“Los rionegrinos repudiamos que nos pretendan tutelar desde Buenos Aires”, expresó Di Giacomo

El diputado rionegrino se refirió a la comitiva encabezada por las legisladoras Natalia Zaracho y Ofelia Fernández a Bariloche en favor de las mujeres mapuches detenidas. “Vienen a hacer excursiones mediáticas a favor de la anomia”, fustigó.

El diputado nacional y titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), repudió la visita que hizo una comitiva encabezada por las legisladoras Natalia Zaracho y Ofelia Fernández a Bariloche en favor de las mujeres mapuches detenidas.

A través de su red social de Twitter, Di Giacomo manifestó: “Los rionegrinos repudiamos que nos pretendan tutelar desde Buenos Aires”, porque “defendemos la convivencia y la paz social”. Al respecto, consideró que “es vergonzoso que quienes forman parte del Estado Nacional pidan la impunidad para quienes lo desconocen y agreden a nuestros vecinos”.

“En nuestra provincia convivimos más de cien comunidades originarias, migrantes internos y de gran cantidad de países, argentinos y extranjeros que amamos Río Negro, respetamos sus símbolos y somos iguales ante la Ley”, describió y agregó: “Quienes los desconocen, emplean la violencia y atacan bienes y personas, deben ser juzgados por la justicia. El delito es delito y ante el mismo no hay excusas de género o identidad”.

“El conflicto en Villa Mascardi fue agravado primero por la violencia de Bullrich y luego por la inoperancia de Frederic”, denunció y cuestionó: “Ahora las diputadas porteñas en la misma línea de desconocimiento de lo que pasa más allá de la General Paz, vienen a hacer excursiones mediáticas a favor de la anomia, faltando el respeto a todo el pueblo rionegrino”.

Aníbal F. explicó lo ocurrido en Villa Mascardi con la detención de una embarazada de la comunidad mapuche en 2022

El titular de la cartera de Seguridad afirmó que “la orden que dimos fue replegarse, nunca ir al frente”, y cuando advirtieron que había una mujer embarazada y dos lactantes “insistimos en que no se las trajeran a Buenos Aires”.

La diputada nacional Romina Del Plá (FIT) le consultó este jueves, en la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja, al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sobre lo ocurrido en octubre de 2022 en Villa Mascardi con la comunidad mapuche que derivó a la detención de una mujer embarazada. “Insistimos en que no se las trajeran a Buenos Aires”, aseguró el funcionario.

“El 4 de octubre de 2022 un operativo conjunto de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Especial de Río Negro, armado por su Ministerio, incluso antes de la orden judicial de desalojo de los predios donde residen miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, incursionaron con más de 250 efectivos sobre quienes allí se encontraban”, contextualizó su pregunta la diputada de izquierda y consultó: “¿Cuáles fueron las supuestas amenazas a la seguridad nacional que llevaron a realizar esta incursión?, ¿No era evidente que allí se encontraban mujeres embarazadas y con niños residiendo en tierras que el propio Estado reconoce como parte del reclamo ancestral de este pueblo originario?”.

Al respecto, el ministro le explicó: “Cuando se producen los últimos ataques, donde hubo tres o cuatro casas que fueron incendiadas, la fiscal nos ordena que nosotros cuidemos la última propiedad que se había incendiado, a lo cual nosotros la llamamos y le dijimos ‘mire doctora usted nos está poniendo en riesgo al personal por una casa incendiada’. Lo explicamos y tuvimos que acceder. Vialidad nacional nos facilitó una casilla para poner nuestro personal que esa misma noche fue agredido con un incendio y luego con 6 disparos de arma de fuego”.

Y siguió: “La orden que dimos fue replegarse, nunca ir al frente en ese caso. Hicimos las notificaciones pertinentes y la jueza Silvina Domínguez decidió el desalojo. Lo tratamos de impedir la situación y yo no puedo decir que no a una orden judicial”.

“Tratamos de no raspar a nadie con un cuidado casi de orfebre para mover pieza por pieza para no lastimar a nadie. Sacamos a quienes teníamos que sacar y cuando sacamos a las mujeres de las cuales había una señora parturienta y dos lactantes insistimos en que no se las trajeran a Buenos Aires”, aseguró Fernández y cerró: “Insistimos tanto que volvieron a su lugar, no fue parte de una decisión nuestra”.

Piden informes sobre la Mesa de Diálogo con grupos mapuches

Es por los acuerdos que habrían alcanzado, en cuyo marco se habría hecho fuertes concesiones ante los grupos originarios. Alertan sobre una supuesta “deserción del Estado”.

Alertados por las noticias difundidas en torno a un supuesto acuerdo alcanzado con autodenominados grupos mapuches un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes sobre la reunión realizada este jueves 12 de enero en el marco de la denominada “Mesa de Diálogo”, entre representantes del Poder Ejecutivo Nacional e integrantes de grupos indígenas de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén.

En ese encuentro se habría establecido un “Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada”, a través del cual se otorgaría a los referentes de dichas comunidades intervención y poder de veto sobre proyectos de desarrollo e inversiones en tierras que aquellas consideran “ancestrales”, independientemente de a quién corresponda la propiedad de las tierras.

El proyecto suscripto por Alberto Asseff y Francisco Sánchez alerta que se habría decidido entregar tierras del Parque Nacional y del Ejército Argentino a esas comunidades.

“De concretarse, este acuerdo constituiría una gravísima deserción del Estado, que en vez de utilizar su poder de imperio para garantizar el orden y el desarrollo de las actividades productivas en interés de los neuquinos y rionegrinos y de todos los argentinos, terminaría cediendo frente a la presión de estos grupos que hace años actúan con una lógica extorsiva sin que desde el poder público se les ponga un freno”, plantean los legisladores.

El proyecto fue acompañado por los diputados Alfredo Schiavoni, Laura Rodríguez Machado, Carlos Zapata, Gustavo Hein, Sabrina Ajemechet, Ingrid Jetter, Gerardo Cipolini, Juan Carlos Polini, José Núñez, Virginia Cornejo, Paula Omoedo y Mario Barletta.

Los diputados advierten que “es tan arbitrario todo lo promovido por esta Mesa de Diálogo que tras haber sido ignorados en la convocatoria a dicha mesa de diálogo –al igual que los vecinos de Villa Mascardi-, llevada adelante a partir de un pedido presidencial, los integrantes de la comunidad Wiritray (asentada históricamente en el paraje) desconocieron la validez de ese espacio”.

Entre las preguntas que formula el pedido de informes está la los motivos que derivaron en la convocatoria a la Mesa de Diálogo, y los criterios de selección de los participantes, tanto de parte del Poder Ejecutivo, como los invitados de parte de los grupos indígenas.

Y entre esas preguntas está la de si dentro de los invitados se encontraban presentes Isabel Huala, madre de Facundo Jones Huala, quien está prófugo de la justicia chilena desde febrero de 2022, y María Nahuel, madre de Juan Pablo y Cristian Colhuan y suegra de Jéssica Bonnefoi, quienes se fugaron el 4 de octubre, cuando se realizó el desalojo masivo de las tierras usurpadas en Villa Mascardi.

Asimismo preguntan las razones por las cuales de dicha Mesa de Diálogo fueron excluidos “quienes son víctimas recurrentes de la violencia ejercida por grupos indígenas en la zona de Villa Mascardi”.

Nuestros Mapuches 

Jorge Horacio Gentile, profesor emérito de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba y exdiputado de la Nación. El autor repasa la historia del pueblo mapuche en nuestro territorio.

Los Mapuches son el pueblo indígena más numeroso de Argentina y de Chile. Según el Censo Nacional de 2010 en Argentina habitaban 205.009 mapuches. 

Los Mapuches originariamente son un pueblo indígena que habita en La Araucanía en Chile y que hablan la lengua mapuche o mapudungún, que incluye a varios grupos que cruzaron la cordillera de los Andes, hacia Argentina. Los mismos tenían relaciones, desde antes de mediados del siglo XVIII, con pueblos nativos que habitaban al este de la cordillera de los Andes, como los Tehuelches, después de la independencia de Chile (1818). Una parte de las fuerzas Mapuches, que lucharon principalmente en el bando realista, emigraron hacia Argentina. 

La Campaña de Rosas al Desierto, en 1833 permitió a las tropas argentinas ocupar casi todo el territorio al norte del Río Negro; unos 14.500 km² que quedaron fuera del dominio indígena. Los Mapuches se rehicieron, de modo que en 1870 estos pueblos realizaban sus correrías casi hasta las ciudades de Mendoza, San Luis, Río Cuarto, el sur de la provincia de Santa Fe y parte de la de Buenos Aires, llegando hasta cerca de la ciudad de Buenos Aires. 

A fines del siglo XIX los gobiernos de Chile y de Argentina, emprendieron las campañas militares por la Ocupación de la Araucanía y la Conquista del Desierto, en las que murieron miles de personas, los Mapuches perdieron territorios y fueron desplazados hacia terrenos menos extensos. En los siglos XX y XXI, se vivió un proceso de asimilación de los mismos a las sociedades de ambos países y existen, desde entonces, manifestaciones de resistencia cultural, conflictos por la propiedad de la tierra y por el reconocimiento de sus derechos. Los Mapuches sufren discriminación en Chile y Argentina, padecen pobreza y desocupación y menores índices de educación e ingresos. La recuperación de sus tierras históricas no se termina de concretar. 

En 1830, atravesó los Andes desde Chile, y penetró en la llanura pampeana, un grupo de araucanos liderados por el cacique Juan Calfucurá, que se radicó allí y levantó sus tolderías a 60 kilómetros al norte de Bahía Blanca. 

En 1834 Calfucurá masacró a los caciques de las pampas en Masallé, cerca de la laguna de Epecuén. Convocó a una gran reunión a todos los caciques y capitanejos de la Patagonia argentina. Los invitó a comer, los embriagó y los asesinó a todos., alrededor de mil caciques e indígenas. Calfucurá tomó el poder de todas las tribus. Hasta 1872 sus tropas eran poderosas, y le ganaron las primeras batallas al Ejército Nacional. En marzo de 1872, Calfucurá devastó con 6.000 lanceros los pueblos de 25 de Mayo, Alvear y 9 de Julio en la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, fue derrotado en la batalla en Bolívar en marzo de 1872, por el general Ignacio Rivas. 

Durante el sitio de Río Cuarto en 1831, ejecutado por Mapuches chilenos aliados de Rosas, se produjo la reacción del Gobierno patrio que le puso fin con la muerte de Calfucurá. 

Canto sagrado 

Le fue mejor a su hijo Manuel Namuncurá, a quien Roca, después de vencerlo, lo nombró coronel del Ejército. Su hijo Ceferino Namuncurá, nieto de Calfucurá y de Rosario Burgos, una cautiva chilena, nacido en Chimpay, provincia de Rio Negro; el 26/8/1886 y fue beatificado el 11/11/2007 por el Sumo Pontífice; conoció en 1901 a Carlos Gardel, que nació el 11/12/1890, en el Colegio Salesiano Pío IX ubicado en el barrio porteño de Almagro, donde estudiaban e integraban juntos el coro de la iglesia. Ceferino le ganó a Gardel un concurso de canto individual en la fiesta anual del Colegio organizada por el padre José Spadavecchia. 

El conflicto continúa en Argentina y Chile. En 2014 un comunicado de la llamada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), liderada por el argentino Jones Huala, condenado a 9 años de prisión en Chile y prófugo, declaró la guerra a los dos países, considerando ilegal la conquista que ambos Estados hicieron de los territorios Mapuches. Desde 2017 este grupo es considerado terrorista, por sus actos de violencia. 

El Estado debe respetar y garantizar sus costumbres, tradiciones y modos de vida, así como los Mapuches deber considerarse parte de nuestra Nación. 

Denuncian permisos ilegales a “pseudo mapuches” durante la cuarentena

El beneficio habría sido para el lof Lafken Winkul Mapu, una autodenominada comunidad mapuche que a la fecha no posee personería jurídica ni se encuentra en proceso para obtenerla.

El diputado nacional Gerardo Milman presentó un pedido de informes por la posible existencia de permisos para circular otorgados a la agrupación autodenominada mapuche Lafken Winkul Mapu.

¿Qué otros beneficios y excepciones fueron gestionados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el INAI u otro organismo del estado, a favor de agrupaciones autodenominadas mapuches con o sin personería jurídica efectiva o solicitada?, pregunta en el proyecto ingresado este miércoles.

También plantea saber “si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el INAI, brindaron y si brindan en la actualidad, asistencia a la agrupación autodenominada Lafken Winkyl Mapu o a cualquier otra agrupación que, como la mencionada, carece de personería jurídica o solicitud en trámite”.

“El lof Lafken Winkul Mapu es una autodenominada comunidad mapuche que a la fecha no posee personería jurídica ni se encuentra en proceso para obtenerla. Se ubicaron en la región de Bariloche y deciden, por medio de sus ritos espirituales, que la tierra que les corresponde se encuentra en Villa Mascardi, propiedad de Parques Nacionales. Desde 2017 ocupan ilegal y violentamente dichas tierras y asedian constantemente a lugareños y personal de Parques Nacionales”, aseguró Milman.

“Ante el primer decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio Decreto 297/2020, con fecha 19 de marzo de 2019, y que se prorrogó ininterrumpidamente hasta el 31 de enero de 2021. Los términos que definieron los sucesivos decretos eran rígidos y punitorios. No obstante, se solicitó oficialmente excepción para el grupo. En dicho marco de violencia y secesión reciben asistencia, gestiones de privilegios y apoyo de las autoridades del INAI”, agregó el diputado del Pro.

Acompañan el proyecto Alejandro Finocchiaro, Héctor Stefani, Francisco Sanchez, Aníbal Tortoriello y Carlos Zapata.

Finocchiario: “El Gobierno debe dejar de coquetear con los grupos terroristas mapuches”

El diputado del Pro señaló que “es momento de actuar y llevar tranquilidad a la población”, luego de nuevos incidentes en la Patagonia tras las detenciones en Villa Mascardi.

