de la Cámara de Diputados, contar con el respaldo de la ONU para con esta causa es sumamente significativo y trascendente”.
Por su parte, el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en la Argentina, Roberto Valent, y el representante regional para América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, celebraron la aprobación por parte del Senado de la Nación de la prórroga de la Ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades indígenas. Esperan que la Cámara de Diputados realice lo propio sancionando el proyecto que garantiza la extensión de la mencionada ley.
Asimismo, rechazaron las “expresiones discriminatorias, racistas y xenófobas mediante las cuales se ha estigmatizado al pueblo indígena mapuche en los últimos días”. Manifestaron así su preocupación sobre la situación patagónica ante el envío de fuerzas de seguridad, el uso de la fuerza pública en contra de comunidades mapuches, los incendios y desalojos.
Ambos coincidieron en comprometerse en apoyar al Estado argentino, a los pueblos indígenas y a sus organizaciones para encontrar mecanismos de diálogo y soluciones a mediano y largo plazo.
La funcionaria consideró “una verdadera herramienta de paz social” a la Emergencia Territorial Indígena.
La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, manifestó su total adhesión y acompañamiento a la media sanción que la Cámara de Senadores de la Nación otorgó a la iniciativa parlamentaria que prorroga la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.
La funcionaria que preside el organismo de competencia en materia de derechos de las comunidades indígenas de la República Argentina aseguró que “es un gran paso para seguir avanzando en el cumplimiento efectivo de lo que estipula el art. 75 – inc. 17 de la Constitución Nacional, como así también lo plasmado en los tratados internacionales suscriptos por nuestro país”.
Odarda agradeció a todos los trabajadores del INAI que se comprometieron y trabajaron para lograr este objetivo, informando, asesorando y compartiendo información a los representantes legislativos que así lo requirieran y agregó que “el INAI tiene las puertas abiertas y los equipos técnicos disponibles para todos los diputados nacionales que necesiten información para abordar la temática con la mayor cantidad de datos posibles en función de sancionar esta iniciativa tan trascendente”.
Odarda también destacó el compromiso de los senadores con el cumplimiento de la normativa nacional internacional y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de LHAKA HONHAT. Asimismo, agradeció a “los dirigentes y hermanos y hermanas indígenas que acompañaron a los integrantes de la Cámara alta en un día histórico”.
Finalmente, la presidenta del INAI remarcó que esta ley “debe ser interpretada como una verdadera herramienta de paz social, que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas, y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas. La normativa también ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas, y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública”.
Por Magdalena Odarda. La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas destaca la importancia de esta ley que, “no sólo ha impedido desalojos injustos, sino que ha permitido el fortalecimiento de las comunidades y las organizaciones territoriales indígenas”.
Los pueblos indígenas que habitan el territorio de la República Argentina, son preexistentes a la conformación del Estado nacional, y esta realidad marca un criterio insoslayable en el marco jurídico actual, más allá de cualquier interpretación.
Dentro de nuestro país, coexisten 38 pueblos indígenas con sus distintos idiomas y culturas, y más de 1.700 comunidades indígenas. Definitivamente, estamos todos y todas conviviendo dentro de un país que es pluricultural.
El reconocimiento expreso de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, está determinado en el artículo 75 – inc. 17 de la Constitución Nacional, donde también se garantiza el respeto a su identidad, entre otros derechos.
A su vez, la Nación se compromete a reconocer la personería jurídica de las comunidades indígenas y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, determinando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos.
A lo largo de las décadas, nuestro país dio inicio a un proceso de cambios en el ordenamiento jurídico nacional respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, adoptando instrumentos internacionales, creando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a partir de la Ley 23.302 del año 1985, la conformación del Consejo de Participación Indígena en el año 2004, para garantizar la representación de los propios pueblos que habitan en el territorio y la sanción de la Ley 26.160 en el año 2006, como paso fundamental en el reconocimiento de los territorios que habitan.
