Proponen que los productores agropecuarios puedan tener tres trabajadores colaboradores como monotributistas

El proyecto es impulsado por el diputado radical Manuel Aguirre a fin de modificar la Ley 26.727 de Trabajo Agrario para la regulación de las relaciones laborales.

El diputado nacional Manuel Aguirre (Corrientes) presentó un proyecto de ley para que los productores agropecuarios puedan contar también con hasta tres trabajadores colaboradores como monotributistas y sin relación de dependencia.

Según explicó el radical: “La figura del trabajador colaborador se incorporó en la Ley 27.742 con la sanción del artículo 97, pero a los efectos de evitar litigiosidad y teniendo en cuenta que el régimen del trabajo agrario tiene una ley propia se hace necesario para evitar inseguridad jurídica a los productores legislar un régimen idéntico dentro de la ley de trabajo agrario”.

Además, la iniciativa modifica el artículo 11 que quedará redactado: “Habrá contrato de trabajo agrario en relación de dependencia, cuando cualquiera sea su forma o denominación, una persona humana se obligue a prestar servicios en el ámbito rural, mediante el pago de una remuneración en favor de otra y bajo su dependencia, para la realización de tareas propias de la actividad agraria en cualquiera de sus especializaciones tales como la agrícola, pecuaria, forestal, avícola, apícola, hortícola u otras semejantes”.

Proyecto de Ley - Trabajadores colaboradores

Seguridad: impulsan una iniciativa para incluir el uso delictivo de drones en el Código Penal

El proyecto es de autoría del diputado radical Manuel Aguirre y busca establecer un marco legal que prevenga el uso indebido de estas herramientas tecnológicas con penas de prisión entre 5 a 10 años.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes), presentó un proyecto de ley que modifica el Código Penal para incluir disposiciones específicas sobre el uso delictivo de vehículos aéreos no tripulados, comúnmente conocidos como drones.

Este proyecto busca establecer un marco legal que prevenga el uso indebido de estas herramientas tecnológicas, que han proliferado en los últimos años. Además, propone la creación de un nuevo Título XIV en el Código Penal, que contempla penas de prisión de entre cinco y diez años para quienes fabriquen, adapten o utilicen drones con fines delictivos.

“Es evidente que el uso de drones, si bien trae beneficios importantes, también puede ser aprovechado para cometer delitos. Por ello, es fundamental que el Estado establezca marcos regulatorios claros”, afirmó Aguirre durante la presentación.

La iniciativa responde a la creciente preocupación por el uso malintencionado de drones en actividades delictivas, que van desde el tráfico de drogas hasta la vigilancia ilegal. “El uso indebido de estos aparatos puede tener efectos más amplios sobre la población civil, y es nuestra responsabilidad como legisladores abordar este problema con seriedad y compromiso”, agregó el diputado correntino.

El proyecto no solo establece penas específicas, sino que también introduce agravantes para aquellos delitos cometidos utilizando drones. Esto incluye acciones que generen alarma o temor en la población. Aguirre destacó que “la protección de la vida e integridad de las personas es un objetivo constitucionalmente válido, y debemos garantizar que la legislación se adapte a los avances tecnológicos”.

Además, el proyecto contempla sanciones más severas cuando los bienes afectados pertenezcan a las Fuerzas Armadas o de Seguridad Nacional. “Es crucial reconocer la importancia de la infraestructura crítica del Estado y protegerla de posibles ataques o daños”, subrayó el radical.

Impulsan una nueva ley sobre Productos Cárnicos para proteger a los consumidores

El proyecto es del radical Manuel Aguirre y tiene como objetivo principal prevenir fraudes alimentarios, proteger la salud de todos los consumidores, proporcionando información adecuada y veraz sobre lo que están comprando.

El diputado radical Manuel Aguirre (Corrientes) presentó un nuevo proyecto de ley en el Congreso de la Nación que busca garantizar la autenticidad y calidad de los productos cárnicos comercializados en Argentina y fortalecer la legislación en torno a la autenticidad de los productos cárnicos y asegurar un entorno de mercado justo y equitativo.

Este proyecto tiene como objetivo principal prevenir fraudes alimentarios y proteger la salud pública de los consumidores. Por ello, la propuesta legislativa establece criterios claros para la clasificación de productos como cárnicos o derivados cárnicos, asegurando que solo aquellos que cumplan con una proporción significativa de ingredientes de origen animal y que satisfagan los estándares de calidad definidos en el Código Alimentario Argentino puedan ser etiquetados como tales.

“Es fundamental que los consumidores puedan confiar en la calidad de los productos que adquieren. Esta ley es un paso decisivo hacia la transparencia en el mercado cárnico”, afirmó Aguirre durante la presentación del proyecto.

El diputado correntino también destacó la importancia de empoderar al consumidor mediante la provisión de información adecuada y veraz sobre los productos cárnicos. “Al prohibir el uso de términos engañosos, estamos protegiendo no solo la salud pública, sino también la integridad del sector cárnico argentino. Los consumidores merecen saber exactamente lo que están comprando”, expresó.

El proyecto de ley se enmarca en un contexto donde el uso indebido de términos relacionados con la carne ha generado confusión y riesgos para la salud de la población. Con el objetivo de evitar la comercialización de productos que no cumplen con los estándares de autenticidad, la ley busca establecer un marco normativo robusto que salvaguarde la integridad del mercado cárnico nacional.

Además, la ley contempla la designación de una autoridad competente que será responsable de supervisar el cumplimiento de las regulaciones y de difundir información sobre la importancia de una dieta saludable. Esta autoridad también coordinará con diversas áreas para promover el consumo informado de alimentos cárnicos, asegurando que los consumidores tengan acceso a la información necesaria para tomar decisiones informadas.

El proyecto también se complementa con otras normativas relevantes, como la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor y el Decreto Nº 274/2019 de Lealtad Comercial, integrando sus disposiciones para ofrecer un marco regulatorio coherente y eficaz. Esto permitirá que las disposiciones específicas sobre productos cárnicos se apliquen en conjunto con las normas generales de protección al consumidor.

La iniciativa es acompañada con la firma de los diputados Jorge Rizzotti, Pedro Jorge Galimberti, Juan Carlos Polini y Pablo Juliano.

Proponen endurecer penas para combatir el juego ilegal y proteger a los menores

En medio del debate en comisiones de la ludopatía y las ciberapuestas, diputados radicales presentaron un proyecto para modificar un artículo del Código Penal, ante la proliferación de actividades ilegales.

El diputado nacional Manuel Aguirre presentó un proyecto de ley por el que busca modificar el Artículo 301° bis del Código Penal. Esta iniciativa tiene como objetivo endurecer las penas para quienes exploten juegos de azar sin la debida autorización, con un enfoque especial en la protección de los menores de edad, quienes son particularmente vulnerables a los efectos nocivos del juego ilegal.

La iniciativa, que es también acompañada por el diputado Pedro Galimberti, busca no solo sancionar a los infractores, sino también prevenir la proliferación de actividades ilegales relacionadas con el juego, promoviendo un entorno más seguro y legal.

El proyecto establece que aquellos que administren o gestionen juegos de azar por medios digitales sin la autorización correspondiente enfrentarán penas de prisión que van de tres años y seis meses a seis años. En el caso de que el juego permita la participación de menores, la pena se elevará a nueve años. “Es fundamental que la ley se aplique de manera justa y que no se solapen las penas para delitos relacionados”, afirmó Aguirre en la presentación del proyecto.

La problemática del juego ilegal ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente con el auge de las plataformas digitales. Según el diputado Aguirre, “el juego ilegal está causando graves daños a la población en general y, especialmente, a los adolescentes que tienen acceso al mismo por el uso de medios digitales”. Esta situación ha llevado a la necesidad urgente de implementar medidas más estrictas que protejan a los jóvenes de los riesgos asociados con el juego clandestino.

El proyecto también contempla la creación de mecanismos de control y supervisión adecuados para garantizar la correcta aplicación de la ley. “Es fundamental que esta modificación se coordine con otras leyes y regulaciones relacionadas con el juego y la protección de menores”, destacó Aguirre, enfatizando la importancia de un enfoque integral en la lucha contra el juego ilegal.

Además de las sanciones penales, el proyecto de ley propone la implementación de campañas de concientización dirigidas a padres y educadores, con el fin de educar a los jóvenes sobre los riesgos del juego clandestino. “Los padres y educadores deben estar atentos a los signos de adicción al juego y fomentar actividades recreativas saludables”, subrayó el legislador, quien también resaltó la necesidad de un esfuerzo conjunto de la sociedad para abordar esta problemática.

4297-D-2024

Tres diputados radicales denunciaron penalmente a Milei por su viaje a España

Fernando Carbajal, Pedro Galimberti y Manuel Aguirre pidieron que se investigue al presidente y al secretario de Culto, Francisco Sánchez, por peculado y defraudación al Estado.

Los diputados nacionales Fernando Carbajal, Pedro Galimberti y Manuel Aguirre del bloque de la UCR presentaron este viernes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el secretario de Culto, Francisco Sánchez, a raíz del viaje que realizaron a España para participar de la cumbre de Vox, partido de ultraderecha de ese país.

“Lo relevante a los fines de esta denuncia es que el presidente viajó a España por cuestiones estrictamente personales. Asistió a una actividad de carácter partidaria y fue a presentar un libro de su aparente autoría. Sin embargo, tanto él como su comitiva, viajaron con fondos del Estado Nacional, pese a tratarse de un viaje privado”, remarcaron los legisladores.

En la presentación judicial, los radicales -que forman parte de los llamados “díscolos” dentro de la bancada-, señalaron que “este carácter privado del viaje resulta de la naturaleza de ambos eventos, ninguno de los cuales tiene relación alguna con la gestión de los intereses nacionales. Pero, además, se halla refrendado jurídicamente por el propio Estado Argentino quien, a través de su embajador, así lo informó oficialmente al Reino de España, conforme se hiciera público recientemente por publicaciones del diario El País de España, del cual se hicieron eco diario locales”. Justamente sobre esto último advirtió Carbajal en sus redes sociales, al anticipar la denuncia que presentarían.

En el escrito, los diputados incluyeron información recabada por diarios argentinos, que estimaron que el costo del uso del avión presidencial fue de 200.000 dólares. “La comitiva se hospedó en un hotel de 5 estrellas en la Gran Vía de Madrid, con suites que se ofrecen en Internet por un rango de precios que va de 900 a 1.400 euros la noche”, subrayaron.

“A eso debe adicionarse los viáticos, tanto del presidente como del resto de la comitiva, cuya integración aún no fue debidamente informada, como tampoco el total de los gastos ocasionados, pese a haberle sido requerida la información al vocero presidencial, quien se negó a hacer pública esa información”, agregaron.

Respecto al secretario de Culto, la información periodística que los radicales aportaron como prueba para que la Justicia inicie una inmediata investigación de los hechos, apunta que el PEN autorizó un pasaje en clase ejecutiva por Aerolíneas Argentinas, “que según se observa en las páginas de la empresa cuesta entre 4.000 y 6.000 dólares, o sea entre más de 4 y 6 millones de pesos. Después se hizo autorizar viáticos por 3.120 euros para seis días de misión”.

Según los legisladores, a Sánchez corresponde que se lo investigue por la comisión de peculado y al presidente de la Nación por peculado y por defraudación al Estado. La denuncia recayó en el juzgado federal N° 4 de Comodoro Py.

 

 

 

 

Un diputado radical propone el reconocimiento profesional de las fuerzas de seguridad

Mediante un proyecto de ley, el diputado radical Manuel Aguirre explicó que “con esta ley se busca permitir que los oficiales puedan expandir sus horizontes laborales y contribuir con sus habilidades al ámbito civil”.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) presentó un proyecto de ley para homologar títulos y saberes profesionales de los oficiales de la fuerza de seguridad para facilitar la inserción laboral en el ámbito civil, y fomentar el desarrollo personal.

“Los oficiales de las fuerzas de seguridad ven limitadas sus posibilidades de desarrollo personal y profesional, solo al ámbito de las fuerzas de seguridad”, inició el radical, quien añadió que “con esta ley se busca eliminar esa situación de desventaja y discriminación, permitiendo a los oficiales expandir sus horizontes laborales y contribuir con sus habilidades al ámbito civil”.

La iniciativa propone otorgar validez nacional a los títulos y artes de los oficiales de las fuerzas de seguridad, permitiendo así que puedan ejercer profesionalmente en todo el territorio nacional y acceder a estudios superiores para su desarrollo profesional.

