Los legisladores del Frente de Todos pidieron que la funcionaria asista a la Comisión de Seguridad para dar detalles acerca de los motivos por los cuales aún no fue actualizado dicho mapa con la información del 2022.
Con la intención de entender de qué forma impacta la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual buscarán interpelar a la directora general de Estadística Criminal y Mapa del Delito, Ana María Magri, por la falta de actualización de dicho mapa.
De esta manera, solicitaron que la funcionaria asista a la Comisión de Seguridad para dar detalles acerca de la falta de publicación de los datos estadísticos del Mapa del Delito del año 2022 y al estado actual de avance en el desarrollo del mismo; al proceso de confección y procesamiento de los datos que son incluidos anualmente en el mismo y en sus informes complementarios; y en todo lo relativo a los procesos de autoevaluación y desarrollo de mejoras en la elaboración del Mapa del Delito y la confección de estadísticas criminales de la Ciudad.
La iniciativa es de autoría de la vicepresidenta primera de la Comisión de Seguridad y legisladora del FdT, Claudia Neira, quien explicó en los fundamentos de la iniciativa que el Mapa del Delito es una “herramienta es un pilar fundamental para el desarrollo de políticas públicas y el análisis certero de la situación, así como la evaluación de las acciones llevadas adelante por el Gobierno en la materia”.
“Además de no haberse publicados los datos luego de transcurridos cinco meses, encontramos una situación cuanto menos irregular: desde el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha difundido, en el mes de enero, un ‘informe preliminar’ a periodistas con algunos datos que fueron, aparentemente, considerados relevantes. Cabe destacar que este informe nunca fue publicado por parte del Gobierno de la Ciudad, y que lo escueto del mismo demostraba una jerarquización de la difusión mediática por sobre otros elementos como la rendición de cuentas a la ciudadanía, la transparencia de las acciones de gobierno o el análisis riguroso de las políticas públicas”, agregó.
Al mismo tiempo que señaló que “en paralelo, el jefe de Gobierno y diversos funcionarios, utilizaron en reiteradas ocasiones estos mismos datos que fueron difundidos a medios de comunicación en discursos e intervenciones públicas. Es decir que, no sólo se define no dar conocimiento a la población de los datos obtenidos, sino que también los mismos son utilizados con una función política”.
“Creemos fundamental contar con la presencia de la Directora General de Estadística Criminal y Mapa del Delito a fin de profundizar en la problemática expresada. De esta forma, podremos contar con la información pertinente para comprender el proceso de confección y procesamiento de los datos, y en particular de los correspondientes al año 2022, los factores que llevan a la falta de publicación hasta la actualidad de ellos, así como las perspectivas de trabajo para volver más eficiente los mismos y los elementos de autoevaluación con los que cuenta la Dirección General, entre otros aspectos que hacen al interés de esta Legislatura”, completó.
La iniciativa también lleva la firma de Maia Daer, Claudio Ferreño, Cecilia Segura, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco (FdT).
Los legisladores del FdT impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto para instar al Gobierno local a que informe esos datos, dado a que sería la “única jurisdicción del país que aún no ha entregado los mismos”.
En medio de la polémica por la licencia de Marcelo D’Alessandro en la cartera de Seguridad, los diputados del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración mediante el cual buscarán instar al Gobierno porteño a que publique los datos estadísticos anuales del 2022 sobre delitos ocurridos en el distrito en cumplimiento de la Ley N° 5.688.
Además pidieron que se brinde dicha información al Sistema Nacional de Información Criminal, según establece la Ley Nacional N° 22.127, “siendo en la actualidad la única jurisdicción del país que aún no ha entregado los mismos”.