La ley 26.160 es una de las normas más importante en el proceso de reconocimiento territorial en consonancia con la lo establecido en la Constitución Nacional, y ha sido una respuesta plausible para evitar los desalojos que sufrían las comunidades indígenas despojadas de sus propios territorios. A su vez, da cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT (Art.14, inc.2), al que adhirió nuestro país y que ordena que “Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.”.
Declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas, y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas, y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades Indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública.
Esta ley es una herramienta de paz social, que no sólo ha impedido desalojos injustos, sino que ha permitido el fortalecimiento de las comunidades y las organizaciones territoriales indígenas, la presencia institucional, las mesas de diálogo y otras estrategias de intervención que tienen como objeto la resolución de conflictos. Cabe señalar que en la República de Chile no existe una ley de estas características, lo que sin duda en uno de los motivos que contribuyen a la conflictividad social en ese país.
El relevamiento técnico jurídico y catastral de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades requiere la demarcación junto a los pueblos del territorio que las comunidades ocupan tradicionalmente, para garantizar sus derechos.
Es importante que, a partir del antecedente que establece esta ley, se abra el debate hacia la creación de una ley de Propiedad Comunitaria Indígena que definitivamente reconozca los territorios a sus comunidades. En nuestro país tenemos un caso emblemático en este tema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso el reconocimiento de 400 mil hectáreas de tierras ante un reclamo de la Asociación de Comunidades Lhaka Honhat en favor de cinco pueblos indígenas del norte argentino. Estableció que Argentina debe dictar una ley de Propiedad Comunitaria Indígena.
Nuestro país debe encaminarse hacia la propuesta de esta ley y así dar cumplimiento a los instrumentos internacionales y nacionales que debe respetar. Es sin duda, también, una herramienta de derechos y de paz social.
Diputados de la bancada opositora, encabezados por Carla Carrizo, pidieron que la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas asista al Congreso a explicar la demora en la aplicación de la Ley 26.160, cuya última prórroga vence en noviembre próximo.
La vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara de Diputados, Carla Carrizo, junto a 20 de sus pares de Juntos por el Cambio, solicitó la presencia de la titular del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Magdalena Odarda, a un plenario de las comisiones de Legislación General; Población y Desarrollo Humano; y Seguridad Interior, para que informe sobre los conflictos territoriales con las comunidades indígenas en distintos puntos del país, en particular en la provincia de Río Negro.
A raíz del atentado registrado en El Bolsón, contra el Club Andino Piltriquitrón, el cual fue incendiado, la legisladora radical reclamó que la funcionaria brinde información y explique los motivos por los cuales a 15 años de la sanción de la Ley 26.160, que declaró la emergencia territorial de las comunidades indígenas, “continúan multiplicándose los conflictos territoriales en diversos puntos del país”.
“La presidenta del INAI, Magdalena Odarda, debería hoy estar explicando en el Congreso Nacional por qué a 15 años de la Ley 26.160 de emergencia sobre propiedad y titularidad de tierras, los conflictos escalan en lugar de disminuir”, enfatizó la porteña, citando la norma sancionada originalmente en 2006 y cuya última prórroga vence el próximo 23 de noviembre.
Asimismo, detalló que según Amnistía Internacional, “ya en 2016 había 163 focos de conflictos territoriales; hoy son más de 200 y vemos todos los días cómo se recrudece el tema en el sur del país. La ley vence a fin de año. ¿Cuál es el plan del Gobierno? ¿Prorrogarla sin informar?”.
Entre las problemáticas que motivaron el proyecto, los diputados señalaron que “existe una brecha significativa entre el marco normativo en materia indígena y su implementación real, la existencia de muchas comunidades indígenas que continúan sin ser relevadas en el registro técnico, jurídico y catastral que establece la referida ley nacional y, fundamentalmente, la creciente conflictividad territorial que involucran a diversos grupos originarios”.
“El gobierno decide, en el mejor de los casos, ignorar, o como ha declarado la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras) hace un tiempo, fagocitar”, cuestionaron.
Finalmente, Carrizo reclamó por “un Estado que no sea de cartón, regule como corresponda y sirva así a las comunidades originarias para vivir mejor”. “Por menos días, más políticas reales y efectivas”, concluyó.