Además, busca promover la articulación entre las instituciones educativas de las fuerzas de seguridad y las instituciones de educación superior, fomentando el intercambio de experiencias y conocimientos.

El proyecto de ley también establece que la autoridad de aplicación de esta normativa será el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, junto con entidades como ANMAC, ANAC, EFOCAPEM, Ministerio de Transporte y Ministerio de Seguridad de la Nación.

Esta coordinación entre diferentes organismos busca garantizar una correcta implementación de la homologación de títulos y saberes profesionales de los oficiales de las fuerzas de seguridad.

Además, se han establecido requisitos como la presentación de una nota dirigida a la autoridad de la fuerza manifestando la voluntad de iniciar el trámite de homologación, adjuntando la trayectoria académica y profesional.

Asimismo, se solicita la presentación de copias autenticadas de los títulos y artes a homologar, así como documentación adicional sobre los cursos realizados fuera de la fuerza, incluyendo planes de estudio, programas, contenidos, carga horaria y modalidad de evaluación.

“Llegó el momento de reconocer y aprovechar los valiosos recursos que poseen nuestros oficiales de las fuerzas de seguridad para enriquecer y profesionalizar diversas actividades en el ámbito civil. Por eso, insto a mis colegas diputados a respaldar este proyecto de ley que busca valorar el esfuerzo y la dedicación de estos profesionales en beneficio de toda la sociedad”, concluyó Aguirre.

 

Diputados radicales impugnaron la postulación de Ariel Lijo para la Corte

En la presentación de los diputados radicales se mencionan varios hechos que hacen que sea “inadmisible” de aceptar la postulación de Lijo.

Cuatro diputados nacionales de la UCR impugnaron la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los legisladores Fernando Carbajal (Formosa), Pedro Galimberti (Entre Ríos), Manuel Aguirre (Corrientes) y Marcela Coli (La Pampa) observaron ante el Ministerio de Justicia el pliego de Lijo ya que “ha cometido severas irregularidades en el ejercicio de su cargo como magistrado federal, algunas de las cuales podrían incluso configurar delitos penales”.

En la presentación de los diputados radicales se mencionan varios hechos que hacen que sea “inadmisible” de aceptar la postulación de Lijo.

El primer hecho es la denuncia de Elisa Carrio en 2018, quien acusó al juez federal de integrar una asociación ilícita con el kirchnerismo. El segundo hecho es la actuación de Lijo como juez en el expediente de YPF donde se debía investigar el vaciamiento de la empresa; esta causa nunca avanzó. El tercer hecho es su actuación en la causa Siemens, donde tampoco no hubo avances. El cuarto hecho es su performance en la investigación de las irregularidades en la Obra Social de los Empleados Judiciales.

El quinto hecho es la vinculación de Lijo con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, de la que dan cuenta diversos medios de comunicación. Para los diputados radicales esto rompe con el principio republicano de división de poderes ya que es el presidente de la República quien debe enviar un pliego al Senado sin intervención previa de la Corte Suprema.

Finalmente, los legisladores Galimberti, Carbajal, Aguirre y Coli agregan como objeciones la denuncia que se le hizo a Lijo ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño por parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la actuación de Lijo en una denuncia que radicó la Tacacalera Sarandí.

“Tal como hemos detallado a lo largo de esta presentación, el juez Lijo ha “demorado” intencionalmente la tramitación de causas en las que se investigaban hechos de corrupción con la finalidad de garantizarles impunidad a los funcionarios públicos investigados. Prueba de ello son las causas “YPF”, “Siemens” y “Obra social del Poder Judicial de la Nación”, que revisten de pruebas de un mal juez federal, lo que consiste en un pésimo candidato y no puede ser considerado apto para cubrir una vacante en la Corte Suprema.

“Un juez federal que reuniera los antecedentes del doctor Ariel Lijo sería un candidato universalmente rechazado en cualquier república que funcione normalmente, por la sencilla razón de que generará desprestigio a la Corte Suprema como institución, socavaría la confianza tanto en el Presidente de la República que lo propuso, como en el Senado que le dio el acuerdo y, en definitiva, generaría una sensación de desprotección en toda la población en el ámbito judicial ante todo hecho de corrupción”, sostienen los legisladores en su presentación.

Impugnación propuesta Ariel Lijo

Diputados de la UCR insisten en penalizar los bloqueos sindicales a comercios e industrias

La propuesta es impulsada por el diputado Manuel Aguirre. Dicha medida estaba en la Ley Bases, pero en negociaciones entre el Gobierno y la CGT, fue retirada de la versión votada en la Cámara baja.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes), acompañado de sus pares Juan Carlos Polini, Martín Tetaz y Pedro Galimberti, presentó un proyecto de ley para penalizar los bloqueos sindicales a comercios e industrias y proteger la propiedad privada.

La iniciativa establece prisión de 3 años y 6 meses a 5 años cuando se “turbare la posesión o tenencia de un inmueble con o sin violencia y/o amenazas”, en las siguientes circunstancias: “Cuando se entorpezca el normal funcionamiento del establecimiento comercial, industrial o de servicios; cuando con o sin violencia se impida el acceso al establecimiento; cuando el bloque se funde en un reclamo personal, laboral y/o sindical y se hiciere un ejercicio abusivo del derecho a reclamar”.

“Cuando el bloqueo en el establecimiento de que se trate sea por reclamos gremiales e impidan el normal funcionamiento de un establecimiento comercial y/o industrial, la pena será de reclusión o prisión de cuatro a seis años para quienes la hayan convocado como también para aquellos que hubieran participado en la ejecución”, agrega.

Además, plantea que “en ningún caso el bloqueo de un establecimiento comercial y/o industrial será interpretado como el legítimo ejercicio de un derecho, ni en cumplimiento de un deber”.

Dicha penalización estaba contemplada dentro del proyecto de Ley Bases, pero en medio de las negociaciones entre el Gobierno y la CGT decidieron retirarlo del dictamen final que fue aprobado en Diputados el martes pasado.

En la sesión de la Cámara baja el bloque de la Libertad Avanza rechazó las propuestas de modificaciones presentadas por la bancada de la UCR, a través del titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz, quien pidió incorporar en el proyecto la penalización de los bloqueos sindicales y la eliminación de la obligatoriedad de los aportes solidarios a los sindicatos.

Según Aguirre, “la aplicación del Derecho Penal es necesaria para cesar con la comisión del delito y desalentar reiteraciones en un futuro”. Entre sus fundamentos, Aguirre destacó la importancia de “garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales sin vulnerar otros de igual jerarquía”, como el derecho de propiedad privada y la libertad en general.

“Ningún derecho es absoluto, por tanto, no pueden vulnerarse otros derechos de igual jerarquía”, remarcó Aguirre, quien también enfatizó que el bloqueo de un establecimiento comercial por motivos gremiales no será interpretado como el legítimo ejercicio de un derecho, sino como una acción punible.

1950-D-2024

Diputado radical propone retenciones cero al trigo

La iniciativa es impulsada por el correntino Manuel Aguirre la cual también plantea la implementación de certificados de libre disponibilidad pago de Derechos de Exportación de Soja y Maíz a fin de dar “impulso y fortalecer la producción nacional”.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) presentó un proyecto de ley por el cual propone la eliminación de las retenciones al trigo y la implementación de certificados de libre disponibilidad pago de Derechos de Exportación de Soja y Maíz con el objetivo de dar “un impulso necesario para fortalecer la producción nacional y contribuir al desarrollo económico del país”.

La propuesta contempla la eliminación de los Derechos de Exportación para el trigo a partir del 1 de enero de 2024, así como la implementación de un Certificado de Libre Disponibilidad para la Soja y el Maíz, “lo cual ha despertado un gran interés y expectativa en la comunidad agroindustrial”.

El legislador resaltó la importancia de brindar certidumbre a los productores y de apoyar el crecimiento del sector agropecuario: “Es fundamental eliminar las retenciones en el trigo para mejorar los márgenes de los cultivos invernales y fomentar la inversión tecnológica, lo cual beneficiará a toda la cadena productiva”.

El proyecto también propone la creación de un mecanismo innovador a través del Certificado de Libre Disponibilidad, que permitirá a los contribuyentes utilizar el 50% de los montos recaudados por los Derechos de Exportación como saldos de libre disponibilidad para el pago de obligaciones impositivas.

Esta medida busca aliviar la carga fiscal sobre los productores y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, promoviendo así un ambiente más propicio para la inversión y el crecimiento sostenible del sector agropecuario.

“En un contexto donde la incertidumbre climática y los desafíos económicos han puesto a prueba la resiliencia del sector agropecuario, esta propuesta legislativa representa un paso significativo hacia la consolidación de un entorno favorable para el crecimiento y la prosperidad de los productores argentinos”, argumentó Aguirre.

Aguirre y Galimberti piden que se evalúen el estado de las Rutas Nacionales 12, 14 y 174

Los diputados radicales también piden información detallada sobre las acciones y negociaciones realizadas con la concesionaria CRUSA, así como el listado de imputaciones y sanciones recibidas por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.

Los diputados nacionales de la UCR Manuel Aguirre (Corrientes) y Pedro Galimberti (Entre Ríos) presentaron un proyecto de resolución en el Congreso de la Nación con el propósito de evaluar detalladamente el estado de las Rutas Nacionales 12, 14 y 174, así como la situación de la concesionaria CRUSA.

“Este proyecto surge como respuesta a la necesidad imperante de garantizar la transparencia en la gestión de las vías de comunicación terrestre y de asegurar un mantenimiento adecuado que responda a las demandas de los ciudadanos que transitan diariamente por estas importantes arterias viales”, explicó Aguirre.

En la iniciativa, el correntino resaltó “la importancia estratégica de las rutas nacionales en la conectividad del país y en el desarrollo del comercio internacional, subrayando la necesidad urgente de mejorar la infraestructura vial para beneficio de todos los ciudadanos”.

Así, expresó preocupación por el estado actual de la calzada en varios tramos de las rutas mencionadas, lo cual requiere una “revisión inmediata y acciones concretas para garantizar la seguridad y eficiencia del transporte terrestre en la región”.

El proyecto de resolución también busca obtener información detallada sobre las acciones y negociaciones realizadas con la concesionaria CRUSA, así como el listado de imputaciones y sanciones recibidas por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.

Aguirre enfatizó la importancia de conocer el estado actual de las obras de mejora incorporadas al Plan Económico Financiero de la Concesión, financiadas con el “Recurso de Afectación de Obras”, con el objetivo de evaluar su ejecución y efectividad en la mejora de las condiciones de las rutas.

Además, el diputado destacó la necesidad de establecer acuerdos “claros y transparentes para el traspaso de la responsabilidad de la administración de las rutas en caso de que la continuidad de la concesión no sea viable”.

“Esta medida se presenta como fundamental para garantizar la continuidad de las labores de mantenimiento y mejora de las vías de comunicación, así como para asegurar la eficiencia en la prestación de servicios a los usuarios que dependen de estas rutas para sus desplazamientos diarios”, remarcó.

Informe Estado Corredor Vial 18 y Ruta Nacional 12.docx

Aguirre propone derogar normativa bancaria que encarece el crédito para productores agrícolas

El diputado radical explicó que busca garantizar la igualdad ante la ley y las oportunidades para todos los productores agrícolas, evitando así posibles discriminaciones injustas.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes), presentó un proyecto de ley que propone dejar sin efecto la Comunicación “A” 7930 emitida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que afecta los productores agrícolas que almacenaban más del 5% de su cosecha de soja que “ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad”.

Según explicó el BCRA resolvió por medio de la Comunicación “A” 7930, emitida el 28 de diciembre de 2023 la prórroga hasta el día 30 de junio de 2024, de las disposiciones previstas en las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito” y sobre “Política de crédito”, referidas a la tasa mínima para financiaciones en pesos a clientes con actividad agrícola.

“La resolución comunicada encarece 20% la tasa de interés a los productores que tengan más de un 5% del stock de soja sin liquidar. Por lo tanto, hasta el 30 de junio de 2024, la tasa nominal anual de interés compensatorio de las financiaciones de entidades financieras en pesos, cualquiera sea la forma de instrumentación, a clientes con actividad agrícola inscriptas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) de AFIP en carácter de ‘Productor’ con acopio de su soja, será como mínimo el 120% de la última tasa de Política Monetaria publicada, señala el BCRA en su disposición”, precisó el correntino.

Además, Aguirre indicó que con su proyecto se busca garantizar la igualdad ante la ley y las oportunidades para todos los productores agrícolas, evitando así posibles discriminaciones injustas.