Tras los incidentes en Villa La Angostura, donde grupos mapuches incendiaron maquinarias viales en repudio a las detenciones por los desalojos en Villa Mascardi, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro) comunicó este viernes, a través de su cuenta de Twitter, que “el Gobierno nacional debe dejar de coquetear con estos grupos terroristas”.

El episodio ocurrió mientras la Justicia federal imputaba a las mujeres detenidas en Villa Mascardi en una causa caratulada como “incendio u otro estrago, atentado contra la autoridad y usurpación”. Los hombres que ocupaban el predio de 40 hectáreas escaparon hacia el monte y siguen prófugos.

El legislador opositor manifestó que “el grupo terrorista busca liberar territorios de la soberanía nacional”, con relación al conflicto que hay en la región patagónica argentina desde hace meses. Cabe recordar, que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dispuso de operativos con las fuerzas federales de seguridad “por tiempo indefinido”, con los objetivos de que no vuelvan a ser ocupadas y prevención de más ataques incendiarios sobre la región.

“Se está del lado de la ley o se es cómplice”, remarcó Finocchiaro quien, además, subrayó que “hay ejemplos en la región de lo que pasa después, es momento de actuar y llevar tranquilidad a la población”, en alusión a las amenazas por parte de los activistas mapuches en la Patagonia.

Desde la oposición tildaron de “papelón” la reunión entre A.F y los mapuches

Diputados de JxC criticaron el encuentro que mantuvo este martes el presidente de la Nación con representantes de la comunidad mapuche en Neuquén.

Tras el encuentro entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con representantes de la comunidad mapuche en San Martín de los Andes, Neuquén, quienes le pidieron por la liberación de las mujeres detenidas en Villa Mascardi, desde la principal bancada opositora tildaron de “papelón” dicha reunión.

El diputado nacional Waldo Wolff (Pro) escribió en su cuenta de Twitter: “Presidente @alferdez vergüenza leer que usted se reunió con quienes toman las tierras y usurpan propiedades, mientras los vecinos de Mascardi y de la Patagonia están desamparados”, y apuntó: “Otro papelón y una muestra más de que el Gobierno ampara a los que están al margen de la ley”.

En el mismo sentido se pronunció el legislador neuquino Francisco Sánchez quien señaló: “Todo falso. Un pueblo que no es indígena argentino, un presidente que no preside, sonrisas impostadas, banderas recientemente creadas, funcionarios que no funcionan. Les queda poco”.

Ocupaciones mapuches: impulsan desde el FdT un proyecto para resolver la situación

Molesto por el accionar de las fuerzas de seguridad en Villa Mascardi, Hugo Yasky presentará un proyecto convencido de que el respeto a los Derechos Humanos es la única forma de resolver los conflictos en democracia.

El diputado Hugo Yasky presentará este martes un proyecto de ley para que el conflicto sobre las tierras reclamadas por pueblos originarios se resuelva por vías pacíficas e institucionales.

Además de repudiar “la represión a los pueblos originarios efectuada en Villa Mascardi”, el diputado nacional Hugo Yasky, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, elaboró un proyecto de normativa que establece un mecanismo de diálogo institucional para resolver los conflictos en el marco de la legislación nacional e internacional.

La propuesta del diputado y secretario general de la CTA se basa en el convenio 169 de la OIT y en la declaración de 2007 de la Asamblea General de la ONU.

Este convenio ratificado por el Estado argentino y la declaración de Naciones Unidas del 12 de septiembre del año 2007 aprobada por unanimidad que establecen los principios básicos sobre los derechos de las comunidades pertenecientes a pueblos originarios.

El diputado Yasky impulsó una propuesta para la resolución de las tomas mapuches por la vía del diálogo.

La comisión que propone crear Yasky busca resolver las diferencias respetando la Ley 26.160 y los convenios suscritos por nuestro país, que poseen rango constitucional. Por eso contempla la participación de todos los actores involucrados en el litigio: el Gobierno nacional, el Gobierno provincial, representantes de la Cámara de Diputados, representantes de los pueblos originarios, representantes de la Organización Internacional del Trabajo.

Al mismo tiempo, permite garantizar el respeto de los Derechos Humanos de todas las partes afectadas por el problema.

Piden información sobre el operativo en Mascardi, al que calificaron de “teatral”

Encabezados por Gerardo Milman, diputados de JxC cuestionan los resultados del despliegue logístico impulsado por el Gobierno en el sur, sin lograr detener a los líderes de la toma.

El diputado nacional Gerardo Milman solicitó al Poder Ejecutivo que, mediante el Ministerio de Seguridad de la Nación, brinde información sobre el procedimiento que las fuerzas federales realizaron en la localidad de Villa Mascardi.

Milman, junto a varios diputados de la oposición, se preguntaron por qué con semejante despliegue logístico de fuerzas federales no se logró detener a los líderes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, responsables de la mencionada usurpación, y solo se retuvo a mujeres y niños.

También consultaron sobre las medidas que se han tomado para prevenir futuros atentados y/o represalias sobre la comunidad de Villa Mascardi y zonas aledañas. Haciendo referencia a la vandalización de la iglesia de la Capilla de la Asunción, en Villa La Angostura.

“No cabe duda, que la llegada de un número significativo de efectivos de las fuerzas federales en la comunidad de Villa Mascardi, ha puesto a todos en alerta, especialmente, aquellos a quienes se deberían haber detenidos”, explicó Milman. “Los líderes de la autopercibida comunidad mapuche, no se encontraban en el sitio, sino tan solo mujeres y menores de edad, para dar la imagen de una comunidad pacífica y desprotegida”.

“Es llamativo, al menos a mi criterio, que habiéndose desplegado 250 efectivos, solo se arrestaron a siete mujeres y cinco menores, según los informes de prensa al respecto, no sabiéndose nada sobre los líderes de la usurpación, ni tampoco se conocieron detalles sobre la presencia de al menos cinco integrantes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización radicalizada mapuche que es considerada terrorista en Chile”, agregó.

“Creo que estamos en presencia de otra ‘obra de teatro’, orquestada por el Ministro de (in)Seguridad de la Nación, el abogado y contador, Aníbal Fernández”,agregó Milman.

Acompañan el proyecto Cristian Ritondo, Aníbal Tortoriello, Hernán Lombardi, Alfredo Schiavonni, Pablo Torello, Ana Clara Romero, Karina Bachey, Francisco Sánchez, Héctor Stefani, Laura Rodriguez Machado, Virginia Cornejo, Gerardo Cipolini, Sabrina Ajmechet, Victoria Morales Gorleri y Carlos Zapata.

Valdés cuestionó la detención de mujeres mapuches

El legislador se mostró sorprendido por la actitud del Gobierno y reclamó también por la situación de Milagro Sala.

El diputado nacional Eduardo Valdés no pudo evitar mostrar su contrariedad por el operativo impulsado por el Gobierno nacional en el sur, en cuyo marco fueron detenidas varias mujeres de la comunidad mapuche, y así lo expresó en entrevistas y el propio Congreso, donde participó de un encuentro organizado por su compañero de bancada Juan Carlos Alderete.

Entrevistado por el diario Hoy, el diputado nacional del Frente de Todos se refirió al desalojo de una comunidad mapuche en la provincia de Río Negro. “Me parece una muy buena idea hacer esta red de defensores de organizaciones populares, sociales, frente a una ofensiva que es muy fuerte, como la detención de las mujeres mapuches que han traído a Ezeiza, separándolas de la comunidad. Nos sorprende que venga de un gobierno popular, que sea nuestro gobierno”, planteó el legislador oficialista.

“Este encuentro se abrió bajo el concepto del derecho a la tierra, techo y trabajo. Y auguramos que esta red de defensores trabaje lo menos posible, porque eso significaría que no se criminaliza a las organizaciones. Pero hoy tenemos una injusticia con la comunidad mapuche”, señaló el legislador nacional, que al participar del encuentro organizado por Alderete en el Congreso de la Nación, que representó el lanzamiento de la Red Federal de las Organizaciones Populares señaló que la misma “nos interpela. Primero, por los miles de días de Milagro Sala detenida. Segundo, la estigmatización de la comunidad mapuche. Se trata de la tierra”.

Francisco me invitó a Temuco, donde iba a dar una misa. Pusieron tres bombas para que el Papa no fuera, para sembrar una idea de violencia de parte de la comunidad mapuche, para estigmatizarla. Pero fue y dio una misa junto a la comunidad, la ceremonia más importante en la que estuve”, recordó el legislador, para quien “esa estigmatización hoy ocurre acá. Somos los responsables como frentetodistas de esas injusticias, de esas detenciones, y nos tenemos que poner al frente del reclamo frente a los ministerios de Justicia y de Seguridad”.

En la entrevista con el diario Hoy, Valdés señaló respecto de la situación de la agrupación Tupac Amaru en Jujuy, donde se abrieron otras causas con seis detenidos: “El primer tema que se tocó es el de Milagro Sala, hay que tomar medidas, le pido al Poder Ejecutivo y a la Corte Suprema de Justicia que se aboquen al tema. El peor de los delitos por el que se puede haber condenado a Sala no tiene más de 7 años de prisión, y ya pasó más de ese plazo. Milagro Sala presa es la mayor interpelación al sistema republicano y democrático”.

Del Plá: “Reclamamos la libertad inmediata de las detenidas en la represión de Villa Mascardi”

Son siete las integrantes de la Lafken Winkul Mapu que fueron detenidas en la zona. Al respecto la diputada de Izquierda apuntó contra el Gobierno nacional que “impone la misma política represiva que Bullrich”.

Mientras siguen las horas de tensión y violencia en la zona de Villa Mascardi luego de la detención de siete integrantes de la Lafken Winkul Mapu, la diputada nacional Romina Del Plá (PO/FIT-U) reclamó la “inmediata libertad”, y apuntó contra el Gobierno nacional porque “impone la misma política represiva que Bullrich”.

“La decisión del Gobierno Nacional de mantener detenidas a nuevas compañeras mapuches luego de la represión de Villa Mascardi, así como la persecución contra el resto de los miembros de la comunidad, es un ensañamiento represivo que busca aleccionar al conjunto del pueblo mapuche”, denunció.

A su vez, apuntó que “el Gobierno Nacional impone la misma política represiva que Bullrich, desde el desalojo y la militarización de la zona. Inclusive, reprimieron a la familia de Rafael Nahuel, quien fuera asesinado por la prefectura bajo el gobierno macrista, sin que el kirchnerismo dijera una palabra contra la represión”. 

Asimismo, declaró que “el desalojo de las comunidades tiene el objetivo de reforzar la entrega de tierras a sectores capitalistas, empresarios como Lewis y hasta a la Iglesia, gran propietaria de tierras”.

“La justicia tolera que Lewis no deje acceder al Lago Escondido, pero actúa con la máxima dureza contra las comunidades originarias”, criticó y cerró: “Rechazamos el traslado a Ezeiza, reclamamos la inmediata libertad de las nueve detenidas y planteamos que se tiene que dar respuestas a los reclamos de tierras del pueblo mapuche”.

Denuncian la intención de crear en el sur una Nación Mapuche

Se trata de una ampliación de denuncia presentada por Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico, contra quienes fueran la 1 y el 2 de la INAI.

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich; el diputado nacional Ricardo López Murphy y la abogada penalista y exvicepresidenta de la UIF María Eugenia Talerico, presentaron una ampliación de denuncia contra Magdalena Odarda, Luis Alberto Pilquimán y otros por traición a la patria y asociación ilícita.

La denuncia impulsada contra los citados exfuncionarios, miembros de la anterior cúpula del INAI, se basa en “los acontecimientos ilícitos obrados por pesudo mapuches en estos días y a solicitar que los hechos  investigados en más de 100 casos penales que involucran a las comunidades Lafken Wikul Mapu, Lof Gallardo, Lof Millalonco-Ranquehue, Lof Che Buenuleo, Pu Lof Cusamen, al (MAP) Movimiento Autónomo Mapuche del Puel Mapu o la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y a quienes participan, promueven y apoyan los raids delictivos con el objetivo de formar una ‘Nación Mapuche’,  reciban la agravante prevista en el art. 41 quinuies del Código Penal”.

Le atribuyen a esos hechos la finalidad de “infundir terror en la población para imponer sus ideas por la fuerza, desafiando el estado de derecho, a la autoridad del Gobierno provincial primero y nacional después, apropiándose de territorios pertenecientes a ambas jurisdicciones, como así de un sinnúmero de particulares, habiéndose alzado en armas -propias como impropias- contra las fuerzas de seguridad provinciales, y federales, incluso contra funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial de Río Negro, como así contra funcionarios del Ministerio Público Provincial como Federal quienes resultaron atacados en medio de operativos propios de sus funciones, todo lo cual ha constituido una obstrucción al libre ejercicio de sus facultades constitucionales (artículo 120 de la Constitución Nacional)”.

Sostienen que este accionar, podría ser encuadrado en las previsiones de los artículos  213 bis, 214, 215, y 226 del Código Penal, ello, independientemente de todos los otros delitos que han cometido y están siendo investigados en contra de la población en general como los daños, usurpaciones, incendios, lesiones, interrupciones reiteradas a rutas y vías de trenes, abigeatos, amenazas, intimidaciones, daños, abuso de armas”.

Cabe consignar que el artículo 213 bis establece que “será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 8 años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.

El 214 reprime “con reclusión o prisión de 10 a 25 años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro”; en tanto que el 215 reprime con reclusión o prisión perpetua, el que cometiere el delito previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes: 1º Si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad; 2º Si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República; 3° Si perteneciere a las fuerzas armadas”.

Por último, el artículo 226 reprime “con prisión de 5 a 15 años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales”.

Insisten los denunciantes en que todos los hechos son llevados a cabo con “una ultrafinalidad distinta de la finalidad propia de cada uno de los delitos en particular, cual es la de infundir terror para lograr su objetivo ‘superior’, que es lograr establecer la Nación Mapuche, dentro del territorio de la República Argentina, desconociendo el orden jurídico argentino en su totalidad”.

