Luego de haber renunciado a su pronunciamiento en la Corte Suprema de Justicia, el juez Manuel García – Mansilla presentó un escrito de 35 páginas por el que criticó la labor del Senado tras el rechazo de su pliego el pasado 3 de abril. Además, buscó aclarar sus dichos en la Audiencia Pública respecto a ser designando por decreto de necesidad y urgencia.

“Tengo la obligación de colaborar con este proceso y su perfeccionamiento a futuro”, planteó el catedrático. En cuatro puntos, amplió lo expresado en la Comisión de Acuerdos el pasado 30 de agosto, lo comparó con el contexto de 2015, cuestionó los dictámenes de rechazo y definió una serie de conclusiones.

Con relación a lo dicho sobre aceptar un nombramiento en comisión, García – Mansilla explicó que “lo que hice en ese momento fue una consideración política e institucional sobre ese contexto puntual de 2015, no una declaración sobre la improcedencia general de las designaciones en comisión”.

Diferenció el contexto actual con el del gobierno de Mauricio Macri cuando nombró a través del DNU 83/15 a los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz: “Se trató de un nombramiento intempestivo, sin consulta previa, y en un marco de escasa previsibilidad institucional”.

Asimismo, sostuvo que, en aquella ocasión, “el nuevo gobierno no había expresado públicamente su voluntad de enviar los pliegos ni de abrir un debate en el Congreso”, y agregó que “tampoco había sido una cuestión discutida en detalle durante la campaña electoral”.

En tercer lugar, el juez nombrado en comisión por el presidente Javier Milei que luego renunció al máximo tribunal de justicia por la caída de su pliego en el Senado, opinó de los dictámenes de rechazo y consideró que “contienen graves inconsistencias, tanto en su fundamentación como en su redacción”.

Respecto al despacho que firmaron Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, señaló que “la interpretación no solo es infundada, sino que ignora que respondí abiertamente cada pregunta, sin ocultar mis posiciones ni mis eventuales dudas”. “Lo paradójico es que el propio dictamen reconoce que se firma ‘para posibilitar su tratamiento en el recinto’”, cargó.

Dirigido al dictamen que rubricó Unión por la Patria, remarcó que hubo dos firmas en disidencia parcial y cinco en disidencia total, y planteó: “Esta ambigüedad vulnera también el Artículo 123 decies del Reglamento del Senado, que exige dictámenes fundados aconsejando hacer lugar o rechazar el acuerdo”.

“No se emitió ningún dictamen de rechazo. Ambos dictámenes postulan prestar acuerdo, pese a que los considerandos sostienen lo contrario”, sostuvo el catedrático en la presentación de 35 páginas.

Finalmente, Manuel García – Mansilla manifestó que “lo importante es defender las instituciones con seriedad, sin tergiversaciones y prestando atención al contexto en que se toman cada una de las decisiones”, y cerró: “Hacerlo requiere evitar los atajos y chicanas políticas que terminan debilitando los procesos de designación, y que pueden desalentar que los candidatos respondan con franqueza en futuras audiencias”.

Tras la tensión y las fuertes críticas hacia su continuidad en el cargo, el catedrático Manuel García-Mansilla presentó su renuncia indeclinable a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde había asumido como juez el pasado 27 de febrero luego de haber sido designado "en comisión" por decreto del presidente Javier Milei.

La decisión del abogado constitucionalista trascendió durante el fin de semana, a pesar de los intentos del Gobierno de que no diera marcha atrás, al sostener que podía permanecer allí hasta el próximo 30 de noviembre.

Pero, desde el contundente rechazo a su pliego en la sesión del pasado jueves en el Senado, donde reunió más de los dos tercios de los votos en contra (51 negativos y 20 positivos), los cuestionamientos fueron en incremento y la advertencia sobre la validez que tendrían sus futuros fallos, también.

De esta manera, con el rechazo que recibió además Ariel Lijo, el máximo tribunal volvió a la composición de 3 de 5 miembros, con Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En su carta dirigida al presidente Milei, donde le agradece haberlo elegido, García-Mansilla justificó por qué aceptó la designación por decreto: "Acepté ese nombramiento con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente".

En ese sentido, repasó que "se habían generado dos vacantes en la Corte Suprema, que quedó reducida a solo tres miembros desde el 29 de diciembre de 2024. Sin embargo, una de las vacantes existentes a esa fecha tenía ya más de tres años. Es francamente sorprendente que, a pesar de la importancia y del peso que tiene cada juez en un tribunal con una integración tan reducida, se hubiera naturalizado la existencia de una vacante sin cubrir durante un lapso tan prolongado. A esa anomalía institucional se le había sumado una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también ser cubierta sin dilaciones".

"Existen quienes creen de manera errónea que la Corte Suprema puede funcionar con solo tres jueces. Esto es, lisa y llanamente, un espejismo institucional que puede causar un daño incluso mayor que el que ya ha causado la demora en integrar el Tribunal", sostuvo y reclamó que "la integración de la Corte Suprema no admite más demoras. Es de carácter urgente".

En la misiva, donde expresa que recibió "críticas injustas e interesadas", el ahora exjuez defendió sus declaraciones en la audiencia pública del año pasado, cuando le preguntaron si aceptaría ser nombrado "en comisión" por decreto. "Respondí que, en la hipotética situación de haber sido uno de los jueces nombrados en comisión en 2015, no habría aceptado ese nombramiento en comisión. Aclaré inmediatamente después que la valoración que hacía era a partir de una mirada retrospectiva, esto es, a partir de información posterior que me había permitido reflexionar sobre el impacto de un hecho concreto en el pasado. Cualquier persona intelectualmente honesta sabe que, por un sinfín de razones, la realidad de 2015 no es la misma que la de hoy en 2025", señaló.

"A pesar de ello, en las últimas semanas hubo quienes me acusaron directamente de haber pretendido engañar a los senadores presentes ese día. Es más, esa fue la inverosímil excusa que utilizaron algunos senadores para pretender fundar su rechazo a mi pliego por una supuesta falta de idoneidad moral", se descargó.

Y continuó: "Nunca afirmé que no aceptaría en ningún caso, o bajo ningún punto de vista, un nombramiento en comisión como juez de la Corte. Nunca asumí ante los senadores presentes ese día un compromiso de no aceptar un nombramiento en comisión, sin importar el contexto en que se diera. Basta ver la versión taquigráfica completa de esa audiencia pública para comprobar de forma fehaciente lo que digo (y no un video recortado y editado, preparado sin dudas para engañar)".

Además, cuestionó que el Senado no haya tratado su pliego antes y lo adjudicó a una "mera especulación política". También habló de "la incomodidad manifiesta de ciertos sectores con la posibilidad de que existan jueces independientes, que no tengan contactos con la política tradicional y que puedan tomar decisiones libres, ajustadas a derecho".

"Tal vez este episodio y esta renuncia sirvan de advertencia para que se den cuenta de una vez de que la integración de la Corte Suprema, y de todo el Poder Judicial federal, es urgente y que deben dejarse de lado las mezquindades que parecen haberse impuesto hace mucho tiempo. Resulta imperioso que se eviten en el futuro las notorias demoras que se dieron en el Senado en el tratamiento de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo", agregó en otro de los párrafos.

Lijo y García-Mansilla habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo el 20 de marzo de 2024. Al juez federal se lo candidateó para ocupar la vacante que había dejado Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021, mientras que al catedrático se lo postuló meses antes de la jubilación de Juan Carlos Maqueda, quien cumplió 75 años el 29 de diciembre pasado y dejó la Corte, que pasó a tres miembros.

Los pliegos se enviaron el 28 de mayo a la Cámara alta, donde se les dio ingreso formal en la sesión del 12 de junio. El 21 y 28 de agosto de 2024, Lijo y García-Mansilla, respectivamente, asistieron a audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos. Desde ese momento, ningún pliego reunió las firmas necesarias para habilitar el dictamen y ser llevado al recinto.

El dictamen para Lijo recién se consiguió el 12 de febrero de este año, pero por la falta de votos, el oficialismo no convocó a una sesión en el Senado. Culminado el período extraordinario, Milei avanzó por decreto con los nombramientos. Ante el amplio rechazo de la decisión tomada por esa vía, la Comisión de Acuerdos se reunió y habilitó el dictamen de García-Mansilla. Finalmente, los pliegos se rechazaron el jueves pasado.

Poco antes de que se concretara la renuncia de Manuel García-Mansilla, el senador nacional y secretario de Justicia del Partido Justicialista, Martín Doñate, presentó este lunes una denuncia penal contra el catedrático por usurpación de autoridad pública, tras "persistir en el ejercicio ilegítimo" como juez de la Corte Suprema desde el jueves pasado, luego que el Senado rechazara su pliego por más de dos tercios de los votos.

“Estamos frente a un verdadero golpe institucional. La permanencia de García-Mansilla en la Corte, luego de un nombramiento inconstitucional por decreto y el rechazo expreso del Senado, rompe el contrato democrático y destruye la seguridad jurídica en la Argentina”, enfatizó el rionegrino.

En ese sentido, explicó que "el decreto presidencial que lo designó no sólo violó el procedimiento establecido en la Constitución Nacional (artículo 99 inciso 4), sino que el Senado rechazó expresamente su pliego con una mayoría calificada el pasado 3 de abril. A pesar de ello, García-Mansilla continúa firmando resoluciones en nombre de la Corte Suprema, en una de las más graves afrentas al Estado de Derecho desde el retorno de la democracia".

“La seguridad jurídica en Argentina ha quedado aplastada. ¿Qué garantías puede tener un ciudadano, una PyME, una gran inversión externa, una empresa nacional o un trabajador si las decisiones del máximo tribunal pueden estar firmadas por quien usurpa un cargo contra la voluntad del Senado y la Constitución?”, cuestionó el legislador de Unión por la Patria.

SOBRE LA RENUNCIA DE GARCÍA MANSILLA

A posteriori de la presentación de la denuncia penal por usurpación de autoridad, tomamos conocimiento de la renuncia del Dr. García Mansilla a su cargo en la Corte Suprema.

Se confirma así lo que señalamos desde el primer momento: su… pic.twitter.com/LWRew9v6Ve

— Martin Doñate (@martindonate) April 7, 2025

Doñate invocó el artículo 246 del Código Penal, que castiga la usurpación de funciones públicas, como tipificación provisoria. Sin embargo, advirtió que la denuncia penal deja expresamente abierta la posibilidad de que la investigación determine otras figuras delictivas contempladas en el Código Penal, dada la magnitud institucional del hecho y sus consecuencias jurídicas.

“Esto no es una discusión académica, es la configuración concreta de un delito penal en ejercicio”, sostuvo y agregó que "cada día que pasa agrava la situación jurídica de García-Mansilla como el máximo responsable de llevar a la Argentina a un conflicto de poderes de dimensiones desconocidas en democracia y de una oscura mancha que deja en la historia institucional del país”.

Finalmente, Doñate sentenció: “Si esto se permite y no se actúa inmediatamente, mañana cualquier presidente podrá designar a jueces por decreto, ignorando al Senado y reduciendo la República a una farsa. No lo vamos a permitir. El pueblo argentino tiene derecho a un Poder Judicial independiente, legítimo y respetuoso de la ley. La democracia no se negocia”.

Imaginaba dar vuelta el partido en el último minuto. Terminar la semana de la mejor manera, revirtiendo con el peso de esa imagen el traspié que horas antes había sufrido en el Senado. No pudo ser: no hubo foto con Donald Trump, ni diálogo con el presidente norteamericano que prefirió retirarse a descansar antes que concurrir a la gala organizada por grupos conservadores, donde lo esperaban cientos de comensales que habían pagado desde 700 a miles de dólares por estar en el salón principal de Mar-a-Lago. Obviamente tampoco hubo diálogo con su amigo americano y en consecuencia se quedó sin anuncios como los que habían hecho trascender desde el Gobierno sobre un guiño del líder republicano para los aranceles a nuestras exportaciones.

Se retirar enojado junto a la comitiva que lo había acompañado en su viaje relámpago a Estados Unidos una vez que se supo que el presidente norteamericano ya no llegaría. Se llevó, eso sí, el premio “Lion of Liberty Award”, el quinto que le dan en el exterior desde que es presidente. También alcanzó a dar un discurso al que los comensales le prestaron poca atención -aunque igual lo ovacionaron-, y se sacó, sí, cientos de selfies con asistentes que se acercaron a conocer en persona al “fenómeno Milei”. Esas imágenes fueron recopiladas por el publicista Santiago Oría, quien lo acompaña a sol y sombra permanentemente, pero sobre todo en sus giras internacionales, para documentar con cámaras todos los pasos que da el mandatario argentino en una suerte de reality libertario.

Las críticas se dirigieron al canciller Gerardo Werthein, quien dicen que le había “casi garantizado” que podría encontrarse con Trump, quien hasta posiblemente sería quien le entregara su ignoto premio. Habrá que ver cuál es el grado de ese enfado, pero no sorprende en el entorno mileísta, donde siempre hay alguien al que responsabilizar cuando las cosas no salen como se espera.

No se le endilgó en cambio la metida de pata del 2 de abril, cuando Milei llamó “malvinenses” a los habitantes de Malvinas y para muchos sentó precedentes negativos para el reclamo argentino por las islas. Está claro que el breve discurso que dio antes de emprender un nuevo viaje a Estados Unidos (el décimo a ese país desde que es presidente) no pasó por el radar de Cancillería. Grave error, pues en ese mundo un punto o una coma mal puestos pueden causar serias complicaciones.

El presidente es así, dirían desde su entorno, de ahí que no tenga empacho en insultarse con colegas de otros países. Pero en la diplomacia, lo que va vuelve: el vituperado Pedro Sánchez se sumó a los países del Fondo que cuestionan el nuevo préstamo a la Argentina. Históricamente España siempre nos respaldó allí, pero hoy no hay relación entre los gobiernos. Pasa lo mismo con Brasil, hoy también muy crítico en el FMI con Argentina. Hay fuertes reparos también allí de China y Holanda.

El acuerdo se dilata y el mundo se complica, a veces los planetas se alinean para mal.

Ya venía con malhumor el presidente, que horas antes había estallado ante la estrepitosa derrota del Gobierno en la sesión del Senado, donde ambos jueces propuestos por él mismo hace un año para completar la Corte fueron rechazados con amplias mayorías en contra. Al punto tal que con solo 20 votos a favor y 51 negativos Manuel García-Mansilla alcanzó los 2/3… pero en contra.

Por eso es que los rumores que en la previa de esa sesión circulaban respecto de que el catedrático no querría quedarse en la Corte Suprema si no era convalidado por el Senado crecieron de manera exponencial esa misma noche, luego de que más del 70% de los senadores lo rechazara. Pero pasó el viernes y García-Mansilla no presentó su renuncia, a pesar de estar dispuesto a eso. Desde la Casa de Gobierno le pidieron que no lo hiciera. Ya lo había anticipado el jefe de Gabinete cuando dijo que si el único de los dos jueces designados por el Gobierno por decreto que había conseguido asumir era rechazado, podía quedarse en su lugar hasta noviembre.

De por sí, fue el propio Gobierno el que lo presionó para aceptar ser designado por decreto aun cuando él mismo había dicho en la Comisión de Acuerdos que, llegado el caso, no lo haría. De ahí que cada vez se alcen más voces cuestionando el nivel de autonomía que podría corresponderle al exrector de la Universidad Austral, siendo tan permeable a quien lo nombró por decreto.

Así las cosas, cada vez más voces de constitucionalistas alertan sobre la falta de legitimidad de García-Mansilla, planteándose el peligro de que todos los fallos que firme vayan a ser judicializados.

Fue un revés más que contundente para el Gobierno. En rigor, una derrota histórica, si se tiene en cuenta que es la primera vez que el Senado rechaza pliegos de jueces para la Corte. No es que todos terminen siendo convalidados por los senadores, sino que nunca se da que alcancen a rechazarlos en el recinto, porque cuando el Gobierno de turno advierte que no conseguirá los avales, procede a retirar los pliegos.

En el pasado reciente, Cristina Kirchner hizo eso con el pliego de Daniel Reposo, entonces titular de la SIGEN y propuesto para la Procuración General de la Nación, luego de que se conociera que había presentado datos falsos en su currículum, e hiciera agua en la Comisión de Acuerdos.

Cuando su sucesora, Alejandra Gils Carbó, renunció en tiempos de Cambiemos, Mauricio Macri propuso para reemplazarla a Inés Weinberg de Roca, quien nunca fue siquiera interrogada en el Senado. Su pliego terminó siendo retirado.

La tercera no fue la vencida, pues cuando Alberto Fernández propuso a Daniel Rafecas para ese puesto, el kirchnerismo frenó su tratamiento durante cuatro años, y su designación se extinguió sin ser considerada nunca en Acuerdos.

En el caso de los jueces, Cristina Kirchner quiso reemplazar a Eugenio Zaffaroni con Roberto Carlés. La oposición anunció que no le convalidaría ninguna designación en su último año de mandato, de ahí que la Presidenta retiró el pliego, para antes de irse mandar otros dos: Eugenio Carlos Sarrabayrouse, para cubrir la vacante de Zaffaroni, y Domingo Juan Sesín, por la vacante que a fines de 2015 dejaría Carlos Fayt al jubilarse. Fueron designaciones testimoniales que el Senado ignoró y el gobierno siguiente retiró.

Una regla no escrita pero cumplida a rajatabla dice que ningún gobierno debe exponerse en el Congreso a una derrota, de ahí que no se entienda que la Rosada haya hecho oídos sordos a la recomendación de los senadores radicales para retirar los pliegos. En ese caso, al menos García-Mansilla hubiera podido cumplir hasta fin de año su gestión sin mayores objeciones. Insólitamente el Gobierno decidió desoír recomendaciones y sufrió este durísimo revés.

Poco después de concluida la sesión, el presidente tuiteó desde Estados Unidos indignado. Y sin nombrarlos, la emprendió contra Cristina Kirchner y Mauricio Macri, acusándolos de haber pactado “para voltear los dos jueces y ficha limpia en la misma sesión”. En la misma línea había salido al ruedo antes de la sesión el senador Luis Juez, que espera que su amistad con Javier Milei le habilite un nuevo intento para ser gobernador de Córdoba, y renunció recientemente como presidente del bloque Pro. El cordobés, que se cansó durante un año de rechazar a Lijo, le apuntó a Macri hablando del “peligroso camino que empezó a transitar”. En rigor, el expresidente venía cuestionando desde hacía al menos 8 meses esa designación, y lo que hizo el jueves fue ordenarles a sus senadores dar quórum, cosa que Juez, en línea con la Rosada, no hizo.

🗣️ “Peligroso camino el que empezó a transitar Mauricio Macri”

El senador Luis Juez acusó al ex presidente por habilitar a los senadores de su partido a dar quórum para tratar los pliegos de los jueces Lijo y García Mansilla.

📍 En LN+ pic.twitter.com/LpKff8kVvh

— La Nación Más (@lanacionmas) April 3, 2025

Las presiones estuvieron cerca de rendir fruto, pues muchos de los que habían prometido dar quórum no estaban sentados en sus bancas cuando el mismo se alcanzó. Y hubo un último intento para suspender la reunión por decreto, que no se firmó.

La guerra declarada entre La Libertad Avanza y el Pro ha entrado en un nivel superior y ya involucra a las primeras líneas. Los funcionarios nacionales ya le apuntan directamente a Macri, a quien el jefe de Gabinete responsabilizó el viernes por la derrota del Gobierno. Nada que el líder del Pro no pudiera esperar, desde que dejó de fustigar solo a Santiago Caputo y la emprendió contra Karina Milei. Al momento de nombrar a “el Jefe”, Macri debió saber que ya no había vuelta atrás.

A propósito del súper asesor Caputo, este miembro del “triángulo de hierro” mantiene su poder creciente en el Gobierno, pero está claro que viene de “capa caída”. Desde el caso $Libra, cuando intervino el reportaje de Jonatan Viale a Milei; pasando por el escándalo con Facundo Manes el 1° de marzo; hasta éste que es el traspié más severo de su gestión, pues fue él quien impulsó ambos nombres para la Corte y operó las designaciones en el Senado.

En cuanto a la relación LLA – Pro, cada vez está más lejos la esperanza de que ambas fuerzas confluyan en las próximas elecciones. Alcanza con atender la sinceridad de Sebastián Pareja, operador principal de Karina Milei en territorio bonaerense, que el jueves pasado descartó un acuerdo con el Pro en la Provincia. “Estamos haciendo un acuerdo dirigente por dirigente”, graficó el armador, que admitió que le quieren ganar al kirchnerismo en la Provincia, pero sin alianzas entre partidos, sino cooptación de quienes acepten sumarse. Sin aclarar si les exigirán a los que se sumen afiliarse, como sucedió con los tres diputados porteños que responden a Patricia Bullrich que se pasaron a LLA a fines de enero. Dicho sea de paso, solo uno de ellos fue sumado a las listas que los libertarios presentarán para la Legislatura el 18 de mayo.

El rechazo por el Senado de los pliegos de los candidatos a jueces de la CSJN de la Nación propuestos por el Gobierno de Javier Milei es -sin dudas- una muy buena noticia cuyo mérito debe ser compartido por todos aquellos que, desde diferentes lugares, dimos la pelea para evitar la consumación de ese acto vergonzante para la salud republicana.

Pero logrado este triunfo, cabe preguntarnos cómo hacemos para seguir adelante y salir del atolladero en que estamos.

Aun cuando esta etapa de la vida institucional aparece marcada (en palabras de Roberto Gargarella) por “la ruptura entre la democracia y el constitucionalismo” y la incapacidad del sistema político y del Poder Judicial de poner límites a la vocación autoritaria del Presidente y su entorno, la decisión del Senado de rechazar los pliegos es un saludable límite en defensa de nuestras maltrechas instituciones.

El Presidente debe aprender que no todo está permitido, hay límites que debe respetar.

El rechazo de los pliegos es consecuencia de que la nominación de Ariel Lijo era indigerible (sólo debería ser candidato a ser removido de su cargo actual), pero también de la prepotencia institucional del Presidente que, ante la dificultad para el consenso, pretendió meter jueces en la Corte Suprema por la fuerza de un decreto sin acuerdo del Senado, violentando groseramente el espíritu de la Constitución.

El episodio Lijo y (Manuel) García-Mansilla ha concluido con una durísima derrota auto infringida por el Gobierno, y un triunfo modesto, pero necesario, para la supervivencia de las instituciones republicanas.

Sin embargo, el problema sigue sin resolverse: la Corte Suprema tiene solo tres miembros y si bien ello no tiene la gravedad que el Gobierno ha pretendido darle para justificar sus avances autoritarios, ciertamente está lejos de ser una situación deseable y sostenible en el tiempo.

Pero, además, esto es solo parte del problema pues también están vacantes los cargos de Procurador de la Nación y de Defensor de Pueblo, también los integrantes del colegio de auditores de la Auditoria General de la Nación, y podríamos a ello agregar la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y la Procuraduría Penitenciaria; cargos todos ellos que requieren consensos políticos que parecen imposibles de alcanzar.

Como suele suceder en el propio problema quizás esté la solución. Esta multiplicidad de cargos a cubrir, todos los cuales requieren amplios consensos multipartidarios, tiene la virtualidad de abrir la posibilidad de buscar acuerdos transparentes que permitan la cobertura de todas esas vacantes.

En una charla organizada por la sociedad civil en el Colegio de Abogados de Buenos Aires el prestigioso constitucionalista Roberto Gargarella, Doctor en Derecho por la UBA y por la Universidad de Chicago e investigador superior del CONICET afirmó: “El texto de la Constitución argentina del '94 vino a reflejar de manera muy fuerte la idea de que hay que bajar las atribuciones del Presidente y aumentar en mayor medida el consenso”.

Algunos politólogos se inclinan a pensar que el problema es la Constitución, cuando en realidad el problema somos los políticos, que pretendemos actuar por fuera del marco constitucional. Raro. Porque la Constitución Nacional es un acto político, nacido de acuerdos políticos, realizado por políticos que acordaron de allí en adelante limitar el poder presidencial a cambio de una prolongación temporal del mandato.

El Gobierno tendrá que decidir en las próximas horas si emprende el camino de la Constitución y busca el consenso con el resto de los actores políticos, o reitera el camino de la confrontación.
El camino constitucional del consenso tiene como requisitos que todas las propuestas para cubrir la multiplicidad de cargos deberían tener un piso alto de idoneidad y decencia de quienes sean postulados. No son admisibles ni deseables nuevos “Lijos”, pues ante tales propuestas la negociación se convierte en “negocio”.

Pero desde ese piso no negociable de idoneidad y decencia deberían abrirse instancias de representación de todas las corrientes de pensamiento y acción política de la vida nacional que permita la cobertura inmediata de todos esos cargos vacantes, todos los cuales son imprescindibles para avanzar en la calidad democrática y republicana de las instituciones.

¿Será posible? Supongo que ello dependerá de cual facción del oficialismo se imponga en la desordenada y caótica mente presidencial. Si los sectores de pensamiento racional se imponen, vía Jefatura de Gabinete o la segunda línea del Ministerio de Justicia, puede iniciarse un camino de construcciones de consensos que saque al Gobierno del atolladero en el cual se ha metido y le otorgue al sistema republicano una esperanza de redención.

¿Por qué no imaginar un amplio acuerdo por el cual se designe en los cargos de la Corte, las Defensorías, la Procuración y la Auditoría General a un conjunto de hombres y mujeres de indiscutible idoneidad técnica y probidad moral representativos de las variadas corrientes del pensamiento ideológico y partidario nacional? ¿No sería ése un triunfo destacado para un gobierno cuyo apego constitucional es -con toda razón- severamente cuestionado? ¿Alguien puede negar que uno de los grandes éxitos de (Mauricio) Macri fue haber logrado designar dos jueces de la Corte pese a su minoría en el Senado? ¿O que Néstor Kirchner cimentó el rearmado de su primer mandato sobre la base de conformar una Corte de indiscutible calidad técnica y humana?

Otro será el resultado si el Presidente cede al mesianismo adolescente de su principal asesor y pretende volver a recorrer el camino de la imposición autoritaria. Allí solo anida el conflicto, el vacío del poder y la tentación autoritaria, acechante a la vuelta de la esquina.

Todavía es posible recuperar el camino del diálogo y los sabios mandatos de la Constitución de 1994: consenso o caos.

Luego de la contundente decisión tomada por el Senado en torno a los pliegos para los jueces de la Corte Suprema, distintas voces de la oposición se manifestaron al respecto, con opiniones sobre Ariel Lijo algunos y Manuel García-Mansilla, otros, además de responderle al presidente Javier Milei, quien repudió las votaciones y habló de un nuevo "principio de revelación".

Jefa del bloque Unidad Ciudadana en el Senado, la kirchnerista Juliana di Tullio habló de una "victoria de la democracia". "En el @SenadoArgentina hoy logramos dar un paso fundamental para la salud institucional y la vida democrática de nuestro país. 43 senadores y senadoras de distintos bloques rechazamos el pliego de Ariel Lijo y 51 el de Manuel García-Mansilla", señaló.

Y le contestó a Milei: "No Presidente, no puede designar jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión, por decreto, con el dedo; no son sus funcionarios. Este Senado le pone un límite porque su decisión viola la Constitución Nacional y pone en riesgo los derechos y las garantías de todos los argentinos". "García-Mansilla tiene que renunciar ya mismo al cargo que está usurpando", reclamó la bonaerense.

Uno de los senadores de la UCR que votó en contra de los dos pliegos, el pampeano Daniel Kroneberger reflexionó que "en tiempos en que hablamos del deterioro institucional, más que nunca, debemos respetar la Constitución. Sin entrar a discutir el perfil de ambos postulantes, desde el vamos el método que eligió el oficialismo no es el correcto".