Según el diputado, “es imperioso dejar sin efecto una norma de carácter inferior como la Comunicación “A” 7930, que vulnera los principios fundamentales de nuestra Constitución”, y afirmó: “No podemos permitir que se discrimine a los productores por ejercer su derecho a utilizar la soja como insumo en sus actividades agropecuarias”.

El proyecto cuenta también con la firma de los diputados radicales Gabriela Brouwer De Koning, Roberto Sánchez, Jorge Rizzotti y Pedro Galimberti.

1082-D-2024

Quieren crear una Agencia Federal contra el Narcotráfico en Argentina

La iniciativa fue presentada por el diputado correntino Manuel Aguirre y tiene como objeto fortalecer la lucha integral contra las drogas.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) presentó un proyecto de ley por el cual se propone crear la Agencia Federal Contra el Narcotráfico (AFECONAR) en Argentina. La iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la lucha integral contra el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.

El proyecto de ley establece que la Agencia Federal Contra el Narcotráfico, que dependerá del ministro de Seguridad, tendrá potestades de inteligencia necesarias para llevar a cabo su labor, coordinando con diversas entidades estatales y provinciales para garantizar la eficacia en la lucha contra el narcotráfico. Además, se prevé la creación de estructuras especializadas y la capacitación constante del personal para adaptarse a las exigencias cambiantes de este desafío. También contempla la colaboración con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso Nacional y otras instituciones relevantes para promover una acción coordinada y efectiva en la lucha contra el narcotráfico.

La Agencia también deberá Identificar y desmantelar laboratorios clandestinos y otros centros ilegales de procesamiento, fraccionamiento, empaquetamiento y distribución de narcóticos; además de coordinar la aplicación de políticas, estrategias y acciones para el control del uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con las distintas dependencias del Estado a nivel nacional, provincial e internacional.

“Se propone la creación de esta agencia como una respuesta eficaz de la sociedad ante el delito que pone en riesgo el estado de derecho en nuestro país”, explicó Aguirre, quien remarcó la importancia de combatir la economía del delito y cerrar los grifos del dinero para disminuir el mercado ilegal de drogas.

El proyecto lleva también la firma del presidente de bloque radical, el diputado Rodrigo de Loredo.

Proponen un proyecto para evitar pérdidas por la inflación en el sistema SUBE

La iniciativa plantea una modificación en las cargas de los usuarios, al incorporar Unidades de Viaje, que no podrán ser alteradas por actualizaciones tarifarias. 

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR) presentó un proyecto de ley que propone transformar por completo el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y brindar una mayor protección a los usuarios. La iniciativa plantea “cambios significativos que traerán beneficios tangibles para los ciudadanos y mejorarán la eficiencia del sistema”, aseguró. 

El correntino consideró que “es hora de dejar atrás el antiguo sistema de carga en pesos de la SUBE, que perjudica a los usuarios al no compensarlos por la alta inflación del país”. 

En este sentido, el proyecto establece que “el sistema SUBE registrará las cargas que los usuarios realicen en Unidades de Viaje, las cuales no se verán modificadas por futuras actualizaciones tarifarias. Esto evitará que los usuarios pierdan valor por la inflación y los cambios en las tarifas.

El texto indica que la autoridad de aplicación deberá garantizar que la recarga en UV sea accesible a través de medios electrónicos, billeteras virtuales, tarjetas de crédito y dispositivos móviles. Se suscribirán los convenios necesarios para facilitar estas opciones de recarga.

El legislador radical enfatizó que estos cambios no sólo protegerán a los usuarios, sino que “también fomentarán la justicia y la universalidad de los beneficios otorgados por el sistema SUBE”. “Nuestro objetivo es asegurar que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, puedan disfrutar de un transporte público eficiente y equitativo”, afirmó.

Y completó: “Este proyecto marca un paso importante hacia la modernización y mejora del sistema SUBE, brindando una experiencia más justa y conveniente para todos los usuarios del transporte público en Argentina”. 

Diputado radical exige explicaciones por irregularidades en el millonario contrato de seguros de la ANSeS

El correntino Manuel Aguirre presentó un pedido de informes y advirtió que en caso de confirmarse las denuncias se deberán “tomar las medidas necesarias para establecer responsabilidades”.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR) presentó un proyecto con el objetivo de esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas en relación al contrato de seguros de la ANSeS con Nación Seguros S.A.

“Es necesario esclarecer por qué Nación Seguros S.A. estableció una alícuota mayor al promedio del mercado y por qué la ANSeS aceptó esta diferencia. Debemos asegurarnos que los recursos de los jubilados y pensionados sean utilizados de manera responsable y en beneficio de ellos. Es nuestro deber como representantes del pueblo investigar a fondo estas presuntas irregularidades y, en caso de confirmarse, tomar las medidas necesarias para establecer responsabilidades”, señaló el legislador.

A través de un proyecto de resolución, el correntino requiere una copia fiel del contrato y una explicación clara de cómo se llevó a cabo su adjudicación. Al mismo tiempo busca obtener información detallada sobre el contrato en cuestión y las posibles anomalías asociadas.

El radical destacó que el objetivo principal de esta solicitud “es garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y proteger los intereses de los ciudadanos más vulnerables”. Se requieren detalles sobre los términos y condiciones del contrato suscripto entre la ANSeS y Nación Seguros S.A. para evaluar su legalidad y transparencia; y explicaciones sobre las comisiones abonadas y los productores involucrados en el proceso de contratación.

Aguirre expresó su preocupación por la posible afectación de los recursos destinados a los jubilados y pensionados, y subrayó la importancia de investigar a fondo estas denuncias. “Es nuestro deber salvaguardar los fondos de los ciudadanos más vulnerables y garantizar que se utilicen de manera transparente y eficiente. No podemos permitir que presuntas irregularidades pongan en riesgo su bienestar”, subrayó.

Diputado radical repudió a Milei por el acto discriminatorio hacia las personas con síndrome de Down

Varios legisladores habían repudiado el hecho a través de X: El diputado radical Manuel Aguirre presentó un proyecto de declaración.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) presentó un proyecto de declaración para expresar rechazo al “acto discriminatorio” cometido por el presidente de la Nación, Javier Milei, hacia las personas con síndrome de Down en redes sociales.

“Lo que hizo Javier Milei dando ‘me gusta’ a una imagen editada del (gobernador) Nacho Torres es grave”, señaló.

Del mismo modo, afirmó que “expresamos el rechazo al acto discriminatorio del presidente hacia las personas con síndrome de Down. ¡La discriminación y la estigmatización son inadmisibles!”.

En medio del conflicto entre Nación y la provincia de Chubut, el presidente le dio “me gusta” a una publicación ofensiva en redes donde la imagen del gobernador fue alterada para simular los rasgos faciales de una persona con Síndrome de Down. Varios legisladores repudiaron el hecho.

Diputado radical le reclama al Gobierno que presente “un plan de estabilización”

“Van 50% de inflación acumulada en dos meses”, exclamó el correntino Manuel Aguirre, quien también pidió por el proyecto de Presupuesto. 

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR-Corrientes) consideró que “es de urgencia que el Gobierno presente un plan de estabilización y al mismo tiempo incentive la producción”. “¡Van 50% de inflación acumulada en los últimos 2 meses”, exclamó y señaló que el Ejecutivo “debe enviar al Congreso el Presupuesto 2024 que refleje ajustes y el rumbo de su plan”. 

Por otro lado, cuestionó el documento publicado por la expresidenta Cristina Kirchner, al opinar que “más que un intento de explicar la crisis, esto es un ‘yo no tuve nada que ver’, que a los argentinos nos molesta y duele”. ”Es una falta de respeto que Cristina Fernández de Kirchner aparezca con soluciones mágicas luego de ser vicepresidenta de uno de los peores gobiernos de la historia”, agregó. 

En tanto, sobre la denuncia de radicales para que se investiguen las acusaciones del presidente Javier Milei sobre “pedido de coimas”, el correntino apuntó que “las graves acusaciones del presidente, que involucran a legisladores, no pueden quedar en una simple entrevista. Por eso, fuimos a la Justicia para que investigue los mencionados delitos. Ante una acusación tan grave debería ser citado por la Justicia como testigo y dar a conocer pruebas contundentes por las cosas que dijo”.

“Queremos que se investigue y salga a la luz todo lo que acusa el presidente. Solo así sabremos la verdad”, dijo Aguirre.

Además, el secretario general del bloque de la UCR afirmó que salir de la crisis “sólo es posible con acuerdos básicos, avanzando hacia un país productivo y sobre todo sin corrupción”.

 

Diputado correntino criticó la quita de subsidios al transporte

El radical Manuel Aguirre dijo que “es cierto que hace falta un equilibrio fiscal, pero no a cualquier costo”.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR) cuestionó la quita de subsidios al transporte del interior por parte del Gobierno nacional. “A nosotros es una de las provincias que más nos afecta, tenemos el pasaje a 560 el mínimo”, apuntó el correntino.

“(Javier Milei) tiene como mira lo económico y lo material, y no se da cuenta que está el ser humano. Es cierto que hace falta un equilibrio fiscal pero no a cualquier costo”, expresó.

Además, el radical comparó que La Libertad Avanza y el kirchnerismo “son parecidos porque uno está en un extremo y el otro en el otro extremo, las puntas se juntan, son muy parecidos”.

Por otro lado, respecto de la votación en contra de distintos incisos de la ley de Bases, antes de su vuelta a comisión, el secretario general del bloque UCR afirmó que lo sorprendió estar en la lista de “traidores” que difundieron desde la Oficina de Prensa del presidente, y señaló que Milei “o está equivocado en su raciocinio o debería ser actor antes que ser presidente”.

“Yo voté, salvo el artículo 2, porque como abogado y técnico no puedo avalar eso. En cuanto a facultades y emergencias yo voté sin ningún problema. Estoy dispuesto a ayudar para dar todo lo que necesite la Argentina, pero también decirle (al Gobierno) lo que no es correcto, como iba a decir como miembro informante de ‘no a las privatizaciones’”, relató Aguirre al programa Los Invasores de Santa Clara del Mar que conducen Cristina Huber y Francisco Vera Rojas.

El correntino observó que el presidente “se enteró de esto porque para la votación antes del artículo 7, que íbamos a tratar, veía que las privatizaciones no iban a salir de la manera y forma que ellos querían”.

“Yo comparto las privatizaciones, creo en la actividad privada, pero pedíamos un control a través del Congreso porque hoy por YPF nos reclaman 16 mil millones de dólares, precisamente porque el ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) hizo este tipo de estatización de cualquier forma y esto no hay que permitírselo a ningún mandatario”, agregó.

 

Enfático rechazo de Aguirre contra la propuesta de delegación de poderes

“Si delego mis facultades, en el fondo estoy renunciando a mi cargo”, sentenció el legislador radical.

El diputado nacional por la provincia de Corrientes Manuel Aguirre emitió un enérgico llamado a la defensa de la democracia y el rechazo a la propuesta de delegación de poderes presentada por el Poder Ejecutivo Nacional. En un editorial publicado recientemente, el diputado Aguirre expresó su preocupación por los intentos de concentrar un “poder desmesurado” y poner en riesgo los principios fundamentales de nuestra república.

“No consiento la delegación de funciones, ni por un tema, ni por un día. Si delego mis facultades, en el fondo estoy renunciando a mi cargo”, expresó Aguirre.

En su comunicado, el legislador correntino resaltó la importancia de la división de poderes y la protección de los derechos del pueblo argentino. “Creo en la división de poderes, en la república y en el federalismo”, afirmó. Además, hizo un llamado a sus colegas legisladores para mantenerse firmes en su compromiso de defender la Constitución y cumplir con su responsabilidad institucional.

Sr. Presidente: Usted no tiene legitimidad para intentarlo

Una advertencia sobre las propuestas impulsadas por Javier Milei que se presenta como un ferviente defensor del liberalismo, pero propone un país descristianizado y centralizado, cambios que carecen de legitimidad por parte de sus votantes.

Por Manuel Aguirre

En medio del caos político y económico que azota a Argentina, es necesario analizar con mayor detenimiento las propuestas del entonces candidato Milei y su impacto en nuestro país. Si bien se entiende la necesidad de adoptar medidas drásticas para enderezar la economía, resulta alarmante la forma en que estas propuestas se extienden más allá de lo económico, generando consecuencias negativas en otros aspectos fundamentales de nuestra sociedad.