Destacan además que todo este accionar, se vio potenciado en los últimos años “por el rol de ciertos funcionarios públicos y otras organizaciones afines a éstos que se mencionan y que los funcionarios han quebrantado los deberes inherentes a su función y su actuar ha sido desleal con los intereses de la Nación, han contribuido de manera determinante a envalentonar el accionar de quienes actúan al margen de la ley para crear una nación paralela invadiendo territorio del que se apropian por la fuerza, sublevándose al orden público, desafiando las normas del estado de derecho a sus instituciones y a la integridad territorial”.

Mencionan que “el colmo de esta cobertura funcional sucedió con dos hechos alarmantes, la presencia del embajador en Chile de Rafael Bielsa en un trámite judicial donde el hoy prófugo de la justicia chilena Jones Huala pedía su libertad condicional o, el llamativo error del Ministerio de Defensa en un trámite que casi provoca el despojo de tierras reclamadas por una de estas comunidades al Ejército Argentino”.

Finalmente piden la inscripción de las comunidades ilegales MAP, RAM y otras personas identificadas a las que también piden investigar por art. 306 inc. 1 del Código Penal (financiación de la organización o de personas asociadas) en el Registro Público de Personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su Financiamiento (REPET) conforme el Decreto 918/12 y finalizan diciendo: “La inscripción y el tratamiento de estos grupos como lo que son, organizaciones terroristas, debilita de modo determinante su poder de fuego, neutralizando además todo apoyo material que puedan recibir pues sería hechos de financiación de terrorismo”.

Pedido de informes sobre ataques en la zona de Mascardi

Diputados solicitan información sobre los mismos y la probable participación de Jones Huala en los hechos conocidos.

El diputado nacional Gerardo Milman presentó este martes un proyecto ante la Cámara de Diputados para solicitar información respecto de los hechos ocurridos en la ciudad de Villa Mascardi, provincia de Rio Negro, cuando un grupo de desconocidos atacaron e incendiaron una casilla móvil de la Gendarmería Nacional.

El pedido solicita saber cuál ha sido el despliegue de la Gendarmería y/o otras fuerzas de seguridad dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. También indaga sobre si es cierto que el mencionado ataque incendiario fue realizado con armas de fuegos. En ese caso, piden indicar si las pericias criminalísticas determinaron el calibre de los impactos de balas.

Si hay faltantes de equipamiento de seguridad, armas de fuegos, municiones, chalecos antibalas, o cualquier otro equipamiento de seguridad de la GNA, piden saber también los diputados encabezados por Gerardo Milman, como así también si en el mencionado ataque criminal se detectó la presencia de menores de edad participando de los hechos.

¿Cuál es el plan de seguridad estratégico del Ministerio de Seguridad sobre la problemática de usurpaciones ilegales de terrenos y ataques vandálicos premeditados al respecto?, pregunta también Milman, como así también qué hipótesis de seguridad estaría trabajando las dependencias de la Secretaria de Seguridad de la Nación como así también en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal ante la sucesión de hechos delictivos ocurridos en gran parte de la Patagonia.

Además, “si desde el Ministerio de Seguridad de la Nación están trabajando sobre la probabilidad de involucramiento de Jonas Huala y sus secuaces en los actos vandálicos anteriormente referidos”, y qué medidas de intervención ha formalizado a posteriori del ataque, por parte de la fiscalía interviniente.

“Nuevamente, asistimos azorados a un episodio de violencia inusitada en la localidad de Villa Mascardi, en la provincia de Río de Negro, cuando este fin de semana último atacaron a palazos, piedras y, según los transcendidos del día de la fecha, también mediante disparos de armas de fuegos a una casilla móvil de la Gendarmería Nacional que estaba apostada allí para resguardar a los vecinos que han sufrido todo tipo de ataques criminales en los últimos tiempos”, manifestó Milman en su presentación.

Y continuó: “Hay que mencionar que la custodia fue dispuesta por orden judicial emitida por la Fiscalía Federal de Bariloche, es decir, por una orden judicial. Vemos que esta problemática violenta en el sur de nuestro querido país viene in crescendo y que desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo no se hacen eco ni emiten ningún tipo de comentario o  respuestas efectivas  frente a la amenaza creciente de estas organizaciones transnacionales”.

Acompañan el proyecto los diputados Juan Martín, Waldo Wolff, Laura Rodríguez Machado, Pedro Galimberti, Alberto Asseff, Fabio Quetglas, Germana Figueroa Casas, Francisco Monti, Ana Clara Romero, Carlos Zapata, Héctor Stefani, Mario Barletta y Francisco Sánchez.

Repudian desde el Senado el atentado en Los Radales

Instan al Gobierno provincial y al nacional a tomar medidas para resguardar el territorio patagónico.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto para repudiar el atentado terrorista perpetrado el día 25 de septiembre de 2022 contra una casilla móvil de la Gendarmería Nacional Argentina ubicada en cabaña Los Radales, en Villa Mascardi y expresar su solidaridad con los propietarios del establecimiento y con los gendarmes atacados.

El proyecto fue acompañado por los senadores María Belén Tapia y Julio Martínez.

“Este no es el primer hecho vandálico ni el primer proyecto que se presenta en este Senado sin obtener ninguna respuesta del Gobierno Nacional, el ministro de Seguridad Nacional ni de la justicia en su conjunto. También se canalizó esta cuestión de suma importancia a través de los informes que debe dar en esta Cámara el jefe de Gabinete de Ministros”, explicó el senador de cambiemos.

“Es indudable la complicidad y protección que desde algunos sectores se les da a estos grupos de marginales, que no reconocen el Estado Nacional Argentino como tal, teniendo como única bandera la creación de un Estado Mapuche en la Patagonia argentino-chilena”.

“Esta situación debe ser resuelta por las autoridades nacionales y provinciales en una cooperación efectiva dejando de lado ideologías y mentiras que alimentaron a los marginales hasta llegar a la situación actual”, señaló Blanco.

“La Patagonia Cordillerana parece zona liberada. El ministro de Seguridad se llena la boca con argumentos federalistas y mesas de diálogo que no han avanzado nada mientras crece el sentimiento de desprotección de los vecinos. Hay que terminar con esta pantomima y brindarle a la gente la seguridad que reclaman y merecen”, finalizó el senador fueguino.

Piden explicaciones al INAI por el ataque en Mascardi

Tras un nuevo y muy grave incidente en el sur del país, Juntos por el Cambio denunció la “mala gestión” del organismo encargado de Asuntos Indígenas.

La diputada nacional de Evolución Radical Carla Carrizo, junto a más de 20 legisladores de Juntos por el Cambio, piden citar a la máxima autoridad del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para que brinde información acerca del nuevo ataque ocurrido en Villa Mascardi a una casilla de Gendarmería Nacional por parte de un grupo de personas pertenecientes presuntamente a una agrupación mapuche y explique qué medidas están adoptando desde el Gobierno Nacional en relación a los conflictos territoriales vinculados a pueblos indígenas de Argentina.

El 23 de noviembre, el Gobierno decidió extender por cuarta vez la vigencia de la ley 26.160 de 2006 mediante el DNU 805/2021 mientras el Congreso se encontraba debatiendo su prórroga.

“El año pasado se frenó el debate en Diputados porque el gobierno prorrogó por DNU la ley hasta 2025. Sigue habiendo una media sanción del Senado sin tratamiento. No hubo informes, la expresidenta del INAI nunca asistió al Congreso así como tampoco las nuevas autoridades y los conflictos se multiplican”, sostuvo la diputada.

“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate, y los conflictos continúan. La mala gestión del INAI es total. Anoche un nuevo ataque a Gendarmería en Villa Mascardi, y ¿debemos renovarle el presupuesto? No sin que luego de 16 años se informe al Congreso”, publicó Carrizo a través de sus redes sociales.

En efecto, el DNU mencionado le asignó un presupuesto extra de 290 millones por año destinados específicamente al relevamiento de las comunidades, mientras que el presupuesto 2023 que comenzará a discutirse en el Congreso prevé un aumento de más de $500 millones al INAI ($1324 millones) con respecto al presupuesto vigente para 2022.

“¿Cómo sostener el pedido de recursos si no hay rendición de cuentas? Hace poco más de un mes renunció la titular del INAI y aún no se oficializó la designación de su reemplazante, Analía Noriega. Necesitamos que una voz institucional del INAI informe en Diputados cómo está administrando el dinero público. No puede ser que tengamos que esperar a que se vuelva a vencer el régimen de la Ley 26.160 para debatirlo cuando los conflictos están aumentando”, concluyó la Diputada.

El proyecto lleva las firmas de Carla Carrizo, Danya Tavela, Martín Tetaz, Lidia Ascárate, Marcela Antola, Victoria Tejeda, Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, Marcela Coli, Carlos Zapata, Marcela Campagnoli, Gabriela Brouwer de Koning, Roberto Sanchez, Paula Omodeo, Gabriela Lena, Pablo Torello, Alberto Asseff, Carolina Castets, Rodrigo De Loredo, Dolores Martínez, Pablo Cervi, Waldo Wolff, Sabrina Ajmechet y Gerardo Cipolini.

Milman responsabilizó a Jones Huala por el incendio al puesto de Gendarmería

Así lo denunció el diputado de Juntos por el Cambio, quien además subrayó que “la Patagonia está en peligro”.

En las últimas horas se conoció que un puesto de Gendarmería Nacional en Villa Mascardi, provincia de Río Negro fue incendiado, presuntamente por grupos mapuches. El diputado nacional Gerardo Milman (Pro – JxC) repudió el hecho y le atribuyó responsabilidad directa al Gobierno nacional y al prófugo Jones Huala, líder mapuche.  

A través de su cuenta de Twitter, el legislador mencionó a “la pasividad y el abandono del Gobierno” como causa del ataque y agregó que “es muy probable que el recrudecimiento de la violencia en la Patagonia Norte sea consecuencia de la presencia de Jones Huala en la región”.

Jones Huala es el líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), quien desde febrero de este año está prófugo de la Justicia, y en 2013 fue condenado por el incendio de una vivienda habitada y tenencia de armas de fuego.

El lugar incendiado ya había sido vandalizado el pasado primero de agosto, por lo que Milman remarcó que “estos hechos son muy graves en nuestro país”, y concluyó: “El sur está en peligro”.

El Gobierno despidió a Magdalena Odarda

La titular del INAI argumentó su salida en razones de salud. Su paso por el cargo estuvo caracterizado por las fuertes críticas por su postura respecto del conflicto mapuche.

La exsenadora nacional Magdalena Odarda presentó este jueves su renuncia al cargo de presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por razones personales, tal como hizo saber en el texto dirigido al ministro de Justicia y Derechos Humanos, el también rionegrino Martín Soria.

Así reza al menos el texto del comunicado de ese organismo en el que se informa sobre la salida de la ahora exfuncionaria. Empero, desde la Casa Rosada la explicación fue diferente: la echó el presidente Alberto Fernández. Como sea, la salida de la exlegisladora está ineludiblemente vinculada con las posturas que siempre asumió con relación al conflicto mapuche, donde jugó siempre abiertamente a favor de los grupos violentos. Razón por la cual la exfuncionaria era cuestionada por gobernadores patagónicos, sobre todo la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras.

Odarda expresó que su renuncia “está motivada en mi salud que se ha visto deteriorada estos últimos años, sobre todo por no haber tomado ni un solo día de vacaciones en varios años, ni haber realizado un solo viaje al exterior en pos de la búsqueda de la austeridad que ha caracterizado a nuestra gestión”.

La presidencia del INAI será asumida por Analía Noriega, licenciada en Trabajo Social, coordinadora nacional del Programa de Relevamiento Territorial Ley 26.160 y miembro fundadora de la fundación Napalpi, donde actualmente es secretaria.

Como dijimos, el paso de Magdalena Odarda por la función pública estuvo signado por sus polémicas posturas respecto del conflicto con los grupos violentos autodenominados mapuches. Razón por la cual en el Congreso de la Nación reclamaron constantemente su presencia.

El último proyecto que lleva su nombre fue presentado el 26 de julio pasado por la senadora radical santacruceña María Belén Tapia, quien citó a la ahora extitular del INAI, como así también a los ministros Aníbal Fernández y Eduardo “Wado” De Pedro a fin de informar sobre diferentes hechos de violencia, vandalismo y de otra índole ocurridos en la región andino patagónica.

El año pasado, en octubre, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical – CABA) reclamó la presencia de Magdalena Odarda ante las comisiones de Legislación General, Población y Desarrollo Humano, y Seguridad Interior, para que brindara informes sobre los conflictos territoriales vinculados a pueblos indígenas.

Hubo previamente también un pedido de informes que para que informaran el entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, y Odarda, para informar sobre las medidas tomadas respecto a los actos de violencia institucional y obstétrica contra un grupo de mujeres wichi, en Formosa.

También reclamó en su momento su presencia la diputada Lorena Matzen, quien reclamó también la presencia de la exministra de Justicia Marcela Losardo, por la entrega de tierras usurpadas en Río Negro.

Magdalena Odarda fue senadora nacional hasta el 10 de diciembre de 2019, seis años después de haber ingresado a través de la Coalición Cívica en la provincia de Río Negro. De ese partido se fue a poco de asumir, formando un bloque unipersonal que más tarde ella alineó al entonces senador Fernando “Pino” Solanas. Un año antes del vencimiento de su mandato, en tiempos de Cambiemos, se alineó con el kirchnerismo, y fue candidata a vicegobernadora de Martín Soria, perdiendo entonces con Arabela Carreras.

Al asumir Alberto Fernánez y Cristina Kirchner, fue convocada para conducir el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Alejandro Vilca promete llevar al Congreso el reclamo del pueblo mapuche

El diputado nacional del Frente de Izquierda viajó a Neuquén y visitó Vaca Muerta. Se reunió con comunidades mapuches y trabajadores de distintos sectores.