"Es necesario entender que hay un camino a recorrer, que es la construcción de consensos. Lo más sano que le puede pasar a la Argentina es tener una Corte con representación equilibrada y entendemos que las opciones que son públicas hace tiempo, no colaboran en ese sentido", lamentó.

El legislador también mencionó que habían pedido que "debería ser una mujer la que ocupe un lugar, porque hay una cuestión de representación que no se puede, de ninguna manera, dejar de lado". "La Constitución Nacional es muy clara respecto a la división de poderes y ese principio no se está respetando", advirtió.

Finalmente, subrayó que "este sería un antecedente demasiado riesgoso y se debe gobernar con la Constitución en la mano. El nombramiento por decreto de los magistrados es un atropello. El Senado está para prestar acuerdo si así lo considera, pero una avanzada contra la división de poderes, no".

Por su parte, desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López recordó que "el 9 de enero de 2024, en pleno debate de la 'Ley Bases', le preguntamos al ministro de Justicia si era cierto el rumor de que Ariel Lijo iba a ser nominado a la Corte. No nos quiso responder. Desde ahí no descansamos".

Por su parte, desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López recordó que "el 9 de enero de 2024, en pleno debate de la 'Ley Bases', le preguntamos al ministro de Justicia si era cierto el rumor de que Ariel Lijo iba a ser nominado a la Corte. No nos quiso responder. Desde ahí no descansamos".

En respuesta a Milei, quien se preguntó: "¿Dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la ex presidente doblemente condenada?", López le dijo: "Acá estamos presidente. El pacto no le salió porque usted es un torpe y porque Ricardo Lorenzetti es un impresentable. Mande un mejor candidato la próxima y pídale disculpas al doctor García Mansilla por haberlo sacrificado de esa manera".

"El rechazo de los pliegos de Lijo y García Mansilla es una buena noticia para las instituciones. Argentina no puede seguir en la lógica de que todo da lo mismo; es fundamental dejar atrás la cultura del atajo y la viveza criolla", consideró el diputado Maximiliano Ferraro.

Presidente del partido de la CC, el porteño observó que "Lijo ha demostrado ser moralmente inaceptable para el cargo, y García Mansilla cometió un grave error al aceptar una designación por decreto y en comisión. Con la decisión de ayer del Senado, todo nombramiento carece de la legitimidad democrática que debe sustentar a todas las autoridades públicas".

"LIJO OUT!!! Gracia Dio!!!", celebró también desde la CC la diputada Marcela Campagnoli; mientras que el legislador porteño Hernán Reyes expresó que "cuando todo era miserable especulación, la @ccari_ok y @elisacarrio dijeron fuerte y claro Lijo NO! Valió la pena. No hay cambio sin justicia independiente. Hoy le ganamos a la impunidad y a la prepotencia. #ChauLijo".

Entre los mensajes, el diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy escribió: "Ganó la República. El rechazo del pliego de Lijo es un límite necesario: el Senado no debe ser una escribanía del Poder Ejecutivo. La Justicia no puede ser garantía de impunidad para nadie. El kirchnerismo judicial se va a terminar".

"VOLVER A LA CONSTITUCIÓN. El @SenadoArgentina acaba de rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. En el caso de García-Mansilla debe ser removido con URGENCIA y deben quedar sin efecto los fallos que hubiera podido firmar. Son NULOS", enfatizó el diputado socialista Esteban Paulón.

Luego, comentó sobre el comunicado de la Oficina del Presidente, mediante el cual se repudió la decisión del Senado. "DEL TOMATE EL JAVO. A través de su 'house organ' -la falOPRA- el gobierno de @JMilei 'repudia' una decisión autónoma de un poder independiente. Primero desafían la Constitución metiendo jueces de la Corte por la ventana. Ahora la desafían desconociendo la independencia de poderes", señaló.

En su intervención en la sesión de este jueves, el presidente del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, resaltó el papel del Senado, que consideró “fundamental”, alertando sobre las “muchas maniobras” que hubo para impedir esta sesión. “El pueblo argentino merece el funcionamiento de las instituciones de la República”, sostuvo.

Muy crítico con Javier Milei, Mayans sostuvo que “el presidente de la República ha cometido una canallada, una falta de consideración hacia los que ofrecieron su vida en Malvinas, los que lucharon, más allá de lo que ha hecho en su momento la dictadura militar: utilizar una causa para conmocionar y lograr perpetuarse en el poder”.

Es que el formoseño hizo en su discurso sobre los pliegos de la Corte un recorrido por todos los últimos episodios que se vivieron en el país. Y al arranar por Malvinas, expresó su rechazo a las expresiones del presidente de la Nación, que atribuyó la intención de “entregar a los kelpers territorio argentino. Es un acto de traición a la patria”.

Al atribuirle a Milei desconocimiento dela resolución que estableció una nueva plataforma continental dijo que “no podemos decir que (el presidente) es una persona mal asesorada. Es un ignorante, un entreguista admirador de Margaret Thatcher, que ordenó el ataque al crucero General Belgrano, que mató a más de 300 argentinos. Rechazamos las expresiones el presidente de entregar las Malvinas a los kelpers y el Reino Unido. No se puede ser más cipayo”.

También criticó a la ministra Patricia Bullrich por la “represión” de las movilizaciones, y contó haber visto desde su despacho cómo “la policía atacó la manifestación”. “Atacaron a los jubilados –se quejó-. La fuerza de seguridad es para proteger a los ciudadanos de bien, no para atacar. Es para ir contra el delito organizado, contra las mafias. Y fueron a atacar y romper la marcha de los jubilados”.

También cargó contra el presidente por haber amenazado a “la jefa del Partido Justicialista”, en referencia a Cristina Kirchner. “Dijo que va a ir presa, está ordenando a la Corte que vaya presa”.

Luego de cuestionar el decreto de necesidad y urgencia con el que el Gobierno respaldó el acuerdo con el Fondo, cuestionó el programa económico, del que dijo que “no funciona”.

“El presidente viaja para chuparle las medias a Trump, que tiene una política absolutamente distinta”, sostuvo, afirmando que esta discusión sobre la Corte es “una jugada de distracción”.

Sostuvo que Milei y su hermana Karina “hicieron una estafa millonaria… La hermana ya cobró, y aparte cobra las audiencias; hasta el bastón de mando quiso cobrar. ‘No hay excepción para nadie’”, le atribuyó haber dicho a la secretaria general de la Presidencia. “Acá el que entra paga”, sostuvo que dijo Karina Milei.

A continuación afirmó que “él tendría que estar preso ya… Una estafa piramidal, tiene cien millones de dólares en su poder, en todas partes nos están demandando por la estafa del jefe de Estado”.

Insistió entonces que el nombramiento de jueces por decretos es una distracción. Y criticó a su colega Luis Juez porque “no quiere que hablemos de la Constitución… Entonces, cerremos la Comisión de Asuntos Constitucionales, si nadie puede hablar de la Constitución, solo la Corte”.

“¡No puede nombrar jueces por decreto! ¡No puede!”, enfatizó en su intervención el senador José Mayans, quien remarcó que “el señor (Manuel García) Mansilla está usurpando el cargo, no es legítimo. Es una mentira que (el presidente) pueda nombrar” jueces en la Corte.

Mayans reflexionó que si el que puede lo más, puede lo menos, entonces el presidente podría nombrar por la vía del decreto jueces de Cámara, jueces de Instancia… “Un verdadero desastre”, resumió, para cargar a continuación contra la Corte Suprema, a la que adjudicó “servilismo”.

Para Mayans, el Tribunal Supremo “incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público” y  les advirtió que serán juzgados. “Tarde o temprano, nadie se salva. No es cierto que ellos son los últimos… Los últimos somos nosotros: la política. La antipolítica destrozó el país y la política tiene que arreglarlo”.

El senador Mayans recordó cuando Eduardo Moliné O’Connor estuvo sentado allí, precisamente en el marco de un juicio político. “Y era más capo que los que están ahora en la Corte. Estuvo acá sentado, se puso a llorar acá… Se le hizo el juicio y se lo sacó de la Corte. Como merecen estos que están en la Corte”.

También le disparó al jefe de Gabinete, por haber dicho que si García-Mansilla era rechazado, podría seguir en la Corte hata fin de año. “Le importa tres carajos la Constitución, las instituciones… Más vale que García-Mansilla presente la renuncia, porque el delito que está cometiendo no prescribe. Señores de la Corte, dejen de violar la Constitución, les decimos desde acá”.

En otro pasaje de su intervención, admitió que al menos Lijo podía haber conseguido los dos tercios. Pero advirtió que pasaron cosas que modificaron esas chances. Como cuando Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay, y cuando pasó lo del presidente con #Libra. “No hay más corrupto que el presidente, una Corte corrupta, un sistema judicial en el que más del 90% de los argentinos no creen”, señaló Mayans, que recordó cuando le dijeron que no se metiera con el Poder Judicial. “¿Entonces qué le queda a un ciudadano común? Si tenemos miedo, retirémonos”, sugirió.

“Esta República necesita nacer de nuevo, con respeto por la Constitución, por los poderes públicos… No podemos tener un presidente que dice que el Estado es una mafia que tenemos que destruir, y un asesor que dice que el problema son los argentinos”, dijo en referencia al asesor Demian Reidel, al que trató de “estúpido”.

“Mientras estos corruptos hacen servilmente lo que les pide el presidente, el poder político le tiene que poner límite a estos que se creen dioses”, remarcó, y cerró anunciando que “nuestro bloque mayoritariamente va a rechazar y aspiramos a tener una conversación, como hacen los partidos políticos, a la luz del día, con la vicepresidenta, con el jefe de Gabinete, los presidentes de bloques, y hablemos de qué vamos a hacer con la Justicia argentina”.

Inmediatamente después del rechazo del Senado a los candidatos de Javier Milei para la Corte, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que repudió esa decisión.

El texto señaló que durante el último año “los senadores tuvieron a disposición los pliegos de los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, participando en toda instancia del proceso de selección establecida por la normativa vigente”. Sin embargo, continúa el pronunciamiento oficial, “luego de dilatar la votación durante meses, optaron por priorizar la preocupación por sus causas judiciales y las de sus dirigentes, en detrimento del funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.

Según Presidencia, “por primera vez el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación. Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación argentina”.

“Es evidente que la politización de la justicia representa una amenaza para la democracia -continúa la Oficina del Presidente-. Mientras la clase política anteponga su protección  penal y no la normalización del sistema judicial, el derecho a la justicia continuará limitado en la República Argentina”.

Por último, se anticipa que el presidente de la Nación “continuará trabajando incansablemente para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza del pueblo en las instituciones, utilizando todas las herramientas que la Constitución Nacional y el voto popular han puesto en sus manos”.

El Senado rechazó este jueves los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García–Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia por un amplio margen en el recinto. En el caso del juez federal, fueron 27 votos a favor, 43 en contra y 1 abstención. Mientras que la candidatura del catedrático, quien sí se incorporó en el máximo tribunal de justicia, recibió 20 votos positivos y 51 negativos.

En ambos casos, la votación resultó mucho más holgada de lo que se preveía. Otro dato sobresaliente del abultado final fue que no solo ninguno de los dos pliegos alcanzó los dos tercios, sino que directamente resultaron rechazados.

En el caso de Ariel Lijo, el más cuestionado desde que su candidatura arribó al Congreso de la Nación, avalaron su pliego 5 de los 6 integrantes del oficialismo, ya que el riojano Juan Carlos Pagotto se abstuvo; tres senadores radicales -Víctor Zimmermann, Mercedes Valenzuela y Eduardo Galaretto-; Sonia Rojas Decut y Carlos Arce del Frente Renovador de la Concordia; y Natalia Gadano y José María Carambia de Santa Cruz.

De los habituales aliados de La Libertad Avanza, también acompañaron el correntino Carlos “Camau” Espínola de Unidad Federal; el salteño Juan Carlos Romero; la rionegrina Mónica Silva; la neuquina Lucila Crexell; y la tucumana Beatriz Ávila. Esta última forma parte del Frente Pro y fue la única de ese espacio que apoyó el pliego de Lijo.

Si bien se sabía que existía posturas diferentes en Unión por la Patria, fueron diez los senadores nacionales que apoyaron el pliego del juez federal: los tres santiagueños Gerardo Montenegro, Claudia Ledesma Abdala y José Neder; los tucumanos Juan Manzur y Sandra Mendoza; el sanjuanino Sergio Uñac; la formoseña María Teresa González; y tres de los cuatro miembros de Convicción Federal: Carolina Moisés, Fernando Rejal y Guillermo Andrada.

García-Mansilla rechazado con dos tercios

Con respecto al pliego del juez que ya forma parte del máximo tribunal de justicia, tuvo 20 votos a favor, pero 51 en contra: a los 7 senadores oficialistas, se sumaron Ávila, Luis Juez y Andrea Cristina del Pro; los tres radicales que avalaron a Lijo; los dos santacruceños; los dos misioneros; Lucila Crexell; Juan Carlos Romero y Mónica Silva. La única ausente en las dos votaciones fue la senadora chubutense Edith Terenzi.

Por su parte, Eduardo Vischi, Carolina Losada, Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Pablo Blanco, Flavio Fama, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Stella Olalla y Rodolfo Suárez, del radicalismo, rechazaron cada pliego en ambas votaciones.

Misma postura tomaron Alfredo de Ángeli, Enrique Göerling Lara, Guadalupe Tagliaferri y Victoria Huala del Frente Pro, habitual aliado de La Libertad Avanza.

En un duro revés para el Gobierno, que no buscó evitar el previsible resultado encarando algún tipo de salida alternativa más allá de apostar por la falta de quórum, el Senado rechazó este jueves los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, designados por decreto "en comisión" por el presidente Javier Milei hasta el próximo 30 de noviembre.

En el caso del juez Lijo, quien no había asumido porque el máximo tribunal no le aceptó su pedido de licencia en el Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py, la votación resultó con 27 votos a favor, 43 en contra y 1 abstención. Mientras que García-Mansilla, quien sí se incorporó rápidamente a la Corte, su pliego recibió 20 votos positivos y 51 negativos. Al no reunir ninguno los dos tercios de los votos de los presentes necesarios y sí, por el contrario, superar el número que se requería para conformar un tercio que bloqueara las chances, ninguno resultó aprobado.

Con García-Mansilla se abrirá un conflicto de poderes y reclamos judiciales, dado que quienes rechazaron este jueves su pliego aseguran que su nombramiento debe caer de inmediato, ya que es el Senado quien tiene la atribución constitucional de designar a los jueces de la Corte. Del otro lado, el oficialismo y sus aliados defendieron que ya fue designado por decreto del Poder Ejecutivo y es legal que permanezca hasta el próximo 30 de noviembre, fundamento que bajó desde la Casa Rosada en los últimos días ante la pronosticada derrota en el recinto. Además, el catedrático avisó que considera que solo podrá ser removido por juicio político.

Con la resolución de este jueves, la novela de los jueces para la Corte elegidos por Milei tuvo su cierre en el Senado, aunque lo de García-Mansilla continuará en otros capítulos. La postulación de ambos fue realizada por el Gobierno el 20 de marzo de 2024: a Lijo se lo propuso para ocupar la vacante que había dejado Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021, mientras que a García-Mansilla se lo postuló meses antes de la jubilación de Juan Carlos Maqueda, quien cumplió 75 años el 29 de diciembre pasado y dejó la Corte.

Los pliegos finalmente se enviaron dos meses después, el 28 de mayo, a la Cámara alta, donde se les dio ingreso formal en la sesión del 12 de junio. El 21 y 28 de agosto, Lijo y García-Mansilla, respectivamente, asistieron a audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos. Desde ese momento, ningún pliego reunió las firmas necesarias para habilitar el dictamen y ser llevado al recinto.

La celebración de Unión por la Patria tras la doble derrota del Gobierno.

El dictamen para Lijo recién se consiguió el 12 de febrero de este año, durante el período de sesiones extraordinarias en el que el Poder Ejecutivo puso el tema en agenda. Fue con la última firma de la catamarqueña Lucía Corpacci, cercana a Cristina Kirchner, lo que significó todo un gesto. Aunque se especuló con una sesión para el 20 de ese mes, finalmente el oficialismo no pudo garantizarse los votos. Culminando el mes sin que avance la cuestión, el presidente los nombró por decreto, en una decisión ampliamente criticada.

Al día siguiente de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, en una ceremonia que contó con la reserva previa, los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron tomarle juramento a García-Mansilla, quien dos días después se sentó en la Asamblea Legislativa del Congreso estrenando cargo.

Unión por la Patria, que tuvo entre sus integrantes a algunos que votaron por Lijo, cargó duramente en su totalidad contra García-Mansilla, a quien ya rechazaban por su perfil "conservador". Además, nunca dejaron de reprochar que el Poder Ejecutivo no haya propuesto al menos para uno de los dos lugares a una mujer.

Pero lo que endureció aún más la postura de los detractores de García-Mansilla, viejos y nuevos, éstos últimos que cambiaron de verlo con buenos ojos a oponerse a su pliego, fueron las palabras que el propio catedrático tuvo durante la audiencia pública cuando fue consultado por la camporista Anabel Fernández Sagasti sobre qué pensaría si su designación saldría por decreto, al recordar el antecedente de Rosatti y Rosenkrantz en el comienzo de la gestión de Mauricio Macri.

"Visto el impacto que tuvo el decreto 83 de 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión, porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones, que son discrecionales del presidente", sostuvo García-Mansilla en ese momento, y cuando la legisladora le preguntó si creía que eso podría afectar la independencia de un juez, el ahora cortesano reconoció que “es posible” que un magistrado nombrado de esa forma tenga “falta de independencia” si debe fallar en causas que involucren al Poder Ejecutivo.

A pesar de los pedidos de algunos aliados al Poder Ejecutivo para que retiren los pliegos y eviten la derrota, con un último intento por parte del correntino radical Eduardo Vischi, que estuvo en Casa Rosada con Santigo Caputo este martes, el Gobierno decidió no hacerlo.

La trascendental sesión de este jueves no estuvo presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, ante la ausencia de Milei, por encontrarse una vez más en Estados Unidos. A las 14.13, cuando se alcanzó el quórum con 38 presentes, la vicepresidenta del cuerpo Silvia Sapag, de UP, se sentó en el estrado y abrió la reunión, ante el retraso sugestivo del presidente provisional, el oficialista Bartolomé Abdala, quien luego sí lideró la conducción durante la jornada.

La palabra de los senadores

Con un extenso discurso en su rol de miembro informante, la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri explicó por qué no llegó a tiempo para dar quórum en la sesión. La legisladora del Pro confesó que tenía la decisión tomada desde que los pliegos ingresaron a la Cámara alta, pues no cree en una Corte Suprema de Justicia sin mujeres.

Además, hizo un repaso sobre la labor realizada en la Comisión de Acuerdos, la cual ella preside, y le enrostró al oficialismo que la “demora” en la definición “fue por la falta de consensos”, pese a “la cortesía” de darles tiempo. Del mismo modo, la larretista defenestró al catedrático Manuel García-Mansilla: “¿Nos mintió en la cara a los 72 senadores o es fácilmente manipulable por el poder político? En ambos casos no denota idoneidad para ser un juez de la Corte Suprema”.

Por el contrario, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero cuestionó a sus pares de bloque: “Me pregunto para qué algunos del Pro les dieron el quórum. No lo entiendo. Jamás voy a ser funcional al kirchnerismo”. “Esta sesión especial tiene un solo objetivo: desgastar el Gobierno del presidente Milei”, opinó la aliada del oficialismo.

La cordobesa Álvarez Rivero votó a favor de García - Mansilla, pero rechazó a Lijo.

La bullrichista sentó su posición a favor del pliego de García-Mansilla, “porque representa positivamente todo lo que necesitamos; es bueno, es valioso y defiende los valores que necesitamos volver a poner sobre la mesa, como es la defensa de la vida”. “Con la misma claridad digo no al juez Ariel Lijo, porque no merece ni un gramo de mi confianza en nada”, aseveró.

A su turno, el radical Martín Lousteau argumentó su voto en contra de ambos, al sostener que “esto no es solamente en contra de los pliegos, es en contra del mecanismo, del decreto y de nombrar los jueces en comisión; y para que García-Mansilla se vaya a la casa”. “Si se convalida este mecanismo ya no vamos a tener más jueces, lo que vamos a tener es vacantes cubiertas por empleados del Poder Ejecutivo”, advirtió.

Desde Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti aseguró que si García-Mansilla continúa como juez en la Corte Suprema, ante el rechazo del Senado, todos sus fallos “van a ser nulos de nulidad absoluta”.

“La institucionalidad de Argentina está resquebrajada hace años, tampoco miremos para otro lado, pero esto hace que ya se caiga todo. Este resquebrajamiento institucional es culpa de todos, porque la Constitución Nacional establece pesos y contrapesos”, observó la mendocina, quien también denunció una “amenaza” por parte de Ricardo Lorenzetti de acelerar una condena contra Cristina Kirchner si no se rechaza el pliego de Ariel Lijo.

Cada vez más alejado de Mauricio Macri y de la conducción de su bloque, el senador cordobés Luis Juez cargó contra UP y, fiel a su estilo, ironizó: “Nos vino de golpe una nube de sentimiento constitucional”. Reflexivo con el oficialismo, suavizó sus dichos y sugirió “buscar mecanismos” porque “no es forma designar jueces por decreto”. Para terminar su intervención, anunció: “El pliego de Lijo no lo acompaño de ninguna manera, pero García-Mansilla es otra cosa”.

El senador monobloquista Francisco Paoltroni reiteró sus cuestionamientos respecto a Lijo, motivos que provocaron su expulsión del bloque de La Libertad Avanza. Sobre eso, el formoseño recordó: “Me llamó este insolente de la Casa Rosada, Santiago Caputo, y me pidió que me calle porque sabía cómo iba a votar, pero le advertí que no solo no quiero que llegue a la Corte, sino que debería dejar de ser juez”.

En un tramo de su breve intervención, se mostró irónico con la oposición más dura y dijo que “estamos asistiendo al nacimiento del kirchnerismo republicano”. Comparó las situaciones económicas de la provincia de Formosa con la República del Paraguay y, según su parecer, la diferencia yace en “la falta de institucionalidad” en la Argentina.

Para terminar, se mostró optimista de que el Gobierno nacional reflexione y envíe nuevos pliegos, para lo que aportó sugerencias: “Espero que se premie a (la fiscal) Cecilia Goyeneche que denunció la corrupción en Entre Ríos”. Así las cosas, agregó: “Elijamos, en lo posible, dos mujeres que tengan los pergaminos”.

Representante de Convicción Federal, el nuevo bloque dentro de UP, la senadora jujeña Carolina Moisés deslindó una de las principales diferencias que tuvo con sus pares de interbloque: primero avaló el rechazo de García-Mansilla, pero confirmó que votaría a favor del pliego de Lijo porque cree “en su idoneidad, porque hizo carrera y porque empezó de abajo”.

Sin dar nombres propios, la legisladora fue crítica de la labor del Senado en el último lustro. “Venimos de años y años con 145 vacantes en los juzgados provinciales”, señaló. Esta observación de Moisés se da en el marco de su postura contraria a la conducción de Cristina Kirchner al frente del Partido Justicialista. Respecto a los pliegos, envió un mensaje general para todas las bancadas: “No pongamos pretexto cuando en realidad buscamos bloquear”.

El jefe de bancada del Pro, Alfredo de Ángeli, utilizó las palabras del referente de su partido político Mauricio Macri al repetir que “el presidente de la Nación está mal asesorado”. Asimismo, alertó que este debate se da en una “situación irregular” y que “no es una sesión más porque Lijo o Mansilla podrían estar por más de 20 años en la CSJN”.

“No es un acuerdo más, estamos decidiendo el futuro de la justicia argentina”, advirtió el senador entrerriano, quien también cargó contra Ariel Lijo: “No debería ser ni siquiera juez federal y el presidente de la Nación quiere que sea miembro de la Corte Suprema”. En el cierre, agregó que “García – Mansilla tenía idoneidad y capacidad, pero lo nombraron por decreto en vez de buscar los acuerdos durante el año pasado” y pidió que se llenen los 5 cupos en la Corte Suprema de Justicia.

Por el radicalismo, el presidente del bloque Eduardo Vischi llamó “fracaso” a la intención del Gobierno nacional por avanzar con los pliegos de Lijo y García – Mansilla. Se mostró crítico, aunque mesurado en sus palabras, pero no dejó pasar la intervención en el recinto para dejarle un mensaje al presidente Milei: “Si yo, Poder Ejecutivo, necesito dos tercios, como mínimo, lo primero que debo hacer es dialogar y tener consensos antes de enviar los pliegos”.

“Ni siquiera los de La Libertad Avanza sabían de los pliegos”, señaló el senador correntino, quien fue convocado a Casa Rosada en la antesala de esta sesión por el asesor presidencial Santiago Caputo. Igualmente, Vischi agregó que “el Gobierno creyó ganar la batalla poniendo a los jueces por decreto y termina perdiendo un montón porque afecta directamente a la economía argentina”.

De cara al futuro, el jefe de bloque radical reiteró que en esta ocasión 0“enviaron los pliegos y se supone que iban a abrir el diálogo, pero tampoco lo hicieron”. Pero, aclaró que “si quiere mejorar la justicia, acá vamos a estar para dialogar”. Para cerrar, confirmó la división dentro de su espacio respecto a los pliegos, pero anunció que la mayoría va a ir por el rechazo.

“¡No puede nombrar jueces por decreto! ¡No puede!”, enfatizó en su intervención el senador José Mayans, quien remarcó que “el señor (Manuel García) Mansilla está usurpando el cargo, no es legítimo. Es una mentira que (el presidente) pueda nombrar” jueces en la Corte.

Mayans reflexionó que si el que puede lo más, puede lo menos, entonces el presidente podría nombrar por la vía del decreto jueces d Cámara, jueces de Instancia… “Un verdadero desastre”, resumió, para cargar a continuación contra la Corte Suprema, a la que adjudicó “servilismo”.

Para Mayans, el Tribunal Supremo “incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público” y les advirtió que serán juzgados. “Tarde o temprano, nadie se salva. No es cierto que ellos son los últimos… Los últimos somos nosotros: la política. La antipolítica destrozó el país y la política tiene que arreglarlo”.

Para culminar las intervenciones en el recinto tras más de seis horas de debate, el senador oficialista Juan Carlos Pagotto remarcó que “los decretos son absolutamente constitucionales”. Asimismo, vaticinó lo que finalizó ocurriendo respecto a ambos pliegos.

En el rol de miembro informante estuvo la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri, quien además de tener un papel importante en el tema por ser la presidenta de la Comisión de Acuerdos, rápidamente debió explicar por qué no asistió a dar quórum en la sesión: Tratando de minimizar la cuestión, pidió disculpas y aceptó que “debía llegar a las 14.01”.

Trascendió que su llegada tarde el recinto (se sentó en su banca cuando se entonaron las estrofas del Himno Nacional) fue por una demora en la redacción de su discurso. En ese punto, cargó contra sus pares y recordó que “muchos senadores hoy presentes hace una semana no decía si darían quórum y recién hoy se decidieron”.

Las críticas a la senadora larretista llegaron desde todos los flancos: En X, el diputado nacional Juan Manuel López (jefe de bancada de la Coalición Cívica) le salió al cruce cuando planteó que "no quiso dar quórum". "Lamento que mienta", fue la respuesta de la senadora.