La iniciativa fue acompañada por Alejandro Cacace, Dolores Martínez, Emiliano Yacobitti, Claudia Najul, Gabriela Lena, Fabio Quetglas, Soledad Carrizo, Jorge Rizzotti, Lorena Matzen, Lidia Ascárate, Gustavo Menna, Aída Ayala, Pablo Torello, José Patiño, Federico Frigerio, Mónica Frade, Jorge Enríquez, Jorge Vara, Gonzalo Del Cerro y Martín Berhongaray.
Para la diputada nacional Carla Carrizo, “la presidenta del INAI, Magdalena Odarda debería estar explicando en el Congreso por qué los conflictos escalan en lugar de disminuir”.
La vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara de Diputados, Carla Carrizo, junto a 20 diputados nacionales solicitaron la presencia de la titular del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), María Magdalena Odarda, en un plenario de las comisiones de Legislación General; Población y Desarrollo Humano y Seguridad para que informe sobre los conflictos territoriales con las comunidades indígenas en distintos puntos del país, en particular en la provincia de Río Negro.
En el marco del Día de la Diversidad Cultural, la diputada nacional Carla Carrizo presentó el proyecto de resolución para citar a la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con el fin de que brinde información y explique los motivos por los cuales a 15 años de la sanción de la ley 26.160 que declaró la emergencia territorial de las comunidades indígenas continúan multiplicándose los conflictos territoriales en diversos puntos del país.
Al respecto, Carrizo sostuvo: “La presidenta del INAI, Magdalena Odarda debería hoy estar explicando en el Congreso Nacional por qué a 15 años de la Ley 26.160 de emergencia sobre propiedad y titularidad de tierras, los conflictos escalan en lugar de disminuir. Según Amnistía Internacional, ya en 2016 había 163 focos de conflictos territoriales; hoy son más de 200 y vemos todos los días cómo se recrudece el tema en el sur del país. La ley vence a fin de año ¿cuál es el plan del gobierno?, ¿prorrogarla sin informar?”.
En 2006, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.160 que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de 4 años, la cual fue prorrogada sucesivamente y vence el próximo noviembre.
Entre las problemáticas que motivaron el proyecto señalan que existe una brecha significativa entre el marco normativo en materia indígena y su implementación real, la existencia de muchas comunidades indígenas que continúan sin ser relevadas en el Registro técnico, jurídico y catastral que establece la referida ley nacional y, fundamentalmente, la creciente conflictividad territorial que involucran a diversos grupos originarios y “el gobierno decide, en el mejor de los casos, ignorar o como ha declarado la gobernadora de Río Negro hace un tiempo, fagocitar”, señalaron.
Ante esto, la diputada nacional Carla Carrizo reclamó por “un Estado que no sea de cartón, regule como corresponda y sirva así a las comunidades originarias para vivir mejor”; por “menos días, más políticas reales y efectivas”, concluyó.
El proyecto es acompañado por los legisladores nacionales Alejandro Cacace, Dolores Martínez, Emiliano Yacobitti, Claudia Najul, Gabriela Lena, Fabio Quetglas, Soledad Carrizo, Jorge Rizzotti, Lorena Matzen, Lidia Ascarate, Gustavo Mena, Aida Ayala, Pablo Torello, José Patiño, Federico Frigerio, Mónica Frade, Jorge Enríquez, Jorge Vara, Gonzalo Del Cerro y Martín Berhongaray
El diputado rionegrino se expresó en su cuenta de Twitter sobre los incendios provocados en la provincia y acusó a Odarda y Pilquimán por “ser cómplices de los Jones Huala, por promover la usurpación a productores”.
Tras los episodios de violencia que tuvieron lugar en la zona cordillerana, el diputado nacional Luis Di Giacomo (JSRN – Rio Negro) utilizó su cuenta de Twitter para referirse al tema y apuntó fuertemente contra el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandié; a la presidenta y al vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda y Luis Pilquimán a quienes acusó de “no resolver el tema Mascardi” y de ser “ser cómplices de los Jones Huala, por promover la usurpación a productores”.