El legislador nacional Alejandro Vilca (PTS-Jujuy) visitó Neuquén este fin de semana. Recorrió Vaca Muerta y se reunió con  autoridades del Lof Campo Maripe y representantes de la Confederación Mapuche. 

“Vaca Muerta es tierra de extractivismo, negocios millonarios para unos pocos a costa de la destrucción del ambiente, la desigualdad y la vulneración de derechos del Pueblo Mapuche”, dijo el diputado. Y se comprometió a llevar el reclamo de las comunidades al Congreso nacional. “Me llevo el compromiso de seguir peleando el tratamiento de la  prórroga de la ley 26160, de relevamiento territorial, así como el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada y la defensa de la declaración del Volcán Lanin como sitio sagrado del pueblo mapuche”, planteó el legislador de izquierda.

Sobre esto último, rechazó la campaña de estigmatización y criminalización a  los pueblos originarios por parte de la derecha. Cuestionó al Gobierno nacional por su decisión de volver atrás la resolución de Parque Nacional Lanín. “No resistió ni 24 horas la presión de la derecha y el Gobierno de Neuquén”, enfatizó.

En su visita por Neuquén, Vilca también se reunió con trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada y de la gestión obrera de Zanón, y participó de la inauguración del Centro Cultural Casa Marx, impulsado por el PTS.

Piden informe sobre el acuerdo del Gobierno neuquino con mapuches

Desde Juntos por el Cambio expresaron su inquietud por la decisión de la administración de Omar Gutiérrez con la comunidad mapuche para la realización del gasoducto en Vaca Muerta

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informe sobre el acuerdo establecido entre el Gobierno neuquino y la comunidad mapuche, relacionado con la construcción de un gasoducto nacional.

La iniciativa fue suscripta por el diputado Alberto Asseff, a quien acompañan sus pares de JxC Héctor Stefani, Virginia Cornejo y Aníbal Tortoriello, y contiene nueve puntos relacionados con la realización del gasoducto “Presidente Néstor Kircher” en el yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

“En este contexto es de suma relevancia que las autoridades nacionales se involucren y manifiesten respecto del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Neuquén y las comunidades autodenominadas mapuches”, aseguró Asseff en su presentación ante la Cámara de Diputados de la Nación.

El Gobierno de Neuquén, a cargo de Omar Gutiérrez, les propuso a caciques y líderes de grupos autoproclamados mapuches un acuerdo que los diputados consideran “polémico”, por cuanto “podría amenazar el desarrollo y las inversiones en el gigantesco yacimiento de Vaca Muerta”.

“En concreto, el protocolo presentado en la capital neuquina les permite a los líderes de esas comunidades exigir dinero, beneficios u otras acciones en caso de que, por ejemplo, la obra atraviese un terreno que ellos consideren propio por tenencia ancestral”, expresa la información publicada.

Asseff indicó que “ante una de gran relevancia como es este gasoducto, es sumamente importante que los hechos aquí manifestados sean explicados con fundamentos lógicos y razonables para evitar problemas futuros, como así también para que parte involucrada cumpla con sus facultades evitando conflictos de intereses”.

Aníbal Fernández descartó militarizar la zona donde existe el conflicto mapuche

El ministro expuso y debatió sobre su gestión por casi cinco horas en el Senado, recorriendo las principales líneas de acción de su cartera y su proyección.

Mientras todos los ojos estaban puestos en la Cámara de Diputados, el Senado no quiso quedarse atrás y se reactivó con una presencia de peso: el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien se presentó en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.

Fue la primera visita desde que quien fue senador nacional entre 2011 y 2014 ocupa el cargo actual, hace diez meses, y el encuentro se desarrolló en el Salón Illia del Senado, presidido por el fueguino Matías Rodríguez (Unidad Ciudadana).

Antes de iniciar la ponencia del funcionario, la comisión completó sus autoridades luego de que el titular del interbloque de JxC, el radical Alfredo Cornejo, propusiera en nombre de la oposición en el cargo de vicepresidenta a la puntana Gabriela González Riollo (Pro).

Con la asistencia de un video, Fernández recorrió durante casi cinco horas los principales temas que atañen a su gestión.

En ese sentido recordó que en el 2004 el entonces presidente Néstor Kirchner le pidió que se hiciera cargo de las Fuerzas Federales de Seguridad, respecto lo cual señaló que “esto va cambiando todos los días. Cuando me convocan nuevamente, hay cosas que se parecerán y otras que no, pero vamos a tratar de darle un formato de triples características específicas de la seguridad propiamente dicha en términos operativos, la solución de los conflictos que complican la vida de los agentes que llevan adelante esta tarea y una solución institucional de cómo hacíamos nosotros para multiplicarnos”.

“Esta es la mejor base que se le puede dejar a los que vienen para que pisen sobre ella y puedan seguir construyendo un esquema de la política que se tiene que venir y es lo más sensato y prudente que podemos hacer”, sumó.

Los salarios de las fuerzas y la vida del Hospital Churruca

Así, sobre los salarios de las fuerzas federales comentó que “teníamos que resolver el tema de los salarios y es que las cuatro fuerzas de seguridad no cobraban lo mismo”. Con ese objetivo, dijo, “se destinaron 17 mil millones de pesos para poner a la par los salarios de las cuatro fuerzas y hoy, cobran lo mismo 170.000 agentes”.

Por otro lado, sobre el Hospital Churruca cuestionó a la gestión anterior porque tomaron la institución con 3.650 millones de pesos en deuda por lo cual “era imperioso que resolvamos ese tema porque si uno no resuelve esa deuda, no podes sentarte a discutir con el proveedor”.

“Se firmó una resolución que establece que las cuatro fuerzas acceden al Churruca ante heridos de bala porque es un Hospital de excelencia y de particulares condiciones para ser atendidos que no podíamos dejar de lado sin prestarle la atención debida y ponerlo en el lugar que corresponde”, contó el funcionario.

Al respecto, informó que se propusieron avanzar en la modernización de la sala de Hemodinamia porque “es imposible pensar que en este tipo de actividades no se tengan las condiciones técnicas para que la capacidad médica, que es muy alta y muy buena, pueda cumplir con esas funciones. Son condiciones necesarias para quienes participan de actividades tan riesgosas complicadas como las que están”.

“Hemos adquirido un equipo completo de Hemodinamia integral por 109 millones de pesos y estamos en proceso de licitación de lo que significa la obra civil y la cobertura en plomo 356 millones de pesos. Estamos comprando sillones de diálisis”, contó el ministro de Seguridad y volvió a golpear contra la oposición: “Muchos años de situaciones no cumplidas, muchas situaciones no resueltas y nosotros tenemos que poner en condiciones al Hospital máximo de referencia”.

Los sistemas que se utilizan y el equipamiento

Al referirse la ampliación y actualización de la AFIS de huellas dactilares explicó que “es un sistema que permite escanear las huellas. No aumenta en una Argentina con más de 44 mil millones de habitantes. Seguimos teniendo el mismo que cuando lo compramos nosotros con 21 mil millones de capacidad y lo tuvimos que actualizar a 45 millones. Es un punto fuerte de los elementos con los que estamos trabajando, pero como avanza segundo a segundo, no tiene freno, no permite que pueda ser trabajado y tenga el contacto latinoamericano porque buscamos crecer en la totalidad de los países con la necesidad de entrecruzar información para el narcotráfico y el delito complejo”.

En suma, respecto al Sistema Nacional de Identificación Balística (IBIS) informó que permiten conocer el tipo de munición a utilizar, con ello “podemos saber la calidad y el término de cada una de las municiones que se puede utilizar, deja inexorablemente conforme al arma determinadas identidades que no podemos perderlas a la hora del análisis criminal por lo cual es imperioso tenerlo desarrollado”.

Con relación al equipamiento para las fuerzas policiales y fortalecimiento de los sistemas de información, Fernández contó que “se compraron 22.000 chalecos antibalas y están en proceso de compra otros 35.000”, y explicó que “cuando uno allana un lugar lo único que tiene para hacer es un arma en la mano que es pasible de ser utilizada en tanto y en cuanto las condiciones están dadas, no tenemos allanamientos con un disparo, pero no tiene nada porque lo único que tiene es gritar que es policía, si no tiene un chaleco se lo manda a morir. Es imposible eso”.

En esa línea, sostuvo que son profesiones donde “la persona que sale a trabajar no sabe si vuelve. ¿Cómo no tenemos elementos lo suficientemente serios a esta altura para garantizarles a los miembros de nuestra fuerza? porque en todas las fuerzas participan las mujeres aún en los grupos comandos. Tenemos que tener sus elementos funcionando”.

Las inversiones en los Bomberos Voluntarios

Sobre esto último, el funcionario destacó que el elemento “fundamental” es el entrenamiento a los bomberos voluntarios porque “todas las herramientas que están viniendo son novedosas”, pero señaló que ante situaciones como incendios o sequías requieren de “otros elementos” por lo que optaron por la metalmecánica del país para no tener que importar.

“Todo lo que nos sucedió necesitó forzosamente de herramientas, eran más necesarias las cisternas o los tanques de fácil armado y traslado para poder cumplir con las necesidades en la relación directa entre de los que son bomberos del lugar, los que participan por un conocimiento de la propia provincia y los que son bomberos profesionales como en el caso nuestro”, aseguró.

Según las diapositivas que se mostraron, con las que Fernández se ayudó en su discurso, se adquirieron 73 cisternas de 10 mil litros que fueron hechas en el país, 146 tanques bolsas de 10 mil litros, 100 tanques fijos de 10 mil litros. “Tiene que ver con prepararnos para situaciones futuras”, señaló.

Fortalecimiento de los sistemas de información

Sobre este ítem de su discurso, afirmó que “tenemos 14 jurisdicciones con el 911. No todos en las mismas condiciones. ¿Vamos a seguir esperando que se resuelvan ese tema para tener un sistema nacional para poder incorporar dentro del 911 todas las situaciones que pueden ser utilizadas? No estamos dispuestos a hacerlo, lo charlamos con el presidente de la Nación, pero si me autorizó a que pudiéramos comprar la estructura que nos garantice un 911 completo para las 24 jurisdicciones con el funcionamiento apropiada que permita la incorporación de otras líneas”, explayó.

En otro pasaje fue consultado sobre los precursores químicos y destacó la importancia de la revisión y monitoreo de las empresas que manejan los precursores, con el objetivo de evitar la “filtración”, y agregó que “en el Registro Nacional de Precursores Químicos hemos inscripto más de 5500 empresas que monitoreamos y 8000 establecimientos de todo el país. Nunca, Argentina, tuvo un control tan férreo de los precursores químicos como en este momento”.

A su vez, señaló que es un tema “sumamente preocupante” y recordó que en el 2005-2006 “el registro estaba en el SEDRONAR nació como una falsa DEA porque se quería mostrar como una secretaría de lucha contra el narcotráfico, pero no tenía poder de policía, sin cabeza, sin pensar seriamente y en manos de algún inescrupuloso esto es peligroso”.

Habló también sobre la trata y búsqueda de personas. En este marco, habló del SISTRATA (Sistema Integrado Federal de Información Criminal del Delito de Trata de Personas) del cual remarcó que “tiene una importancia superlativa”. “La Argentina es pionera y una de las más respetadas del mundo en el tema de Trata”, ponderó y sumó:18000 víctimas han sido rescatadas de la trata”.

En lo que refiere a la protección de derechos de infantes y adolescentes, Fernández informó sobre el fortalecimiento en los procesos de judicialización y detención que les valió un “reconocimiento en Bruselas”.

En otro pasaje, precisó que “en el año 2022, Argentina fue calificada como uno de los países más importantes en el debate contra la trata”, comentando que “el Sifebu es un sistema federal de búsqueda de personas y de 769 que tenemos en búsqueda, 471 han resultado exitosas, hasta ahora”.

“El SINAGIR (Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo) nació con el gobierno anterior, estaba ahí y nosotros lo que hicimos fue ponerla a funcionar porque nos permite pensar todo lo que tiene que ver con riesgo y pensar en conjunto cómo atacar ante un problema”, cuestionó el titular de la cartera de Seguridad.

Formación policial

El ministro de Seguridad informó sobre el Instituto de Formación Universitaria de la Policía Federal y detalló las carreras y diplomaturas a la que acceden los efectivos. “Necesitamos hombres y mujeres con más preparación, formados, sabiendo cuáles son las cosas que pueden suceder, cómo se tiene que proteger a sí mismo y a los demás”, detalló y resaltó: “Estamos haciendo constantemente capacitación de todo lo que tenemos porque no existe ninguna forma de multiplicarse si no es a través de la formación”.

También, aseguró que la inversión, en conjunto con el Ministerio de Educación, fue de 39,5 millones de pesos para la preparación de los mismos porque “estamos preparamos hombres y mujeres para que cuiden de la vida de los demás. No es un chiste”.

Sobre la diplomatura en seguridad en fronteras, contó que “es imperioso sentarse a hablar con las Embajadas sobre las fuerzas de seguridad porque una fuerza de seguridad que no tiene contactos con el mundo no existe, sobre todo en delito complejo y narcotráfico”.

Homicidios, terrorismo y ciberdelito

Respecto de los delitos complejos informó que “la tasa de homicidios era de 4.6 cada 100.000 habitantes en 2021 y es una de las más bajas del mundo”.

“Constituye la cifra más baja en los últimos 20 años y son certificadas por Naciones Unidas”, aseguró.

Al referirse a los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA, Fernández resaltó el trabajo de las cuatro fuerzas, de policías provinciales, de la Ciudad, entre otras y resaltó, “seguimos trabajando en este tema y no hay nada que debamos obviar en la lucha contra el terrorismo”.

Con relación al ciberdelito, subrayó que “firmamos convenios con las cuatro empresas más importantes del mundo en términos de ciberdelito, porque sino nos quedamos afuera. Hemos frenado muchísimos ataques a nuestras bases de datos y debemos estar preparados para defendernos”.