Lamento que mienta. Desde hace semanas trabajo para obtener el quórum y poder llevar adelante esta sesión. Siempre manifesté, sin especular, que los pliegos para los jueces de la Corte deben debatirse en el Senado y que jamás voy a aceptar que sean nombrados por decreto. https://t.co/5YSIbhL78a

— Guadalupe Tagliaferri (@LupeTagliaferri) April 3, 2025

En primera instancia, senadora del Pro hizo un repaso por la labor llevada a cabo en Acuerdos desde que los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García – Mansilla arribaron a la Cámara alta y destacó que fue “un honor y orgullo de llevar esas audiencias en clima de respeto y libertad de expresión”. En ese momento, dio paso a las explicaciones por la distancia temporal entre las audiencias y la firma de los despachos: “No se conseguían por falta de consensos y firmas, ni yo ni el Senado escondíamos los dictámenes”.

Dirigida al oficialismo en el Senado y al Gobierno nacional, aclaró que “hubo una cortesía de dar tiempo” para llegar a los consensos porque “a todos nos preocupaba el tema”, pero en ese momento de su intervención, la que duró 27 minutos, Tagliaferri confesó que “no creía en una Corte Suprema de Justicia sin mujeres”.

“Decidí callarme la boca para honrar el proceso, pero Argentina es el único país de América Latina sin mujeres en la Corte y fueron solo tres de 114 jueces en 163 años”, explicó la titular de la Comisión de Acuerdos. Además, cuestionó que es “una realidad que dista mucho de los países que miramos para imitar políticas públicas porque Estados Unidos tiene 4 mujeres sobre 9 jueces”.

En ese sentido, afirmó que “mujeres hay, no hay voluntad política” y desenfundó las primeras críticas conta el Poder Ejecutivo Nacional: “Un gobierno que elige varones desconoce el compromiso de millones de mujeres”. “Estaba claro que no iba a acompañar una Corte sin mujeres e invito a la reflexión a los senadores que les encantan celebrar efemérides de las mujeres en redes que acompañen mi postura porque las convicciones se demuestran en estos momentos”, agregó.

La senadora cercana a Horacio Rodríguez Larreta -lo acompaña en la boleta para ser legislador porteño- habló del presidente Javier Milei y aseveró que “El Poder Ejecutivo decidió burlarse de todos los que estamos acá sentados cuando los postulados fueron designados por decreto y encima, aceptaron”. Añadió, además, que “el presidente fue por la banquina”.

No emitió valoración sobre la candidatura de Ariel Lijo, pues reiteró en varias ocasiones que no iba a acompañarlo. Sin embargo, sobre García – Mansilla fue profunda: “Nos mintió en la cara”, enfatizó al recordar que el catedrático expresó en la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos que “no aceptaría ser designado por decreto”. Cabe recordar que Tagliaferri acompañó el dictamen de rechazo del pliego de García - Mansilla.

Tagliaferri avizoró que la exposición de García – Mansilla “va a quedar en los anales de la historia” y planteó: “¿Nos mintió en la cara a los 72 senadores o es fácilmente manipulable por el poder político? en ambos casos no denota idoneidad para ser un juez de la Corte Suprema”. Para terminar, reiteró que es “inadmisible una Corte sin mujeres y avalar a dos jueces que aceptaron ser designados por decreto”.

Se realiza en el Senado una sesión clave, en la que se espera ponerle fin a una novela que lleva unos once meses en esa Cámara: la de la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cuando se esperaba que el quórum se diese de manera holgada, la realidad fue otra. Solamente 38 senadores bajaron en tiempo y forma: 33 de los 34 integrantes del interbloque Unión por la Patria (Carolina Moisés bajó con la sesión comenzada); los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau; el formoseño exoficialista Francisco Paoltroni; y el jefe de bloque del Pro Alfredo De Ángeli junto a la pampeana María Victoria Huala.

Pese a que firmó el dictamen de rechazo del pliego de García - Mansilla, la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri (Pro) asistió al recinto una vez que el quórum se había logrado.

Será el único tema a debatir a lo largo de esta sesión, dado que los otros temas que se barajaban, no fueron contemplados como el aumento de las dietas de los senadores y la conformación de los miembros de la AGN por parte del Senado.

El quórum para una sesión que se considera de lo más trascendente se consiguió a las 14.13, estimándose a partir de ello que el Gobierno se encamina a una severa derrota, al darse casi por descontado que ninguno de los dos postulantes reúne el número suficiente para ser consagrado miembro de la Corte. Un número realmente elevado, tratándose de los dos tercios, que establece la Constitución nacional.

El Poder Ejecutivo anunció que tanto Lijo como García-Mansilla eran sus elegidos para cubrir las vacantes de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda el 20 de marzo del año pasado, aunque recién envió sus pliegos al Senado el día 27 de mayo. La trama de esta novela se complicó mucho más cuando el 26 de febrero de este año el presidente decidió designar por decreto a ambos en la Corte Suprema de Justicia.

Ese factor ha sido clave para que la oposición más dura redoblara esfuerzos para llamar a una sesión en la que pudiera rechazar sendos pliegos.

Según todas las estimaciones, tanto Lijo como García-Mansilla no cuentan con los dos tercios para ser consagrados integrantes del Tribual Superior.

La palabra de los senadores

Con un extenso discurso en su rol de miembro informante, la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri explicó por qué no llegó a tiempo para dar quórum en la sesión. La legisladora del Pro confesó que tenía la decisión tomada desde que los pliegos ingresaron a la Cámara alta, pues no cree en una Corte Suprema de Justicia sin mujeres.

Además, hizo un repaso sobre la labor realizada en la Comisión de Acuerdos, la cual ella preside, y le enrostró al oficialismo que la “demora” en la definición “fue por la falta de consensos”, pese a “la cortesía” de darles tiempo. Del mismo modo, la larretista defenestró al catedrático Manuel García-Mansilla: “¿Nos mintió en la cara a los 72 senadores o es fácilmente manipulable por el poder político? En ambos casos no denota idoneidad para ser un juez de la Corte Suprema”.

Por el contrario, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero cuestionó a sus pares de bloque: “Me pregunto para qué algunos del Pro les dieron el quórum. No lo entiendo. Jamás voy a ser funcional al kirchnerismo”. “Esta sesión especial tiene un solo objetivo: desgastar el Gobierno del presidente Milei”, opinó la aliada del oficialismo.

La bullrichista sentó su posición a favor del pliego de García-Mansilla, “porque representa positivamente todo lo que necesitamos; es bueno, es valioso y defiende los valores que necesitamos volver a poner sobre la mesa, como es la defensa de la vida”. “Con la misma claridad digo no al juez Ariel Lijo, porque no merece ni un gramo de mi confianza en nada”, aseveró.

A su turno, el radical Martín Lousteau argumentó su voto en contra de ambos, al sostener que “esto no es solamente en contra de los pliegos, es en contra del mecanismo, del decreto y de nombrar los jueces en comisión; y para que García-Mansilla se vaya a la casa”. “Si se convalida este mecanismo ya no vamos a tener más jueces, lo que vamos a tener es vacantes cubiertas por empleados del Poder Ejecutivo”, advirtió.

Desde Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti aseguró que si García-Mansilla continúa como juez en la Corte Suprema, ante el rechazo del Senado, todos sus fallos “van a ser nulos de nulidad absoluta”.

“La institucionalidad de Argentina está resquebrajada hace años, tampoco miremos para otro lado, pero esto hace que ya se caiga todo. Este resquebrajamiento institucional es culpa de todos, porque la Constitución Nacional establece pesos y contrapesos”, observó la mendocina, quien también denunció una “amenaza” por parte de Ricardo Lorenzetti de acelerar una condena contra Cristina Kirchner si no se rechaza el pliego de Ariel Lijo.

Cada vez más alejado de Mauricio Macri y de la conducción de su bloque, el senador cordobés Luis Juez cargó contra UP y fiel a su estilo, ironizó: “Nos vino de golpe una nube de sentimiento constitucional”. Reflexivo con el oficialismo, suavizó sus dichos y sugirió “buscar mecanismos” porque “no es forma designar jueces por decreto”. Para terminar su intervención, anunció que “el pliego de Lijo no lo acompaño de ninguna manera, pero García – Mansilla es otra cosa”.

El senador monobloquista Francisco Paoltroni reiteró sus cuestionamientos respecto a Ariel Lijo, motivos que lo llevaron a alejarse del bloque de La Libertad Avanza. Como dato saliente, el formoseño relató que “me llamó este insolente de la Casa Rosada, Santiago Caputo, y me pidió que me calle porque sabía cómo iba a votar, pero le advertí que no solo no quiero que llegue a la Corte, sino que debería dejar de ser juez”.

En un tramo de su breve intervención, se mostró irónico con la oposición más dura y cargó que “estamos asistiendo al nacimiento del kirchnerismo republicano”. Comparó las situaciones económicas de la provincia de Formosa con la República del Paraguay y según su parecer, la diferencia yace en “la falta de institucionalidad” en la Argentina.

Para terminar, se mostró optimista de que el Gobierno nacional reflexione y envíe nuevos pliegos, para lo que aportó sugerencias: “Espero que se premie a Cecilia Goyeneche que denunció la corrupción en Entre Ríos”. Así las cosas, agregó que “elijamos, en lo posible, dos mujeres que tengan los pergaminos”.

Representante de Convicción Federal, el nuevo bloque dentro de UP, la senadora jujeña Carolina Moisés deslindó una de las principales diferencias que tuvo con sus pares de interbloque: primero avaló el rechazo del juez Mansilla, pero confirmó que va a votar a favor del pliego de Lijo porque “creo en su idoneidad, porque hizo carrera y poque empezó de abajo”.

Sin dar nombres propios fue crítica de la labor del Senado en el ultimo lustro: “Venimos de años y años con 145 vacantes en los juzgados provinciales”. Esta observación de Moisés se da en el marco de su postura contraria a la conducción de Cristina Kirchner al frente del Partido Justicialista. Respecto a los pliegos, envió un mensaje general para todas las bancadas: “No pongamos pretexto cuando en realidad buscamos bloquear”.

El jefe de bancada del Pro, Alfredo de Ángeli, utilizó las palabras del referente de su partido político Mauricio Macri al repetir que “el presidente de la Nación está mal asesorado”. Asimismo, alertó que este debate se da en una “situación irregular” y que “no es una sesión más porque Lijo o Mansilla podrían estar por más de 20 años en la CSJN”.

“No es un acuerdo más, estamos decidiendo el futuro de la justicia argentina”, advirtió el senador entrerriano, quien también cargó contra Ariel Lijo: “No debería ser ni siquiera juez federal y el presidente de la Nación quiere que sea miembro de la Corte Suprema”. En el cierre, agregó que “García – Mansilla tenía idoneidad y capacidad, pero lo nombraron por decreto en vez de buscar los acuerdos durante el año pasado” y pidió que se llenen los 5 cupos en la Corte Suprema de Justicia.

Por el radicalismo, el presidente del bloque Eduardo Vischi llamó “fracaso” a la intención del Gobierno nacional por avanzar con los pliegos de Lijo y García – Mansilla. Se mostró crítico, aunque mesurado en sus palabras, pero no dejó pasar la intervención en el recinto para dejarle un mensaje al presidente Milei: “Si yo, Poder Ejecutivo, necesito dos tercios, como mínimo, lo primero que debo hacer es dialogar y tener consensos antes de enviar los pliegos”.

“Ni siquiera los de La Libertad Avanza sabían de los pliegos”, señaló el senador correntino, quien fue convocado a Casa Rosada en la antesala de esta sesión por el asesor presidencial Santiago Caputo. Igualmente, Vischi agregó que “el Gobierno creyó ganar la batalla poniendo a los jueces por decreto y termina perdiendo un montón porque afecta directamente a la economía argentina”.

De cara al futuro, el jefe de bloque radical reiteró que en esta ocasión 0“enviaron los pliegos y se supone que iban a abrir el diálogo, pero tampoco lo hicieron”. Pero, aclaró que “si quiere mejorar la justicia, acá vamos a estar para dialogar”. Para cerrar, confirmó la división dentro de su espacio respecto a los pliegos, pero anunció que la mayoría va a ir por el rechazo.

NOTICIA EN DESARROLLO

El jefe del bloque radical del Senado, Eduardo Vischi, visitó este martes la Casa de Gobierno. Cuando esa información se conoció, a nadie le quedaron dudas del motivo de su concurrencia: la sesión de este jueves para votar finalmente los pliegos de los dos hombres propuestos por el presidente Javier Milei para completar la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

Habiendo sido tantas veces funcional a los deseos del Gobierno nacional, en función de la relación que su gobernador Gustavo Valdés quiere mantener con la Rosada, esta vez el correntino fue a Balcarce 50 con un planteo concreto que era el de que el presidente retirara ambos pliegos del Senado. La sugerencia lejos estaba de representar un desafío al Ejecutivo: simplemente buscaba evitarle al Gobierno un traspié en el recinto.

Sucede que si la sesión pedida por Unión por la Patria para este jueves se lleva a cabo, todo indica que ninguno de los dos jueces propuestos pasaría el filtro del Senado, de ahí que el radical insistiera con el retiro de los pliegos para evitarle al Gobierno un traspié. Y hablamos de insistencia por cuanto eso es algo que ya esa parte de la oposición le ha pedido a los emisarios del Gobierno, sin encontrar antes ni ahora una respuesta positiva.

En este caso Vischi llevó también como novedad que el radicalismo está dispuesto a dar quórum este jueves. Así las cosas, todo indica que habrá sesión a partir de las 14 y, en ese caso, la suerte estaría echada para Lijo y García-Mansilla.

Desde la semana pasada que el Gobierno tiene claro que los números no han cambiado desde que en vísperas del cierre del período de sesiones extraordinarias tuvo que postergar una definición, habida cuenta de que se exponía a un rechazo. Ante esa percepción, el oficialismo comenzó a pensar en que lo mejor sería que la sesión se cayera, para mantener viva la esperanza un tiempo más. Pero todas las fuentes oficiales consultadas en la Rosada expresaron que el presidente ya prefiere desentenderse de la situación y dejar de una vez por todas que se defina el tema.

Si se suspende por falta de quórum la sesión, estará muy bien a los ojos libertarios; pero si arranca la misma y se confirma un doble rechazo, abonará las críticas que siempre redobla el Gobierno contra la oposición en su conjunto.

Lo cierto es que el oficialismo mucho no ha hecho hasta ahora para mejorar las chances de uno y otro candidato a la Corte. Lo máximo que hizo -y fue un gesto significativo por cierto- fue la designación de ambos por decreto, algo que quedará marcado en la historia, aunque de alguna manera contribuyó a este desenlace.

Manuel García-Mansilla siempre fue el legislador más afín a las ideas libertarias. Y su trayectoria generó la anuencia de buena parte de la oposición más dialoguista, contrariamente a la postulación del juez federal Ariel Lijo, destinatario de una oposición como nunca ha tenido un candidato propuesto para ese cargo por algún gobierno. Así y todo, Lijo es quien más cerca estuvo -o estaría- de alcanzar la aprobación en la Cámara alta, apalancado en la principal oposición en el Senado.

A esta altura es inocultable que Lijo surgió de una propuesta del expresidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, máximo interesado en generar una nueva mayoría en el Tribunal Superior que le permita volver a ostentar la presidencia del mismo. Presidente de la Corte Suprema entre los años 2007 y 2018, Lorenzetti llegó a ese tribunal propuesto por Néstor Kirchner para reemplazar al juez Adolfo Vázquez, uno de los jueces de la “mayoría automática” que el kirchnerismo desarmó a través de la vía del juicio político. Fue desbancado de la presidencia por uno de los dos miembros de la Corte designados en tiempos de Cambiemos, Carlos Rosenkrantz, a quien luego sucedió Horacio Rosatti, que preside el cuerpo desde 2021. Y fue quien sugirió a Santiago Caputo la elección de Ariel Lijo para sumar a la Corte Suprema.

El Gobierno se entusiasmó con la posibilidad de cambiar la relación de fuerzas en una Corte que siempre miró con desconfianza, pero desde un primer momento Lijo recibió la instrucción de garantizarse por sí solo los votos necesarios para asumir. Le fue bien en un principio, al punto tal de haber conseguido el dictamen correspondiente, cosa que a García-Mansilla se le hizo muy cuesta arriba y, cuando finalmente estuvo habilitado para ser tratado su pliego en el recinto, el dictamen fue de rechazo.

Como el Gobierno “no movió un dedo” -supuestamente- por uno ni por otro, se desentiende de una eventual derrota en el recinto, como sucedería este jueves. En rigor de verdad, las negociaciones por Lijo sí habrían existido, llevadas adelante por el viceministro de Justicia Sebastián Amerio y el senador camporista Eduardo “Wado” de Pedro. Dicen que las mismas incluían la propuesta de acuerdos para la designación de 140 miembros para juzgados vacantes, y que como gesto oficial incluyeron la falta de quórum para el tratamiento en Diputados de la ley de ficha limpia.

Pero cuando ese tratamiento se reactivó en extraordinarias, las relaciones volvieron a tensarse con el kirchnerismo. Más aún cuando el presidente comenzó a trastabillar en el verano, con su discurso en Davos y, sobre todo, el escándalo $Libra. Los contrapuntos entre Cristina Kirchner y el presidente se hicieron más regulares y el kirchnerismo tomó la determinación de no darle ninguna victoria al mileísmo. El interbloque UP, además, ya había prometido que no votaría nunca a un juez que aceptara ser designado por decreto, como terminó sucediendo con ambos.

Alcanzan 25 votos en el Senado para que un pliego para la Corte sea rechazado. Los números cambian, eso sí, en función de los presentes y las abstenciones. En el caso de García-Mansilla, el rechazo tiene votos de sobra, si se suman los de Unión por la Patria, aun si el nuevo bloque de Convicción Federal se diferenciara aprobando. Además, contará García-Mansilla con el rechazo de Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Martín Lousteau (UCR) que ya firmaron un dictamen de rechazo.

En el caso de Lijo, el rechazo se hace un poco más difuso, pero sigue siendo lo más probable. El kirchnerismo puro no piensa convalidarlo, con lo cual habría que sumar los votos de los 15 miembros de Unidad Ciudadana, a los de otros cristinistas que están en el Frente Nacional y Popular: Lucía Corpacci, María Inés Pilatti Vergara y el camporista Mariano Recalde. Probablemente también la riojana María Florencia López.

Alguno podría sugerir la posibilidad de que José Mayans terminara absteniéndose, habida cuenta de la división que podría darse en su interbloque y que su gobernador, Gildo Insfrán, está a favor de la designación de Lijo. Sin embargo hay que recordar que fue el propio formoseño el que dijo aquello de que UP jamás daría su aprobación a jueces que aceptaran ser designados por decreto. Además, para alinear a la tropa Mayans convocó este miércoles feriado a esa bancada, cuestión de tenerlos alineados y evitar que alguno dijera que no pudo llegar por problemas de vuelos. Fue precisamente lo que sucedió con la jujeña Carolina Moisés, la única ausente este 2 de abril.  Pero este jueves estará.

Por supuesto, también hay que contar con el voto en contra del formoseño exoficialista Francisco Paoltroni, contrario a Lijo desde el minuto cero y que precisamente fue expulsado de La Libertad Avanza por la virulencia con la que rechazó siempre al juez federal.

A esos 20 votos contra Lijo habría que sumar los de Tagliaferri, Lousteau, los también radicales Carolina Losada y Pablo Daniel Blanco, más los del Pro Andrea Cristina, Alfredo De Angeli, María Victoria Huala y Luis Juez. Habrá que ver si también se suma Martín Göerling Lara. La que ya dijo que no cuenten con ella es la cordobesa Carmen Alvarez Rivero, que el martes posteó que se abstendrá, lo cual siempre es bueno para ambos jueces, a los que solo les preocupa que no les voten en contra. “Los cordobeses no me votaron para votar con los K y Lousteau -argumentó-. Y si el kirchnerismo, junto con aliados como Lousteau, Tagliaferri y otros de la UCR, quieren que votemos a los dos jueces en una misma votación, voy a abstenerme para NO votar a Lijo. En ese caso, voy a explicar el sentido de mi voto: me abstengo porque NO quiero darle el acuerdo a Lijo. Sí se lo daría a García-Mansilla, pero como decidieron votar los dos pliegos juntos, no puedo acompañarlo con mi voto”, sostuvo.

Más allá de la postura de estos dos últimos senadores más cercanos a Patricia Bullrich, el rechazo de Lijo podría estar sumando -sacando a los 4 senadores de Convicción Federal, que podrían despegarse del resto del interbloque- al menos 27 senadores, suficientes para justificar que haya tomado la precaución de no renunciar al Juzgado Federal N° 4.

¿Pero habrá o no habrá quórum? Todo indica que sí, contando con la mayoría del interbloque UP, que llamó a esta sesión, más buena parte de los radicales, Guadalupe Tagliaferri, y la cordobesa Alejandra Vigo, quien también votará en contra de ambas postulaciones.

Teniendo en cuenta que, en caso de ser rechazada su designación, García-Mansilla tendría resuelto renunciar a la Corte para evitar el deterioro que le significaría el tironeo reglamentario que se daría en torno a la legalidad de sus fallos tras ser rechazado por el pleno, la novela de estos jueces de la Corte podría llegar a su fin este jueves. Eso comenzará a develarse antes de que se cumpla media hora desde el inicio de una sesión clave del Senado que, nuevamente, no podrá ser presidida por Victoria Villarruel, por encontrarse el presidente en el exterior.

El jefe del interbloque Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, anticipó que los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla reúnen "más de 30 votos en contra", lo que provocaría su rechazo en la sesión citada para este jueves.

"Vamos a tener sesión pese a todas las maniobras que se están haciendo", aseguró el formoseño, ante la búsqueda por parte del Gobierno nacional de hacer fracasar la reunión por falta de quórum.

El legislador sostuvo que "el Senado tiene que tratar el tema" de una vez y, sobre su bancada, dijo: "En principio, vamos a votar por el rechazo de ambos pliegos". Sin embargo, minutos después admitió que no podía garantizar que "todos" los integrantes de su espacio voten en contra de los dos postulantes, dado que algunos habían adherido al pliego de Lijo.

Con todo, por el rechazo que el juez federal -quien no asumió en la Corte- recoge en sectores de la oposición dialoguista, Mayans consideró que ambos tendrán un tercio de votos negativos que voltee los pliegos.

"Un juez nombrado por decreto puede ser sacado por decreto, no tiene estabilidad ni imparcialidad", señaló el senador, que acusó a García-Mansilla de "jurar por una Constitución que está violando" y estar "usurpando el cargo", al haber jurado como juez de la Corte.

El formoseño expresó que el Gobierno utilizó un esquema propio de "un gobierno de facto". "No se puede nombrar jueces en comisión y tener el país sin presupuesto. Tenemos 101 mil millones dólares más de deuda, que no sabemos quién va a pagar. Por eso, necesitan una Corte adicta, que les diga todo que sí", enfatizó.

"Estamos sin división de poderes. Hay algunos que le están entregando la suma del poder público a (Javier) Milei para que deje el país en bancarrota", agregó.

Finalmente, consultado en radio El Destape sobre la posición de los cuatro senadores que conformaron Convicción Federal dentro del interbloque, Mayans afirmó que éstos "confirmaron su presencia" a la reunión que la bancada mantendrá este miércoles (feriado) en la previa de la sesión. "Estamos todos juntos trabajando en eso", manifestó.

En la antesala de una sesión trascendental, el senador cordobés Luis Juez ratificó este martes su posición en contra del pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, mientras que en el caso de Manuel García-Mansilla respaldó la postura del Gobierno sobre que hasta el último día de noviembre el catedrático puede ocupar un lugar en el máximo tribunal.

"El pliego de Lijo no lo voy a votar ni en pedo, porque no creo en los punteros políticos devenidos en magistrados, no creo en los operadores judiciales", enfatizó el legislador en declaraciones a radio La Red.

Y agregó: "Odio los tiempistas. En mi historia de 40 años siempre me peleé con los operadores judiciales. Hay que poner gente que levante la vara".

Por otro lado, el cordobés consideró que en el caso de García-Mansilla hay "una discusión abstracta" porque "te podrá gustar más o menos" pero "es juez de la Corte hasta noviembre, designado en comisión".

Sobre la oposición, el senador aliado del oficialismo les reprochó que "hubiesen negociado, tuvieron todo un año"; y admitió haberle pedido a Casa Rosada que retiren los pliegos, algo que finalmente no sucedió.

La principal actividad en el Congreso para esta semana, marcada por un feriado en el medio de la misma, es, sin lugar a dudas y con toda lógica, la sesión pedida por Unión por la Patria en el Senado para tratar de una vez por todas los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia.

Ambos ya con dictamen, la sesión no necesita mayorías especiales para abordar el tratamiento de los mismos, previsto para las 14 de este jueves. Ya había sido convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel con dos semanas de anticipación, el 19 de marzo pasado. Ahora, toda la expectativa está puesta en si habrá o no quórum para realizar la reunión.

Es que todos los poroteos previos realizados hacen prever que ninguno de los dos elegidos por el presidente Javier Milei cuenta con el número suficiente de votos para ser aprobados. Por tal motivo, ha trascendido la intención del oficialismo de evitar que la sesión se concrete.

También se sabe que el Gobierno mantiene obstinadamente la decisión de no retirar los pliegos, como le piden desde la oposición amigable, que busca ahorrarse el pronunciamiento público.

La legislación es clara respecto del número necesario para aprobar jueces para el Tribunal Superior. Según establece el artículo 99 de la Constitución Nacional, en su inciso 4, el presidente “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.

El más complicado es García-Mansilla, fundamentalmente por la frase que lo condenó durante la audiencia celebrada en la Comisión de Acuerdos. Fue cuando la camporista Anabel Fernández Sagasti le preguntó si aceptaría ser designado por decreto y él respondió enfáticamente que no. Pruebas al tanto, tras haber jurado en la Corte y ya estar en ejercicio de funciones, la oposición sostiene que si no pudo mantener su palabra en ese sentido, no es confiable. Aunque ya de por sí el interbloque de Unión por la Patria nunca lo quiso. En principio, por considerarlo demasiado conservador -se opuso y militó contra la legalización del aborto-, pero además el bloque que conduce José Mayans consideró siempre ese lugar en la Corte como prenda de negociación: quería allí a una mujer, y de la preferencia de Cristina Fernández de Kirchner, según pudo saberse.

En el caso del juez federal Ariel Lijo, el Gobierno siempre bajó la misma línea: él tenía que conseguir los apoyos para su candidatura. En principio, no lo estaría logrando.

El interbloque más importante de la Cámara alta cuenta con 34 miembros, aunque ahora aparece dividido en tres bloques. El más nuevo, el de Convicción Federal (4 senadores) se ha formado precisamente para poder negociar según sus propios intereses. Y en el caso de los jueces para la Corte, aparecen más dispuestos a atender las necesidades del Gobierno. Sobre todo, con Lijo.

Así y todo, estaría prevaleciendo la postura de la conducción de Unión por la Patria de rechazar los dos pliegos. Los senadores radicales analizarán en las próximas horas qué postura adoptar, aunque hay algunas que ya se conocen de antemano. El titular de la UCR, Martín Lousteau, votará contra la postulación de ambos (de hecho firmó, con Guadalupe Tagliaferri, un dictamen contra la designación de García-Mansilla). Carolina Losada también anunció hace tiempo que rechaza el pliego de Lijo, y una postura similar se espera del fueguino Pablo Daniel Blanco. Con Lousteau, Tagliaferri y Blanco tres sentados en sus bancas, más todos los de Unión por la Patria, alcanzaría para arrancar la sesión este jueves, hoy por hoy la gran duda de todos.

En el caso del Pro, sus miembros siempre mantuvieron la decisión de rechazar al menos la designación de Lijo. Incluso la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero. Pero cercana a Patricia Bullrich, su postura final siempre abrió interrogantes. Y este martes posteó que se abstendrá, lo cual siempre es bueno para ambos jueces, a los que solo les preocupa que no les voten en contra. “Los cordobeses no me votaron para votar con los K y Lousteau -argumentó-. Y si el kirchnerismo, junto con aliados como Lousteau, Tagliaferri y otros de la UCR, quieren que votemos a los dos jueces en una misma votación, voy a abstenerme para NO votar a Lijo. En ese caso, voy a explicar el sentido de mi voto: me abstengo porque NO quiero darle el acuerdo a Lijo. Sí se lo daría a García Mansilla, pero como decidieron votar los dos pliegos juntos, no puedo acompañarlo con mi voto”, sostuvo.