El cierre de empresas deficitarias y la simplificación de trámites aduaneros pueden ser medidas razonables para revitalizar la economía. Sin embargo, al arancelar la Universidad para extranjeros y alterar el sistema de elección de diputados nacionales, favoreciendo a las zonas más pobladas en detrimento de las provincias alejadas, se evidencia una falta de legitimidad. Estas propuestas no cuentan con el respaldo de la mayoría que se expresó en las últimas elecciones.

Pero las preocupaciones no terminan ahí. Las reformas laborales propuestas, que mayoritariamente favorecen a los empleadores, y la idea de internación compulsiva para presuntos insanos, plantean serias dudas sobre el rumbo que se pretende imponer en nuestra sociedad. Estas medidas transformarían nuestra realidad social en algo que nunca fue debatido ni sometido a consulta popular.

Además, la propuesta de divorcio sin tribunales y sucesiones solo con escribanos, además de facilitar maniobras fraudulentas, resultarían inaplicables y erosionarían el significado mismo del matrimonio.

Detrás de estas propuestas se esconde un presidente que se presenta como un ferviente defensor del liberalismo económico, pero en realidad lo que se propone es un país descristianizado y centralizado, donde la lógica del mercado es el único motor del progreso. Se desdibujan los valores históricos, el federalismo y la importancia de la familia.

La UCR, como partido tradicional, defiende estos valores fundamentales y rechaza las ideas postmodernas que han demostrado, en la historia y en el mundo, que cuando el dinero y el lucro se convierten en los motores del progreso, se crea una sociedad egoísta, carente de sentido de pertenencia y comunidad. No deseamos una Argentina sin corazón, sin alma ni moral.

Una crisis económica no justifica borrar nuestra historia y aspirar a ser un mero ducado como Luxemburgo, donde grandes fortunas tienen sede, pero no se genera nada.

Hoy lanzo una advertencia contundente: si estas propuestas se imponen, es muy probable que el Presidente Milei busque una reforma constitucional para blindarse de posibles retrocesos. Será inevitable. Además, la ostentación de su estudio de la Torá y las menciones religiosas son meras estrategias para imponer un esquema postmoderno que diluye las contradicciones, prometiendo un paraíso liberal con beneficios ficticios, mientras menosprecia al ser humano real, que debería ser el auténtico destinatario de la política, la economía y todas las acciones humanas.

Señor Presidente, los cambios que busca implementar no fueron discutidos durante el proceso electoral y, por lo tanto, carecen de legitimidad por parte del 56% de los votantes que lo respaldaron. Jamás tuvo la honestidad de exponer claramente, como candidato, que su objetivo era una reforma política antifederal.

Hoy, marco un límite. Espero que tenga la prudencia de no intentar rebasarlo.

La Justicia, garante final de la democracia

Por Manuel Aguirre, diputado nacional por Corrientes. El autor resalta el compromiso de su partido a proteger esta democracia, defendiendo la independencia del Poder Judicial como garantía de la República.

Hace poco conmemoramos los 40 años del retorno a la democracia en Argentina, tras las elecciones que consagraron al Dr. Raúl Alfonsín como presidente, quien nos dejó una valiosa lección sobre la importancia de la independencia del Poder Judicial y la composición de una Suprema Corte de Justicia imparcial.

Durante los gobiernos iniciados en 2003 por los presidentes Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández, la Corte Suprema de Justicia actuó como un contrapeso frente a arbitrariedades y abusos de poder.

Es por ello que, en repetidas ocasiones, se intentó reformar el sistema judicial, incluso logrando la aprobación de una ley que posteriormente fue declarada inconstitucional.

Ahora, se ha adoptado una nueva estrategia, inventando un juicio político contra los miembros de la Corte con acusaciones tan débiles que incluso el propio candidato a presidente del oficialismo afirmó desconocer.

Si las acusaciones fueran reales y concretas, todos estaríamos al tanto de ellas. Esto evidencia la falta de fundamentos en el procedimiento.

El triste ejemplo de Venezuela nos muestra cómo la decadencia de un país puede comenzar con la manipulación del sistema judicial.

Recordemos la imagen grotesca e inquietante de más de 20 miembros de la Suprema Corte de Justicia aplaudiendo la entrada de Hugo Chávez en la Asamblea.

¿Cómo se debieron sentir los ciudadanos ante esa demostración de poder absoluto? ¿A quién podían recurrir en busca de justicia? El drama venezolano lleva más de 25 años y aún continúa.

Es fundamental recordar que el Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema de Justicia, es la última garantía que tiene cada ciudadano en cuanto a su seguridad personal, sus bienes y su futuro. Un sistema judicial fuerte puede resistir actitudes autoritarias por parte de los presidentes o leyes promulgadas por un poder legislativo adicto, ya que cualquier acto o ley contraria a la justicia puede ser anulada por una sentencia cuyo cumplimiento es obligatorio.

La Unión Cívica Radical se compromete a proteger esta democracia, defendiendo la independencia del Poder Judicial como garantía de la República. Estaremos vigilantes ante cualquier intento de colonización por parte del poder ejecutivo, sin importar quién sea el próximo presidente.

La imparcialidad y la integridad del sistema judicial son pilares esenciales para preservar la República y asegurar que ningún poder se sobrepase en perjuicio de los derechos y la libertad de los ciudadanos.

La UCR se mantendrá firme en la defensa de la justicia y la separación de poderes, evitando así que la historia de otros países se repita en nuestra nación.

Presentan un proyecto de ley para fortalecer la protección animal

La iniciativa obedece a una preocupación del diputado Manuel Aguirre por los actos de maltrato y crueldad que persisten en la sociedad.

El diputado nacional por Corrientes Manuel Aguirre (UCR) presentó ante el Congreso de la Nación Argentina un proyecto de ley destinado a reformar la Ley N°14.346 de Protección a los Animales.  La propuesta busca establecer modificaciones significativas para promover un trato justo y respetuoso hacia los animales en el país.

El legislador correntino de la UCR expresó su preocupación por los actos de maltrato y crueldad que aún persisten en la sociedad. En sus propias palabras, afirmó: “Es nuestra responsabilidad como legisladores y como sociedad garantizar la protección de los animales, reconociendo su sensibilidad y dignidad”.

Una de las principales modificaciones propuestas en el proyecto de ley es la ampliación de las penas para aquellos que cometan actos de maltrato animal. El diputado Aguirre subrayó: “Buscamos que la ley refleje la importancia de castigar de manera adecuada a quienes infligen sufrimiento a los animales, elevando las penas tanto para actos dolosos como para actos de crueldad”.

El proyecto de ley también contempla la inclusión de nuevos actos que serán considerados como maltrato animal, como la falta de alimentación adecuada, el trabajo excesivo sin descanso adecuado y el uso de animales en actividades públicas o privadas que impliquen violencia hacia ellos.

En línea con los avances científicos y los debates sobre el bienestar animal, el diputado Aguirre destacó: “Es fundamental reconocer que los animales no humanos tienen capacidad de sentir y experimentar estados afectivos. Por tanto, debemos legislar en consecuencia, protegiendo su integridad física y psíquica”.

El proyecto de ley también contempla medidas cautelares para proteger a las víctimas de maltrato animal de manera inmediata, así como la imposición de multas significativas cuyos fondos se destinarán a entidades protectoras de derechos de animales.

El diputado Aguirre concluyó su presentación expresando su confianza en que la propuesta será analizada y debatida en el Congreso, con el objetivo de fortalecer la protección animal en Argentina y sentar las bases para una sociedad más justa y respetuosa con todos los seres vivos.

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Democracia en riesgo: una propuesta irresponsable de Milei

Por Manuel Aguirre. El diputado de JxC cuestiona el pedido que hizo el candidato presidencial de La Libertad Avanza a Sergio Massa de no enviar el Presupuesto 2024 al Congreso y expresa que “su función es garantizar que se cumplan las leyes”.

En los últimos días, hemos sido testigos de una flagrante violación del imperio de la ley por parte de políticos que deberían ser los garantes de la democracia y el respeto a las instituciones. Y es que Javier Milei ha propuesto, sin ruborizarse, que el ministro de Economía retarde la presentación del presupuesto hasta después de las elecciones. ¿Qué pasa con la ley de Administración Financiera, que establece que el presupuesto debe ingresar a la Cámara de Diputados como máximo el 15 de septiembre próximo? ¿Eso no es importante?

Esta propuesta viene de alguien que es candidato a presidente de la Nación, pero que además es diputado nacional en ejercicio. Pareciera ser que se ha olvidado de que su función es precisamente representar al pueblo y garantizar que se cumplan las leyes. Pareciera ser qué a él y su partido no les importa esto y solo están dispuestos a violar la ley y a despreciar la democracia para alcanzar sus objetivos políticos.

Este tipo de propuestas no son nuevas en la política argentina. Hemos visto cómo los políticos utilizan la ley como un paño de cocina, twitteando y haciendo girar los datos para justificar sus propios intereses. Esta propuesta, disfrazada de estrategia política, es diferente y nos hace recordar los oscuros tiempos de la dictadura, cuando los golpes militares comenzaban con una violación del orden republicano. Es una llamada de atención que no podemos ignorar.

Esto es un ataque a la misma esencia de la democracia, la cual se basa en el respeto y en el principio de que todos somos iguales ante la ley. Cuando los políticos la comienzan a violar con impunidad, se establece un precedente peligroso. ¿Qué garantías tenemos de que no seguirán violando la ley en el futuro? ¿Qué garantías tenemos de que no se convertirán en una nueva dictadura?

Es hora de que los ciudadanos argentinos despierten y se den cuenta de lo que está en juego. Esto no es solo una cuestión de política, es una cuestión de principios y valores. La democracia no es una burocracia, es un sistema que se basa en el respeto a la ley y en la participación ciudadana. Si permitimos que los políticos violen la ley con impunidad, estamos poniendo en peligro la propia existencia de nuestra democracia.

Es hora de tomar partido. No podemos permitir que los políticos jueguen con la ley y con la democracia. Debemos exigir que se cumplan las leyes y que se respeten los principios de la democracia. Si no lo hacemos, seremos cómplices de la destrucción de nuestra democracia.

Aguirre propone una defensoría especializada para las fuerzas de seguridad

El proyecto busca garantizar el derecho a la defensa y acceso a la justicia para los miembros de estas fuerzas en casos individuales y colectivos.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la creación de una defensoría técnica y especializada para el personal de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias en Argentina. El objetivo es garantizar el derecho a la defensa y acceso a la justicia para los miembros de estas fuerzas en casos individuales y colectivos.

El proyecto de ley propone la creación de una defensoría técnica y especializada para el personal de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias, que brindará asistencia jurídica y técnica a los miembros de estas fuerzas en casos individuales y colectivos. La defensoría estará a cargo de un equipo de profesionales especializados en la materia, que serán seleccionados a través de un registro de destacados profesionales de todas las provincias del país.

Aguirre destacó la importancia de este proyecto de ley para garantizar los derechos de los miembros de las fuerzas de seguridad: “Es fundamental que los miembros de las fuerzas de seguridad tengan acceso a una defensa técnica y especializada, que les permita hacer valer sus derechos y garantías constitucionales en casos individuales y colectivos”.

El proyecto de ley también establece que la defensoría técnica y especializada estará financiada por el Estado, a través de un fondo especial que se creará para este fin. En este sentido, Aguirre destacó la importancia de garantizar la financiación de la defensoría: “Es fundamental que el Estado garantice la financiación de esta defensoría, para que pueda cumplir con su función de garantizar los derechos de los miembros de las fuerzas de seguridad”.

Además, Aguirre destacó la importancia de garantizar la continuidad del servicio que brinda la defensoría técnica y especializada: “Es fundamental que esta defensoría tenga una estructura sólida y sostenible en el tiempo, que garantice la continuidad del servicio que brinda a los miembros de las fuerzas de seguridad”.

El proyecto de ley fue acompañado por los diputados nacionales Jorge Vara, Natalia Silvina Sarapura, Lidia Inés Ascarate, Víctor Hugo Romero, Carlos Raúl Zapata, Alberto Asseff y Pablo Torello, quienes destacaron la importancia de garantizar el acceso a la justicia para los miembros de las fuerzas de seguridad.

El peligro de los presidentes títeres en Argentina

Por Manuel Aguirre. En un sistema constitucional que no admite una división del poder presidencial ni que este derive de otra fuente que no sea la voluntad del pueblo, la figura del presidente debe surgir con poder propio.

El sistema político argentino se encuentra en un momento de crisis y confusión. En medio de una gestión presidencial cuestionada y un contexto socioeconómico difícil, surgen candidatos que prometen un futuro mejor, a pesar de que el presente es doloroso para muchos ciudadanos.