Asimismo enumeró los 17675 procedimientos contra el narcotráfico desde septiembre hasta el momento, con 15.685 detenciones, 1733 kilos de marihuana y 6222 kilos de cocaína incautados.

Destacó también los acuerdos con la DEA, CIA, FBI, entre otras organizaciones internacionales “para que nos permitan cruzar datos porque si no se trabaja con la búsqueda de datos respecto de lo que sucede en el mundo estamos fritos, no hay forma de poder crecer”.

Seguridad Ciudadana

En este punto se refirió a la situación del Conurbano y a la implementación de las “estaciones seguras”, y explicó que “primero hicimos una revisión profunda donde impactaba más la ausencia de policías como necesitábamos. Se hizo un trabajo medular, pensado para saber dónde y en qué condiciones nos convenía poner a las fuerzas. Son 6 mil efectivos para empezar a buscarle soluciones a problemas que no tenían presencia”.

Rosario, los Mapuches y el Avión venezolano-iraní

Respecto de la situación en Rosario, aseguró que “nuestro personal de fuerza involucrado en tareas específicas son 756 efectivos de los 3.143 que se ocupan de todas las tareas en la Ciudad”. Se realizaron 1.039 operativos y 1021 detenciones”.

También estuvo presente junto al Ministro, Ricardo Castillo, comandante mayor de Gendarmería por Santa Fe y brindó detalles sobre el funcionamiento operacional de la Fuerza de Tareas: “Se elaboró un plan de operaciones en seguridad ciudadana para la provincia de Santa Fe y para Rosario”, informó.

Antes de escuchar las inquietudes de los senadores presentes, el ministro Fernández brindó algunos detalles de lo sucedido con el avión procedente de Caracas con tripulantes iraníes y venezolanos y afirmó, “hay impedimentos legales que no me permiten contar todo, pero se continúa la investigación judicial y policial”.

Respecto de la situación actual de los tripulantes, informó que “se mantuvo la prohibición de salida de cuatro iraníes y tres venezolanos, algunos por información de su identificación y otros en sus celulares que están en investigación”.

Consultado sobre la situación con los grupos mapuches, el ministro de Seguridad afirmó que “lo de Araucanía en Chile es un tema severo porque tienen mucha gente armada. Nosotros no vamos a poner el estado de sitio o militarizar la zona y nuestra posición es muy clara al respecto”.

Otros temas abordados por Fernández sobre su gestión fueron los detalles de las tareas de control realizadas en las canchas de fútbol, las acciones internas de las Fuerzas sobre perspectiva de género, la creación del “Sistema Urge”(sistema único de denuncias sobre violencia de género), el trabajo en conjunto de su ministerio con las organizaciones de derechos humanos y otros organismos estatales, acciones desplegadas en zonas portuarias y aeroportuarias, formación de agentes en seguridad ciudadana, despliegue y labor de efectivos en transporte público y barrios metropolitanos, entre otros.

Asseff aseguró que “luchar contra la RAM y sus socios ingleses también es defender Malvinas”

En suma, el diputado del Pro apuntó contra el Gobierno: “No sirve venir a la ONU a pedirle a Inglaterra que negocie nuestro territorio en las Islas Malvinas, cuando permitimos que un grupo secesionista, financiado por el mismo gobierno, nos dispute nuestro territorio continental”.

Desde la ONU en Nueva York el presidente del Partido UNIR y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Alberto Asseff (Pro), se expidió sobre los últimos eventos ocurridos en el sur de nuestro país en relación a hechos de terrorismo perpetrados por el grupo sedicioso RAM y sostuvo que “no sirve venir a la ONU a pedirle a Inglaterra que negocie nuestro territorio en las Islas Malvinas y el espacio del Atlántico Sur, cuando por el otro lado permitimos que un grupo secesionista financiado por el mismo gobierno, al que le pedimos por nuestra soberanía, nos dispute nuestro territorio continental”.

“No se debe olvidar, y esto debe estar en todos los medios y en boca de todo el periodismo: la RAM está financiada por agentes ingleses de la ‘Mapuche International Link’, que tiene sede en la ciudad de Bristol, desde donde se apoyan campañas a favor de organizaciones mapuches tanto en nuestro país, como en Chile”, denunció.

El titular de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados se ahondó diciendo que “Malvinas es mucho más que las islas, Malvinas es defender el territorio de todos los argentinos y para ello acciones como la de hoy en el Comité de descolonización de la ONU es útil, pero lamentablemente el mismo gobierno que nos envía en esta encomiable misión es el mismo que le permite a una ONG inglesa y sus socios locales disputarle a la Nación Argentina su territorio”.

“No se puede ser débil ni dubitativo en este aspecto. Para defender lo que es de los argentinos se debe usar el monopolio de la fuerza legitima que los argentinos le han entregado al estado a cambio de la seguridad de su persona y sus bienes”, consideró Asseff.

Por último, el diputado de JxC hizo una evaluación de la misión argentina en la ONU y dijo que “es bueno que el gobierno nos reconozca nuestro legítimo interés por la causa Malvinas en vez de apropiársela como una causa propia para la lucha política interna, como ha sucedido en el pasado”.

Denunciaron a Espert por sus dichos contra los mapuches

Un diputado neuquino realizó la presentación judicial contra el líder de Avanza Libertad, luego que en sus redes sociales propusiera “encarcelar y meter bala” a los mapuches.

El diputado provincial de Unión de los Neuquinos (UNE) Mariano Mansilla denunció penalmente al legislador nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) por los delitos de “apología del crimen” e “intimidación pública”, por sus expresiones sobre que debería “declararse el estado de sitio, encarcelar y meter bala” a los mapuches que encabezan protestas en el sur del país.

Las declaraciones del diputado liberal se dieron luego de la pregunta de un usuario, durante un vivo en la red social Instagram, a la que respondió: “Yo creo que ahí hay que declarar un estado de sitio, en esa zona, y encarcelar o meterle bala a los mapuches. Si los mapuches se resisten, en realidad no son mapuches, son falsos mapuches; son terroristas esos que están ahí”.

En su presentación, Mansilla señaló que “los dichos de Espert encuadran perfectamente en lo establecido en el artículo 212 del Código Penal y también constituyen apología del crimen por lo que podría ser investigado de acuerdo a lo previsto en el artículo 213 del mismo código”.

“Las expresiones de Espert no hacen más que estigmatizar al pueblo mapuche y desconocer profundamente su cultura”, resaltó el neuquino.

Al enterarse de la denuncia, Espert salió al cruce de Mansilla en Twitter. “Si yo termino preso por pedir que se cumpla ley, te regalo el país kirchnerista impresentable”, lanzó el diputado nacional, a lo que el neuquino le respondió: “Nadie te cuestiona por opinar sobre los mapuches, elegí tus fetiches políticos en libertad y que seas feliz! Pero decir ‘hay que meterle bala a los mapuches’ encuadra en dos conductas delictivas previstas en los art. 212 y 213 del CP. Incitación y apología. Eso tendrás que explicar”.

Asseff cuestiona el izamiento de la bandera mapuche en una universidad del Estado74

“Habría que preguntarles a las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue si desean seguir recibiendo dinero del Estado argentino”, planteó el legislador molesto por la concesión con grupos secesionistas en territorio nacional.

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR expresó su más profundo repudio y rechazo por la actividad “académica” de la Universidad Nacional del Comahue -mantenida con dineros públicos federales- que pretende celebrar el Año Nuevo Araucano (el 21 de junio de 2022), evento que será llevado a cabo por estudiantes de la agrupación estudiantil “KizuIñciñ” y miembros del cuerpo docente de la Universidad Nacional del Comahue. Durante la misma, además, se izará la “bandera Wenüfoye” o del “Canelo Celestial” para convertir el evento -según los organizadores- en “un acto de soberanía político cultural en el país Mapuche”. Este izamiento será realizado tanto en la sede central de esa casa de estudios, en Neuquén, como en el Centro Regional Universitario de la misma en San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Asseff expresó su repudio a los “minúsculos grupos que procuran encender el clamor e indignación popular en dos provincias, como las de Neuquén -donde se han registrado hasta muertos en un pasado relativamente reciente- y de Río Negro, donde existen sobrados motivos para ello, en el marco de los oscuros manejos del reclamo de la tribu Millalonco-Ranquehue por tierras de supuesto ‘origen ancestral’ contra el Estado Nacional, que eventualmente podría llegar a terminar con las operaciones de la Escuela Militar de Montaña del Ejército Argentino en San Carlos de Bariloche y con la erección del Parque Central en dicha ciudad y por lo cual he hecho, junto a otros distinguidos legisladores la denuncia penal correspondiente en el fuero penal federal”.

El titular del Partido UNIR dijo que “una universidad cuyos recursos son recibidos del Estado nacional argentino no puede reconocer implícitamente que el territorio en el que se asienta no le pertenece al estado argentino y que existe un territorio reclamado por grupos secesionistas al que denominan ‘Wallmapu’”.

“Habría que preguntarles a las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue si desean seguir recibiendo dinero del Estado argentino, al que desprecian y el cual ponen en peligro sentando precedentes peligrosos reconociendo la bandera y el nombre que grupos enemigos de la integridad territorial de la Argentina le dan a nuestras provincias de Río Negro y Neuquén”, concluyó Asseff.

Senador condena la actitud “antipatria” de una universidad nacional

Es por un acto de “soberanía política-cultural” que realizará en una casa de altos estudios una organización mapuche.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto para repudiar  la decisión de la Universidad Nacional del Comahue de acompañar y apoyar un “acto de soberanía política-cultural en el país mapuche”, impulsado por la organización Kizu Iñciñ, en el que se izará la Bandera Nacional Mapuche en la sede central y en el Centro Regional Universitario Bariloche.

El proyecto fue acompañado por los senadores Daniel Kroneberger; María Belén Tapia; Mercedes Gabriela Valenzuela; Silvia del Rosario Giaccoppo y Carolina Losada.

“Esta actitud es un acto de agravio y desafío abierto a la soberanía nacional argentina, por parte de una organización  secesionista que, desconoce a la Argentina como Nación tanto como su ordenamiento jurídico y espacio territorial”, señaló Blanco.

“La organización Kizu Iñciñ izará la bandera de la nación mapuche como una forma de reclamar su soberanía sobre un territorio que no les pertenece y es propiedad de la Nación Argentina. Además plantean la necesidad de la autodeterminación y de contar con una universidad propia, es decir, una universidad de y para la nación Mapuche”, afirmó el senador de cambiemos.

“La actitud de la Universidad del Comahue es francamente inadmisible por antipatria. Y entendemos que el acto que impulsa esta agrupación constituye una provocación y una afrenta a nuestra soberanía”, finalizó el senador fueguino.

Asseff cuestionó: “No se puede permitir que una Universidad estatal sea propagandista de grupos mapuches”

Eso expresó el diputado del Pro en relación a un acto que realizará la Universidad de Comahue en el que izarán en un “acto simbólico” la bandera mapuche.

El diputado nacional y presidente del partido UNIR, Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires), se refirió al acto que se realizará el martes 22 de junio en la Universidad del Comahue, donde se izará en un “acto simbólico” la bandera nacional mapuche en la Sede Central y el Centro Regional Universitario Bariloche. Al respecto el flamante presidente de la Comisión de Defensa de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación calificó de “gravísimo” y dijo que “se izará la bandera ‘nacional’ de un grupo secesionista”.

El legislador de JxC recalcó que “en la presentación se utiliza la palabra ‘Wajmapu’, que es un nombre mapuche y que algunos grupos y movimientos indigenistas independentistas​ y autonomistas etnonacionalistas utilizan para reivindicar un territorio que no les pertenece”.

“Resulta que una Universidad Nacional, que recibe fondos del Estado Argentino y debe formar a ciudadanos argentinos, con habilidades y conocimientos que sirvan para fomentar y explotar la riqueza nacional de todos los argentinos, se convierte de pronto en la sede de propaganda de un grupo secesionista que niega el Estado Argentino”, denunció Asseff.

Y cerró con una advertencia: “De ser así se debería intervenir la dirección de la Universidad del Comahue y recuperarla para el pueblo argentino y sus intereses. No podemos permitir que desde el mismo estado nacional se ponga en duda la soberanía argentina”.

Tierras del Ejército en manos mapuches: denuncian a funcionaria de Defensa

Para diputados de Juntos por el Cambio, habría habido una orden para apelar de manera tardía en favor del Estado nacional.

Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentó una denuncia formal contra Silvia Vázquez, representante del Ministerio de Defensa de la Nación, por incumplimiento de los deberes de funcionario público luego de permitir que se venza el plazo para presentar un recurso de amparo y permitir que tierras del Estado sean otorgadas a la comunidad mapuche de Millalonco.

“No debe perderse de vista que, según el relato de los hechos, surge la posible participación en el evento de funcionarios de las más altas esferas del Ministerio de Defensa, quienes habrían impartido las órdenes para concretar el envío tardío del expediente administrativo correspondiente y, por ende, la presentación tardía del escrito de apelación pertinente”, expresan los diputados en la presentación.

La denuncia es impulsada por Alberto Asseff, Gerardo Milman, Hernán Lombardi; Francisco Sanchez; Ingrid Jetter; Laura Rodríguez Machado y Aníbal Tortoriello, quienes apuntan hacia la doctora Silvia Cristina Vázquez, quien actuara en representación del Ministerio de Defensa de la Nación y/o del Estado Mayor del Ejército Argentino, denunciándola en orden a los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato contemplados en los artículos 248 y 271 del Código Penal y/o los que pudieren surgir de la investigación debido haber dado la orden de dejar vencer los plazos legales para apelar la decisión de la justicia de entregar a la comunidad mapuche Millalonco los terrenos del Ejército argentino.

Para Milman, “se trata de un delito doloso que requiere la conciencia de la ilegitimidad o la arbitrariedad del acto y la voluntad de llevarlo a cabo y el sujeto activo debe ser un funcionario público en ejercicio de sus funciones”.