¿La novela concluirá este jueves? Si hay quórum y se vota, podría suceder. Pero si ambos pliegos son rechazados, seguirá la discusión en torno a García-Mansilla. No con Lijo, quien ya se quedará con su puesto como juez federal, por algo no ha renunciado. Pero en el caso del académico, el Gobierno sostendrá que ya fue designado en comisión así que tiene vigencia hasta el último día de noviembre. Incluso, el propio magistrado avisó que sólo puede ser removido por juicio político.

Se abrirá entonces otra discusión, no menos áspera en torno a las dos bibliotecas que sostienen argumentos a favor y en contra en ese sentido.

En caso de asistencia perfecta, los pliegos requieren 48 votos a favor para su aprobación, un número que ninguno de los dos reúne por estas horas. Mientras que, con un tercio de 25 votos en contra, alcanza para bloquear a cualquiera de los dos. Según aseguró Mayans este martes, "ambos tienen más de 30 votos en contra".

El senador nacional Pablo Blanco (UCR) aseguró este miércoles que los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla serían rechazados en la Cámara alta, donde se convocó a una sesión para tratarlos el próximo 3 de abril.

“Todo indica que va a haber un rechazo, no por la calidad de los candidatos, sino por el sistema que utilizó el Ejecutivo de designación en comisión”, señaló en referencia a la decisión del presidente Javier Milei de nombrarlos como jueces de la Corte Suprema por decreto.

En diálogo con radio Splendid, el fueguino remarcó que “la potestad de la aprobación no cabe ninguna duda que es potestad del Senado Nacional”.

Además, reconoció que el bloque de la UCR -con internas en torno a este y otros temas- todavía no tomó una postura unificada y no se sabe cómo votarán.

Por otra parte, Blanco desestimó declaraciones realizadas por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien reclamó una nueva normativa que deje sin efecto la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“Eso ya se discutió en dos oportunidades y ya es un tema superado, y si bien yo no comparto lo que se aprobó por ley, creo que debemos ser respetuosos del funcionamiento de las instituciones”, aseveró.

Aunque se manifestó contrario al aborto, el radical dijo que “es un tema cerrado” y el pronunciamiento de Villarruel, durante un acto en el Senado por el Día del Niño por Nacer, “es volver a dar discusiones que ya se dieron en su momento y no tiene sentido volver a debatir eso”.

Finalmente, el legislador calificó como “una barbaridad” que Vialidad Nacional haya destruido en Río Gallegos un monumento al escritor y periodista Osvaldo Bayer, autor del libro “La Patagonia rebelde”, que relata los fusilamientos de obreros en Santa Cruz en 1921.

“Es una barbaridad, un atropello sin ningún tipo de sentido”, sostuvo Blanco y agregó que “los jóvenes están esperando noticias del futuro, no recuerdos del pasado. La gente espera otras cosas de los políticos y volver siempre sobre lo mismo es el negocio de unos pocos”.

En la antesala del tratamiento de su pliego en el Senado, el juez Manuel García-Mansilla presentó un escrito de 50 páginas, donde se opuso a la idea de hacer caer su nombramiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que le hayan tomado juramento. También cargó contra el letrado Alejo Ramos Padilla que analiza su designación: “Un juez no puede sacar a otro juez”.

“Ramos Padilla no tiene jurisdicción para intervenir y lo que se resuelve es ajeno a sus facultades”, refirió García-Mansilla. El juez de La Plata debe resolver la cautelar presentada en contra de la designación por decreto de necesidad y urgencia. Sin embargo, el titular del Juzgado Federal platense retrasó el veredicto para después del tratamiento parlamentario de los pliegos.

Asimismo, García-Mansilla, nombrado en comisión por el presidente Javier Milei, asumió que “por ser miembro” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “solamente puedo ser removido mediante el mecanismo de juicio político previsto en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional”.

A lo largo del medio centenar de páginas presentado en respuesta a Ramos Padilla, García-Mansilla solicitó que se rechace “sin más trámite esta acción de amparo colectivo, asi como los pedidos efectuados para que se suspendan los efectos del decreto y se declare la inconstitucionalidad del decreto 137/2025”.

“Desde el 27 de febrero de 2025 estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial a la que se refiere el artículo 108 de la Constitución Nacional en el marco del juramento que presté conforme lo previsto en el artículo 112 de la Constitución. Desde esa misma fecha estoy comprendido dentro de las garantías previstas en el artículo 110 de la Constitución Nacional durante todo el plazo que dure mi nombramiento en comisión”, remarcó García Mansilla.

También, señaló que avanzar con esta causa “atentaría contra el orden público constitucional debido a que los propios jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que me tomaron el juramento previsto en el art. 112 de la Constitución Nacional no consideraron que el art. 1º del Decreto 137/25 estuviera viciado por ‘arbitrariedad o ilegalidad manifiesta’ alguna”.

“Ciertamente, ninguno de ellos me hubiera tomado el juramento constitucional si esa arbitrariedad o ilegalidad del Decreto 137/25 en mi caso hubiera sido ‘manifiesta’ al momento de hacer el control de los aspectos formales que efectuaron previamente en ejercicio de sus facultades de superintendencia”, concluyó.

Tanto el pliego de Manuel García-Mansilla como el Ariel Lijo serán puestos a consideración del Senado el próximo 3 de abril. La vicepresidenta  Victoria Villarruel fijó la fecha luego de que el interbloque peronista solicitara una sesión especial para abordar el tema de manera urgente.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este martes que el retiro de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema no es algo que vaya a realizar el Poder Ejecutivo.

"No, no lo evalúa el Gobierno. No los va a retirar", respondió durante una entrevista en radio Futurock sobre la opción de que Casa Rosada pida la salida de los pliegos enviados al Senado, donde fue convocada una sesión para su tratamiento el próximo 3 de abril.

Ante la presión de Unión por la Patria de voltear las designaciones, luego que el presidente Javier Milei nombrara a ambos por decreto -aunque el juez federal Lijo todavía no pudo asumir, pues la Corte no le aceptó la licencia en su cargo-, la Comisión de Acuerdos se reunió para habilitar el dictamen de García-Mansilla, quien sí ya está en funciones en el máximo tribunal. Por su parte, el de Lijo había logrado las adhesiones necesarias en febrero pasado, pero no tuvo garantizados los votos para aprobarse en el recinto y, en la última semana de ese mes, Milei avanzó por decreto.

"Ambos ministros de la Corte fueron designados por decreto en función de las facultades constitucionales y están en funciones hasta el 30 de noviembre de este año cuando finalice el periodo de sesiones", defendió Francos.

La alternativa de retirar los pliegos había sido un pedido/sugerencia de algunos aliados, incómodos con tener que ir al recinto a levantar la mano por una postura u otra. Cabe recordar que, para su aprobación, los pliegos requieren el aval de dos tercios de los presentes; mientras que, en caso de asistencia perfecta, 25 senadores en contra podrían bloquear una designación.

El jefe de Gabinete agregó que en el caso de Lijo, "todavía no ha asumido, pero veremos qué hace; deberían preguntarle a él". "Con respecto a García-Mansilla, él puede seguir en su cargo constitucionalmente" aún si el Senado le rechaza el pliego, consideró el funcionario.

Por otro lado, consultado sobre los distintos proyectos vinculados a dar una respuesta al fin de la moratoria previsional, que comenzarán a debatirse el próximo 9 de abril, Francos aseveró que "el Gobierno no va a aprobar ningún proyecto de estas características, que no tenga claramente establecido cómo se financia".

"Todos estos proyectos de moratoria han generado un caos en el sistema previsional argentino, que ha terminado desfinanciado", sumó y sobre si habría un veto ante una eventual ley, dijo que eso sería "una decisión del presidente". No obstante, reiteró que "el Gobierno no está de acuerdo con el sistema de moratorias".

El Senado de la Nación sesionará el próximo 3 de abril para tratar los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, quienes fueron propuestos para integrar la Corte Suprema de Justicia. La decisión fue oficializada por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien fijó la fecha luego de que el interbloque peronista solicitara una sesión especial para abordar el tema de manera urgente.

Si bien la intención del peronismo era llevar el debate al recinto este mismo jueves, la solicitud de sesión especial le dio margen a Villarruel para fijar la fecha y el horario del encuentro legislativo, lo que le permitió dilatar la discusión y descomprimir la presión de la oposición. De esta manera, la vicepresidenta evitó cuestionamientos por la inactividad del Senado y trasladó la responsabilidad a la Casa Rosada y a los senadores.

Los pliegos de García-Mansilla y Lijo ya cuentan con dictamen y están en condiciones de ser votados en el recinto. El caso de García-Mansilla es particular, ya que asumió su cargo en la Corte Suprema en febrero, tras haber sido designado por decreto junto con Lijo. La maniobra del presidente Javier Milei generó una fuerte controversia, lo que llevó a sectores del peronismo y a legisladores como Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Pro) a impulsar dictámenes que avalan su nominación para que sea formalmente ratificado por el Senado.

La sesión del 3 de abril se anticipa como un escenario de alta tensión política, con el oficialismo buscando consolidar sus nominaciones y la oposición intentando bloquearlas o exponer la decisión del Ejecutivo de designar jueces sin el aval del Congreso. El debate marcará un nuevo capítulo en la pulseada entre el Gobierno y el Senado, en un contexto de creciente confrontación institucional.

Los senadores nacionales de Unión por la Patria le pidieron a la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, un pedido de sesión especial para el próximo jueves 20 de marzo a las 12 con el fin de dar tratamiento a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García – Mansilla. Ambos jueces fueron designados por decreto el pasado 26 de febrero.

La Comisión de Acuerdos pasó a la firma los despachos para el rechazo de García-Mansilla en la reunión de este jueves: Uno de los dictámenes contempló las siete rúbricas de los miembros de Unión por la Patria; mientras que el otro, tuvo las firmas del radical Martín Losuteau, y la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri (Pro).

El pasado 27 de febrero, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le tomaron juramento a García-Mansilla, que luego estuvo sentado con los miembros del máximo tribunal en la Asamblea Legislativa del 1º de marzo pasado.

Sin embrago, la Corte Suprema optó por no tomarle juramento a Ariel Lijo y rechazarle el pedido de licencia como titular del Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py. Sin una renuncia a la vista por parte del juez, su futuro está ligado a la votación del Senado.

Ahora bien, el caso de García Mansilla, quien actualmente está en funciones como miembro de la Corte Suprema, podría desatar un conflicto de poder en caso de que el jueves la Cámara alta haga caer su pliego.

• Nuestro Interbloque solicita se convoque a Sesión Especial para el día 20 de Marzo a fin de tratar los pliegos para la designación del Dr. Ariel Lijo y el Dr. Manuel García Mansilla como
Jueces de la Corte Suprema 👇 pic.twitter.com/XdRYkJldSp

— Senadores de UxP (@Senadores_UxP) March 13, 2025

De cara a la sesión, el interbloque opositor cuenta con 34 miembros, quedando a 3 del quórum. En caso de que la sesión contase con asistencia perfecta, alcanzarían 25 pronunciamientos de esa bancada en contra para que las postulaciones queden sin chances.

La oposición logró este jueves en la Comisión de Acuerdos del Senado habilitar, con las nueves firmas necesarias (la mitad más una del total de sus integrantes), el dictamen del pliego de Manuel García-Mansilla, quien fue designado por decreto "en comisión" por el presidente Javier Milei y ya se encuentra en funciones, luego que el máximo tribunal le haya tomado juramento.

Uno de los despachos contó con las siete rúbricas de todos los miembros de Unión por la Patria en la comisión: Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Alicia Kirchner y Sergio Uñac. Mientras que el otro fue suscripto por el radical Martín Lousteau y la presidenta de la comisión, la larretista Guadalupe Tagliaferri.

En una reunión que dejó expuesta a cielo abierto la interna radical, con las exposiciones de Lousteau y el bonaerense Maximiliano Abad, quien ingresó cuando ya se había logrado el quórum, el oficialismo y sus aliados decidieron no participar.

Con fuertes críticas por la decisión presidencial de nombrar a dos jueces por decreto en la Corte, la oposición buscará el próximo jueves 20 llevar al recinto del Senado ambos pliegos para su rechazo.

El interbloque de UP cuenta con 34 miembros, a 3 del quórum. Además, en caso de asistencia perfecta al momento de la votación, con 25 integrantes de esa bancada que se pronuncien en contra, cualquiera de las postulaciones quedaría sin chances.

El dictamen de Lousteau y Tagliaferri sí manifesta el rechazo a García-Mansilla, mientras que UP metió una jugada con el fin de que en la sesión no haya objeciones: firmaron un dictamen por la positiva, en el cual aclaran que "es meramente una cuestión formal, que de ninguna manera deberá entenderse como un acompañamiento a la postulación del Dr. García Mansilla, sino que responde exclusivamente a la necesidad de dar cumplimiento al procedimiento reglamentario establecido". "En tal sentido, se busca permitir que el pliego en cuestión sea elevado al pleno de la Cámara, a fin de que pueda ser debidamente debatido y se adopte una decisión definitiva respecto de su aprobación o rechazo", agregan.

A diferencia de Ariel Lijo, el pliego de García-Mansilla nunca había obtenido el dictamen necesario para bajar al recinto sin requerir dos tercios de los votos para ser habilitado. El apoyo cosechado llegaba al de un libertario y tres aliados del oficialismo, que este jueves no se presentaron para plasmar tales avales en un despacho.

Anabel Fernández Sagasti recomendó a sus pares leer esta semana el libro El Federalista. (Foto Comunicación Senado)

El pasado 13 de febrero, incluso con la firma de tres legisladores de UP, el pliego de Lijo sí había quedado formalizado. La intención de La Libertad Avanza era tratarlo en extraordinarias, pero no pudo garantizarse los votos.

Culminado el período de sesiones extraordinarias sin avance en los pliegos, el presidente Milei firmó por decreto las designaciones de Lijo y García-Mansilla “en comisión” hasta el próximo 30 de noviembre.

En el caso de García-Mansilla, la Corte le tomó juramento rápidamente, tan sólo dos días después de la decisión adoptada por Milei, el 27 de febrero; mientras que a Lijo, el máximo tribunal le rechazó el pedido de licencia en su cargo como titular del Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py. No dispuesto a renunciar, la suerte de Lijo sigue a cargo del Senado.

Ahora, el caso de García-Mansilla abriría un problema más complejo, con bibliotecas divididas sobre qué podría pasar si la Cámara alta finalmente rechaza su pliego, cuando ya asumió como ministro del máximo tribunal. Un tema que, sin dudas, desataría un conflicto que podría terminar incluso en manos de la Corte.

El debate

Luego de ser ratificada como presidenta de la comisión, Tagliaferri recordó que el pliego de García-Mansilla (al igual que el de Lijo) ingresó formalmente al Senado el 28 de mayo de 2024, tomó estado parlamentario en la sesión del 12 de junio y el candidato se presentó a audiencia pública el 28 de agosto. Sin contar los días de receso invernal, "desde el momento en que ingresó se le pudo dar tratamiento al pliego y se tardó menos de tres meses en hacer todo el proceso correspondiente", destacó.

La porteña resaltó que "no es que el Senado no puso en discusión" la cuestión. Y dejó clara su postura: "Soy una convencida de que la Comisión de Acuerdos y el Senado son los que tienen que decidir los jueces de la Corte Suprema, porque así lo indica la ley y la Constitución".

A su turno, el jefe de UP, José Mayans, apuntó que la selección de los jueces de la Corte "es un acto complejo que lo realiza el Poder Ejecutivo con el Senado, que representa a las provincias". "Es muy clara la Constitución en el artículo 99, inciso 4", dijo y consideró que "tenemos que tener en la Corte personas impecables que garanticen la aplicación de la Constitución".

El formoseño advirtió que "una persona que es nombrada por decreto puede ser sacada por decreto", al tiempo que si el Poder Ejecutivo "nombra miembros de la Corte" puede más adelante llegar a "nombrar miembros en tribunales inferiores, o fiscales, o defensores".

"Están violando la Constitución Nacional con una interpretación rebuscada, hablando de los empleados públicos", señaló sobre los fundamentos del PEN en base al artículo 99, inciso 19. "Hay que poner un límite a esto; el límite es cumplir con la Constitución Nacional. Reclamamos el respeto al Parlamento. El Parlamento en los golpes de Estado es lo primero que desaparece", exclamó.

En alusión a García-Mansilla, expresó: "Hoy tenemos una persona que usurpa el Poder Judicial, está haciendo fallos que son nulos de nulidad absoluta, porque no tiene el acuerdo del Senado".

"Las fuerzas políticas tenemos cosas que decir y esperamos que abran una mesa, que sienten a los líderes de los partidos políticos, y hablemos sobre qué es lo mejor para el país; y establezcamos una conducta de respeto hacia las fuerzas políticas y no este desprecio que cometieron, que no es a nosotros, sino a la voluntad popular que representamos", concluyó.

Después fue el turno de Lousteau, quien remarcó que el Ejecutivo se paró en un artículo que habla de la designación en comisión "cuando se produzca una vacante durante el receso, una vacante de un empleo. ¿Los jueces de la Corte Suprema son empleados del Poder Ejecutivo? Primera pregunta". También indicó que expresa que "si la vacante se produjo en receso" y "en ninguno de los dos casos fue así".

"Nombrar jueces en comisión es una burla enorme a la Constitución", afirmó y opinó que "la excusa" del Gobierno al decir que el Senado no trató los pliegos "es mentirosa". "Cuando el Senado no está de acuerdo con los pliegos lo que hace es no tratarlos (en el recinto)", explicó.

El porteño subrayó que "lo que hace el presidente es poner jueces de la Corte a prueba, porque el próximo 30 de noviembre tiene que decir si los renueva por decreto o no". "¿Cómo tiene independencia la Corte si esa es la situación?", preguntó.

Al mencionar declaraciones de García-Mansilla en la audiencia pública, recordó que el actual juez respondió que no aceptaría ser nombrado por decreto. "Entonces yo tengo que pensar, o el juez propuesto cuando vino a la audiencia nos mintió y no tiene ninguna vocación por sostener la verdad; o es un juez que nos dijo la verdad, pero después no la pudo sostener por dos motivos: o tiene una ambición desmedida por ser juez de la Corte o el Gobierno lo presionó para que aceptara", cerró.

También habló la vicejefa de UP y vice de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, quien aseveró que "el presidente Milei es autoritario, es antidemocrático y este decreto poniendo a dos miembros en la Corte es más que prueba suficiente", pero advirtió que "existen los pesos y contrapesos" entre los poderes del Estado "que no están funcionando".

"Este Senado puede parar esta designación en comisión por decreto, llevando al recinto los dos pliegos y rechazándolos", subrayó la mendocina. A continuación, lamentó que "tenemos un DNU (70/23) que cambia la Constitución y la Cámara de Diputados lo ha dejado vivir; no hablemos de las delegaciones, en las que se funda un DNU para habilitar un futuro acuerdo con el Fondo, nunca antes visto".

En esa línea, la kirchnerista afirmó que "Milei es lo que es, pero este Congreso no está cumpliendo con sus funciones". "Si nosotros el jueves que viene no nos sentamos y miramos la Constitución, y miramos para otro lado, vamos a ser cómplices de este atropello", advirtió y añadió que "ya no estamos hablando de cualidades personales de los postulantes, sino de dos personas que aceptaron violar la Constitución".

Otra vez la tragedia se posó en Bahía Blanca. Como en diciembre de 2023, cuando esa vez el viento causó devastación y entre otras cosas derrumbó el techo de un club causando 13 muertos. El gobierno libertario llevaba menos de una semana en el poder y el presidente viajó a esa ciudad para estar -muy poco tiempo- en el lugar de los hechos. Y ahí, vestido con ropas militares, con el ministro de Defensa a su derecha con igual atuendo, expresó unas palabras que aún resuenan (mal) en la memoria bahiense: “Estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible, con los recursos existentes”.

Fue lo primero que les vino a la mente a muchos cuando este viernes se conoció la magnitud de un desastre aún peor en la tierra natal de Manu Ginóbili. Con más experiencia y mejor aconsejado, el Gobierno desarrolló un intenso operativo para atender la emergencia, autorizó el envío de 10 mil millones de pesos para las tareas de asistencia y Patricia Bullrich y Luis Petri -la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en 2023- se instalaron allí enfrascados en sus funciones ministeriales.

Rápidos de reflejos, en Presidencia suspendieron la visita de Milei a Mendoza para participar de la Fiesta de la Vendimia, aunque al menos de entrada no cambió su destino hacia el lugar de la tragedia. Que logró, eso sí, lo que hasta poco antes parecía imposible: que el Gobierno nacional y el bonaerense se mostraran juntos coordinando acciones en el lugar de los hechos. No podía ser de otra manera, pero dadas las circunstancias y antecedentes, sorprendió. Gratamente.

Porque justo una semana antes, Javier Milei había llegado a sugerir la intervención de la provincia. “Si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”, posteó Milei el viernes anterior al colapso bahiense.

Si bien después diversos voceros trataron de minimizar el alcance de la amenaza, ese ataque es parte del bombardeo oficial constante sobre la administración de Axel Kicillof, secundado por medios y periodistas afines. El combustible para la contienda son los casos de inseguridad que se suceden en territorio bonaerense, situación que el presidente ha descripto como “un baño de sangre”, parangón cuyo copyright corresponde a José Luis Espert, hoy en la pole position libertaria para estas elecciones en el distrito bonaerense (madre de todas las batallas).

Desde la gobernación le contestaron que el índice de homicidios viene bajando en la provincia, cosa que la prensa adicta relativizó. Pero lo cierto es que la única manera de medir estas cuestiones -sin guiarse por la “sensación térmica”- es a través de las estadísticas. Y si bien en la materia puede objetarse que no todos los casos se denuncian, los homicidios no pueden ocultarse. El tema es que, moderada la inflación, la seguridad ha vuelto a ocupar un lugar principal en la escala de demandas de la sociedad. Pardójicamente cuando la ministra de Seguridad de la Nación, a quien el presidente Milei ponderó especialmente en su discurso ante la Asamblea Legislativa, goza de la mejor imagen. Incluso hay una encuesta conocida esta semana que sitúa a Bullrich por encima de Milei, caso $Libra mediante.

El propio presidente dio datos positivos sobre la seguridad, cuando en la Asamblea Legislativa afirmó que “tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica”, dato corroborado por Chequeado, en base a un informe del Insight Crime de 2024, que señala que la Argentina registra 3,8 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más baja entre países sudamericanos con datos confiables. También la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2022 señala que Argentina tiene la tasa más baja de la región.

Ante un recinto semivacío, Milei también destacó el 1° de marzo que gracias al plan lanzado por el Gobierno nacional en Rosario se ha logrado “el índice de criminalidad más bajo desde 2006, con menos de 100 crímenes registrados”.

¿Podemos hablar entonces de un incremento de la inseguridad, o es que el Gobierno nacional ha resuelto hacer campaña en el principal distrito del país con ese tema? Lo cierto es que ese mismo elemento se ha colado en la discusión electoral porteña, donde La Libertad Avanza tiene decidido -y no lo oculta- expulsar al Pro del Gobierno de la Ciudad que administra desde hace 17 años. En este caso usando las fugas de comisarías para raspar a la gestión de Jorge Macri. Acá también valen las estadísticas: este año ya fueron 13 los evadidos, pero en 2023 hubo 22 y en 2024 se contabilizaron 21 fugas. Datos del Ministerio de Seguridad, que describe así la sobrepoblación de detenidos en comisarías: en 2023 había 1.600; en 2024 ya eran 2.300, y hay este año 2.455. La capacidad máxima es de mil presos. FIN.

Como sea, el jefe de Gobierno porteño decidió esta última semana dar una señal de cambio en ese sentido, reemplazando al ministro de Seguridad, Waldo Wolff, un civil, por un policía que ya condujo la Policía de la Ciudad en tiempos que gobernaba su primo, quien lo recomendó. Igual Wolff iría como candidato en la trascendental elección prevista para mayo, aunque el primer lugar de la lista estaría reservado para Laura Alonso, actual vocera del Gobierno porteño.

Desdoblada de las generales por primera vez desde 2015, esta elección ha adquirido un carácter nacional, donde competirán pesos pesado. El peronismo llevará como candidato al diputado nacional Leandro Santoro, que quiere ser jefe de Gobierno en 2027 y especula con sacar partido de la división del voto entre macristas y libertarios; la Libertad Avanza podría poner en cancha a Manuel Adorni -a quien no lo convence para nada el cambio, pero hará lo que le pidan-; la Coalición Cívica jugará con la diputada nacional Paula Oliveto y hasta es probable que compita Horacio Rodríguez Larreta.

El misterio se resolverá pronto: el 19 de marzo cierran las listas.

La atención oficial en los próximos días estará puesta en el Congreso, donde hoy dos cuestiones desvelan al Gobierno: los jueces para la Corte y el acuerdo con el Fondo.

En el caso de los magistrados, el presidente se había endulzado pensando que con los nombramientos en comisión se salía con la suya -recordar lo de “los dos o ninguno”-, y más cuando prestamente García-Mansilla fue convalidado por el pleno de la Corte. Pero el entusiasmo se desinfló cuando tres de los cuatro miembros del Tribunal rechazaron convalidar la licencia que había pedido Ariel Lijo para mantener el Juzgado Federal N° 4 como resaseguro por si queda fuera de la Corte Suprema. Se sorprendieron en la Rosada con el voto de García-Mansilla, que dio una muestra de carácter al rechazarle el pedido de licencia, contrariando los deseos del Gobierno y de su compañero de decreto.

Tal vez le haya hecho un favor a Lijo, que sigue apostando a que el Senado apruebe sus fueros. Siguiendo la recomendación que le hizo el propio Gobierno, él mismo se encargó en su momento de conseguir sus votos y pensó que los tenía. Tal vez sea así, pero el clima se enrareció para el Gobierno con el caso $Libra y en el peronismo no quieren regalarle ningún éxito al presidente. Menos el kirchnerismo ahora, que es el que más contactos informales mantuvo sobre el tema con Santiago Caputo, vía Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y mandamás real en esa cartera. Lo cierto es que su pliego está listo para ser tratado y podría suceder esta misma semana. Como Lijo no terminó jurando “en comisión” -no piensa retirar su pedido de licencia para hacerlo-, cree que sus chances siguen intactas, pues el bloque que conduce José Mayans había dicho que no votaría a ningún juez impuesto por decreto.

Los senadores de UP y algunos radicales y del Pro apuran la firma del pliego de García-Mansilla, para poder llevarlo al recinto y bocharlo. Para eso avanzaron en la Comisión de Acuerdos con dos dictámenes de rechazo a los que les faltan una firma a cada uno. Igual lo pueden tratar sobre tablas, pero sería más complicado, pues necesitan 2/3 para habilitar el tratamiento. Tras ello, con 25 votos totalmente conseguibles, alcanza para sacarles tarjeta roja a los dos.

Sería una señal muy contundente del Congreso hacia el Gobierno que muchos quieren dar, mas no sus gobernadores, que presionan a los senadores, presionados a su vez por la Rosada.

Sobre el acuerdo con el FMI, el Gobierno anterior impulsó en 2021 la Ley 27.612 que obliga a que todo entendimiento de ese tipo sea aprobado por el Congreso. Para saltear esa instancia, la Oficina del presidente anunció el jueves que cumpliría con el Congreso mandando un decreto de necesidad y urgencia. No es lo que dice la ley citada, que en su artículo 2° establece que todo acuerdo con el FMI “requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 6, 2025

Un DNU no es una ley; es algo mucho más discrecional que le da al Ejecutivo múltiples prerrogativas: entra en vigencia al ser firmado; no necesita ser debatido; y alcanza con que una sola cámara lo apruebe.