¿Por qué lo hacen? La respuesta es clara: buscan el poder. Pero la forma en que lo buscan es preocupante. Se someten a presiones de distintos sectores, cambian su discurso según el auditorio y se muestran dispuestos a complacer a quienes los sostienen, aunque esto signifique traicionar sus ideales y comprometer su independencia.

Esto no es nuevo en la política argentina. Pero es peligroso. En un sistema constitucional que no admite una división del poder presidencial ni que este derive de otra fuente que no sea la voluntad del pueblo, la figura del presidente debe surgir con poder propio, no impuesto por una tercera persona por más prestigio o pasado que tenga.

La política se ha convertido en una carrera cortoplacista por el poder, donde las promesas son a menudo vacías y las soluciones rápidas y superficiales. Esta falta de un proyecto político sólido y coherente ha llevado a la fragmentación y la polarización del espectro político y ha generado una sensación de desorientación e incertidumbre en la sociedad.

El ejemplo del presidente actual es claro. Llegó al poder con votos no propios y su gestión ha sido cuestionada desde el comienzo. Ha demostrado ser un presidente débil y con poder diluido, que debe decir lo que otro le dicta y que no puede ejercer el cargo en plenitud. Esto solo genera una espiral descendente y mayores daños para la sociedad.

En este contexto, es fundamental que surjan líderes que sean capaces de inspirar confianza y compromiso en la sociedad, y que estén dispuestos a trabajar por el bien común más allá de sus intereses personales o partidarios. Se necesitan líderes con visión de futuro, capaces de pensar en el largo plazo, de formular políticas públicas efectivas y de tomar decisiones difíciles en momentos críticos.

Es tiempo de cambiar de ventrílocuo, no de muñeco. La historia nos ha dado muchos ejemplos de gobiernos títeres. La realidad termina por imponerse y, cuanto más se haya fingido, mayores serán las consecuencias.

Es necesario que los ciudadanos argentinos reflexionen sobre esto y exijan a los candidatos que se presenten con poder propio, que defiendan sus ideales y que no se sometan a presiones y compromisos que puedan afectar su independencia. Solo así podremos tener un sistema político más sólido y justo para todos.

Prioridades invertidas

Por Manuel Aguirre. El legislador radical correntino compara las actitudes expuestas en materia legislativa por ambas cámaras. Mientras una busca avanzar con alquileres, en la otra se intenta dar luz verde a una jueza.

La política es una actividad que debería estar al servicio del pueblo; sin embargo, en ocasiones parece que los intereses personales de los políticos están por encima de las necesidades colectivas. Y esto es precisamente lo que está sucediendo en estos momentos en el Senado de la Nación.

Mientras que la Cámara de Diputados se prepara para tratar el tema urgente de la ley de alquileres en una sesión programada para el próximo mes, en el Senado se busca otorgar un nuevo acuerdo a la Juez Ana María Figueroa en una clara maniobra para favorecer intereses personales. ¿Dónde quedan las necesidades del pueblo?

Es lamentable que, ante la posibilidad de un cambio en la composición del Senado después de las elecciones, la vicepresidente se apresure a otorgar un acuerdo a una juez que cree que la favorecerá. ¿Acaso la economía en crisis y la proximidad de las elecciones no deberían ser prioridades más importantes?

Es evidente que esta impostura de apariencia veraz queda al descubierto, y que solo se busca resolver casos personales alejándose de las necesidades colectivas. ¿Qué ha pasado con el liderazgo que se sacrificaba por el pueblo?

Los políticos deberían estar al servicio del pueblo, y no al revés. La verdad siempre es mejor que una mentira con apariencia agradable. Solo aceptando la verdad se puede realizar acciones positivas que mejoren la situación. El pueblo tiene que conocer cuáles son las prioridades de las personas que se postulan para representarlos.

El pueblo tiene ahora a la vista cuáles son las prioridades de las personas que se postulan para representarlos. A 40 años de la recuperación de la democracia como forma de gobierno, es lamentable constatar que la política sigue siendo una actividad en la que los intereses personales están por encima de las necesidades colectivas. Es hora de que los políticos recuerden que su deber es servir al pueblo y no a sí mismos.

Aguirre apoyó la fórmula Larreta – Morales

El legislador correntino explicó las razones por las cuales inclinó su respaldo para las elecciones primarias.

El diputado nacional Manuel Aguirre analizó la composición del binomio que, dentro de la interna de Juntos por el Cambio (JxC), postula a Horacio Rodríguez Larreta a la presidencia y a Gerardo Morales como vice y opinó que “el  país necesita hombres con capacidad y experiencia para gobernar”.

“Estoy convencido de que hay dos hombres que reúnen los requisitos necesarios para sacar adelante el país y ellos son Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales”, precisó el legislador correntino.

Destacó que “Larreta ha construido una ciudad que está entre las ocho mejores del mundo, una ciudad pujante a la cual él le dio el envión necesario para lograr ese récord”.

En tanto, señaló que “Morales recibió una provincia quebrada en lo institucional, económico y en su ética. Morales lo ha dado todo revirtiendo la situación y generando riqueza para esa provincia”.

Alquileres: prometen buscar soluciones para la crisis inmobiliaria en la discusión de la ley

Así lo expresó el diputado radical Manuel Aguirre, quien habló de la necesidad de lograr un consenso respecto del término de duración del contrato.

El legislador correntino Manuel Aguirre anticipó que buscarán cambios radicales en la Ley de Alquileres para garantizar una planificación razonable de las partes y evitar graves perjuicios por la aceleración inflacionaria. La discusión se llevará al recinto del Congreso el próximo 23 de agosto.

El diputado nacional anticipó que participará activamente en la próxima sesión del 23 de agosto en la que se discutirá la ley de alquileres. En este sentido, el legislador correntino destacó la importancia de abordar los dos temas centrales de la discusión como el término de duración del contrato y la fórmula de ajuste del precio.

“Es fundamental llegar a un consenso en torno al término de duración del contrato, siendo que el término anterior de dos años parece ser el más adecuado por tradición y usos de nuestro país, permitiendo una razonable planificación de las partes”, afirmó Aguirre.

En cuanto a la fórmula de ajuste del precio, el diputado Aguirre señaló que “por efecto de la aceleración inflacionaria, debería ser semestral o cuatrimestral para evitar un grave perjuicio a una parte sin que la otra resulte tampoco beneficiada, debiendo utilizarse en ambos casos una fórmula que acompañe la inflación, aunque no sea un índice directo”.

El tema de la ley de alquileres es de gran interés para una gran parte de nuestra sociedad, debido a la falta de planificación en la construcción de nuevas viviendas, y el aumento de la población que amplía el déficit habitacional.

“Resulta urgente solucionar la distorsión de la ley vigente y generar políticas públicas a futuro para resolver definitivamente la cuestión”, cerró el diputado de la UCR.

Créditos UVA: un respiro para quienes adquirieron préstamos hipotecarios

Por Manuel Aguirre. El diputado nacional por Corrientes sostuvo que la aprobación en Diputados representa un paso en la dirección correcta para proteger a los ciudadanos que han sido perjudicados por la crisis económica.

El pasado 5 de julio, en la Cámara de Diputados de la Nación aprobamos una serie de beneficios para los créditos por unidad de valor adquisitivo, conocidos como créditos UVA. Esta iniciativa es un paso importante para ayudar a las personas que adquirieron créditos hipotecarios en UVA y que se han visto afectadas por la inflación y la devaluación del peso.

Uno de los beneficios más importantes del proyecto es que el valor de la cuota no puede superar el 30% de los ingresos del deudor. Esta medida busca evitar el sobreendeudamiento de los ciudadanos y garantizar que el pago de las cuotas sea sostenible en el tiempo.

Otro beneficio significativo es la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito. Esta medida protege a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad y les da un respiro en momentos de dificultades financieras.

Además, el proyecto establece que aquellos ciudadanos alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos. Esta medida alivia la carga impositiva de los ciudadanos y les da un margen mayor para afrontar el pago de sus cuotas.

Asimismo, los deudores de créditos UVA podrán vender su propiedad y el crédito existente. Esta posibilidad les brinda una alternativa en caso de que no puedan hacer frente al pago de las cuotas y necesiten salir de la situación de endeudamiento que enfrentan.

El proyecto fue remitido al Senado y se espera que sea sancionado próximamente y se convierta en ley. Posteriormente, el BCRA dictará el reglamento y los beneficios deberán ser solicitados por los interesados a la institución que otorgó el crédito.

Es importante destacar que estas medidas representan un paso en la dirección correcta para proteger a los ciudadanos que han sido perjudicados por la crisis económica que atraviesa el país. Como representantes del pueblo, debemos seguir trabajando en solucionar los problemas de los argentinos y garantizar un futuro mejor para todos.

Conflicto limítrofe con Paraguay: pidieron tratar cuanto antes en comisión un proyecto sobre el tema

Lo planteó el diputado Manuel Aguirre, que reclamó la intervención de Cancillería y el Ministerio de Defensa, para evitar que en situaciones similares se pueda pasar a mayores.

El diputado radical Manuel Aguirre (Corrientes) hizo un pedido de apartamiento de reglamento para permitir el tratamiento de un proyecto de su autoría referido al conflicto que recientemente vivieron pescadores argentinos que fueron interceptados por prefectos paraguayos en la parte argentina del canal de navegación que divide la frontera entre Argentina y Paraguay.

Como no había quórum al momento de plantear la solicitud, se acordó no votarlo, pues de lo contrario se caería toda la sesión, postergándose esa votación para más tarde. Así se hizo cerca de las 17, a mano alzada, pero necesitaba una mayoría especial que no alcanzó y el pedido resultó rechazado.

“Corrientes viene sufriendo constantemente inconvenientes de límites con Paraguay”, precisó el legislador en referencia al episodio vivido el pasado 25 de junio en la zona de Punta Ñaró. “No tienen ningún derecho a ir a pisar nuestro suelo”, aclaró en referencia a los integrantes de la patrulla de Prefectura de Paraguay que intentó detener a los pescadores argentinos, y al rechazar que nuestros compatriotas estuvieran en aguas paraguayas hasta utilizó conocimientos de pesca, en referencia a dónde se pueden encontrar dorados y surubíes.

Aguirre recordó que esa situación no es nueva y se da con la elevación de la marea en torno a la isla Apipé, que es argentina y donde viven 2.500 personas. “Paraguay entiende que esas aguas ya son paraguayas”, advirtió el diputado, señalando que “mañana algún funcionario negligente puede llegar a disparar y vamos a tener grandes problemas”.

Por eso pidió que se trate en comisión lo antes posible su proyecto para crear una comisión administrativa que diga cuáles son los límites de Argentina y de Paraguay, como así también que los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa puedan actual para proteger nuestras fronteras.

Diputado correntino solicita la intervención del Estado Nacional en Punta Ñaró

El radical Manuel Aguirre pidió la intervención de Cancillería en defensa de la soberanía nacional ante el irregular proceder de la Prefectura de la República del Paraguay.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR) presentó un proyecto de resolución por el cual se solicita “poner fin a la incertidumbre con acciones decididas en defensa de la soberanía nacional, creando si se estima necesario una Comisión Administradora como en otros ríos”, ante el irregular proceder de la Prefectura de la República del Paraguay el día 25 de junio pasado con los habitantes argentinos en Punta Ñaró, jurisdicción Ituzaingó, en la provincia de Corrientes.

El radical señaló que “el gobernador de la provincia de Corrientes (Eduardo Valdés) ha formulado un enérgico reclamo que debe ser acompañado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”, ya que “la situación no es nueva y debe concluir, para lo cual el canciller (Santiago Cafiero) debe tomar urgente intervención acordando con las autoridades del vecino país algún sistema de resolución práctica de controversias e imponiendo algún protocolo en la materia”.

En su iniciativa, el legislador de Juntos por el Cambio recordó que “el problema de la libre navegación de los ríos interiores no es reciente en la historia argentina, sino que forma parte de las luchas por la organización nacional durante el siglo XIX”. En ese sentido, mencionó las batallas de Vuelta de Obligado (1845) y Punta Quebracho (1846), que pusieron fin al bloqueo naval en el Río de la Plata impuesto por la armada anglo-francesa y obligaron a las dos potencias militares más importantes de aquella época a firmar la paz con el gobierno de Juan Manuel de Rosas.

Una declaración de “preocupación”

Por su parte, a través de un proyecto de declaración, la diputada Sofía Brambilla (Pro)expresó su “preocupación” por lo ocurrido el pasado domingo en el río Paraná, a la altura de Ituzaingó, entre la Armada paraguaya y unos pescadores correntinos.