El ex ministro de Gobierno de la provincia, lanzó duras críticas luego de los hechos ocurridos este domingo y explicó que “es muy difícil para el Gobierno provincial trabajar en el tema Mascardi porque eso es Parques Nacionales, es una incumbencia nacional desde el punto de vista de la Justicia”.
“Magdalena Odarda, Luis Pilquiman y Juan Cabandié deberán responder ante los rionegrinos por no resolver tema Mascardi, por ser cómplices de los Jones Huala, por promover la usurpación a productores”, denunció el legislador de Rio Negro en un tuit luego de los incendios provocados en el predio de Vialidad Rionegrina de Bariloche y la oficina de Informes Turísticos de El Bolsón.
A su vez, manifestó que “en la provincia de Rio Negro hay más de cien comunidades originarias rurales y urbanas y migrantes llegados de todas las latitudes. La convivencia entre todos los que la habitamos se da en un clima de paz y trabajo”, y agregó: “Repudiamos a los violentos y a quienes fomentan violencia por acción u omisión desde sus cómodos despachos del Gobierno central”.
El bloque oficialista del Senado quiere trtar la prórroga de la Ley 26.160 en la próxima sesión.
El presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, se comprometió este jueves a tratar en el temario de las próximas sesiones ordinarias o sobre tablas la prórroga de la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, presentada en la Cámara alta por la senadora salteña Nora Giménez, que tiene vencimiento en noviembre de este año.
“Nuestros esfuerzos van a estar orientados a resolver este tema”, señaló Mayans durante un encuentro virtual de los senadores del bloque del Frente de Todos con la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, y representantes de asociaciones indígenas de todo el país. Al respecto agregó el formoseño que en la próxima reunión presencial de bloque que se realizará el jueves 30, va a solicitar el tratamiento de esta propuesta legislativa.
En la reunión virtual, la presidenta del INAI presentó un informe de lo actuado en estos años y sostuvo la necesidad de la renovación del mismo con un presupuesto que permita culminar la tarea y avanzar en otros proyectos de ley.
Entre otros senadores, Norma Durango destacó que “prorrogar esta ley es una obligación y responsabilidad del Estado, no es una concesión nuestra hacia las comunidades” y recordó que fue la autora de la anterior propuesta votada en 2017. Asimismo, la senadora Silvia Sapag recordó que su padre, Felipe Sapag, ideó el término de territorio comunitario y fundamentó su apoyo al texto de Senado, indicando que es vital avanzar en los relevamientos en todo el país y especialmente en Neuquén, en donde tienen sostenidos conflictos en este sentido.
A su turno, la autora del proyecto, Nora Giménez, indicó que “hoy la prioridad es lograr esta renovación para que antes que caduque, el 25 de noviembre, se tenga sanción de una propuesta que viene acompañada de un presupuesto acorde a sus necesidades”.
La ley 26160, aprobada en 2006, permitió frenar el desalojo y expulsión de sus tierras de decenas de comunidades originarias en diferentes puntos del país. Estuvo inspirada en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que no sólo reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, sino también la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan.
En el tiempo transcurrido, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) pudo relevar sólo 742 de las 950 comunidades identificadas en 2006. Y a ese número se han agregado otras, en su mayoría desmembramientos de grupos existentes, que ampliaron a cerca de 1.000 el número de comunidades a relevar. Por ello el proyecto de la senadora Nora Giménez extiende hasta 2025 la vigencia de la ley para poder completar el Relevamiento Territorial, y establece una partida presupuestaria especial para concluir esa tarea.
Así lo acordaron la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, y la senadora Nora Giménez, durante una videoconferencia realizado este miércoles.
Con el horizonte del vencimiento de la Ley 26160 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, se reunieron este miércoles la senadora salteña del Frente de Todos Nora Giménez y la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda. Durante el encuentro, Odarda presentó un detalle de lo actuado en las comunidades y un borrador de prórroga de esta ley que “fue trabajado con el Consejo de Participación Indígena (CPI), recibió aportes de organizaciones sociales que velan por la protección de los derechos de los pueblos originarios y fue monitoreado por el Ministerio de Justicia”.