El Congreso decidirá esta semana si sigue haciéndole concesiones al Gobierno. Un opositor alertaba este fin de semana con una velada amenaza presidencial en la apertura de sesiones. Fue cuando, hablando del aval a lo que vaya a acordar con el Fondo, advirtió que “si este Congreso eligiera no acompañar de forma mayoritaria al Gobierno nacional en esta propuesta que les extiendo, sepan que eso no detendrá el proceso de cambio que el pueblo argentino nos encomendó. Lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer a nuestra manera, pero tarde o temprano lo vamos a hacer”.

Dicen que el que avisa no traiciona.

Luego de un año en el que la Cámara alta ocupó un rol menor en el andamiaje institucional, el Cuerpo parecería querer recuperar protagonismo y el debate sobre los pliegos para la Corte Suprema podría ser el disparador ideal. En rigor, ya lo intentó en la última sesión, aquella única de extraordinarias, donde algunos intentaron crear una comisión investigadora para el caso $Libra. No les fue bien, y al final la audaz maniobra terminó prácticamente en un blooper.

Con ese antecedente, ahora intentan recuperar fuerzas con las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia, nombrados por decreto por el presidente Javier Milei. Revitalizado tras haber recuperado un senador que había perdido con la salida de sus huestes del entrerriano Edgardo Kueider -hoy preso en Paraguay; vip, pero preso al fin- Unión por la Patria se propone avanzar con una sesión donde pueda tratar los pliegos que el presidente quiere instalar por decreto y por el término de un año. Tratan de articular la maniobra con sectores del Pro y la UCR que coinciden en pensar que el procedimiento del Ejecutivo vulnera el rol del Senado en el proceso de selección de jueces supremos.

En la previa de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema tomó una decisión rápida, que fue la de tomarle juramento a García-Mansilla, a pesar de no contar con el acuerdo del Senado. Tildando de hecho como “constitucional” la medida implementada por el presidente de la Nación.

La designación de Lijo no pudo avanzar, no por las masivas impugnaciones presentadas en su contra, sino por estar decidido el juez federal a mantener -como reserva- el cargo que ya de por sí le asegura un puesto vitalicio en el seno de la Justicia. No quiere arriesgarse a quedarse sin nada. Por eso y solo por eso la Corte no le tomó juramento. Lo que rechazó el jueves pasado fue concederle la licencia que pidió y que -¿corporativamente?- le había concedido la Cámara Federal. Con el voto de García-Mansilla, que dio una valiosa muestra de autonomía rechazando la licencia de su compañero de decreto, sin que ello fuera suficiente para redimirlo ante los senadores.

“Nos mintió en la cara. Dijo que no aceptaría ser designado por decreto y lo hizo”, señalan desde la oposición dialoguista, teniendo en cuenta la pregunta que durante la audiencia en la Comisión de Acuerdos le hizo la mendocina Anabel Fernández Sagasti al catedrático.

A diferencia de Lijo, García-Mansilla no logró reunir las firmas necesarias para el tratamiento de su pliego en el recinto hasta la semana pasada. En un movimiento inesperado, el kirchnerismo y los sectores opositores críticos del Gobierno presentaron dos dictámenes de rechazo: uno encabezado por los porteños Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Martín Lousteau (UCR), y otro por los senadores de UP. Quedaron a una firma de estar habilitados para su tratamiento, como el de Lijo.

El oficialismo, por su parte, intentó deslegitimar el procedimiento de Unión por la Patria rechazando la firma de José Mayans, argumentando que el presidente de ese interbloque no estuvo presente en la audiencia de García-Mansilla. No obstante, la oposición sostiene que la firma del formoseño es suficiente para validar el dictamen. Faltaría entonces un radical.

Dentro del radicalismo, la disputa interna respecto de cómo enfrentar las designaciones por decreto de Milei sigue latente. Mientras Lousteau, Pablo Daniel Blanco y Maximiliano Abad lideran el sector más independiente y equidistante (o crítico) del Gobierno, el grupo alineado con los gobernadores busca evitar una confrontación directa. Con el jefe del bloque Eduardo Vischi a la cabeza, esta tensión ya se evidenció en la votación de la comisión investigadora del caso Libra, donde seis radicales boicotearon la iniciativa pese a que fue impulsada por su propio bloque. Hombre del gobernador correntino Gustavo Valdés, Vischi aparece imposibilitado de incomodar a la Casa Rosada, como también sucede con otros legisladores como los mendocinos.

Ahora, los sectores más críticos confían en sumar más votos para rechazar el pliego de Lijo y garantizar el quórum necesario para la sesión. La vicepresidenta Victoria Villarruel será clave en este escenario, ya que su rol como presidenta del Senado le otorga la potestad de habilitar o bloquear el debate. La “descabezada” titular del Senado ha sido decididamente soslayada en sus funciones por el Gobierno y ya dijo oportunamente que no le gusta la designación de Ariel Lijo.

El destino de Lijo

El pliego del juez federal que se aferra a sus dos cargos ya cuenta con dictamen y podría ser tratado sin necesidad de una votación sobre tablas. No obstante, el peronismo enfrenta una disyuntiva: mientras el kirchnerismo impulsa su rechazo, algunos gobernadores peronistas buscan mantener su candidatura. “Lijo no, que es amigo”, argumentan algunos mandatarios provinciales, intentando frenar la ofensiva opositora.

La estrategia del ala dura de Unión por la Patria -porque allí también tallan los gobernadores más cercanos a la Rosada- es sesionar cuanto antes para rechazar ambos pliegos y dejar sin efecto las designaciones en comisión. Según interpretan, si el Senado se pronuncia en contra, los jueces perderían automáticamente su legitimidad y el Gobierno debería proponer nuevos candidatos.

Sobre el tema la consultaron este viernes a Guadalupe Tagliaferri, quien es nada menos que la presidenta de la Comisión de Acuerdos, y esto dijo: “Un decreto simple firmado por el presidente no puede estar nunca por encima del Senado, que es lo que establece la Constitución”.

Pese a los dichos de la senadora del Pro, si la Cámara alta finalmente rechaza las nominaciones, se abrirá un conflicto institucional con el Ejecutivo. Mientras Milei sostiene que, según el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, los jueces designados en comisión pueden permanecer en sus cargos hasta noviembre, la oposición argumenta que el proceso de nombramiento solo se completa con el acuerdo del Senado. Esta discrepancia podría derivar en una nueva crisis política y, eventualmente, en presentaciones judiciales. Que recaerían en la propia Corte…

Ante la controversia generada en torno a las designaciones por decreto de dos jueces en la Corte Suprema y la potestad que tiene el Senado para decidir el destino de los mismos, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, aclaró este viernes que el decreto de Javier Milei que designó a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla “no tiene que ser tratado en el Congreso”.

“Es un decreto administrativo, no es un DNU”, que sí va al Parlamento. Y precisó que “lo que tiene que ser tratado en el Senado, como dice la Constitución, son los dos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo. Y eso es lo que tiene que suceder, para darle robustez, institucionalidad y certeza al andamiaje jurídico de la Argentina: que los jueces de la Corte Suprema sean tratados en el recinto del Senado y que sean los senadores quienes digan si los jueces están o no están”.

La senadora del Pro estimó que “hay una enorme mayoría de senadores que consideran que (el tema) lo tiene que resolver el Senado. El decreto no se somete a consideración de los senadores; solamente los candidatos”.

Ante la posibilidad de que los dos pliegos sean tratados en el pleno, por Radio Mitre le plantearon las diferencias entre ambos casos, dado que el de García-Mansilla no tiene dictamen todavía. Igual se puede tratar en el recinto, aclaró la senadora Tagliaferri. “No es condición sine qua non, habilitarlo sobre tablas lo hace más dificultoso, pero no es que está inhabilitado de ser tratado en el recinto”, enfatizó.

¿Las dos designaciones podrían ser reconsideradas allí? “La Constitución es muy clara: la facultad de designar a los jueces de la Corte la tiene que dar la aprobación del Senado”, remarcó la senadora del Pro. Y agregó que “lo que dice la reglamentación es que duran hasta el (final del) período legislativo. No es que significa que es obligatorio que sigan hasta esa fecha”. Recordó Tagliaferri que la única jurisprudencia que existe es con un juez que estaba desde la dictadura. “El Senado estaba cerrado; cuando enviaron el pliego de la Corte al Senado, el Cuerpo lo rechazó e inmediatamente se fue a su casa”.

“Pero que estemos discutiendo de todo esto es lo que da incertidumbre jurídica -observó Tagliaferri-. La lectura que nosotros hacemos es que el Senado no pierde una facultad constitucional. La facultad constitucional de elegir o no dar aprobación a los jueces es del Senado”.

Admitió que el presidente tiene un margen en situación del Senado cerrado, lo cual hace que sea constitucional que haya firmado el reciente decreto. Pero cuando abre el Senado, esa cámara tiene la obligación de tratarlos. “Y si son aprobados, tienen la robustez de que son vitalicios; y si no son aprobados, dejan de ser jueces por decreto”, resumió.

Tagliaferri insistió en que “la Constitución es clara: ¿de quién es la potestad de dar acuerdo, del Poder Ejecutivo o del Senado? Del Senado. El Senado no da acuerdo, no son más jueces. También puede pasar que vayan al Senado y tengan acuerdo, con lo cual es mejor resolver esto que estamos hace diez días discutiendo si vale, si no vale, si dura, si se caen… que es la demostración de que el decreto lastima la certidumbre jurídica”.

Ante la pregunta sobre el destino de los jueces nombrados en comisión si el Senado trata sus pliegos y los rechaza. “En mi interpretación y la de muchos constitucionalistas, es que inmediatamente deja de ser juez de la Corte”, respondió Tagliaferri.

“Vayamos al espíritu de la ley: un decreto simple firmado por el presidente no puede estar nunca por encima del Senado, que es lo que establece la Constitución. Yo entiendo la buena voluntad, pero todo esto lastima, primero a la Corte Suprema, lastima a la seguridad jurídica, lastima al propio presidente”.

Por último la presidenta de la Comisión de Acuerdos apuntó que en el caso de que el presidente los mantuviera en el cargo ante un rechazo del pliego por parte del Senado, el mandatario “gana la discusión, (el juez) dura hasta noviembre. ¿Qué hace el presidente? Vuelve a mandar el pliego en octubre… ¿Qué va a hacer el Senado? Se lo rechaza nuevamente. Entonces va a estar un año entero con una Corte Suprema que está provisoria y que todo el mundo sabe que en noviembre lo va a rechazar. Eso lastima la institución”.

A más de un año de gobierno y habiendo enviado una propuesta de candidatos que el Senado de la Nación no ha tratado en sus sesiones ordinarias ni en las extraordinarias convocadas a tal fin, el presidente de la Nación ha decidido designar como ministros de la Corte Suprema de Justicia (en comisión) a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla. Y con estas designaciones completó su conformación.

La Constitución permite estos nombramientos, que poseen como límite de vigencia, la finalización del próximo periodo legislativo, a menos que obtengan el previo acuerdo del Senado.

Desde Fores no tienen dudas de la potestad constitucional del presidente de la Nación para realizar nombramientos en comisión durante el receso del Congreso. “En el caso concreto, la falta de pronunciamiento del Senado a casi un año de la presentación de los pliegos contribuye a justificar la decisión presidencial, más allá de toda consideración política sobre la oportunidad de lo resuelto”, señalan desde Fores.

Ante estas designaciones, Fores se interroga: ¿dependen éstas de que la Corte tome juramento a los designados? ¿Podría oponerse la Corte a tomarles el juramento correspondiente? En opinión de Fores, la Corte Suprema sólo podría oponerse a tomar juramento a los designados en comisión, en caso de verificarse que alguno de ellos no cumpla con los requisitos constitucionales para dicho nombramiento. Pero entienden que no podría cuestionarse el mecanismo de designación ya que, como ya se ha expuesto, encuentra sustento en el texto de la Constitución Nacional.

Aun así, lo referido no es suficiente para el caso del juez Lijo, a quien Fores considera que no podría tomarse juramento a menos que renunciara a su actual cargo de juez, no siendo suficiente la cuestionable licencia que le ha concedido la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Más allá de la legalidad de los nombramientos, desde Fores estiman que tales designaciones extraordinarias y transitorias de los integrantes del Máximo Tribunal, “menoscaban la seguridad jurídica y amenazan el equilibrio institucional de nuestro país”.

A través de un comunicado suscripto por el presidente de Fores, Pablo Pirovano, y la secretaria María Julia Fornario, reiteran sus objeciones a la designación del juez Lijo como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debido a la ausencia de calidades personales para tan digno cargo. Estas objeciones las hemos fundado sobradamente en oportunidad de las impugnaciones efectuadas ante el Ministerio de Justicia y ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación.

Fores es una asociación civil destinada al fortalecimiento de la justicia a través de la investigación, asistencia técnica y capacitación. Es un centro académico que no solo realiza investigación teórica, sino que busca crear un movimiento de opinión en torno al problema de la Justicia y sus soluciones.

Las encuestas indican que el presidente Javier Milei sufrió una leve caída de imagen por el escándalo de la criptomonedas al estimular que inviertan en la cripto $Libra, que desencadenó una presunta estafa, y por lo tanto sus asesores le sugirieron retomar cuanto antes la escena pública con anuncios rimbombantes: el que lidera es la designación del juez Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema.

El caso elegido es “Milei contra todo el mundo”; es decir, a la medida del jefe de Estado, como le gusta a él y a su asesor estrella -virtual primer ministro-, Santiago Caputo.

Como en los despachos del área presidencial, en el primer piso de la Casa Rosada, se tiene la certeza de que el affaire $Libra casi no impactó en el público libertario -alrededor de un 50%- decidieron ir a fondo con el tema quizá más polémico que tienen: el aumento de integrantes de la Corte Suprema.

Según la visión de Santiago Caputo, el Ejecutivo ha revertido en un año la relación de fuerzas que tenía con el Congreso, que finalmente le aprobó los proyectos medulares de la gestión de la Libertad Avanza (LLA) y es tiempo de ir por todo para empezar a controlar la justicia.

Es que Milei y Caputo tienen claro cómo es la movida judicial: muchos decretos y decisiones de la Casa Rosada han quedado en la nada por amparos judiciales. Y ese es el cometido ahora, disputar a brazo partido el escenario judicial.

La idea central, sobre todo en un año de elecciones legislativas, es zamarrear permanentemente a la política y al establishment porque entienden que ese accionar es el que le ha dado buenos resultados y réditos.

Lijo, inicialmente, originó un debate en el mismo Gobierno, ya que se trata de un juez federal de alto perfil y polémico, por ser uno de los principales jueces federales de Comodoro Py y que tiene relación con todo el entramado político y, también, el establishment.

Curiosamente, no es la política la que lo rechaza mayormente, sino el establishment.

Lijo fue propuesto -junto al catedrático Manuel García-Mansilla, en marzo pasado y ambos pliegos están frizados en el Senado, donde su postulación sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, según un informe oficial.

En su carrera como juez federal tuvo y tiene causas de mucha repercusión mediática como Ciccone, Correo y Siemmens, y la  investigación por el encubrimiento en la causa AMIA. Además, tuvo a su cargo la investigación por el asesinato, en 1973, del entonces secretario general de la CGT José Ignacio Rucci.

Lo llamativo es lo variopinto de los rechazos que sumó especialmente Lijo, que no solamente incluyen al arco político y de los abogados.

El disparo inesperado lo recibió de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), que cuestionó en duros términos la decisión de Milei de nombrar “en comisión” a Lijo y Manuel García-Mansilla, y aseguró que “es un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional”, y agregaron que “erosiona la confianza” y “aleja inversiones”.

Este jueves la Corte Suprema de Justicia de la Nación le tomó juramento a Manuel García-Mansilla, luego de haber sido designado "en comisión" por el decreto 137/25 del presidente Javier Milei, para ocupar uno de los cargos vacantes.

De forma inmediata, la oposición reaccionó en redes con duras críticas contra el catedrático. “El que entró por la ventana ya está adentro de la Corte. Mientras la libertad avanza, la institucionalidad retrocede”, cuestionó el diputado mendocino Adolfo Bermejo (UP).

Con la imagen de García–Mansilla jurando en la Corte ilustró su posteo el diputado Esteban Paulon y escribió: “En esta imagen, la síntesis del atropello institucional de Milei que buena parte del sistema avala o consciente”, y con cruces rojas enumeró: “Inseguridad jurídica. Menosprecio a la Constitución Nacional. Desequilibrio de género. Daño irreparable a la República”, y alertó: “Hay que actuar antes que sea tarde”.

Esto es ESCANDALOSO. Reconocen que NO tenían los votos y x eso burlan al Congreso y a la Constitución con un DECRETO!!! La República llora https://t.co/VgTZGHtoCq

— Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) February 27, 2025

“Respeto mucho al académico Manuel García Mansilla, lamento mucho que no haya conseguido apoyo su pliego en el Senado, pero más lamento se haya prestado a acceder a la Corte de esta manera. No es cierto que el Senado no hizo su trabajo, no lo quisieron votar y eso es un No”, expresó la diputada de la CC Marcela Campagnoli.

"LA MAYORÍA AUTOMÁTICA AVANZA. Cuando Rosatti y Rosenkrantz fueron designados en comisión por Macri y Pepín Simón, esperaron el acuerdo del Senado (art. 99 inc. 4 CN). Tras 9 años de usar la Corte para hacer política, Mansilla asume en secreto en 24 hs. Degradación total", apuntó el diputado Martín Soria (UP).

Su par Liliana Paponet sumó: "Jueces puestos a dedo por decreto. Constitución pisoteada. República en jaque. Milei no solo dinamita el Estado, también la Justicia. ¿Libertad o autoritarismo? La respuesta es clara".

OTRA ESTAFA (y muy peligrosa): La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

❌Acá la foto de los jueces de la mayor magistratura del país convalidando el avasallamiento de la Constitución Nacional.

❌⚖️Estos son los jueces que tendrían que garantizar justicia pero van… pic.twitter.com/U1V7vagJqX

— Sabrina Selva (@SabriSelva) February 27, 2025

El pedido del bloque DpS que no fue tenido en cuenta

El formoseño del bloque Democracia Para Siempre, Fernando Carbajal, recordó la solicitud que le enviaron al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, para que no le tome juramento ni a Ariel Lijo ni a García-Mansilla: “No fuimos escuchados. García M. empieza mal. Ya regaló su proclamada honestidad. Dijo que designar jueces en comisión estaba mal Esperamos que se frene la designación de Lijo”.

El escrito llevaba las firmas de Carbajal, Margarita Stolbizer, Pablo Juliano, Jorge Rizzoti, Manuel Aguirre y Marcela Coli, en su mayoría diputados del bloque radical Democracia para Siempre, que conduce Juliano y se referencia en la figura de Facundo Manes. Los diputados opositores sostuvieron que "no están dadas las circunstancias de excepcionalidad que marca la ley" para designar jueces en comisión y hablaron de "un conflicto de poderes de imprevisibles consecuencias" y un "daño enorme al debido funcionamiento institucional".

Además, reposteó un mensaje del periodista Reynaldo Sietecase: “Se va conformando la Corte Suprema de Justicia de Milei con dos distraídos (Rosatti y Rosenkrantz), un pícaro (Lorenzetti, inventor de esta nueva mayoría automática), un impresentable (Lijo) y un mentiroso (García Mansilla)”.

La Corte Suprema de Justicia de la República Argentina con sus cuatro miembros. La semana que viene completan la banda? pic.twitter.com/anNg6pjcB1

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) February 27, 2025

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le tomó juramento este jueves a Manuel García-Mansilla, luego de haber sido designado "en comisión" por el decreto 137/25 del presidente Javier Milei, publicado en el Boletín Oficial este miércoles.

El acto tuvo lugar en el Salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Tribunales, con la presencia del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, y el ministro Ricardo Lorenzetti.

En tanto, se resolvió que en el Acuerdo del próximo 6 de marzo, la Corte tratará la solicitud de licencia extraordinaria del juez federal Ariel Lijo, a quien la Cámara Federal porteña ya le avaló el pedido.

Desde la decisión tomada por el Gobierno, la Corte había mantenido en reserva cuáles serían sus movimientos. Este jueves se reunió alrededor de las 10 y luego se anunció que al mediodía se le tomaría juramento a García-Mansilla, acto del que también participó el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.

La intención del Poder Ejecutivo siempre fue invitar a la Asamblea Legislativa del próximo sábado a Lijo y García-Mansilla. Ahora, al menos uno de ellos, podrá estar sentado junto a sus pares del máximo tribunal.

Culminado el período de sesiones extraordinarias sin que avancen los pliegos de ambos candidatos en el Senado (incluso el de García-Mansilla, a diferencia de Lijo, no había ni siquiera logrado las adhesiones necesarias para el dictamen), el presidente avanzó por decreto con los nombramientos.

García-Mansilla había sido propuesto para cubrir la vacante que dejó la salida de Juan Carlos Maqueda, concretada en diciembre pasado. En las últimas horas, el exjuez de la Corte consideró "horrible" la acción del PEN en relación a las designaciones sin acuerdo del Senado, como prevé la Constitución.

El pasado 28 de agosto, al asistir a la audiencia pública en el Salón Azul del Senado, García-Mansilla fue consultado por la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti sobre qué pensaría si su designación saldría por decreto, al recordar el antecedente de Rosatti y Rosenkrantz en el comienzo de la gestión de Mauricio Macri.

"Visto el impacto que tuvo el decreto 83 de 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión, porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones, que son discrecionales del presidente", aseguró el catedrático, y cuando la legisladora le preguntó si creía que eso podría afectar la independencia de un juez, García-Mansilla reconoció que “es posible” que un magistrado nombrado de esa forma tenga “falta de independencia” si debe fallar en causas que involucren al Poder Ejecutivo.

Además del rechazo de algunos legisladores a García-Mansilla por su perfil conservador y de confesa postura contra el aborto legal, desde la oposición también se cuestionó al Gobierno por no haber incluido entre ninguno de los candidatos a una mujer. En el caso de Lijo había sido postulado para ocupar la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco.

Mediante un escueto comunicado, el bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical cuestionó el nombramiento por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, cuyos pliegos no se aprobaron a lo largo del año pasado en la Cámara alta y el Poder Ejecutivo avanzó por otra vía. 

“Ante la decisión del presidente de la Nación de utilizar el instrumento de un decreto para la designación de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical considera este hecho como grave, imprudente e innecesario, ya que los mecanismos constitucionales se encuentran plenamente en funcionamiento”, expresaron. 

“A las puertas del inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, esperamos que se retome el camino de la búsqueda de los consensos para lograr normalizar esta situación de gravedad institucional, que solo está previsto para situaciones extraordinarias, y en este caso, no se condicen en este momento histórico”, agregaron. 

“El Gobierno de un paso en la dirección incorrecta”

Por su parte, el bloque de diputados de la UCR, presidido por el cordobés Rodrigo de Loredo, resaltó que “en el momento de mayor debilidad de la investidura presidencial -por los episodios todavía no aclarados en relación a $LIBRA-, el Gobierno da un paso en la dirección incorrecta al decretar el nombramiento en comisión de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. 

“Es verdad que la Corte tiene dos vacantes que deben llenarse para que el máximo organismo judicial de la Argentina funcione como manda la Constitución Nacional, pero no compartimos el apuro del Gobierno en sacar el decreto a pocos días del inicio del período ordinario de sesiones del Congreso”, manifestaron. 

Rodrigo De Loredo y Soledad Carrizo 

Los radicales más dialoguistas con el Gobierno consideraron que el nombramiento por decreto de Lijo y García-Mansilla “tensa la relación entre los poderes del Estado, cuando hay mecanismos establecidos en la Constitución para que los ministros de la Corte surjan del consenso entre el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación”. 

“Es una atribución del presidente nominar a los candidatos a ministros de la Corte Suprema, pero es el Senado, donde reside la representación de las provincias, el que debe prestar acuerdo o rechazar los pliegos”, afirmaron. 

Además, subrayaron su rechazo al juez federal: “En el caso de Lijo la situación es de mayor complejidad, porque su nominación por el Poder Ejecutivo, formulada hace casi un año, ha recogido el rechazo de organizaciones de abogados y de la mayoría de la sociedad. Cabe recordar que en la audiencia realizada en el Senado, la candidatura de Lijo recibió 33 impugnaciones, 14 adhesiones y una observación. En la audiencia en el Ministerio de Justicia, su postulación tuvo más de 350 cuestionamientos”. 

“Desde nuestro bloque en Diputados manifestamos nuestro desacuerdo con la decisión del presidente Javier Milei. Todavía puede haber un gesto en favor de la institucionalidad. La demora en el juramento, como ocurrió en otra ocasión en nuestra historia reciente, para que el Senado sea el que acepte o rechace los pliegos de ambos”, finalizaron. 

El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria rechazó “de forma categórica la designación de los doctores Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la categoría ‘en comisión’ y por decreto, por tratarse de una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente”. 

A través de un comunicado titulado “Sin acuerdo del Senado, no habrá juez de la Corte”, la bancada que conduce José Mayans señaló que “una vez más, el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes, y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo”. 

“Desde nuestra bancada, el pasado 26 de noviembre, ya habíamos anunciado nuestro compromiso de rechazar de plano el pliego de cualquier persona que acepte ser designado juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ y por vía de decreto del Ejecutivo, dado que de esa manera se incumplirían los mecanismos de designación para miembros del Máximo Tribunal que disponen las normativas establecidas”, recordaron sobre la nota que le entregaron en mano al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el marco de una sesión informativa. 

Los senadores de UP insistieron que “esta forma de designación es manifiestamente inconstitucional y conforma una nueva afrenta al sistema republicano, democrático y federal establecido por la Constitución de la Nación Argentina. De esta manera, el presidente Milei comete un ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo, quiebra el orden constitucional y el Estado de Derecho”. 

En el final, expresaron que “es evidente que el presidente Milei pretende la impunidad ante los hechos de flagrancia que son de público conocimiento”. 

Tal cual se había anunciado horas antes a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, el Poder Ejecutivo designó este miércoles a través del decreto que lleva el número 137/2025 a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El texto apareció publicado en el Boletín Oficial, donde se indica que “existen dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que requieren ser cubiertas sin demora”.

Las mismas corresponden a las renuncias de Elena Inés Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, ante lo cual en el decreto se invoca el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, por el cual el presidente de la Nación “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.

En la tarde de este martes, un comunicado difundido por la Oficina del Presidente informó que “el presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”.

Se agregaba allí que “durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”. Y cierra el comunicado el Gobierno advirtiendo que “no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”.

Al anunciar la decisión, el Gobierno recordó todo el trayecto que tuvieron los pliegos de García-Mansilla y Lijo, nominados el pasado 20 de marzo. Recuerdan haber cumplido con la publicación en el Boletín Oficial de la preselección de esos candidatos, más la presentación de ambos postulados en las audiencias en la Comisión de Acuerdos del Senado.

“No habiendo dado tratamiento a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional durante el período ordinario, el presidente de la Nación optó por incluir el tema dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, dándole una nueva oportunidad al Senado para que prestara acuerdo a los candidatos nominados por el presidente”, agrega el texto.

El comunicado continúa reseñando que “desde el 27 de mayo de 2024 hasta el pasado viernes, habiendo transcurrido casi un año desde el momento en que el presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos, la cámara alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo”.

Refiere el Gobierno que la Constitución nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. “El Senado de la Nación debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses meramente políticos”, precisa la Oficina del Presidente, según la cual “en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”.