Haciéndose eco de la denuncia presentada por el gobernador en conferencia de prensa y para ratificar la soberanía argentina, la legisladora solicitó repudiar las agresiones sufridas por los pescadores de parte de oficiales de la Prefectura General Naval del Paraguay. El hecho ocurrió en inmediaciones de las islas Apipé Grande, Apipé Chico y San Martín, en la zona de Punta Ñaró, donde efectivos de la fuerza paraguaya abordaron a una embarcación de pescadores correntinos con intención de detenerlos en aguas y territorio nacional.

“Como legisladora debo manifestar extrema preocupación ante un claro hecho de violación de la soberanía nacional poniendo en riesgo la seguridad y los derechos de los ciudadanos argentinos”, aseveró la macrista.

Y agregó: “Es mi tarea visibilizar estas cuestiones y llevarlas al recinto para que se tome conocimiento público y se arbitren los medios necesarios para que cese este avasallamiento, que si bien no es la primera vez que tenemos un conflicto jurisdiccional con el país vecino, sí es el caso de mayor gravedad e invasión de libre circulación”.

“Debemos actuar rápidamente y por ello elevamos formalmente ante la Nación y la Cancillería esta situación que estamos viviendo, donde vemos que nuestros derechos como argentinos se ven cercenados y se incumplen acuerdos internacionales”, resaltó.

Brambilla enfatizó que “es necesario que tanto el presidente (Alberto) Fernández como el canciller Santiago Cafiero actúen de inmediato ante la denuncia realizada por parte del gobernador Valdés”.

El proyecto de declaración fue acompañado por sus pares del interbloque Ricardo Buryaile, Marilú Quiroz, Alberto Asseff, Gustavo Hein, Jorge Vara, Gerardo Cipolini, Fabián Borda, Francisco Sánchez y Florencia Klipauka.

En conferencia de prensa, el gobernador Valdés aseguró que el hecho “se trata de una agresión a la soberanía argentina respecto a sus límites y también a la provincia de Corrientes, respecto a la jurisdicción a sus recursos naturales”.

Por eso, el mandatario le pidió a Cancillería que “tome dimensión del problema que está habiendo en ese lugar”, con el objetivo de garantizar “el cumplimiento de los tratados internacionales de la República Argentina que nos permiten navegar libremente el río Paraná”.

Aguirre cuestionó el proyecto de blanqueo propuesto por el Gobierno

El diputado radical consideró que esa iniciativa “no aborda los problemas estructurales del país en materia económica y fiscal”.

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El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR) cuestionó el proyecto de ley de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado, propuesto por el Gobierno Nacional, y apuntó que “la iniciativa no aborda los problemas estructurales del país en materia económica y fiscal”.

Según el legislador, la iniciativa “no soluciona los problemas fiscales del país y solo busca recaudar más dinero en el corto plazo, sin abordar los problemas de fondo que afectan la economía y la sociedad en su conjunto”. Además, señaló que la figura del colaborador o “buchón” y el régimen simplificado para personas físicas “podrían incentivar la delación, la evasión fiscal y la informalidad”.

El correntino subrayó que “se necesitan políticas económicas más amplias y sostenibles en el tiempo para abordar los problemas de fondo del país” y este proyecto “no aborda estas cuestiones”, insistió. “Este tipo de iniciativas no son la solución para resolver los problemas fiscales del país. Se necesita una política económica consistente y sostenible en el tiempo que aborde los problemas estructurales de la economía”, señaló.

En ese sentido, el radical abogó por “la implementación de políticas económicas más integrales y sostenibles en el tiempo que permitan una mayor inclusión financiera y una mayor transparencia en la economía”.

Para el diputado de Juntos por el Cambio, “se necesita una política económica que promueva la inversión, el empleo y el crecimiento económico, y que permita a todos los ciudadanos tener acceso a los servicios financieros y una mayor transparencia en la economía”.

Se constituyó el Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba

Los nuevos integrantes del GPA recibieron al Embajador de Cuba, Pedro Prada Quintero, y a la vicejefa de misión, Dagmara Calzada.

La diputada nacional Alejandra Obeid (FdT – Santa Fe) fue elegida presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con la República de Cuba y diputado Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) resultó electo vicepresidente.

Tras la formalización, Obeid agradeció su designación y destacó la importancia de esta herramienta para fortalecer la relación entre nuestro Congreso y la Asamblea Nacional. A su vez, los diputados presentes comenzaron a diagramar la agenda de trabajo que guiará las actividades del GPA durante este año.

Del mismo modo, los integrantes del GPA recibieron al Embajador de Cuba en Argentina, Pedro Pablo Prada Quintero, junto a la vicejefa de misión, Dagmara Calzada, con quienes hablaron sobre la relación bilateral. El diplomático también compartió con los presentes sus apreciaciones acerca de las recientes elecciones legislativas acontecidas en Cuba.

Otro de los puntos de la agenda de trabajo fue la cooperación educativa. Al respecto, resaltaron las conversaciones bilaterales en curso para promover la utilización de parques tecnológicos en universidades como forma de vincular la producción y el conocimiento, poniendo énfasis en la trasferencia de know how para en sectores estratégicos.

Argentina y Cuba mantienen lazos estrechos que se reflejan principalmente en la interacción de sus sociedades, en la cooperación e intercambio cultural constante, así como también en la pertenencia a espacios multilaterales como la Asociación Latinoamericana de Integración, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (ALADI), la CELAC y las Naciones Unidas.

Dentro de los últimos hitos bilaterales se destacan tanto el acuerdo de cooperación agrícola orientado a propiciar la soberanía alimentaria de Cuba a partir del incremento de su capacidad productiva agroalimentaria, como la reactivación de los vuelos de Aerolíneas Argentinas hacia la isla.

Además de las autoridades designadas, integran el GPA con Cuba los diputados nacionales: Nelly Daldovo, Carlos Heller, Mónica Macha, María Rosa Martínez, Blanca Osuna, Hugo Yasky y Ximena García. Asimismo, participó de la reunión constitutiva el presidente del Bloque del FDT, Germán Martínez, junto al director general de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara baja, Ariel Sotelo.

“Esta es una victoria importante para la seguridad vial en Argentina”

Eso expresó el diputado correntino Manuel Aguirre al celebrar la aprobación de la Ley de Alcohol Cero al volante este jueves en el Senado y remarcó el compromiso para “reducir los accidentes de tráfico en nuestro país”.

manuel aguirre

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) celebró la aprobación en la Cámara de Senadores del proyecto de ley de Alcohol Cero en todo el país por 48 votos a favor y 9 en contra, y destacó que “esta es una victoria importante para la seguridad vial en Argentina”.

La nueva ley establece la prohibición de conducir vehículos con cualquier cantidad de alcohol en la sangre. “Es una medida histórica destinada a reducir los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol”, destacó.

La ley, que ya contaba con media sanción de Diputados, entrará en vigor en los próximos meses estableciendo una tasa de alcohol en sangre de cero para conductores y sanciones más duras para aquellos que conduzcan bajo los efectos del alcohol. Además, se establecerán controles más estrictos y se aumentarán las penas por violar la ley.

“La ley de alcohol cero salva vidas y estamos comprometidos a hacer todo lo posible para reducir los accidentes de tráfico en nuestro país”, expresó el diputado radical coautor del proyecto de ley.

Además, ponderó que la aprobación del proyecto de Alcohol Cero es el resultado del trabajo conjunto de varios sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, fuerzas de seguridad y legisladores comprometidos con la seguridad vial.

De esta manera, Argentina se une a otros países de la región que ya han implementado la ley de alcohol cero, como Uruguay y Paraguay. Los defensores de la ley esperan que la medida tenga un efecto inmediato en la reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el alcohol.

Aguirre presentó su informe anual con más de 150 proyectos presentados

El legislador correntino cumplió su primer año en el Congreso Nacional con iniciativas en materia de incendios, obras públicas y narcotráfico. También tuvo una tarea activa dentro del espacio de Juntos por el Cambio donde presentó la mayoría de los proyectos de coautoría.

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El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) presentó su informe anual de los proyectos trabajados en el Congreso de la Nación Argentina durante el 2022. En total fueron 16 proyectos de autoría del legislador radical, con un trabajo en conjunto además en otros 145 proyectos como firmante co-autor de otros diputados dentro del espacio de Juntos por el Cambio.

“Desde que asumí mi banca como legislador nacional de la provincia de Corrientes me comprometí en luchar cada día y en cada proyecto por los intereses de nuestra provincia y el bienestar del país, sin importar de dónde vengan los proyectos”, manifestó Aguirre.

Las iniciativas centraron sus escritos en las urgencias en materia de incendios y obras públicas para Corrientes. Sin embargo, también el legislador correntino propuso varios proyectos destinados a la seguridad, priorizando el combate contra el narcotráfico.

“A pesar de la última imagen que ha dejado la Cámara baja con dos sesiones fallidas en diciembre, y una tardanza de más de dos meses en la conformación de comisiones, se pudieron llevar a cabo 13 sesiones especiales durante todo el año. Aunque temas de gran importancia para la oposición han quedado sin pasar por el recinto, y otros tanto sin siquiera ser tratados en comisión”, expresó.

El radical integró siete comisiones que son la de Legislación Penal; Educación; Juicio Político; Justicia; Petición, Poderes y Reglamento; Seguridad Interior y Turismo.

Y sentenció: “La grieta la sigue marcando el Frente de Todos respondiendo a los intereses de una vicepresidenta que solo le importa manejar la Justicia. Nuestro trabajo se centrará el año que viene en luchar contra este desmanejo y priorizar el respeto por el federalismo”.

Manuel Aguirre pidió que obras en Ruta 12 y 14 sean incluidas en el Presupuesto 2023

El legislador correntino hizo formal su petición mediante una nota que le presentó al presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Carlos Heller

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El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) presentó una nota que fue entregada al presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista Carlos Heller, solicitando que se trate de manera urgente la inclusión de obras en las Rutas Nacionales 12 y 14 al presupuesto 2023.

La petición centra su atención en el tramo Riachuelo-Saladas de la Ruta Nacional 12, y el tramo N° 8 de la Ruta N° 14, desde la ruta N° 126 hasta el acceso al aeropuerto de Paso de los Libres en la ruta 117.

“Las inclusiones requeridas en el presupuesto 2023 constituye un acto de justicia con relación a la ausencia de proyectos ejecutables en el citado periodo para la Provincia de Corrientes, y a la vez que implicaría salvaguardar las vidas de quienes por ellas transitan”, dijo el legislador correntino.

Además, el diputado radical hizo extensiva una segunda nota formal referida al Presupuesto, en la que se pide el tratamiento del Plan Nacional de Maternidad e infancia por la suma de $ 1.200 millones para la compra de leche; para el programa Incluir Salud se solicitan $ 420 millones; y para el programa Médicos Comunitarios unos. $ 120 millones.

“Lo que estamos pidiendo es una suma de $ 1.740 millones, cuya inclusión y tratamiento en este presupuesto resulta indispensable para la salud pública de nuestra Provincia”, concluyó Aguirre.

Diputado radical presentó un proyecto para que el feriado del 17 de agosto sea inamovible

La iniciativa presentada por Manuel Aguirre tiene como premisa que ese día se puedan “profundizar las enseñanzas y valores predicados por el prócer en las escuelas”.

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El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR-JxC) presentó un proyecto de ley para declarar inamovible al feriado del 17 de agosto, cuando se conmemora el paso a la inmortalidad el General Don José de San Martín.

El radical sostuvo que “esta fecha es la única sanmartiniana que se ubica dentro del calendario escolar, por eso creo que es la única oportunidad que tienen los alumnos y maestros para profundizar los valores del prócer”.

En los últimos años, el feriado mencionado se ha corrido del calendario con fines turísticos. “La fecha que honra al prócer no es respetada. En Corrientes han sido sancionados dos días en el año donde se recuerda al padre de la patria”, señaló el legislador.

La propuesta legislativa fue acompañada por sus pares Gerardo Cipolini, Fabio Quetglas, Fernando Carbajal, Jorge Rizzotti, Lidia Ascárate, Gabriela Lena, Jorge Galimberti, Jorge Vara, Karina Banfi, Gerardo Milman, Carlos Zapata, Ximena García y Mario Barletta.

Suicidios: una problemática a la que el Congreso no es indiferente

La ley de prevención vigente se aprobó en 2015 y tardó 6 años en ser reglamentada. En Argentina, los casos de suicidio en la adolescencia se triplicaron en los últimos 30 años. Proponen que el 10 de septiembre sea una fecha de concientización.