El texto en cuestión es de autoría de la peronista Claudia Neira (FdT), afirmó que “durante el mes de enero del corriente año, medios de comunicación realizaron extensas publicaciones acerca de los datos recopilados por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCBA durante el período 2022. En aquellas publicaciones, citaron como fuente al mencionado Ministerio, pero los mismos no se encuentran publicados en el sitio oficial” y recordó que “en los primeros días del mes de enero del corriente año, Marcelo D’Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad que actualmente se encuentra de licencia, brindó algunos datos de forma ‘preliminar’ sobre la evolución de los delitos durante el 2022”.
“Estos se vieron complementados los días subsiguientes con publicaciones de medios de comunicación que mencionaban éstos y otros datos citando como fuente al Ministerio que dirigía D’Alessandro. Y, a la vez, el propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, mencionó estos datos en un acto en los últimos días. Sin embargo, la estadística mencionada no está disponible de manera pública”, aseguró y destacó que tomó “conocimiento de un informe extraoficial divulgado para determinados periodistas que abarca distintos datos estadísticos; algunos de ellos fueron mencionados en la conferencia de prensa del jefe de Gobierno”.
Al mismo tiempo, la diputada precisó que “estas irregularidades se ven agravadas si se tiene en cuenta que, al día de la fecha, tampoco se han enviado estos datos al Sistema Nacional de Información Criminal, siendo la única jurisdicción que aún no ha presentado su informe”.
A su vez Neira recordó que “el Sistema Nacional de Información Criminal es una herramienta fundamental que tiene como objetivo recolectar información sobre hechos delictuosos registrados por las agencias policiales provinciales, fuerzas de seguridad federales y otras entidades oficiales de recepción de denuncias en todo el territorio nacional” y destacó que “ello tiene la finalidad de elaborar estadísticas a nivel nacional y provincial sobre el fenómeno delictivo que permitan utilizar información precisa para prevenir y reducir el delito y las distintas formas de violencia”.
“Como conclusión, queda en evidencia que nos hallamos ante una situación de reiterados incumplimientos de leyes nacionales y locales que comprometen a la Ciudad y al acceso a datos valiosos para la elaboración de políticas públicas en la Ciudad y el país. Resulta dificultoso no relacionar esta situación con la falta de claridad existente acerca de la conducción del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, que frente a las diversas denuncias de público conocimiento al ministro Marcelo D’Alessandro tuvo que tomarse licencia de su cargo”, sentenció.
El proyecto también lleva la firma de Claudio Ferreño, Cecilia Segura, Manuel Socías y Laura Velasco (FdT).
Los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de ley mediante el cual buscarán incorporar los datos de los celulares recuperados tras hechos delictivos al mencionado mapa.
Debido al crecimiento de los índices de robos de celulares, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para modificar la Ley N° 6.009 de Aparatos Electrónicos, a fin de que una vez que los móviles recuperados sean devueltos a sus dueños pueda dejarse asentado donde fueron sustraídos.
La iniciativa en cuestión fue impulsada por la peronista Claudia Neira (FdT) y busca incorporar en el artículo 6 de la mencionada Ley un apartado que establezca que “en caso de individualización del titular del celular secuestrado, previo a la restitución, se le deberá requerir que informe si el equipo le fue robado/hurtado. En caso afirmativo, se le pedirá que especifique fecha y lugar del robo/hurto. La información obtenida será incluida en el Mapa del Delito”.
En los fundamentos del proyecto, la opositora recordó que “el 13 de Septiembre de 2018, esta Legislatura sancionó la Ley N 6.009 con la finalidad de regular, en base a razones de seguridad, la identificación de aparatos electrónicos usados de telefonía celular y sus respectivos repuestos y partes, afectados a las actividades de compra-venta y reparación” y destacó que el texto recientemente presentado “pretende incluir un paso adicional previo a la devolución del equipo al titular. Ese paso consiste en requerirle que informe si el objeto que se le está restituyendo le fue sustraído en el marco de un robo/hurto, y en caso de que la respuesta sea afirmativa, se le solicite que indique la fecha y lugar en el que se llevó a cabo el robo/hurto”.