Por otra parte, recuerda antecedentes de casos en los que los nombres elegidos contaron con “una notable mayoría del arco político” en la “designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos”. Sin embargo, se queja la Oficina del Presidente, “durante muchos meses han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.

“Esta facultad, presente en el texto constitucional desde su origen en 1853, ha sido ejercida a lo largo de 171 años de historia por diversos presidentes de todo el espectro político, entre los que se encuentran Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Roca, Yrigoyen, Perón, Alfonsín, Menem y Macri, entre otros, y ha sido convalidada en reiteradas oportunidades por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Una Corte de tres

Desde diciembre pasado, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal quedó compuesto por tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La semana pasada se frustró en el Senado la posibilidad de convocar a una sesión para aprobar el pliego del juez federal Ariel Lijo, que había conseguido las firmas necesarias para el dictamen. Los dos tercios de los votos de los presentes no estaban garantizados, ante la fuerte resistencia a Lijo por parte de sectores dialoguistas y al menos una docena de Unión por la Patria a favor. Pero se requerían muchos más.

En el caso del catedrático García-Mansilla, su postulación nunca reunió las adhesiones necesarias para que se formalice el dictamen ante la Comisión de Acuerdos.

El antecedente más reciente de nombramiento de jueces de la Corte por decreto fue el de Rosatti y Rosenkrantz, que en diciembre de 2015 fueron designados por decreto por el expresidente Mauricio Macri. Ante la ola de críticas y rechazo, finalmente asumieron luego con el acuerdo del Senado.

Al igual que Lijo, el propio García-Mansilla puso reparos al aclarar en la audiencia pública en agosto pasado, en el Salón Azul del Congreso, que ante el impacto que tuvo el decreto de 2015 en la opinión pública, él “no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste ese tipo de decisiones”.

Luego de largos meses de indefinición, y tras no haber reunido los votos en el Senado, el Gobierno resolvió avanzar por decreto con la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia por la vía del decreto.

De acuerdo al inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, entre sus atribuciones, el PEN "puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura".

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente se informa que “el presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”.

Se agrega que “durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”. Y cierra el comunicado el Gobierno advirtiendo que “no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 25, 2025

El comunicado

Al anunciar la decisión, el Gobierno recuerda todo el trayecto que tuvieron los pliegos de García-Mansilla y Lijo, nominados el pasado 20 de marzo. Recuerdan haber cumplido con la publicación en el Boletín Oficial de la preselección de esos candidatos, más la presentación de ambos postulados en las audiencias en la Comisión de Acuerdos del Senado.

“No habiendo dado tratamiento a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional durante el período ordinario, el presidente de la Nación optó por incluir el tema dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, dándole una nueva oportunidad al Senado para que prestara acuerdo a los candidatos nominados por el presidente”, agrega el texto.

El comunicado continúa reseñando que “desde el 27 de mayo de 2024 hasta el pasado viernes, habiendo transcurrido casi un año desde el momento en que el presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos, la cámara alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo”.

Refiere el Gobierno que la Constitución nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. “El Senado de la Nación debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses meramente políticos”, precisa la Oficina del Presidente, según la cual “en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”.

Por otra parte, recuerda antecedentes de casos en los que los nombres elegidos contaron con “una notable mayoría del arco político” en la “designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos”. Sin embargo, se queja la Oficina del Presidente, “durante muchos meses han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.

“Esta facultad, presente en el texto constitucional desde su origen en 1853, ha sido ejercida a lo largo de 171 años de historia por diversos presidentes de todo el espectro político, entre los que se encuentran Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Roca, Yrigoyen, Perón, Alfonsín, Menem y Macri, entre otros, y ha sido convalidada en reiteradas oportunidades por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Una Corte de tres

Desde diciembre pasado, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal quedó compuesto por tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La semana pasada se frustró en el Senado la posibilidad de convocar a una sesión para aprobar el pliego del juez federal Ariel Lijo, que había conseguido las firmas necesarias para el dictamen. Los dos tercios de los votos de los presentes no estaban garantizados, ante la fuerte resistencia a Lijo por parte de sectores dialoguistas y al menos una docena de Unión por la Patria a favor. Pero se requerían muchos más.

En el caso del catedrático García-Mansilla, su postulación nunca reunió las adhesiones necesarias para que se formalice el dictamen ante la Comisión de Acuerdos.

El antecedente más reciente de nombramiento de jueces de la Corte por decreto fue el de Rosatti y Rosenkrantz, que en diciembre de 2015 fueron designados por decreto por el expresidente Mauricio Macri. Ante la ola de críticas y rechazo, finalmente asumieron luego con el acuerdo del Senado.

Al igual que Lijo, el propio García-Mansilla puso reparos al aclarar en la audiencia pública en agosto pasado, en el Salón Azul del Congreso, que ante el impacto que tuvo el decreto de 2015 en la opinión pública, él “no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste ese tipo de decisiones”.

Luego de largos meses de indefinición, y tras no haber reunido los votos en el Senado, el Gobierno tendría definido avanzar por decreto con la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Según la información que circuló desde Casa Rosada, luego de la reunión de Gabinete de este martes, el Poder Ejecutivo tendría listos los decretos para que sean firmados por el presidente Javier Milei y se publiquen en el Boletín Oficial en las próximas horas.

De acuerdo al inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, entre sus atribuciones, el PEN "puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura".

El plazo para el Gobierno sería hasta el 28 de febrero, pues un día después quedará abierto el período de sesiones ordinarias en el Congreso.

Desde diciembre pasado, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal quedó compuesto por tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La semana pasada se frustró en el Senado la posibilidad de convocar a una sesión para aprobar el pliego del juez federal Ariel Lijo, que había conseguido las firmas necesarias para el dictamen. Los dos tercios de los votos de los presentes no estaban garantizados, ante la fuerte resistencia a Lijo por parte de sectores dialoguistas y al menos una docena de Unión por la Patria a favor. Pero se requerían muchos más.

En el caso del catedrático García-Mansilla, su postulación nunca reunió las adhesiones necesarias para que se formalice el dictamen ante la Comisión de Acuerdos.

El antecedente más reciente de nombramiento de jueces de la Corte por decreto fue el de Rosatti y Rosenkrantz, que en diciembre de 2015 fueron designados por decreto por el expresidente Mauricio Macri. Ante la ola de críticas y rechazo, finalmente asumieron luego con el acuerdo del Senado.

Al igual que Lijo, el propio García-Mansilla puso reparos al aclarar en la audiencia pública en agosto pasado, en el Salón Azul del Congreso, que ante el impacto que tuvo el decreto de 2015 en la opinión pública, él “no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste ese tipo de decisiones”.

Desde fines de 2024, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema quedó reducida a tres miembros, cosa que el Gobierno nacional quiere revertir, para elevar ese número a los cinco que establece la ley para la constitución del Máximo Tribunal de Justicia. Para ello, confiaba este verano resolver la situación de los dos hombres que eligió para sumar a la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

De estos dos, solo el pliego del juez federal consiguió las 9 firmas necesarias para poder ser votado en el recinto. En el caso de García-Mansilla, ese nombre no tiene plafón en el bloque más numeroso del Senado, que insiste con que al menos un lugar debe corresponderle a una mujer.

Con el objetivo de definir el destino de Lijo en estas extraordinarias, el oficialismo decidió convocar a una sesión este mismo viernes -último día de extraordinarias-, luego de la maratónica reunión en la que se tratarán la suspensión de las PASO, juicio en ausencia, reincidencia y reiterancia y la ley antimafia. Pero las expectativas del oficialismo disminuyeron sustancialmente en las últimas horas, al punto tal que una encumbrada fuente del oficialismo confió a parlamentario.com que no creen que vayan a tener quórum este viernes. De ser así, la suerte del juez federal estaría echada.

Pasa que el Gobierno, como dijimos, quiere resolver el tema de la Corte cuanto antes. Esto es, con la designación de los dos miembros que le faltan al Tribunal Supremo por la vía del decreto. Si no son aprobados sus nombramientos por los senadores, entonces se publicarían las designaciones en el Boletín Oficial la próxima semana, antes del inicio del período ordinario, cuando ya no podría hacerlo.

En ese caso, el juez Ariel Lijo no está dispuesto a asumir en la Corte por esa vía, ya que esa instancia tendría plazo fijo: hasta la renovación de las cámaras legislativas, momento en el cual debería el Gobierno reiterar la vía legislativa para las designaciones. Y en ese caso Lijo no podría regresar al fuero federal al que tendría que renunciar para asumir en la Corte.

García-Mansilla también tenía reparos para una designación de ese tipo, pero lo habrían convencido para aceptar, en tanto que el lugar destinado originalmente a Lijo sería ocupado por otro jurista afín al oficialismo. Que asumiría por decreto.

El juez Lijo parecía tener todas las chances de asumir cuando la semana pasada se conocieron las 9 firmas para su dictamen. Estas correspondían a los senadores Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Carlos Arce, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Romero, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y el radical Eduardo Vischi. No era sin embargo un dato menor que no hubieran firmado su designación senadores que el oficialismo confiaba que pudieran terminar aceptando a Lijo, como Guadalupe Tagliaferri, Martín Lousteau o Mariana Juri, muy cercana al gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Salvo Corpacci, ningún kirchnerista firmó: ni Anabel Fernández Sagasti, ni Alicia Kirchner, ni Juliana di Tullio. Tampoco lo hizo el presidente del bloque UP, José Mayans.

Y los acontecimientos que se desencadenaron los últimos días terminaron de obturar ¿definitivamente? el acceso de Lijo a la Corte, ya que el interbloque Unión por la Patria aparece absolutamente refractario ahora a la posibilidad de darle un triunfo al presidente Milei en estas circunstancias en que aparece golpeado.

De cara a la sesión extraordinaria que se prevé en el Senado -aún no fue convocada- y en la que se intentaría tratar el pliego del juez federal Ariel Lijo, cuyo dictamen fue formalizado esta semana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aclaró que todavía no están garantizados los votos para su aprobación.

Además, respecto del otro postulado por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema, el abogado Manuel García-Mansilla, cuyo pliego no reunió las adhesiones necesarias, nuevamente el funcionario habló de la posibilidad de que el presidente Javier Milei recurra a un DNU para designarlo en comisión.

Actualmente el máximo tribunal del país está compuesto por tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Mientras Lijo fue propuesto para ocupar la vacante de Elena Highton de Nolasco, quien se fue en 2021, a García-Mansilla se lo postuló en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, quien se jubiló a fines del año pasado.

"El juez Lijo tiene un dictamen de comisión, pero después tiene que pasar el pleno del Senado y obtener los dos tercios (de los votos). No es un tema que esté resuelto todavía", admitió este viernes Francos en declaraciones a radio Cadena 3.

Aún cuando debe buscar apoyos para el pliego de Lijo dentro de Unión por la Patria, el jefe de Gabinete no dudó de hablar de la posibilidad de un decreto para el nombramiento de García-Mansilla, algo que desde el interbloque peronista/kirchnerista rechazan de plano.

"La estrategia no se modificó. El presidente fue muy claro cuando dijo: ‘Los dos o ninguno’. Entonces, yo creo que habrá que ver cuáles son las fórmulas para llegar a esa posición que mantiene. El presidente va a cumplir de la manera que cree que debe cumplir la palabra que él expresó públicamente", sostuvo el funcionario.

E insistió: "Si el mandatario dijo los dos o ninguno y uno se aprueba, el presidente decidirá si designa por decreto en comisión al otro juez de la Corte".

Causó sorpresa la información que comenzó a tomar fuerza este miércoles al cerrar la tarde, al trascender de fuentes oficiales la intención de convocar a sesiones extraordinarias para este mes de enero. La novedad es precisamente esa: que la convocatoria rija a partir del 15 de enero y se extienda hasta el 15 de febrero, pues se especulaba con la posibilidad de que el Ejecutivo llamara a sesiones extraordinarias, pero durante febrero.

En rigor, recordemos que en el mes de diciembre el vocero presidencial había anunciado extraordinarias que se extenderían entre el 5 y el 27 de ese mes, pero pasaron los días y esa posibilidad se desinfló. En esa oportunidad, Manuel Adorni había planteado un temario que incluía la reforma electoral; reforma política; juicio en ausencia; ley antimafia; viajes del presidente y reforma de los fueros de la política.

Este miércoles fuentes de la Casa Rosada admitieron que se está trabajando en el temario que se presentaría y adelantaron que el llamado se haría este viernes. Y citaron el mes de extensión que tendría el llamado, a partir del 15 de enero.

La posibilidad más fuerte es que se ponga a consideración el proyecto sobre elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Un tema en el que hay resistencias en la oposición dialoguista, aunque las mismas habrían cedido en las últimas semanas, sobre todo a partir de que el Gobierno porteño llamara a suspenderlas en la Ciudad de Buenos Aires para este año. Incluso cerca de la conducción del bloque radical trascendió que estarían dispuestos ahora a conversar sobre el tema, cosa que hasta hace poco parecía vedada.

Las dudas que se plantean giran en torno a la suspensión o derogación de las PASO. Pues en el Pro y en Unión por la Patria germina la intención de avanzar con la suspensión, tal cual impulsaron recientemente desde UP a través de un proyecto del diputado Juan Manuel Pedrini y sus pares chaqueños, que promueven la suspensión “por única vez” de las elecciones primarias.

Desde el Gobierno insisten en que esas elecciones deben derogarse por una cuestión presupuestaria.

Otro tema que se incluiría en el temario es el de ficha limpia. Pero no el proyecto que se intentó dos veces llevar al recinto a fines de noviembre, con un dictamen alcanzado luego de varios plenarios, sino un proyecto del Ejecutivo, ese que el presidente Javier Milei mandó a confeccionar al abogado Alejandro Fargosi luego de la polémica generada tras la segunda vez que se cayó la sesión en la que pretendían tratar el tema.

La ley antimafia cuenta con media sanción de Diputados y tiene dictamen en el Senado desde el 13 de noviembre, pero no alcanzó a llegar al recinto por el freno que se le puso a los debates en la Cámara alta en la última parte del año. Ahora formaría parte del temario.

También se incluirían proyectos que formaban parte de esa última sesión del año que fracasó en Diputados, como el proyecto sobre reincidencias y juicio en ausencia.

Por último, el Gobierno se jugaría un pleno con las designaciones para la Corte Suprema. Según las fuentes oficiales, harían un intento por aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Las designaciones quedaron frenadas luego de la presentación de ambos ante la Comisión de Acuerdos, donde solo el juez federal habría alcanzado las 9 firmas necesarias para llegar al recinto. Así trascendió, luego de que se conociera que la catamarqueña Lucía Corpacci había estampado la propia. Pero en rigor de verdad, nadie oficializó nunca que el camino de Lijo hacia el recinto hubiera quedado libre. Más difícil es la situación de García Mansilla, quien es seguro que no alcanzó las firmas y, para ser tratado su caso en el recinto, debería debatirse sobre tablas, lo cual hace necesario dos tercios.

Como sea, desde el Gobierno se asegura que harán el intento.

A todo esto, un dato no menor es que el recinto de la Cámara de Diputados está prácticamente desarmado, pues se realizan obras de mantenimiento que se extenderían a lo largo de todo el mes de enero.  De hecho, el presidente de la Cámara, Martín Menem, le pidió a todo el personal de la casa que se tomara vacaciones este mes. Lo cual no haría imposible el trabajo en comisiones, pero sí sesionar en el recinto, al menos durante el mes de enero. Si es que alcanzan a terminar a lo largo de este mes.

Confirmados por parte del Poder Ejecutivo el pasado 20 de marzo, como candidatos a integrar la futura Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla siguen esperando aún que sus respectivos dictámenes avancen en el Senado de la Nación, adonde concurrieron para exponer ante los integrantes de la Comisión de Acuerdos el 28 de agosto de este año.

En rigor, sus nominaciones fueron oficializadas con la publicación del Decreto N° 267/24 efectivizada el pasado 15 de abril.

Una vez cumplida la presentación de ambos ante la comisión que preside Guadalupe Tagliaferri, resta esperar que sus respectivos dictámenes consigan al menos 9 firmas, de modo tal de quedar a disposición del recinto, donde a suerte y verdad deberá decidirse cuando eso suceda la suerte de cada uno. Allí necesitarán contar con los 2/3 de los presentes, de modo tal de quedar consagrados jueces de la Corte Suprema.

No les ha resultado sencillo conseguirlo. Más a Manuel García Mansilla, según ha trascendido. El juez federal Ariel Lijo es quien más reparos ha despertado, pese a lo cual estaría más a tiro de conseguir su objetivo. Él mismo se ha encartado de “militar” su postulación, según afirman propios y extraños.

En las últimas horas, trascendió que contaba ya con las 9 firmas para estar a disposición del pleno. Y que la última firma era la de la catamarqueña de UP Lucía Corpacci. Cercana a Cristina Fernández de Kirchner, resulta impensable imaginar que esa rúbrica no haya sido con la anuencia de la exmandataria. Si sucedió…

Porque en cercanías de la exgobernadora catamarqueña no contestaron la consulta de parlamentario.com. El resto de las fuentes consultadas rehusaron confirmarlo. La información de que “habría” firmado es información que circuló sobre el final de la semana pasada en Casa Rosada. Otras fuentes consultadas por este medio advirtieron que, en rigor, esa no sería la última firma que necesitaría Lijo, sino que faltarían más.

Paralelamente volvió a sonar con fuerza la posibilidad de que el nombramiento de ambos sea por decreto de necesidad y urgencia. De hecho, este fin de semana, Guillermo Francos reflotó esa chance. Esa posibilidad “está en análisis”, confió el jefe de Gabinete por Radio Mitre. “cuando estás en minoría, todo cuesta mucho más”, admitió al hacer votos porque la aprobación de ambos pliegos siga los carriles normales. Sin embargo advirtió que “la propuesta no fue tratada por el Senado y la Corte va a quedar con tres miembros. Hay una preocupación desde el Gobierno para que la Corte esté integrada. En la historia argentina hay otros casos”. Pero insistió en que “lo mejor sería que lo designe el Senado”.

Consultado puntualmente durante la audiencia de la que tomó parte en agosto en el Senado, García Mansilla dijo que no aceptaría un nombramiento por decreto. Algún análisis del fin de semana señalaba que estaría dispuesto a rever ese pensamiento.

Convengamos que si finalmente sucediera el nombramiento por decreto, el mismo tendría validez hasta fines del año venidero. Es que la Constitución habilita al presidente a hacer esto, en su artículo 99, inciso 19, referido a las atribuciones presidenciales: “Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

Lo cierto es que todo forma parte de las versiones que imperan por estos días en los que faltan precisiones. Y hay que recordar que el Gobierno planteó de entrada que “son los dos o ninguno”, en referencia a la necesidad de que se aprueben los dos postulantes juntos.

Sobre todo cuando también circula la versión de que el kirchnerismo -cuyos votos son necesarios pues en el Senado estamos hablando de 2/3- estaría dispuesto a aprobar a Lijo, pero a cambio de “poner uno nosotros”. Una, en ese caso, pues tendría que ser  mujer. Hasta se habló de la exsenadora nacional santafesina María de los Ángeles Sacnun, expresidenta de Asuntos Constitucionales en la Cámara alta y por lo tanto de extrema confianza de Cristina Kirchner. Desde el Gobierno descartan cualquier acuerdo en eses sentido.

Un dato importante a tener en cuenta en el marco de estas elucubraciones: quiénes son los 17 senadores que componen la Comisión de Asuntos Constitucionales. Allí, la presidenta es del Pro, la ya mencionada Guadalupe Tagliaferri. Vicepresidenta es la camporista Anabel Fernández Sagasti, extitular histórica de esa comisión. Son vocales, por Unión por la Patria Alicia Kirchner, Juliana di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y José Mayans. La UCR tiene 4 miembros, Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Mariana Juri y Carolina Losada, y están también la tucumana Beatriz Ávila, el correntino Carlos “Camau” Espínola, el misionero Carlos Omar Arce, el salteño Juan Carlos Romero, y por el oficialismo, el jujeño Ezequiel Atauche.

En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El quinto lugar vacante es el que quedó en noviembre de 2021 con la salida de Elena Highton de Nolasco. Para cubrirlo, el Poder Ejecutivo impulsa al juez federal Ariel Lijo. En tanto que el 29 de diciembre Maqueda cumplirá los 75 años de edad y para su reemplazo el oficialismo postula al académico Manuel García-Mansilla.

El segundo candidato a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, el abogado Manuel García-Mansilla, ratificó su postura en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo al plantear que se contrapone con normas vigentes y tratados internacionales y señaló que “la Corte no decide casos de aborto periódicamente”. También, explicó qué tendría en cuenta si tuviese que decidir sobre un caso de aborto.

El abogado participó en 2018 de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los expositores que se manifestaron contra el aborto legal. Teniendo en cuenta ese antecedente, el radical Martín Lousteau le consultó si seguía argumentando que es “inconstitucional” durante la ronda de preguntas en la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado.

El abogado explicó que “no hablé sobre toda la Ley, publiqué un trabajo apenas se sancionó la ley y que se publicó antes de la promulgación, incluso antes del decreto de promulgación que vetó una parte de esa ley”, y aclaró que fue un análisis "preliminar y necesariamente incompleto porque solo me concentré en el artículo 4 inciso A de la ley" referido a la legalización del aborto hasta las 14 semanas, en el que hizo una explicación de por qué para hacer un análisis constitucional correcto había que separar lo que es legalización de despenalización.

“No es una idea mía, es una idea del doctor Germán Viar Campos que me pareció interesante y, a partir de ese análisis, teniendo en claro que despenalización implica un análisis constitucional y legalización implica otro análisis constitucional, lo que hice fue confrontar el artículo 4 del inciso A de la Ley 27.610 con ciertas normas de derecho positivo de distintas jerarquías, leyes del Congreso que no estaban derogadas”, fundamentó.

Así, señaló que la Corte Suprema establece que una ‘ley posterior deroga a una ley anterior, ley especial deroga ley general’, y planteó que “en ciertos casos es indispensable que el Congreso derogue específicamente las leyes que se contraponen con las leyes que están sancionando”.

También se respaldó en que había 13 constituciones provinciales que reconocían el derecho a la vida desde la concepción y manifestó: “Había que hacer un análisis de cuál era la compatibilidad de ese inciso con esas constituciones y, a su vez, hice un análisis de por qué había un conflicto normativo de ese inciso y dos tratados internacionales de Derechos Humanos que tienen jerarquía superior a cualquier ley, que son la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño”.

“Este Congreso de la Nación dispuso que debe interpretarse que niño es ‘todo ser humano desde el momento de la concepción’. El artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho intrínseco de la vida. Yo simplemente lo que marqué es que veía un conflicto entre normas de distintas jerarquías eso fue lo que marqué, pero no hablé sobre toda la ley”, se defendió.

Lousteau repreguntó si se declara la inconstitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo volvería a estar vigente el Código Penal de 1921.

García Mansilla le explicó que “la eventual declaración de inconstitucionalidad de la legalización, no implicaría la declaración de inconstitucionalidad de la despenalización la Ley 27.610. Es una ley compleja, criminalizó el aborto en ciertos casos, lo despenalizó en otros, y lo legalizó en un supuesto específico que es el que me refiero con lo cual la eventual declaración de inconstitucionalidad tendría que llegar un caso también, pero asumamos hipotéticamente y la clave es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no decide caso de aborto periódicamente”.

El juez planteó que varias ONG’s hacen una analogía con la Corte Suprema norteamericana que creó el derecho al aborto en 1973 que no surgió del Poder Legislativo. “Por eso se litiga permanentemente y uno puede ver que la Corte Suprema desde 1973 hasta hoy ha dictado más de 54 fallos en materia de aborto y a nivel de juzgados de tribunales federales inferiores son miles las sentencias”.

Así, comparó: “Si uno toma la Corte Suprema Argentina en los últimos 20 años la única sentencia F.A.L que se refería a un artículo del Código Penal que, hoy, además, está derogado y que ese artículo el 86 se refería a una causal de no punibilidad. Hoy la Ley 27.610 el artículo 86 del Código Penal prevé causales de no punibilidad las declaraciones de inconstitucionalidad de la legalización no estarían afectadas”.

Pidió una breve interrupción la vicejefe del bloque UP, Anabel Fernández Sagasti, quien le consultó si “ya aprobada la ley si su postura va a ser inmiscuida por sus concepciones confesionales o va a fallar de acuerdo al derecho. Si entiende que el principio de no regresividad en la Constitución tiene que ver con un hipotético caso que llegue a la Corte respecto al derecho de interrupción voluntaria del embrazo”.

“Los argumentos que yo escribí cuando viene acá al Senado de ninguna manera son argumentos confesionales, salvo que entendamos que explicar el derecho positivo, a hacer referencia a normas sancionadas por este Congreso, a hacer referencia a constituciones provinciales o hacer referencia al texto escrito de determinados instrumentos internacionales que gozan de una determinada jerarquía, es sostener una postura confesional”, respondió García Mansilla.

“Si llegara a tener que decidir cualquier caso, se debería fallar conforme a derecho eso no hay ninguna duda y, más allá de fallar conforme a derecho, la predisposición del juez no es únicamente fallar conforme a derecho”, agregó.

De esa manera, explicó que en ese caso lo primero que haría es “analizar el caso con mente abierta”, lo segundo “voy a tomar muy en serio los argumentos de cada una de las partes”, lo tercero será “considerar la dimensión humana en juego” porque “nuestro derecho positivo tiene muchas consideraciones, el interés superior del niño, la perspectiva de género, el problema de la vulnerabilidad de las personas mayores. En considerar la dimensión humana en juego que es fundamental a la hora de resolver cualquier caso”, el cuarto punto es “tomarse en serio los precedentes del tribunal los precedentes de la Corte Suprema para los propios jueces de la Corte Suprema son importantes”.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación es un tribunal colegiado y que creo que gana en autoridad cuando decide las cuestiones jurídicas más trascendentes con una sola voz. Cuando las decisiones se toman, por ejemplo, si tenemos una corte de cinco jueces, con cinco votos distintos en general, el derecho no gana en autoridad. Creo que la Corte gana en autoridad cuando las cuestiones complejas las decide en la medida de lo posible con una sola voz. Eso implica un esfuerzo en el marco del tribunal colegiado para saber cuándo de poner ciertas visiones del derecho poder consensuar algunas cuestiones que, en el marco de lo que es opinable del derecho, no es lo que no es opinable poder trabajar de esa manera”, argumentó.

También resaltó que el principio de progresividad “es un principio claramente importante está previsto en la convención americana de Derechos Humanos y es aplicable en todas las decisiones desde ya”.

"En la locución que yo hice acá en el Senado yo tampoco planté una postura confesional, sino que planteé que en mi visión, de acuerdo a lo que se estaba discutiendo en ese momento con otro proyecto de ley, para poder tomar la decisión que se quería tomar en ese momento había que reformar la Constitución como hicieron Irlanda o Francia para poder consagrar el aborto. Es un argumento de derecho positivo", cerró

Durante la audiencia pública de este miércoles en el Senado, el candidato a la Corte Suprema de Justicia Manuel García-Mansilla evitó opinar si la dolarización es constitucional o no, porque “no hay un proyecto en concreto”. 

En la tanda de preguntas, el senador radical Martín Lousteau consultó “si piensa que la dolarización, es decir, el reemplazo total de la moneda nuestra por otra, que no controle el Estado, es constitucional o no”, al recordarle que escribió sobre el tema. 

Sobre el informe realizado junto a Ricardo Ramírez Calvo, García-Mansilla señaló que el mismo se realizó “en un momento particular durante la campaña electoral del año pasado, donde la dolarización como concepto era un motivo de discusión, más allá de que no existía concretamente un proyecto de ley que uno pudiera analizar”. 