La doctora Vázquez es acusada de perjudicar, ya sea por su conducta activa u omisiva, la causa que debía defender. “La intencionalidad de todo lo sucedido está a la vista de las pruebas y representa un grave accionar por parte del organismo público y sus funcionarios”, sostuvo este miércoles el diputado Gerardo Milman. “Es absolutamente premeditada”, agregó.

“Deberá responder ante la Justicia acerca de su accionar que interpeló la soberanía argentina sobre un territorio nacional”, afirmó Milman. “Más agravado por ser propiedad del Ejército argentino”, finalizó.

A su vez, el diputado Alberto Asseff sostuvo que la funcionaria pública dejó vencer los plazos y también “montó una farsa tendiente a dar apariencia de una mínima diligencia para que el verdadero sentido con el que se actuó -otorgar las tierras por esta vía a la comunidad- apareciera solapado”. “Por lo que se debe investigar los verdaderos autores mediatos de esta maniobra que habrían mandado a realizar a la doctora Silvia Cristina Vázquez”.

“Con esta maniobra el Gobierno sólo desprotege nuestras fronteras y suspende la autoridad del Estado Argentino en su propio territorio. Sentando un pésimo precedente a futuro. Por lo que pedimos que se revise la actuación judicial de la doctora Vázquez y sus mandantes, quienes al parecer nos quieren llevar a una situación político-juridica previa a la formación definitiva de nuestra Nación”, agregó Asseff.

Asseff: “Odarda instiga a los mapuches a cometer delitos”

El legislador no duda en responsabilizar a la titular del INAI por hacer “apología del crimen al justificar y alentar incendios, tomas y ocupación ilegal de inmuebles”.

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y titular del Partido UNIR denunció a Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por apología del crimen e instigación a cometer delitos, así como le atribuye incumplimiento de los deberes como funcionaria pública.

Asseff justificó su denuncia ante los graves hechos de violencia que vienen ocurriendo en el sur de nuestro país a cargo del grupo autodenominado RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). La funcionaria del INAI fue acusada por la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, de “alentar la violencia y no avanzar en políticas estatales para solucionar el conflicto”.

Asseff explicó que “la funcionaria inició una planificada y sistemática campaña por los medios periodísticos realizando apología del crimen al justificar y alentar incendios, tomas y ocupación ilegal de inmuebles, públicos y/o privados, por medio de la violencia, delitos que afecta derechos difusos o de incidencia colectiva al usar su cuenta de Twitter para acusar a la policía de una supuesta represión en un hecho que aún no se ha esclarecido”.

“Escuchar a funcionarios públicos responsabilizar al Estado no hace más que irritar a un sector de la sociedad golpeado por este lamentable suceso, generando más reacciones violentas”, dijo Asseff y agregó que “es increíble la falta de responsabilidad de estas personas, que sólo alimentan la violencia con discursos empaquetados con los que únicamente tratan de ocultar la ineficiencia en los cargos que ocupan”.

Por último el diputado de JxC hizo un racconto de los hechos y lamentó que “las palabras de Odarda solo sirvieron para enardecer a El Bolson”.

Ley de Emergencia de Tierras Indígenas avanzó en Senado con polémica por la RAM

De forma inesperada, la situación en la Patagonia por las acciones realizadas por organizaciones mapuches signaron un debate que levantó la temperatura de una sesión tranquila en el Senado. Se aprobó la ley y pasó a Diputados. JxC votó en contra y se abstuvo.

El Senado aprobó este jueves por 43 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos, al cabo de un debate que se extendió alrededor de dos horas. Antes de votar, la senadora salteña Nora Giménez (Frente de Todos) leyó las modificaciones aplicadas en el texto y se reabrió por unos minutos la discusión que concluyó en buenos términos.

Pasadas las 17 había arrancado el tratamiento del proyecto, en el marco de un contexto cordial y sin chicanas políticas ni cruces por lo que la segunda sesión ordinaria en forma presencial avanzaba con tranquilidad.

Juntos por el Cambio propuso poner en el artículo 2 una fecha límite para tomar en el censo de población comunitaria originaria y ese punto máximo era el año de sanción de la ley: 2006.

La justificación de la bancada opositora fue que “así se evitaría que nuevas comunidades reclamen tierras”.

A este planteo, Giménez sostuvo que “el decreto reglamentario es bien claro sobre qué comunidad abarca y cómo es el procedimiento para que sean considerado como pueblo originario con una personería jurídica”.

Para avalar esta postura desde el derecho constitucional, el senador chubutense Juan Mario País explicó que “no se puede poner una fecha límite porque desde la Constitución nacional se los protege como un derecho ancestral preexistente y, por más que uno le ponga un límite para manifestarse como población originaria, cuando estos lo hagan están en su derecho siempre y cuando cumplan con todos los requisitos para serlo”.

sergio leavy nora del vallez gimenez senadores salta

Ante esta negativa de no incorporar una fecha límite, varios senadores de la oposición votaron en contra y otros se abstuvieron.

Tras el informe brindado por la salteña Giménez, que propone una nueva prórroga de la ley 26.160 aprobada en 2006, y la intervención del senador chaqueño Víctor Zimmermann (Juntos por el Cambio) que propuso cambios que fueron recibidos por el oficialismo con la promesa de analizar los cambios propuestos, llegó el turno del cordobés Ernesto Martínez (JxC), quien incendió el debate.

En su discurso, Martínez aseguró: “No puedo continuar con prórrogas porque no solo se trata de cuestiones administraciones que se demoran desde el 2006. Esto no puede ser así porque ante el desafío de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), votar esta prórroga es un suicidio institucional para nuestro país”.

Hay que excluir a Río Negro, Neuquén y Chubut y capaz que lo podría votar favorablemente, pero así voto negativamente porque ya la voté en 2013 y 2017 y siempre escuché el mismo argumento: esta vez es la última y se terminará de censar para saber quienes son los pueblos originarios y que tierras ocupan y no sigan apareciendo nuevas organizaciones que se proclaman como originaria como pasa en la Patagonia que pretenden poseer tierras”.

“No hay que seguir dando excusas a la organización RAM para que prosiga con su accionar terrorista”, agregó.

En esa línea, dijo que el Senado se agacha frente al jefe de la RAM -Jonas Huala-. El Senado se asusta para terminar de una buena vez la prórroga de la ley 26.160”.

“La RAM dice que no es ni miedosa ni tibia y la institución de la república actúa de un modo miedoso y parecería que la favorece”.

En ese momento, el jefe de bloque del oficialismo, José Mayans, lo interrumpió diciendo que “no tiene nada que ver”.

Y Martínez respondió: “Cómo que no tiene nada que ver. Con esta ley, la RAM dirá que no puede ser desalojado de todos los terrenos que ha tomado en los últimos tiempos. Tiene que ver porque con el artículo 2 los jueces no van a poder actuar respecto a las acciones que vienen haciendo los terroristas”, agregó.

“Entonces -continúo- el Estado nacional retrocede en la defensa del territorio asustado por un grupo de disfrazados”.

En una de sus propuestas, el senador cordobés planteó la posibilidad de “excluir a esa región de esta prórroga”.

Por último, Martínez consideró que “La RAM humilla al Senado llamándonos ‘Senado de la Nación colonial huinca’ y, a pesar de eso, el Senado vota normas que favorecen a los que siembran el terror en la Patagonia. Voy a votar negativamente”.

Al cruce de Martínez salió el oficialista chubutense Alfredo Luenzo, siguiente orador en el debate, quien acusó al cordobés de hablar “desde el desconocimiento”. “Podemos invitarlo a que nos visite en la comunidad andina”, le dijo, y mencionó que Orlando Carriqueo, referente Indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro, “ha condenado y repudiado todos estos hechos”. 

alfredo luenzo sesion 11 marzo 2021

“Pero además del desconocimiento es más grave aún, en este recinto, emplear la palabra terrorismo, subversivo, conceptos muy caros para la historia argentina. Y se vuelven a reeditar en una necesidad que tiene la derecha de encontrar un enemigo interno, como ya lo encontró el gobierno anterior” con los casos de “Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”, enfatizó.

En ese sentido, el chubutense rechazó que “permanentemente agitan la invasión del indio en la Patagonia, la apropiación de extensos territorios que le pertenecen al pueblo argentino. El problema no pasa por las comunidades aborígenes, que están organizadas, perfectamente integradas. Hay un grupo muy reducido que comete delitos, que son delincuentes, y la respuesta no la tendría que dar el poder político, sino la Justicia, investigando y metiendo presos a quienes son responsables”.

“Bajo ningún punto de vista esta prórroga implica darle consentimiento a grupos minúsculos, que no sabemos su origen, que no representan a las comunidades”, remarcó el senador del Frente de Todos, que afirmó conocer a “las comunidades, cómo se comportan y cómo están integradas, familias de pueblos originarios que se han constituido a partir de distintas corrientes inmigratorias, como la familia de Jones Huala”.

Visiblemente molesto por el discurso de Martínez, Luenzo repudió los “discursos que en un marco electoral vienen muy bien” y consideró que es “curioso, raro, extraño” que “ni una sola cámara” haya podido registrar al responsable del incendio en el Club Andino. “Parece que algunos les viene muy bien el discurso de la RAM, les calza muy bien”, insistió.

En referencia a las palabras de Juan Carlos Romero -al comienzo de la sesión- expresó: “Sendero Luminoso está terminado hace décadas”. Desde su banca, el salteño le respondió a los gritos, y el oficialista le reclamó: “¡Traiga una prueba, traiga una prueba de que hay una organización terrorista internacional alimentando al RAM en Argentina!”.

“Esta ley es una reparación histórica”, sostuvo el chubutense y lamentó que “al meter este debate” lo único que se hace es “demonizar al pueblo mapuche”.

En tanto, la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado manifestó: “Los argentinos están sufriendo un ultraje de bienes en el sur de la Patagonia debido a una falsa y mala aplicación que nació conun buen sentido que es proteger derechos ancestrales pero hace 2 años que esta norma se convirtió en un escudo de protección para comert ultrajes y que la justicia no pueda actuar”.

En un mensaje directo a la bancada del FdT, fustigó: “Al menos voten los cambios por lo votos del 14 de noviembre porque sino van a tener muchos votos en contra porque ustedes al no acotar esta prórroga estar permitiendo que se produzcan usurpaciones, desalojos y tomas de las propiedades privadas en el sur y a raíz de esto la justicia no puede actuar”.

La mirada del FdT

El jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, respaldó la iniciativa y afirmó que la norma implica “un reconocimiento y una reparación a los comunidades originarias”.

También, indicó que “con la implementación de esta ley, ya tenemos reconocidas treinta y dos  pueblos indígenas, divididos en 1600 comunidades y hubo un reconocimiento de casi seis millones de hectáreas”, al reseñar los efectos positivos de la normativa en cuanto al relevamiento de las comunidades originarias existentes y las tierras que ocupan.

bloque frente de todos senado recinto votando

Al mismo tiempo, repudió los episodios de violencia y quema de instalaciones que se vienen registrando en la Patagonia. Y aclaró: “No compartimos para nada la acción violenta. Pero no podemos echarle la culpa a todas las comunidades aborígenes de esos hechos aislados”.

De esa manera, salió al cruce de los intentos de algunos senadores de oposición de infiltrar en el debate parlamentario los sucesos referidos, cuyos autores todavía no fueron identificados por las respectivas policías provinciales.  

“Esta ley es una reparación, como se dijo en el recinto. Todos sabemos lo que hizo el colonialismo. Desde la llegada de Colón, en cien años, hicieron desaparecer el 80 por ciento de las comunidades originarias, fue un verdadero genocidio”, remarcó el formoseño y cuestionó la vieja mirada que instala la idea de civilización o barbarie y sus consecuencias históricas.

Al hacer un recuento histórico, recordó que “en la Constitución del 49, Perón reconoce a las comunidades como parte de la Argentina, que hasta ese momento eran invisibles”. Por eso defendió la ratificación de la prórroga porque entendió que se trata de una decisión “plena justicia” y tiene que ver “con  darle a cada uno lo que corresponde”, señaló.

Mapuches: en el Senado también repercutió el conflicto

A la hora de los apartamientos de reglamento, los senadores Romero y Pablo Blanco se pronunciaron en torno a la situación imperante en la Patagonia argentina.

No podía faltar en la sesión de este jueves en el Senado el conflicto con los mapuches en el Sur argentino. Y lo expuso en el inicio de la sesión el senador salteño Juan Carlos Romero (Peronismo Federal), quien planteó un apartamiento de reglamento para analizar “la inexplicable actitud” del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, al presentarse para exponer ante la justicia trasandina en favor del condenado Facundo Jones Huala, “con el argumento de que es ‘asistencia consular’”, señaló el senador opositor.

El mismo aclaró luego que “la propia explicación de lo que es asistencia consular no justifica la presencia de un embajador” en ese ámbito. En ese marco, Romero remarcó que “sabemos que en el mundo diplomático la presencia de un embajador es muy importante. No creo que haya sido de motus propio… Alguien le dijo que este tema es importante”.

Para el senador salteño, eso demuestra “el doble estándar del Gobierno argentino”, y lo comparó con la actitud expuesta en casos como Venezuela, Cuba o Nicaragua, y recordó incluso cuando el presidente fue consultado por la situación en Cuba y él respondió que no conocía el tema. “En este caso sí, el embajador fue a representar a una asociación que tiene condenado a un terrorista y este terrorista después, como manera de agradecimiento, expresa en un comunicado donde niega haber pedido asistencia, niega haber pedido servicios consulares, y donde critica al propio Gobierno”, comentó Romero, que agregó: “No están pidiendo tierras, no están reclamando otra cosa que no sea crear una nación, la liberación nacional mapuche, la autodeterminación en contra del Gobierno argentino”.

“Además de no tener una explicación por la presencia del embajador, los mismos supuestamente defendidos niegan haber pedido asistencia”, reiteró el senador Romero, para preguntarse a continuación: “¿Quién está atrás de este apoyo a estos grupos terroristas? ¿Las FARC de Colombia, la inteligencia inglesa, Sendero Luminoso?”.