Por José Angel Di Mauro

El 10 de septiembre de cada año se conmemora el “Día Internacional de la Prevención del Suicidio”, instaurado en 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que en abril de este año, la diputada nacional Dina Rezinovsky propuso declarar esa fecha como “Día Nacional de la Prevención del Suicidio”.

La propia diputada del Pro destaca en su iniciativa que en la Argentina el suicidio es la segunda causa de muerte en la adolescencia después de las lesiones de tránsito. Allí puntualiza que un relevamiento de datos muestra que hubo un aumento de las tasas en las últimas décadas en el país entre los adolescentes de 15 a 19 años.

Por eso sostiene Rezinovsky que “esta fecha es un día especial para poder desarrollar diversas acciones para concientizar sobre el tema, entendiendo que la prevención es posible en la mayoría de los casos de suicidio”.

Representante de la Ciudad de Buenos Aires, esta diputada presentó en la misma época una serie de proyectos relacionados con el mismo tema, como una propuesta para crear una Campaña Nacional de Prevención y Concientización del Suicidio, cuyo objetivo es garantizar la concientización sobre el suicidio para su prevención.

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La diputada Dina Rezinovsky propone declarar el 10 de septiembre como Día Nacional de la Prevención del Suicidio.

También ha impulsado un proyecto para crear una línea telefónica gratuita con alcance nacional de tres dígitos para la atención de consultas relativas a riesgo suicida, trastornos de depresión y ansiedad, y que esté disponible las 24 horas todos los días del año.

En el Senado hay también iniciativas relacionadas con el tema suicidios, como la del chaqueño oficialista Antonio Rodas, quien propone adherir al Día Internacional para la Prevención del Suicidio que, como dijimos, se conmemora este 10 de septiembre, bajo el lema “crear esperanza a través de la acción”.

La diputada Claudia Gabriela Márquez (Córdoba Federal) impulsa por su parte una ley general de la Salud y del Código Civil de Salud. En esa ambiciosa iniciativa dedica un título a la prevención del suicidio. En el mismo establece, en el artículo 38, que “la autoridad de aplicación debe coordinar su accionar con las áreas y organismos competentes con incumbencia en la materia, con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Allí propone la capacitación de los recursos humanos en salud y educación para la detección de las personas en situación de riesgo a través de una formación sistemática y permanente; la elaboración de un protocolo de intervención para los servicios del primer nivel de atención de salud y de los de emergencia hospitalaria, y un protocolo de coordinación entre los servicios de salud, la línea telefónica de emergencia y otros ámbitos comunitarios intervinientes, entre otros temas.

Cuidado en los puentes

El diputado radical correntino Manuel Aguirre ha presentado también un proyecto que apunta a los suicidios. Fue en agosto pasado, cuando propuso implementar una protección electrónica en los puentes, para prevenir suicidios.

La propuesta prevé que todos los proyectos ejecutivos de obras públicas cuenten para su aprobación con medidas de prevención de suicidios, por medio de sensores electrónicos o que cumplan ese objetivo.

En los fundamentos de su iniciativa, el legislador correntino señala que el suicidio como un evento premeditado es el modelo imperante en la valoración del fenómeno suicida. “Sin embargo, existe creciente evidencia de que muchas veces el suicidio se desarrolla con mínima planificación”. A esto se denomina “suicidio impulsivo”, término que ya había empleado el sociólogo, pedagogo y filósofo francés Emile Durkheim allá por 1897.

Aunque no existe una definición estandarizada, se incluye como suicidio impulsivo a aquellos en los que entre la ideación y la ejecución del acto median pocos minutos a pocas horas (no hay base empírica para estos puntos de corte). La mayoría de estudios encuentra que los suicidios impulsivos constituyen más de la mitad de todos los intentos de suicidio.

Aguirre pone el ejemplo del Golden Gate, el puente con mayor número de suicidios en el mundo, en cuyo caso los estudios costo/beneficio y las evidencias de estudios de prevención en lugares semejantes han llevado a que este año se instalen finalmente mallas protectoras a los costados del puente. Lo más importante, destaca el legislador correntino, es que luego de las medidas de prevención, los suicidios no se incrementaron en áreas cercanas como podría pensarse: que al cercar un puente, el suicida en potencia reemplazará la alternativa bloqueada por otra, por lo que supuestamente resultaría inútil esa forma de prevención. Inclusive en un seguimiento a los suicidas frustrados del Golden Gate, se halló que posteriormente no más de 10% conseguían el suicidio.

El Golden Gate es el puente con mayor número de suicidios del mundo.

“La frase ‘el suicida está dispuesto a morir’ representa esta creencia estigmatizante pues en realidad la gran mayoría de suicidas se halla ambivalente entre la vida y la muerte, si logran superar la crisis pueden recuperar su deseo de vivir”, destaca el autor del proyecto para instalar elementos de protección en los puentes.

La diputada sanjuanina Susana Laciar (Producción y Trabajo) presentó en agosto pasado un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas a la problemática del suicidio. Quiere saber la diputada de JxC datos estadísticos discriminados por franja etaria; capacitación en los recursos humanos de salud y educación para la detección de las personas en situación de riesgo, a través de una formación sistemática y permanente; planificaciones estratégicas y registros con información estadísticas de los intentos de suicidios y suicidios cometidos, entre otros temas.

Susana Laciar dio datos sobre cantidad de suicidios anuales.

La Ley de Prevención del Suicidio lleva el número 27.130 y data del año 2015. Su objetivo es declarar de interés nacional en todo el territorio de la República Argentina la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio.

Se estableció en tal norma la obligatoriedad de diseño y acción de diversos planteos en procura de reducir la tasa de mortalidad por suicidio.

Atento a ello es que la diputada Laciar señala que con las estadísticas oficiales vistas nos muestran indicadores que, más allá de algunas variaciones, arrojan un promedio en la última década de 3.177 muertes por suicidio al año, de los cuales más del 50% corresponden a adolescentes y jóvenes de hasta 34 años. “Hoy por hoy, en la Argentina, los suicidios constituyen la principal causa de muerte de personas de entre 15 y 24 años, ubicándose en segundo lugar los siniestros viales”, destaca la legisladora sanjuanina, tal cual indica también Dina Rezinovsky.

Su proyecto precisa que a nivel internacional, la tasa de suicidio en nuestro país se ubica en 8,4 por cada 100 mil habitantes, indicador que prácticamente se mantuvo constante durante la última década. La tasa se encuentra por debajo del promedio mundial (9,1), pero por encima del indicador correspondiente a América Latina y el Caribe (6,19). Esto surge de un estudio elaborado por el Banco Mundial que abarcó casi 200 naciones.

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, en 2019 murieron por esta causa 454 argentinos de entre 10 y 19 años.

La diputada María Eugenia Vidal también se ha ocupado del tema en un pedido de informes presentado en junio pasado sobre diversas cuestiones relacionadas con la salud mental. Allí pide conocer, entre otros ítems relacionados con la salud mental un informe detallado sobre la manera como se prevé fortalecer en las provincias la implementación de la ley de prevención del suicidio.

En mayo de 2021, la entonces diputada entrerriana Mayda Cresto propuso para modificar el Código Penal de la Nación, incorporando el artículo 83 bis sobre “instigación al suicidio de una mujer”. Allí establece que “quien instigare a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con prisión de cinco (5) a siete (7) años”.

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Mayda Cresto propuso agravar las penas para instigación al suicidiio de una mujer.

Cabe recordar que el Código Penal reprime el delito de instigación al suicidio con prisión de uno a cuatro años, “si el suicidio se hubiese tentado o consumado”.

En este caso la exdiputada entrerriana señala puntualmente los casos de instigación a la mujer teniendo en cuenta que en el ámbito de la violencia de género el suicidio configura un camino de salida falso para las mujeres que sufren violencia machista. El 80% de la población femenina maltratada ha pensado en suicidarse, mientras que un 64% de ellas lo ha intentado, según estudios internacionales de la materia.

También quieren introducir modificaciones al Código Penal en cuanto a instigación al suicidio dos diputadas radicales: Soledad Carrizo (Córdoba) y Roxana Reyes (Santa Cruz), según las cuales el artículo 83 debería quedar redactado de la siguiente manera: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado. El mínimo de la pena se elevará a cinco (5) años y el máximo a 8 (ocho): 1) cuando la víctima sea menor de edad; 2) cuando la víctima sea una persona gestante; 3) cuando la víctima sea mayor de setenta (70) años de edad”.

La Ley de Prevención del Suicidio

Como hemos dicho, la Ley Nacional 27.130 de Prevención del Suicidio fue aprobada en 2015. Sin embargo tardó años en reglamentarse, al punto tal que en marzo de 2021 la diputada mendocina Claudia Najul (UCR) presentó un proyecto solicitándole al Poder Ejecutivo Nacional proceder a “reglamentar de forma inmediata” esa norma, “por haber transcurrido hasta el momento 67 meses de haberse vencido el plazo legal para hacerlo”.

Seis meses después, el 9 de septiembre de 2021 el Gobierno de Alberto Fernández reglamentó finalmente esa norma. Pasaron así seis años desde su sanción, en abril de 2015.

Entre sus objetivos, la ley establece “el abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio; el desarrollo de acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población; el desarrollo de los servicios asistenciales y la capacitación de los recursos humanos y la promoción de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil a los fines de la prevención, la detección de personas en riesgo, el tratamiento y la capacitación”.

En lo que a asistencia se refiere, la norma dispone que “quien padeció ideaciones y/o conductas suicidas tiene derecho a ser atendido en el marco de las políticas de salud; debiendo priorizarse la asistencia de los niños, las niñas y adolescentes, destacando que la atención, en todos los casos, deberá ser a través de un equipo interdisciplinario, conformado en los términos de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657”.

suicidio tristeza depresion salud mental

Además, indica que las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, así como todos aquellos agentes que brinden servicios médicos, asistenciales a sus afiliados y afiliadas, independientemente de la figura jurídica que posean, deben brindar cobertura asistencial a las personas que hayan realizado un intento de suicidio y a sus familias, así como a las familias de quienes hayan consumado el acto de suicidio; debiendo estas prestaciones comprender la detección, el seguimiento y el tratamiento de acuerdo a lo establecido por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud.

Según datos de 2019 aportados por la OMS, cada año cerca de 800.000 personas mueren por suicidio, siendo la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años; estimándose que por cada adulto que se suicidó, hay otras 20 personas que lo intentaron.

En tanto, estadísticas de UNICEF, publicadas también en 2019, señalan que en Argentina los casos de suicidio en la adolescencia se triplicaron en los últimos 30 años, cifra que ascendió a 12,7 cada 100.000 adolescentes entre los 15 y los 19 años.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría advierten que sostener algunos mitos como que “hablar del tema incrementa el riesgo” o que “los niños no se suicidan”, dificulta la prevención de estos episodios.

“El suicidio no se comprende en sí mismo como una entidad psicopatológica ni se circunscribe a un padecimiento mental; se entiende como un fenómeno multicausal en el que interactúan factores del orden individual, familiar, social y comunitario”, afirma Nora Poggione, médica pediatra, miembro del Comité de Estudios Permanentes del Adolescente (CEPA) de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Proponen que los bienes decomisados por Narcotráfico sean otorgados en propiedad a las provincias

El proyecto del diputado radical Manuel Aguirre, ingresado en la Cámara de Diputados de la Nación, pretende reparar el daño social a las provincias y municipios donde se cause el delito.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) presentó un proyecto de ley que busca reparar el daño social que cause el Narcotráfico en las provincias y municipios donde se lleve a cabo dicho delito.

La iniciativa impulsada por el legislador radical pretende que en todos los casos que se proceda al decomiso de bienes relacionados con el narcotráfico, estos sean otorgados en propiedad a la Provincia con un reparo del 60%, y a los municipios afectados con el restante 40%.

“La regla general de que los bienes pasan a propiedad del Estado una vez decomisados, impide en muchos casos lograr objetivos de reparación del daño real producido por el delito. Entendemos que los bienes decomisados deben servir de reparación para aquellas comunidades donde el daño social se produce”, explicó el Diputado Aguirre.

Cabe señalar que este proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación lleva además la firma como co-autor del ex Juez Federal y diputado por Formosa, Fernando Carbajal.

Aguirre acusó a los gobernadores que proponen ampliar la Corte de un “intento de engaño federal”

El diputado lanzó duras críticas a los mandatarios provinciales que están a favor de llevar el máximo tribunal a 25 miembros y advirtió que “se estaría destruyendo el equilibrio republicano”.