“La finalidad de la propuesta es utilizar las estadísticas que pueden surgir de esta información para reducir lo que es popularmente conocido como ‘cifra negra’ en relación a los robos y los hurtos, específicamente de celulares”, señaló e y remarcó que “los delitos de ‘cifra negra’ se denominan de esa forma por las complejidades que puede haber en su registro. Muchas veces, hay complicaciones externas al método estadístico seleccionado que llevan a la duda en relación a la compatibilidad entre la realidad delictiva y la estadística que intenta reflejarla. En este caso concreto, los delitos de robo y hurto dependen en gran medida del nivel de denuncia para su sistematización estadística. Así las cosas, en ciudades o países que tengan un bajo nivel de denuncia, es posible que la información de las fuentes oficiales o guberamentales, no termine evidenciando la realidad criminal”.
Sobre esa misma línea, Neira indicó que “los datos de las encuestas de victimización publicados en el informe complementario al Mapa del Delito 2021, muestran que la enorme mayoría de ciudadanos que afirmaron haber padecido un robo, manifestaron que el objeto que les fue sustraído fue un celular” y destacó que “tanto en los casos de robos como también de hurtos, menos del 50% afirmó haber denunciado el hecho a la policía en el año 2021. (36% de los encuestados denunció el robo padecido y 20% de los encuestados denunció el hurto). Esto permite inferir que los datos oficiales respecto a los robos y hurtos registrados en la Ciudad no llegan a reflejar ni la mitad de los sucesos de este tipo que efectivamente se perpetran”.
“Nuestra propuesta apunta a brindarle al Poder Ejecutivo una herramienta adicional para avanzar en un diagnóstico más certero respecto a los delitos contra la propiedad, planificando en base a evidencias concretas la política pública en materia de seguridad ciudadana”, sentenció.
La iniciativa también lleva la firma de Alejandra Amor, Maia Daer, Claudio Ferreño y Manuel Socías (FdT).
Juan Pablo Arenaza (VJ) presentó en la Legislatura un proyecto para expresar su preocupación por la creación de esa plataforma web, que fue impulsada por la diputada Ofelia Fernández (FdT) y que busca terminar con los hechos de violencia institucional.
Días después de que se presentara en la Legislatura porteña el “Mapa de la Policía de la Ciudad”, el legislador de Vamos Juntos (VJ) y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Juan Pablo Arenaza, presentó un proyecto de declaración para expresar su preocupación la creación de esa plataforma web destinada a identificar y denunciar en forma anónima situaciones de violencia institucional en el distrito, en la que la ciudadanía podrá aportar datos sobre agentes, entidades y comisarías que actúan en el ámbito porteño.
El mencionado mapa fue creado por la diputada del Frente de Todos (FdT) Ofelia Fernández junto organizaciones de la sociedad civil. El mismo funciona desde cualquier dispositivo y muestra las comisarías de todas las comunas porteñas, el organigrama de la Policía de la Ciudad y su funcionamiento.
También se puede acceder a los casos de “gatillo fácil” ocurridos en cada jurisdicción. Además cuenta con una sección para denunciar (no formalmente) casos de violencia institucional y luego de completar el formulario, se recomienda cómo hacer la denuncia correspondiente.
En los fundamentos de la iniciativa, Arenaza aseguró que este mapa “atenta contra la Defensa en Juicio y el Debido Proceso legal del personal de la Policía de la Ciudad, generando un ambiente laboral hostil en desmedro de sus integrantes” y remarcó que “además en la página se menciona que ‘está orientada a la promoción de los derechos humanos de todas las personas que habitan en la Ciudad de Buenos Aires’, dando por sentado que los policías no son personas, que no habitan la Ciudad y que no tienen derechos humanos”.
“Es de destacar que promover este tipo de iniciativas genera desconfianza en las instituciones, principalmente del Poder Judicial, ya que permitirá realizar cualquier tipo de denuncias o escraches injustificados y subjetivos contra personas inocentes, dejando de lado vías mucho más idóneas y legales para hacerlo”, sentenció el oficialista.