“El borrador del proyecto, que vence en noviembre de este año, está presentado ante la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo y tiene de diferencial la incorporación de una partida presupuestaria determinada para culminar los relevamientos de más de 700 comunidades”, explicó la presidenta del INAI.
Asimismo, el director de Tierras del organismo, Alejandro Marmoni, señaló que “en la actualidad hay 1.756 comunidades originarias inscriptas en el INAI, de las cuales 989 ya tienen sus carpetas en mano y 767 son las que restan relevar principalmente ubicadas en el norte del país”.
En principio la senadora Giménez se comprometió a revisar el borrador, se ofreció a presentarlo en la Cámara alta y manifestó la necesidad de dar a conocer la propuesta en una próxima reunión -antes de fin de mes- a otros legisladores que vienen siguiendo la temática y han mantenido contacto con la presidenta del INAI por esta situación.
En el mismo sentido, ambas dirigentes remarcaron la importancia de poner en funcionamiento la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas de la Cámara Alta por considerarla un espacio vital para que las demandas y necesidades de las comunidades originarias estén presentes en el Congreso. Al respecto, la senadora Giménez comentó que presentó el año pasado un proyecto de resolución para que la Comisión de Pueblos Indígenas tenga un estatus de permanente dentro del Senado.
Además, la senadora Giménez se comprometió a retomar proyectos de ley presentados por Odarda durante su gestión como legisladora y trabajar activamente para la presentación de nuevas propuestas, entre ellas la de capacitación de los agentes del Estado en derecho indígena y el de propiedad territorial comunitaria.
Lo acordaron la senadora Nora Giménez y la presidenta del INAI, con el objetivo de responder demandas relacionados con las necesidades y problemáticas de los pueblos originarios.
Con el objetivo de activar algunos proyectos de ley relacionados con las necesidades y problemáticas de los pueblos originarios de diferentes regiones de nuestro país, se reunieron la senadora salteña del Frente de Todos, Nora Giménez y la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda.
Durante el encuentro de ambos equipos de trabajo se acordó trabajar en conjunto para que en el corto y mediano plazo se logre el tratamiento de leyes clave que traigan soluciones reales a las comunidades, como la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial de las Comunidades 26.160.
Además, la senadora Giménez se comprometió a retomar proyectos de ley presentados por Odarda durante su gestión como legisladora y trabajar activamente para la presentación de nuevas propuestas, ente ellas la de capacitación de los agentes del Estado en derecho indígena y el de propiedad territorial comunitaria.
En el mismo sentido, ambas remarcaron la importancia de poner en funcionamiento la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas de la Cámara alta por considerarla “un espacio vital para que las demandas y necesidades de las comunidades originarias estén presentes en el Congreso”. Al respecto, la senadora Giménez comentó que presentó el año pasado un proyecto de resolución para que la Comisión de Pueblos Indígenas tenga un estatus de permanente dentro del Senado.
Por último, la presidenta del INAI describió el panorama de las diferentes iniciativas y actividades que vienen realizando en todo el territorio nacional “para dar soluciones concretas a las comunidades, la entrega de carpetas a las comunidades relevadas, la puesta en funcionamiento en las provincias de protocolos para frenar los desalojos y el trabajo para lograr la prórroga de la ley de emergencia territorial de las comunidades 26.160”.
Así los sostuvo la senadora nacional del Frente de Todos Nora Giménez, en reunión con la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
La situación de las comunidades originarias de Salta en pandemia, y las problemáticas pendientes de resolución de este sector en el país fueron los temas centrales de la reunión que mantuvo la senadora Nora Giménez con la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda.
“La temática de los pueblos originarios tiene que ganar protagonismo en la agenda del Gobierno nacional para avanzar en la resolución de las preocupaciones más grandes de nuestros hermanos de San Martín, Orán, Rivadavia y los de las comunidades de todo el país”, sostuvo Giménez en la reunión.