Advirtió luego que “la prensa publicó que hay activos montoneros asistiendo; la verdad que también cuentan con el apoyo en el sur de las autoridades del INAI, de las autoridades de Parques Nacionales… Esta gente está haciendo terrorismo ahí desde hace muchos años. Lo sufren los patagónicos, lo sufren los argentinos”.

Luego Romero se preguntó si el Estado argentino sabe quién financia y sostiene a estos grupos, y se quejó finalmente por la falta de una acción judicial que los condene. Concluyó diciendo que “no son pueblos originarios reclamando tierra; están reclamando la destrucción de la Argentina y el Estado argentino. Llamando huinca a los que no eran como ellos”.

Más adelante, el senador radical Pablo Daniel Blanco retomó el tema con un pedido de apartamiento del reglamento para solicitar la comparencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a los efectos de dar explicaciones en torno al conflicto en el sur.

“Llama la atención que el Gobierno nacional no le preste atención a la problemática del reclamo de las RAM”, observó el senador fueguino, quien también sumó la actitud del embajador Bielsa en defensa de “alguien que reniega del Estado argentino, de sus autoridades, y sin embargo el embajador participa de la audiencia donde se solicita su libertad condicional”.

“Algunos en nombre de comunidades autóctonas cometen estos actos de vandalismo, y las autoridades pareciera que estuvieran avalando este tipo de usurpaciones y actos vandálicos”, concluyó el senador radical.

La oposición llevó al recinto la crisis con los violentos en la Patagonia

Varios legisladores de Juntos por el Cambio propusieron tratar una serie de apartamientos de reglamento para reclamar explicaciones o el accionar de funcionarios frente a los sucesos que se viven en el sur.

Previsiblemente el conflicto que se vive en la Patagonia con representantes mapuches impactó en la sesión de este martes de la Cámara de Diputados. Fue a la hora del apartamiento de los reglamentos, que previsiblemente no prosperaron para su abordaje posterior en el recinto.

El primer diputado en tratar de abordar el tema fue el diputado radical Gustavo Menna, quien pidió tratar la situación que se vive en la zona cordillerana patagónica, Río Negro, Chubut y Neuquén, “por la actuación de grupos violentos que están intimidando a la población, atacando y usurpando propiedad pública, propiedad privada, Parques nacionales”, con hechos violentos como ataques incendiarios y amenazas a la autoridad pública.

“Y vemos la pasividad, la indiferencia, de las autoridades nacionales, que ha llegado al extremo del embajador argentino en Chile que ha comparecido ante la justicia chilena para abogar por la liberación de un condenado vinculado a este grupo, Facundo Jones Huala”, como así también lo que calificó como “la insólita e inaceptable la respuesta al pedido que hizo con mucha valentía la gobernadora de Río Negro Arabela Carrera, pidiendo el envío de fuerzas federales”.

Pero Menna fue más lejos al cuestionar la respuesta que el presidente Alberto Fernández le dio a la gobernadora, al afirmar que “no es función del Gobierno nacional reforzar el control de las rutas nacionales, ni brindar mayor seguridad a la región… Parece una broma de mal gusto que el Gobierno nacional decline su obligación, su deber de brindar ayuda en la zona”. Menna cuestionó la “desprotección, abandono, y cuando no complicidad, porque además han participado funcionarios nacionales dando apoyo a estos grupos”.

Además, el legislador radical sostuvo que la Ley de Seguridad Interior obliga a la intervención de las fuerzas federales en estos casos”. Y agregó: “Para casos como este la ley contempla en su artículo 13 que debe ser convocado el Comité de crisis, por eso estamos exhortando a que el ministro de Seguridad, a través del Consejo de Seguridad, convoque al comité de crisis y cumplan con la ley. Dejen de mirar para un costado, abandonando a la Patagonia, cumplan con la ley, defiendan a los productores, a los vecinos de la Patagonia, a nuestro país. Y cumplan con lo que manda la ley”.

En el mismo sentido se expresó a continuación el radical mendocino Luis Petri, quien alertó sobre el carácter “dramático” de la situación en la Patagonia argentina, aunque a continuación aclaró que no lo es menos que la que se vive en el Conurbano bonaerense o en Rosario, respecto de la violencia que se vive allí. Advirtió entonces que “la negativa a desplazar fuerzas federales no es nueva, ya la sufrió el gobernador (Omar) Perotti cuando asediado por el narcotráfico y el incremento de los homicidios, reclamó a la exministra Sabina Frederic el envío de fuerzas federales, y hoy lo vuelve a vivir la gobernadora de Río Negro ante los actos de terrorismo de comunidades seudomapuches”.

“Aquí tenemos que ser claros: no solamente en la Patagonia se viven actos de terrorismo que están condenados en nuestro Código Penal”, agregó, remarcando que “la Ley de Seguridad Interior es clara y el Gobierno nacional y el presidente pareciera que la desconoce, porque establece que cuando existe un peligro colectivo y ante el pedido expreso de un gobernador, las fuerzas federales se tienen que hacer presentes”.

Así las cosas, Petri consideró “imprescindible” que se constituya el comité de crisis y que el Gobierno nacional “declare la emergencia en seguridad”.

A continuación, su comprovinciana Jimena Latorre pidió tratar un pedido de informe suyo y de su correligionario Alfredo Cornejo para que el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, informe acerca de las causas e instrucciones a los funcionarios de Parques Nacionales para intervenir en la causa de la usurpación de tierras en Lago Mascardi.

Latorre consideró de “gravedad institucional” la actitud de Zannini, como así también las instrucciones dadas a otros funcionarios públicos “para que también omitan las obligaciones que les caben”.

Sobre el tema también se pronunció el diputado del Pro Jorge Enríquez, quien pidió un apartamiento del reglamento para que concurra al recinto el canciller Santiago Cafiero “para dar explicaciones acerca de la intervención malhadada que tuvo el embajador en Chile, Rafael Bielsa”, en defensa de Facundo Jones Huala. El legislador recordó que el embajador bien podía haber enviado a otra persona en su lugar, pero lo hizo personalmente como “un claro ejemplo de manifestar el apoyo de la República Argentina hacia quienes están asolando la zona de la cordillera, Río Negro y Chubut”.

“Es muy grave la situación que está sucediendo, son realmente severos los hechos y requieren que el ministro concurra a este recinto, porque ya estamos cansados de recurrir a la vía judicial”, agregó.

La postura de Juntos Somos Río Negro

Como tantas veces se hizo referencia a la situación rionegrina sin que él interviniera, en un momento dado se le dio la palabra a Luis Di Giácomo, representante de Juntos Somos Río Negro, el partido gobernante en esa provincia. Y el legislador la emprendió contra el oficialismo y la principal oposición.

A ambos sectores les atribuyó estar “utilizando electoral y vergonzosamente este tema que nos aflige” y por eso justificó su decisión de mantenerse al margen de esa discusión. “Llamamos a las partes y esperemos que después del 15 (de noviembre) se pueda empezar a discutir con seriedad este tema”.

Cuando concluyeron los apartamientos de reglamento, y si bien se había establecido por votación dejar las cuestiones de privilegio para el final, la radical rionegrina Lorena Matzen intervino para pedir una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación por lo que consideró un “agravio” al contestarle de la manera que lo hizo a la gobernadora de su provincia. “Está incumpliendo con la Ley de Seguridad Interior y la verdad que está incumpliendo con sus deberes de funcionario público”, agregó.

Matzen recordó que ya varias veces ella había alertado sobre lo que estaba sucediendo en Río Negro, Chubut y Neuquén no había sido escuchada. Y aclaró que no estaba de acuerdo con su comprovinciano Di Giacomo en cuanto a esperar a que pasaran las elecciones para analizar el tema, pues “está en vilo la seguridad e integridad de los rionegrinos y sus propiedades”.

Advirtió que “gendarmes no es lo único que necesitamos”, y reclamó “un gobierno condenatorio contra las seudocomunidades mapuches que se arrogan derechos supuestamente ancestrales”.

Y tras remarcar que “los vecinos de mi provincia y la Patagonia están en riesgo, en peligro, y creo que este Congreso debe tomar cartas en el asunto”, reclamó al presidente tomar cartas en el asunto y pedirle la renuncia a su ministro de Seguridad, a la titular del INAI.

Denuncian penalmente a Alberto y Aníbal Fernández

La medida fue impulsada por diputados de Juntos por el Cambio contra el presidente y su ministro de Seguridad, por “avalar la violencia terrorista” en la Patagonia.

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El diputado nacional Jorge Enríquez presentó junto a otros diputados de Juntos por el Cambio, una denuncia penal  para que se investigue a Alberto Fernández, Aníbal Fernández y otros funcionarios nacionales por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita calificada, usurpación, incumplimiento de los deberes de funcionario público y sedición, ya sea en calidad de autores, cómplices  y/o partícipes, con relación a los hechos de terrorismo provocados en la Patagonia por un grupo autodenominado RAM.

La actitud del Gobierno nacional fue por lo menos pasiva al rechazar irresponsablemente el pedido de auxilio formulado por la gobernadora de Río Negro, pero podría ser también de mayor entidad si se comprueba que se facilitó el accionar terrorista de personas que usurpan la identidad mapuche para sembrar la violencia en el sur argentino, desconocido la soberanía nacional y la Constitución.

“El hecho excede los parámetros de una política equivocada para ingresar en el terreno penal”, sostiene Enríquez, para quien resulta “imperioso que la justicia actúe con firmeza y celeridad antes de que el avance terrorista se extienda como una mancha de aceite sobre vastos sectores de nuestro territorio, alentado por un kirchnerismo en retirada que quiere dejar tierra arrasada”.

“La indefensión por parte del Estado es muy grande”, manifestó Lorena Matzen

Además, la legisladora radical expresó que “no terminamos de entender la actitud del Estado Nacional”, en relación a los conflictos en la Patagonia con los mapuches.

La diputada nacional Lorena Matzen (UCR – Río Negro) se refirió al conflicto en el sur con las comunidades mapuches y las respuestas por parte de las autoridades nacionales, respecto de lo cual aseguró que “venimos denunciando la complicidad del Gobierno con esta gente violenta” la cual “apareció en 2017 y no es de Río Negro”.

En declaraciones por la AM 1110, Matzen manifestó: “Lo que venimos denunciando es la convivencia, complicidad del Gobierno con esta gente violenta”, y contó que “hemos vivido de una manera peor. Estos grupos no son mapuches, quiero aclarar esto porque tenemos más de 100 comunidades que conviven de forma pacífica que tienen sus derechos y tierras reconocidas”

“Estas personas han aparecido en 2017 gente que no es de Río Negro, captan gente de las comunidades y utilizan como pantalla esto de la reivindicación ancestral, pero en realidad tienen quizás otros motivos que la justicia debería ser más firme en investigar”, indicó la diputada radical.

En este contexto, comparó: “Si cualquiera de nosotros hace lo mismo que ellos, que cuando pasa un auto lo apedrean o queman viviendas públicas y privadas nos meten presos”, y agregó: “A ellos ya no les importa, pero si también viene la presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Magdalena Odarda, y tiene una actitud complaciente con eso”.

“El año pasado hubo una resolución sobre territorios municipales, donde hay un barrio que vive gente trabajadora. Había un mito de que Villa Mascardi era un barrio de ricos y decían que nosotros defendíamos a los ricos, una pavada. Con la resolución del INAI se avasallaban dos barrios. El avasallamiento va sobre todo tipo de bienes”, señaló la legisladora rionegrina.

A su vez, precisó que “hay muchas causas sobre esto, no es de ahora que está en agenda pública, venimos padeciendo esto, atacaron el Obispado de San Isidro, un club, hay una cuestión que se mezcla entre lo ideológico y el delito”.

“Parece que hay gente que tiene coronita ante la justicia, no todos somos iguales ante la ley. La justicia misma ha sido amenazada, una de las fiscales que estaba en las causas había sido agredida y no tenía custodia”, denunció Matzen y añadió: “En Villa Mascardi hay una comunidad que acreditó derechos de pastizales que comprueba claramente la ocupación legal, ellos han sido atacados por esta gente”.

Respecto a los “pasos fronterizos ilegales”, afirmó que “tiene que ver con puntos estratégicos, pero la justicia no lo termina de decir”. Asimismo, la diputada que integra la coalición de JxC subrayó que “hay intereses internacionales porque un paso clandestino te puede dar la posibilidad de hacer delitos. Por otro parte, ellos usan de pantalla esa reivindicación, pero hay intereses económicos muy fuertes que dan pie a esos pasos clandestinos, el Estado se debe poner al frente y necesitamos de la acción del Estado nacional y provincial”.

“La indefensión es muy grande y es necesario que tome estado público. Esta gente apareció, se puso un nombre de comunidad y empezó a exigir estos derechos”, ratificó Matzen y concluyó: “No terminamos de entender la actitud del Estado Nacional porque no saben definir dónde hay pueblo originario y dónde no”.

Petri pidió convocar al Comité de Crisis de Seguridad por el conflicto mapuche

El radical presentó un proyecto para solicitarle al ministro Aníbal Fernández que el Gobierno nacional muestre un “urgente involucramiento” con la situación en la Patagonia.

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El diputado nacional Luis Petri (UCR), acompañado por sus pares de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para solicitar al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que en su carácter de presidente del Consejo de Seguridad Interior convoque al Comité de Crisis -previsto en el artículo 13 de la Ley 24.059-, “a los efectos de ejercer la supervisión política y operacional de los cuerpos policiales y de las fuerzas de seguridad federales, y de garantizar la seguridad interior en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén”, a raíz del conflicto con un grupo de mapuches.

“El Poder Ejecutivo Nacional no tiene excusas para no actuar, y se encuentra obligado a hacerlo por mandato de la Ley de Seguridad Interior, que en su Título IV deja claramente estipulado el mecanismo a emplearse por cuerpos policiales y fuerzas de seguridad frente a la situación como la que se está atravesando. Se lo está requiriendo la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, por lo que la ayuda que debe enviar la Nación no es una opción ni una concesión, es una obligación” aseguró el mendocino.