“Para poder hacer un análisis sobre si es constitucional o no hay que ver un proyecto concreto”, afirmó. A continuación, introdujo la hipótesis: “Asumamos que para dolarizar se confiscan todos los depósitos en dólares que hay en el sistema bancario. Esa dolarización sería flagrantemente inconstitucional por violación del derecho de propiedad”.

Pero luego puso otro ejemplo: “Asumamos que la dolarización se haga por la vía de un tratado de integración en el marco del artículo 75, inciso 24, debido a que el Mercosur decide que la moneda común es el dólar. Ese proyecto de dolarización podría ser constitucional, en la medida que se cumplan con todos los parámetros”. 

“Este Congreso de la Nación le ha dado curso legal a monedas extranjeras en el pasado en varias oportunidades”, recordó e insistió que “para poder opinar seriamente hay que ver el proyecto de ley en concreto” y aclaró que “es el Congreso de la Nación el que tiene la facultad para disponer la dolarización o no”. 

El candidato propuesto por el Gobierno remarcó que “toda la contribución que hicimos (con Ramírez Calvo) fue en abstracto, yo no puedo opinar sobre un proyecto en concreto que no existe, y tampoco puedo especular con otro tipo de cuestiones”. 

“¿Usted dice que cómo se debería interpretar el artículo 75 quedaría a cargo del Congreso y no habría control constitucional después?”, replicó Lousteau y García-Mansilla completó: “En el ámbito de sus atribuciones cada uno de los poderes puede interpretar la Constitución. Obviamente si la interpretación después termina en la afectación de algún derecho constitucional y eso es objeto de un litigio, ahí es la Corte Suprema en su carácter de intérprete final de la Constitución la que termina de interpretar el tema”. 

El académico Manuel García-Mansilla comenzó este miércoles su exposición ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta a las 10.52 con un discurso en el que resaltó su trayectoria educativa y laboral, en el ámbito de los tribunales, hasta recalar en el estudio jurídico más grande del país, cosa que le permitió “ver el derecho desde otro lugar”. Habló de su formación y especialización, su experiencia en el exterior y afirmó haber arrancado “desde lo más bajo, hasta litigar en el sistema internacional de derechos humanos ante una nación extranjera”.

Destacó su compromiso académico desde hace más de tres décadas, y la publicación de libros y notas de opinión en la Argentina y otros países, la mayoría de los cuales vinculados a la Constitución, como así también resaltó que desde 2019 es decano de Derecho en la Universidad Austral, donde además da clases sobre diversos aspectos de la constitucionalidad. Allí obtuvo el título el año pasado de doctor en Derecho, con un jurado de personalidades ajenas a la facultad.

A esas casi tres décadas de experiencia en el Derecho, le sumó una experiencia de gestión en una cámara de empresas productoras de hidrocarburos, de la que es director desde 2014.

Tras esa exposición, García-Mansilla dijo porqué piensa que puede hacer “un aporte genuino a la Corte Suprema de Justicia”. Arrancó diciendo qué piensa de la función judicial, comparándola con la de los legisladores. “A diferencia de los jueces, los legisladores pueden apelar a sus convicciones morales y la necesidad de atender reclamos sociales para modificar leyes como crean conveniente, en el marco del respeto irrestricto de la Constitución”, comentó.

“Eso mismo ocurre con los constituyentes; pero los jueces no pueden hacer eso en una sociedad democrática, respetuosa del principio de la soberanía del pueblo y la forma representativa de gobierno”, señaló, para remarcar nuevamente: “No pueden hacer eso en ningún caso. Tienen la función principal de resolver causas judiciales concretas, respetando siempre el texto y la estructura de la Constitución con todas sus reformas y no apelando a sus convicciones personales, sean de índole moral, política y religiosa, aun cuando crean de buena fe que van a servir mejor a la sociedad”.

El postulante para ocupar un lugar en la Corte precisó que “los constituyentes dieron a los órganos políticos las herramientas para modificar y adaptar nuestra legislación a estas nuevas realidades. Por eso que la tarea de impulsar los cambios que reflejan esta evolución es principalmente de este Congreso de la Nación”.

En cambio, dijo, “la función de los jueces es aplicar esas normas a la hora de resolver casos concretos”, así como “sostener la observancia de la Constitución en cada sentencia a través del ejercicio de control de constitucionalidad”.

García-Mansilla agregó que “dadas las características, los jueces no pueden aplicar sus convicciones o preferencias personales a la hora de decidir casos concretos”. Y enfatizó: “Fomentar ese comportamiento anómalo por parte de los jueces es una forma inaceptable de liberarlos de los límites que la propia Constitución les impone a ellos”.

Para el candidato a integrar la Corte, un buen juez de ese tribunal supremo “solo puede administrar justicia en el marco de lo previsto en el juramento ordenado por el artículo 112 de la Constitución Nacional. Este juramento exige que la administración de justicia en cada jurisdicción se haga bien y legalmente en conformidad con lo que prescribe la Constitución. Que es administrar justicia bien, hacerlo de forma independiente, imparcial, sin favoritismo, sin prejuicio ni animosidad en contra de las partes. Mostrando que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable. Legalmente y en conformidad con lo que prescribe la Constitución”.

Para García-Mansilla, “los fundamentos de sus sentencias deben respetar y hacer respetar el estado de derecho, la seguridad jurídica a través de una aplicación seria y meditada de nuestra norma suprema, la Constitución, en cada uno de los casos que les toque resolver”.

Y concluyó asegurando que su única aspiración, para el caso de que este Senado lo honre con su acuerdo, es “la de servir a mi país de tal manera que al momento de terminar con esas funciones, mis compatriotas me recuerden como un juez que cumplió con sus deberes constitucionales y que obró siempre con integridad, independencia e imparcialidad”.

El académico Manuel García-Mansilla defendió este miércoles su postulación a juez de la Corte Suprema de Justicia, impulsado desde el Gobierno, en el marco de una audiencia pública celebrada desde las 10.23 de la mañana en el Salón Azul del Senado. Fue el segundo candidato en exponer ante la Comisión de Acuerdos que preside la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, luego de que la semana pasada fuera el turno del juez federal Ariel Lijo, quien disertó por casi ocho horas.

Tras 7 horas de audiencia, la senadora Tagliaferri aseguró que “los dictámenes ya están disponibles para la firma”. También anunció que la próxima reunión de la misma será el 12 de septiembre, para tratar una serie de pliegos judiciales.

Al comenzar la audiencia, Tagliaferri informó que “todo el proceso de la audiencia es público” y destacó que “en la página web del Senado hay un micrositio donde está disponible toda la información sobre la audiencia, lo que permite tener un Senado más transparente y accesible”.

En el inicio de la reunión, el jurista señaló porqué piensa que puede hacer “un aporte genuino a la Corte Suprema de Justicia”. En ese marco, diferenció la tarea que le asiste a los jueces respecto de los legisladores, quienes “pueden apelar a sus convicciones morales y la necesidad de atender reclamos sociales para modificar leyes como crean conveniente, en el marco del respeto irrestricto de la Constitución”, comentó. “Los jueces no pueden hacer eso en una sociedad democrática, respetuosa del principio de la soberanía del pueblo y la forma representativa de gobierno”, señaló, precisando que ellos “tienen la función principal de resolver causas judiciales concretas, respetando siempre el texto y la estructura de la Constitución con todas sus reformas y no apelando a sus convicciones personales, sean de índole moral, política y religiosa, aun cuando crean de buena fe que van a servir mejor a la sociedad”.

“La función de los jueces es aplicar esas normas” establecidas por los legisladores, o los constituyentes “a la hora de resolver casos concretos”, así como “sostener la observancia de la Constitución en cada sentencia a través del ejercicio de control de constitucionalidad”.

El interrogatorio de los legisladores

Tras la presentación formal del candidato a la Corte Suprema, se dio lectura a 160 preguntas, de un compendio de las 265 preguntas que le realizaron las instituciones, organizaciones y personas que han manifestado su opinión sea por adhesión, impugnación u observación.

Algunas de las consultas se referían a la Ley de Protección Integral de las Mujeres, dolarización, federalismo, competencias de la Corte Suprema de Justicia, impuesto a las ganancias, cuestión de género en la Corte Suprema y cargos jerárquicos, Ley Micaela, las protestas sociales, la Ley del Aborto, entre otros temas.

Ante la consulta del senador libertario Francisco Paoltroni por la modificación “inconstitucional” de la Constitución de Formosa que permite la reelección indefinida, García- Mancilla manifestó que “el régimen republicano de gobierno se creó para combatir las monarquías y, la reelección indefinida, tiene evidentemente un problema con el régimen republicano. La duración en el cargo permanente es un peligro para la república. La reelección indefinida como tal puede tener un problema y, a la hora de tomar una decisión, hay que ver cómo se ha litigado el expediente y prestar atención el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y resaltó que “hasta 1983 ninguna Constitución provincial preveía la reelección indefinida”. El académico sostuvo que los estándares de DD. HH son “guía de interpretación y los jueces deben tenerlos en cuenta”.

Sobre la “inconstitucionalidad de la Ley de Lemas” el candidato explicó que la Corte Suprema entiende que “todo lo que tenga que ver con el régimen electoral es una cuestión de derecho público local que le corresponde al Poder Judicial local determinar su eventual coalición o no con la norma principal. Es el parámetro a aplicar. El Poder Judicial no puede intervenir en todas las causas judiciales que se inicien en el país, tiene que respetar los límites del federalismo”. Tras escuchar las respuestas del abogado, el libertario expresó que la república con estas dos herramientas “está en peligro y es un riesgo absoluto para todos. Con este criterio podemos poner reelección indefinida de presidente y terminar como Venezuela”, tras lo cual se retiró de la reunión.

A continuación, en respuesta del radical Martín Lousteau opinó que “el artículo 129 de la Constitución tiene problemas constitucionales porque asimila a la Ciudad de Buenos Aires como si fuese provincia”, y planteó que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que tener su Poder Judicial propio completo”.

Al ser consultado por la oficina de violencia doméstica, que es competencia de la Corte Suprema, el juez comentó: “No es un tema que haya reflexionado en particular, pero se podría trasladar la oficina, pero la propia Ciudad y todas las provincias deberían tener cada oficina y la Corte integrar toda la información para tener un diagnóstico preciso de lo que es la violencia doméstica a nivel nacional”.

También le preguntó sobre su postura en contra del aborto legal, respecto de lo que señaló que la Corte Suprema "no decide periódicamente sobre casos de aborto", y sostuvo que en su momento "marqué que veía un conflicto entre normas de distintas jerarquías, eso fue lo que marqué, pero no hablé sobre toda la ley".

RIGI

A ser consultado por el RIGI por parte de los senadores Lousteau y Anabel Fernández Sagasti, el abogado expresó que “la Ley 27.270 aprobó el Acuerdo de París que se refiere al cambio climático, la Ley Olimpia aprobada por este Congreso de la Nación también se refiere al cambio climático, es irrelevante lo que crea yo sobre el cambio climático”.

“El Congreso de la Nación ha legislado sobre la materia. Sobre las regulaciones en materia de medio ambiente y la explotación de recursos naturales, lo que entiendo de acuerdo a lo que establece el artículo 41 de la Constitución y la Ley General del Ambiente es que el Gobierno Federal puede establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental”, señaló y precisó que esos presupuestos mínimos pueden ser complementados por las provincias y planteó: “Diría que el único límite que tienen, tanto el Gobierno Federal como las provincias, dejando de lado el federalismo, es que no se conviertan en regulaciones expropiatorias de los recursos naturales que son de propiedad de las provincias”.

Al respecto, recordó el caso de 2007 en la provincia de Chubut sobre un minera a cielo abierto en una mina de oro. Así, sostuvo que en el caso del RIGI hay que tener en cuenta “la provincia, la regulación ambiental, pero entiendo que en la medida que se cumplan los estudios de impacto ambiental, las audiencias correspondientes, seguramente el supuesto debería ser atendido antes de que se empiece a operar y, desde ya insisto, en esto el Gobierno Federal puede establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental y las provincias pueden elevar ese piso”.

“Evidentemente ninguna ley puede dejar sin efecto el artículo 41 de la Constitución. Eso está muy claro en nuestro sistema constitucional que una ley del Congreso no puede dejar sin efecto los parámetros de protección ambiental que prevé el artículo 41 de la Constitución”, remarcó.

La postura sobre la identidad de género

Al ser consultado por la senadora Anabel Fernández Sagasti (UP) sobre la Ley de Identidad de Género, se distanció de la postura del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien argumentó que “se acabó la diversidad de género” durante su exposición en la Comisión de Mujeres y Diversidades de Diputados.

Al respecto, el abogado afirmó que la Ley 26.743 de identidad de género “es una ley vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir”, y agregó: “He notado en los últimos años una costumbre, en que en ciertos casos y no voy a decir ningún tribunal, donde los jueces no aplican leyes sin declararlas inconstitucionales”.

“Simplemente no las mencionan o no las aplican. Eso no se puede hacer porque en nuestro sistema constitucional las leyes vigentes se aplican y, para no aplicarlas, hay que declararlas inconstitucionales. Siempre que haya un caso concreto que amerite eso, pero los jueces no pueden obviar las leyes vigentes”, criticó.

La inconstitucionalidad de los DNU

Sobre la ley que regula los DNU la 26.122, García Mansilla comentó: “El congreso en ejercicio de las atribuciones, que prevé el artículo 99 inciso 3, sancionó una ley para regular la forma en que quiere controlar los DNU. Fue el que decidió que, para rechazar un DNU, se necesita una disposición de las dos cámaras”, y señaló una inconsistencia desde el punto de vista técnico: “En un sistema parlamentario donde hay fusión de poderes, haya más control de parte del Parlamento o más restricciones para el Gobierno para emitir un Decreto de Urgencia, que en un sistema presidencialista en donde la separación de poderes con frenos y contrapesos es la Norma, pero es decisión del Congreso la regulación de qué tipo de control quiere ejercer sobre los DNU”.

“Cualquier DNU en el marco de un proceso judicial debe presumirse inconstitucional y esto implica que el Estado nacional es quien corre con la carga de la prueba y con la carga de la argumentación para demostrar que ese DNU es constitucionalmente válido porque está dentro de las excepciones previstas en el artículo 99 inciso 3”, explicó.

Así, sumó: “La Constitución dispone en el artículo 99 inciso 3 que el Poder Ejecutivo en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta insanable podrá emitir disposiciones de carácter legislativo y, recién ahí, es que se abren las excepciones”.

Paridad de género

El senador salteño Juan Carlos Romero le preguntó sobre la paridad de género y criticó al Ejecutivo por postular a dos hombres y a ninguna mujer. Sobre ello, el juez fundamentó: “Si bien la cuestión de género es una cuestión de gran importancia para el ejercicio de facultades que son políticas y discrecionales del Poder Ejecutivo y también del Senado, en mi caso la nominación no reemplaza la nominación de una mujer”

“La nominación es una facultad que le corresponde al Ejecutivo y la consideración que hizo el tiene que ver con decisiones de oportunidad mérito y conveniencia. Se hizo un análisis en el ámbito del Ministerio de Justicia”, indicó y procedió a leer un dictamen aprobado en 2016 por la propia comisión que establece que ‘en orden a las impugnaciones recibidas sobre un eventual desequilibrio de género, esta comisión manifiesta que comparte la importancia en el caso de la diversidad y el equilibrio de género especialidad y procedencia regional’.

En ese sentido, sostuvo: “Entendí que, dentro de los requisitos que prevé el 322, había otros que yo podía cumplir como el de diversidad regional y especialidad. Ese mismo dictamen dice ‘sin perjuicio de ello esta comisión constituye un ámbito legislativo en el cual debe verificarse la idoneidad para el cargo del candidato concreto propuesto y el cumplimiento de los requisitos del artículo 111 de la Constitución Nacional. Por lo cual se entiende que esas objeciones escapan a la persona del postulante e incumben al Poder Ejecutivo Nacional que es el ámbito en el cual se realiza la propuesta de los candidatos a ocupar el cargo’”.

“En cuestión entiendo que este tipo de antecedentes parlamentarios sumados, por ejemplo, a la decisión que tomó el pleno del Senado en la sesión del 5 de noviembre del año 2020 cuando se dio un acuerdo para completar una vacante en la Cámara Nacional Electoral y la cuestión de género fue objeto de discusión. Es una cuestión muy importante, muy trascendente, pero que no es dirimente en el sentido de que si el candidato es varón o mujer está impedido de aceptar o no una nominación y, en mi caso particular, insisto mi nominación no reemplaza a una mujer”, completó.

Quién le ofreció el cargo

Una de las preguntas que le formularon a García-Mansilla fue quién fue el encargado de ofrecerle el cargo para el que ahora se postula.

“El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo, en una reunión con (el viceministro de Justicia) Sebastián Amerio”, respondió el jurista ante la inquietud de Oscar Parrilli. Y agregó: “Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él. Y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo, no lo conocía tampoco, y en este proceso lo he visto dos veces; la última vez lo vi hace unas dos semanas, en Casa Rosada, que me preguntó cómo venía preparándome para la audiencia pública y la relación desde el  momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora la he llevado con el doctor Sebastián Amerio”.

La Ley de Coparticipación, una deuda

Luego de un cuarto intermedio, a las 15, se reanudó la audiencia con la consulta de la senadora Carmen Álvarez Rivero sobre el federalismo y la ley de Coparticipación Federal. El letrado respondió que “evidentemente es una deuda, la Ley de Coparticipación; se van a cumplir 30 años de la reforma del 94 y no se ha dictado la ley convenio” y agregó que “la revisión de los criterios jurídicos que impedirían esa ley convenio facilitaría ese trabajo, que le corresponde a la política”.

El senador misionero Carlos Arce le consultó su opinión sobre la pedofilia, tráfico de menores y Ciberdelito. Al respecto, García Mansilla aseguró: “Me parecen delitos aberrantes que deben ser perseguidos por la Justicia y castigados con el máximo de la pena del Código Penal”.

Antes de dar por terminada la audiencia, el senador Bartolomé Abdala (LLA) destacó la solidez en las respuestas y afirmó: “Sigo pensando que sos un buen candidato para el cargo que nuestro gobierno te ha propuesto”.

El Salón Azul del Senado será escenario este miércoles de una nueva audiencia pública, cuando le toque el turno al académico Manuel García-Mansilla de defender su postulación a juez de la Corte Suprema de Justicia, impulsada desde el Gobierno.

Tras el paso de juez federal Ariel Lijo, quien expuso por casi ocho horas, el otro candidato del Poder Ejecutivo asistirá desde las 10 a la reunión de la Comisión de Acuerdos, que preside la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri.

García-Mansilla fue propuesto por el Gobierno para reemplazar en el máximo tribunal a Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá 75 años el próximo 29 de diciembre.

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, el abogado participó en 2018 de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de los expositores que se manifestaron contra el aborto legal.

Al enviar su pliego, el Poder Ejecutivo lo calificó como "un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional" y, respecto de las opiniones a favor de su postulación, señaló que las mismas “se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria como docente universitario, los numerosos artículos del que es autor y su reconocida solvencia intelectual”.

"Ha dado muestras a lo largo de su trayectoria personal y profesional de respeto irrestricto a nuestra Carta Magna, al sistema democrático, y compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, todo lo cual lo erigen en un digno aspirante a ocupar un sitio en la Corte Suprema de Justicia”, agregó el PEN.

Sobre García-Mansilla se presentaron una veintena de impugnaciones y cinco adhesiones ante la Comisión de Acuerdos. El académico rechazó las críticas referidas a su postura sobre el aborto legal, al considerar que "omiten o directamente tergiversan las opiniones doctrinales que expresé".

"Se derivan escenarios imaginarios a todas luces infundados sobre cómo podría decidir casos a futuro (algo que jamás adelanté)”, indicó en su descargo.

La Asociación Civil de juristas y profesores de Derecho, FORES, presentó este lunes ante el Senado de la Nación su impugnación a la candidatura para la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Ariel Lijo, al tiempo que formalizó su apoyo a la postulación de Manuel García Mansilla.

“Lamentablemente, las objeciones presentadas (como las muchas otras presentadas por otras entidades representativas del ámbito de la justicia), no solo no fueron contestadas por el candidato, sino que tampoco fueron merituadas por el Poder Ejecutivo al solicitar el acuerdo. Lo ocurrido parecería haber transformado el proceso de participación ciudadana en una mera formalidad burocrática que afecta el principio republicano que exige la fundamentación de los actos gubernamentales”, planteó FORES en su impugnación a Lijo. “Es por esta razón que nos vemos en la necesidad de reiterar ante ese Honorable Senado tales objeciones, en la esperanza de que ellas sean consideradas al debatir el acuerdo solicitado”.

En cuanto a las características del postulado, la entidad señaló que “no caben dudas de que el Sr. Lijo cumple con las condiciones formales para ser postulado. Son, sin embargo, las condiciones de idoneidad las que no se verifican en el candidato” y cuestionó: “El candidato provoca demasiada polémica en múltiples sectores de la sociedad (condición suficiente para descartarlo). Su postulación carece de suficiente fundamentación y no presenta hechos y resultados que demuestren una adecuada gestión como juez”.

“Resulta preocupante que no se haya presentado un solo informe acerca de la gestión del juzgado a su cargo que permita un análisis a la luz de la propuesta efectuada”, concluyó FORES.

Respecto de la postulación de García Mansilla, en tanto, FORES destacó la idoneidad del candidato para ocupar el cargo, ya que posee “un perfil de formación amplio, lo que entendemos le permitirá analizar las cuestiones que llegan a la Corte Suprema con conocimiento del ‘mundo real’ y experiencia práctica de las necesidades de quienes recurren a los tribunales en procura de justicia”.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó este viernes en el Senado de la Nación su adhesión a la postulación de Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema Justicia de la Nación y su rechazo a la nominación del juez Ariel Lijo para el mismo cargo.

“El doctor García Mansilla posee sobresalientes méritos para poder integrar el más alto tribunal de la Nación. En su persona se conjugan, de un modo que es poco frecuente, antecedentes que lo califican con la excelencia que uno espera hallar en una persona postulada para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señala el escrito y agrega: “Por un lado, el candidato posee la formación práctica de un abogado que ha ejercido la profesión intensamente desde su juventud, llegando a intervenir en asuntos de alta complejidad. Allí forjó su carácter, disciplinado, eficiente y con un profundo sentido del deber. Por el otro, posee conocimientos teóricos propios de un académico e investigador del derecho constitucional, cuyos trabajos son referencia obligada para los estudiosos de esa disciplina”.

Sin embargo, respecto de Lijo, el documento firmado por el presidente de la entidad colegiada, Alberto Garay, señala: “Quien pretenda ocupar un sitial en la Corte Suprema debe demostrar que posee una preparación excepcional. Pues en sus manos se depositará la delicada tarea de decidir asuntos en los que estarán en juego la libertad, la seguridad, la propiedad y los demás derechos de todos los habitantes del país; las atribuciones de las provincias, las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las de las autoridades de la Nación, de conformidad con lo que al respecto declara, establece y garantiza la Constitución Nacional”.

Pero los antecedentes del Lijo no responden a esta exigencia: “Con relación a su desempeño profesional, la reputación del juez Lijo viene siendo cuestionada repetidamente y desde hace tiempo. No obstante, esta información no ha sido volcada oficialmente en el CV publicado en el Boletín Oficial ni tampoco fue informada por el Ministerio de Justicia, como hubiera correspondido. Hasta donde hemos podido indagar, entre el año 2023 y lo que llevamos transcurrido del 2024, se han presentado cinco pedidos de juicio político contra el magistrado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación”, recuerda el Colegio de Abogados de la Ciudad en su presentación. Y agrega: “Una de las características del juez Lijo es su morosidad en la tramitación de algunas causas. En la auditoría realizada en el año 2016 este Colegio comprobó que esa demora injustificada en la tramitación de las causas era así, al menos, en 29 expedientes”.

La Federación Argentina de Colegios de Abogados presentó un comunicado donde manifestó su rechazo a la postulación impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional para el nombramiento de Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El texto fue avalado por las autoridades de la Federación y lleva las firmas de la presidenta Mariel Tschieder; los vicepresidentes Raúl Saravia, Luciana Scherbarth y Francisco Panero; y de la secretaria Eloísa Raya de Vera, entre otros.

Además, en el comunicado, dejaron explicita una propuesta: “Entendemos que, para cubrir la vacante dejada por la Elena Highton de Nolasco, lo razonable y acorde con los estándares vigentes hubiera sido proponer a una mujer de las tantas juristas sólidas e intachables con las que cuenta nuestro país en el ejercicio profesional de la abogacía o de un tribunal federal”.

Del mismo modo, señalaron que “la postulación de dos candidatos varones resulta improcedente en razón de contravenir los mandatos constitucionales, convencionales y reglamentarios de nuestro país que garantizan la igualdad entre éstos y las mujeres”.

“Entendemos que, en el Estado de derecho moderno, la igualdad entre los individuos se configura como garantía esencial para transformar las sociedades y conducirlas hacia una democracia sólida, republicana y duradera”, explicaron desde la institución.

Se publicó este viernes en el Boletín Oficial el aviso a través del cual quedaron formalizadas las audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos del Senado, por donde pasarán Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a defender sus postulaciones para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Tal como se conoció días atrás, las reuniones tendrán lugar el próximo 21 y 28 de agosto, respectivamente. Ahora se confirmó que el lugar será el Salón Azul de la Cámara alta, a partir de las 10. También podrá seguirse por el canal de YouTube del Senado.

A partir de la publicación del aviso, que lleva la firma del secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, se abrirá del 23 al 29 de julio -inclusive- el plazo para presentar preguntas y formular observaciones a las calidades y méritos de los aspirantes.

De acuerdo al artículo 123 ter del reglamento del Senado de la Nación, la Comisión de Acuerdos debe abrir un registro a fin de poder recepcionar las observaciones que cualquier persona quiera formular respecto de las calidades y méritos de los aspirantes cuyo acuerdo haya sido solicitado por el Poder Ejecutivo. Las presentaciones efectuadas estarán a disposición de todos aquellos que quieran consultarlas en la sede de la comisión.

Las presentaciones se podrán realizar de forma digital, de 10 a 17, a través de la web del Senado, en el ítem “Comisión de Acuerdos”, pestaña “Registro de Observaciones”; o de manera presencial en la Comisión de Acuerdos, sita en la Avenida Hipólito Yrigoyen 1702 (6° piso, oficina 606), en soporte papel por duplicado, acompañado de copia fiel en soporte digital.

En una primera etapa de presentaciones, el juez federal Lijo sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, de acuerdo a un informe del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Por su parte, el académico García Mansilla recogió 3.129 avales y 110 observaciones.

En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El pasado 20 de marzo, el Gobierno anunció a Lijo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, la postulación de García Mansilla es para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Los pliegos fueron enviados a la Cámara alta el 28 de mayo, y tomaron estado parlamentario en la sesión del 12 de junio.

Con 7 miembros en el Senado, y aún reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Incluso el libertario Francisco Paoltroni ya anticipó que se opone. Sin embargo, desde el entorno del juez confían en tener los votos, pues contaría con aval del kirchnerismo, que ha evitado pronunciarse hasta ahora.

El panorama aparece más complicado en el caso de García Mansilla, resistido por su perfil conservador (opositor al aborto legal, rasgo reivindicado por el Ejecutivo en su postulación). Además, la falta de una candidata mujer será otro de los ejes de la discusión.

Se confirmaron las fechas en que se realizarán las audiencias públicas para que Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, candidatos propuestos por el Gobierno nacional para ocupar la Corte Suprema de Justicia, se presenten a defender sus pliegos ante la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Guadalupe Tagliaferri (Pro). Serán el próximo 21 y 28 de agosto, respectivamente.