Por su parte, la presidenta del INAI le solicitó a la legisladora reactivar el trabajo que la Comisión Especial de Pueblos Indígenas del Senado venía realizando. “Vamos a presentar tres iniciativas legislativas, una sobre propiedad comunitaria indígena, otra sobre capacitación a empleados públicos en estas temáticas y la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena que prevé un relevamiento de los terrenos en todo el país y evitaría la continuación de los conflictos suscitados entre criollos y algunas comunidades”, explicó Odarda y agregó que “es nuestra intención que sea tratado primero en el ámbito del Senado en donde ya tenemos este espacio de la Comisión específica”.
Otro de los temas considerados por las funcionarias fue el de los recursos que no llegan en tiempo y forma a las comunidades. En tal sentido ambas coincidieron en que el INAI es el organismo apropiado para garantizar y controlar la asistencia nacional a las comunidades de pueblos originarios en la provincia de Salta y en el país. “Estos recursos no pueden demorar y mucho menos en tiempo de pandemia. Se debe avanzar firme en la mejora de la situación de nuestros hermanos indígenas tanto en lo que hace a su situación socioambiental, – nutrición, situación sanitaria, documentación, propiedad de la tierra- como a su reconocimiento público”, consideró Nora Giménez.
El avance del Covid 19 sobre parte de las comunidades del norte de Salta también fue tema de la reunión. En este aspecto, la presidenta del INAI señaló que, a pesar de estar en una situación de reconstrucción del organismo, lograron realizar una compra especial para abastecer de alcohol en gel, barbijos y elementos de limpieza para las comunidades de Tartagal que enviarán en los próximos días.
También comentó que hace unas semanas firmaron un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y su titular, Daniel Arroyo para monitorear la llegada de la ayuda social a las comunidades, en donde “además de la problemática del hambre y del territorio todavía quedan más de tres mil personas sin documentar que no pudieron acceder a las políticas de apoyo frente a la pandemia que implementó el Gobierno nacional”.
Magdalena Odarda dio positivo en un testeo que le hicieron luego de una visita protocolar a la provincia del Chaco.
Senadora nacional hasta el pasado 10 de diciembre, hoy titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda dio positivo en un análisis de coronavirus al que fue sometida luego de presentar síntomas de la enfermedad.
La funcionaria había visitado días pasados el Chaco, una de las provincias más castigadas por la pandemia, fuera de CABA y provincia de Buenos Aires.
La información se conoció este domingo, cuando medios nacionales reportaron que tres ministras del equipo de Jorge Capitanich dieron positivo ante los testeos del virus, lo que generó preocupación dentro de la administración debido al contacto permanente de ambas con el gobernador chaqueño.
La exsenadora rionegrina hizo una visita en su actual rol entre el 5 y 8 de junio pasados a la provincia del norte. Allí, tuvo contacto con el mandatario provincial y viajó al interior chaqueño con la vicegobernadora Analía Rach Quiroga -también diputada nacional hasta diciembre pasado-, varias ministras, el titular de la Cámara de Diputados provincial y una secretaria de Estado.
Según los propios familiares de Odarda, la funcionaria presentó síntomas al volver a Buenos Aires de ese recorrido y debió ser controlada. Al hisoparse, el resultado fue positivo.
Es que la funcionaria tuvo una nutrida agenda en la que participó con la comitiva local y recorrió viviendas de vecinos, con quienes interactuó al menos los tres días que permaneció en Chaco.
De hecho, ella misma habría sido la que se comunicó de manera inmediata con las autoridades del gobierno de Chaco para que se tomaran recaudos y se realizaran controles a todos los funcionarios que la acompañaron en su estadía y a las personas con las que estuvo en contacto.
Según informaciones oficiales, Odarda llegó a Chaco para interiorizarse sobre la situación de violencia institucional en la que al menos cuatro policías sometieron violentamente a miembros jóvenes de la
comunidad qom de Fontana, en el Gran Resistencia, y cuyas imágenes tuvieron un fuerte impacto a través de redes sociales.
Magdalena Odarda fue senadora nacional entre 2013 y 2019, y acompañó a Martín Soria en la fórmula para gobernar Río Negro, pero fueron derrotados ante Arabela Carreras.