Según indica la iniciativa, la convocatoria al Comité de Crisis se encuentra previsto en la ley para “dotar al Estado Nacional de los instrumentos legales necesarios para realizar el despliegue de las fuerzas de seguridad y hacer frente a una crisis en un lugar determinado, a solicitud de la gobernadora, como ha sido este caso”.

La convocatoria al Comité de Crisis, como parte del Consejo de Seguridad Interior, es el que desarrollará el planeamiento y dispondrá las acciones que correspondan, y para ello cuenta con el Centro de Planeamiento y la Dirección de Inteligencia Interior, que procesa la inteligencia de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y policías provinciales.

“La grave situación que se encuentran atravesando las provincias mencionadas y sus poblaciones requiere el urgente involucramiento del Gobierno nacional, quien hasta este momento ha demostrado una sorprendente pasividad frente a los hechos violentos, a la vez de ser más proclive a tolerar y apañar a estos grupos violentos, que a proteger la vida y propiedad de los ciudadanos patagónicos”, concluyó el legislador radical.

El proyecto fue acompañado por sus pares Waldo Wolff, Pablo Torello, Omar de Marchi, Julio Sahad, Álvaro de Lamadrid y Carla Piccolomini.

“Los que dicen que el pueblo mapuche es violento, no conocen la realidad”, afirmó Parrilli

El senador del FdT se refirió al conflicto que se vive en el sur del país y defendió a la comunidad porque “tengo amigos mapuches y no son violentos”.

oscar parrilli sesion 20 octubre 2020

La Patagonia esta en boca de todos por los incendios y problemas que se generaron con la comunidad mapuche, lo cual despertó la opinión a favor y en contra por parte de dirigentes políticos. El senador nacional Oscar Parrilli (FdT – Neuquén) fue uno de ellos y expresó que “no se puede generalizar a todos, no todos son iguales”, y aseguró: “Conozco y tengo amigos mapuches y no son violentos”.

Yo convivo, conozco, tengo amigos de la comunidad de los pueblos mapuches y sé que no son violentos para nada, son absolutamente pacíficos”, sostuvo el legislador oficialista en declaraciones por FM La Patriada y precisó que “tienen sus reivindicaciones históricas, algunos con mayor conocimiento, con mayor historia, con mayor trayectoria y algunos con menos, pero forman parte de los pueblos originarios de lo que es la Argentina y los argentinos”.

En ese sentido, cuestionó las generalizaciones: “Es como decir que todos los médicos son femicidas porque hubo un médico femicida. No, no son todos iguales”.

Por otro lado, coincidió con los dichos del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien aseguró “los ataques de mapuches en el sur del país son actos de terrorismo y que el Estado debe utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para frenar la ola de violencia, al manifestar que “donde hay un delito hay que reprimirlo” y que “la fuerza de la Justicia tiene que actuar” porque “no se pueden permitir hechos de violencia”.

“Si hay algún hecho delictivo se tendrá que actuar como corresponde y si hay violencia, también reprimirla”, ratificó Parrilli, pero destacó que “de ahí a decir que todo el pueblo mapuche es violento, no”, y concluyó que “eso lo dicen los que no conviven y no conocen la realidad”.

Preocupación de la UCR  por la violencia en el Sur del país

“El Gobierno no debe encubrir a los violentos”, es el título de un comunicado del Comité Nacional en el que se refieren a los incidentes con mapuches.

El Comité Nacional la Unión Cívica Radical expresó su preocupación frente a la escalada de violencia que en los últimos días se registraron en el sur de nuestro país y que atribuyeron a “grupos que pretenden apoderarse de los reclamos de la comunidad mapuche”.

“La metodología utilizada, como usurpación de parques nacionales, ataques a los vecinos, cortes de rutas y hasta quema de casas, es ilegal y contraria a los más básicos valores democráticos”, señalaron los radicales, que advierten que no se puede “permanecer impávidos frente a este accionar mientras ellos siembran el terror y la violencia”.

La nota suscripta por el presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, y su vice, Alejandra Lordén, habla también del comunicado conjunto la llamada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), y el Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu (MAP), en el cual se adjudicaron el ataque contra el campamento Catedral de Vialidad Nacional “deja en claro que la radicalización de sus acciones se profundizarán desde la amenaza y la intransigencia”.

“No nos es ajena, lamentablemente, la posición que ha tomado la Casa Rosada en referencia a los integrantes de la R.A.M., como lo ha demostrado el embajador Rafael Bielsa al defender a Facundo Jones Huala, detenido y condenado en Chile por sus delitos”, expresa el comunicado, que concluye instando tanto a las autoridades provinciales como a las nacionales a “tomar las medidas necesarias para terminar con la avanzada de estos violentos. Estamos convencidos que es la ley y no la fuerza la que puede dirimir este tema”.

Asseff sobre las tomas del sur: “Está en peligro la soberanía nacional”

El diputado nacional denunció que comunidades mapuches “reivindican falsamente pretensiones ancestrales”, y que son “financiados por exguerrilleros que tienen mucha plata y movilizan comunidades artificiales”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff conversó vía plataforma Zoom con Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi y Santiago Nazar, ingeniero agrónomo sobre la toma de tierras en el sur y el silencio del Poder Ejecutivo. 

Al principio de la exposición Diego Frutos hizo un poco de historia sobre Villa Mascardi y su funcionamiento político. Explicó que no tiene intendencia y se maneja con un Comisionado y dos vocales, que dependen de la provincia. Elogió la tranquilidad del pueblo y lamentó que “a partir de noviembre de 2017 un grupo de jóvenes guiados por alguien con mucho poder se instaló en el único terreno fiscal que quedaba en la zona”. Frutos contó que en principio la justicia de Bariloche actuó con celeridad para desalojarlos y no fue a “sangre y fuego como quiere hacer creer el Gobierno actual”. Pero “lamentablemente el gobierno de Macri no pudo seguir adelante por la presión popular que generó la supuesta desaparición de Santiago Maldonado”. Por eso esos jóvenes volvieron y hoy -por la falta de efectivos en la zona, dada la pandemia- se permiten robar, saquear e incluso quemar casas. 

Frutos explicó que “la comunidad esta asesorada por los Montoneros Vaca Narvaja y Perdia. Además de la complicidad de Gabriel Fucks, que se ha reunido con esta gente antes que con nosotros”. 

Luego fue el turno de Santiago Nazar, quien elogió la conducta de “la verdadera comunidad mapuche de la zona que es el Lof Wiritray, que convive con nosotros en forma pacífica”. Y agregó que “se necesita propiedad privada, respeto por las leyes y la bandera nacional”. 

Después recordó que el Obispado de San Isidro echó a Ernesto Saavedra, quien se desempeñó muy bien en el tema de las tomas y criticó muy duramente al Obispado por ello. 

El final estuvo a cargo del diputado por el partido UNIR Alberto Asseff, quien reflexionó sobre lo que sucede en el sur y explicó que hoy “está en peligro la soberanía de la Nación. Hay sectores que no quieren ser argentinos”; y caracterizó a estos sectores como “truchos”, ya que “no son verdaderamente mapuches y su accionar está muy alejado de reivindicaciones ancestrales”. 

Asseff sostuvo que esos sectores “están financiados por exguerrilleros, que tienen mucha plata y movilizan comunidades artificiales”. Por último, hizo un análisis geopolítico y evaluó que dichos movimientos “que reivindican falsamente pretensiones ancestrales”, en verdad están financiados “por poderes para-gubernamentales de Europa, que nunca dejó de tener la idea de dividir para gobernar”. Siendo la Patagonia es “pletórica de recursos” y los recursos de la argentina son “preciosos”, por lo tanto, “las potencias mundiales buscan asegurarlos alentando conflictos que generan todo tipo de necesidades y empobrecimiento general”. 

Asseff concluyó que “hay que hacer una defensa de la soberanía nacional que está amenazada. Y está amenazando el orden legal. Si el Estado renuncia a la fuerza legal y si el orden se desmadra o subvierte abrimos la puerta a la violencia anárquica”. 

Piden informes por una toma de la comunidad mapuche en terrenos del Ejército en Bariloche

El diputado del Pro Hernán Berisso solicitó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

hernan berisso

El diputado nacional Hernán Berisso (Pro) presentó este jueves un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la toma de terrenos en la Escuela Militar de Montaña “Teniente General Juan Domingo Perón”, en Bariloche, por parte de la comunidad mapuche.

En la solicitud, el legislador reclama una “respuesta de manera precisa y detallada” sobre “la decisión adoptada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en cuanto a la posibilidad de ceder las tierras de un predio de 700 hectáreas”.

El opositor definió como “indignante” que “aparentemente a consecuencia de una resolución tomada por INAI”, la cual fue exhibida por los integrantes de la Millalonco Ranquehue y su abogado, Matías Schraer, “estas tierras tomadas pasarían a manos directamente de la comunidad mapuche”.

“Cabe destacar que esta sería la segunda cesión de tierras en esa ciudad, dado que la primera fue, con unas 170 hectáreas, la ubicada en el predio que linda con la gruta de la Virgen de las Nieves”, recordó en los fundamentos y agregó que “en también fue cedida por el INAI, dado que en aquella oportunidad se fundamentó el ceder las tierras a raíz de reconocer la preexistencia étnica de los pueblos indígenas”.

Finalmente, Berisso añadió: “Resulta de suma importancia que se detalle el procedimiento y los fundamentos que sustentaron esta nueva cesión de tierras, y más aún en un momento donde las tomas resultan de mucha conflictividad en varios puntos de nuestro territorio argentino”.

Preocupación por la escalada de hechos en de violencia en la Patagonia

Un senador fueguino expresó su inquietud por los episodios que vienen registrándose contra la propiedad privada. “La actitud de Juan Grabois es el típico ejemplo del país que no queremos”, advirtió Pablo Blanco.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo que informe los casos de violación de la propiedad privada o del Estado Nacional en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales –Parque Nacional Nahuel Huapi– por toma de tierras por parte de supuestos miembros de la comunidad mapuche Lafken Wincul Mapu y de hechos de violencia registrados con y sin la participación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la Patagonia Cordillerana Argentina.

El senador por Tierra del Fuego solicita que se detalle y enumeren los casos de violencia, generados a lo largo de los últimos tres años, las intervenciones de Fuerzas Federales de Seguridad, las disposiciones judiciales y administrativas por parte del Estado Nacional y de los Estados provinciales involucrados; describa las acciones adoptadas para la gestión del conflicto en términos de la construcción de consensos y espacios de acción y prevención por parte del Estado; referencie presentaciones formales de reclamos por parte de las comunidades aborígenes involucradas ante los gobiernos provinciales y/o ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas).

“Frente a los casos de violación de propiedad privada y pública de Parques Nacionales y los hechos de violencia que asolan a las comunidades de las zonas lacustres de las provincias de Neuquén y Río Negro, queda de manifiesto que el Gobierno nacional ha fracasado en el cumplimiento del mandato constitucional para la atención de las necesidades de los pueblos originarios a lo largo del tiempo y la actitud agresiva de ciertos sectores radicalizados pertenecientes a los pueblos originarios en la Patagonia cordillerana se ha construido sobre la base de necesidades reales y acuciantes por las condiciones paupérrimas en las cuales muchas comunidades están inmersas”, señaló Blanco.

El legislador agregó que “la manipulación por parte de oportunistas políticos que articulan los justos reclamos a consignas populistas de ideologías impulsadas por “líderes sociales”, generan el caldo de cultivo que incita a la violación a la ley como camino para el logro de sus fines”.

Para Blanco, “la actitud de Juan Grabois es el típico ejemplo del país que no queremos. Alienta la ilegalidad, es partidario de las tomas de tierras y en nombre de este tipo de reclamos se sienta con la Ministra de Seguridad para ver cómo hacen para que no se tomen medidas”.

El proyecto fue acompañado por los senadores Silvia Elías de Pérez, Claudio Poggi, Víctor Zimmermann, Stella Maris Olalla, Mario Fiad, Silvia del Rosario Giacoppo, Luis Naidenoff, Pamela Verasay y Alfredo De Angeli.

Asseff alertó que “el país está siendo víctima de un grupo terrorista”

El diputado nacional se refiere a los hechos de violencia que se registran en Villa Mascardi, “bajo la excusa de reivindicar derechos nativos, indígenas y sociales”.

Un grupo de diputados pidieron al Gobierno nacional informar cuál es la situación, acciones realizadas y las previstas, dado el agravamiento de los conflictos en la zona del Lago Mascardi en Bariloche, provincia de Río Negro.

La iniciativa fue presentada por los diputados de Juntos por el Cambio Alberto Asseff, Jorge Enríquez, Lorena Matzen, Estela Regidor y Hernán Berisso.

Asseff pide además que dicho informe detalle, si existen, las acciones iniciadas ante los fueros provincial y federal debido a la usurpación sistemática de propiedades; y pregunta si el Gobierno argentino comparte la visión de los vecinos de Villa Mascardi, que manifiestan que “la soberanía argentina está en riesgo”.

Dada la gravedad de los hechos ocurridos en el sur, el presidente del Partido UNIR solicita conocer cuáles son “las políticas de seguridad federal instrumentadas ante el avance violento y constantes amenazas de los grupos identificados como ‘resistencia ancestral mapuche’”, así como saber si los integrantes de dicho grupo están identificados.

Por último, el diputado de JxC recordó que “en el mes de mayo solicité un pedido de informes por los hechos de violencia que se estaban produciendo en la zona del Lago Mascardi”, y lamentó que habiendo pasado tres meses no ha habido respuesta y el conflicto “ha escalado a niveles significativos”.

Asseff recalcó que “el país está siendo víctima de un grupo terrorista que, bajo la excusa de reivindicar derechos nativos, indígenas y sociales, acuden a la utilización de la violencia para imponer sus presuntas ideas y objetivos materiales”, y concluyó diciendo que “es inadmisible” que en un estado de derecho exista un grupo radicalizado que utiliza la violencia para imponer derechos que no tienen probados.