Como paso previo, este 19 y 22 de julio deberán publicarse los edictos correspondientes en el Boletín Oficial, y también en dos diarios de circulación nacional. A partir de allí se abrirá un plazo de siete días para la presentación de impugnaciones y/o adhesiones; seguido por tres días de análisis por parte de la comisión sobre qué impugnaciones considera válidas y tres días más para que los postulantes respondan al respecto.

En una primera etapa de presentaciones, el juez federal Lijo sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, de acuerdo a un informe del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Por su parte, el académico García Mansilla recogió 3.129 avales y 110 observaciones.

En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El pasado 20 de marzo, el Gobierno anunció a Lijo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, la postulación de García Mansilla es para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Los pliegos fueron enviados a la Cámara alta el 28 de mayo, y tomaron estado parlamentario en la sesión del 12 de junio.

Con 7 miembros en el Senado, y aún reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Incluso el libertario Francisco Paoltroni ya anticipó que se opone. Sin embargo, desde el entorno del juez confían en tener los votos, pues contaría con aval del kirchnerismo, que ha evitado pronunciarse hasta ahora.

El panorama aparece más complicado en el caso de García Mansilla, resistido por su perfil conservador (opositor al aborto legal, rasgo reivindicado por el Ejecutivo en su postulación). Además, la falta de una candidata mujer será otro de los ejes de la discusión.

El juez federal Ariel Lijo y el abogado constitucionalista Manuel García Mansilla, los candidatos propuestos por el Gobierno de Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, serán recibidos por la Comisión de Acuerdos del Senado el 21 y 28 de agosto para defender sus postulaciones en audiencias públicas.

Ambos edictos con las respectivas citaciones se publicarán entre el 19 y 22 de julio próximos. De igual manera, el período de presentación de impugnaciones correrá desde el 23 y hasta el 29 del corriente mes.

Pese a que las dos postulaciones son impulsadas desde el Poder Ejecutivo, el senador libertario de Formosa, Francisco Paoltroni, se opone a la candidatura de Ariel Lijo y señaló que esa postulación es “un retroceso en la lucha por una justicia imparcial”.

A través de un video posteado en X, el senador Paoltroni tituló: “El país se divide en dos”, y explicó que están “los que apoyan la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema y los que no”. “Su pasado genera controversia y desconfianza. Para muchos, Lijo no representa una garantía de justicia ni un cambio positivo en el sistema judicial argentino”, aseveró.

El país se divide en dos: los que apoyan la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema y los que no. Su pasado genera controversia y desconfianza. Para muchos, Lijo no representa una garantía de justicia ni un cambio positivo en el sistema judicial argentino. Quienes aspiramos… pic.twitter.com/NSjnF9XQFA

— Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) July 16, 2024

Del mismo modo, cuestionó que “quienes aspiramos a una Argentina distinta, basada en transparencia y ética, vemos en su posible nombramiento un retroceso en la lucha por una justicia imparcial y confiable”. “La Corte Suprema merece figuras intachables, no cuestionadas”, remarcó acompañando el texto con el hashtag “Lijo No”.

A diferencia de los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados que se manifestaron en contra de la postulación de Ariel Lijo (la Coalición Cívica y el radicalismo), Paoltroni es el primer legislador del oficialismo que se rechaza a uno de los candidatos propuestos por el presidente de la Nación, Javier Milei.

Horas antes de la partida del presidente hacia Estados Unidos -país al que viaja por cuarta vez desde que ocupa ese cargo-, y en medio de las repercusiones generadas por los cambios en el gabinete nacional, se conoció el envío por parte de Javier Milei al Senado de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, para ser designados en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los pliegos llevan las firmas del primer mandatario y del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. En el caso del juez federal, para ocupar el cargo dejado por Elena Highton de Nolasco, y en el del catedrático, para reemplazar a partir del 29 de diciembre al juez Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años y no ha presentado ningún pedido para permanecer en el cargo.

En ambos pliegos se señala que “finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el Decreto N 222 del 19 de junio de 2003, modificado parcialmente por el Decreto N 491 del 29 de mayo de 2018 y por el Decreto N 267 del 20 de marzo de 2024, se procede a la elevación de la presente propuesta teniendo en cuenta la capacidad técnica y jurídica del citado profesional”.

En el pliego de Lijo se consigna que “se recibieron presentaciones de instituciones, de organizaciones no gubernamentales y asociaciones profesionales del quehacer judicial y académico; de los derechos humanos; sindicales y sociales y de juristas de reconocida relevancia tanto a nivel nacional como internacional y de la ciudadanía en general, destacándose el gran número favorable a su propuesta”.

Respecto de García Mansilla se expresa que “la mayoría de las opiniones fueron a favor”, las cuales “se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria como docente universitario, los numerosos artículos del que es autor y su reconocida solvencia intelectual”.

En el caso de Lijo, “la mayoría de las opiniones a su favor se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, su labor como docente universitario y su notable formación jurídica y permanente especialización en el campo del Derecho Penal”.

Sobre García Cuerva se indica que “ha dado muestras a lo largo de su trayectoria personal y profesional de respeto irrestricto a nuestra Carta Magna, al sistema democrático, y compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, todo lo cual lo erigen en un digno aspirante a ocupar un sitio en la Corte Suprema de Justicia”.

Desestimación de recusaciones

En el Boletín Oficial se publicó el decreto 467/2024 que desestima recusaciones, en el que se indica “por el Decreto N° 222/03 se estableció el procedimiento a seguir por el PODER JECUTIVO NACIONAL para el nombramiento de los magistrados de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en el ejercicio de la facultad que se determina en el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL”.

“Que el procedimiento instituido por el Decreto N° 222/03 tiene por finalidad reunir la mayor cantidad de elementos de juicio que aseguren la mejor selección de los candidatos que serán propuestos para integrar el Alto Tribunal.

“Que la valoración de esos antecedentes es una competencia exclusiva y privativa del PODER EJECUTIVO NACIONAL, conforme lo previsto en el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

“Que si bien el MINISTERIO DE JUSTICIA es la autoridad de aplicación del procedimiento contemplado en el Decreto N° 222/03, ninguna de las disposiciones de dicha norma prevé que el titular de esa jurisdicción deba emitir un acto decisorio o brindar opinión sobre los candidatos cuyos antecedentes se encuentren sujetos a la valoración del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

“Que según surge expresamente de las constancias del citado Expediente N° EX-2024-32397533-APN-DGDYD#MJ, emanó del PODER EJECUTIVO NACIONAL la instrucción para iniciar, en el marco del Decreto N° 222/03, el pertinente procedimiento para la eventual designación del doctor Ariel Oscar LIJO como juez de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN .

“Que, en las actuaciones precitadas, el 2 de mayo de 2024 el señor Álvaro de LAMADRID recusó al Ministro de Justicia, atribuyéndole que actuó como defensor del doctor LIJO en una causa que tramita ante el fuero Criminal y Correccional Federal.

“Que, por otro lado, la Organización no Gubernamental “SERÁ JUSTICIA” también se presentó en las actuaciones precitadas, el 6 de mayo de 2024, ante el MINISTERIO DE JUSTICIA, formulando objeciones respecto de la postulación del doctor LIJO.

“Que posteriormente, en el citado Expediente N° EX-2024-49108034-APN-DGDYD#MJ, la Organización no Gubernamental “SERÁ JUSTICIA”, el 13 de mayo de 2024, recusó al Ministro de Justicia, doctor Mariano CÚNEO LIBARONA, a fin de que se lo excluya del trámite referido a la propuesta de nombramiento del doctor LIJO como juez de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

“Que, como fundamento de su planteo recusatorio, “SERÁ JUSTICIA” invocó que con anterioridad a su designación en el cargo de Ministro de Justicia el doctor CÚNEO LIBARONA se desempeñó como abogado del doctor LIJO en el marco de la causa caratulada “DENUNCIADO: LIJO, ALFREDO DAMIAN Y OTROS S/ASOCIACION ILICITA, INFRACCION ART. 303 y COHECHO. DENUNCIANTE: CARRIO, ELISA MARIA A. Y OTRO” (Expediente N° 13.082/2018), tramitada por ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, Secretaría N° 20.

“Que, asimismo, la ya referida Organización no Gubernamental invocó que el Ministro de Justicia habría actuado con parcialidad, al emitir opinión en un medio de prensa en el sentido que los cuestionamientos efectuados al doctor LIJO, en base a denuncias formuladas a su respecto, carecerían de entidad ya que estas últimas fueron desestimadas por los órganos jurisdiccionales intervinientes.

“Que en base a esas razones ‘SERÁ JUSTICIA’ considera que el Ministro de Justicia se encontraría incurso en la causal de recusación contemplada por el artículo 17, inciso 7 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias.

“Que, en consecuencia, merece indicarse en primer término que dicha recusación fue deducida en forma extemporánea ya que no fue formulada en la primera presentación que realizara; a lo que se adiciona que la recusante no invocó ni acreditó que la causal esgrimida fuera sobreviniente a su presentación primigenia (conforme el mentado artículo 6° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias y artículos 14 y 18 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

“Que la extemporaneidad del planteo de ‘SERÁ JUSTICIA’ es causal determinante, por sí misma, del rechazo de la recusación por ella efectuada (conforme PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, Dictamen 244:262).

“Que la recusación es un instituto de interpretación y aplicación restrictiva, pues funciona como un mecanismo que altera la asignación de competencias dentro de la Administración Pública, en tanto persigue el apartamiento de un determinado funcionario del ejercicio de cometidos que tiene normativamente atribuidos.

“Que la preservación de la imparcialidad -fundamento de ese instituto- debe ser conciliada con la necesidad de asegurar el normal funcionamiento de la Administración Pública, el que podría verse obstaculizado por planteos recusatorios que no se correspondan con las causales que taxativamente prevé la normativa (conforme PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, Dictámenes 181:92; 244:262; 271:266, entre otros; HUTCHINSON, Tomás, “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Ley 19.549. Comentada, anotada y concordada con las normas provinciales”, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2002, Tomo 1, página 175; y COMADIRA, Julio Rodolfo – MONTI, Laura, ‘Procedimientos Administrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Anotada y Comentada’, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2002, T. I, página 175).

“Que es atribución exclusiva del PODER EJECUTIVO NACIONAL decidir acerca de la solicitud del acuerdo del H. SENADO DE LA NACIÓN para el respectivo nombramiento; así surge del artículo 9° del Decreto N° 222/03, el que en este aspecto hace aplicación de la norma constitucional ya mencionada.

“Que, en síntesis, la actuación del MINISTERIO DE JUSTICIA se limita a la implementación del procedimiento reglado y a los actos instrumentales necesarios para el cumplimiento de tales recaudos, preparatorios de la definición que luego le compete adoptar al PODER EJECUTIVO NACIONAL en ejercicio de sus facultades constitucionales.

“Que las razones expuestas bastan, por sí mismas, para que se califiquen como improcedentes las recusaciones articuladas por la Organización no Gubernamental ‘SERÁ JUSTICIA’ y por el señor Álvaro de LAMADRID.

“Que al respecto se ha expedido el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA.

“Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 6° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

“ARTÍCULO 1º.- Desestímanse las recusaciones planteadas por la Organización no Gubernamental “SERÁ JUSTICIA” y por el señor Álvaro de LAMADRID, contra el señor Ministro de Justicia, doctor Mariano CÚNEO LIBARONA.

“ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación.

“ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

“MILEI - Mariano Cúneo Libarona”

Un grupo de diputados de la UCR, identificados como los más opositores al Gobierno, envió una nota al presidente del partido, Martín Lousteau, para que se convoque al Comité Nacional y se rechacen las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. 

La misiva, que lleva las firmas de Fernando Carbajal, Pedro Galimberti, Marcela Coli y Manuel Aguirre, solicita a Lousteau que “convoque al Comité Nacional a los fines que el partido impugne y se oponga a las nominaciones realizadas por el Poder Ejecutivo Nacional”. 

En ese sentido, recordaron que el decreto 222/03 fija un plazo de 15 días, a partir de la oficialización de las nominaciones en el Boletín Oficial, para observar las candidaturas ante el Ministerio de Justicia. “Corresponde que el partido UCR, como institución fundamental de la democracia, se exprese sobre esta situación”, sostuvieron. 

Los legisladores señalaron que en la nominación de ambos “se han vulnerado criterios esenciales de representación de género y de la diversidad geográfica y cultural de nuestro país”. 

“En el año 2024 la conformación de una Corte integrada exclusivamente por hombres constituye una anomalía institucional que no puede ser convalidada”, cuestionaron, al tiempo que remarcaron que tanto Lijo como García Mansilla son de la Ciudad de Buenos Aires. 

Ante la publicacion de las nominaciones de los candidatos a la CSJN los diputados nacionales de la UCR @pjgalimberti @aguirremanuelok @Marcelacoli63 le pedimos a @UCRNacional se oponga a esas propuestas. Motivos sobran. Aquí algunos pic.twitter.com/mJmElEcRIa

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) April 15, 2024

Puntualmente sobre Lijo, criticaron su “falta de idoneidad técnica, como ética y de antecedentes para el cargo al cual ha sido postulado”, además de “falta de formación académica” ya que no tiene “maestrías o doctorados”. 

“En el ejercicio del cargo de juez federal ha sido un fiel representante del conglomerado judicial de Comodoro Py que ha hecho de la negociación política con el poder de turno un modo de acción que debe ser desterrado de la Justicia”, enfatizaron. 

Y consideraron que “esta postulación para juez de la CSJN implica la pretensión del Poder Ejecutivo de llevar ese acuerdo espurio a niveles superiores de la administración de Justicia, y como tal debe ser rechazado por nuestro partido”. 

“Destacamos negativamente las acciones cumplidas por el juez Lijo para asegurar impunidad del gobernador formoseño Gildo Insfrán, remitiendo las actuaciones vinculadas a la ‘causa OLD FUND’”, sumaron y recordaron que “también fue denunciado por enriquecimiento ilícito y fue desvinculado de la causa por un juez de Comodoro Py”. 

En medio de la polémica que se generó por la postulación del juez federal Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el Gobierno oficializó este lunes el pliego del mismo modo que lo hizo con la candidatura del académico Manuel García Mansilla. Ahora el tema deberá resolverse en el Senado donde el oficialismo deberá aunar consensos fuertes para lograr aprobarlo.

La publicación en el Boletín Oficial señala: “En el marco de lo establecido en el artículo 4º del Decreto Nº222/03 (modificado por Decreto N°267/24), se hace saber que, a efectos de cubrir la vacante de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha propuesto al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla”.

En el caso de Lijo, el aviso oficial resalta su larga trayectoria y detalla que es un abogado recibido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y que desde 2004 es titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la Capital Federal en donde se desempeña hasta la actualidad.

“Tiene competencia y especialidad para la investigación de delitos complejos como corrupción, narcocriminalidad, trata de personas, delitos económicos, ciberdelincuencia, delitos contra el orden constitucional, requerimientos internacionales de extradición y fraudes marcarios. Por otro lado, se especializó en la gestión de bienes incautados en el marco de procesos penales y en el acompañamiento a las víctimas y personas damnificadas de grupos vulnerables de delitos. Certificó normas ISO 9001/2008 de gestión de calidad en sus procesos de trabajo, en marzo de 2017”, describe el aviso.

Sobre García-Mansilla, menciona que egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador y realizó luego un posgrado en la Georgetown University de Washington. Desde 2019, el jurista es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

En ambos casos, el anuncio oficial argumenta que la preselección de los candidatos “en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función”.

Además, informa que “los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de QUINCE (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección".

El abogado especialista en derecho constitucional Manuel García Mansilla, anunciado este miércoles por el Gobierno nacional como candidato a la Corte Suprema de Justicia, en lugar de Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá 75 años en diciembre, participó en 2018 -durante el gobierno de Cambiemos- en el debate por la legalización del aborto en el Senado.

El profesor y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral fue uno de los invitados en las jornadas que se desarrollaron ese año, cuando el proyecto tuvo media sanción de Diputados, pero luego fue rechazado en la Cámara alta. Finalmente, la norma resultó aprobada en diciembre de 2020, ya bajo la gestión del Frente de Todos.

En su intervención, García Mansilla planteó "tres objeciones jurídicas" en contra del aborto legal, algo de lo que está en contra el presidente Javier Milei y el espacio libertario.

El abogado defendió que "el derecho a la vida desde la concepción está expresamente reconocido en normas de máxima jerarquía en nuestro país. El aborto, en cambio, es un delito, que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal".

En esa ocasión, criticó que el proyecto con media sanción "pretende garantizarlo hasta la semana 14 del embarazo, inclusive, sin restricciones y con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante, pero la Convención Interamericana de Derechos Humanos impide la legalización del aborto en la forma que el proyecto propone". Y agregó que "el proyecto de ley choca frontalmente con la Convención sobre los Derechos del Niño".

"Es evidente que el aborto no tiene consenso, gran parte de los ciudadanos a los que ustedes representan están en claro desacuerdo con este proyecto de ley. Y las discusiones básicas de una sociedad no se zanjan con argumentos de autoridad de funcionarios internacionales, sino con decisiones soberanas del pueblo en su máxima expresión, es decir, a través del ejercicio del poder constituyente", sostuvo García Mansilla en su exposición, que concluyó: "Señores senadores, no aprueben este proyecto de ley, no convaliden un atropello a nuestro sistema constitucional".

La postulación del Gobierno nacional del juez federal Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla para formar parte de la Corte Suprema de Justicia despertaron críticas en el arco político.

Desde la Coalición Cívica, espacio referenciado en Elisa Carrió, anticiparon que presentarán una impugnación al pliego de Lijo, al considerar que su candidatura constituye "el más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial".

“No podemos soslayar que fue el juez Lijo quien garantizó la impunidad del saqueo de YPF y dejó a los argentinos teniendo que pagar una condena que compromete a varias generaciones”, subrayaron.

La Mesa Ejecutiva del partido, y diputados nacionales de la CC, recordaron que "a lo largo de muchos años, Lijo fue denunciado por Elisa Carrió y la Coalición Cívica ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal por encubrimiento en el caso Siemens, también por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias, así como también por su vergonzosa actuación en la causa por el vaciamiento de YPF”.

“Esta designación demuestra un pacto de impunidad del Poder Ejecutivo con el kirchnerismo, que amparó a Lijo en el Consejo de la Magistratura durante todos estos años. Su estrecha relación con Ricardo Lorenzetti y el manejo de la oficina de escuchas, revela que no es este el camino del cambio para una sociedad ávida de justicia”, enfatizaron.

VAMOS A IMPUGNAR EL PLIEGO DE ARIEL LIJO PARA INTEGRAR LA CORTE SUPREMA

La propuesta del juez federal Lijo como candidato para integrar la Corte Suprema, es el más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial.

No podemos soslayar que fue el juez Lijo quien…

— maxi ferraro (@maxiferraro) March 20, 2024

En la red social X, el diputado Juan Manuel López sostuvo que "Ariel Lijo es la casta millonaria con haras de caballos imposibles de pagarse con sueldos públicos. Es parte del freezer que administra el banco de la impunidad argentina desde Comodoro Py como denunció @elisacarrio. La causa YPF es la mejor prueba de eso. Vergüenza Milei".

"No puedo creer Pte. @JMilei que postule al Juez Lijo, casta total, NO académico, en la CSJN, que encima está denunciado por su mal desempeño causa YPF. Sería prioritario nombrar en vacantes a jueces y fiscales federales para avanzar en lucha contra el narcotráfico. Será Justicia!", escribió la legisladora Marcela Campagnoli.

En tanto, también desde la CC, Mónica Frade señaló que "si a la Corte Suprema va el juez Ariel Lijo, la propuesta del Ejecutivo, la Justicia se queda huérfana. Denunciado por la @ccari_ok por enriquecimiento ilícito, con un hermano pobre hasta que comenzó a obrar de su testaferro. Derrapa la Justicia una vez más".

Otro de los mensajes en contra de Lijo vino por parte del Pro, espacio aliado del oficialismo. El diputado Fernando Iglesias expresó: "En contra de la nominación del juez Lijo a la Corte Suprema. Necesitamos transparencia y compromiso con la justicia y las instituciones, y Lijo ha representado exactamente lo contrario durante años".

En contra de la nominación del juez Lijo a la Corte Suprema. Necesitamos transparencia y compromiso con la justicia y las instituciones, y Lijo ha representado exactamente lo contrario durante años.

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 20, 2024

Quejas por la ausencia de mujeres en las candidaturas

El Poder Ejecutivo afirmó este miércoles que Ariel Lijo será propuesto para cubrir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. Desde ese momento, la Corte no sólo tiene cuatro de cinco miembros, sino que no hay mujeres. El decreto 222/2003 establece que en la conformación debe tenerse en cuenta la "diversidad de género". Sin embargo, en el comunicado de Oficina de Prensa del presidente indicaron que ese decreto se modificará. Se verá en qué aspectos.

Esto fue algo que no cayó para nada bien en varias legisladoras, que se expresaron al respecto. "El presidente eligió retroceder en materia de género e igualdad, en un país con grandes juezas y académicas que pueden aportar una mirada enriquecedora a la Corte Suprema de Justicia. Debe rever su decisión y garantizar la representación. Sin mujeres en la Corte no hay Justicia", manifestó la socialista Mónica Fein.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer posteó: "Frente a la divulgación del comunicado de la Oficina de Presidencia sobre las nominaciones propuestas de hombres como jueces para ocupar puestos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresamos nuestro firme rechazo a la falta de equidad de género en los roles de liderazgo más significativos de Argentina y demandamos que las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean ocupadas por mujeres".

"Argentina cuenta con destacadas juezas, académicas y especialistas en derecho. El Poder Ejecutivo debe designar mujeres para estas posiciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede garantizar la justicia si las mujeres no están representadas entre sus miembros. Una Corte sin mujeres es una Corte sin justicia", agregó.

La radical Carla Carrizo repasó que "de los 107 jueces que ocuparon la Corte Suprema de Justicia desde 1863, sólo 3 fueron mujeres (Margarita Argúas, Carmen Argibay y Elena Highton). Señor Presidente, en esto no volvamos al Siglo XIX. La discusión no es por Lijo o García Mansilla, Argentina no debe liderar ese retroceso democrático en la región. Tiene la oportunidad de enmendar lo que no hizo el gobierno anterior: Postule, como corresponde, una mujer a la Corte".

De los 107 jueces que ocuparon la Corte Suprema de Justicia desde 1863, solo 3 fueron mujeres (Margarita Argúas, Carmen Argibay y Elena Highton). Señor Presidente, en esto no volvamos al Siglo XIX. La discusión no es por Lijo o García Mansilla, Argentina no debe liderar ese… https://t.co/SlFkolmVSp pic.twitter.com/oZ1R5MalJd

— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) March 20, 2024

"Desde que las mujeres pudimos ir a la Facultad de Derecho entendimos y trabajamos para tener las mismas oportunidades que cualquier otro a integrar la Corte Suprema de Justicia. Queremos que se proponga una mujer entre las miles de excelentes juristas que tenemos en nuestro país", fue el mensaje de la radical Karina Banfi.

Desde que las mujeres pudimos ir a la Facultad de Derecho entendimos y trabajamos para tener las mismas oportunidades que cualquier otro a integrar la Corte Suprema de Justicia. Queremos que se proponga una mujer entre las miles de excelentes juristas que tenemos en nuestro país. pic.twitter.com/JeIvzAq77A

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) March 20, 2024

"Es una pena que pudiendo proponer a los nuevos integrantes para la CSJN se olvidaron de las mujeres. Tenemos juezas prestigiosas, comprometidas que podrían haber aportado una mirada distinta, enriquecedora a una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos perdemos una oportunidad", opinó la diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard.

Exministro de Justicia durante el gobierno anterior, el diputado Martín Soria publicó: "Milei anunció que modificará el Decreto 222/03 para poder completar la Corte Suprema más conservadora de la que se tenga memoria, excluyendo la participación de mujeres en el máximo tribunal del país. Esta decisión es un paso más para que la Justicia argentina siga degradándose".

El Gobierno nacional confirmó este miércoles los nombres de dos candidatos que propondrá para la Corte Suprema de Justicia. Los pliegos deberán ser enviados al Senado de la Nación, y allí, tras audiencia pública de los postulados en comisión, las designaciones deben aprobarse por el pleno por dos tercios de los votos de los presentes. Cabe recordar que, en la Cámara alta, La Libertad Avanza cuenta solamente con 7 senadores. Aún reuniendo a todos los bloques de la oposición, menos a Unión por la Patria, llegaría a 39, con lo cual el aporte de la bancada peronista/kirchnerista es indispensable. 

En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. 

El quinto lugar vacante es el que quedó en noviembre de 2021 con la salida de Elena Highton de Nolasco. Para cubrirlo, el Poder Ejecutivo impulsará al juez federal Ariel Lijo. En tanto, este año Maqueda cumplirá los 75 años de edad y para su reemplazo el oficialismo postulará al académico Manuel García-Mansilla. El abogado participó en 2018 de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de los expositores en contra del aborto legal. 

Manuel García Mansilla

A través de un comunicado de la Oficina de Prensa del presidente, se informó: “El presidente Javier Milei, cumpliendo su mandato constitucional, y de acuerdo con la modificación del decreto 222/2003, que será publicada en las próximas horas, ha tomado la determinación de nominar al Dr. Manuel García-Mansilla para reemplazar al actual juez de la Corte Suprema de la Nación, Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo, como establece la ley”. 

El mencionado decreto de 2003 fue firmado por Néstor Kirchner y determina el procedimiento para el nombramiento de los magistrados de la Corte. Entre sus artículos, uno de ellos indica que la composición deberá reflejar “las diversidades de género, especialidad y procedencia regional”. Con estas candidaturas no se respetaría, por ejemplo, la representación femenina, algo que también está ausente hace más de dos años con la salida de Highton de Nolasco. 

En el comunicado, desde Casa Rosada expresaron su “gratitud por la distinguida labor del Dr. Maqueda” y resaltaron “su extensa trayectoria en los tres poderes del Estado Nacional y en la provincia de Córdoba. En particular, se le agradece y reconoce su valiosa participación como juez de la Corte Suprema de Justicia durante veinte años”. 

“A su vez, con la finalidad de ocupar la vacante dejada en la Corte por la Dra. Elena Highton de Nolasco tras su salida el 1 de noviembre del año 2021, el presidente de la Nación ha resuelto nominar al juez Ariel Lijo. Ambas nominaciones permitirán reestablecer el número de ministros de la Corte Suprema a cinco”, continúa el texto. 

Sobre Lijo, señala que “actualmente ejerce como juez federal de la Nación y se ha destacado en su prominente carrera judicial en el ámbito penal, mientras que el Dr. García-Mansilla es un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional y se desempeña como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral”. 

“Los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de Alberdi que hicieron grande a nuestro país no serán permanentes a menos que contemos con una Justicia que defienda estricta y honrosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen”, finaliza el comunicado. 

Más temprano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había sido consultado en conferencia de prensa a raíz de la información publicada por el periodista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, quien afirmó que Lijo sería el elegido para completar el puesto que está pendiente desde el 1ro. de noviembre de 2021.

“En las próximas horas se va a emitir un comunicado”, respondió Adorni y agregó: “Los nombres en tal caso estarán en el propio comunicado y estará a disposición de ustedes cuando esto ocurra. Repito: en las próximas horas estará publicado”. Finalmente, la confirmación llegó muy prontamente a través de la Oficina de Prensa presidencial. 

Lijo asumió en 2004 como titular del Juzgado Federal N°4 en lo Criminal y Correccional en Comodoro Py. Tuvo a su cargo la causa Ciccone, por la cual fue condenado el exvicepresidente Amado Boudou; fue el primer magistrado en atender la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner; e intervino también en la causa por irregularidades en la causa del atentado a la AMIA, entre otros casos. Actualmente tiene a cargo la causa del hombre que atentó contra el presidente Javier Milei el día de su asunción, cuando le arrojó una botella. 

Ariel Lijo