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El diputado nacional Manuel “Colo” Aguirre (UCR) se manifestó en contra de la intención del presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores de impulsar un proyecto de ley que amplíe los miembros de la Corte Suprema en 25 miembros.

“El intento de destruir la Suprema Corte de Justicia haciéndola ‘federal’ y que cada gobernador proponga dos candidatos, es una nueva impostura del Gobierno nacional”, apuntó en un comunicado difundido este lunes.

Para el correntino, “esta nueva impostura, que tiene el apoyo de los numerosos gobernadores oficialistas, no consigue el apoyo del interior; tiene un disfraz de ‘federal’ pues así las provincias participarían del máximo tribunal judicial”.

En esa línea, el legislador de Juntos por el Cambio calificó que “las imposturas son engaños con apariencia de verdad. Demuestran generalmente la debilidad del impostor, quien finge una situación real porque no puede mostrar su verdadero rostro. Todos percibimos que ante el fallido intento del poder político de conseguir impunidad de sus delitos inicia un nuevo camino”.

Así, repasó que “primero quisieron imponer la teoría del ‘lawfare’ o persecución judicial injusta. Cuando advirtieron que muchos jueces fueron designados por ellos mismos en otro tiempo, y viendo que la sociedad no compraba ese discurso, abandonaron esta antigua teoría”.

“Después quisieron apoderarse del Consejo de la Magistratura para ‘disciplinar’ a cualquier juez que se atreviera a ejercer su cargo libremente. Cuando asumieron que esa batalla estaba perdida por un fallo de la Corte, se decidieron a arremeter con ella”, continuó en el escrito.

Para Aguirre, en el oficialismo “lo que olvidan es que nuestro sistema es representativo, republicano y federal. Si se diseña que las provincias designen los miembros de la Suprema Corte, además de hacerlo poco funcional por su número, se estaría destruyendo el equilibrio republicano donde cada poder controla a otro. Y se estaría traspasando todo el poder a los partidos políticos en perjuicio de los ciudadanos”.

“Los partidos colocarían al presidente, a los legisladores y a la Corte. Un poder sin control”, advirtió y consideró que “las excusas para esta nueva impostura son múltiples, pero causan gracia o temor cuando se advierte que todos los gobernadores que lo proponen son del mismo partido”.

El radical observó que “los engaños, aún cuando tengan apariencia de verdad, caen cuando son expuestos. Así los impostores quedan desenmascarados”. “Esos gobernadores que proponen este nuevo sistema no son representantes del federalismo, sino de un partido sumido en la autocracia”, apuntó.

Y criticó que “no representan al interior ni luchan por sus provincias. Luchan sobrevivir a un liderazgo tóxico que solo quiere su salvación, aunque la república desaparezca”. “Defendamos la República”, cerró.

Nuevo impulso al proyecto de alcohol cero al volante 

La propuesta del legislador nacional correntino Manuel Aguirre prohíbe la ingesta de cualquier tipo de bebida alcohólica hasta dos horas antes de conducir.

El diputado nacional del bloque de la Unión Cívica Radical Manuel Aguirre presentó un proyecto de ley que impulsa la sustitución del artículo 48° inc. a) de la ley N° 24.449, siendo el aspecto más destacado la prohibición para conducir habiendo ingerido al menos dos horas antes cualquier tipo de bebidas alcohólicas. 

La iniciativa, catalogada como “Tolerancia Cero”, ya se implementa en ocho provincias de nuestro país y 13 localidades que han adoptado esta medida, obteniendo mejores resultados que la normativa actual que permite el 0,5 de alcohol en sangre.  

“Entendemos que la actual norma que permite el consumo puede resultar muchas veces engañosa, dejando que el conductor sea quien decida hasta dónde puede beber y eso muchas veces termina conspirando con la seguridad vial y ciudadana debido a la irresponsabilidad”, dijo el legislador correntino. 

El proyecto de Aguirre logró el acompañamiento de sus pares Fernando Carbajal, Gabriela Lemos, Alberto Asseff, Lidia Ascarate y Miguel Basse

Diputados correntinos de JxC evalúan llamar a una sesión especial por la situación de su provincia

Los legisladores mantuvieron un encuentro con productores en el que evaluaron posibles medidas que se transformen en proyectos de ley para dar “soluciones urgentes y concretas”.

Los diputados nacionales por Corrientes de Juntos por el Cambio Sofía Brambilla, Ingrid Jetter, Jorge Vara y Manuel Aguirre realizaron un encuentro de trabajo con distintos referentes y productores de la provincia, en el armado de medidas para paliar la catástrofe que se está atravesando, producto de los incendio, y con el objetivo de buscar soluciones urgentes y concretas.

Los legisladores, que lamentaron la “tragedia ambiental, ecológica, productiva y económica” que vive su provincia, apuntan a armar un paquete de leyes y pedir una sesión especial en el Congreso para tratar la problemática, según informó en un comunicado Brambilla.

En el encuentro virtual participaron miembros de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, de los Consejos Veterinarios, especialistas en desarrollo productivo, ambiente y técnicos en materia impositiva.

Al respecto, Brambilla reveló: “Se expuso sobre las pérdidas que ya se han generado en las cinco principales cadenas productivas de la provincia (arroz, citricultura, forestación, yerba mate y ganadería) para trabajar en medidas concretas y urgentes para los correntinos”.

“Los plazos y los tiempos de cada cadena productiva son diferentes, como así las necesidades de cada sector. Hoy poner números a una catástrofe que todavía está sucediendo es imposible”, resaltó la diputada del Pro.

El daño en la provincia litoraleña, albergadora de parques y reservas naturales, es sin precedente alguno. Los incendios de Corrientes arrasaron con casi el 10% de su superficie y las pérdidas se estiman en más de 60 mil millones de pesos. A esto se suma el terrible daño ecológico y ambiental causado en el Litoral y las consecuencias que sufre la fauna local, la cual es catastrófica. Ante la situación, se requieren de varios días de precipitaciones sostenidas para que el fuego se extinga en todo el territorio.

Proponen la creación de un cuerpo de bomberos forestales

La iniciativa fue presentada por el radical Manuel Aguirre, de la provincia de Corrientes, donde se decretó el estado de desastre.

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El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR) presentó un proyecto de ley que propone la creación de un cuerpo de bomberos forestales dedicados a combatir los focos de incendios en el país.

La iniciativa fue acompañada por el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, y sus pares radicales Gabriela Lena, Fernando Carbajal, Martín Arjol, Ricardo Buryaile, Marcos Carasso, Lidia Ascárate, Pedro Galimberti y Francisco Monti.

“Estamos afrontando una de las mayores sequías de los últimos años que, junto a la irresponsabilidad del ser humano, ha generado catastróficos incendios en todo el país demostrándonos la dificultad de poder socavarlos. Es por eso que proponemos la profesionalización y dedicación exclusiva para resguardar nuestros recursos y no lamentar pérdidas totales en el futuro”, expresó el correntino.

El Servicio de Bomberos Forestales pretende un trabajo inter-jurisdiccional con dos sedes fijas tanto en el norte, teniendo a la provincia de Corrientes como punto de coordinación, así como en la parte sur del país, ubicándose en la provincia de Río Negro.

“Se eligió la provincia de Corrientes por ser la de mayor volumen de bosques implantados en el país y la de Río Negro por ser un polo de atracción turística en desarrollo y que promete grandes beneficios al sistema”, explicó el legislador.

Además, el texto establece que “las intervenciones podrán ser retribuidas con tasas mínimas de acuerdo a la capacidad económica de aquel en cuyo beneficio se realizó la intervención”.

Asimismo, el Cuerpo de Bomberos Forestales “será financiado con un 2% de retenciones a las exportaciones de madera” para la creación de un fondo especial.

Proponen crear una policía de hidrovía

La propuesta del diputado radical correntino Manuel Aguirre es para que esa estructura esté presente en cada puerto argentino.

El ente de seguridad navegable tendrá sede central en la ciudad de Rosario y competencia ejecutiva en todos los ríos del país.

El diputado nacional por Corrientes Manuel Aguirre presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca crear la policía de Hidrovía para estar presente en una extensión de 1240 kilómetros de los puertos de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Buenos Aires.

“Uno de los mayores canales de tránsito en nuestro país, tanto legal como ilegal, es el fluvial. Resulta oportuno proponer la creación de una Policía de la Hidrovía que concentre competencias de vigilancia con autoridad ejecutiva”, dijo el legislador nacional recientemente ingresado al Congreso.

El nuevo ente de seguridad por agua tendría como sede central la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, aunque con delegaciones permanentes los puertos provinciales que se designe por su importancia y/o ubicación geográfica.

Serán actividades de este tipo de policía la fiscalización de las áreas física y territorial en la Hidrovía, así como también la relevación de obras e infraestructura portuaria del Sistema de Navegación Troncal del Río Paraná, y coordinación de tareas autoridades provinciales y departamentales.  

“La Policía de Hidrovía ejerce el servicio de policía de Seguridad de la navegación. Por lo tanto es importante brindarle también la competencia de recolección y conexión de datos de todas las personas y buques que transiten nuestras aguas”, expresó Aguirre.

La Hidrovía Paraguay-Paraná es una vía fluvial que conecta cinco países y tiene en total 3.442 kilómetros, comprende también el tramo de Santa Fe al Océano. En 2017 el número de buques aguas arriba fue de 12.152, mientras que aguas abajo fue de 12.526.

Diputado radical le salió al cruce a Alberto Fernández por sus críticas hacia la Corte Suprema

Se trata del legislador correntino Manuel Aguirre quien le advirtió al presidente de la Nación que “ya es representante, no se disfrace de representado”.

Las declaraciones de Alberto Fernández sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia respecto de la cual aseguró que “tiene un problema muy serio”, y al criticar uno de los últimos fallos del alto tribunal que declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura y ordenó reponer su normativa precedente, y a su visión empática sobre la marcha convocada para que los miembros de la justicia renuncien, el diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) le salió a responder y le recordó algunas palabras que expresó en varios reportajes televisivos.

“La convocatoria a una marcha requiriendo la renuncia de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, avalada hasta el momento por el viceministro de Justicia (Martín Mena) y vista con simpatía por lo menos por el presidente de la Nación, desnuda una cuestión previa que queremos hacer visible”, señaló el diputado radical.

En ese sentido, explicó: “En una democracia los ciudadanos eligen sus representantes por medio del voto bajo la premisa igualitaria y universal de un ciudadano un voto. Surgen allí representantes que tienen asignados misiones y funciones. Las expusieron en su campaña electoral al hacer sus propuestas que luego son asignadas mediante el voto. Así cada representante tiene cabal conocimiento de porque fue elegido y cuales intereses deben defender. Tienen deberes claros que fueron votados”.

Por consiguiente, Aguirre recordó que “el presidente Fernández en un recordado reportaje de cadena Tres Córdoba insistió que no venía a reformar la Justicia ni tenía interés en remover a sus miembros”.

“Pero aun cuando se pueda argüir como válido el cambio de paradigma, él fue votado con deberes y poderes. Puede remitir al Congreso un pedido de juicio político a los miembros de la Corte. Y si consigue los 2/3 de votos el juicio comenzara, se dará derecho de defensa a los acusados y luego el Senado dictara sentencia definitiva. Ese es el camino institucional”, le señaló el legislador correntino al jefe de Estado.

Por lo que denunció que “para no asumir su deber constitucional, se busca en cambio convocar al pueblo, a los representados, disfrazándose de ellos. Ante una pregunta directa de una periodista de Página 12 sobre por qué no tomaba el camino del 2003 el juicio político, el presidente Fernández dijo textualmente ‘las leyes, los decretos y las sentencias son susceptibles de debate público”.

“No es que la frase sea incorrecta en el marco del debate ciudadano sobre la marcha del Estado, pero si lo es dicha por una persona elegida para llevar a cabo las propuestas que expuso en campaña. La frase dicha por quien tiene una competencia específica, es un disfraz”, cuestionó el diputado radical”. “El representante se disfraza de representado y se convierte en comentarista de la realidad”, criticó.

Motivo por el cual, ratificó: “Señor presidente usted fue electo para llevar a cabo cierto programa, o al menos intentarlo. Usted ya es representante, no se disfrace de representado. La marcha ciudadana convocada para el 1 de febrero próximo es una nueva impostura donde quienes fueron electos por el pueblo para conducir el país se vestirán de ciudadanos buscando simpatías que creen mayoritarias”, y cerró: “El martes de carnaval parece adelantarse este año”.